Tal como se describió en el capítulo anterior, para 1970 el Territorio Nacional de Tierra del Fuego contaba con 13.527 habitantes y una economía local incipiente. Su principal eje, en términos de estilos de desarrollo (Sunkel y Gligo 1980, Gligo 2006), había estado dominado por dos esquemas: primero, la inclusión en el mercado internacional de la lana, y desde mediados de 1950, la explotación de hidrocarburos.

Sin embargo, la tensión internacional creciente por el dominio de las aguas circundantes, el acceso a la Antártida y el control de los recursos naturales, puso el eje del desarrollo capitalista en la matriz productiva industrial que exhibía mejores perspectivas para el poblamiento de la provincia (Schorr y Porcelli 2014).

Durante el período analizado en este capítulo se establecen los dos conflictos bélicos más importantes que tuvo la República Argentina durante todo el siglo XX. Los conflictos del Atlántico Sur (la guerra de Malvinas y el conflicto del Canal del Beagle^[1]) funcionan como articuladores necesarios para la conformación de un Estado en el extremo austral de la República Argentina. Estos “símbolos” son un intento de internalizar una identidad colectiva (Oszlak 1978) que la dictadura militar (1976-1983) intentará llevar adelante para consolidar su poder.

En términos económicos apreciamos el desplazamiento de la escena central del proceso productivo de índole primaria, para establecer un desarrollo manufacturero basado en incentivos fiscales regulados por la Ley 19.640 de 1972. Las primeras incursiones en materia turística recién se configurarán como modelo dominante en el período siguiente, aunque es importante destacar un proceso creciente del sector como parte del incentivo estatal^[2]. De hecho en los fundamentos de la Ley de Promoción Industrial se establecen las dificultades que las iniciativas basadas en la producción del sector primario exhiben para garantizar el poblamiento y la diversificación de la estructura social y productiva^[3].

Sin embargo, es evidente que el proceso experimentará cierta demora en la obtención de los resultados esperados. No obstante, de manera gradual, se irá modificando la matriz productiva con la instalación de establecimientos industriales, lo que a su vez provocará la atracción de mano de obra a través de la migración interna. Este fenómeno tendrá un impacto significativo en el crecimiento poblacional (Hermida et al., 2016).

Tal como señalamos, el período se encontrará regido por un esquema predominantemente industrial. El marco normativo establecido desde la ley 19.640 sirvió de resguardo a las iniciativas manufactureras que se vieron afectadas a nivel nacional por la implementación de las primeras transformaciones neoliberales llevadas adelante en materia económica por la dictadura militar, especialmente durante la gestión del ministro Martínez de Hoz, entre 1976 y 1981. Con el retorno de la democracia en 1983, la escena institucional y política recobrará lugar en el debate. El crecimiento poblacional del Territorio, junto al desarrollo primario de una burguesía local y los cuadros técnicos estatales impulsarán la creación del Estado provincial. Posteriormente, la convertibilidad será la que afecte el modelo industrializador en la provincia en 1991, generando un punto de inflexión y cambio en el modelo económico en el período analizado.

El primer subcapítulo presenta la promulgación de la Ley de Promoción Industrial como principal política pública para el desarrollo capitalista de la región, que una transformación mayor desde 1972, tanto en términos económicos, como poblacionales e institucionales. Asimismo, este período, de 1972 a 1983, es el último llevado adelante por la Gobernación Militar de la Armada.

En el segundo apartado del capítulo atendemos a los hechos y debates institucionales surgidos desde el retorno de la democracia en Argentina y su impacto a nivel subnacional en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego. Entre 1983 y 1991 se mantiene el crecimiento económico de matriz industrial que mantiene las altas tasas de crecimiento poblacional, lo que brinda una base de sustentación al debate político local sobre el manejo del Estado local. A su vez, estas características encuentran eco en el proceso de descentralización que el Estado Nacional iniciará en la década del ’90.

De esta forma en este capítulo nos proponemos explicar los cambios más sustantivos en materia de política pública, revisando los grandes conflictos bélicos que atravesaron Argentina y la región, y con ellos, las transformaciones del espacio y la estructura productiva, ocupacional y poblacional de Tierra del Fuego entre 1972 a 1991.

Conflictos bélicos y promoción industrial (1972 a 1983)

El régimen aduanero y fiscal que tuvo el Territorio Nacional entre 1956 y 1970 estuvo fijado por el Decreto Ley 7.101 sancionado por el gobierno militar de Aramburu. Este régimen establecía una zona franca:

Artículo 1º — Declárase zona franca el territorio de Tierra del Fuego, quedando liberadas de derechos y servicios aduaneros y portuarios y de toda obligación en materia de cambios las mercaderías extranjeras que ingresen a su Jurisdicción para ser consumidas o utilizadas en ella.

Si bien impedía la comercialización de los productos importados fuera de la zona franca del Territorio Nacional, la norma carecía de lineamientos específicos que establecieran criterios para potenciar el agregado de valor. En 1970 el gobierno de Onganía deroga el Decreto Ley 7.101 mediante el Decreto Ley 18.588. Dos años después, durante el gobierno de Lanusse, específicamente el 16 de mayo de 1972, se sancionó la Ley 19.640 que establece nuevos criterios fiscales y aduaneros para Tierra del Fuego. Tal como afirma Rocca (2012: 29) sobre el origen de la Ley de promoción industrial:

(…) la ley buscaba (indirectamente), subsanar el problema de la normativa anterior que permitía la importación indiscriminada –en ese entonces todo Tierra del Fuego era una Zona Franca–, factor que incrementó considerablemente el comercio de la zona a base de importaciones y exportaciones, pero con escaso valor agregado local que diera sustento económico a la población

El proyecto en sí mismo se propuso “una muy cuidadosa regulación del tráfico comercial entre las áreas distinguidas entre sí y de estas con el Territorio Continental, lo cual se ha realizado a conciencia y con una amplia flexibilidad que permita amoldarse a las circunstancias futuras, tanto las contingentes, como las que resulten precisamente de los logros perseguidos por este estatuto. Esta regulación, cabe destacarlo, implica la primera reglamentación orgánica y completa en nuestra legislación aduanera autónoma, de la materia del origen de las mercaderías aún cuando no aplicable al comercio internacional de la Nación, sino al tráfico interno entre las áreas entre sí y con el resto del país, aspecto que ha incidido en tal reglamentación” (Ley 19.640)

En este sentido, la ley diferenciaba el territorio insular del territorio continental, generando una regulación del comercio entre lo producido en Tierra del Fuego y el resto del país. Así, la eximición impositiva resulta para los bienes que tuvieran agregado de valor en el territorio insular. Este sistema a su vez mantenía beneficios impositivos para quienes habitan en el territorio. Esta normativa se presenta como una respuesta a la necesidad de garantizar un poblamiento efectivo para el dominio del Atlántico Sur.

El esquema seguido por el gobierno militar en 1972 persiguió los mismos fines que la dictadura brasilera, quien había realizado un avance sobre el Amazonas con la Zona Franca de Manaos, creada en 1967 por el Decreto Ley 288/1967. En este sentido tanto el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego como la Zona Franca de Manaos (ZFM) se proponen el repoblamiento de áreas estratégicas con fines geopolíticos, sumando en el caso brasilero como objetivos la integración territorial y la reducción de la desigualdad, postulados difusos para el caso argentino social (Bekerman y Dulcich 2017, Ramirez 2011, Álvarez 2021)^[4].

