4.1. Mariano Ospina Pérez y la Unión Nacional, 1946-1950

El ‘conservadurismo’ durante el Gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950) puede definirse como la política del ‘derecho represivo’. Las políticas que asumió el conservadurismo luego de 16 años de Gobiernos liberales ponen a Colombia en un régimen autoritario contra la oposición del liberalismo de izquierda, y de sobremanera, con el objetivo de anular las fuerzas revolucionarias socialistas y comunistas^[1].

La fórmula política de ‘Unión Nacional’ que planteó Ospina Pérez como estrategia electoral, concentró los intereses de los Partidos tradicionales en el nuevo Gobierno. Mariano Ospina Pérez había ganado unas elecciones con la fortuna de tener al liberalismo dividido en dos posiciones: el pueblo con Gaitán y las cúpulas con Turbay, con lo cual, su triunfo en la Presidencia era predecible.

No obstante, si en las presidenciales el liberalismo fue dividido, seguía siendo mayoría en el Parlamento y en las elecciones regionales. Lo cual dificultó en un comienzo el trabajo del Gobierno conservador, dado que tenía ya en su contra a los liberales que se quedaron en la oposición, y la presión de los conservadores que solicitaban desde las regiones el desarrollo político de sus proyectos legislativos^[2].

El consenso de ‘Unión Nacional’ duro poco, se ejerció más la ‘coerción’ en el relevo de la burocracia administrativa que los militantes del liberalismo habían asumido en los últimos Gobiernos. La lucha a muerte inició por los puestos de trabajo que garantizaba el poder político en las regiones, fue esto lo que primero reclamaron los conservadores. Aunque también el poder político era ejercido por la Fuerza Pública, que incursionó en allanamientos a las casas de los liberales^[3].

La causa de la represión puede traerse de un fragmento previó. Durante las elecciones locales de 1939, con Eduardo Santos a la presidencia, se había presentado una confrontación armada en el Municipio de Gacheta^[4], departamento de Cundinamarca, acusando a liberales de haber tiroteado una sede de los conservadores. Laureano Gómez, agitó a sus bases desde la curul en el Congreso, hasta el extremo de ordenarles armarse contra los liberales^[5].

El Gobierno de Ospina Pérez se enfrentó a los ánimos sostenidos tanto en el Congreso como en las calles, fue una lucha a muerte por el control total del poder político y por el control de los territorios. La táctica electoral de ‘Unión Nacional’ tuvo en la práctica que negociar permanentes acuerdos políticos con el liberalismo, ofreciéndoles carteras ministeriales para mantener la balanza de poder, con cada aceptación de los liberales, sobre estas prebendas, sus líderes locales se veían claramente cuestionados por la violencia que ascendía en los pueblos.

El liberalismo superpuso la condena por el asesinato de Gaitán, al propiciar la aceptación de participar en el Gobierno de Ospina Pérez. Con esta acción, el oficialismo liberal pretendió garantizar que no se prolongará una salida insurreccional en Colombia. Nombrando a Darío Echandía en el ministerio de Gobierno, se aseguraron de aproximar a los partidarios de Alfonso López, y, en parte, a los allegados de Gaitán.

El hecho de volver a un Gobierno de ‘Unión Nacional’ tuvo múltiples efectos. Ante un pueblo en las calles reclamando a su líder popular, el Partido Liberal quedó bajo la dirección de Carlos Lleras Restrepo^[6], representante de los sectores económicos con mayor auge en la década: los exportadores de café y los industriales.

Las cúpulas de los Partidos tradicionales pactaron el mantenimiento del orden establecido, en contra de un pueblo enardecido en armas. El pueblo no volvería a creer de la misma forma en otro líder político, siendo llevado a la forzosa condición de crear ‘movimientos guerrilleros’^[7] para sobrevivir y para hacer frente a la violencia en los territorios.

Con este clima gobernó Ospina Pérez, manejando el consenso y la coerción en un equilibrio que le permitió utilizar todas las audacias a su alcance. Revisamos su obra como una manera de comprender al político, a la vez, nos fijamos en la bibliografía que da cuenta del obrar de su Gobierno.

Mariano Ospina Pérez, obras y pensamiento

Profundizar en el perfil de Mariano Ospina Pérez^[8], es revisar en sus obras, el pensamiento consignado en la compilación de sus discursos y de su trabajo político, tanto en los cargos públicos como el que desempeñó en la Federación de Cafeteros. Con su obra, es posible hacer un perfil político del que fuera el presidente de la ruptura del consenso político de las clases dominantes en Colombia, quien parte la historia del país hacia un interminable ciclo de violencias.

A partir de los cargos que ocupó de Senador y ministro de Obras públicas^[9], formuló el proyecto de “creación del Consejo Nacional de Ferrocarriles” (OSPINA PÉREZ, 1936, pág. VI) y su preocupación se centró en el diseño de un “plan de vías de comunicación” (Ibid.). Revisamos la obra con título Economía Industrial y Administración, una versión previa de lo que sería una forma de gobernar el Estado, como una gran industria de locomotoras. El arraigo que esta obra tuvo en la Escuela de Minas de Medellín es parte del desarrollo del taylorismo en los estudios sobre la productividad y el trabajo en Colombia^[10].

Opina Pérez inició su estudio económico con la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, premisa desde la cual expone los elementos de la riqueza: “la naturaleza, el trabajo y el capital”. Agregó a estos la necesidad de la ‘administración’ de tales recursos desde la perspectiva de la “economía industrial”^[11], sintetizando la historia de la industria. La etapa de ‘aparición de la fábrica’, la define como la

agrupación en un mismo lugar de masas obreras cada día más considerables; sistematización y reglamentación del trabajo de los obreros; concentración de los capitales, por las exigencias de ella, todo lo cual ha hecho que a este sistema lo designen los socialistas con el nombre de régimen capitalista (OSPINA PÉREZ, 1936, pág. 16).

En las tendencias de la industria moderna resalta dos características: “la competencia y el esfuerzo hacia la eficiencia” (OSPINA PÉREZ, 1936, pág. 22). Con lo cual comienza una especie de tratado de administración, en términos de describir las formas organizativas de las empresas responsables de llevar adelante el desarrollo industrial. Su fijación en el organigrama se traspasa a la descripción detallada de cada uno de los cargos altos, medios y bajos de lo que denomina un “estado mayor”^[12]. La preocupación por las tareas que definen a cada uno de los trabajadores de una fábrica o cadena de producción, lo llevan a precisar el “manejo científico del trabajo”, luego de haber determinado los sistemas salariales^[13] según la cualificación de cada trabajador.

Respecto al planteamiento liberal de la eficiencia, Ospina Pérez (1936) plantea que tal teoría en la práctica no se logra. Puede notarse su propia posición frente a los planteamientos económicos y políticos, en términos del balance de la oferta y la demanda de los productos ofrecidos por una cadena de producción. Le resulta conveniente el mejoramiento, tanto de las condiciones de vida de los trabajadores que puedan comprar los productos manteniendo un ciclo fluido de consumo, como de la especialidad técnica que permita la vinculación de más trabajadores calificados en la producción.

Sí bien reconoce la lucha de clases y los argumentos de la distribución de la riqueza, pone en duda que tal proceder equitativo promueva mayores niveles de acumulación de capital^[14]. Cuestiona que una mejor cualificación de los trabajadores posibilite la contratación de un gran número de trabajadores no calificados. Así refiere la crítica que los socialistas hicieron al sistema capitalista de producción a gran escala,

Para los socialistas, encastillados en sus tesis de la plusvalía y de la explotación del trabajador, la tendencia a la producción en gran escala es explicable muy sencillamente por el deseo del empresario de tener bajo su control un número cada vez mayor de trabajadores, que le dejan una utilidad que crece en proporción (OSPINA PÉREZ, 1936, pág. 210).

En la situación de acumulación de capital no encuentra problema alguno, reconociendo precisamente el papel del capitalista y del trabajador. El análisis será de otro tono en la crisis de superproducción, según sus teorías económicas y la realidad de la industria colombiana, parte de una premisa,

es evidente que las llamadas crisis de superproducción son más que todo crisis de subconsumo, pues al mismo tiempo que se abarrotan las fábricas con los productos que no pueden vender, millones de personas en el mundo entero carecen de esos mismos productos (OSPINA PÉREZ, 1936, pág. 122).

Una cuestión que para el materialismo histórico es clara, las contradicciones del sistema capitalista llegan a destruirlo o ponerlo en crisis cada vez que la capacidad de producción aumente y disminuya la demanda. Desde la lógica del joven conservador, esta operación aparece en la forma en que “el deseo de consumir [deja de estar] acompañado de la posibilidad de comprar” (OSPINA PÉREZ, 1936, pág. 11).

