Tal como ha sido expuesto anteriormente, la presente tesis se encuentra teóricamente en el ámbito de los estudios del desarrollo (Madoery 2016). En dicho sentido este primer capítulo atiende las características y estilos de desarrollo. Para ello realizaremos un recorrido por la extensa tradición de sobre la temática, haciendo especial énfasis en los marcos teóricos desarrollados en Latinoamérica, y aquellos que atienden la perspectiva relacional entre lo local y lo nacional.

Observaremos la relevancia que adquiere el Estado en la configuración del desarrollo, en ese sentido será primordial atender a las características que tiene la expansión de las instituciones en el ámbito territorial, y con ellas la conformación del Estado, entendido no sólo desde la estructura nacional sino también desde la perspectiva subnacional. La Argentina, como país federal, presenta especial importancia en la conformación de los Estados provinciales. En nuestro estudio cobra relevancia atender a los órdenes teóricos que desenvuelvan la conformación del Estado, pero también la configuración y transformación que va desenvolviendo.

En este sentido el Estado cumple un rol primordial en la configuración y direccionamiento del proceso de desarrollo, con él se establecen relaciones con la estructura empresarial, en un diálogo dual, por un lado la posible elaboración de políticas públicas que orienten el proceso, y con él la conformación de ámbitos estratégicos de acumulación, pero con el riesgo de establecer ámbitos privilegiados que limiten el desarrollo y establezcan condicionamientos desde la burguesía al accionar estatal. De esta forma revisaremos la bibliografía referente a las capacidades de enraizamiento y autonomización, como a las conformaciones de los posibles patrones de acumulación.

Como se ha observado los procesos de desarrollo o patrones de acumulación afectan especialmente en la estructura social y la desigualdad, en este sentido los modelos analíticos acerca de la conformación de clase permite el análisis de los actores sociales para la consolidación de los modelos de desarrollo, pero también permite observar los efectos que estos procesos producen en la estructura (Torrado 2007). Para ello revisaremos los principales abordajes teóricos que resultarán de utilidad en el análisis empírico acerca de la conformación de las clases sociales, las relaciones entre sí, la vinculación con el sistema estatal, y el consiguiente análisis de la desigualdad social.

El capítulo resulta una caja de herramientas teóricas que cumple el rol de establecer las articulaciones con el modelo metodológico presentado anteriormente y los análisis empíricos que atienden al tratamiento del objetivo de la presente tesis.

Las teorías del desarrollo y los modelos de acumulación

El término “desarrollo” comenzó a ser utilizado ampliamente a partir del siglo XX, aunque sus raíces pueden rastrearse en debates y discusiones anteriores sobre el progreso económico y social^[1]. Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el concepto adquirió una mayor relevancia en el marco de las fuertes transformaciones poblacionales y económicas, producto asimismo de la segunda transición demográfica^[2].

Las teorías del desarrollo “tienen sus orígenes en los postulados de los economistas clásicos en torno a la problemática del crecimiento económico. Sin embargo, podemos alejarnos más aún en el tiempo para encontrar los fundamentos teóricos que los autores clásicos asimilaron al basarse en las Escuelas Mercantilista y Fisiocrática” (Aguado et al 2009: 89). Para la primera, en torno al siglo XVI, el crecimiento económico apostaba a la acumulación de riqueza a través de superávits comerciales y el aumento de la recaudación. La segunda, por su parte, desarrollada en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII, subraya la dependencia de la persona con respecto a la naturaleza y concluye que el origen de la riqueza se encuentra en la agricultura. “En suma, tanto la escuela mercantilista como la fisiócrata estuvieron interesadas en la política de crecimiento, pero mientras que para los primeros era el intercambio a través del comercio internacional el que generaba la riqueza, para los segundos fue el ´laissez faire´ y su efecto sobre la agricultura.”

Donde se implantaba un establecimiento productor de manufacturas el territorio cambiaba, la velocidad con la que circulaban las personas, las relaciones entre ellas y el hábitat que lo circundaba se transformaba. Por supuesto el modo en que se analizaban esas interacciones cambió. El desarrollo teórico de las ciencias sociales durante dicho período se basa en los altos procesos de transformación, con diferentes posiciones pero todas basadas en el cambio.

Realizando una generalización de las teorías de los economistas “clásicos”, Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus y John Stuart Mill, la riqueza descansaba en la acumulación de factores de producción. A su vez tenían muy presente que el crecimiento económico estaba forzosamente limitado por las disponibilidades de esos factores productivos. Desde esta perspectiva mientras hubiese tierras libres se podría crecer sin límites, pero desde el momento que estas escaseaban y la población se incrementaba, se llegaría a un grado estacionario. Para posponer ese estado sería necesaria la innovación, la inversión y la generación de nuevos mercados.

Existen algunas particularidades que requieren ser observadas. Ricardo consideraba que el principal problema al que se tenía que enfrentar la economía política sería la distribución de la renta y no el crecimiento de la riqueza. Malthus expresó la visión pesimista respecto de la evolución de la población en la que plantea “abiertamente el problema del crecimiento demográfico en relación con la disponibilidad de recursos, especialmente con los recursos alimenticios”. John Stuart Mill, “deja constancia de la limitación de los recursos naturales, pero, aun así, al contrario que Malthus, no temía al fantasma de la superpoblación ni al del subconsumo”. Por otra parte, Marx no consideraba la existencia de frenos al crecimiento de la producción puesto que opinaba que los avances tecnológicos serían capaces de impedir la llegada de ese estado estacionario, basándose en la sustitución perfecta entre capital y tierra (Aguado et al 2009: 91-92).

Ahora bien la visión neoclásica del desarrollo económico “se apoya sobre la base de unos factores productivos dados y el doble supuesto de perfecta movilidad de factores, por una parte, y de total flexibilidad de la variable precio por otra, para afirmar que más tarde o más temprano se llegará al equilibrio de la renta y de la producción y, en consecuencia, al pleno empleo en el uso de los recursos” (Aguado et al 2009: 92). En este sentido el desarrollo no tiene límites, al menos en los términos de los recursos naturales, desde esta óptica el desarrollo se observa como sinónimo de progreso ilimitado. Tal como se aprecia en los párrafos anteriores, si bien existían posiciones críticas, la asociación conceptual entre desarrollo y crecimiento, principalmente industrial, va estar presente en el análisis de las ciencias sociales, especialmente dentro de la economía, desde finales de siglo XIX hasta principios del XX.

La crisis económica de 1929 marcó un punto de inflexión al poner fin a la noción de progreso indefinido. Este quiebre desencadenó cambios sociales significativos y transformaciones políticas profundas que comenzaron a cuestionar el papel de la economía liberal. En este contexto, el Estado emergió como un actor fundamental en la regulación de los procesos económicos. Las críticas provenientes del marxismo hacia el modo de acumulación capitalista, junto con las propuestas del keynesianismo que ofrecían una alternativa al modelo de crecimiento económico, introdujeron una nueva visión del desarrollo. Esta visión, al tiempo que sostiene el papel crucial de la producción manufacturera como motor del progreso, también incorpora los derechos sociales como componentes esenciales del mismo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, las teorías del desarrollo se transforman en una especialidad en el campo de la economía y las ciencias sociales. Este momento resulta crucial no sólo por la reconstrucción de Europa, especialmente de Alemania, y la relevancia que toma Estados Unidos en el sistema mundial, sino también por los caminos de liberación luego de los procesos colonizadores en Asia y África, y las necesidades de automatización de América Latina (Garza Gutierrez 2007, Sen 1998).

Los primeros trabajos siguen la tradición neoclásica basada en la acumulación de capital, entre estos se destacan las producciones de Nurkse (1953), Baran (1957) y Lewis (1955) (citados en Sen 1998: 80). Quizá la de Lewis es la que tempranamente ha permeado las teorías del desarrollo, y especialmente las que han influido en las agendas e intelectuales latinoamericanos. Su perspectiva se establece en una sociedad dual, donde coexisten dos sectores, uno, denominado, sociedad tradicional, asociada la producción precapitalista y agrícola. La segunda, designada como sociedad moderna, se establece así por su intrínseca estructura productiva industrial y capitalista. La evolución implica la eliminación de la estructura dual por una preponderancia de la sociedad moderna capitalista e industrial.

La hipótesis de Arthur Lewis establece que:

“La acumulación del capital en el sector capitalista o moderno, o más bien el progreso técnico, provoca una elevación del producto marginal del trabajo al interior del sector. De ese modo, la demanda de trabajo aumenta. En la sociedad moderna, el nivel medio del salario industrial se supone superior en 30% al agrícola. Esta diferencia debe provocar una atracción sobre las ciudades y la migración de un determinado número de trabajadores agrícolas.” (Gutierrez Garza 2007: 46)

Así el sector moderno, capitalista e industrial, que presenta condiciones ventajosas, especialmente en materia salarial, paulatinamente generará una atracción de los trabajadores que se desarrollaban en el sector tradicional, agrícola y precapitalista, por lo que se tenderá a eliminar el dualismo. La teoría de Lewis fue críticamente analizada por los teóricos de América Latina, principalmente en las obras de José Nun (1969), y Anibal Quijano (1966), en torno a la marginalidad de la sociedad tradicional, como también en los trabajos que refieren a la modernización, principalmente en la obra de Gino Germani (1968), que abordaron los procesos migratorios y las transformaciones internas de las sociedades latinoamericanas producto de los cambios en la estructura productiva.