Mastrocello (2008: 165) recompone la significancia que recibió la nueva Ley de promoción industrial para la burguesía local, que adicionalmente se desarrollaba como funcionarios del Estado Territorial:

Uno de los principales impulsores de un mecanismo promocional en Tierra del Fuego había sido el ministro de economía de Lloret, el contador Mariano R. Viaña, quien desde hacía unos años venía ejerciendo su profesión en Río Grande, por lo que tenía un buen conocimiento del medio y sus limitaciones. Viaña, al igual que el aún reducido núcleo de empresarios locales, estaba convencido de la necesidad de diversificar la producción mediante una acción política definida del gobierno nacional. Quizá como un símbolo de esa coincidencia entre gobernantes y gobernados –algo que hoy veríamos casi como un hecho curioso- le tocó a Odino Querciali, por entonces presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia y miembro de aquella camada de inmigrantes italianos arribada entre 1948 y 1949, llevar en sus manos la primera copia del texto de la ley que llegó a la isla. (Mastrocello 2008: 165).

Recordemos que la población hacia 1970 era de 13.527 habitantes para la Isla Grande de Tierra del Fuego, y si tenemos en cuenta la población total de la Patagonia, con un total para el mismo año de 707.227 habitantes, distribuidos en una superficie aproximada de 930.638 km2, el poblamiento resultaba relativamente escaso para exhibirse como un freno frente al avance de las tensiones internacionales que iban en ascenso en la región.

Siguiendo a Susana Bandieri (2005) los conflictos limítrofes entre Argentina y Chile son de larga duración. El acuerdo de límites de 1881 no puso fin a las disputas, y el recorrido histórico cuenta con varios antecedentes. Quizá el más cercano y próximo al conflicto bélico por las Islas Picton, Lenox y Nueva es el enfrentamiento entre la Gendarmería Argentina y el cuerpo de Carabineros en las cercanías al Lago del Desierto en la provincia de Santa Cruz en 1965. El enfrentamiento tuvo un resultado fatal, aunque no derivó a un conflicto mayor debido al congelamiento de las delimitaciones en la zona, que recién se resolverá parcialmente hacia 1991 con la firma de los límites del Lago del Desierto y el acceso Argentino al Monte Fitz Roy, o Chaltén, quedando pendiente, hasta la actualidad, la delimitación de los hielos continentales por una dificultad de fijación de la divisoria de aguas.

Mapa 6. Territorio Nacional de Tierra del Fuego e Islas Malvinas. 1954

Fuente: Ejército Argentino, Instituto Geográfico Militar, Buenos Aires,

Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, 1954.^[5]

El mapa 6 producido en 1954 por el Instituto Geográfico Militar de la República Argentina, exhibe a las Islas Picton, Lenox y Nueva como parte del Territorio Nacional de Tierra del Fuego. En este contexto la tensión entre Chile y Argentina encuentra su punto culmine entre 1976 y 1978. Siguiendo las palabras de Bandieri (2005: 307) observamos:

Poco tiempo después, otra serie de incidentes se produjeron en el Beagle, donde Chile insistía en sus derechos soberanos pidiendo en Londres otro laudo arbitral, medida que fue rechazada por la Argentina. Sucesivos encuentros presidenciales —de Onganía y Frei en Viña del Mar en 1970 y de Allende y Lanusse en Salta en 1971— derivaron en la firma de un Compromiso Arbitral por el cual se delimitaba una zona llamada por su forma “del martillo”, que comprendía todo el Beagle y un rectángulo dentro del cual estaban las islas Picton, Lennox y Nueva, solicitándose la intervención de una corte internacional con jueces de La Haya, que debía elevar sus conclusiones a la Corona británica, la cual sólo podría aceptar o rechazar la decisión en su condición de árbitro. Se discutía la aplicación del principio bioceánico, que la Argentina reclamaba, y el curso del Beagle, que para Chile llegaba hasta el cabo San Pío, mientras que para la Argentina lo hacía hasta la línea entre cabo María en Picton y punta Aarón en Navarino. El tribunal en pleno recorrió los canales en 1976 y decidió por unanimidad apoyar la tesis chilena —cuyo gobierno se preocupó especialmente por mostrar que había ocupado los sitios que reclamaba—, fijándose una línea de navegación. En Buenos Aires la presión pública comenzó de inmediato por considerar que se vulneraban derechos e intereses argentinos, intentando por la vía diplomática avanzar en un tratado complementario de límites que estableciera el condominio de las islas Evout, Barnevelt y Hornos. Ante el rechazo chileno, que se atenía al fallo internacional, se produjo una reunión de los presidentes de facto Videla y Pinochet en Mendoza en medio de un clima muy enrarecido. Sobre fines de enero de 1978 y “en razón de la nulidad manifiesta de la decisión”, el gobierno argentino declaró que “no se considera obligado a su cumplimiento” y la situación estuvo a punto de derivar en una guerra. La intervención del Vaticano, en la persona del papa Juan Pablo II y del cardenal Samoré, lo impidió, y se iniciaron largas negociaciones.

El resultado del referendo fijó las bases para la resolución pacífica del conflicto, sin embargo dejó marcas sustantivas en la población de la región:

“Nosotros todavía hoy lo llamamos guerra con Chile. Porque la vivimos como la verdadera guerra en el sentido psicológico, recuerda una docente fueguina. Pero lo que la experiencia que esta mujer evoca como guerra jamás fue tal. (…) Sin embargo, para entonces los fueguinos  habían experimentado una serie de episodios generados por los aprestos bélicos que hicieron que vivieran la amenaza de guerra y la presencia cotidiana de millares de soldados con una intensidad muy diferente a la del resto del país.” (Lorenz 2013: 99).

El conflicto por las Islas Picton, Lenox y Nueva en el canal de Beagle fue la antesala de la guerra por las Islas Malvinas (Otero 2022). Si bien los actores internacionales son distintos, la dictadura militar gobernante es la misma. En este sentido la región manifestó los dos últimos conflictos bélicos internacionales más importantes que tuvo la Argentina desde mediados del siglo XX. Siguiendo a Rosana Guber (2012) en su análisis sobre las razones que dieron lugar a la guerra de Malvinas encontramos que la misma se presenta como una oportunidad para constituir unidad frente al conflicto interno. La autora recupera el sentido de la construcción histórica de un enemigo externo, en base a la imagen de la “usurpación”. Esta causa establece los parámetros para que en la memoria se elabore la recuperación del espacio perdido para la reconstitución de la Nación. Así, las Islas Malvinas se fueron convirtiendo en “un excelente vehículo para, primero, denunciar la usurpación interna de la política y los derechos individuales, sociales y ciudadanos, y segundo para metaforizar la continuidad de una Nación vivida como discontinua y fracturada por su conflictivo proceso político” (Guber 2012: 164).

La causa Malvinas se constituyó, por su plena capacidad de disputa contra un gigante colonial, en un símbolo de la “plena argentinidad”. Sin embargo, la guerra significó también una fractura de esta causa, en el sentido de la ruptura de un reclamo legítimo en el fuero pacífico estableció el marco de una guerra “absurda” (Guber 2012:166), sobre la que los gobiernos democráticos deberán reconstituir el reclamo pero partiendo de políticas distintas. Primero, especialmente durante el gobierno radical, cuando se caracterizó como guerra “absurda” sobre una causa justa, para luego dar lugar a una resignificación que tendió a invisibilizar el conflicto bélico, con la constitución del Estado local durante la gestión presidencial de Menem.

Los conflictos bélicos establecieron el marco de consolidación de una necesidad creciente que desde el siglo XIX se viene presentando en la agenda internacional Argentina. Los recursos naturales, y especialmente la posibilidad de su explotación, y el dominio de las vías de comunicación marítima, hacen prominente el control soberano de la región. En este sentido, el impulso de la promoción industrial viene acompañado de la consolidación de población permanente que reafirme los derechos soberanos de una nación.

La Guerra de Malvinas y el Conflicto por las Islas Picton, Lenox y Nueva, configuraron el sentido de una Nación que debía constituirse en con mayor y mejor presencia del Estado. Para ello, la configuración del nivel subnacional garantizaba las formas institucionales para la producción capitalista en la región. Una vez sancionada la Ley de Promoción Industrial, y tras los conflictos bélicos, se atienden las necesidades de que el Estado garantice las formas de producción y reproducción del capital en la región.