Entendiendo que es la desigualdad económica lo que frena la cadena de producción en la comercialización y el consumo. Más exactos, es la plusvalía que acumulan los capitalistas con el usufructo de una parte del salario de los trabajadores, lo que limita la posibilidad de consumo de los mismos trabajadores que dinamizan la circulación de las mercancías.

Según Ospina Pérez (1936) la salida del pensamiento conservador frente a la contradicción del sistema capitalista busca en la escuela del manejo científico las condiciones para hacer que los obreros cooperen con los capitalistas en el proceso de industrialización y automatización de la cadena de producción. Sin evidenciar, que los resultados de tal proceso serán la consecuente pérdida de trabajo para los obreros menos calificados y la acumulación de mayores ganancias para los dueños del capital^[15].

No obstante, se argumente que dicho manejo científico de la economía logre mejores ingresos a un mayor número de trabajadores, estaríamos en proporciones de un sistema económico planificado de corte socialista, el cual no era precisamente el que buscaban los conservadores en Colombia.

Pasado el análisis de las crisis, detalla las formas de organización económicas, en términos de propiedad individual, colectiva o cooperativa, anónima o en forma de monopolios “trust, cartells, pools y corners” (OSPINA PÉREZ, 1936, pág. 123), con lo cual se permite realizar el análisis de los ‘costos de producción’ en cada una de estas formas organizativas, al estilo de El Capital, podría decirse en una clave de lectura económica del proceso de producción, va a describir los recursos físicos y la maquinaria que necesita un sistema de producción.

La preocupación por la concentración industrial y la producción a gran escala, lo lleva a revisar en el sistema de producción agrario del café, la concentración de plantaciones según el departamento y el número de accionistas por cada cafetal^[16]. De esta manera a partir de la sistematización evidencia que, en 1934, la producción agraria del café en Colombia tenía un alto nivel de accionistas minoritarios, era predominante el porcentaje (67,0%) de aquellos empresarios que tenían entre 1 a 10 acciones, frente a un mínimo (0,5%) de los que poseían de 2.000 a 5.000 acciones^[17]. Sí bien, reconoce las ventajas de reducción de costos a mayor producción, beneficio que trae la industria a gran escala, deja visible su preocupación por la concentración de los capitales (capitalistas) que pueden acceder a tales dimensiones.

Finalmente, Ospina Pérez se aproxima al estudio de la administración de ferrocarriles, asunto del cual estaba a cargo desde el ministerio de Obras Públicas en el Gobierno de su tío, Pedro Nel Ospina (1922-1926). El análisis pasa entonces desde la aprobación del proyecto, la obra de construcción de la línea férrea o su ampliación, hasta la entrada en funcionamiento. Esta forma de operación de las empresas de ferrocarriles será uno de los modelos de funcionamiento que adapta a la organización del Estado colombiano, en cuanto, a comprender los niveles de cargos y jerarquías de la misma manera que comprendió como poner a andar las locomotoras en los rieles del país.

Finalizado su libro de introducción a la economía, revisamos sus obras políticas, compiladas a partir de los discursos oficiales que pronunció en su carrera. Estos fragmentos dan cuenta del entusiasmo que Mariano Ospina Pérez podría tener al hacer rodar los trenes de la economía nacional. Según el balance oficial de su Gobierno del año 1947, dado en la alocución presidencial del 1° de enero de 1948, pueden resaltarse los siguientes aspectos de su visión de Gobierno, el programa económico lo sintetiza como

¡convertid al país en una gran empresa de producción! [… y agrega que precisamente…] en el año 1947 […] los medios de pago han logrado una mayor estabilidad y el crédito ha experimentado un mayor crecimiento, dirigido especialmente hacia las actividades agrícolas, industriales y comerciales (OSPINA PÉREZ, 1950, págs. 12-13).

En lenguaje neutral y positivo detalla cómo podría analizarse su Gobierno a partir del Plan Legislativo presentado al Congreso, entendido como el programa en que plasma las decisiones en el “orden fiscal, financiero y administrativo” (OSPINA PÉREZ, 1950, pág. 17) o en materia de “política internacional” resaltando su dirección hacia “la fórmula más avanzada de la democracia” (Ibid.). Con lo cual, arremete que su Gobierno no se encasilla en el ‘régimen de Partido’, diferenciándolo de su predecesor Alfonso López Pumarejo, quien había debatido en la opinión nacional el hecho de hacer de su presidencia un Gobierno liberal.

Respecto a la violencia política, señala como la causa principal, la venganza puesta en las pasiones políticas de los últimos Gobiernos: “la violencia no es un problema actual ni ha surgido únicamente bajo la presente Administración, sino que viene de mucho tiempo atrás ensombreciendo el destino de nuestra democracia” (OSPINA PÉREZ, 1950, pág. 21).

Con estas palabras, inicia la compilación de escritos que transcriben las alocuciones presidenciales de Mariano Ospina Pérez en su vida diplomática, intervenciones en el Congreso, proclamas dirigidas hacia las Fuerzas Armadas, y asuntos de la vida económica, política y social por la que atravesó el país en el año 1948. Se destacan las intervenciones del 11 de abril de 1948, sobre los hechos del 9 de abril, en la controversia de los partidos tradicionales desatada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en la cual da cuenta de sus condolencias.

El aparte titulado “Dos Estados de Sitio”^[18] con el cual finaliza la compilación, refiere a los decretos presidenciales expedidos en 1948, con los cuales se declaró por cortos periodos y en determinados departamentos el Estado de Sitio, confiriendo facultades a civiles y militares del Gobierno para proceder militarmente ante la turbación del orden público. La ‘fórmula política’ del conservadurismo tuvo esta marca en lo corrido del siglo XX hasta la actualidad, el uso de los decretos vía presidencialismo para restringir la libertad de la ciudadanía y ejercer el uso de la fuerza del Estado.

La tesis de la ‘hegemonía conservadora’

La ‘hegemonía conservadora’ surgió en la ruptura de la Unión Nacional en 1948, tras la decisión del Partido Liberal de abandonar todas las carteras del Gobierno, ordenando a sus partidarios a renunciar a los cargos asumidos, exceptuando las responsabilidades en la Conferencia Panamericana. La obra de Jaramillo Ocampo (1980), describe algunos de los hechos, un relato personal sobre el Gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950), siendo primero secretario de Asuntos Económicos y Sociales, y luego ministro de Hacienda.

El primer asunto abordado serán los debates entre el sistema presidencialista y el sistema parlamentario, en cuanto al dilema de los conservadores de haber ganado la presidencia con las minorías en el Congreso^[19]. La situación levantaba a los próceres de sus tumbas. Gilberto Álzate Avendaño^[20] desde el atril conservador, invocó el presidencialismo legado por Simón Bolívar, la denominada ‘Ley Bolivariana’ era la solución que necesitaba Ospina Pérez para poner el poder ejecutivo contra el poder legislativo en manos del liberalismo.

El parlamentarismo se sustentó desde la bancada del liberalismo que defendió su posicionamiento político para desaprobar el Plan de Gobierno o el Presupuesto General que pretendió pasar el presidente por el Congreso. La solución propuesta por Álzate Avendaño, conllevó a una estrategia política, desde entonces arraigada en el conservadurismo colombiano, los decretos pasaron a ser la constante de las decisiones del ejecutivo, las leyes que no tuvieron consenso político se decretaron con una firma presidencial.

Las votaciones desde 1930 habían favorecido al liberalismo, era lógico que las mayorías parlamentarias aún le pertenecieran, teniendo en cuenta que en la misma elección presidencial habían sido mayoría, aunque divididos en las candidaturas de Gaitán y Turbay^[21]. De esto resultó la necesidad de poner en práctica el discurso de la campaña presidencial de Unión Nacional, dando participación en el gabinete conservador a integrantes del Partido Liberal^[22].

Los acuerdos de la Unión Nacional fueron conducidos por Jorge Eliécer Gaitán, nombrado presidente del Partido Liberal, y por Laureano Gómez y Urdaneta Arbeláez, en representación del Partido Conservador. La contradicción del llamado de Unión Nacional, en la distribución de la burocracia administrativa del Estado, estaba en el trabajo político del caudillo del pueblo al denunciar desde el atril del Congreso al Gobierno de Ospina Pérez.

Gaitán, quien en primer momento ordenó la no participación de los militantes liberales en el Gobierno, en 1947 reversó su posición, para permitir el ingreso en algunos ministerios. Sí, por un lado, su rol de líder de oposición contra el Gobierno conservador se fortaleció por su figuración en el Partido, esta misma se desacreditaba por sus álgidos discursos contra el Gobierno, teniendo al propio Partido Liberal inserto en el gabinete^[23].

El debate de los “gases lacrimógenos”^[24], como se conoció a las denuncias que realizó Gaitán en el Senado en 1947, contra la compra de un armamento por parte del Gobierno colombiano a los Estados Unidos para reprimir la protesta social. Fue un juicio de responsabilidad política llevado adelante en el Congreso contra el presidente. El cual no tuvo recepción en las bancadas parlamentarias, Gaitán había sido combatido desde las dos orillas, ni los mismos liberales le apoyaron.