Siguiendo con el análisis de los aportes a las teorías del desarrollo dentro del enfoque neoclásico, encontramos la importante influencia, especialmente en materia de construcción de agendas, de Whitman Rostow (1960) realizada en “Las etapas del crecimiento económico”. Allí establece cinco etapas comunes para todos los países en proceso de desarrollo:

• Sociedad tradicional: al igual que la teoría de Lewis (1955) basada en una agricultura de subsistencia
• Creación de las condiciones previas al arranque
• Despegue: Aquí es cuando la tasa de inversión debe superar la tasa de crecimiento de la población, y por ende se consigue superar los obstáculos de una economía tradicional. Una vez que se inicia esta etapa, para el autor, tendría una duración de treinta años.
• Camino a la madurez: se requerirán unos sesenta años después del despegue, para que la nación pueda obtener el dominio de la tecnología contemporánea más avanzada y tenga la capacidad de producir lo que se proponga en el campo de especialización que haya escogido.
• Etapa del consumo de masas: ya en la etapa del consumo masivo elevado, los principales sectores de la economía se desplazarán hacia la producción de bienes de consumo duraderos y gran parte de la población adquirirá un elevado nivel de vida. (Guitierrez Garza 2007: 47-48)

La influencia y aceptación de la obra de Rostow, especialmente entre los economistas neoclásicos por su tributo a la teoría del comercio internacional, tendría desde trabajos de otras disciplinas de las ciencias sociales, tales como la sociología o la antropología, críticas a la versión idílica al evolucionismo planteado por el autor.

Contemporáneamente, en América Latina se realizó una respuesta al enfoque neoclásico, desde la teoría estructuralista de la CEPAL, y especialmente desde los abordajes de un grupo de intelectuales (Prebisch 1948, 1964) se negó que el subdesarrollo constituya una etapa normal del proceso de desarrollo, sino que esta condición se debía a un fenómeno histórico en que ciertas economías en el marco del comercio internacional, recibían una condición periférica, como resultado de un retraso estructural del sistema productivo que posibilita una contracción de los beneficios y los salarios por debajo del ritmo de crecimiento de su propia productividad, así este planteamiento parte de una tesis central que expresa el deterioro de los términos de intercambio.

Recordemos que “la tesis neoclásica del comercio internacional sostenía que todo aumento en la productividad implica el descenso de los precios de las mercancías y dado que las relaciones comerciales se realizan entre países con diferentes niveles de productividad, aquéllos donde sus precios son más altos (…) se verían favorecidos por el descenso de los precios en los países que han logrado mayor productividad.” (Gutierrez Garza 2007: 48). En este sentido Prebisch demostró que ocurre lo contrario, la relación de precios se mueve de forma adversa en la periferia, de esta forma la teoría cepalina se basa en una concepción de una economía estructuralista diferenciada en dos polos, el centro y la periferia (Prebich 1962, Pinto 1976, Garciarena 1976),.

Para que las economías periféricas abandonen dicha condición deberían aplicar políticas que tendieran a la industrialización por sustitución de importaciones en una primera etapa, y luego el desarrollo de exportaciones de bienes industrializados. Para ello establecen un importante rol al Estado como motor del modelo de desarrollo. En este esquema establecen, aunque con críticas de algunos teóricos de la escuela cepalina, especialmente de Celso Furtado, el fortalecimiento de la clase empresarial (Gutierrez Garza 2007: 49).

Otro aporte importante de la CEPAL, como crítica a los aportes realizados por el dualismo neoclásico, es la teoría de la heterogeneidad estructural (Pinto 1970, Strum y Nohlen 1982). Esta se define por “la coexistencia de sectores, ramas o actividades donde la productividad del trabajo es alta o normal (es decir similar a la que alcanzan las economías de los países centrales), junto con otras en que la productividad es mucho más baja (respecto a las registradas en las economías centrales)” (Rodríguez, 1998: 1). Según esta corriente los problemas del desarrollo latinoamericano se basan en esta coexistencia de sectores.

Si bien las teorías cepalianas tuvieron aceptación en ámbitos académicos y en la producción de agendas gubernamentales en la década del cincuenta y sesenta, hacia finales de dicha década comenzaron a desprender algunas críticas, aunque con continuidades. Así surgieron los abordajes que tendieron relaciones con la tradición marxista, la teoría de la dependencia es un emergente de dicha tradición.

En palabras de uno de sus teóricos: “La dependencia es una situación en la cual un cierto grupo de países tienen su economía condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía a la cual la propia está sometida. La relación de interdependencia entre dos o más economías, y entre éstas y el comercio mundial, asume la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y autoimpulsarse, en tanto que otros (los dependientes) sólo lo pueden hacer como reflejo de esa expansión, que puede actuar positivamente y/o negativamente sobre su desarrollo inmediato” (Dos Santos, 1973: 44).

Esta teoría sostiene que los países dependientes presentan una condición estructural subordinada a los países desarrollados, generando una espiral de retraso económico y social de los dependientes. Si bien en este aspecto presenta continuidades con la teoría cepalina, encuentra su crítica en la calidad de las intervenciones empresarias. La teoría de la dependencia establece que los modelos económicos aplicados tienden a formar, fortalecer y establecer grupos económicos consolidados como oligarquías endógenas que inhiben las posibilidades de transformación de los modelos productivos. Las versiones más radicalizadas de la teoría de la dependencia concluyeron que el único camino para el cambio social posible se encontraba en el proceso revolucionario que eliminara la forma de producción capitalista en América Latina.

En el contexto internacional de la guerra fría, la sucesión de intervenciones dictatoriales en la región, sumado a cierto estancamiento de las economías de los países desarrollados, el crecimiento de las deudas externas, dio un vuelco teórico, especialmente en las agendas gubernamentales estableciendo el paradigma de la teoría neoliberal. Tal como se ha señalado en otros trabajos el neoliberalismo representa un proyecto de clases dominantes, especialmente trasnacionalizadas, aunque apoyado y potenciado por sectores dominantes endógenos (Harvey 2005, Fernández 2016, Hermida 2018b)

Si bien su emergencia teórica acompaña la crisis del modelo keynesiano en la década de 1970, tuvo una fuerte aceleración en las políticas en las décadas siguientes, estableciendo una agenda común Consenso de Washington. Establecido en campos teóricos por Friedman (1962, 1980) y Hayek (1980), entre otros integrantes de la Escuela de Chicago, el proyecto implica la Integración de los países periféricos al mercado mundial, la desregulación y liberalización comercial, financiera y laboral, la privatización del sector público, y finalmente el retraimiento del Estado en la economía y en la sociedad (Harvey 2005: 7).

El Consenso de Washington retoma las tesis neoclásicas de los años cuarenta de las ventajas competitivas del comercio internacional, la cual señala que los países que tienen niveles de productividad más bajos se verán beneficiados por los países que tienen más alta competitividad en el intercambio comercial (…). Como se menciona supra, Prebisch refutó esta tesis y demostró exactamente lo contrario. Sin embargo, el neoliberalismo lleva este principio al extremo de querer constituir un mercado global único y unificado. (Gutierrez Garza 2007: 52).

Harvey (2005: 7) afirma “el proceso de neoliberalización ha acarreado un proceso de destrucción creativa, no solo de los marcos y de los poderes institucionales previamente existentes, sino también de las divisiones del trabajo, las relaciones sociales, de las áreas de protección social, de las combinaciones tecnológicas, de las formas de vida y de pensamiento, de las actividades de reproducción, de los vínculos con la tierra y de los hábitos del corazón”. En este sentido, el proceso de cambio en el proyecto neoliberal significó una nueva forma de interpretar las relaciones, no sólo en materia de los lineamientos de políticas públicas para el desarrollo, tanto económico, social o institucional, sino que permeó las formas de interpretar el mundo.

Si bien los modelos económicos neoliberales recibieron críticas desde distintos espacios teóricos tempranamente (Sen 1981 citado en Tilly 2000, 1998, 2007, Stiglitz 2015), la preponderancia que recibieron en las agendas gubernamentales y de organismos internacionales desde mediados de la década del setenta resultó hegemónica. Sin embargo, hacia inicios del nuevo milenio se comienzan a observar cambios en las formas de interpretar y construir las políticas públicas y lineamientos internacionales para la reducción de desigualdades sociales, ampliación de capacidades y recuperación del rol del Estado como motor del proceso económico y social (Fernández 2016).

En paralelo al devenir conceptual de los modelos neoliberales se estableció una agenda local del desarrollo, especialmente asentadas en las experiencias evaluadas como exitosas de ciertos distritos industriales, tales como Emilia Romagna, Silicon Valley, Baden-Wutenberg. Estas experiencias dieron lugar a una producción teórica que tendió a “importar” estas experiencias aparentemente exitosas a otros territorios. Víctor Ramiro Fernández, Ash Amin y José Ignacio Vigil proponen denominar a estos trabajos basados en experiencias foráneas para el desarrollo local con la expresión Nueva Ortodoxia Regionalista (NOR) (Fernández et al 2008).