Tal como hemos señalado anteriormente, el Estado capitalista (Jessop 1980) tiene características complejas tanto en función de sistema de instituciones como marco normativo para la reproducción del capital, pero también como sistema político que permite las capacidades para el desarrollo y contención de las clases sociales que intervienen en su desarrollo.

La densidad institucional que fue ganando la provincia de Tierra del Fuego llega a un punto culmine en el desarrollo en el advenimiento de la democracia que brindará el contexto para que el debate de la configuración del Estado local sea sustantivo.

El esquema 2 expresa con claridad la composición de las principales instituciones que se establecieron en la región como expresión del modelo productivo y de acumulación imperante. La Asociación Rural de Tierra del Fuego, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la Cámara de Comercio de Río Grande ya estaban configuradas para 1982. De igual forma los dos principales municipios, Ushuaia y Río Grande, y la reciente creada Comuna de Tolhuin en 1972. En representación de los trabajadores encontramos los sindicatos de trabajadores del petróleo, los metalúrgicos y comercio, expresión de los tres sectores económicos más importantes del modelo de desarrollo creciente en el contexto industrial cambiante.

En cuanto a AFARTE^[6] hay que recordar que se fundó en 1956 con el objetivo de fortalecer la industria electrónica en Argentina. Entre las empresas pioneras en esta asociación se encuentran SIAM Di Tella, BGH^[7], Radio Victoria^[8] y Philips de Argentina, entre otras. En sus primeros años, AFARTE se dedicó principalmente a fomentar el desarrollo del sector electrónico en diversas regiones del país, sin tener una conexión específica con Tierra del Fuego.

No obstante, en la década del ‘80, varias empresas asociadas a AFARTE aprovecharon los incentivos fiscales y otros beneficios ofrecidos por el gobierno argentino para establecer fábricas en Tierra del Fuego. Este movimiento marcó un hito en la historia de AFARTE, convirtiéndola en una organización destacada en las industrias electrónicas de Tierra del Fuego y en la implementación del régimen de promoción industrial en esa región.

Esquema 2. Instituciones locales diferenciadas por sector según períodos de desarrollo económico. Tierra del Fuego 1972 a 1982

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad, análisis normativo y documentos históricos de creación.

Con esta nueva configuración se iba haciendo necesario un Estado que pueda controlar el desarrollo capitalista de la región en un contexto mundial en transformación. Así el Estado debía configurar el desarrollo regional de forma de garantizar una mejor reproducción del capital y con ella las relaciones de producción. Un Estado local capitalista que tuviera la capacidad de interpretar los cambios locales emergentes.

Como apreciamos anteriormente, entendemos al Estado como un sistema de relaciones que es mucho más que la expresión de las relaciones económicas, y que por ende comprende un sistema político, institucional y normativo que paulatinamente puede ir tomando grados de autonomía que le permitan direccionar el desarrollo económico. Sin embargo, también somos conscientes de las distintas luchas de intereses contrapuestos entre sectores económicos y de clase que tienden a tensar la configuración de ese Estado.

Como observaremos a continuación el Estado local es producto de la configuración de clases consolidadas y otras emergentes. Se ha apreciado que se configura una burguesía rural, posteriormente observamos el crecimiento de una burguesía nacional relacionada a la promoción industrial que paulatinamente ganará lugar en la escena (aunque tenderá a participar de ámbitos nacionales donde se configura la toma de decisiones del régimen emanado de la 19.640), finalmente, se configura una burguesía local, relacionada en parte al aparato estatal municipal y territorial creciente y al sector comercial que gana densidad en el desarrollo poblacional a la sombra de la promoción.

Gráfico 1. Participación de los tres sectores de la economía en el Producto Bruto Geográfico de Tierra del Fuego. Años 1972 a 1982. Base 1970=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Producto Bruto Geográfico de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego.

Tal como revisamos en palabras de Miguel Mastrocello (2008) la Ley de Promoción Industrial recibió el impulso de los sectores comerciales y el empresariado local creciente, en base a la necesidad de la diversificación de la estructura productiva. El autor pone en la figura de Mariano Viaña^[9] el impulso a la ley, quien además de su rol como empresario rural y del comercio local, fue Ministro de Economía de gobiernos territoriales, y más adelante en los gobiernos provinciales electos del Movimiento Popular Fueguino. El gráfico 1 reproduce una fluctuación de la estructura productiva en sus tres grandes sectores de la economía. Esto se debe a los cambios que comienza a atravesar el Tierra del Fuego producto de los intentos de diversificación productiva de la década de 1960 y de la instalación de las industrias hacia finales de la década de 1970.

Aquí se hace necesario retomar el contexto histórico a escala nacional en el que se desenvuelve la instalación del nuevo régimen de promoción industrial. La Ley 19.640 fue promulgada en el marco de la finalización de la dictadura cívico militar instalada en 1966 y que para 1972 contaba con Lanusse en el ejercicio del cargo presidencial. Siguiendo a Basualdo (2006), luego del golpe y derrocamiento del gobierno peronista de 1955, se aprecia una continuidad en el proceso de desarrollo general especialmente en dos etapas, la preparación del proceso de consolidación de la industria pesada entre 1958 y 1963, y un proceso de expansión del producto bruto interno de 1963 a 1974:

Una vez que culminó la integración de la industria pesada a la estructura económica local se inició la década de crecimiento económico e industrial más acentuado e ininterrumpido de la historia argentina. Así, entre 1963 y 1974 el PBI se expandió un 54%, que es equivalente a una tasa de crecimiento anual acumulativa del 5,8%. Más acentuado aún fue el aumento del PBI per cápita al llegar al 82%, lo que supone una tasa de crecimiento anual acumulativa del 6%. (Basualdo 2006: 124)

En el marco político de 1973 nos encontramos con el retorno del peronismo luego de 18 años de proscripción. El corto gobierno de Perón significó también la ruptura de un proceso económico que tuvo serias dificultades para estabilizar la macroeconomía por parte del ministro Gelbard. Las medidas de ajuste económico impuestas por Celestino Rodrigo en 1975 representaron el fin del proceso de desarrollo económico y también el cambio de paradigma industrial que había dominado la escena (Schorr 2004).

La llegada de una nueva dictadura militar el 24 de marzo de 1976 expresó la instalación definitiva del paradigma neoliberal, el cuál fue posible en el marco de un proceso de aniquilamiento de parte de la disidencia política y social estableció el disciplinamiento de las estructuras productivas que apelaran a modelos redistributivos y hasta desarrollistas.

La política económica de la dictadura militar fue llevada adelante por Martínez de Hoz, miembro de la oligarquía argentina que aplicó políticas de corte monetaristas que implicaron un cambio directo en el modelo de acumulación, dando un cierre al proceso de industrialización argentino. Siguiendo a Schorr (2004: 64-65):

En este marco, el sector manufacturero se contrajo significativamente, de modo tal que en los años posteriores al golpe de estado de marzo de 1976 se produjo el cierre de más de veinte mil establecimientos fabriles; el producto bruto del sector cayó cerca del 20% entre 1976 y 1983; la ocupación disminuyó en ese mismo período y se redujo el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía.

El nuevo modelo económico no solo produjo estancamiento del sector, sino de toda la economía, “entre 1974 y 1990 el PBI creció un 4% en todo el período, lo que implicó una tasa de crecimiento anual acumulativa tendiente al 0%” (Basualdo 2006: 127). El modelo significó una reorientación de los ámbitos privilegiados de acumulación a nivel nacional, en los que primaron los “mecanismos de valorización financiera del capital” (Castellani 2012: 26).

