A lo largo de la tesis hemos podido apreciar el proceso de desarrollo económico, social e institucional de lo que hoy conocemos como la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nuestro análisis se centró principalmente en las dinámicas poblacionales y estructurales esgrimidas en el área Argentina de la Isla Grande, aunque hemos tenido en cuenta los hechos significativos que involucraron a todo el archipiélago fueguino, las Islas Malvinas y también en el ámbito antártico.

En el capítulo 2 analizamos el contexto previo a la promulgación de la ley de promoción industrial en 1972. Destacamos la transformación de la estructura productiva, social y poblacional en Tierra del Fuego, realizando una descripción del modelo económico basado en la explotación de recursos primarios como el ganado ovino y la exportación agrícola, que se tradujo en una baja demanda de empleo, reflejada en los escasos 13.527 habitantes contabilizados hacia 1970.

Allí recuperamos la creciente tensión geopolítica, especialmente desde la firma del Tratado Antártico en 1959, como un factor clave en el impulso de las políticas públicas de desarrollo industrial en la región. El Estado argentino desempeñó un papel central en la expansión de sus fronteras en la región, incluyendo así a Tierra del Fuego, en el contexto del capitalismo global.

Hemos dado cuenta de la presencia histórica del Estado y su consecuente militarización del territorio producto de la influencia de la clase terrateniente en el desarrollo económico de la región. Es en este capítulo que se aprecia claramente de colonización y acumulación originaria, el cual estuvo estrechamente ligado a la intervención estatal, en donde la violencia fue ejercida, promovida o habilitada por el Estado Central, incluido el exterminio de las poblaciones indígenas, un aspecto que facilitó la vinculación de los territorios al mercado mundial. Este proceso configuró en el desarrollo de la propiedad privada de la tierra, resultando en el acaparamiento de las mismas en pocas manos. Implicó también el despoblamiento a partir de la drástica reducción de la población indígena, y un lento proceso de repoblamiento a partir del fomento de la inmigración.

Hacia el final de este largo período analizado en el capítulo observamos el desarrollo de una sociedad más compleja. En esta la alianza entre técnicos, profesionales y funcionarios del Estado Territorial y los sectores de pequeña burguesía contribuyendo a la formación de una burguesía local. También el proceso de repoblamiento estableció las bases para una mayor complejización de la estructura de clases en la región.

Observaremos que la violencia que primó en el período 1881 a 1972, funcionará como articuladora y potenciadora de la conformación del Estado local y de la inclusión de Tierra del Fuego en el capitalismo global. Las imágenes violentas de cazadores loberos y balleneros de los siglos XVIII y XIX, seguidas de las apropiaciones y asesinatos de indígenas, junto a la instalación de penales de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, tendrán un renovado protagonismo a fines de la década de los 70 y principio de los 80, El Conflicto del Beagle por las Islas Picton, Lenox y Nueva en 1978 y la Guerra por las Islas Malvinas en 1982 analizados en el capítulo 3 implicaron una mayor militarización región.

Esta violencia, junto a la constitución y adecuación del el mercado, primero por el proceso ganadero lanar, luego con la expansión de la producción hidrocarburífera, y hacia las décadas de 1970 y 1980 por la producción industrial, produjeron el espacio y permitieron la consolidación de la constitución del Estado provincial en 1991. Más allá del debate legislativo sobre los límites que configurarán a la provincia sobre los territorios de ultramar que tienden a expresar el sueño expansionista de la identidad nacional argentina, promovida particularmente pero no exclusivamente por las fuerzas armadas, el proceso dio a lugar a una nueva etapa en la historia institucional de la región cuando el Estado provincial fue consolidado.

En este sentido el período de 1972 a 1991 se desenvolvió entre la implementación del ámbito privilegiado de acumulación industrial gestado en el escenario geopolítico y aprovechado por la burguesía nacional como refugio frente a la apertura de importaciones, y aportó a la consolidación institucional para la configuración del Estado local.

Durante este capítulo observamos el fuerte crecimiento poblacional producto de los flujos migratorios, con ellos también la consolidación de la clase trabajadora, especialmente la que va a estar relacionada a la industria promocionada y que se constituye como un actor clave en la defensa, expansión y sostenibilidad de la Ley 19.640. Esta clase ha demostrado un compromiso con este ámbito privilegiado de acumulación mediante un amplio repertorio de acciones, utilizando el poder asociativo con la finalidad de influir en la estructura política, aunque las transformaciones neoliberales de la década de 1990 debilitaron las funciones estratégicas del sub régimen industrial, lograron la sostenibilidad jurídica de la ley extendiendo su vigencia.