El problema real con el cual argumentó la bancada conservadora fue que el Departamento Nacional de Provisiones del Estado colombiano, había tramitado la compra de los ‘gases lacrimógenos’ estando en la presidencia Alberto Lleras Camargo, a partir de las protestas que acontecieron en Bogotá el 31 de octubre de 1946^[25]. No solo se desacreditaron las denuncias, sino se evidenció que ser parte negociante y denunciante del Gobierno generaba contradicciones en la cúpula del poder.

La Unión Nacional sufrió serias diferencias, los conservadores atacaron a Gaitán en términos de estar incumpliendo los acuerdos de una participación conjunta en las decisiones. De la misma manera argumentaron los conservadores, que el documento que expuso Gaitán en el Congreso como “Memorial de Agravios”, iba en contra de las decisiones de unidad entre los dos partidos. Al respecto diría el entonces ministro de Hacienda que “no era posible, […] jugar a una oposición franca y excesiva y al mismo tiempo reclamar el usufructo de la mitad del poder” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 80).

Luego de denunciar en el Congreso el hostigamiento de los conservadores a la población en los territorios, el propio Gaitán convocó la “Manifestación del Silencio”. Impávido el Gobierno, elogió a sus opositores por la contundencia en la convocatoria y la disciplina que demostraron las masas^[26]. El “Memorial de agravios” ^[27] contra Ospina logró poner de tajo una solicitud política para frenar la violencia desatada, pasado el tiempo, la respuesta del entonces presidente fue recordar los hechos de violencia que se habían presentado una vez tomado el poder por los liberales en 1930^[28].

La caracterización de Jaramillo Ocampo (1980) sobre Jorge Eliécer Gaitán, fue de respeto y admiración ante el manejo y conocimiento que expresaba de su pueblo. Sin embargo, dadas las conclusiones a las que llegó en el final de su libro, respecto al compromiso que significa ejercer como militante en la izquierda de Colombia y con el conocimiento teórico que sustenta respecto al socialismo; su apreciación está en la sintonía de una de las críticas más severas al caudillo popular, ponerlo precisamente en la ideología opuesta a su trayectoria, esto es, considerarlo de derecha por la incapacidad de comprensión de lo que significa ser de izquierda^[29].

Esta crítica si bien es escrita a posteriori de los hechos de su magnicidio, contiene en el pensamiento conservador una bisagra, precisamente la del populismo fascista que tanto le señaló la izquierda comunista a Gaitán^[30]. El ‘populismo de izquierda’ conocido en Argentina o Brasil, con Juan Domingo Perón y Getúlio Vargas, respectivamente, también fue cuestionado desde diferentes posiciones con semejanzas al manejo de masas practicado por el fascismo. Sin embargo, a Gaitán le fue frustrado su proyecto, no pudo demostrar en vida sus propias tesis de hacer realidad su ideario socialista.

Con la caracterización que los conservadores hicieron de Jorge Eliécer Gaitán, es lógico que un cúmulo de argumentos se presentaron para denegar su participación en la Conferencia Panamericana, no obstante, uno de estos consignado por Jaramillo Ocampo (1980) hace referencia a la posición del ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Esguerra, quien dijo entonces que “no había incluido al Dr. Jorge Eliécer Gaitán en la nómina de delegados a la Conferencia, pues se trataba de una Asamblea especializada en materias internacionales y el Dr. Gaitán era un penalista” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 89). Argumento totalmente salido de la situación, puesto que la ‘nómina de invitados’^[31] adolecía precisamente de atributos internacionalistas, en su lugar, Gaitán había ejercido de mediador ante los conflictos por los límites fronterizos con el Perú^[32].

Si bien estas discusiones se extendieron hasta el mes de abril de 1948, ya en febrero la Convención Liberal en pleno había resuelto salirse de la ‘Unión Nacional’, al ordenar “el retiro de los ministros, se colocaba al liberalismo en la oposición, con la única salvedad de que sus miembros podrían aceptar la delegación en la Conferencia Panamericana” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 92). El debate en la prensa nacional había llegado a una intencionada agitación de los ánimos de los electores, los fragmentos que el autor toma del diario conservador El Siglo, así lo manifiestan,

El mundo no detendrá su marcha por lo ocurrido, ni el ritmo de la nación tendrá por qué alterarse. A este respecto se equivocan gratuitamente quienes están acariciando la idea de que al Gobierno se le podrá amenazar, o la tranquilidad podrá ser alterada con asonadas o disturbios populacheros que traten de fomentar los promotores de la ruptura. Ni mano de hierro con los que quieran ejercer libremente los derechos de oposición, ni temblorosa tampoco para aplicar la represión donde sea necesario, cuando se atente contra las prerrogativas nacionales y la guardia de la paz pública (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 93)

En estos pronunciamientos es claro que el carácter represivo ante la movilización social de un liberalismo en oposición ya estaba dirigido desde los órganos de difusión de la ideología conservadora. Por su parte, en el nuevo Gabinete se festejaba la anhelada ‘hegemonía conservadora’, ocupando todas las carteras del Gobierno del presidente Ospina Pérez^[33]. El magnicidio político con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, fue anunciado por el conservadurismo como una “trágica muerte […] una frustración amarga e injusta para un pueblo que le había señalado a su caudillo una meta inmediata: la Presidencia de la República” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 99).

En adelante la preocupación de los conservadores estaría en la nueva composición que debería tener el Gobierno y la vuelta a la calma de un pueblo enardecido por el asesinato de su caudillo. Ospina Pérez había ofrecido una salida a las revueltas conformando un Gabinete Militar, no obstante, fueron los mismos militares quienes se negaron a tal posibilidad^[34]. Entonces, la decisión pasaba por otorgarle el ministerio de Gobierno a los liberales, asignando a Darío Echandía^[35].

El 10 de abril fue nombrada la composición del nuevo gabinete^[36], siendo responsable de llevar adelante las medidas del Decreto 1239 de 1948, “por el cual se declara turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio de la República” (Decreto 1239, 1948). La reacción inmediata del Gobierno conservador fue responsabilizar de la sublevación del pueblo a los comunistas con ayuda internacional^[37], su preocupación por restaurar el orden le llevó a ejercer toda la fuerza represiva contra un pueblo en luto.

La neutralización de la rebelión se completó con cierta atención a la política social, la cual estuvo tendiente a “impulsar reformas que contribuyesen en forma efectiva y eficaz al mejoramiento del ingreso y del bienestar de las clases menos favorecidas” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 166). De esta manera se sumaba a la reglamentada Ley 85 de 1946 que permitía la “emisión de Bonos del Instituto de Crédito Territorial [… para la…] financiación de los programas de vivienda” (LEY 85, 1946); el Decreto 1483 del 11 de mayo de 1948 “por el cual se creó el Instituto de Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal” (Decreto 1483, 1948), el cual ‘incentivó’ el trabajo rural, exigiendo el máximo rendimiento en las tierras aún no cultivadas.

Este último Decreto generó extensas discusiones respecto a la reforma agraria, ya regulada con serias dificultades por las mayorías liberales en los debates que impulsó Alfonso López Pumarejo, con el proyecto de la Ley 200 de 1936 “sobre el régimen de tierras” (LEY 200, 1936). Era sabido por el ministro de Hacienda de Ospina Pérez, la reticencia que el tema generaba, en términos de lo que traducía la parcelación de tierras, que en muchos casos podría entenderse como ‘expropiación de tierras’^[38] improductivas o adjudicación de baldíos.

El conflicto con el bloque de comerciantes se agudizó con el proteccionismo a las importaciones, ligado a la implementación del Decreto que ordenó la productividad en la agricultura. El caso de los cultivos de algodón necesarios para abastecer la industria textil es uno de los exponentes para visualizar las contradicciones en el bloque hegemónico liberal. La Ley 90 de 1948, fijó “la unidad monetaria y moneda de cuenta nacional” (LEY 90, 1948), estableciendo un ‘impuesto de giros’ a toda actividad comercial que implicaba el pago de dinero de Colombia a cuentas en el exterior, esto previamente consultado con “la Junta de la Oficina de Control de Cambios, Importaciones y Exportaciones” y con una “Comisión Interparlamentaria Especial” creada para resolver los asuntos en discordia.

En específico el Art. 24^[39], fijaba los precios de los productos agrícolas y materias primas para la industria nacional, además condicionaba los términos de las licencias de importación de tales productos. Los textileros de Antioquia, denunciaron en el Congreso sus pérdidas frente al incremento de los precios del algodón importado, aduciendo menor calidad que el producido en Colombia. No obstante, la Ley entró en vigor y tuvieron que asumir los costos de la contradicción entre mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo o seguir comprando materias primas importadas, asumiendo las pérdidas que esto genero a los industriales textileros.