Este proceso se da en el marco de la apertura comercial, la reforma financiera y una alta disponibilidad de fondos provenientes del extranjero, los cuales se materializaron en la adquisición de deuda, tanto pública como privada que viabilizó la fuga de capitales y la valorización extranjera. Así, en marcado contraste, la promoción industrial de Tierra del Fuego significó para el mismo período un espacio para el “resguardo” de las industrias nacionales que frente a la apertura de las importaciones y la eliminación de las restricciones arancelarias e impositivas, tenderían a perder competitividad con manufacturas extranjeras (Hermida et al 2014).

El cambio de actitud de los inversores respecto al régimen fueguino verificado hacia esos años responde en realidad a factores exógenos a la propia legislación que tienden a incrementar sustancialmente la capacidad inductora derivada de la misma. En efecto, la creciente competencia local de productos importados abaratados significativamente como consecuencia de la propia política macroeconómica modificó, de hecho, el poder inductor que emanada de los beneficios arancelarios (Aspiazu 1988: 37)

Aspiazu explicita las razones por las cuales la promoción fueguina se demoró en atraer la radicación de los establecimientos en Tierra del Fuego. Según el autor el proceso de radicación de plantas industriales en la Isla Grande se acelera entre 1981 y 1985, hecho que se comprueba en los cuadros presentados a continuación.

Cuadro 4. Número de establecimientos y personal ocupado, según rama de actividad. Territorio Nacional de Tierra del Fuego. Años 1980 a 1985

Nota *: Cifra estimada.

Nota (1): Equipos, aparatos de radio, de T.V. y de comunicaciones

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario estadístico de Tierra del Fuego 1975-1984. Dirección general de Estadística y Censos.

A pesar de los importantes beneficios que proveía se hizo realmente atractiva frente al impacto de la nueva política macroeconómica impuesta por Martinez de Hoz al frente de la cartera económica de la dictadura cívico militar.

Este ámbito privilegiado de acumulación, que benefició a un grupo específico del capital de tipo industrial, fue posible por dos razones, primero porque el régimen regulatorio de la ley de promoción industrial les brindaba la protección frente a la apertura e impacto sobre el sector manufacturero continental. Segundo, porque el contexto de tensión y conflicto internacional requirió potenciar las migraciones hacia Tierra del Fuego que garantizaran un crecimiento poblacional de la región. Adicionalmente el desarrollo del mundial de 1978, junto con la conversión de la televisión a color configuró el principal bien a producir en la Isla Grande.

En un contexto nacional de alta regresividad y cierto estancamiento económico luego del ajuste de Celestino Rodrigo, y las políticas ortodoxas de Martínez de Hoz, Tierra del Fuego parece exhibir cierta recuperación y hasta cierto grado de crecimiento, tal como apreciamos en el gráfico a continuación.

Gráfico 2. Tasa de crecimiento del Producto Bruto Geográfico para Tierra del Fuego y Producto Interno Bruto para el Total País. Años 1972 a 1983. Base 1970=100

Nota: Para Tierra del Fuego se carece de datos para los años 1976, 1977, 1978, 1979 y 1981. En el caso del Total País se carece del dato de 1979 por cambios en las series.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Producto Bruto Geográfico de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego, y del Producto Interno Bruto para el Total País de INDEC.

Asimismo la ley logra uno de los objetivos buscados, potenciar las migraciones internas y garantizar el crecimiento poblacional de la región. Entre los censos de 1970 y 1980, la población de la provincia crece de 13.527 habitantes a 27.358, siendo la tasa anual media de crecimiento del período de 73,7 y la variación porcentual de 102,2. Este proceso tendrá continuidad y hasta vivirá uno de los períodos más intensos entre 1980 y 1991, como veremos en el próximo subcapítulo (Hermida et al 2016).

Cuadro 5. Población, Tasa anual media de crecimiento y variación porcentual. Tierra del Fuego. Censos Nacionales de 1970 a 2015

Nota*: El 2015 fue estimado sosteniendo la tasa de crecimiento medio anual obtenida en base a los datos del Censo 2022. Se tuvo en cuenta también las estimaciones de población proporcionadas por INDEC en base al Censo 2010. La variación porcentual es la correspondiente al período entre 2010 y 2015

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacionales de Población y Viviendas.

En resumen, y siguiendo lo demostrado por Centeno (2014: 242), un eje importante en el análisis de la formación de los Estados, es el sistema y presión fiscal que estos administran. La ley 19.640 de 1972 establece una serie de beneficios fiscales y aduaneros para el capital, aunque también, y de menor impacto, para el resto de la sociedad civil, que se encuentra en el ámbito del Territorio. Este claro sistema satisfizo tres funciones, la primera fue la constitución de un complejo y moderno sistema burocrático administrativo que permita la regulación fiscal de una región cuyos mares colindantes fueron históricamente el paso obligado de gran cantidad de mercaderías. Por otra parte, fue una clara herramienta de control del desarrollo de la región por parte del Estado Nacional. Finalmente, y como ya fuera dicho, involucró el fortalecimiento de una burguesía industrial que recibe las transferencias del Estado Nacional con la eximición de los impuestos nacionales (Mastrocello 2008).

Si bien varias provincias del país recibieron beneficios impositivos en el mismo período, como fue el caso de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, estos fueron distintos y discontinuados más tempranamente. La única provincia que sostuvo el régimen hasta la actualidad es Tierra del Fuego. Sin embargo, no fue hasta finales de la década del ’70 que el sistema tomó fuerza, ello se debe a tres cuestiones. Primero a las promociones específicas que recibe la ley, dado que funciona con la erogación impositiva por cada proyecto en particular. Segundo, a la apertura aduanera llevada adelante por la dictadura militar. En este contexto, la ley funcionó como “protectora” de las industrias que allí se instalaron (Schvarzer 1987). Finalmente, la tensión geopolítica desarrollada entre 1978 y 1982 parece ser, aunque no esté claramente relacionado, un eje por el que la dictadura puede haber profundizado el régimen de promoción industrial.

Como apreciamos en base a lo señalado por Rosana Guber (2001), Malvinas ha funcionado sucesivamente como vehículo para reintegrar a la Nación, una Nación, que como bien observa Centeno (2014), no nace con una clara “identidad nacional”. Sin embargo, podemos mencionar que en términos institucionales la Gobernación del Territorio Nacional fue ejercida por interventores militares de la Armada (Canelo 2011), suspendiendo las instituciones que tenían representantes electos, es decir, los concejos deliberantes y ejecutivos de las Municipalidades de Ushuaia y Río Grande. Como en el resto del país la violencia política e institucional fue ejercida hacia todas las organizaciones de la sociedad civil^[10].

La dictadura ejerció el Estado autoritario-modernizante desde un poder anclado en una base social estrecha apoyada en “sectores de la burguesía comercial, importadora y exportadora, la gran banca nacional los productores de bienes primarios exportables, en coalición con las grandes firmas de capital extranjero, a los que se plegaban como asociados menores algunos sectores medios de profesionales, intermediarios y ejecutivos. En realidad, la base social de estos regímenes militares ha sido estrecha, tanto que ella explica su índole pretoriana, o sea autoritaria y represora.” (Garciarena 1984: 246)

Este desarrollo local producto del incentivo de la ley, va a ir generando paulatinamente una burguesía local (Hermida, Malizia, Martínez Cugat y Oyarzo 2014), que con la ampliación de los centros urbanos y el consumo de productos anclados al espacio territorial, va a ir estableciendo un proceso de rápido crecimiento. Esta fracción de la burguesía fueguina relacionada al sector comercial, inmobiliario, y turístico (hotelero, gastronómico y de servicios conexos), se va a ir constituyendo en “demandante” de la conformación de un Estado Provincial.

Si bien la burguesía fueguina se encuentra en principio alejada del desarrollo industrial producto de la ley 19.640, es “beneficiada” por el crecimiento poblacional que la industria trajo (Hermida, Malizia y van Aert 2016). Este es el sector de la burguesía que va a cimentar y profundizar la provincialización^[11], que en convergencia con una nueva élite política, van a llevar la “causa” en el período democrático, basados en un discurso geopolítico y de tensión internacional.