En este período, con la crisis del modelo de acumulación industrial, el régimen comienza a mostrar problemas de enraizamiento a nivel local. Como hemos descrito a lo largo de la tesis, el Estado local tiene una baja incidencia en la toma de decisiones relacionadas con la aprobación y el seguimiento de los proyectos que pueden recibir beneficios impositivos. La vinculación se establece entre un grupo de empresarios de la burguesía nacional y el Estado central.

La economía fueguina comienza exhibir aquí un rasgo distintivo, en los procesos de crecimiento nacional suele desarrollarse por encima de la economía del resto del país, y en las crisis, sus caídas son también superiores. Este patrón sensible se sostiene en todos los procesos de ampliación y retracción y se debe a dos cuestiones, por un lado el menor tamaño de la economía fueguina que la hace dependiente de una escasa cantidad de sectores, lanar, hidrocarburífero, industrial y turístico, y por el otro que estos sectores son altamentes sensibles a los impactos exógenos.

Hacia el cuarto capítulo hemos analizado la constitución del Estado provincial, destacando la transformación del modelo productivo bajo políticas neoliberales y la consolidación de una burguesía local en la configuración del rol del Estado. Estos sectores dominantes capturaron el Estado provincial y realizaron cambios significativos en el patrón de desarrollo, particularmente en la consolidación del turismo como nuevo modelo de acumulación asistido por el Estado local.

Durante la década del ’90 asistimos al deterioro sistemático del sector industrial argentino, especialmente impulsado por las medidas de apertura comercial, pero también por el desarme de los encadenamientos productivos internos. El sub-régimen de Tierra del Fuego, que en décadas anteriores había funcionado como un refugio especialmente para la industria electrónica, durante el gobierno menemista se verá igualmente afectado.

El contexto de desindustrialización, junto con un Estado local capturado por sectores dominantes relacionados con el turismo, creó el escenario ideal para el desarrollo de un plan de incentivo del sector turístico, configurando así un nuevo modelo de acumulación. Para implementarlo, la burguesía local se valió del joven Estado provincial, que fomentó el desarrollo específico del sector. Esta captura de las carteras y políticas relacionadas con el turismo mostró la falta de reciprocidad y distancia necesarias para realizar intervenciones de calidad que transformaran y expandieran sosteniblemente este ámbito de acumulación.

De esta forma el sector turístico no llegó a compensar las pérdidas de empleo generadas en el sector industrial, exhibiendo de esta forma problemas para la generación de empleo. Este rasgo es una constante del sector, que si bien se exhibe como sostenible en términos fiscales, presenta un menor dinamismo que el presentado por el sector industrial. La crisis de 2001 tuvo alto impacto en todo el país, pero impactará con mayor crudeza en la economía fueguina, volviendo a demostrar su estructura sensible. Pero esta economía ha mostrado también un mayor dinamismo en los procesos de recuperación.

Así nos encontramos con un fuerte crecimiento en nuestro último período analizado. Entre 2003 y 2015 evidenciamos una expansión coincidente tanto del sector industrial como del turístico, aunque el primero creció a ritmos superiores producto de la política de reindustrialización llevada adelante por el kirchnerismo, que se vio incentivada desde 2009 con la Ley 26.539, conocida popularmente como el “impuestazo tecnológico”. Esto configuró un escenario de disputas entre los dos modelos de acumulación. Principalmente por la fuerza de trabajo, pero también por la conformación prioritaria de la agenda política.

En los momentos de expansión el sector industrial ha sabido exhibir altos niveles de empleo, remuneraciones por encima de la mediana de ingreso nacional y una elevada registración en lo que refiere a la cobertura previsional y de salud. Además de presentar capacidades políticas sustantivas para los dirigentes sindicales, lo que se traduce en el poder asociativo y estructural de los trabajadores. Es por este motivo que los obreros industriales de Tierra del Fuego han presentado históricamente una fuerte defensa en la prórroga y sostenibilidad de los beneficios de la promoción industrial.

Este compromiso que los trabajadores demuestran por la política industrial ha sido quizá una de las explicaciones por la que la Ley 19.640 haya alcanzado tantos años de historia. Sin desmerecer la capacidad de lobby de la burguesía nacional beneficiaria directa de la ley, los trabajadores, mediante el diálogo con los representantes políticos, o convirtiéndose ellos mismos en representantes de la provincia, permitieron la extensión en 2007 llevándola hasta 2023^[1].

Las tensiones geopolíticas vividas en la región son un punto sustantivo también para que la ley mantenga su continuidad, si bien esta característica es más clara en gobiernos nacionales que abonan a una mirada nacionalista sobre el Atlántico Sur. Las disputas internacionales por los recursos naturales, tanto los conocidos y explotados, como los potencialmente utilizables en el continente antártico, brindan el marco en el cual la necesidad de sostenibilidad de una soberanía efectiva se hace necesaria.

