Nuestros cursos:

Nuestros cursos:

4 Gobierno provincial y las transformaciones neoliberales (1991 a 2002)

Este cuarto capítulo tiene por objetivo interpretar la primera etapa del Estado provincial, la transformación del modelo productivo en el marco de la implementación de políticas neoliberales y la consolidación y hegemonía de una burguesía local en la configuración del rol del Estado local.

Tal como se manifiesta en el capítulo anterior la industria fueguina presentó desde finales de la década del ’70 hasta finales de la década del ’80 una sostenida expansión. Esto significó la instalación de establecimientos manufactureros y con ellos la demanda de puestos de trabajo, que trajo por vía de procesos migratorios internos un fuerte crecimiento poblacional (Hermida et al 2016).

Con ellos apreciamos la generación de un fuerte entramado institucional, cámaras empresarias, sindicatos y, finalmente, un nuevo Estado provincial que vino a responder a la demanda de los distintos sectores en el marco de la democracia restaurada desde 1983 (Hermida, Malizia, Martínez Cugat y Oyarzo 2014, Hermida 2018a, Pucciarelli 2006).

Esta provincialización responderá a la estructuración de un sistema político e institucional de un estado capitalista que garantice las formas de reproducción del sistema en el contexto de una economía creciente. Luego del desarrollo de dos conflictos internacionales que brindaron el marco de discusión para la formalización del nacimiento del Estado provincial, los sectores dominantes efectuarán una primera etapa de captura de este Estado, que paulatinamente irá ganando grados de autonomía relativa tendiendo a la transformación de un Estado capitalista moderno (O’ Donell 1977).

En las páginas que siguen apreciamos también los cambios en el modelo de acumulación a nivel nacional producto de la aplicación de un modelo neoliberal llevado adelante por la administración de Menem, especialmente acelerada desde la aplicación de la ley de convertibilidad en 1991 y su caída luego de la crisis de 2001 con la finalización del gobierno de la Alianza (Basualdo 2006, Pucciarelli 2011).

A nivel local observaremos la configuración de un modelo de desarrollo configurado en el marco del turismo, que en conjunto con la captura del Estado provincial, propiciará un nuevo patrón de acumulación que presentará, en la etapa siguiente desde 2003, conflictos con el modelo industrial que había beneficiado a importantes sectores de la burguesía nacional (Hermida 2021).

El subrégimen industrial, encuadrado en la 19.640, recibe la defensa tanto de empresarios como trabajadores de la industria, mediante sus representaciones asociativas, cámaras y sindicatos. Este compromiso de clase (Wright 2018 [2015]) se manifiesta especialmente a través de acciones con la finalidad de influir en la estructura política permitiendo concretar la permanencia y extensión de la promoción industrial, hecho que no ocurre con los otros sectores de la economía fueguina.

Sin embargo con la crisis del modelo industrial producto de las políticas de apertura económica aplicadas por el menemismo observaremos enfrentamientos y tensiones a nivel local, que tendrán un correlato en fuertes represiones por parte del Estado provincial. El resultado del ejercicio de la violencia se exhibirá en el asesinato del obrero Victor Choque a manos de una fuerza policial.

Así el capítulo se organiza en dos segmentos, el primero recorre el primer gobierno provincial y su relación con la implementación de las políticas neoliberales aplicadas desde la ley de convertibilidad, en 1991, hasta la finalización del primer mandato de Menem, coincidente con la culminación del primer gobierno de Estabillo, primer gobernador de Tierra del Fuego, hacia 1995.

El segundo segmento analiza los eventos transcurridos entre el segundo mandato del gobernador Estabillo y del presidente Menem, en 1995, hasta el advenimiento del kirchnerismo en 2003. Este período contendrá, tanto a nivel local como nacional, cambios políticos institucionales de alta intensidad, atravesados por la crisis económica que implicaba la salida de la convertibilidad.

El Estado capturado (1991 a 1995)

El triunfo electoral de Carlos Menem el 14 de mayo de 1989 se dio en el marco de la convulsión social acompañada de saqueos, movilizaciones y manifestaciones sociales producto del proceso hiperinflacionario, que en ese mismo mes llegó a superar el 180% (Basualdo 2010: 283). El tipo de cambio también resultó igualmente inestable. El Austral nacido en 1985 con una conversión de 0,80 centavos de austral por dólar, en mayo de 1989 a 100 australes por cada dólar y en diciembre 1990 a casi diez mil (Heredia 2011: 184), lo que indujo a un proceso de dolarización parcial de la economía.

Como señalan Luzzi y Wilkis (2019: 184)

Podemos pensar que la memoria reciente de los brotes hiperinflacionarios de 1989 y 1990 alcanzaba para que los electores de los diarios nacionales interpretaran el alza repentina del dólar como el posible anuncio de una nueva crisis, y por lo tanto, consideraran los movimientos de la divisa como un dato importante a seguir. Pero también otros motivos más prácticos justificaban esa interrogación cotidiana. La hiperinflación no solo había dejado recuerdos traumáticos en los argentinos, había contribuido a modificar sus prácticas económicas más usuales, la tendencia a expresar en dólares los precios de muchos bienes, importados o no, era parte de eso.

Así, hacia 1991, la Ley de Convertibilidad se volvía una política con su legitimidad basada en el contexto hiperinflacionario. Sin ser exactamente una política de dolarización total, en la que la moneda estadounidense desplaza por completo a la moneda local, como la aplicada en Ecuador en 2000, la convertibilidad sancionada por la ley 23.928 del 27 de marzo de 1991, suponía una forma “de dolarización parcial en la medida que el dólar adquiere curso legal y la emisión monetaria quedaba limitada al volumen de reservas en dólares del Banco Central” (Luzzi y Wilkis 2019: 186).

No fue hasta la Ley de Convertibilidad en 1991 que el modelo económico del menemismo adquirió un formato coherente y articulado (Beltran 2011: 227). El arribo de Domingo Cavallo a la cartera de economía en enero de 1991, permitió al gobierno de Carlos Menem encontrar la llave del éxito para la aplicación de las políticas estructurales en la reforma del Estado y el re direccionamiento económico.

Los padres de la medida, Juan Llach, Horacio Liendo (hijo) y Domingo Cavallo abogaron por una estrategia práctica por sobre sus posiciones ideológicas (Roig 2007, Heredia 2011). De hecho Cavallo en 1984 consideraba que “Argentina debía evitar una sobrevaluación de su moneda” (Heredia 2011: 186), por lo que se aprecia una posición pragmática en pos de ganancia de centralidad en la política local. El economista mediterráneo, hijo de un fabricante de escobas, había realizado sus estudios en el sector público, y luego gracias a una beca de la Organización de Estados Americanos y la Fundación Ford, un doctorado en Harvard. A su retorno encaró el Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea, espacio que le dio visibilidad pública, y a pesar de sus consideraciones pasadas como opositor a una medida de dolarización parcial de la economía argentina, acordó su utilización para la implementación de las políticas estructurales de corte neoliberal que consideraba fundamentales.