La conformación del Estado Provincial (1983 a 1991)

Desde 1983 y con el arribo de la democracia, los cambios institucionales y políticos se ven fuertemente acelerados. Los gobernadores del Territorio Nacional designados por el Poder Ejecutivo Nacional son todos civiles. A su vez pasan a ser electivos los poderes legislativos locales, y las municipalidades de Ushuaia y Río Grande cuentan con intendencias electas por voto directo.

Esta transformación institucional se expresa en el debate parlamentario nacional, donde se instala la necesidad de conformar el Estado de la Provincia de Tierra del Fuego. Allí se aprecia un intenso correlato con la configuración de una burguesía local que creció fuertemente en el período previo (Hermida 2018a).

Como señalamos en el apartado anterior se aprecia una fuerte transformación de la estructura productiva de la provincia, especialmente el cambio de las actividades primarias a las vinculadas con la industria, pero también un fuerte crecimiento del sector terciario vinculado a los servicios comerciales y la construcción. Estos son influenciados por el crecimiento poblacional producto de las migraciones internas con fines de cubrir la demanda laboral creciente del sector industrial. Esta transformación se traduce en una complejización de la estructura ocupacional, creciendo de esta forma los sectores asalariados vinculados a la industria.

A nivel nacional el primer gobierno democrático en 1983, presidido por Raúl Alfonsín, se propuso en materia económica (Ortiz y Schorr 2006: 295):

• Recuperar el nivel de los salarios
• Lograr la expansión del PBI y de los niveles de producción industrial perdidos durante la dictadura militar
• Encarar negociaciones con los acreedores externos
• Mantener, y hasta reducir, los niveles del déficit fiscal
• Controlar la inflación acordando con los formadores de precios su evolución mensual

Recordemos que luego del rodrigazo la inflación no pudo ser controlada por la gestión económica de la dictadura cívico-militar, por lo que uno de los objetivos centrales de los gobiernos democráticos se estableció en el control del alza de los precios. Para ello se siguieron distintas alternativas que, en materia general, confluyeron en propuestas de orden tecnocrático. En este sentido diversos autores (Basualdo 2006, Ortiz y Schorr 2006, Castellani 2012, Heredia 2006) coinciden en que si bien el gobierno radical estableció en primer momento algunas respuestas heterodoxas, se empiezan a aceptar las alternativas más ortodoxas de la economía, que tienden a los lineamientos establecidos por los organismos internacionales de crédito, y con ellos un giro hacia la aplicación de políticas neoliberales.

En este contexto el plan austral propuesto por Sourrouille tiende a atender a las propuestas generales de estabilización conforme al recetario alejado de las propuestas de corte heterodoxo (Ortiz y Schorr 2006: 299). Este esquema es una herencia producto del quiebre establecido en el equipo económico de Martínez de Hoz, y que se apreciará durante el primer gobierno democrático y que terminará de consolidarse en el gobierno de Menem (Heredia 2006).

Otra “herencia” tiene que ver con la continuidad de los sectores dominantes del capital que seguirán ganando durante el gobierno radical. Como bien demuestran Aspiazu, Basualdo y Khavisse (1986), durante la dictadura militar tendió a la concentración económica, constituyendo fuertes oligopolios, estos grupos económicos serán los mismos que profundizarán sus beneficios entre 1983 y 1989, y aún más entre 1989 y 1991, aunque con una dinámica distinta (Basualdo 2006, Castellani 2012).

Los ámbitos privilegiados de acumulación se sostuvieron debilitando cada vez más las capacidades estatales para ejercer procesos de disciplinamiento del capital (Castellani 2012: 30). Así “estos grandes capitales consolidaron su capacidad de condicionar el desarrollo económico y social del país, reduciendo de manera sustancial y creciente los grados de autonomía relativa del sistema político” (Schorr 2004: 75).

Las firmas que tuvieron acceso a estos ámbitos lograron expandir y/o consolidar su posición dentro del espectro de las más grandes del país. Pero al considerar los diversos tipos de transferencia realizados durante ese período, se observa que la incidencia más favorable sobre las dinámicas de acumulación de las empresas tuvieron la promoción industrial y el pago de precios diferenciales en las operaciones que las firmas realizaban con las empresas y /o reparticiones del Estado. (Castellani 2012: 31)

Estas transferencias resultaron beneficiosas para las industrias instaladas en Tierra del Fuego y sostuvieron el proceso de crecimiento a finales de la década de 1970. También tuvieron cierto grado de expresión en el crecimiento del producto regional, tal como manifiesta el gráfico 3, donde a su vez podemos apreciar la “sensibilidad” o tendencia a la variación extrema de la economía fueguina frente al total del país tanto a las crisis como a las recuperaciones.

Esta sensibilidad se explica por dos razones principales. En primer lugar, la economía de Tierra del Fuego es de menor escala en comparación con la economía nacional. En segundo lugar, la economía fueguina es susceptible a cambios externos debido a dos factores. Por un lado, muchos de los productos industriales fabricados en la Isla Grande dependen en gran medida de insumos importados. Por otro lado, la producción de bienes exportables está vinculada principalmente al sector de los hidrocarburos y al mercado lanar, ambos sujetos a influencias internacionales. Esta sensibilidad se convertirá en un rasgo recurrente de los procesos económicos en Tierra del Fuego.

Siguiendo a Ortiz y Schorr (2006), de los objetivos propuestos al inicio del gobierno, Alfonsín no logró concretar gran parte de ellos, como controlar la inflación, sino que en el intento para alcanzarlos terminó generando procesos más intensos de concentración del capital. Paulatinamente la política económica se fue trasladando de la escena estatal a los sectores dominantes con la finalidad que asistan en el alcance de la solución a la crisis estructural. En este sentido se generaron especiales espirales de concentración, que tampoco se cristalizaron en un crecimiento de la economía.

Gráfico 3. Tasa de crecimiento del Producto Bruto Geográfico para Tierra del Fuego y Producto Interno Bruto para el Total País. Años 1983 a 1991. Base 1970=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Producto Bruto Geográfico de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego, y del Producto Interno Bruto para el Total País de INDEC.

Este proceso fue paulatinamente regresivo, como apreciamos en términos de la distribución del ingreso, característica que dio continuidad al proceso ya iniciado durante la dictadura militar, y que la administración radical no frenó. En parte esta cuestión se debe a la reducción del entramado productivo de tipo industrial, especialmente de las empresas medianas a chicas, lo que se tradujo en un proceso de crecimiento de las tasas de desocupación, que junto con la caída del salario real producto del constante deterioro producto de la inflación sostenida, resultó en la concentración de riqueza en los sectores dominantes. En palabras de Schorr (2007: 41):

La notable reducción de la inversión que se verificó en el transcurso del decenio de los ochenta (que involucró a la realizada tanto por el sector público como, en menor medida, por el privado) constituye un fenómeno económico y social de suma trascendencia por dos motivos básicos. Por un lado, esa acentuada y prácticamente ininterrumpida disminución de la formación de capital fue decisiva para determinar el estancamiento y la aguda crisis económico-social de esos años (en particular la verificada en el ámbito fabril), así como, al reducir la demanda de mano de obra, fue clave en el aumento del desempleo, la caída de los salarios y, derivado de todo ello, la consolidación de una matriz distributiva sumamente regresiva. (Schorr 2007)

Gráfico 4. Evolución del Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de la población. Total aglomerados urbanos y aglomerado Ushuaia-Río Grande. Años 1985 a 1991

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares Puntual sobre datos disponibles en bases usuarias.