Lo anterior generó una discusión adicional con el Decreto 1952 de 1948 respecto al “Fondo de Estabilización” (Decreto 1952, 1948), en el cual se formulaban los términos de la política monetaria frente a una desfavorable balanza de pagos propiciada por la devaluación del peso colombiano luego del magnicidio de Gaitán. Como solución se creó el ‘impuesto de timbre’ para hacer frente al proceso inflacionario, proveniente de la posibilidad de disminución de divisas por la fuga de capitales o la restricción a la compra^[40].

La redacción del Decreto 1952 estuvo asesorada por el Comité de Asuntos Económicos, quienes hicieron el estudio de la situación cambiaria en los términos de balanza comercial y de pagos. Fue aceptada la “creación del impuesto de giros”, pero se rechazó la “modificación del tipo de cambio que estaba congelado al 175%”, la cual se había fijado en 1936 tras la firma del “convenio comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América” ^[41] aprobado por la Ley 74 de 1936 (LEY 74, 1936). En lo concreto, el Decreto 1952, derogaba el Convenio de 1936, infiriendo que “EE. UU. aceptó la derogación del convenio porque no le convenían los términos de Colombia en el GATT”^[42].

Otra medida económica que definió el Gobierno de Ospina Pérez fue la promulgación de una Reforma Aduanera, regulada por el Decreto 3848 de 1949, por medio del cual la Oficina de Revisión del Arancel Aduanero junto a la Junta Nacional de Aduanas, presentaron “una nueva Tarifa de Aduanas con el objeto de ajustar los gravámenes actuales a la depreciación sufrida por el peso colombiano desde el 14 de mayo de 1931” (Decreto 3848, 1949).

Al momento del desembarco o aterrizaje de mercancías extranjeras al territorio colombiano, la oficina de control establecería el monto del gravamen que deberían pagar al Estado colombiano los importadores, esto permitió al régimen aduanero hacerse de una parte del dinero que habían negado en el Convenio Comercial de 1936 (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, págs. 187-188).

Los acuerdos del Gobierno de Ospina Pérez en materia de política de importaciones y tipo de cambio dan cuenta de cómo se afrontaron las crisis de inflación y devaluación de la moneda colombiana durante la primera mitad del siglo XX. A la par de la crisis de violencia que se vivía en las regiones, el Gobierno necesito hacer frente a los asuntos monetarios en donde se estaba definiendo la composición del nuevo ‘sistema monetario internacional’ y la economía de Colombia entraba en un nuevo lineamiento de liberalismo económico, este fenómeno se ha denominado como de “inestabilidad política y estabilidad económica” (DURAN, 2008, pág. 81), poniendo como regla el hecho de mantener estándares económicos adecuados, aún la adversidad política e incremento de violencia en los territorios.

Estos asuntos interfieren en la vida económica y en todas las dimensiones sociales, con mayor padecimiento en las clases de los subalternos. En las esferas de las clases dominantes sería un tema central, especialmente en el bloque hegemónico perteneciente al comercio exterior, el caso de la burguesía cafetera^[43] tendría muchos intereses en términos de las medidas que previeran la devaluación del peso colombiano. Además, iniciaba la situación de modificar el sistema cambiario de pesos a la equivalencia oro-dólar según los lineamientos surgidos en la Conferencia de Breton Woods en 1944, en la cual fueron creados el Fondo Monetario Internacional^[44] y el Banco Mundial.

En el archivo de la Junta Directiva del Banco de la República^[45] puede seguirse que las recomendaciones de Breton Woods tuvieron un largo trámite en la legislación colombiana. Los temas de estudio del ‘Fondo Internacional de Estabilización’ como se denominó el tema, serían consultados por Alfonso López Pumarejo a finales de 1945, con motivo de “revisar la reglamentación vigente sobre Control de Cambios”^[46], asunto pospuesto argumentando que la legislación colombiana debía discutir estos temas en el Congreso.

Su aprobación final, esta consignada en la extensa Ley 96 de 1945, la cual contiene XX artículos con sesiones y cuadros que finalmente decretan “la adhesión de Colombia al Convenio que crea el Fondo Monetario Internacional” (Ley 96, 1945) firmado el 24 de diciembre de 1945, durante la presidencia interina de Alberto Lleras Camargo.

En 1947 se había expuesto en la Junta del Banco de la República, que el FMI entró en funcionamiento en marzo y solicitó adecuar los documentos necesarios para la solicitud de préstamos por parte del Estado colombiano^[47]. Sin embargo, sólo hasta el 29 de octubre de 1948 volvió a mencionarse la cuestión referente a las recomendaciones de la Conferencia, atendiendo al Sr. Emilio Toro, colombiano director ejecutivo del Banco Mundial, quien expuso a la Junta Directiva del Banco de la República las “posibilidades de consecución de créditos externos”^[48].

La discusión que se libró en 1949 fue respecto al papel de los países productores de ‘oro’ y las pérdidas ocasionadas por la fijación de un precio internacional en detrimento del valor que otras mercancías de intercambio comercial tuvieron en el mercado. Al respecto, la Junta Directiva del Banco de la República dispuso que debía seguir rigiendo el monopolio de compra y venta del oro colombiano, según la legislación que otorgaba al Banco de la República la regulación de su precio^[49].

La Ley 90 de 1948 había dado el legítimo monopolio cambiario al Banco, de esta manera el Art. 4, establecía que “las monedas extranjeras o los giros representativos de éstas, deberán ser cambiados en el Banco de la República”, en sus literales aclaró que el “valor a la par de la moneda de cada participante se expresará en términos de oro como denominador común, o en términos de dólar de los Estados Unidos de América del peso y ley vigentes el 1º de julio de 1944” (Ley 90, 1948), es decir tal como fue acordado en el Acuerdo de Breton Woods.

Un año más tarde, se firmó la Ley 76 de 1946, en el artículo 5 quedó establecido que: “El Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento gozarán en Colombia del estatus, inmunidades y privilegios previstos en los Acuerdos Internacionales que les dieron origen” (Ley 76, 1946). El régimen jurídico a los cambios monetarios siguió en discusión. El 16 de diciembre de 1948 se acordó en la Ley 90 como considerarse “la unidad monetaria y moneda de cuenta nacional”. Había sido modificado el contenido inicial, el peso colombiano ya no era lo consignado^[50], sino que podía ser su equivalente en dólares.

Regresando al debate político que propiciaron las investigaciones respecto al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en la perspectiva de los conservadores. Desde Madrid, Laureano Gómez causó un incendio mediático, al decir que “Gaitán era el más destacado elemento del ala extremista del Partido Liberal. Jugaba esa carta y así pagó sus errores y aspiraciones a la Presidencia de la República” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 220). En medio del duelo de los liberales, atizaba las cenizas del Bogotazo. En respuesta a estas publicaciones la Dirección Nacional Liberal haría público el siguiente comunicado,

La Dirección rechaza a nombre del Partido Liberal la última y monstruosa calumnia con que en vano pretende manchar la memoria de su jefe sacrificado y rechaza igualmente la sospechosa maniobra que el señor Gómez, que adelantándose a los resultados de la investigación de dicho asesinato prejuzga en relación con los autores del mismo [cursiva propia] (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 221).

En adelante, los servicios de inteligencia de Estados Unidos se dedicaron a compilar versiones que comprometieran a Gaitán con la financiación del comunismo para su accionar político^[51]. Ese fue el propósito de George Catlett Marshall desde la proposición de la agenda de la Conferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), poner a los países de América Latina en contra del ideario comunista^[52].

Por su parte Gilberto Vieira, secretario del Partido Comunista de Colombia, entregó un informe sobre los hechos del 9 de abril al “XII Pleno del Comité Central del Partido” reunido en el mes de noviembre de 1948, en el cual respondería a los señalamientos,

Todo indica que la monstruosa calumnia, la provocación inicua, según la cual los comunistas habían asesinado a Gaitán, fue previamente planeada por los autores intelectuales del crimen, entre los cuales figuran en primer término los espías del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos (VIEIRA, 1973, pág. 38).

El análisis que realizó Gilberto Vieira del Gobierno de Ospina Pérez fue muy distinto al de los analistas económicos. Contrario a un desempeño satisfactorio puso en cuestión la pérdida de soberanía nacional que se estaba firmando con los préstamos del nuevo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a la par, que reclamaba la usurpación de los recursos naturales con la extracción del petróleo por la multinacional Tropical Oil Company, la cual operó hasta 1948^[53].