Es que el plan económico basado en la Ley de Convertibilidad presentaba serias complicaciones para las distintas fracciones del capital, hecho que se constata en la etapa previa a la implementación, ya que estos sectores no pudieron establecer acuerdos que delinearan el plan económico. Las tensiones desde el triunfo electoral de Carlos Menem y su asunción a mediados de 1989, hasta marzo de 1991, estuvo plagada de desencuentros entre los sectores empresarios y el gobierno. Siguiendo a Eduardo Basualdo (2010):

Tanto la evolución de los acontecimientos como las condiciones estructurales de la economía argentina en esa época indican la existencia de algunos rasgos peculiares. El primero es la vigencia de una formidable crisis hiperinflacionaria que les impidió a todas las fracciones dominantes del capital la consecución de su proceso de acumulación y las enfrentó con el riesgo de severísimas pérdidas de ingresos y patrimonios. Esta situación dificultó las posibilidades de establecer acuerdos entre las distintas fracciones y entre los integrantes de cada fracción. El segundo aspecto radica en el papel definitorio que asumieron los bancos extranjeros acreedores en el comiendo y el desarrollo de la crisis hiperinflacionaria. El tercero consiste en la participación activa de los bancos locales pertenecientes a integrantes del sistema político –particularmente del partido de gobierno– en la gestación y el desarrollo de la corrida cambiaria, lo cual pone de manifiesto que envergadura adquirieron los “negocios políticos en el funcionamiento del sistema político a partir de la instauración del transformismo argentino (Basualdo 2010: 283).

En este sentido la Ley de Convertibilidad vino a traer un contexto de certidumbre para los diversos sectores del capital, a pesar de que para muchos de ellos terminará siendo perjudicial en el desarrollo de sus intereses sectoriales (Beltran 2011). Recién las diferencias se comenzaron a hacer visibles luego de la crisis del “Tequila” en diciembre de 1994. Recordemos que además de la convertibilidad cambiaria, el gobierno menemista aplicó la apertura comercial y financiera, por lo que se hacía complejo mitigar los efectos en la economía argentina de la fuga de capitales desde México al Sudeste Asiático.

Es a partir de esta crisis que se empiezan a vislumbrar algunas diferencias entre las principales asociaciones empresariales. Sin embargo, entre 1991 y 1995, y desde allí en una lenta transición hacia las posiciones críticas, los distintos sectores del capital mantuvieron un acuerdo casi irrestricto con las medidas económicas implementadas. Por un lado porque respondían a las largas demandas sobre las transformaciones del Estado y la reducción del gasto público, expresión que el menemismo manifestó con la modernización de ciertos sectores del poder ejecutivo y con las privatizaciones. Cambios demandados por diversos sectores del capital, lo que se impuso a las necesidades específicas de cada sector, creando la ilusión que las reformas serían beneficiosas para el capital en su conjunto (Beltran 2007, 2011).

Las privatizaciones llevadas a cabo durante la década de 1990 representaron una forma de reorganizar el capitalismo argentino, permitiendo la concentración del poder económico en manos de un grupo reducido de actores. Estas políticas privatizadoras no solo sirvieron para transferir la propiedad de empresas estatales al sector privado, sino que también generaron una reconfiguración de las relaciones de poder dentro del sistema económico. En este proceso, diferentes fracciones del capital, incluyendo al capital financiero, industrial y terrateniente, encontraron puntos de convergencia en torno a la implementación de estas medidas neoliberales, lo que les permitió ampliar su influencia y consolidar su dominio en la economía nacional (Aspiazu y Schorr 2002).

Sin embargo, de forma paulatina se hicieron notorias las diferencias entre los “ganadores” y “perdedores”. Tanto la industria como el sector primario crecieron por debajo del promedio durante la década, mientras que la prestación de servicios lo hizo por encima (Basualdo 2010, 2006). Así el sector terciario de la economía adquirió mayor peso que los otros dos sectores.

Gráfico 8. Participación de los tres sectores de la economía en el Producto Bruto Geográfico de Tierra del Fuego. Años 1983 a 1991. Base 1970=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Producto Bruto Geográfico de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego.

Este hecho ocurre de igual forma en Tierra del Fuego, donde se dan paulatinamente cambios en la estructura productiva. Entre 1991 a 1995 el sector manufacturero pasó del 39,4% del producto bruto geográfico, a tan sólo el 19,5%. Es que la industria electrónica, a diferencia de otras ramas productivas, fue una de las que mayores retrocesos tuvo (Beltran 2011, Schvarzer 2001). En su lugar apreciamos una fuerte expansión del sector terciario, especialmente el vinculado al turismo.

Este sector se desarrolló en Tierra del Fuego desde mediados del siglo XX con el impulso de diferentes acciones desde el Estado en sus distintos niveles. Mosti, Pérez y Arcos (2015), señalan como hitos iniciales de la intervención Estatal en el desarrollo turístico fueguino a la creación del Parque Nacional Tierra del Fuego en 1960, de la Dirección de Turismo Territorial una década después y del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) en 1989, organismo re jerarquizado como ente autónomo en 1993 por la Ley Provincial 65.

 

En continuidad con los impulsos originados entre la década del ’60 y ’90, descritos en los capítulos anteriores, el contexto económico de las políticas estructurales desarrolladas por el menemismo, configuró un ámbito sólido para la inauguración de una nueva etapa del desarrollo turístico, principalmente impulsado por la concreción de una serie de obras de infraestructura vinculadas al fuertemente al turístico:

  1. Plan de Desarrollo Turístico propuesto por el INFUETUR en 1991[1]
  2. La inauguración parcial en 1995 y puesta en funcionamiento total en 1997 del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas
  3. El desarrollo del Proyecto del Centro de Esquí cristalizado en el Cerro Castor[2];
  4. La extensión del muelle del Puerto de Ushuaia, que permitió ampliar las capacidades para la recepción de cruceros turísticos. Adicionalmente se dio un “orden de amarre y bonificaciones” que primaba a los buques turísticos (Mosti, Pérez y Arcos 2015: 90),
  5. Obra de pavimentación del tramo Tolhuin-Ushuaia de la Ruta Nacional N° 3 que permitió la integración de los centros invernales con la ciudad de Ushuaia, además de establecer un sólido circuito turístico.

Esta etapa de desarrollo turístico iniciada con la provincialización de Tierra del Fuego “tiene como característica distintiva la sucesión de una serie de crisis económicas que afectaron al sector industrial y el paulatino incremento de la oferta y de la demanda turística. En este contexto se consolida el sector privado vinculado al turismo” (Mosti, Perez y Arcos 2015: 94).

Tal como señalan las autoras antes citadas, a medida que se veía afectado el modelo de acumulación industrial, el estructurado en torno al sector turístico crecía. Estos cambios tienen además su correlato en la estructura ocupacional.

Gráfico 9. Cantidad total de ocupados urbanos y distribución relativa de la población ocupada por sectores de actividad. Tierra del Fuego. Años 1988 a 1991

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el Aglomerado Ushuaia-Río Grande, INDEC.

La proporción de trabajadores en la industria manufacturera bajan en términos relativos del 19,5% en 1993 a 14,4% en 1995. El crecimiento del sector servicio y del sector del comercio recibe su interrelación con el sector turístico[3], sin embargo no se aprecia una expansión relativa de los ocupados en la hotelería y gastronomía pero sí de la construcción, hecho que se correlaciona con la realización de las obras públicas antes descritas y con la construcción de nuevos establecimientos hoteleros. De hecho el primer hotel de 5 estrellas se inauguró en 1994, siendo acompañado de una importante expansión de los servicios hoteleros conexos.

Las obras públicas permitieron posicionar al destino en un contexto internacional ya que mejoró notablemente la conectividad aérea de la ciudad y su consecuente impacto positivo en la actividad dada la mayor frecuencia de vuelos; conectividad terrestre y marítima. Esta mutación de la estructura productiva tuvo su correlato en la configuración de la estructura social. Los datos intercensales impiden observar los cambios entre los sub períodos descritos en este capítulo, aunque nos brindan algunas características que acompañan el análisis que venimos realizando.

Como observamos en el cuadro 6, que se encuentra en el capítulo anterior, la conformación del Estado provincial hacia 1991 trajo aparejada la configuración de toda una estructura de cuerpos medios dirigenciales, de ahí que observamos un aumento absoluto de profesionales, pero también de técnicos y administrativos. La mutación del modelo productivo tuvo fuerte impacto en los obreros calificados, especialmente en los relacionados a la industria y sus servicios conexos. De la mano del desarrollo de sectores del turismo, especialmente en lo que refiere a la limpieza y mantenimiento, lo que se reproduce es el crecimiento de los trabajadores de servicios no calificados.