Tal como expresamos la concentración económica y la redistribución regresiva del ingreso tiene directa relación con el aumento de las tasas de desocupación. En las aclaraciones metodológicas hemos comentado que la Encuesta Permanente de Hogares incorpora el aglomerado Ushuaia-Río Grande en 1988, por lo que es desde este año que contamos con información del mercado de trabajo de la provincia^[12]. El deterioro del sistema industrial exhibe sus características en una provincia que ha tenido el crecimiento a la luz de la ley 19.640. Así la década de 1990 con el nuevo gobierno de Carlos Menem se dará con un aumento de las tasas de desocupación por encima de las detectadas a nivel nacional, y una redistribución regresiva del ingreso también superior a la nacional, hecho que no tuvo continuidades en la historia de Tierra del Fuego (Hermida 2013).

Gráfico 5. Tasa de desocupación. Argentina y Tierra del Fuego. Años 1974-1991

Nota: Para Argentina se utilizó la totalidad de los aglomerados urbanos en cada período. Tierra del Fuego se traduce en el aglomerado urbano constituido por las ciudades de Ushuaia y Río Grande. Se presentaron los indicadores para todos los trimestres disponibles de la EPH puntual.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

Este proceso de deterioro y reestructuración del sector industrial tiene, para Tierra del Fuego, su correlato en la participación en el producto bruto regional desde 1990. Tal como se observa en el gráfico a continuación, entre 1983 y 1989 apreciamos un proceso de crecimiento del sector secundario de la economía. Pero luego de la hiperinflación de 1989, junto con el proceso de deterioro de la matriz industrial producto de la aplicación de políticas neoliberales del menemismo, que reorientó el modelo de acumulación, en la provincia comienza a gestarse un nuevo proceso económico que tenderá a acrecentar el sector terciario relacionado al turismo (Basualdo 2006, Schorr 2004, Mastrocello 2008, Hermida 2021, 2018a).

Gráfico 6. Participación de los tres sectores de la economía en el Producto Bruto Geográfico de Tierra del Fuego. Años 1983 a 1991. Base 1970=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Producto Bruto Geográfico de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego.

El proceso de crecimiento que la industria fueguina presentó desde finales de la década del ’70 se sostuvo hasta 1989 y tuvo su correlato en un fuerte crecimiento poblacional, producto de flujos migratorios, principalmente nacionales, que se quintuplicaron, atendiendo a las necesidades de mano de obra nacida de la instalación de establecimientos productivos. Así registramos el crecimiento de la población del territorio: hacia 1980 Tierra del Fuego ya tenía 27.463, y en 1991, 69.369 habitantes, esto significa una tasa de crecimiento medio anual de 92,1% y una variación porcentual intercensal del 153,6%, la que resultará ser la más alta registrada en todo el período analizado hasta 2015 (Hermida, Malizia y van Aert 2016).

Gráfico 7. Cantidad total de ocupados urbanos y distribución relativa de la población ocupada por sectores de actividad. Tierra del Fuego. Años 1988 a 1991

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el Aglomerado Ushuaia-Río Grande, INDEC.

La transformación de la estructura poblacional fue producto de las migraciones que atendieron a la ampliación de la demanda de empleo y con ella la creación de puestos de trabajo, especialmente los relacionados al sector manufacturero hasta 1989. Tal como mencionamos anteriormente las bases de datos disponibles para la Encuesta Permanente de Hogares en el aglomerado Río Grande-Ushuaia desde 1988 presentan información agregada por grandes ramas de actividad, por esta cuestión la distinción del crecimiento de algunos sectores se obstaculiza. Especialmente los relacionados al sector público. En el gráfico 7 apreciamos un crecimiento desde 1990 del sector de Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Tiende a sostener su participación el sector de comercio y hotelería, y se amplía levemente el sector financiero local. Se aprecia que los ocupados que presentaban franco crecimiento entre 1988 y 1989, pasando de 24.750 a 25.460, tienen a mantener un valor estable en torno a los 25.167 en los años 1990 y 1991. Es de suponer que el proceso de crecimiento que se evidencia entre 1988 y 1989 tiene correlato con el sostenimiento del crecimiento poblacional observado desde 1980 (Hermida et al 2016, Mastrocello 2008).

Cuadro 6. Distribución absoluta y porcentual de la población ocupada según grupos ocupacionales y posiciones de clase en Tierra del Fuego. Años 1980 y 1991

Nota: El análisis de los datos de 1980 se realizó desde el informe para el CFI-CEPAL realizado por Susana Torrado en 1989 sobre datos del Censo de ese año.

Fuente: Elaboración propia basado en el esquema de clases de Palomino y Dalle (2012, 2016) con información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1980 y 1991, INDEC.

El fuerte crecimiento de la estructura productiva vino acompañada de transformaciones de la estructura social. Tal como se aprecia en el cuadro 6 entre 1980 y 1991 las clases populares pasan de 7.320 a 18.248. Si bien este crecimiento lo tuvo todo el mercado laboral, con la creación de 16.844 puestos de empleo, el impacto más fuerte se encontró en las ocupaciones relacionadas a los obreros calificados de la industria y los servicios asociados, quienes pasaron de 1.093 a 7.071. La característica de los datos censales, además de presentar diferencias con la EPH, impide observar las fluctuaciones que vivió la estructura ocupacional en el marco de las políticas aplicadas entre 1980 y 1991. Más allá de ello, permite que apreciemos el crecimiento del sector industrial producto de la ley 19.640.

Este crecimiento del empleo, especialmente el relacionado a los obreros y trabajadores calificados vendrá acompañado de un rasgo que resultará distintivo del mercado de trabajo de Tierra del Fuego^[13], los altos niveles de asalarización y registración que presenta con respecto al resto del país. Aspiazu (1988: 51) presenta un grado de asalarización de Tierra del Fuego del 83,6% para 1973 y del 95.5% para 1984 cuando a nivel Total País era del 83% para 1973 y 85% en 1984. En la misma línea Hallak, Mascarenhas, Pezzarini, Bentivegna, y Park (2023: 23) señalan:

El rápido crecimiento demográfico del último medio siglo está asociado no sólo a la Ley 19.640, sino también al subrégimen industrial. Este entramado de normas fomentó la radicación de nuevos establecimientos productivos y, con ellos, la expansión del empleo privado. Durante décadas, los empleos asalariados privados registrados crecieron en Tierra del Fuego muy por encima de la media nacional.

Este proceso fue acompañado por la creación de instituciones y organizaciones públicas y privadas que siguieron a la radicación de estas poblaciones (Hermida, Malizia, Martínez Cugat y Oyarzo 2014). La recuperación de la democracia traerá aparejado también el crecimiento de la actividad sindical. Como observamos en el período anterior, las actividades del petróleo, la industria metalmecánica y el comercio tuvieron sus asociaciones de base sindicales, en 1982. A nivel nacional, el 30 de marzo de ese año, días antes del inicio de la guerra por Malvinas, se realiza la marcha nacional y multitudinaria por “Pan, Paz y Trabajo” convocada por la CGT Brasil, dirigida por Saúl Ubaldini. La movilización fue tan significativa que invita a esgrimir la teoría de un intento de legitimación de la dictadura militar en la declaración de guerra 3 días después de la marcha, objetivo que se perderá luego de la rendición 74 días después (Gúber 2012: 27).

Si el resultado de la guerra fue el inicio de la finalización de la dictadura, también fue el inicio y reactivación de la movilización política y sindical, proceso que se observa a nivel local. Así, en 1983 otros ocho sindicatos inician sus actividades en Tierra del Fuego, cuatro relativos al sector público y cuatro al sector privado. En cuanto a estos últimos se aprecian la Asociación Obrera Textil, directamente asociada al régimen, el sindicato de portuarios, el SOMU y de camiones, SICHOCA, ambos relacionados a la logística que implicó el crecimiento de la promoción industrial. Finalmente encontramos la asociación sindical de la a la minería, ASIMRA, actividad que ya tenía presencia en la región, pero que presentaba ausencia de actividad gremial.

Esquema 3. Instituciones locales diferenciadas por sector según períodos de desarrollo económico. Tierra del Fuego 1983 a 1991

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad, análisis normativo y documentos históricos de creación.