Siguiendo a los autores, la NOR se articula en torno a dos paradigmas fundamentales. En primer lugar, encontramos la teoría de la “Especialización Flexible”, cuyo origen se remonta a Becattini en 1979. Esta corriente recupera la relevancia de los distritos industriales mediante una concepción innovadora que ha influido en diversos modelos de desarrollo regional. Se concibe como un ente económico-social integral, donde se entrelazan y retroalimentan esferas sociales, económicas e institucionales para configurar sistemas productivos delimitados geográficamente. Este enfoque ha sido esencial en la conformación de los Sistemas Regionales de Innovación, los cuales ofrecen oportunidades de arraigo social, primacía de las acciones colectivas y la relevancia de la capacidad de aprendizaje compartido.

Ese enfoque, junto con los aportes acerca del capital social (Putnam et al 1993) y la densidad institucional (Amin 1994), resaltaron la importancia de las interrelaciones institucionales, poniendo también en relieve la importancia de las regiones cómo ámbitos nodales para el desarrollo por sus dinámicas interactivas y asociativas.

La segunda corriente de NOR es iniciada por Michael Porter (1990, 1998) girando en torno al concepto de “cluster” y se basa en un modelo teórico denominado el “diamante de factores” el cual establece seis ejes sustantivos: la rivalidad empresarial que crea calificaciones, el ingreso de nuevas formas empresariales que dan a lugar a una competencia dinámica, el desarrollo de cooperación por medio de instituciones de soporte, el acceso a factores de producción especializados por medio de instituciones académicas e institutos de investigación, la vinculaciones entre industrias que comparten talentos y avances tecnológicos, y finalmente la proximidad a compradores exigentes y sofisticados.

Este concepto cobró especial relevancia en el marco de los procesos de globalización y de la atención que reunieron las cadenas de valor global^[3] y las complejidades de los sistemas de gobernanza global especialmente en las transformaciones de las producciones del posfordismo y los cambios internacionales impuestos por el neoliberalismo en la internacionalización de los procesos productivos.

Otra corriente, aunque apartada de las anteriores, pero que igualmente rescata la preponderancia de las regiones en los procesos de desarrollo, es la Nueva Geografía Económica (NGE), coincidente en el período de y en los primeros abordajes de Michael Porter, fue iniciada a principios de los ’90 en EEUU a con los aportes de Fujita y Krugman (2004). En cierto sentido, esta corriente ha representado la resucitación, de los enfoques neoclásicos presentes en la economía espacial orientados a responder ¿dónde ocurre la actividad económica y por qué? restableciendo el debate de las externalidades generadas en las localizaciones de mercados y empleos, elementos conceptuales del desarrollo de los años ‘50 y ’60.

En América Latina estas teorías tuvieron aceptación y contribuciones locales, especialmente a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económico y Social (ILPES) dependiente de la CEPAL, en donde se debatió cierta tradición centralista latinoamericana y se procuraron articular las relaciones estratégicas abiertas en el escenario latinoamericano en el marco del proceso de descentralización y posicionamiento de las regiones como sujetos de desarrollo (Boisier 2001, Arocena 2004, Costamagna 2000, Fernández et al 2008).

Estos abordajes teóricos latinoamericanos tuvieron confluencias con las propuestas realizadas desde España por académicos del desarrollo local, que alimentaron la idea del desarrollo local endógeno, fundado en la interacción público-privada a nivel intraterritorial (Varquez Barquero 1999, Albuquerque 2004)

Si bien observamos heterogeneidad en los postulados y en la relevancia que se le otorga a los distintos conceptos o campos teóricos, las distintas propuestas en el marco de esta nueva ortodoxia regionalista, y de las tradiciones contemporáneas del desarrollo regional, permitieron establecer una plataforma común basada en la idea del “patrón de desarrollo desde abajo” y la relevancia de los componentes no económicos al desarrollo, pero por sobre todo aspecto, la importancia de observar a las regiones y espacios territoriales subnacionales como escenarios sustantivos para el desarrollo (Fernández et al 2008).

El rol del Estado en el desarrollo capitalista

Theda Scokpol (1989) en “El Estado regresa al primer plano: Estrategias de análisis en la investigación actual” recupera la preponderancia que le dieron al Estado, especialmente a los de la Europa Continental, teóricos sociales como Max Weber y Otto Hintze. Siguiendo a la autora, la teoría weberiana concibe al Estado como organizaciones que exceden a los “gobiernos” y presentan sistemas administrativos, jurídicos, burocráticos y coercitivos, que estructuran múltiples relaciones cruciales dentro de la sociedad civil (Scokpol 1989: 10). La autora recuperando esta tradición invita a pensar a los Estados modernos más allá del mero control territorial, pensándolos como un sistema de Estados competitivos e interrelacionados.

Visto de esta forma los Estados pueden ser concebidos como actores que presentan cierta autonomía que les otorgan capacidades para alcanzar sus objetivos, más allá de las demandas de la sociedad civil o intereses de grupos o clases sociales. En palabras de la autora:

“Los Estados, concebidos como organizaciones que reivindican el control de territorios y personas, pueden formular y perseguir objetivos que no sean un simple reflejo de las demandas o los intereses de grupos o clases sociales de la sociedad. Esto es lo que se entiende normalmente por “autonomía del Estado”. A menos que tenga lugar esa formulación de objetivos independientes, apenas se plantea la necesidad de hablar de los Estados como actores importantes. Si se profundiza en la cuestión, se puede continuar con el análisis de las “capacidades” de los Estados para alcanzar los objetivos oficiales, especialmente por encima de la oposición real o potencial de grupos sociales poderosos o en circunstancias socioeconómicas recalcitrantes.” (Scokpol 1989: 12)

Entonces el Estado, mediante los colectivos de funcionarios de carrera relativamente desvinculados de los intereses socioeconómicos dominantes del momento, elaboran y ponen en marcha estrategias estatales que permiten llevar adelante un proceso emergente en épocas de crisis. Es decir, el aparato estatal burocrático, que no es reclutado por las clases dominantes y no establece vínculos personales y económicos, es quien pone en marcha las políticas públicas para el desarrollo. Estos criterios son los que, según la autora, define al Estado como actor en su capacidad autonómica (Scokpol 1989: 13-14).

En esta misma línea de pensamiento debemos recuperar a la nueva sociología del desarrollo (Serrani 2012)^[4]. Esta perspectiva se nutrió del legado realizado por el estructuralismo latinoamericano, y en menor medida de los estudios de la dependencia, descriptos anteriormente. Esta “corriente” intentó comprender, por medio de los estudios comparativos, las características de los casos “exitosos” del desarrollo. Para ello rescata la prominencia del Estado en tanto su capacidad para orientar la economía, y de esta forma resultar un actor decisivo en el proceso de desarrollo.

En este sentido podríamos resumir que la nueva sociología del desarrollo en primera instancia parte de la crítica a los supuestos neoclásicos, especialmente los recuperados por el neoliberalismo y el neoinstitucionalismo, para pensar el “mercado” y la acción económica. En segundo término, rescata la necesidad de pensar la relación Estado-capital. En tercer lugar existe una preocupación por recuperar, aunque de forma crítica, la noción de “autonomía relativa estatal”. Finalmente, la perspectiva incorpora las miradas weberianas acerca de las capacidades burocráticas del Estado para la orientación del desarrollo.

Así la nueva sociología del desarrollo supuso recuperar el central rol del estatal en su capacidad de crear políticas públicas que pudieran establecer el direccionamiento del desarrollo. Ello implica dejar de pensar al Estado como un estricto “espejo de la elite dominante” y así “reincorpora la dimensión de análisis de la autonomía estatal para explicar la complejidad de las relaciones de dominación en el seno de economías capitalistas, como las articulaciones públicas privadas que configuran distintas formas sociales a lo largo de la historia” (Serrani 2012: 140).

Entonces es posible pensar que el estado, por medio de la intervención en el complejo entramado económico, configura relaciones de dominación entre la burguesía y demás sectores de la sociedad civil, y también entre el capital y el propio Estado.

De esta forma se desarrollaron una serie de estudios comparativos que observaron las características del Estado como configurador de relaciones sociales, pero especialmente de políticas económicas. En esta clave se instrumentaron estudios comparativos que expusieron el rol de diversos Estados en el desarrollo. Por ejemplo podemos citar el trabajo de Johnson (1982) acerca del desarrollo japonés en el siglo XX, o el análisis de los casos de Argentina y Brasil realizada por Sikkink (1991) donde concluye la importancia de una estructura burocrática en la configuración del Estado brasilero que permitió la emergencia sobre el caso argentino. En la misma línea, se aprecian las investigaciones de Amsden (1989) donde se atienden las relaciones entre el Estado y capital en el proceso de industrialización de Corea del Sur. Allí se pone en relieve la noción de “reciprocidad” en el proceso de desarrollo industrial, el cual comprende cuatro pasos: primero, que las firmas sujeto de las políticas de subsidio conocieran el rendimiento industrial esperado, segundo, la capacidad de supervisión estatal, tercero, la capacidad de sanción por parte del Estado ante incumplimiento, por último, la posibilidad de control social sobre el proceso. El concepto de reciprocidad permite interpretar el direccionamiento de las empresas por parte de los actores estatales obteniendo el comportamiento deseado.