La creciente desocupación en el empleo industrial tuvo su correlato en la conflictividad social. Es que el cambio de modelo productivo, si bien no tiene impacto directo en la cantidad de puestos de empleos, lo tiene en las tasas de desocupación y en las expectativas de los trabajadores. Su resultado fue una serie importante de huelgas y luchas con movilizaciones.

Hacia 1995 la situación de la industria a nivel nacional ya exhibía los fuertes impactos de la apertura comercial. La accesibilidad de bienes importados producto de la paridad cambiaria más la eliminación de impuestos y tasas aduaneras dejaron a la industria argentina en una serie crisis. Si bien este contexto resultaba perjudicial para numerosos sectores empresarios, los acuerdos a los que había llegado el menemismo parecieron acallar los reclamos, que hacia 1995 con la crisis del “Tequila” se empezaron a hacer notorios (Beltran 2011).

Cuadro 7. Tasa de crecimiento medio anual de la población según jurisdicciones seleccionadas. Total País, Provincia de Tierra del Fuego, Departamentos de Antártida e Islas del Atlántico Sur, Río Grande y Ushuaia. Años 1970,1980, 1991, 2001 y 2010

Fuente: Elaboración propia estimado con una función geométrica en base a datos del INDEC. Censos Nacionales de Población y Viviendas 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010

Entre los trabajadores industriales la desocupación empezó a ser uno de los mayores inconvenientes a nivel nacional. En términos locales la expansión del sector turístico permitió compensar el crecimiento de las tasas de desocupación que entre 1991 y 1993 se encontraban por arriba de las nacionales, y entre 1994 y 1995 tienden a estar por debajo de las tasas del resto del país. Sin embargo, este cambio abrupto en el modelo productivo se traducirá en la ralentización del crecimiento poblacional producto de una caída en los flujos inmigratorios que la provincia sostuvo desde la década del ‘70, como se aprecia en el cuadro 7.

Gráfico 10. Tasa de desocupación. Argentina y Tierra del Fuego. Años 1991 a 1995

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el Aglomerado Ushuaia-Río Grande y Total de los 31 aglomerados urbanos, INDEC.

Hacia 1995 el desempleo nacional había trepado al 18,4%, Tierra del Fuego, que en los primeros años de la década del ’90 había reducido la tasa de desocupación alcanzando en 1993 el 5,2%, comienza una tendencia en alza al igual que el resto del país. El modelo basado en el turismo fue incapaz de evitar la crisis estructural que se venía desarrollando en el resto del país y que comenzaba a demostrar el agotamiento del modelo productivo neoliberal instrumentado por el gobierno de Carlos Menem que se vio impactada por la crisis mexicana conocida como “Efecto Tequila” (Pucciarelli 2011).

La apertura comercial tuvo su correlato impactando directamente en el sector industrial impactando directamente en el empleo del sector manufacturero como se observó anteriormente. A su vez las empresas promocionadas observaron un impacto significativo en la aplicación de proyectos nuevos que les permitieran gozar el beneficio de excepción impositiva.

En este contexto, durante la Semana santa de 1995 se producen una serie de protestas de trabajadores industriales en defensa de los puestos de trabajo frente al cierre de la planta en Ushuaia de Continental Fueguina. Estas protestas fueron fuertemente reprimidas por la policía provincial del joven gobierno local, con el resultado de 30 heridos, detenidos y el asesinato de Víctor Choque[4], un obrero metalúrgico despedido y se encontraba en las manifestaciones por la reincorporación y sostenibilidad de los puestos de trabajo[5].

El gobernador Estabillo y el Ministro de Gobierno Fulvio Baschera[6] habían ordenado a las fuerzas policiales la ejecución de la orden judicial para el desalojo de la planta de la empresa Continental Fueguina el 11 de abril. Las acciones policiales dieron a lugar una serie de detenciones que devinieron en la continuidad de la protesta social, siendo esta nuevamente reprimida con el desenlace fatal en aquella semana santa de 1995.

En este sentido, la transformación económica a la que apeló el Estado provincial, que en un principio pareció mitigar los efectos de estancamiento del modelo económico, hacia mediados de la década del ’90 exhibió la misma restricción que el modelo económico desarrollado por el menemismo. Para dar continuidad a la aplicación de la transformación de la estructura productiva a nivel local hizo uso del ejercicio de la violencia física.

Las tasas de variación entre los productos brutos, interno a nivel nacional y geográfico a nivel local, exhiben el gran crecimiento de la economía fueguina producto del proceso de provincialización, y también del desarrollo del cambio en el sistema productivo, que tuvo a la obra pública con fines turístico cómo motor económico. Ya hacia 1993 la economía fueguina crecía a menor ritmo que la nacional, y la crisis de 1995 tuvo un impacto mayor en Tierra del Fuego que en el resto del país. Tal como apreciamos en el gráfico 11 se reitera la estructura sensible de la economía fueguina, producto del tamaño de su escala económica y los factores exógenos antes expresados, a los que ahora se suma la incidencia del turismo internacional.

Gráfico 11. Tasa de crecimiento del Producto Bruto Geográfico para Tierra del Fuego y Producto Interno Bruto para el Total País. Años 1990 a 1995. Base 1993=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Producto Bruto Geográfico de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego, y del Producto Interno Bruto para el Total País de INDEC.

De este proceso de estancamiento económico y crisis recurrentes, el presidente Carlos Menem respondió con modificaciones en la conducción de la cartera de economía, reemplazando a Domingo Cavallo por Roque Fernández, funcionario que ya se había desarrollado a cargo del Banco Central de 1991 a 1996. Más allá de los cambios de funcionarios, el menemismo sostuvo tanto la política de convertibilidad, así como otras medidas de corte neoliberal, tales como la sostenibilidad del ajuste, apertura económica y privatizaciones, hasta el final del período.

En consonancia con los indicadores antes observados, la variación del producto bruto y las tasas de desocupación, la desigualdad por ingresos exhibe un acelerado aumento hacia 1995 a nivel nacional, siendo un claro indicador de la redistribución regresiva del ingreso.

Tierra del Fuego presenta algunas diferencias significativas en el índice de Gini en este período. Primero se aprecia niveles más elevados que los observables a nivel nacional en 1991, dinámica que se había iniciado en el proceso hiperinflacionario de 1989 hasta principio la estabilización producto de la implementación de la Ley de Convertibilidad. Entre 1991 y 1992 apreciamos un descenso del indicador apreciando una distribución progresiva del ingreso que se sostendrá en 0,42 hasta 1995. Estos cambios parecen estar relacionados al desarrollo del Estado provincial y el crecimiento de la estructura técnico administrativa tal como se describió anteriormente.

Gráfico 12. Distribución del ingreso de los hogares urbanos expresada en valores del coeficiente de Gini. Total País y Tierra del Fuego. Años 1991 a 1995

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares Puntual sobre datos disponibles en bases usuarias.

Tal como observamos en el capítulo anterior la constitución del Estado local tiene fuertes relaciones con el desarrollo económico de la burguesía local, propietaria de la tierra y con fuerte participación en los sectores rural, turístico y comercial, sumados a los cuerpos técnicos profesionales del Estado Territorial. Cómo hemos señalado oportunamente los actores políticos emergentes, paulatinamente promovieron el debate que dio lugar al proceso de provincialización con la promulgación de la Ley Nacional Nº 23.775.