En cuanto a las cuatro asociaciones gremiales del sector público, la fecha de establecimiento o creación corresponde al año 1989. Tanto ATE, SOEM y ASOEM, se corresponden al desarrollo de los municipios de Ushuaia y Río Grande. La legislatura, con inicio de actividades desde 1983, también tuvo la fundación de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL).

Por parte del sector empresario, se destaca la creación de la Unión Industrial Fueguina, asociación que se nuclea en la Unión Industrial Argentina y que amplía la base de las empresas afectadas a la promoción industrial. Junto a AFARTE, es la cámara que presenta impulso relacional a la Ley 19.640.

Estas organizaciones, cámaras empresarias, sindicatos y partidos políticos, fueron las principales impulsoras, desde el retorno de la democracia, del debate acerca de la provincialización del último Territorio Nacional que quedaba en la República Argentina.

Si bien la disputa legislativa se posicionó discursivamente en el eje geopolítico (de Antueno 2015), es decir, si se incluían o no en los límites los territorios de ultramar que eran objeto de los conflictos interestatales, las características de este proceso de estatidad van a estar expuestas en la necesidad de contar con un Estado “propio” que la emergente burguesía local va querer capturar.

Una vez resuelto el conflicto por las Islas Picton, Lenox y Nueva con el arbitraje del Vaticano y el plebiscito nacional de 1984, los dominios reclamados en el Atlántico Sur que fueron parte de la Guerra de Malvinas, junto a la Antártida, quedarán en el reclamo argentino.

Así en el desarrollo del debate legislativo por la provincialización de Tierra del Fuego se evaluaron dos propuestas. Por un lado el proyecto remitido por el ejecutivo radical establecía la denominada Provincia Chica, lo que incluía el área ya controlada de la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados, pero dejaba en el marco del dominio nacional los otros territorios de ultramar y el área reclamada de la Antártida. Este proyecto ingresado al congreso por el bloque radical en 1986, encabezado por Fernando de la Rúa y recibe media sanción de la Cámara de Diputados en ese año. En Cámara de Senadores obtuvo media sanción en 1988 el proyecto de Provincia Grande, presentado en 1984 por el entonces Diputado Nacional Martín Torres del Partido Justicialista. (De Antueno 2015: 138-139)

Este proyecto fue sancionado por la Ley 23.775 creando la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el 26 de abril de 1990. Además del área Argentina de la Isla Grande y la Isla de los Estados, se incluyeron las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur, lugar donde se suscitaron enfrentamientos en 1982, las Islas Aurora, las Islas Sandwich del Sur, y ya en territorio Antártico, las Islas Orcadas del Sur, las Islas Shetland del Sur, el Archipiélago de Palmer, la Península Antártica y el territorio reclamado hasta el Polo Sur (de Antueno 2015).

Mapa 7. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur en el marco de la Ley 23.775

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Más allá del debate sobre la extensión de la nueva provincia, existía acuerdo en avanzar en el proceso de la provincialización^[14]. Como observamos anteriormente el proceso de desarrollo industrial y económico había logrado parte del objetivo, consolidar el poblamiento y la conformación de instituciones políticas, sociales y económicas. Los actores locales habían logrado atraer capitales de la burguesía nacional y con ella concretar un proceso de crecimiento y diversificación económica. Esta diversificación de la estructura productiva y la consolidación de actores sociales significativos establece las bases para la necesidad de conformar un Estado local (Hermida 2018b, Hermida 2021, Hermida et al 2014).

Los sectores de la burguesía local, propietaria de la tierra y con fuerte participación en los ámbitos rurales, turísticos y comerciales, sumados a los cuerpos técnicos profesionales de los Estados Territorial y municipales, en conjunto con actores políticos emergentes, van a dar lugar a la formalización en la constitución provincial y la plena institucionalización del Estado Provincial en 1991.

Con el Decreto Presidencial 905 de 1990 que reglamenta la Ley Nº 23.775, se establecía el llamado a elecciones para elegir 19 convencionales constituyentes que tendrían que establecer el marco constitucional de la nueva provincia en un plazo de noventa días, pudiendo prorrogar su mandato por treinta días más.

Las elecciones de convencionales constituyentes fueron convocadas para el 9 de diciembre de 1990, votando un total de 26.817 electores, siendo el Movimiento Popular Fueguino (MOPOF o MPF) la lista más elegida, con 12.083 sufragios, logrando así once de las diecinueve bancas. Los constituyentes del MPF fueron: Elena Rubio de Mingorance, Miguel Angel Castro, José Arturo Estabillo, Hernán López Fontana, Demetrio Eduardo Martinelli, Néstor Nogar, Carlos Alberto Pastoriza, Carlos Alberto Pérez, Ruggero Preto, Rosa Delia Weiss Jurado y Diana Graciela Wilson.

El Partido Justicialista obtuvo 5.249 votos, logrando cinco bancas: Luis Alberto Andrade, Mario Félix Ferreyra, Alejandro Federico Funes, César Marcos Mora y Alberto Carlos Revah, reemplazado el 29 de enero de 1991 por Ricardo Alberto Furlan, ya que Revah juró como ministro de Economía en el Gobierno del delegado Presidencial.

En cuanto al radicalismo, logró 2.638 votos, con lo cual llegaron a ocupar dos bancas: Pablo Daniel Blanco y Jorge Rabassa. La última banca, con 1.453 sufragios, fue ocupada por el representante del Partido Socialista Auténtico, el abogado Luis Edelso Augsburger.

Un ejemplo que quizá puede resultarnos de utilidad es analizar la composición de los representantes constituyentes de un partido político local que suele presentar lazos de relación con la burguesía local, el Movimiento Popular Fueguino (MPF)^[15]:

• Carlos Alberto Pastoriza, empresario rural que fue Presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego (entidad local se encuentra afiliada a la Sociedad Rural Argentina) de 1973 a 1991, año en que deja la presidencia para ocuparse como constituyente.
• José Arturo Estabillo, luego de ser constituyente provincial será el primer gobernador electo de la Provincia por dos períodos, de 1991 a 1999. Durante dicha etapa será también constituyente nacional en 1994. Finalmente ejercerá la Presidencia del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional.
• Elena Rubio de Mingorance, presidenta y fundadora del Movimiento Popular Fueguino, antigua pobladora de Rio Grande y empresaria de la región ganadera de Tierra del Fuego. Al igual que Estabillo fue constituyente nacional en 1994.
• Néstor Nogar, empresario de la ciudad de Río Grande, a su vez fue intendente de dicha ciudad.
• Ruggero Preto, empresario de la localidad de Ushuaia, se encuentra vinculado al sector inmobiliario, al comercio y al turismo. Fue Ministro de Economía de Estabillo.

Tras la sanción y jura de la constitución el 1 de junio de 1991, se celebraron las primeras elecciones a la gobernación, ganando José Arturo Estabillo del Movimiento Popular Fueguino, quien asumió el 10 de enero de 1992. Como se mencionó anteriormente el MPF es un partido de base local que tiende a representar los intereses de los sectores dominantes de Tierra del Fuego. Dado que la actividad privada de estos sectores se relaciona al comercio, a la explotación inmobiliaria y en el emergente turismo, la inclusión del artículo 65 en la constitución provincial resulta lógica:

Artículo 65°.- El Estado Provincial se abstendrá de intervenir en la actividad privada, comercial o industrial, hasta donde ello sea compatible con el bienestar general de la población, a la que defenderá de todo tipo y forma de abuso de poder económico.

De esta forma en las actividades que el Estado Provincial había sido promotor, como es la hotelería o los servicios turísticos, observaremos un corrimiento en un proceso de privatización de la actividad. Cuestión que irá en línea con el modelo neoliberal esgrimido a nivel nacional por la administración menemista (Schorr 2004). Este primer gobierno provincial que iniciará el Movimiento Popular Fueguino será una primera etapa del Estado provincial, que más allá de la garantía de las formas de reproducción del sistema capitalista, parecerá un Estado capturado por la burguesía local.