Wade (1999) por medio de la “teoría del mercado gobernado” pone de relieve que el éxito del proceso de industrialización taiwanés estuvo signado por una serie de activas políticas estatales que guiaron la asignación de recursos y orientaron las inversiones hacia objetivos estatalmente dirigidos, derribando la teoría del libre mercado en la generación de desarrollo capitalista.

En el mismo sentido encontramos en Evans (1995) la necesidad de estudiar el “enraizamiento” de las capacidades estatales en la generación del desarrollo con los sectores empresarios, ya que la utilización de este concepto permitiría comprender el diseño de las políticas públicas y la orientación de las intervenciones estatales. En este sentido el Estado resulta un actor determinante para la implementación de transformaciones estructurales. La “autonomía enraizada” depende de la combinación, en apariencia contradictoria, de un creciente aislamiento de las estructuras burocráticas estatales y de fluidas redes de relaciones con los diferentes intereses empresarios. Para Evans “el logro de esta combinación contradictoria depende del carácter históricamente determinado del aparato estatal y de las características de la estructura social en la que se inserta” (1995: 540).

Así como hemos recuperado la tradición weberiana sobre el Estado capitalista, parece oportuno realizar un breve estado de situación sobre las aproximaciones marxistas. Bob Jessop (1980) realiza un análisis pormenorizado de la producción marxista y neomarxista sobre el Estado capitalista. Partiendo de los trabajos clásicos establece algunos ejes sustantivos (Jessop 1980: 184-190) que permiten ubicar mejor las contribuciones:

1. Un muy joven Marx consideró al Estado moderno como una institución parasitaria que no juega ningún papel esencial en la producción económica. Estas ideas fueron abandonadas por el mismo Marx, y no se plasmaron en la tradición marxista.
2. También en la juventud acuñó la idea de que el Estado moderno es un simple reflejo de las relaciones de propiedad y las luchas económicas de clase.
3. Con más impacto en la teoría de Poulantzas donde identifica al Estado como un factor de cohesión de una sociedad determinada. Para Engels sería la función de regulación de la lucha entre clases, mediante el ejercicio de la represión o la concesión de algunas solicitudes, permitiendo moderar el conflicto.
4. Ya más tradicional es la visión del Estado como instrumento de dominación de clase. Al igual que la mirada anterior presenta problemas para el análisis de la independencia que en circunstancias puede adquirir el Estado moderno de la clase dominante.
5. También se considera al Estado como un conjunto de instituciones, ejercido por funcionarios especializados en la represión y la administración.
6. Finalmente el entendimiento del Estado como un “sistema de dominación política” con efectos específicos para la lucha de clases. Offe es quien quizá mejor desarrolla esta contribución haciendo uso del análisis concreto de las instituciones que llevan adelante el sistema, es decir, atendiendo a las formas de representación política y de intervención estatal. Así, el Estado garantiza el funcionamiento para la reproducción del capital.

Sin embargo Jessop (1980) asegura que los teóricos marxistas no dieron un análisis teórico del Estado “bien formulado”. No pretendemos aquí dar un resumen de todos los abordajes marxistas, simplemente repasaremos aquellas contribuciones que nos resultan útiles al desarrollo de este trabajo.

Poulantzas entiende al Estado como una relación social compleja, en el que las clases no deben ser consideradas como simples fuerzas económicas que existen por fuera e independientemente del Estado y capaces de manipularlo, sino que en parte las capacidades de influencia política depende de la estructura institucional estatal, y que la lucha de clases no está confinada a la sociedad civil, sino que reproducida dentro del mismo corazón del Estado. Así el Estado es un factor de cohesión que puede responder o no a los intereses de la clase dominante. Siguiendo a Jessop, esta mirada no ofrece una explicación satisfactoria del Estado capitalista, sin embargo presenta una forma relacional que complejiza al aparato estatal y le quita la mirada instrumental.

Una interpretación sobre el rol del Estado en la producción y reproducción del capitalismo se encuentran en la escuela del “capitalismo monopolista de Estado” que enfatiza en el papel del Estado en la reorganización de la producción capitalista, intentando mantener los márgenes de ganancia y el movimiento del capitalismo en una etapa de crisis. De forma más pulida la escuela denominada “lógica del capital” permite concebir que el Estado no puede ser concebido como un simple instrumento político erigido y controlado por el Capital, sino que el Estado Capitalista es un elemento esencial para la reproducción social del Capital, haciendo que el Estado intervenga tanto en contra de los intereses capitalistas como de los trabajadores, permitiendo una reproducción del sistema capitalista. En este sentido la escuela permite diferenciar al Estado capturado por las clases dominantes de un Estado capitalista.

La tradición representada por Gramsci y la escuela neogramsciana, destaca por su análisis profundo de la hegemonía política e ideológica. Estos investigadores han desarrollado una serie de conceptos e hipótesis que exploran la relación entre la lucha de clases y el papel del Estado capitalista. Según Jessop (1980; 209-210), los teóricos de esta corriente sostienen que el Estado capitalista no es simplemente un instrumento controlado por una clase burguesa unificada. Más bien, argumentan que el Estado desempeña un papel crucial en la cohesión de la burguesía y en la organización de su dominación política e ideológica. A diferencia de la visión marxista convencional, que postula que cada clase tiene una unidad esencial de propósito basada en su posición en el sistema económico, la escuela neogramsciana insiste en que la unidad de clase depende de formas específicas de organización y representación.

El desafío principal para asegurar las condiciones de acumulación de capital radica, por lo tanto, en las prácticas de clase, especialmente en la organización de la clase dominante y en la desorganización de la clase dominada. Esto se debe a que la competencia entre los capitales pone en peligro la unidad de la clase burguesa, mientras que la participación en la lucha amenaza con unificar a la clase trabajadora. La solución a este dilema se encuentra en la naturaleza de la hegemonía ideológica y la forma del Estado. (Jessop 1980: 209-2010)

Así el concepto de hegemonía es entendida como la dirección moral e intelectual de un bloque de fuerzas sociales que se proyecta hacia el resto de la sociedad como garantía de legitimidad, unidad y orden de funcionamiento. Cuando ese bloque de fuerzas sociales que constituye un sujeto colectivo se instala en el poder, hace prevalecer su ideología y su proyecto, y domina la mayor parte de las instituciones políticas, se convierte en un “Bloque histórico” capaz de definir en ese momento preciso la naturaleza de la economía, la dinámica social, la gestión institucional y el régimen de legitimación ideológico y político. Este proceso debe ser llevado adelante por un “Bloque Hegemónico” con el apoyo o consentimiento de un “Bloque Hegemonizado”, quedando en el espacio restante fuerzas que pueden permanecer pasiva o ir generando formas de expresión e intervención anti hegemónicas que pueden ir alimentando en su desarrollo proyectos alternativos pre o contra hegemónicos (Pucciarelli y Castellani 2017: 16-20).

Sin embargo, también reconocemos que la hegemonía no es un estado fijo, sino una práctica social de representación que se construye y se disputa en el campo político, donde conviven y se confrontan diferentes ideologías y concepciones del mundo (Hermida 2020). Algunos autores proponen el concepto de régimen de hegemonía escindida para describir la situación en la que existen al menos dos proyectos prehegemónicos en disputa, que expresan visiones opuestas y antagónicas sobre el modelo de sociedad y de desarrollo (Pucciarelli y Castellani 2017, Hermida 2020: 94-97).

En este sentido los conceptos gramscianos resultan indispensables para comprender la complejidad de las relaciones de fuerza y las formas de construcción de consenso en las sociedades modernas, permitiendo observar a las sociedades capitalistas más allá de la forma de producción. Es decir la escuela da cuenta de las capacidades que las distintas clases tienen de construir posiciones hegemónicas en el marco estatal y elaborar estrategias que se cristalicen en beneficios específicos.

Niveles estatales, políticas públicas y los ámbitos privilegiados de acumulación

Tal como se ha demostrado anteriormente es numerosa la bibliografía que abona a la preponderancia del Estado como actor primordial en el direccionamiento y conformación de los patrones de acumulación y los modelos de desarrollo. En este sentido la expansión territorial del Estado Argentino, y la conformación de Estados subnacionales resulta de vital importancia para el análisis que guía la presente investigación. Así es primordial revisar las categorías teóricas fundamentales para la conformación del Estado y las transformaciones que este ha recibido.

Oscar Oszlak (1978: 4) ha observado que “el Estado no surge (…) por generación espontánea ni (…) es creado, en el sentido que “alguien” formalice su existencia, mediante un acto ritual. La existencia del Estado deviene de un proceso formativo a través del cual aquél va adquiriendo un complejo de atributos que en cada momento histórico presenta distinto nivel de desarrollo”.