Sin embargo una vez establecida la ley de provincialización se dio lugar a la configuración del Estado provincial, primeramente con la sanción de la constitución, y luego con la el proceso electoral que establecerá al primer gobernador electo por voto directo en Tierra del Fuego.

La constitución de Tierra del Fuego proporciona el marco institucional para un Estado que garantiza las relaciones de producción capitalista en línea con el Estado Nacional Argentino, ambos sustentando las formas de dominación del sistema capitalista (O’Donell 1977). Aunque el artículo 76 de la constitución fueguina establece el fomento estatal a la actividad en todas sus formas, considerándola crucial para el progreso general del territorio, el artículo 65 restringe la participación del Estado Provincial en las actividades económicas donde pueda operar el sector privado. Este enfoque refleja la influencia de las transformaciones neoliberales, anticipando aspectos que luego se incorporarían en la reforma constitucional nacional de 1994, lo que sugiere un corrimiento del Estado hacia una intervención menos directa en la economía, coherente con el modelo neoliberal promovido y acelerado durante la década de 1990.

Por otro lado, el Estado del Territorio fue un impulsor del desarrollo del sector turístico en Tierra del Fuego. Sin embargo, el nuevo Estado provincial gradualmente redujo su participación directa en estas actividades, optando por privatizar, concesionar o vender parte del patrimonio estatal, como hosterías y aeropuertos, que son servicios clave para el sector turístico. Esta transición hacia una mayor presencia del sector privado local se reflejó especialmente en la estructura institucional, con la constitución de cámaras de turismo, comercio y construcción en Ushuaia, lo que evidencia un cambio en la dinámica económica y política de la región hacia una mayor participación del sector privado en la economía local.

Esquema 4. Instituciones locales diferenciadas por sector según períodos de desarrollo económico. Tierra del Fuego 1991 a 2001. Parte I, Cámaras empresarias

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad, análisis normativo y documentos históricos de creación.

Esquema 5. Instituciones locales diferenciadas por sector según períodos de desarrollo económico. Tierra del Fuego 1991 a 2001. Parte II, Instituciones estatales y sindicales

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad, análisis normativo y documentos históricos de creación.

La constitución del Estado local, junto con la configuración de un nuevo modelo económico trajo aparejado el establecimiento de un importante número de instituciones tanto sindicales cómo empresariales, pero especialmente la conformación de todos los órganos del Estado provincial en sus tres poderes.

En síntesis, el cambio de modelo productivo, acompañado de la constitución del Estado provincial, brindó la base para un proceso de captura del Estado local por parte de los sectores de la burguesía local que establecieron los cimientos para el desarrollo de un ámbito privilegiado de acumulación, que a diferencia del vinculado al sector industrial, cuenta con el dominio nivel local del aparato estatal. El acuerdo de los sectores dominantes locales para la constitución de un partido político local, el Movimiento Popular Fueguino, autónomo de las estructuras políticas nacionales, pero con capacidad de negociación con el gobierno nacional, lo que le permitió liderar la redacción de la Constitución provincial y llevar adelante los dos primeros mandatos del gobierno provincial.

Consolidación del modelo neoliberal (1995 a 2002)

El modelo productivo nacional basado en la aplicación de políticas de corte neoliberal implicó la suspensión relativa y de facto del sub régimen de promoción industrial. Sin derogar la Ley 19.640, el gobierno menemista desincentivó la ejecución de proyectos específicos de la industria electrónica promocionada, como señala Mastrocello (2008: 125):

“En cuanto al sector privado, apuntaremos que la nueva apertura de la economía nacional obligó a la industria fueguina a adecuarse. Ello resulta significativo porque, como hemos visto, del desempeño del sector dependía en una medida importante el de casi todas las restantes actividades locales. Tomando en cuenta esta realidad, la nueva administración provincial llevó a cabo diversas acciones ante el gobierno central que fructificaron en la extensión de la vigencia del régimen —originalmente pautada para 2003— hasta 2013, conformando un dato favorable dentro un marco global que, como apuntamos antes, era poco propicio para los mecanismos promocionales.

En forma casi paralela, las cámaras empresarias gestionaron y obtuvieron de las autoridades nacionales la sanción del Decreto 479/95, relacionado con una importante limitación del sistema, cuyos beneficios se otorgaban por producto. Mediante este decreto, las firmas fueron habilitadas —bajo condiciones muy estrictas— para presentar proyectos de sustitución, mediante los cuales podían suplantar artículos que habían caído en la obsolescencia por razones tecnológicas o por cambios en las preferencias de los consumidores. Si bien aquel decreto no dio los resultados esperados (sólo una veintena de proyectos fue aprobada en dicho marco), junto a la extensión del régimen operó como una protección para las empresas radicadas.”

En consonancia con el proceso de apertura comercial, la ley de convertibilidad implicaba también un fuerte impacto para el sector industrial argentino ya que no cuenta con la protección que implicaba la devaluación de la moneda local. Si bien algunos sectores industriales mantuvieron beneficios que permitieron el sostenimiento de la producción, tal como es el caso de la industria automotriz, las restantes industrias se vieron seriamente afectadas durante el período, especialmente la industria electrónica (Beltran 2011: 230).

Esto implicó directamente la destrucción de los puestos de empleo relacionados al sector. Adicionalmente la instrumentación del plan de privatizaciones también impactó sobre los indicadores del mercado de trabajo. Principalmente porque al reestructurarse las empresas privatizadas tendieron a la reducción de sus planteles propios, establecieron sistemas de subcontratación, o pasaron a importar parte de los bienes y servicios que antes consumían en el mercado local.

Gráfico 13. Tasa de desocupación. Argentina y Tierra del Fuego. Años 1996 a 2002

Nota: Para Argentina se utilizó la totalidad de los 31 aglomerados urbanos. Tierra del Fuego se traduce en el aglomerado urbano constituido por las ciudades de Ushuaia y Río Grande. Se presentaron los indicadores para todos los trimestres disponibles de la EPH continua.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

Así el período exhibió sostenidamente tasas de desocupación de dos dígitos a nivel nacional que llegó a una cifra de 21,5% en mayo de 2002 luego del colapso político y social que implicó la crisis de 2001. En Tierra del Fuego el impacto de este proceso fue levemente morigerado por la transformación productiva que implicó, por un lado el desarrollo de obras de infraestructura que será el principal aporte para la concreción del plan turístico, y por el otro, la expansión del Estado provincial, que se configuró como un fuerte demandante de empleo. Sin embargo estas dos cuestiones tienen mayor vinculación con la ciudad capital, Ushuaia. Si bien el Estado, en todos sus niveles, tiene fuerte presencia en Río Grande[7], esta localidad presenta una especial relación con las restantes actividades productivas de la provincia, es decir la industria, la producción hidrocarburífera, y la ganadería.

Lamentablemente los datos de la Encuesta Permanente de Hogares no permiten discriminar entre Ushuaia y Río Grande, dado que ambas localidades son tomadas como un aglomerado único, en este sentido resulta complejo medir el impacto que implicó para cada localidad, entendiendo que la ciudad del norte, por las relaciones productivas antes descritas, se vio claramente más afectada.

Este hecho se aprecia en el proceso de crecimiento que Río Grande tuvo entre 1991 y 2001. Cuando la provincia tuvo un crecimiento medio anual de 36,5 por mil, Ushuaia creció por sobre la tasa, concretando un 43 por mil, y Río Grande lo hizo por debajo, con un 31,5 por mil.