El asesinato de Gaitán tenía un culpable para los dos Partidos dominantes, según el complot que aún los vincula, a Gaitán lo había matado el ‘comunismo internacional’. Por tanto, ellos podían seguir gobernando en su fórmula de Unión Nacional. Es por esto qué, el gabinete del Gobierno de Ospina Pérez se repartió entre liberales y conservadores, al igual que la dirección del Poder Legislativo,

El segundo semestre de 1948 se inicia en un ambiente de claro entendimiento entre los dos Partidos y de una colaboración sincera del Congreso con el Ejecutivo. El Senado integra su Mesa Directiva así: Carlos Lleras Restrepo, presidente y Guillermo León Valencia, vicepresidente. En la Cámara se elige al Dr. Gustavo Romero Hernández como presidente y a Augusto Ramírez como vicepresidente (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 242)

Asumida la presidencia del Congreso, Carlos Lleras Restrepo renunció a ser miembro de la Dirección Liberal, teniendo discusiones previas con sus copartidarios “Francisco de J. Chaux y Parmenio Cárdenas” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 242).

El trabajo legislativo del conservadurismo^[54] continuó sobre la agenda económica y política que bien tuvo discusiones que comprendían tanto a los liberales juzgados por el ‘Estado de sitio’^[55] en 1944, como a los conservadores que actuaron bajo la misma figura en 1948. Las amnistías e indultos por la violación de derechos humanos que causó el extremo uso de la Fuerza Pública, fue un saludo de manos, como saldando las responsabilidades en las cuentas.

El análisis de la situación política y económica desde 1948 hasta las nuevas elecciones presidenciales en 1949, tendría la tensión de definir el partido que se quedó con el Poder Ejecutivo. Los conservadores qué aún no habían logrado el control total de los bastiones regionales, comenzaron con generar discordias por los puestos burocráticos que llevaron hasta la confrontación armada^[56]. De esta manera se inició la tradición de solucionar vía salida militar los conflictos políticos, siendo el detonador más frecuente la revancha por la burocracia estatal regional.

La situación interna del liberalismo en 1949 era de hacerse escuchar en los atriles de las alcaldías y gobernaciones que aún tenía su partido para posicionar la candidatura de Darío Echandía. Más cuando el Partido Conservador iniciaba una campaña de atacar con los mismos medios de violencia con los que se había tomado el poder burocrático el Partido Liberal en 1930^[57].

La violencia como práctica política, inició una carrera prolongada en el territorio colombiano, el asesinato de Gaitán agudizó los ánimos de la confrontación. No sólo era un asunto de burocracias bipartidistas confrontadas, propiamente los elementos de organización de las izquierdas se vieron enfrascados en el alzamiento en armas sin dirección, hasta la formación de cuadros político-militares que orientaran a las guerrillas rurales y urbanas de las próximas décadas.

La tesis de un “sistema hegemónico” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 282) constituido entre 1930 y 1958, caracterizado por un “sectarismo de Gobierno partidista”, es uno de los principales argumentos respecto a la “causa determinante de la violencia en las luchas políticas” en Colombia, durante la primera mitad del siglo XX. Controvertimos con el término, en cuanto que no se conformó un sistema, sino un bloque hegemónico liberal y un bloque hegemónico conservador que pactaron la alternación de la administración del Estado durante el Frente Nacional.

Se había considerado hasta 1949 que el bipartidismo colombiano podría gobernar en el plano de ejercer el poder y hacer la oposición, caracterizando a los conservadores en la derecha y a los liberales en la izquierda, confluía una dinámica en los medios de comunicación y en las instancias de poder jurídico, respecto a que uno u otro partido tendrían el mando, y según sus ‘ideólogos’, esto era lo que convenía a la República.

A partir de este año, el pacto del consociacionalismo tendría que hacerse más claro, es decir, el Partido Conservador luchó por el poder absoluto del Estado con la cabeza de Laureano Gómez, y los alfiles liberales. Entre estos, Alberto Lleras Camargo combatió para que el Partido Liberal no perdiera su posicionamiento en la arena de la política.

Sin embargo, el temor de los Partidos tradicionales sería la incidencia que podrían llegar a tener nuevos partidos de izquierda en las simpatías de las mayorías de los electores^[58]. El liberalismo siguió siendo mayoría en los debates políticos de 1949, haciéndose de las Asambleas Departamentales (11 respecto a 3 de los conservadores) y del mayor número de escaños en los Consejos Municipales (430 respecto a 362) (JARAMILLO OCAMPO, 1980, pág. 289). No obstante, el calibre de los debates entre los voceros políticos atizaba la furia de los subalternos en los territorios.

El semestre colapsaba con las tensiones políticas, entre las cuales quedaba el registro histórico de una confrontación armada en el recinto del Congreso de la República. El 7 de septiembre de 1949, se habían presenciado tiroteos en la Cámara de Representantes. Castillo Isaza del Partido Conservador, había ingresado al recinto un arma que detonó en medio de la discusión política^[59].

El Representante Amadeo Rodríguez, exgeneral de la República, había apuntalado una pistola. Se escucharon ráfagas de disparos, resultando heridos los representantes Gustavo Jiménez y Jorge Soto del Corral^[60]. El primero moriría el mismo día, y Soto del Corral resistió durante cuatro años los traumas ocasionados por las balas en su pierna.

Este episodio enardeció aún más los ánimos del pueblo, el debate que tenía lugar en la Cámara de Representantes estaba siendo transmitido en vivo en la radiodifusora nacional y todos los oyentes fueron testigos sonoros de los hechos. Esto desataría desde el recinto legislativo, una dinámica de discurso bélico en todas las deliberaciones políticas sostenidas en los debates locales y regionales. El uso de las armas en el debate político, cercenando la vida del contrincante, fue la doctrina que desde entonces impuso a los colombianos el Partido Conservador.

La contienda político-electoral: Clases Dominantes en lugar de Élites

Tras el trágico episodio de violencia armada en el Congreso, seguía el debate por la Reforma Electoral. La Ley 89 había sido aprobada el 16 de diciembre de 1948^[61], sin embargo, antes de un año ya eran necesarias nuevas modificaciones al articulado. En 1949 se debatió el calendario electoral y la capacidad de cedulación de la Registraduría Nacional, para adelantar el censo de votantes de las elecciones presidenciales, generando múltiples debates tanto en el Congreso como en la Corte Suprema de Justicia.

El argumento de la bancada de liberales en el Congreso aseveraba que era necesario adelantar las elecciones antes de que se disolviera el Congreso, lo cual sería aprobado en las dos cámaras y en la Corte. El ejecutivo se sostuvo a favor de las fechas establecidas en la Ley 98, lo que finalmente favoreció la candidatura de Laureano Gómez, siendo entonces el único candidato de las elecciones presidenciales que le dieron por electo^[62]. En el diario El Tiempo, el 4 de septiembre de 1949, se presentó en estos términos la discusión,

Algunos acercándose más en el terreno de las posibilidades afirman que el señor presidente de la república aceptará en principio el artículo primero de la Ley, que señala el día 27 de noviembre para efectuar las elecciones presidenciaes, y vetará el artículo segundo, proponiendo en cambio bases efectivas de acuerdo para una posible revisión de los censos a base de lo cual, como es natural, podría modificarse también la fecha de las elecciones, a fin de dar campo a la revisión. Con esta actitud, según el comentario callejero, el señor presidente podría armonizar los criterios en pugna o, al menos, presentaría un nuevo panorama a la discusión, dentro del cual podrían moverse más holgadamente los dos partidos políticos (ElTiempo, 4 de septiembre de 1949, pág. 14).

Ospina Pérez presentó sus posiciones frente al “proyecto de anticipación de las elecciones” defendiendo las fechas establecidas. En la Convención Nacional Conservadora reunida el 12 de octubre, se proclamó la candidatura de […] Laureano Gómez y se enfilaban las baterías para los comicios en noviembre (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 307). El ‘proyecto de los liberales’^[63] sí bien había tenido muy buena prensa en el legislativo y judicial, no fue aceptado para anticipar las elecciones.

La modificación del calendario electoral era un debate por las garantías de participación política, una confrontación de la dirección del Partido Liberal contra el Gobierno de Ospina Pérez. Los conservadores se negaron a modificar el calendario electoral, aunque la Corte Suprema hubiera fallado a favor del proyecto. El pulso político no permitió a los conservadores perder un debate público en materia de definición electoral, por lo cual, decretaron ir a las urnas en noviembre de 1949^[64].

Respecto al proceso de campaña política que llevó a la presidencia a Mariano Ospina Pérez, en la investigación de Ararat Ospina (2013), sobresaltan los señalamientos que realizó, respecto a los hechos ocurridos el día del lanzamiento de la candidatura del liberal Carlos Lleras Restrepo. Responsabilizó sin fuentes nacionales que la organización del movimiento gaitanista JEGA, había atacado la casa del candidato, según lo referenció el conservador James Henderson^[65]. Lo ocurrido, según el diario El Tiempo, fue un ataque por una turba de exaltados, pudieron ser los “soldaditos laureanistas” (ElTiempo, 1944) convocados a armarse por su líder desde el Congreso de la República.