Así, el autor, valiéndose de los aportes teóricos de Nettl y Schmitter , propone utilizar el término “estatidad” para referirse al grado de desarrollo de ciertas propiedades que definen la existencia de un Estado. Estas son:

• Externalizar su poder: que se reconozca su soberanía en una red interestatal.
• Institucionalizar su autoridad: ejercer el monopolio de los medios de coerción.
• Diferenciar su control: tener instituciones propias diferenciadas de las civiles con capacidad de controlar y extraer recursos.
• Internalizar una identidad colectiva: emitir símbolos (componentes ideales de la nación) que permitan el control ideológico de la dominación.

Por otra parte, y siguiendo a Jorge Garciarena (1984: 227), la formación del Estado sólo se percibe desde una dimensión histórica, es así como el autor desarrolla su esquema metodológico en “Las formas históricas del Estado” (Garciarena 1984 231-257). Este modelo analítico permite establecer periodizaciones en las articulaciones entre el Estado y los patrones de acumulación.

En esta línea parece necesario que rescatemos las relaciones permanentes entre gobierno central y gobierno local, generalmente olvidadas por las teorías del Estado. Ingrid Bolívar (2010: 100-101) siguiendo a Mann señala: “En la revisión de los hábitos de pensamiento y de las formas de conceptualización del Estado, una cuestión importante ha sido la comprensión de lo regional y lo local. En su revisión sobre las distintas teorías del Estado, Mann denuncia que “lo local” y, más específicamente, las relaciones entre el gobierno central y el local “han sido ignoradas por la mayor parte de las teorías del Estado”. En este sentido es necesario que se atiendan específicamente las relaciones entre el Estado Nacional y los Estados subnacionales, más teniendo en cuenta la configuración de la Argentina en tanto país federal, y las relativas autonomías que reciben los estados provinciales en el desarrollo de políticas locales. Aunque estas relaciones resultan complejas y se encuentran plagadas de tensiones entre las lógicas locales, nacionales e internacionales.

En este sentido resulta importante considerar como contexto al carácter Federal del Estado Argentino, cuya especificidad se relaciona con un modo particular de despliegue del poder estatal en el territorio, de acuerdo con Cao y Favaro (2005), que se ajusta a una forma particular de articular el nivel central, con los niveles sub nacionales que representan una segmentación de intereses de base regional. Esta articulación implica tensiones entre las competencias regionales y nacionales (Cao y Favaro, 2005). El Estado provincial sintetiza entonces una doble vía de articulación, hacia la sociedad regional y hacia el Estado Central, por lo que para comprender cómo funciona la sociedad política de las provincias deben considerarse dos tipos de fuerzas orientadoras de políticas, unas inducidas por la sociedad local y otras inducidas por el gobierno central.

El rol del Estado resulta fundamental a la hora de analizar el direccionamiento y profundización de los modelos de desarrollo o los modelos de acumulación. En gran parte estas formas de direccionamiento están relacionados a la configuración de políticas públicas. Estas cobran centralidad como un conjunto de acciones que demuestran la modalidad de intervención del Estado en relación a cierta direccionalidad normativa, que afecta el futuro del desarrollo económico y social.

El modelo analítico de las políticas estatales o públicas, propuesto por Oszlak y O’Donnell (1995) permite descomponer, pero a su vez analizar en movimiento al Estado y a los actores con los que interactúa, pueden tratarse de clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos, eventos, o eventualmente individuos. Este modelo relacional presenta ventajas frente a modelos analíticos donde se observa al Estado como un actor monolítico escindido de la sociedad, o como un simple garante de las relaciones de producción capitalista. Al estar construido en el marco de una categoría histórica, cada período implica un modelo de acumulación de capital, y con ella una forma estructura de clases y un formato Estatal distinto.

Este enfoque permite interpretar a las políticas públicas, o estatales, en característica relacional, dejando de lado el análisis de las mismas como unidades pasivas que responden a las demandas de determinados grupos, sino que se permite el análisis de en referencia al proceso que desencadena esa toma de decisión. Las metodologías utilizadas para la evaluación de las políticas públicas suelen resultar opuestas, ya que tienden a analizar los impactos logrados, eliminando del análisis toda influencia externa a la política ya que tiende a asumir direccionalidad. Así, entenderemos aquí entonces a las políticas públicas como:

“Un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión” (Oszlak y O´Donell, 1995: 14).

La “cuestión que concita interés”, sobre la que se refieren los autores, resulta de los asuntos, necesidades o demandas, problematizadas, que logran posicionar ciertas clases o fracciones de clases, grupos u organizaciones, y hasta individuos que se encuentran situados estratégicamente y posibilitan la movilizaciones de las políticas estatales. Por lo que para su estudio es significativo indagar acerca de quién la reconoció como problemática, como se difundió y sobre qué recursos y estrategias se logró convertir en cuestión, y con ello en política pública.

Así el análisis de las políticas públicas desde esta perspectiva permite observar a las mismas como un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas que en un momento histórico y en un contexto determinado por las que se puede inferir una posición del Estado frente a una cuestión que atañe a ciertos sectores de la sociedad (Delgado y Hermida 2019). Como hemos señalado anteriormente, los procesos de universalización del Estado, contiene también posturas ambivalentes entorno a las políticas estatales, las cuales también varían dependiendo de los procesos históricos

Las políticas públicas entonces pueden desarrollar un curso deliberadamente diseñado, expresado generalmente en los actos administrativos, documentación y normativas, y otro curso, que resulta el seguido por esa política. Este último es desarrollado tanto de manera intencional, como reactiva, por los distintos actores que se relacionan en torno a la misma. Así los actores despliegan interacciones conflictivas o cooperativas que hacen que el proceso pueda distanciarse más o menos de la estrategia inicial o intencional que se esgrimió desde el Estado (Aguilar Villanueva 2010).

En cuanto al proceso de formulación de políticas públicas se pueden observar dos polos teóricos respecto a la toma de decisiones, por un lado el enfoque racionalista en el que los tomadores de decisión cuentan con un alto grado de control sobre la situación, y por el otro en el que el grado de control resulta de las relaciones de poder y las estrategias de los distintos actores (Aguilar Villanueva, 1996).

En América Latina se pueden resumir las respuestas de intervención estatal en tres. Primero, aquellas que reconocen que el desarrollo es un fenómeno estructural condicionado por la propia dinámica histórica del sistema capitalista, y que ante esta situación el principal agente que puede impulsar el proceso de despegue se encuentran en las capacidades del Estado. Esta perspectiva fue impulsada y seguida por las Teorías del Desarrollo, y en reglas generales, por el estructuralismo latinoamericano. En segundo orden encontramos las respuestas que suponen que la intervención estatal genera distorsiones en el funcionamiento del sistema económico, y por ende impiden alcanzar el desarrollo deseado. Esta corriente fue fuertemente apoyada e implementada por representantes de las teorías neoclásica y neoliberal. Finalmente, existe un grupo que estableció respuestas basadas en la consideración acerca de la calidad de la intervención estatal y los marcos institucionales, las que permitirían explicar, y por ende responder, las causas de los déficits en el desarrollo. Esta última postura fue acompañada desde los modelos analíticos del neo institucionalismo y de la nueva sociología del desarrollo. (Castellani 2012: 15)

Si bien las intervenciones estatales presentan una importancia en el proceso de desarrollo, es inevitable que atendamos que no configura un eje suficiente si es aislado de otras formas analíticas. Para ello es indispensable que se establezcan también las capacidades relacionales con la estructura empresarial, conformada por un complejo entramado de sectores de la burguesía, local o nacional, y las características que recibe en las prácticas de enraizamiento de los procesos de desarrollo inducidos desde las políticas públicas impulsadas desde el Estado.

Tal como hemos señalado, “la literatura que reconoce la importancia de la relación Estado/empresa para explicar los procesos de desarrollo sostenido en los países de industrialización tardía es muy abundante. Con distintos matices en los trabajos se señalan tres factores centrales a la hora de explicar estos procesos”: (Castellani, 2012: 9-10):

1. La realización de intervenciones estatales de alta calidad
2. La existencia de un empresariado “disciplinado” y comprometido activamente con el desarrollo nacional, y
3. Elevados niveles de reciprocidad entre los actores públicos y privados que establecen el marco para la difusión de las relaciones de enraizamiento

Sostiene Castellani (2012: 10) “la evidencia empírica demuestra que una articulación entre el Estado y el empresariado que facilite la construcción de un proyecto de desarrollo requiere la estabilidad de las políticas públicas que promuevan el crecimiento de ciertas ramas estratégicas, la existencia de reglas de juego claras para el capital, la construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios y capitalistas y el disciplinamiento del capital por parte del Estado para lograr el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

Cuando estos factores se desenvuelven de forma conjunta, la intervención estatal desarrolla un ámbito estratégico de acumulación (AEA) (Castellani, 2012: 10), que se presenta como una alternativa central para la consolidación para el desarrollo económico. Algunas de estas experiencias se registraron en América Latina, Brasil lo constituye en alguna medida, pero también podemos encontrar características de este tipo en el desarrollo de Corea del Sur (Evans 1995).