Como hemos señalado anteriormente la provincia exhibe una dinámica de constantes y altos flujos migratorios, tanto de inmigración como de emigración, aunque con un saldo positivo sostenido en todos los períodos intercensales. Esta característica parece traducirse también en la tasa de desempleo, dado que en momento de crecimiento poblacional, producto de los flujos inmigratorios, los migrantes resultan demandantes de empleo, y de igual forma al encontrar un proceso de emigración, se produce la dinámica contraria, descendiendo la tasa de desocupación. Esta dinámica fue debidamente estudiada por Carpinetti (2003: 93) para el período 1993 a 2001:

“Al considerarse la antigüedad de la migración se observaron para el año 1993 mayores niveles de actividad y de ocupación entre los migrantes más recientes y entre los más antiguos, siendo los más afectados por la desocupación los que se identifican con el período de plena promoción industrial. Estos últimos, al año 2001, incrementan su nivel de actividad. En relación a la evolución de la desocupación y la antigüedad migratoria se pudo constatar que a medida que aumentaba la antigüedad, la desocupación descendía.”

En este contexto, se hace evidente la estrecha relación entre el mercado laboral y los flujos migratorios. Durante períodos de expansión en la estructura productiva, especialmente en la industria, se observa un notable crecimiento poblacional. Sin embargo, con la crisis económica en México, la provincia experimentó una marcada desaceleración en el ritmo de crecimiento de su población económicamente activa, como resultado del impacto del efecto tequila. Un aspecto destacado de este período fue el significativo aumento en los niveles de desempleo, lo que indica que para el año 2001, la situación provincial reflejaba la realidad económica nacional en su totalidad (Carpinetti 2003: 91).

Esta transformación del mercado de trabajo local tuvo especial señal en la estructura ocupacional, donde los obreros calificados de la industria y servicios calificados que representaban el 23% de la población ocupada, pasaron a ser el 19,4% en 2001. En cambio los empleados administrativos, docentes, trabajadores de salud, pasaron del 28,6% en 1991 al 33,6% en 2001. Estas transformaciones de la estructura van en consonancia con el desarrollo del Estado provincial, que se vio acrecentado por la incorporación de empleados a sus establecimientos, la prestación de nuevos servicios de los que carecía el Territorio Nacional, como por ejemplo la estructuración del poder judicial provincial.

Cuadro 8. Distribución absoluta y porcentual de la población ocupada según grupos ocupacionales y posiciones de clase en Tierra del Fuego. Año 2001

Fuente: Elaboración propia basado en el esquema de clases de Palomino y Dalle (2012, 2016) con información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1991 y 2001, INDEC.

En la misma línea se aprecia en el gráfico 14 el crecimiento relativo de los empleados administrativos por un lado, y de los empleados de comercio y servicios hoteleros, frente a los obreros de la industria manufacturera. El gráfico a su vez exhibe la destrucción absoluta de puestos de trabajo entre 2000 y 2002, evidenciando el importante impacto que tuvo la crisis de 2001.

Gráfico 14. Cantidad total de ocupados urbanos y distribución relativa de la población ocupada por sectores de actividad. Tierra del Fuego. Años 1995 a 2002.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el Aglomerado Ushuaia-Río Grande, INDEC.

Como se describió en el apartado anterior, y al igual que entre 1991 y 1995, para el período de 1995 a 1999 el Estado provincial seguirá siendo ejercido por la alianza entre técnicos del Estado provincial y la burguesía local[8], configurando un escenario de captura del Estado (Cavarozzi 1978) y que dio continuidad al andamiaje para el desarrollo de acciones que terminen de concretar el ámbito privilegiado de acumulación que incentiva el sector turístico (Hermida 2018a). Algunas de las obras que describimos anteriormente se concretan en este sub período (Mastrocello 2008: 125). Por ejemplo la inauguración del centro de esquí Cerro Castor en 1999. Este desarrollo tuvo una fuerte inversión realizada por la provincia para que sea gestionada por el sector privado.

Continuando en el ámbito estatal, como mencionamos previamente, reconocemos la influencia del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, en el desarrollo capitalista, una noción subrayada por varias corrientes teóricas, como la perspectiva de la “lógica del capital” (Jessop 1980: 199-2003). En este sentido, el Estado provincial demostró una capacidad distintiva para fomentar este nuevo ámbito privilegiado de desarrollo. Las características y posibilidades de su aplicación surgieron de la formación de un acuerdo hegemónico entre la burguesía local, como clase dominante en el ámbito regional, y el desplazamiento de la burguesía nacional en el territorio, como resultado de las políticas nacionales previamente mencionadas.

La burguesía local, mediante el Estado provincial, logra imponer una agenda hegemónica que tendrá al desarrollo turístico como principal articulador, presentando un nuevo modelo de acumulación para Tierra del Fuego. Esto fue posible en el marco de la crisis del sector industrial propiciada desde el ejecutivo nacional.

De esta forma el Estado provincial capturado por la burguesía local desarrolló durante todo el período una amplia gama de estrategias incluyendo las respuestas desde el sistema educativo estatal a lo largo de la década. Tempranamente con la puesta en funcionamiento de la carrera de Técnico y Licenciado en Turismo en la sede de Ushuaia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, pero también las carreras de Técnico Superior en Gestión Hotelera dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, o capacitaciones en mantenimiento o de asistente de servicios habitaciones brindados por la Municipalidad de Ushuaia (Mosti, Pérez y Arcos 2015).

Sin embargo el modelo económico apoyado tanto en los servicios turísticos como en la reprimarización, no logra contrarrestar los impactos de la crisis que se profundiza desde 1996 y que a nivel local es coincidente con un crecimiento del endeudamiento y ajuste fiscal del Estado provincial, que especialmente impactó en el empleo público (Mastrocello 2008: 194).

Tal como se señaló anteriormente, el gobierno de Estabillo intenta sostener el modelo expansivo basado en el turismo. Para ello finalizan el proceso de concreción de la obra del Cerro Castor que significó una inversión de 8 millones de dólares, de los cuales el Estado provincial aportó 5,5 millones, y los 2,5 millones restantes fueron aportados por Juan Carlos Begué, un empresario local a quien se le otorgó la licitación para explotar el complejo (Mastrocello 2008: 195).

Gráfico 15. Participación de los tres sectores de la economía en el Producto Bruto Geográfico de Tierra del Fuego. Años 1995 a 2002. Base 1993=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Producto Bruto Geográfico de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego.

Así se aprecia que la distribución entre los tres grandes sectores del producto bruto geográfico de la provincia tiende a un estancamiento en la participación del sector terciario, fuertemente relacionado al sector turístico. En este sentido las medidas llevadas adelante por el gobierno provincial no logran compensar la fuerte caída del modelo establecido por la convertibilidad. La transformación neoliberal emprendida por el gobierno nacional alcanza su desarrollo hacia 1998 impactando seriamente en la tasa de variación del producto bruto interno. En este sentido se aprecia un proceso de estancamiento del crecimiento.

Las elecciones de 1999 se debatió entre la fórmula compuesta por la Alianza entre el FREPASO y el Radicalismo, encarnada en la figura de Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, y del justicialismo en la fórmula de Eduardo Duhalde y Ramón Ortega, resultando triunfador Fernando de la Rúa.

Si bien la Alianza significaba un desplazamiento inicial del menemismo, especialmente en la figura de Menem y de sus principales representantes, los lineamientos económicos se sostuvieron (Pucciarelli y Castellani 2014: 17). José Luis Machinea a cargo de la cartera económica mantuvo la vigencia de la convertibilidad entre el peso y el dólar, y sostuvo las principales medidas neoliberales tales como el ajuste fiscal, denominado ahora que en el contexto de la paridad cambiaria significó una reducción nominal y real de los salarios de los empleados estatales nacionales del 12% para aquellas remuneraciones de $1000 a $6500, y del 15% para las superiores a ese monto. A su vez se estableció en el acuerdo con el FMI una operación de rescate que implicaba, además de sostener y profundizar el ajuste, realizar un “blindaje financiero” que consistía en:

  1. Modificar la ley de Responsabilidad Fiscal promulgada por la dictadura militar y reelaborar la Ley de Presupuesto
  2. Enviar al congreso proyectos de reforma de las leyes de seguridad social, con la finalidad de eliminar el sistema de reparto y reducir los fondos para la prestación universal.
  3. Establecer un nuevo pacto fiscal federal destinado a congelar el gasto primario de todas las provincias hasta el 2005. A cambio las provincias recibirían un incremento mensual de las respectivas alícuotas de coparticipación.