La Ley 19.640 es el marco con el cuál Tierra del Fuego alcanzó el repoblamiento, la consolidación de su Estado provincial, y la emergencia de nuevas alternativas de desarrollo económico. Esta política ha jugado un papel central en el desarrollo industrial y poblacional de la región, reportando importancia y dinamismo para toda la economía fueguina. Pero el éxito que ha exhibido en estas esferas queda empañada en su sostenibilidad, ya que depende de las exenciones impositivas otorgadas por el Estado Nacional, beneficiando principalmente a un sector de la burguesía nacional. Esto hace, que a nivel nacional, especialmente en los contextos de restricciones, reciba cuestionamientos políticos.

Por otro lado, el turismo, impulsado como una alternativa local, ha ofrecido oportunidades limitadas, principalmente en su capacidad de generación de empleo. Si bien este modelo de acumulación propiciado por un sector de la burguesía local, que en el pasado ha capturado el Estado provincial estableciendo un marco de desarrollo del sector limitado al sector sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego. La reindustrialización evidenciada entre 2003 a 2015 generó tensiones entre el modelo industrial y el turístico. Ambos mostraron dificultades para mantenerse, llevando a un desarrollo desigual, pendular, inestable y dependiente de acciones exógenas.

En resumen, nuestro hallazgo se centra en comprender que Tierra del Fuego enfrenta el desafío de atender las demandas de los sectores populares, equilibrar los intereses de la burguesía nacional y local, y de desarrollar políticas que promuevan un crecimiento sostenible y equitativo. El cambio de políticas económicas en Tierra del Fuego desde un enfoque neoliberal en los años 90 a un modelo neo-desarrollista entre 2003 y 2015, ha mostrado la recuperación de la promoción industrial como eje de desarrollo económico, beneficiando a la burguesía nacional y generando empleo. Sin embargo, el modelo industrial enfrenta desafíos para convertirse en un ámbito estratégico de acumulación debido a su falta de enraizamiento local. Por otro lado, el modelo turístico, impulsado por la burguesía local y vinculada al Estado provincial, presenta limitaciones en la generación de empleo y con ello la relevancia política que sí presenta el modelo de acumulación industrial. Dicho en otras palabras, el desarrollo está en cuestión.

Para lograr un desarrollo económico sostenible y a largo plazo, es fundamental integrar las políticas nacionales con las locales y coordinar ambos niveles gubernamentales en su implementación. Sin la intervención del Estado provincial en la política industrial, es imposible el enraizamiento de la promoción, pero sin el sostenimiento de las políticas nacionales es imposible la inclusión de todos los sectores y actores.

Como hemos demostrado el modelo industrial es esencial para la consolidación y el equilibrio del desarrollo provincial, sin él Tierra del Fuego probablemente seguiría anclada en una situación cercana a la de 1970 con sus 13.527 habitantes, por lo que cualquiera de las alternativas de desarrollo que se diseñen en pos de la ampliación de la matriz productiva, así como para el crecimiento del sector turístico, requieren la sostenibilidad de la política industrial.

Esto significa eliminar los vaivenes de la política económica argentina para Tierra del Fuego y consolidar una política de Estado que presente líneas de previsibilidad. Esta requiere que cuente con buenos grados de interacción de los distintos niveles estatales, permitiendo la vinculación de diversas estrategias de desarrollo, tales como la generación de encadenamientos productivos a partir del desarrollo alcanzado en la provincia, la exportación de bienes industrializados, la expansión y diversificación del sector turístico, o la industrialización y agregado de valor a los recursos naturales de la región.

Para ello es necesario que el Estado, en sus distintos niveles, desempeñe un papel de cohesión estableciendo acuerdos entre los distintos actores tendiendo a la composición de una agenda hegemónica que comprenda la articulación entre los modelos de acumulación evitando la disputa entre ellos. Solo si el Estado desempeña un rol activo en la cohesión de la burguesía estableciendo ese acuerdo hegemónico, se podrá eliminar las dinámicas pendulares de la economía fueguina, de esta forma es factible un desarrollo más equitativo, estable y autónomo.

Los obstáculos analizados en nuestro recorrido de la historia fueguina muestran que este camino está plagado de obstáculos. Pero las tensiones y crisis recurrentes retratadas, convocan al desafío, aún a sabiendas, como hemos ilustrado en la presente tesis, que entre las ideas y el cambio social, siempre media una brecha, de contingencia y efectos no anticipados. En suma, los hallazgos de nuestro trabajo nos convoca a pensar de otro modo la cuestión del desarrollo fueguino y las condiciones de su construcción social.