Sin embargo, son numerosas las experiencias en las que el Estado ha intervenido activamente transfiriendo numerosos recursos públicos, sin lograr por ello la conformación de un AEA, y con él el desarrollo económico, social e institucional deseado. En su lugar lo que termina produciendo son ámbitos privilegiados de acumulación (APA) que tienden a favorecer a un número limitado de empresas, fortaleciendo a este grupo, los cuales tienden a ejercer injerencia en la orientación de la intervención estatal, propiciando la continuidad de los privilegios e inhibiendo las posibilidades para el desarrollo.

Para el análisis de los APA es necesario desarrollar una estrategia teórico metodológica que atienda la articulación de dos niveles de análisis, uno de alcance general y de nivel macro, y otro de alcance específico, de nivel micro. En el primero, de nivel macro, se atiende a la observación de las intervenciones estatales en la conformación y expansión de los ámbitos privilegiados. En el segundo, de nivel micro, el análisis se orienta a la observación de las transformaciones en el perfil y desempeño de las empresas.

Retomando los conceptos teóricos, la complejidad para el traspaso de ámbitos privilegiados a estratégicos, se establece en las restricciones que se configuran para el alcance de un factor sustantivo, la generación de relaciones de enraizamiento, las que han sido señaladas por Evans (1995) como un eje extremadamente necesario para la el desarrollo. En este sentido el análisis debe acompañar de la observación de los procesos de enraizamiento de las políticas estatales y la capacidad de generación de procesos de desarrollo.

Conflictos bélicos y la conformación del Estado

Como han demostrado López-Alves (2003), Tilly (1993) y Ansaldi (2014) las guerras presentan una real importancia en los procesos de formación de los Estados. Si bien el análisis se ha utilizado principalmente para la conformación de Estados nacionales, los autores establecen la importancia de analizar los conflictos bélicos en clave de la conformación y administración interior de esos Estados, y en la sedimentación y composición de los Estados subnacionales.

En los estudios de Tilly (1993) se encuentra la insistencia acerca de la relevancia que suscita la guerra para la formación de los Estados europeos: “la guerra tejió la retícula europea de Estados nacionales, y la preparación para la guerra creó las estructuras internas de los Estados que los componían”. En este sentido la guerra ha cumplido la conformación de estructuras perdurables del Estado. Especialmente la creación, pero también la expansión territorial, de la fuerza armada establece un la configuración de instituciones estatales.

Como ha demostrado López-Alves (2003) en América Latina, tanto en los Estados nacionales como en los subnacionales, los procesos no se encuentran alejados de las conclusiones alcanzadas por Tilly para los Estados europeos. Siguiendo las interpretaciones del autor, es importante destacar la capacidad que la guerra ha tenido en la conformación de la nación, y con ella la pertenencia a la misma. Ansaldi (2014: 67) observa sobre nuestra región: “las guerras contribuyeron a cimentar, aunque de manera desigual, un cierto sentimiento de pertenencia e identidad nacional”.

El libro “La producción del espacio” fue realizado por Henri Lefevbre en 1974 y es el último que el prolífico autor francés realizó, por ende, probablemente, pueda ser el mejor compendio de su pensamiento. El análisis se encuentra relacionado a la dialéctica marxista, la hipótesis que guía a Lefevbre se traduce en un movimiento hacia la urbanización progresiva de la era industrial, así, el espacio es creado, modelado y ocupado por actividades sociales en el curso de un tiempo histórico. Es decir un espacio (social) producido, en el que se envuelven las cosas producidas, comprendiendo a las relaciones en su coexistencia y simultaneidad.

En este contexto el espacio producido no fue ni urbano ni rural, sino el resultado de una novedosa relación espacial, en el cual el crecimiento sólo actuaba por medio de la relación “ciudad-campo” (Lefevbre, 2013: 135). Sin embargo este crecimiento no estuvo exento del conflicto ya que es producto de las luchas. Este escenario dibuja una diferencia entre el espacio de representación, que en el ejemplo de la Toscana trabajado por el autor, va estar configurado por las obras, y la representación del espacio, homogéneo y delimitado.

Siguiendo este planteo hacia inicios del siglo XIX se introduce a los espacios en una nueva “realidad”, la industrial, esta transformación introdujo nuevos conceptos y una nueva relación con la “naturaleza”. En esta nueva configuración, el Estado, y las instituciones que lo componen, como superestructura, exigen sus espacios configurados en torno a las relaciones de propiedad y relacionadas a las fuerzas productivas. 

En este sentido el espacio es producto, y es también medio de producción, que no puede ser separado de las fuerzas productivas, incluyendo la técnica y el conocimiento, pero tampoco de la división social del trabajo, que lo modela, ni de la naturaleza, ni del Estado, ni de las superestructuras de la sociedad.

Este espacio social es múltiple, especialmente el que se configura en el espacio urbano, en donde emerge una diversidad de significantes y significados. Así los espacios sociales se interpelan y se yuxtaponen. Es en este sentido que el autor observa que lo mundial no elimina lo local, de esta forma los lugares, se combinan, se superponen y colisionan. Lo local, no desaparece, absorbido por lo regional o lo nacional, sino que se atraviesan en múltiples flujos del espacio.

El espacio se ve atravesado por el tiempo, y más notorio es la transformación de la naturaleza, la que da cuenta del tiempo y la producción del espacio social. “Todo espacio social resulta de un proceso de múltiples aspectos y movimientos lo significante y lo no significante, lo percibido y lo vivido, la práctica y la teórica. En suma todo espacio social tiene una historia a partir de esta base inicial: la naturaleza, original y única, en el sentido en que está dotada siempre y por doquier de características específicas” (Lefevbre, 2013: 164).

Pero un modo más concreto de tratar la historia del espacio es apreciar las ideas de nación y nacionalismo. La nación es definida por muchos como una “especie de territorio con fronteras naturales y formada a lo largo de un tiempo histórico” (Lefevbre, 2013: 165), esta idea es sumamente conveniente a la burguesía, especialmente cuando se adopta como sustancia del nacionalismo absoluto o patriotismo.

En cambio para otros la nación, y con ella el nacionalismo, son meras construcciones ideológicas proyectadas por la burguesía sobre sus propias condiciones históricas, magnificando el imaginario y ocultando las contradicciones de clase bajo la idea de nación. En relación con el espacio la nación comprende dos condiciones, un mercado y una violencia. Estas se manifiestan en la relación entre el “crecimiento económico espontáneo” y la intervención de la violencia, en donde se ha producido un espacio específico, el del Estado-Nación.

Es en estas manifestaciones donde encontramos que la historia del espacio es la historia de las relaciones sociales. Es de la historia así concebida, y desde el marco del materialismo histórico, que el espacio es simultáneamente producto del modo de producción capitalista, e instrumento económico político de la burguesía, en donde se revelan, al igual que en el sistema capitalista, las propias contradicciones.

La producción del espacio en el marco de la constitución del Estado-Nación se relaciona con dos conceptos: la dominación y la apropiación:

“El espacio dominado y el espacio apropiado pueden ir juntos. En realidad deberían combinarse, pero la historia (la de la acumulación) es también la historia de su separación y de su contradicción. La dominación se impone. Inicialmente hubo una apropiación sin dominación: la choza, el iglú, la casa campesina, etc. La dominación prosperó conforme se acrecentaba el poder de las armas, conforme se extendía la guerra, el Estado y el poder político. La oposición «dominado-apropiado» no se limita en consecuencia a un mero contraste discursivo; está muy lejos de ser una oposición significativa. Esta oposición da lugar a un movimiento conflictivo que se desarrolla hasta la victoria abrumadora de uno de los términos en lucha: la victoria de la dominación, que termina subyugando a la apropiación. Pero no lo suficiente como para que ésta desaparezca. Todo lo contrario: la práctica y el pensamiento teórico proclaman su importancia y reclaman su restitución”. (Lefevbre, 2013: 214)

De esta forma existe una clara relación que se desarrolla entre la construcción de una nación, y el espacio social que se produce en la expansión de las fronteras. Así toman cuerpo las ideas de nación y nacionalismo en relación al espacio socialmente producido por el Estado, especialmente en el marco de las relaciones de producción capitalista. La nación es definida por muchos como una “especie de territorio con fronteras naturales y formada a lo largo de un tiempo histórico” (Lefebvre, 2013 [1974]: 165), esta idea es sumamente conveniente a la burguesía, especialmente cuando se adopta como sustancia del nacionalismo absoluto o patriotismo.

En cambio para otros la nación, y con ella el nacionalismo, son meras construcciones ideológicas proyectadas por la burguesía sobre sus propias condiciones históricas, magnificando el imaginario y ocultando las contradicciones de clase bajo la idea de nación. En relación con el espacio, la nación comprende dos condiciones, un mercado y una violencia. Estas se manifiestan en la relación entre el “crecimiento económico espontáneo” y la intervención de la violencia, en donde se ha producido un espacio específico, el del Estado-Nación.