En la revisión de prensa de la época, en específico el diario El Tiempo declaró que el 24 de marzo de 1944, en el evento de lanzamiento de la candidatura presidencial “[…]elementos Anti-Liberales Trataron en Vano de Sabotear la Conferencia del Dr. Lleras” (ElTiempo, 1944). El artículo que tiene continuidad en la página sexta relató los hechos sin ningún señalamiento a partidarios de Gaitán. Es más, en la misma portada del domingo 26 de marzo, son puestas las palabras del propio Jorge Eliécer condenando de “turbas de elementos inconscientes” (ElTiempo, 1944) a quienes agredieron la casa de Lleras Retrepo.

La corta campaña según se puede seguir en el diario que fuera el portavoz del liberalismo refiere que el 18 de abril de 1944, se dio el retiro de su candidatura presidencial por la renuncia a la presidencia que realizó Alfonso López Pumarejo. Publicándole luego una nota personal que envió al diario la noche anterior, en la cual expone sus motivos para solicitar que se suspendiera el debate público entorno a su candidatura. Claramente, según sus palabras, identificó como ‘crisis política’ la partida de López, poniendo de manifiesto una sospecha respecto a la transparencia en el conteo de las siguientes elecciones, por lo cual renunciaba a su candidatura presidencial^[66].

El análisis parte de premisas obvias, la estrategia del Partido Conservador frente a las múltiples candidaturas del liberalismo fue: “mantener a los liberales divididos y a los conservadores unidos [en una sola candidatura]” (ARARAT OSPINA, 2013, pág. 474). El anunció de una candidatura única del Partido Conservador, tras la Convención que tuvo lugar el 24 de marzo de 1946, daba como candidato a Mariano Ospina Pérez. La posible candidatura de Laureano Gómez fue desestimada, el Partido Conservador sabía que necesitaban un candidato unificador, y Gómez representaba al radicalismo conservador de derecha.

El análisis del discurso de prensa que realiza Ararat Ospina (2013) del periódico conservador Diario del Pacífico, se centró en los elementos de la pro y contra campaña que este realizó al candidato conservador contra los candidatos liberales. El argumento del nacionalismo se dirigió contra Gabriel Turbay Avinader, a quién le acusaron de ser ‘turco’ según el acta de nacimiento confrontándola en página completa, columna contra columna, con el acta de nacimiento del patriota Ospina Pérez^[67].

Contra Gaitán el argumento sería distinto, desde inicios del artículo la condena es contra el movimiento gaitanista, se resaltan los valores nacionalistas del amparado candidato, pero se condena a sus seguidores. La mención al Diario del Pacífico, en la nota “El Gaitanismo y la Jega” del 17 de abril de 1946, contiene elementos de juicio respecto al proceder del candidato liberal, subordinándolo a una despectiva alusión, tiñéndolo de “herramienta de los motineros”^[68].

El señalamiento contra los gaitanistas es un claro sesgo de clase de los conservadores contra el pueblo organizado, ligándolo a los ‘violentos’. Sí bien, este análisis parte del regionalismo del Valle^[69], el estudio de prensa de un diario caleño deja claras las posiciones de construcción del nacionalismo conservador regional en la campaña presidencial de 1946, a partir de la estigmatización a los candidatos liberales.

Por otra parte, con el artículo de Catalina Reyes “El Gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950” se puede tener una introducción muy palmaria de la época. Su aproximación está narrada en modo que produce la impresión de haber conocido personalmente los hechos. El análisis político se concentra en los periodos de las elecciones: las presidenciales en mayo de 1946; las parlamentarias y las municipales de marzo y octubre de 1947; y en las parlamentarias de junio y las presidenciales del 27 de noviembre de 1949^[70].

La fijación en la contienda política marca el tono de la investigación, el debate político de las campañas, la polarización entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, pactando una salida de Gobierno de ‘Unión Nacional’. Como lo señala la autora, esta fórmula política se le ha otorgado en múltiples oportunidades a López Pumarejo, formulándola “en 1945, cuando renunció a la presidencia” (REYES, 1989, pág. 9). Sí bien, no se concretó en el marco del Gobierno de Ospina Pérez, fue el antecedente más realista del Frente Nacional constituido en 1957.

Por una parte, Reyes (1989) pone el debate en términos de la división política persistente en el liberalismo después de las elecciones, el ala santista que apoyó la candidatura de Gabriel Turbay, aceptó la invitación de Ospina Pérez de participar en la ‘Unión Nacional’, contrario a la posición inicial de Gaitán, jefe del Partido Liberal, quien se opuso a la participación en cualquier puesto del Gobierno. Por otra parte, Laureano Gómez consideró como una estrategia electoral esa ‘unión’, y se concentró en hacer que el conservadurismo tomará el control político en todas las carteras del Estado^[71].

El giro completo hacia un Gobierno de régimen autoritario se dio el mismo año en que fue electo Ospina Pérez^[72]. A final de año iniciaron las reformas paulatinas a la Fuerza Pública. El primer escenario fue la modificación de la policía y la creación de la Policía Política conservadora, conocida como POPOL. Desde entonces, Laureano Gómez se encargó de cambiar todas las escuelas de formación de los cuerpos militares e incentivó el ingreso de conservadores a las filas de los uniformados. En cuanto al ejército que se intentó mantener neutral a las banderas políticas, fue formalmente adherido al conservadurismo en 1949, previo al decreto del ‘Estado de sitio’, en el cual se nombraron nuevos Generales y ministros en la cartera de la Guerra^[73].

El estreno del aparato coercitivo se dio contra las movilizaciones del Paro Nacional del 13 de mayo de 1947^[74]. El Estado dejó la práctica del consenso político que había logrado Alfonso López Pumarejo (1934-1938), por el uso de la ‘coerción’ que venía tramitándose desde el Gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) y que Alberto Lleras Camargo (1945-1946) refrendaría solicitando a Estados Unidos el primer envío de “gases lacrimógenos”^[75].

Los gases fueron justificados como el arma permitida para oprimir a los manifestantes, legalizando el uso de la Fuerza Pública contra la protesta social. La movilización en las calles se reprimió con el legítimo uso de la fuerza por parte del Estado, en el estricto sentido weberiano, los trabajadores fueron divididos en sus propios procesos organizativos y el pueblo colombiano sucumbió en la violencia.

Los ‘gases lacrimógenos’ generaron un debate público en el Senado, en el cual Gaitán trato de acusar a Ospina Pérez de la compra de armamento a los EE. UU., sin embargo, sus propios partidarios lo traicionaron^[76]. Sabían desde antes que la lucha de clases desatada tampoco les convenía a sus propios intereses económicos, en tanto, la defensa de los derechos de los trabajadores perjudicó las exorbitantes ganancias que poseían, al ser los explotadores de una fuerza de trabajo oprimida en los campos y ciudades.

La represión oficial se combinó con la paraoficial. En esto la tesis de Reyes (1989) resultó acertada, lo puso en términos de la duda metódica: “«El fraude liberal» o una teoría para justificar la violencia” (REYES, 1989, pág. 19). Pasado un año, podía aseverarse que, en 1949 “algunas zonas del país la justicia cayó en manos de bandas de pájaros, las guerrillas y la policía chulavita” (REYES, 1989, pág. 25). Reyes (1989) mencionó un Memorial de Agravios, presentado por el Partido Liberal ante el Congreso. El documento que conocemos se atribuye a la autoría de Jorge Eliécer Gaitán, quien compiló las denuncias que le hicieran llegar de los territorios un debate público contra la represión que estaban sufriendo los liberales en las regiones.

La nueva ‘Unión Nacional’, se pactó con el caudillo del pueblo asesinado, y aún sin Gaitán, no fue posible sostenerla ni un año. Previó a las elecciones de junio de 1949, el acuerdo se rompió definitivamente^[77]. Los inicios de la violencia tienen múltiples registros en la prensa nacional, en este caso, valga resaltar el hallazgo documental de un ‘semanario católico’: “El Derecho fundado por monseñor Builes, en su edición de abril de 1949, contenía un titular con las siguientes palabras: ‘Conservadores de todo el país, a armarse’” (REYES, 1989, pág. 26).

El 21 de octubre se dirigió Darío Echandía por radio nacional a todos los colombianos, con el objetivo de presentar lo que sería la “fórmula de paz”, al mismo tiempo que Ospina Pérez emitió un decreto presidencial prohibiendo hasta “el 5 de diciembre todo desfile, concentración o manifestación pública”^[78]. Anunciando el discurso de la paz y el decreto de la coerción, se perpetuó la primera masacre registrada en los medios, había sido abaleada la Casa Liberal en Cali^[79], dejando un lastre de muertos y heridos.

Las movilizaciones por la paz circundaron en todo Colombia, clamores por la paz se hicieron sentir en todas las esferas sociales^[80]. A la par que los muertos aumentaban, el trabajo realizado por la Registraduría Nacional presentaba un informe, en el cual daba cuenta de la situación de hostigamiento burocrático para la inscripción de cédulas en el patrón electoral de los municipios con mayor tradición de electores liberales. Esto provocó la deslegitimación final, el liberalismo en bloque renunció a los cargos públicos y Darío Echandía desistió de su candidatura presidencial.