El blindaje, la sostenibilidad de políticas de ajuste y la recurrente profundización de la implementación de políticas de corte neoliberal fue determinando el aislamiento del poder ejecutivo en la figura del presidente. La sucesión de renuncias producto de la crisis económica se desenvolvió también como una crisis política nacional. Primero la renuncia del Vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, en octubre de 2000, a menos de un año de la asunción, luego la del ministro de economía Machinea en marzo de 2001, que fue sucedido por Ricardo López Murphy, quien renunciará a las dos semanas de haber asumido producto del fuerte rechazo a la aplicación de las políticas de ajuste que intentó implementar (Pucciarelli y Castellani 2014).

Para responder a la crisis estructural y buscar el acompañamiento de “los mercados”, el presidente convoca a ocupar la cartera económica, al creador de la convertibilidad. Así Domingo Cavallo se hace responsable de la política económica en abril de 2001. Si bien promueve una serie de medidas con la finalidad de estabilizar la macro economía en búsqueda de la generación de un proceso de crecimiento económico, todos los lineamientos sólo profundizarán la crisis.

Gráfico 16. Tasa de crecimiento del Producto Bruto Geográfico para Tierra del Fuego y Producto Interno Bruto para el Total País. Años 1995 a 2002. Base 1993=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Producto Bruto Geográfico de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego, y del Producto Interno Bruto para el Total País de INDEC.

En términos de la variación del producto bruto observamos una caída a nivel nacional por cuarto año consecutivo. Esta larga y profunda crisis finaliza en diciembre de 2001 con los incidentes trágicos producto de la represión esgrimida desde el gobierno nacional. Tras los hechos del 19 y 20 de diciembre el presidente Fernando de la Rúa renuncia originando un proceso de acefalía que tendrá la sucesión de presidentes provisionales e interinos. Entre ellos nos encontraremos con el entonces gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodriguez Saá, electo por la asamblea legislativa, y que ejerció la presidencia entre el 23 al 30 de diciembre de 2001. La medida más importante que tomó en el corto período de su ejercicio se encuentra la declaración de suspensión del pago de la deuda externa, aunque anunció también la sostenibilidad de la convertibilidad y la generación de una tercer moneda con la finalidad de atender pagos del sector público (Pucciarelli y Castellani 2014: 29).

Si bien Rodriguez Saá manifestó en diversos círculos sus intenciones de continuidad hasta el 2003, la falta de un acuerdo general con el resto del justicialismo lo alejó de su plan original. Nuevamente la asamblea legislativa se reunió para la elección de un nuevo presidente interino. Así Eduardo Duhalde, quien fuera contrincante de la Alianza en 1999, será elegido y llevará la gestión presidencial hasta la elección que consagra a Néstor Kirchner como presidente en mayo de 2003.

Gráfico 17. Evolución del Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de la población. Total aglomerados urbanos y aglomerado Ushuaia-Río Grande. Años 1996 a 2002

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares Puntual sobre datos disponibles en bases usuarias.

La crisis desatada en diciembre de 2001 tuvo un proceso largo que ocupó todo el 2002 y que implicó la ruptura de un modelo hegemónico de acumulación de capital. Como todo el período neoliberal implicó el punto más alto del proceso de redistribución regresiva del ingreso, que como se exhibe en el gráfico hará que el índice de Gini alcance valores del 0,54 para el nivel nacional, y de 0,51, para el nivel provincial. Estos índices resultan los más altos del período y sintetizan la regresividad de las políticas neoliberales que se materializan en los altos niveles de desocupación, la baja rentabilidad de los salarios y el gran estancamiento económico, producto entre otras cuestiones por el alto impacto de la deuda externa.

Durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, los sucesivos ministros de Economía, Remes Lenicov y Roberto Lavagna, llevaron a cabo la desarticulación del régimen de convertibilidad económica. Esta medida implicó una devaluación drástica del peso argentino, pasando de una relación de cambio fijo de 1 a 1 con el dólar a una relación variable de 3 pesos por dólar. Como parte de este proceso, se implementó la confiscación de ahorros en moneda extranjera y la conversión de créditos denominados en dólares a pesos argentinos, lo que efectivamente redujo la carga de deuda para los prestatarios locales. Paralelamente, el gobierno intensificó la asistencia social mediante transferencias de subsidios que permitían mitigar el impacto de la crisis producto de la devaluación.

A nivel local la presidencia de la Alianza y de Duhalde coincidieron con la elección del referente del justicialismo Carlos Manfredotti. De pasado como dirigente local del Sindicato Argentino de Televisión, fue intendente de Ushuaia entre 1987 y 1991, luego diputado nacional entre 1991 a 1995, y senador entre 1995 a 1999.

Al igual que su antecesor, Estabillo, dio continuidad a las medidas de ajuste económico, en línea con las medidas nacionales recortando los salarios de empleados públicos un 30% y derogando los estatutos especiales de docentes y empleados del Banco de Tierra del Fuego, entidad financiera dependiente del gobierno provincial. Además realizó recortes en las transferencias al sector privado.

Otro aspecto importante de la gestión de Manfredotti se relacionó con el Puerto de Caleta La Misión. El proyecto portuario para la ciudad de Río Grande se puede remontar a inicios de la década de 1970. Uno de los propósitos se encuentra en la aspiración geopolítica de conectar Argentina entre el Continente y la Isla Grande sin tener que atravesar las fronteras con Chile. Para ello se requiere una navegación por aguas abiertas cercanas a la desembocadura del Estrecho de Magallanes. Otro propósito para el puerto está íntimamente relacionado con la expansión del modelo de acumulación industrial, ya que el puerto puede mejorar la logística de los insumos importados que se utilizan en las manufacturas electrónicas.

La gestión de Estabillo había iniciado la construcción del puerto de Río Grande en 1995 mediante la concesión de la obra a una Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por las firmas Ormas S.A.I.C.I.C. y Andrade Gutiérrez S.A., pero el proyecto se vio paralizado desde 1998 por la discontinuidad en los pagos. En 1999 el nuevo gobierno provincial renegoció la deuda contraída con la empresa licenciataria, sin embargo, las obras no finalizaron quedando un muelle inconcluso e inutilizable (Mastrocello 2008: 202).

Este hecho hace evidente que el proyecto del puerto de Río Grande[9] obedece principalmente al modelo productivo industrial, por lo que su desarrollo en el contexto del modelo de acumulación turística sólo encuentra justificativos en las características geopolíticas[10] que se encuentran siempre presentes. A su vez, en el contexto desfavorable para la localidad del norte de la Isla Grande, la obra se configuró como una acción necesaria desde el punto de vista electoral para garantizar la reelección de Estabillo.

En términos productivos, y como se mencionó anteriormente, el sector industrial siguió en franca retirada producto de la recesión sostenida desde 1998, que se aceleró con la crisis de 2001, lo que exhibe en la provincia una caída para el producto bruto geográfico en la variación entre 2001 a 2002 de -14,1%, superior en cuatro puntos a la variación nacional, aunque debemos notar que se trata de un año contra los cuatro continuos que apreciamos anteriormente, volviendo a exhibir la sensibilidad de la economía fueguina a la las crisis y sus recuperaciones.