Es en estas manifestaciones donde encontramos que la historia del espacio es la historia de las relaciones sociales. Desde el marco teórico del materialismo histórico, el espacio es simultáneamente producto del modo de producción capitalista, e instrumento económico político de la burguesía, en donde se revelan, al igual que en el sistema capitalista, las propias contradicciones (Lefebvre, 2013 [1974]: 182).

Aunque estas condiciones fueron variando a lo largo de las últimas cuatro décadas en el contexto de un proceso de mercado global de transformaciones neoliberales:

“Los cambios en el movimiento molecular del capital están ejerciendo también fuertes presiones sobre la escala a la que puede construirse el poder estatal. Reterritorializaciones políticas como las de la Unión Europea resultan no sólo más practicables, sino también más acordes con las necesidades económicas. Esos cambios políticos no derivan únicamente de transformaciones materiales en las relaciones espaciales: son cuestiones mucho más complicadas. Pero los cambios en las relaciones espaciales de la circulación y acumulación del capital tienen consecuencias transformadoras para las nuevas configuraciones políticas” (Harvey 2014: 159)

Sassen (2007) observa que la relación de escalas presenta mayores complejidades que el simple corrimiento o restricciones al Estado-nación en el marco de la globalización:

“En síntesis, el espacio digital privado del mercado global de capitales se intersecta al menos de dos maneras específicas con el ámbito de la autoridad estatal y con el derecho. Por un lado la intersección se da mediante la introducción en las políticas de Estado nacionales, de un nuevo tipo de normas que reflejan la lógica operativa del mercado global de capitales. Por otro lado, una segunda intersección se da mediante la inserción parcial de los mercados financieros digitales en los centros financieros concretos, lo que devuelve al mercado global de capitales, al menos en parte, al ámbito de los gobiernos nacionales.” (Sassen 2007: 122-123).

Es decir, lo nacional y lo global están íntimamente imbricados en procesos complejos de articulación en diferentes escalas. Este esquema introduce cambios a los poderes intrínsecos que el Estado capitalista tiene para garantizar la reproducción. Si bien la autonomía del Estado se ha evaporado, éste constituye un lugar estratégico para la globalización (Sassen 2007: 96). En este sentido el Estado recibe nuevas atribuciones que posibilitan una mayor diversidad en la participación de las instituciones del Estado en el nuevo contexto del capitalismo global.

Este marco es espacio fértil para dos sucesos: por un lado, los desarrollos geográficos desiguales, y por el otro, la aglomeración y centralización geográfica. El primero, siguiendo a Harvey (2014: 178), “los desarrollos geográficos desiguales se hacen aún más pronunciados a medida que el capital busca y se desplaza a nuevas localizaciones de costes bajos”. La segunda se encuentra asociada a los procesos moleculares de acumulación de capital, que convergen en la generación de regiones económicas (Harvey 2014: 152).

Es así como la globalización guía la inclusión, producción y transformación de espacios geográficos en el marco de un capitalismo global, que establece nuevas clases globales. En esa estructura de clase, diversos autores (Sassen 2007, Harvey 2005, Fernández 2016) destacan la preeminencia de elites transnacionales “que rompen barreras nacionales y adquieren capacidad de operar multi-localizadamente a escala global, sino también, por una amalgama de actores institucionales que entronizan operativamente esas fracciones” (Fernández 2016: 28).

Estas nuevas burguesías, se encuentran parcialmente insertas y relacionadas en las escalas nacionales y locales articulando con las estructuras existentes, transformando así lo global con una componente parcialmente endógena (Sassen 2007: 230-231). Además estas articulan con actores políticos locales, nacionales y regionales que configuran una política multiescalar.

Desde esta óptica se hace crucial apreciar las porosidades fronterizas, es en ese escenario que las clases, tanto la elite transnacional como la nueva clase global de desfavorecidos (Sassen 2007: 226), se ven atravesados por las migraciones. Este capitalismo global se permeabiliza de los grandes movimientos poblacionales, especialmente enmarcado en migraciones internacionales, pero también encuadrados en el contexto de traslados regionales.

En el escenario relacional entre el Estado y las clases dominantes encontramos al Estado capturado (Cavarozzi 1978: 1335-1336) el que resulta a la vez “liberal e intervencionista. Su liberalismo consistió básicamente en la ausencia de límites y condicionamientos a los comportamientos individuales de los capitalistas. Pero esta circunstancia no debe ocultarnos la participación decisiva que tuvo el Estado en la construcción y manejo del nuevo orden económico y en el paralelo proceso de constitución de la burguesía”.

De esta forma la burguesía constituye al Estado capitalista burgués y este la reconstituye a ella. Sin embargo el Estado capitalista puede ir tomando mayores grados de universalización y autonomía en su desarrollo institucional:

“Uno de los frentes de la crisis del capitalismo oligárquico fue, entonces, la adquisición de mayor autonomía por parte de las instituciones del Estado en relación a la clase dominante. En otro sentido, y entendiendo ahora al Estado como aspecto de las relaciones sociales de dominación, un segundo frente de la crisis se abrió en torno a la transformación del Estado en una relación aparencial y sustantivamente más igualitaria en la que el ejercicio de la dominación se fue convirtiendo en soporte y garante del mantenimiento de un determinado orden social -el capitalista y sus diferentes clases- diluyéndose lo que había sido predominante en la etapa oligárquica, es decir su carácter de respaldo directo de los intereses corporativos de la clase dominante”. (Cavarozzi 1978: 1346-1347)

La figura del Estado universal que nos propone Cavarozzi es el resquebrajamiento del sistema de dominación del Estado capturado. Siguiendo al autor, esta universalidad del Estado, convierte al Estado de los capitalistas a un Estado Capitalista, en sus términos:

“Una mayor universalidad del Estado que paulatinamente fue dejando de ser un Estado (exclusivo y particular) de los capitalistas para pasar a ser un Estado capitalista, es decir un Estado garante de las relaciones capitalistas y por ende garante de la existencia y reproducción como clase no solo de la burguesía, sino también de la clase obrera y otras clases no ligadas directamente en la producción a la burguesía” (Cavarozzi 1978: 1343).

Es decir, ocurre un proceso de desplazamiento de un primer momento de mayor convergencia entre Estado en formación y burguesía, a un segundo momento en el que el Estado se amplía incorporando diferentes sectores sociales complejizando las garantías a la forma de producción capitalista. Esta característica de universalización permite también la concepción de un Estado más autónomo.

Esto implica cambiar la percepción del Estado como un reflejo directo de los intereses de las élites dominantes y volver a considerar la autonomía estatal como un elemento clave de análisis. Esta perspectiva nos habilita a comprender la complejidad de las relaciones de poder dentro de las economías capitalistas, donde las interacciones entre lo público y lo privado moldean diversas formas sociales a lo largo del tiempo.

Desigualdad, clase y desarrollo

Es vasta la bibliografía que ha señalado los impactos de los procesos de acumulación o desarrollo en la desigualdad social, especialmente en el marco del desarrollo capitalista (Dalle 2017, Torrado 2007). En este sentido las ciencias sociales han realizado estudios tempranos sobre la construcción de desigualdades en este contexto, basta recordar los trabajos pioneros de Marx, que situaron el fundamento en las relaciones de producción, o de Weber (1922) que permitieron identificar mecanismos de desigualdad tanto en el ámbito del mercado, el poder y la estima social. Estos trabajos han tenido grandes impactos en las tradiciones teórico relacionales, tanto las cercanas a las a las perspectivas neo-weberianas (Goldthorpe, 1992), como a las neo-marxistas (Wright, 2018 [2015]) y aquellas que buscaron la articulación de ambas (Giddens, 1979).

También encontramos en las ciencias sociales, los estudios que han establecido un abordaje relacional y categorial, como ha producido Tilly (2000) en La Desigualdad Persistente. Allí el autor identifica la persistencia de las desigualdades en la coexistencia de distintos mecanismos y categorías:

• Explotación: Quienes controlan los recursos cuentan con beneficios del uso que les permite controlar el esfuerzo de otros de forma que impiden a los explotados recibir todo el valor añadido por ese esfuerzo.
• Acaparamiento de oportunidades: Quienes controlan los recursos están en situación de excluir sistemáticamente a los demás del accesos a tales recursos
• Emulación: Resulta de la copia de modelos organizacionales establecidos y/o el trasplante de relaciones sociales de un ámbito a otro.
• Adaptación: Es la elaboración de rutinas diarias que permiten la adecuación de los mecanismos produciendo innovaciones. (Tilly 2000: 23-24, Wright, 2018 [2015]: 83-86)

“La explotación y el acaparamiento de oportunidades favorecen la instalación de la desigualdad categorial, en tanto la emulación y la adaptación generalizan su influencia” (Tilly 2000: 23-24). De este entramado surge la hipótesis sobre la producción de la desigualdad categorial por medio de las organizaciones, donde se propone una tipología cuádruple de las formas dentro de las organizaciones:

• Gradientes: situación en la que hay desigualdades internas entre las personas pero sin que haya divisiones categoriales
• Fronteras locales: divisiones categoriales sólo en el interior sin que haya categorías exteriores
• Fronteras importadas: divisiones categoriales exclusivamente externas sin correspondencia con divisiones internas de la organización.
• Desigualdad reforzada: situación en la que hay categorías interiores y exteriores que se corresponden. (Wright, 2018 [2015]: 91, Tilly 2000: 91)