Con la promulgación de los Decretos 3520, 3521 y 3522 de 1949^[81], la democracia colombiana recibió el principio dictatorial del cierre del poder legislativo por decreto del poder ejecutivo. La invocación del presidencialismo bolivariano en palabras de Gilberto Álzate Avendaño, daba un funesto cierre del periodo presidencial de Ospina Pérez. A partir de estos anuncios la violencia se ejerció directamente contra los representantes políticos del liberalismo, según las fuentes de Reyes (1989) una patrulla del ejército disparó contra Vicente Echandía, hermano de Darío Echandía quien resultó lesionado en el mismo atentado. Seguido a esto, las casas de varios dirigentes fueron incendiadas, entre estas la de Alfonso López Pumarejo^[82].

El Partido Liberal convocó a una Huelga General para el 25 de noviembre, previa a las elecciones, fueron apresados: “Jorge Zalamea, Alejandro Vallejo, Diego Montaña Cuéllar y León de Greiff” (REYES, 1989, pág. 34). Finalmente, las elecciones presidenciales del 27 de noviembre de 1949 tuvieron como único candidato a Laureano Gómez, quien fue electo presidente, en medio de la proclamación del Estado de sitio y ordenando el cierre del recién posesionado Congreso^[83].

El trabajo que realiza Eduardo Sáenz Rovner con relación a las políticas económicas del Estado colombiano y sus interconexiones con las ‘élites’, abarca el periodo de 1930-1950. En su concepción, las tendencias económicas fueron similares en el continente latinoamericano, poniendo en cuestión el documentado proteccionismo a la industria^[84].

Si bien, el Gobierno de Olaya Herrera “aumentó los aranceles y prohibió las importaciones de varios productos industriales y agrícolas” (SÁENZ ROVNER, 1997, pág. 69), esta política no duro ni un par de meses, puesto que las consecuencias que generaba en las relaciones comerciales con las potencias del momento se vieron lesionadas. En el primer Gobierno de López Pumarejo, se habían aumentado las relaciones comerciales con Estados Unidos, siendo fiel seguidor de los lineamientos políticos de Roosevelt, y su ministro Cordell Hull. Hasta 1938, el comercio internacional se mantuvo constante tanto con Estados Unidos como con Alemania.

El problema con los industriales colombianos radicó en la contradicción del proteccionismo solicitado, debido a que la medida forzaba que en las manufacturas utilizaran materias primas nacionales, a lo cual demandaban que eran de menor calidad que las extranjeras. Los ejemplos que trae Saénz Rovner (1997) refieren a los sectores textileros y tabacaleros, los cuales en materia del proceso industrial requerían de insumos como el algodón o la hoja de tabaco, provenientes de los campos colombianos y no de las importaciones, los industriales pretendían importar a menor costo que el producido nacional.

Durante el Gobierno de Santos, en 1940 se creó el Instituto de Fomento Industrial, con el objetivo de producir los materiales que no se podían importar como consecuencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto fomento de nuevo las rivalidades entre industriales y terratenientes. El Gobierno ciñéndose a la tradición de los liberales, brindó un decidido apoyo a la economía agraria, teniendo como principal producto el café de exportación^[85].

La persistencia del apoyo de los liberales al sector agrario que marca Sáenz Rovner (1997), permite evidenciar por el contrario como se ligan los intereses de los conservadores laureanistas con los industriales. La misma simpatía de los Gobiernos liberales con sus militantes en las filas de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC^[86], hacía que los intereses de los industriales no simpatizaran con las garantías exigidas desde el Gobierno para los trabajadores. Estas fueron razones de fondo por las cuales Laureano Gómez atacó el segundo Gobierno de López Pumarejo, desde las páginas de El Siglo y demás intervenciones públicas, utilizó los debates de corrupción familiar como trampolín perfecto para su ascenso político y la defensa de sector industrial.

Pueden hacerse algunos análisis respecto a estos dos bloques hegemónicos, el liberal y el conservador, en cuanto a los intereses económicos puestos en los sectores industrial y agrario. La situación internacional de ingreso a la guerra de Estados Unidos forzó que el Gobierno colombiano tomará represalias en contra del comercio sostenido con Alemania, esto afectó las relaciones de los empresarios colombianos, en especial de los conservadores que mantenían relaciones político-económicas con los alemanes^[87].

El periodo de posguerra [1946-1950] tuvo realmente una preocupación desde la ‘Unión Nacional’ en términos del proteccionismo a la industria consolidada durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Los industriales durante el Gobierno de Mariano Ospina Pérez tomaron medidas de protección ante el temor del ingreso de manufacturas extranjeras que liquidaron la industria nacional.

En tal sentido persistió una concepción del progreso y desarrollo prometido por la modernidad, “convertirse en sociedad industrializada era convertirse en sociedad civilizada: así, el humo de las factorías representaba la modernidad y las plantaciones agrícolas eran la muestra del atraso y de una supuesta cultura primitiva” (SÁENZ ROVNER, 1997, pág. 73). Esta concepción, fue contraria a los estudios económicos de la juventud de Ospina Pérez, proveniente de la burguesía cafetera y defensor del sector agrario.

La Asociación Nacional de Industriales-ANDI, fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín, hoy Asociación Nacional de Empresarios^[88], presionó por la regulación del proteccionismo como una política nacional, con intereses claros en las ganancias de los industriales asociados. En tal sentido, se opusieron intereses con los industriales norteamericanos, quienes promulgaron una política económica de libre comercio asentados en su propia productividad. Las pugnas entre liberales y conservadores se asentaron en la defensa del proteccionismo para los industriales conservadores del lado de Laureano Gómez, y de la defensa de la apertura comercial para los sectores liberales.

Sáenz Rovner (1997) argumentó su posición desde las tesis de Salomón Kalmanovitz y Mario Arrubla, respecto a “las contradicciones entre la vieja burguesía cafetera exportadora-importadora, y la gran burguesía industrial” (SÁENZ ROVNER, 1997, pág. 76). Respecto a la tesis de Daniel Pécaut, refiere que en los cuarenta se sostuvo una división entre las “élites colombianas”. En la mitad del siglo XX el conflicto estaba puesto “entre los industriales, de una parte, y un eje de exportadores, importadores y cafeteros, de otra”^[89].

Son autores que analizan el ascenso de los Gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez (1946-1950) y Laureano Gómez (1950-1953), a la vez que fueron en aumento los factores de violencia desencadenados por los ascensos y descensos del poder y las cuotas burocráticas de los Partidos tradicionales. Saénz Rovner (1997) con estos elementos, se distancia del supuesto acuerdo pactado entre las burguesías en materia de políticas económicas en los años cuarenta. Su posición sugiere “que los conflictos sobre problemas económicos no eran simples «fricciones», y que los dos Partidos, Liberal y Conservador, se distanciaron aún más tanto en asuntos políticos como financieros” (SÁENZ ROVNER, 1997, pág. 76).

La tesis de Gabriel Misas (1983) sostiene que las contradicciones de los bloques de poder en Colombia se dieron en la definición de algunas políticas económicas, entre la clase dominante que ejercía el poder político frente a los bloques que solo contaban con el poder económico. Frente a estos conflictos entre bloques dominantes existió “una temprana alianza entre los intereses agroexportadores e industriales”^[90].

Es un planteamiento que controvierte con Saénz Rovner (1997; 2007) en términos de la creación de una “burguesía industrial”. Lo que se conformó, según Misas Arango (2021), fue una “burguesía interior”. En este punto la relevancia está dada por el regionalismo y los pesos económicos que surgieron en Cali y Medellín, frente al ya centralismo político-económico que caracterizó a Bogotá. La denominación alude más a una cuestión geográfica que a un sector específico de la economía, en esto consiste el surgimiento de los emergentes regionales, dado que no se consolidó un proyecto nacional, estos optaron por un salto hacia el pacto de alianzas con las multinacionales.

Saénz Rovner (1997) refutó la existencia de una “temprana alianza”, por el contrario, marcó una tesis precisamente contraria para situar los años cuarenta en Colombia, aduciendo que existió una confrontación entre la burguesía industrial y la burguesía agraria. Comprendiendo los planos de incidencia respecto a intereses político-económicos entre: (i) los industriales conservadores ligados a Laureano Gómez y (ii) el gremio cafetero donde tenía influencia mayoritaria el liberalismo, aunque también había contado con el apoyo de Mariano Ospina Pérez en la década de los años treinta. Estas diferencias, como se ha mencionado antes no eran del todo en extremos. Tanto los empresarios industriales como los empresarios cafeteros compartían intereses en el modelo de acumulación capitalista.