Así, y siguiendo lo conceptualizado por Cavarozzi (1978) nos encontramos frente a un Estado capturado, que al igual que los descriptos por el autor en esta instancia resulta igualmente liberal e intervencionista. “Su liberalismo consistió básicamente en la ausencia de límites y condicionamientos a los comportamientos individuales de los capitalistas. Pero esta circunstancia no debe ocultarnos la participación decisiva que tuvo el Estado en la construcción y manejo del nuevo orden económico y en el paralelo proceso de constitución de la burguesía” (Cavarozzi 1978: 1335-1336). Es decir la burguesía constituye al Estado capitalista burgués y este la reconstituye a ella.

La constitución fueguina brinda el espacio institucional para un Estado garantista de las relaciones de producción capitalista (O’Donell 1977), al igual que el Estado Nacional Argentino, el Fueguino es un Estado que sostiene las formas de dominación del sistema capitalista, basadas en la relación de desigualdad.

Conclusión del capítulo

Los hechos aquí analizados permiten concluir la importancia de la promoción industrial encuadrada en la Ley 19.640 como modelo para la expansión y consolidación del desarrollo capitalista en Tierra del Fuego. Con ella se conforma una incipiente burguesía local, que en pos de garantizar la reproducción de su capital, observa la necesidad de controlar el Estado Provincial. Para ello es sustantivo que ese Estado sea creado. El contexto neoliberal emergente brinda las bases para la conformación del Estado Fueguino. Este será en principio configurado y capturado por la burguesía local que, en el contexto neoliberal imperante a nivel nacional, podrá establecer las políticas públicas que garanticen la reproducción y ampliación de su capital.

El Estado nacional y provincial, tanto con la firma de los límites en 1881 como en la intervención efectiva del espacio, fueron configurando las fronteras en línea con los patrones de necesidad, en este sentido, y siguiendo a Lefebvre (2013 [1974]: 165), las representaciones del espacio que configuró el Estado estuvieron en el marco de la inserción de Argentina y Tierra del Fuego en el capitalismo global.

El modelo de desarrollo industrial aplicado desde 1972 a 1991, fue motor de instalación de establecimientos manufactureros (Schorr y Porcelli 2014). Con ellos se desarrolló un amplio proceso de inmigración, principalmente interna, que tuvo su continuidad en las décadas siguientes, aunque con una marcada desaceleración de su dinámica (Hermida 2018). Esta política de industrialización inducida fue de orden geopolítica (Schorr y Porcelli 2014) a fin de afianzar la soberanía, tal como hemos expresado anteriormente, el período cuenta con los únicos conflictos bélicos internacionales que llevó adelante el Estado nación.

En el análisis de este proceso se desarrollan los dos momentos conceptualizados por Lefebvre (2013 [1974]: 166), primero en establecer, o mejor dicho insertarse, en “un mercado”, y segundo en llevar adelante “una violencia”. En este sentido durante la última dictadura cívico militar se estableció “la relación exacta entre el crecimiento económico ‘espontáneo’, la intervención de la violencia y sus respectivos efectos. En esta hipótesis, los dos “momentos” han aunado sus efectos en producir un espacio: el del Estado-Nación” (Lefebvre 2013 [1974]: 166).

En este marco la violencia fue el medio a través del cual el Estado nación estableció los límites para la representación del espacio. En este sentido los conflictos del Atlántico Sur, el conflicto del Canal del Beagle en 1978 y la guerra de Malvinas en 1982, funcionan como articuladores necesarios para la conformación de un Estado (Hermida 2018), y con él la representación de espacio, en el extremo austral de la República Argentina.

Hacia 1991 se consolida la conformación del Estado provincial, y con él una nueva configuración en el dominio de la tierra (Harvey 2014). Esta configuración tuvo discusiones acerca de las representaciones del espacio en materia legislativa que estableció los límites de incidencia del Estado local. Este esquema fue útil para la articulación de la burguesía local con el Estado provincial (Hermida 2018), especialmente interesada en el dominio de la tierra y en la nueva introducción a un nuevo escenario del capitalismo global.

Cuando en 1991 se debate acerca de los límites^[16] de la provincia en el marco de la ley de provincialización, se retoman los procesos precedentes estableciendo un reclamo directo sobre las Islas Malvinas y restantes Islas del Atlántico Sur que se disputan con Gran Bretaña. Esta configuración, aparte de garantizar el dominio efectivo sobre la Isla Grande de Tierra del Fuego, establece un “dominio” sobre las aguas circundantes, en una clara apropiación sobre la naturaleza, y particularmente sobre los recursos que ella contiene.

Para citar algunos ejemplos, podemos mencionar que la explotación de hidrocarburos que lleva adelante la provincia se encuentra principalmente sobre la plataforma marina, a su vez la provincia pasa a tener la “propiedad” de los recursos pesqueros circundantes, y finalmente el dominio de los accesos a la Antártida. En este sentido la representación del espacio que presenta el Estado, no se corresponde con las prácticas espaciales concretas.

Tal como observamos existe una distorsión entre la configuración territorial de la provincia de Tierra del Fuego y las reclamaciones sobre las Islas del Atlántico Sur y la Antártida. Este desajuste refleja una gran diferencia entre el espacio efectivamente controlado por el Estado Nación y las áreas reclamadas por el mismo, producto de su historia de construcción nacional, de una cosmovisión de recuperación y expansión territorial, promovida especialmente por las fuerzas armadas y sectores nacionalistas. Esta situación, es particularmente evidente en el mapa de Tierra del Fuego donde destaca la gran discrepancia entre los mapas oficiales de Argentina y la realidad de la soberanía territorial efectiva en la región.

Aquí las fronteras se tensionan en virtud de las necesidades del capital, en este sentido, y tal como observan Harvey (2014) y Sassen (2007), el Estado, articula complejos entramados para garantizar su reproducción, pero especialmente la del capital global. Es allí donde la provincia se vuelve a reinsertar en el mercado global, pero en esta instancia desarticulando la matriz industrial y reinstalando la matriz de primarización, especialmente en hidrocarburos, y los servicios turísticos (Schorr y Porcelli 2014).

En síntesis, en el período se desenvuelve la implementación del ámbito privilegiado de acumulación de tipo industrial, gestado desde un escenario geopolítico, pero impulsado y aprovechado por la burguesía nacional como refugio frente a las transformaciones macroeconómicas impuestas por la dictadura militar que impactaron seriamente en el entramado industrial. Así la industria fueguina creció fuertemente hacia principios de la década del ’80 logrando el objetivo del poblamiento, la complejización de la estructura productiva y social, pero con baja capacidad de transformación hacia un ámbito estratégico de acumulación (Castellani 2012).

Esto se debe a las dificultades que la ley 19.640 exhibe para su enraizamiento a nivel local, hecho que observaremos a lo largo de su historia. Principalmente por la desvinculación que se establece entre el entramado del empresariado fueguino, la burguesía nacional que instaló los establecimientos industriales en el territorio fueguino, y los distintos niveles del Estado, nacional y territorial, que establecen los mecanismos de control del régimen de promoción.

La provincialización de Tierra del Fuego y la consecuente creación del Estado provincial, junto con el giro implementado en las políticas neoliberales del gobierno nacional en la década del ’90, serán un nuevo cambio en el desarrollo del régimen de promoción industrial, que implicará la generación de un ámbito privilegiado de acumulación que responderá a las demandas del empresariado fueguino. Así observaremos entre 1991 a 2002 el funcionamiento de un Estado provincial capturado por la burguesía fueguina que será el respaldo de la implementación de un modelo económico neoliberal, que tendrá como protagonista al modelo turístico y a la reprimarización como escenario económico productivo.