El gobierno provincial no exhibió transformaciones significativas en el modelo llevado adelante desde 1991, similar a lo ocurrido a nivel nacional, los cambios de gestiones no significó una modificación del modelo de acumulación, sino más bien una continuidad, expresando la constitución hegemónica que el sector turístico desarrolló durante todo el período.

Finalmente, a pesar de las acciones locales por mitigar los efectos de la crisis nacional, basados en un contexto favorable producto de la provincialización y la implementación de un plan de obra pública que permitía la configuración de un nuevo ámbito de acumulación local basado en el turismo, la crisis estructural del modelo neoliberal se experimentó en la provincia al igual que en el resto del país.

Conclusión del capítulo

Tal como planteamos al inicio de este capítulo, nos propusimos interpretar la primera etapa del Estado provincial, la transformación del modelo productivo en el marco de la implementación de políticas neoliberales y la consolidación y hegemonía de una burguesía local en la configuración del rol del Estado local. Para ello analizamos la consolidación de la burguesía local en la configuración del Estado provincial, mediante la captura del Estado por parte de los sectores dominantes y que efectuaron gran parte de los cambios en el modelo de acumulación a nivel local, especialmente en el desarrollo del turismo como un nuevo ámbito asistido desde el Estado provincial.

La implementación de políticas neoliberales, como la Ley de Convertibilidad en 1991, tuvo un impacto significativo en la economía de Tierra del Fuego. La consolidación de una burguesía local, la expansión del sector terciario en detrimento de la industria manufacturera y el desarrollo del turismo como un nuevo ámbito de acumulación, son ejemplos de los cambios en el modelo productivo y la estructura ocupacional de la región. La crisis económica nacional en 2001 también afectó a la provincia, con un aumento de la desocupación y la desigualdad de ingresos. A pesar de las medidas de ajuste implementadas, la economía no logró estabilizarse, lo que indica los desafíos que enfrentó Tierra del Fuego durante este período de transformación económica.

La convergencia de la provincialización con la aplicación de políticas de descentralización por parte del gobierno nacional, se dieron también en el marco de la aplicación de la ya mencionada Ley de Convertibilidad en 1991. Estas medidas permitieron a la provincia el desarrollo productivo durante el período 1991 a 1994, y hasta mitigar los impactos de la crisis nacional iniciados entre 1995 y 1996, especialmente morigerando la distribución del ingreso regresiva, que sin embargo se vio envuelta en la misma línea nacional hacia 1996. El sector industrial se observa en franca contracción, lo que se traduce en el aumento de las tasas de desocupación, y en una abierta conflictividad social que tiene su capítulo más sangriento en 1995, donde el joven Estado Fueguino demuestra su poder en el pleno desarrollo neoliberal.

Si bien la promoción industrial funcionó como resguardo durante la apertura comercial ejercida por la economía de la dictadura, la versión “democrática” del neoliberalismo anuló la funcionalidad de la ley 19.640. Aunque la administración nacional no llegó a derogar la norma, no aprobó proyectos específicos durante la década del ’90, lo que impidió otorgar los beneficios que los establecimientos industriales establecidos en la provincia utilizan como ventajas comparativas en para la producción de bienes manufacturados. Esto estableció el marco para la expulsión laboral de miles de trabajadores y las bases para el crecimiento de las actividades locales, especialmente el turismo, la construcción y el desarrollo inmobiliario (Capuano, Cohen, Hermida et al 2022).

El periodo del menemismo se erigió como el motor político y el centro impulsor de una nueva era refundacional, conocida como la “revolución conservadora”. Esta revolución integró en un mismo esquema diversas formas de poder económico, social, cultural, político y estatal que antes estaban fragmentadas o desarticuladas. Este proceso dio lugar a un modelo de dominación hegemónica global sin precedentes, que predominó claramente a lo largo de los años noventa. Aunque brevemente interrumpido por otro gobierno en los años siguientes, este modelo llegó a su fin de manera abrupta y caótica debido a un levantamiento popular a finales de 2001 (Pucciarelli 2011: 65).

El modelo productivo nacional, basado en la aplicación de políticas neoliberales, brinda las bases sólidas para una inversión en infraestructura turística, conforme a las necesidades de la burguesía local. Este grupo dominante ha moldeado el Estado provincial, desde la creación del mismo, en base a sus necesidades.

Sobre este paradigma se estableció el desarrollo turístico en Tierra del Fuego como alternativa neoliberal para la provincia. La apertura del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, el desarrollo del Centro de Esquí Cerro Castor, la ampliación del muelle del Puerto de Ushuaia y la pavimentación de la Ruta Nacional N° 3 contribuyeron a mejorar la conectividad y atraer turistas. Sin embargo, el cambio en el modelo productivo tuvo consecuencias en la estructura ocupacional, con un aumento de trabajadores en el sector turístico, especialmente en áreas como limpieza y mantenimiento, lo que reflejó un crecimiento de trabajadores no calificados en el sector servicios. Además, la disminución en la calidad de los empleos y el aumento de la desocupación en el sector industrial generaron conflictividad social, manifestada a través de huelgas y movilizaciones. La expansión del sector turístico permitió compensar el crecimiento de las tasas de desocupación, que estuvieron por encima de las nacionales entre 1991 y 1993, pero tendieron a estar por debajo del promedio nacional entre 1994 y 1995.

Estos cambios en la estructura ocupacional también se reflejaron en la distribución relativa de la población ocupada por sectores de actividad, donde se observó una disminución en la proporción de trabajadores en la industria manufacturera en términos relativos, así como un crecimiento relativo del sector servicios y del comercio, aunque se observa un estancamiento nominal de los ocupados en hotelería y gastronomía. Esta dinámica se tradujo en una ralentización de las tasas de crecimiento demográfico.

La crisis económica en Argentina en 2001 tuvo repercusiones en Tierra del Fuego, con medidas de ajuste económico implementadas por el gobierno provincial, recortando salarios estatales y renegociando deudas. A pesar de acciones locales para mitigar los efectos de la crisis, el modelo neoliberal tuvo un impacto en la provincia con una significativa caída del producto bruto geográfico.

De esta forma el período se caracteriza por un crecimiento de los niveles de desocupación y una migración del modelo productivo industrial al modelo turístico de la economía local. Si bien los saldos migratorios indican que el territorio continúa como una zona atractora de población, como señalamos anteriormente, se observa una fuerte desaceleración de las elevadas tasas manifestadas en el período anterior producto del cambio en el modelo productivo local. Es este capítulo donde se exhibe la consolidación de una burguesía local que crece en base a la ley de promoción industrial, pero sus intereses se encuentran en franca tensión con esta política pública.

Frente al proceso de desindustrialización a nivel local se esgrime una alternativa de desarrollo basada en el incentivo al sector turístico, configurando de esta forma un nuevo modelo de acumulación. Para su implementación la burguesía local se sirvió del joven Estado provincial que propició el desarrollo particular del sector. Esta captura de las carteras y políticas relacionadas al sector turístico, exhibe falta de reciprocidad y distanciamiento necesarios para establecer las intervenciones de calidad que la bibliografía especializada recomienda para desencadenar procesos de desarrollo.

De esta forma, durante este período las políticas públicas del Estado Fueguino fueron fuertemente apuntadas al desarrollo de las actividades que beneficiaron el crecimiento y desarrollo de la burguesía local.

El sector turístico presenta una competencia notable por la fuerza laboral, principalmente con el sector industrial. La desindustrialización a nivel nacional ha mitigado la presión derivada de los salarios elevados en la industria, a la par que la desocupación y la declinación de la producción manufacturera han proporcionado un contexto propicio para el florecimiento de la burguesía local. Este panorama se ha visto potenciado por la aplicación de medidas represivas por parte del Estado, consolidando así un escenario favorable para el crecimiento de este sector empresarial.