Cierto es que la homogeneidad del bloque liberal no era en su totalidad de un solo sector económico, al interior del Partido Liberal se crearon grandes debates frente a las políticas de proteccionismo industrial que los Gobiernos conservadores llevaron adelante. No obstante, las múltiples posiciones en el liberalismo, no se permitió el debate político en el Congreso. El Gobierno conservador de Ospina Pérez, tras el asesinato de Gaitán, intentó maniobrar con la reagrupación de la ‘Unión Nacional’ y finalmente desató una “dictadura de facto”^[91].

Laureano Gómez se elige presidente en 1950

La elección de Laureano Gómez, sin candidato que le hiciera oposición, dio forma a un Gobierno antidemocrático, en el cual se consolidó el régimen autoritario iniciado con Ospina Pérez en contra del pueblo colombiano. La decisión política tomada en mayo de 1950, de enviar soldados colombianos a la guerra de Estados Unidos contra Corea, fue fortalecida con gran oportunismo por Gómez, con el objetivo de aceptación de su elección presidencial por el Gobierno norteamericano y para que este le aceptará su prontuario nazi-fascista, franquista y antidemocrático.

El Partido Conservador fue dividido, entre los adherentes al Gobierno de la ‘Unión Nacional’ y sus contradictores, entre estos, su mayor exponente era Laureano Gómez, quien se asiló en la España dictatorial de Francisco Franco Bahamonde (1936-1973), iniciando una carrera de acusaciones contra el liberalismo. El objetivo fue terminar con la unidad de los partidos tradicionales y ganar las elecciones presidenciales en 1950, con una estrategia de polarización y anticomunismo. Gómez fue el primero en acusar al comunismo internacional del asesinato de Gaitán y de poner a la opinión internacional en contra del liberalismo, acusado de tener una línea soviética que seguía las ideas de izquierda en Colombia.

En las elecciones de la Cámara de Representantes en junio de 1949, habían medido las fuerzas de los partidos hasta llegar a la ruptura de la Unión Nacional. Roto el clima de concordia, Ospina Pérez perdió el control democrático. Las elecciones presidenciales se realizaron ese mismo mes, eligiéndose Laureano Gómez presidente, en una dictadura seudodemocrática con dictador civil.

Las elecciones fueron el 27 de noviembre de 1949, semanas antes, el 9 de noviembre, fue declarado el Estado de Sitio y el Cierre del Congreso, y dos días antes, asesinaron a Vicente Echandía, el hermano de Darío Echandía, quien hasta su renuncia había sido el candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Los conservadores bloquearon la convocatoria a Paro Nacional para el 26 de noviembre propuesta por los liberales, y el domingo 27, Laureano Gómez se hacía de la presidencia “como candidato único y con un registro de un millón veintiséis mil cuatrocientos ocho votos” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 326).

El paso siguiente para conquistar a los norteamericanos fueron los beneficios en materia de petróleos. Fue expedido el Decreto 3419 de 1950, por medio del cual la Tropical Oil Company podía disponer de una prórroga de exploración y explotación de quince años según el papel^[92]. El trámite legislativo de Laureano Gómez se hizo sin difusión pública, comprendió que los sindicatos petroleros de Barrancabermeja se alzaron nuevamente. Según Villegas (1968) el país conoció la noticia el 14 de diciembre, a partir de una entrevista publicada en El Tiempo, donde José Jaramillo Giraldo, del Consejo Nacional de Petróleos^[93] anunciaba la ‘supresión de las reservas’ y la apertura de las concesiones de exploración y explotación al capital extranjero.

Las huelgas de los trabajadores petroleros iniciadas desde 1948 en Barrancabermeja, habían sumado con su pliego de exigencias a las múltiples adecuaciones que realizaron los ministros de Minas y Petróleo (José Elías del Hierro durante el Gobierno de Ospina Pérez y Manuel Carvajal Sinisterra en el Gobierno de Laureano Gómez), para lograr finalmente la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. Al promulgarse la Ley 165 de 1948^[94] se dejó sentada la necesidad de organizar “una empresa colombiana de petróleos”. Un año después, con el Decreto 1628 se ordenó que adelantarán los trámites correspondientes^[95].

Teniendo en cuenta que la materia legislativa de petróleos^[96] en el Gobierno de Ospina Pérez fue densa. La decisión del Consejo Nacional de Petróleos era un desencadenante de las presiones que realizó el Gobierno norteamericano para la consecución de los múltiples préstamos puestos a disposición por el FMI y el BM. De esta manera, la legislación petrolera en los Gobiernos conservadores fue moldeada a los términos exigidos por las multinacionales petroleras de Estados Unidos para realizar sus inversiones en Colombia.

Sin embargo, la Concesión de Mares^[97] caducó el 25 de agosto de 1951 dando por finalizado el ciclo administrativo de la ‘Tropical Oil Company’ para las reservas de Petróleo en la zona de Barrancabermeja. La Junta Directiva aprobó los Estatutos de la nueva empresa el 7 de mayo de 1951 y el Gobierno expidió el Decreto 1124^[98] una semana después. Siendo estos, algunos de los asuntos centrales que se modificaron en la época, la creación de una empresa nacional de petróleos y la internacionalización del sistema monetario colombiano.

El aumento de flujo de divisas, vía préstamos internacionales, disminuyó la capacidad de los Fondos Nacionales de Estabilización para acudir a préstamos en dólares en las bancas multilaterales, la dinámica que siguió fue de deuda externa permanente^[99]. Los préstamos nunca terminaban de pagarse, entonces se necesitaron nuevos préstamos para pagar los intereses de la deuda, y apenas hacer avances, quedando igual con deuda acumulada. El FoNC escasamente pudo seguir funcionando ya que su papel paso a un segundo plano en la lógica de poseedor de divisas^[100].

La lucha contra la inflación desde entonces ha sido una materia reglamentaria para los funcionarios del Banco de la República. En las memorias del Ministerio de Hacienda publicadas iniciando el Gobierno de Laureano Gómez, pueden hallarse algunas reflexiones de la época que dan cuenta de la perspicacia con la que se asumió este fenómeno económico. A lo que se denominó “la plácida corriente de la inflación”^[101] fue la miel del ciclo económico prolongado desde la ‘prosperidad a debe’.

El sistema económico conservador en Colombia sigue siendo muy complejo de definir. En ciertas decisiones persistió el proteccionismo, en muchas más la centralización en la administración del Estado, pero desde 1950 estas particularidades se modificaron no precisamente hacia un modelo ‘anti-liberal’ como sostiene Kalmanovitz (2000), sino hacia una interdependencia de los mecanismos multilaterales del sistema financiero internacional. La lógica de la inversión paso de solicitar recursos a los fondos de ahorro, a la solicitud del préstamo de dinero a los fondos de endeudamiento internacionales.

La dependencia al sistema de crédito externo de Estados Unidos, potencia económica y militar al finalizar la Segunda Guerra Mundial, definió en Colombia el sistema económico dominante: el capitalismo. La conclusión derivada del nuevo contexto internacional era tajante: “el Gobierno norteamericano impulsó una política de liberalismo económico” (PRIETO RUÍZ, 2013), la cual caló muy profundo en los Gobiernos conservadores colombianos.

La sobreproducción que se generó en la industria nacional colombiana, durante el periodo de posguerra, propició en la industria textil un desmedido efecto deflacionario^[102]. El caso de los productores de café marcó la composición de clases sociales en la cadena de producción, comercialización y exportación del grano^[103]. Los trabajadores agrarios no conocieron las ganancias de la especulación financiera, sin embargo, siguen siendo los principales trabajadores de la escalonada burguesía cafetera.

La conformación del bloque hegemónico colombiano estaba hecha. Liberalismo económico y conservadurismo político, es la fórmula con la cual se ha gobernado desde entonces. Promulgación de Estados de sitio, en Gobiernos civiles investidos de democracia. Liberalización del comercio y de la iniciativa privada, con una receptiva captura de capitales extranjeros. De esta manera, saltado el episodio dictatorial del General Gustavo Rojas Pinilla, liberales y conservadores desde los años cincuenta no encontraron otra vía posible que gobernar unidos desde las cupulas del poder político y económico.

El Gobierno de Laureano Gómez, fue derrocado por la Junta Militar que presidió el conservador Rojas Pinilla^[104], previamente entrenado en las Fuerzas Militares norteamericanas. Las clases dominantes vieron cuestionado “su proyecto hegemónico”, tanto por el golpe militar, como por la expansión de las guerrillas liberales del Llano al mando de Guadalupe Salcedo y José Alvear Restrepo, como de las guerrillas comunistas que surgieron en el sur del Tolima y Sumapaz a cargo de Juan de la Cruz Varela (BELTRÁN VILLEGAS, 2019, pág. 23). Los vaivenes de los cuarenta y cincuenta de confrontaciones del bipartidismo, pasaron al pacto de gobernar unidos en el Frente Nacional (1958-1974).