Hasta el momento hemos observado dos modelos de acumulación, uno de origen manufacturero iniciado en 1972, y otro de tipo turístico impulsado en 1991. Ambos disputan el control del desarrollo económico de la región. Sin embargo ambos exhiben dificultades para su sostenimiento. El modelo de desarrollo industrial está anclado en un ámbito privilegiado de acumulación que presenta inconvenientes para alcanzar la capacidad de enraizamiento que permita su transformación a ámbito estratégico. En cuanto al modelo turístico, si bien presenta capacidades de sostenibilidad a largo plazo, su expansión, especialmente en lo relativo a la generación de empleo, se encuentra determinado por un sector de la burguesía local que tuvo el control del Estado provincial durante el período descripto en el presente capítulo.

La capacidad de generación de empleo formal y con altos ingresos que ha exhibido en el período 1972 a 1991 el sector industrial le ha conferido la defensa del sub régimen de promoción industrial por parte los trabajadores del sector. Este compromiso de clase entre los obreros con los empresarios de la industria electrónica se traduce en la sostenibilidad política de la Ley 19.640. El sector turístico presenta capacidades de generación de empleo limitadas a la zona sur de la Isla Grande, también exhibe una expansión relativa asociada a la agenda política del Estado local capturada por la burguesía local. En este sentido el Estado provincial carece de la reciprocidad y la distancia necesarias para implementar intervenciones de calidad que fomenten una expansión sostenible en este ámbito de acumulación.

Este proceso volverá a tener un nuevo giro desde el Estado Nacional que reinstala la matriz industrial como eje de la post-convertibilidad en 2003. Ahora inserto en las nuevas tecnologías de la información y con los nuevos enclaves productivos y de reterritorializaciones, en el marco del Mercosur, se reestablece la prominencia fiscal de la ley 19.640 y se la expande hasta 2023, al igual que el análogo régimen de Manaos en Brasil (Schorr y Porcelli 2014).


  1. Daniel Leguizamon director del INFUETUR entre 1992 y 2000 participó de la redacción del Plan en el marco de la gestión del MOPOF. Luego estuvo vinculado al desarrollo turístico desde el sector público como asesor de legisladores del mismo partido o como Secretario de Turismo del Intendente de Ushuaia Federico Sciurano, quien es yerno del concesionario y Presidente del Centro de Esquí S.A., Gustavo Begué.
  2. El Proyecto del Centro de Esquí en el Cerro Krund fue incluido en el Plan de Desarrollo Turístico de 1991 del Instituto Fueguino de Turismo. El desarrollo del proyecto, licitación y puesta en marcha de la empresa licenciataria Cerro Castor S.A. tuvo el inicio de actividades en 1999, siendo exactamente el período gobernado por el Movimiento Popular Fueguino.
  3. El turismo presenta una complejidad para la medición de su impacto dado que presenta vinculaciones con diversas áreas. Por ejemplo, la actividad prestada por las agencias de viajes se encuentran incluidas en el área de servicios, también impacta en el comercio, especialmente en la venta de algunos productos específicos, tales como recuerdos. Los servicios de transporte son también sustantivos, aunque no resultan de uso exclusivo para el sector, especialmente aquellos que refieren al servicio de taxis y remises. Algo similar ocurre con la gastronomía, ya que gran parte del consumo de esta actividad se encuentra relacionada a la población residente. El único rubro que está plenamente relacionado al turismo es la hotelería.
    Dado que la fuente de datos utilizada es la Encuesta Permanente de Hogares, y que la misma se releva en Ushuaia y Río Grande como un aglomerado único, y la actividad turística en la ciudad de Río Grande resulta secundaria, toda su actividad gastronómica, se desarrolla en base a la demanda local. En cuanto a sumar el sector hotelero y gastronómico al comercio, como sinónimo de la actividad turística resultaría riesgoso, ya que la gran proporción del empleo en la actividad comercial se relaciona al consumo de los residentes. La venta de productos alimenticios, especialmente en supermercados, mercados y mayoristas, la indumentaria, bienes muebles, electrodomésticos, elementos deportivos, productos de la construcción, no encuentran relación alguna con el sector turístico. En cuanto al transporte se debe mencionar que los arribos y salidas de la ciudad de Ushuaia se realizan por medios aéreos en primer lugar, marítimos en segundo lugar y minoritariamente en transporte terrestre debido a la gran distancia de vinculación a los grandes centros urbanos del país.
  4. El carácter represivo contra las manifestaciones fueron documentadas en diversos medios televisivos y gráficos. Algunos de los videos disponibles son: https://youtu.be/BkDpzwR_SXk?si=xyPzbBF2inM4n08U; https://youtu.be/-SZQqd-28yU?si=KUThu9rnFO6w8tmo; y https://youtu.be/Ur4x2OGKl6s?si=kI3tWPW3p0TSwGv5
  5. La planta de Continental Fueguina SA y actividades de la empresa luego de su quiebra fueron adquiridas por New San SA en 1998. Con el producto de la venta se procedió al pago de las indemnizaciones adeudadas por la empresa cerrada en 1995. Sólo 100 empleados fueron reincorporados posteriormente al proceso de compra. https://www.clarin.com/economia/reabriran-continental_0_HkUMMckkLnl.html
  6. Fulvio Baschera Director Ejecutivo y copropietario del medio gráfico “El Diario del Fin del Mundo”: https://www.eldiariodelfindelmundo.com/, uno de los diarios con mayor impacto en la provincia.
  7. En la tesis de maestría se ha señalado esta característica Hermida (2016): “En cuanto a la administración pública provincial se observa cierta duplicación en las dos principales localidades, todos los ministerios o institutos descentralizados presentan oficinas y delegaciones en ambas ciudades, haciendo que sus funcionarios públicos viajen o se instalen frecuentemente, alternando sus estadías. Lo mismo ocurre con algunas instituciones o delegaciones de índole nacional, tal como ocurre con el INTA, la UNTDF, la UTN o la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.
  8. El ejecutivo provincial estará a cargo de José Arturo Estabillo en un segundo mandato, en la cartera económica tendrá el acompañamiento de empresarios locales tales como Mariano Viaña, quien ya se había desempeñado en dicha cartera,
  9. En 2012 la Gobernación de Fabiana Ríos renegoció la deuda contraída con la UTE licenciataria estableciendo un acuerdo de licitación del puerto a 40 años, con opción a compra. Sin embargo la legislatura rechazó el proyecto, quedando nuevamente inconcluso el proyecto: https://www.minutofueguino.com.ar/interes-general/la-leyenda-del-puerto-caleta-la-mision-7417.htm
  10. En 1972, el Decreto Nº 2985 del Poder Ejecutivo Nacional establece la formación de una Comisión Especial para investigar la viabilidad de conectar Santa Cruz y Tierra del Fuego, priorizando los buques portarodantes (RoRo). Posteriormente, en 1973, la Resolución Nº 743 del Ministerio de Economía da origen a otra comisión, que incluye al Contralmirante Padilla, para estudiar esta integración, concluyendo en el uso de RoRo y un puente aéreo entre Río Gallegos y Río Grande. En 1976, se inicia un estudio de factibilidad para construir terminales en Punta Loyola y San Sebastián, y en 1981 se forma el Ente de Unión Territorial, con el objetivo de unir la Patagonia Austral con Tierra del Fuego. Sin embargo, la guerra de Malvinas en 1982 detiene estos planes. Se estima que en 1981 la construcción de puertos y un trasbordador implicaría un costo de 200 millones de dólares. Fuente: https://www.nuestromar.org/antiguas/unir-por-mar-las-provincias-de-santa-cruz-y-tierra-del-fuego/


Deja un comentario