Si reordenamos las formas organizativas para mantener la desigualdad dependiendo del grado de estabilidad de las desigualdades o el coste para generar la estabilidad, la menos durable es la resultante de un sistema de desigualdad basado en gradientes. Le sigue el estructurado en fronteras importadas. El sistema articulado en fronteras locales tiene la capacidad de elevar el grado de estabilidad a un coste menor. Finalmente la desigualdad reforzada tiende a ser la más estable y duradera, con el menor coste de sostenimiento (Wright, 2018 [2015]: 91)

Volviendo a los enfoques teórico relacionales, dentro de la corriente neo-marxista, encontramos los aportes de Erik Olin Wright (2018 [2015]), quién recuperó tres enfoques, el marxista por medio del análisis de la explotación y dominación, partiendo de la división fundamental de clases entre capitalistas, también denominada burguesía, y la clase trabajadora. Para dar cuenta de los procesos de construcción de las clases medias recuperó el concepto, ya presentado en la obra de Tilly (2000) de raigambre weberiana, que es el mecanismo del acaparamiento de oportunidades que viabiliza los cierres sociales entre las clases o al interior de las mismas. Finalmente, y tomando herramientas analíticas de los estudios de estratificación, cercanos a la tradición funcionalista, establece el análisis sobre los atributos individuales, de tipo no relacional, pero que permite establecer algunas conclusiones acerca de las características de las subclases o grupos transicionales entre las tres grandes clases sociales (Wright, 2018 [2015]: 25-26).

En América Latina la reflexión de las ciencias sociales sobre el tema cuenta también con una larga tradición, desde Mariátegui pasando por Cardoso y Faletto (1969) y los estudios cepalinos que subrayaron los obstáculos para su desarrollo por los desiguales intercambios con países industrializados. Haciendo foco en Argentina, los estudios pioneros de Germani en la Estructura social de la Argentina (1955) han esgrimido una larga tradición de estudios que se han basado centralmente, al menos en términos operativos, en la ocupación “como indicador predictivo principal, aún cuando en algunos marcos la misma sea considerada como indicador de distintas posiciones en las relaciones de producción o de distintas capacidades de mercado” (Maceira, 2015: 6).

Siguiendo a Basualdo (2007: 6), “las etapas históricas que conforman la historia económica argentina durante el siglo XX, se delimitaron teniendo en cuenta una categoría del análisis económico y social sumamente relevante como es el de régimen o patrón de acumulación dominante. El análisis de esta categoría permite aclarar tanto los criterios utilizados para delimitar esas etapas como la perspectiva del análisis, donde la descripción de los acontecimientos está lejos de constituir el núcleo central de la cuestión.

Sin duda, se trata de una categoría muy abarcativa que exhibe un significativo nivel de abstracción. No obstante es necesario analizarlo porque se trata de un instrumento analítico sumamente trascendente al permitir diferenciar los distintos comportamientos económicos que se suceden en el tiempo. Esto es posible debido a que este concepto alude a la articulación de un determinado funcionamiento de las variables económicas, vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes.” Basualdo (2007) refiere a patrón de acumulación de capital a lo que Garciarena (1976) nombra patrones de desarrollo. Esta característica es común en los estudios de “desarrollo”, de hecho casi todas las perspectivas utilizan indistintamente ambos conceptos^[5].

En la línea de los estudios sobre los modelos o patrones de acumulación y la estructura social encontramos la influencia temprana de José Nun (1969, 1999) y posteriormente de Susana Torrado (1989, 2007). Para ambos autores estos elementos están estrechamente vinculados y se influyen mutuamente en el contexto de la región.

Nun sostiene que los modelos de acumulación económica adoptados por los países latinoamericanos han tenido un impacto significativo en la estructura social y de clase. Estos modelos determinan la distribución de los recursos económicos, quiénes acumulan riqueza y poder, y cómo se organiza el sistema productivo. Por ejemplo, los modelos basados en la exportación de materias primas pueden generar una estructura económica dual, con un sector moderno y otro tradicional, lo que a su vez influye en la distribución del ingreso y la estratificación social.

Además, los procesos de desarrollo económico, como la industrialización, la globalización y las políticas de ajuste estructural, también impactan en la estructura social y de clase. Por ejemplo, la industrialización puede generar nuevas clases sociales urbanas y modificar las relaciones de poder entre el capital y el trabajo. Del mismo modo, las políticas de ajuste estructural pueden provocar cambios en la distribución del ingreso y el empleo, afectando la estratificación social.

La estructura social y de clase en América Latina, según Nun, es el resultado de la interacción entre los modelos o patrones de acumulación y los procesos de desarrollo económico. Esta estructura se caracteriza por una marcada desigualdad de ingresos y riqueza, así como por formas persistentes de exclusión social y marginalización. Además, destaca la importancia de considerar las relaciones de clase en el análisis de la estructura social, ya que estas determinan quiénes tienen acceso al poder económico y político.

Al igual que José Nun, Susana Torrado adopta un enfoque de economía política en su análisis de la estructura de clase. Reconoce que los modelos de acumulación económica no son simplemente procesos técnicos, sino que están estrechamente entrelazados con las relaciones de poder y las dinámicas sociales que caracterizan a una sociedad en particular. La autora enfatiza la importancia de la desigualdad económica y la estratificación social en su análisis. Considera que los modelos de acumulación económica influyen en la distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades en la sociedad, lo que a su vez determina la estructura de clase y las relaciones de poder.

Los estudios realizados por Torrado (1989, 2007) recuperan la forma en que los modelos de acumulación económica pueden influir en las oportunidades de movilidad social, reconociendo que los procesos de desarrollo económico pueden generar cambios en la estructura de clase, ofreciendo nuevas oportunidades para algunos sectores de la población mientras que otros pueden experimentar estancamiento o movilidad descendente.

Tanto Nun como Torrado sitúan su análisis dentro de un marco histórico y político, estableciendo una periodización que permite analizar los cambios en la estructura social y la desigualdad.

En resumen, tanto Nun como Torrado argumentan que los modelos de acumulación y los procesos de desarrollo económico son factores clave que influyen en la estructura social y de clase en América Latina, determinando la distribución del poder, los recursos y las oportunidades en la región.

El último elemento teórico que es necesario introducir es el compromiso de clase de Erik Olin Wright (2018 [2015]: 219-269). Siguiendo al autor “las posibilidades de que haya un compromiso de clase positivo y estable generalmente dependen de la relación entre el poder asociativo de la clase trabajadora y los intereses materiales de los capitalistas” (Wright, 2018 [2015]: 220).

El poder de los sectores populares, se basa en dos conceptos, por un lado el poder estructural, resultado de la ubicación de los trabajadores en el sistema económico, y por el otro el poder asociativo, que es el resultado de la formación de organizaciones colectivas de trabajadores (Wright, 2018 [2015]: 225).

Los intereses materiales de los sectores dominantes en este concepto presentan una simplificación que resulta útil para el análisis del compromiso de clase. Sin embargo pueden apreciarse que existe una diversidad de intereses dependiendo de los sectores de la burguesía que observen, especialmente si sus ramas de actividad tiene una fuerte diferenciación. Más allá de ello, el concepto resulta de utilidad para atender la complejidad relacional entre los sectores populares, específicamente los relacionados a la industria, y la burguesía nacional.

Los lugares donde se pueden establecer los compromisos de clase son en la esfera del intercambio, especialmente en el mercado de trabajo, en la esfera de la producción, es decir a lo que sucede al interior de las empresas, y finalmente en la esfera de la política, donde “el conflicto y el compromiso de clase se dan también dentro del Estado con respecto a la formación y ampliación de políticas estatales y la administración de varios tipos de normas impuestas por el Estado” (Wright, 2018 [2015]: 227).

Perspectiva teórica de la tesis

El presente capítulo esgrime la caja de herramientas teóricas para el análisis empírico propuesto en las páginas precedentes. Como hemos señalado, nuestra investigación se enmarca en la tradición de los estudios del desarrollo. Tal como hemos apuntado consideramos la definición más amplia del término, es decir, aquella que lo define como el proceso por el cual se genera un crecimiento sostenido de las fuerzas productivas al mismo tiempo que se amplía la capacidad tecnológica y productiva instalada en una economía en su conjunto y se mejoran los niveles de vida de la población a través de una distribución progresiva de los ingresos (Castellani 2006).

En este sentido, remontamos a las tradiciones latinoamericanas que han estudiado los procesos de acumulación económica y con ellos el desarrollo de la región, respondiendo a las tradiciones neoclásicas y liberales fuertemente importantes en occidente, analizando los problemas locales, tales como las características periféricas y las estructuras heterogéneas basadas en arraigados procesos de desigualdad social que permiten atender a las relaciones entre los patrones de acumulación y la conformación de la estructura social.

Nuestra perspectiva teórica es crítica de las miradas neoliberales, entendiendo a éstas como un proyecto de los sectores dominantes que tienden a profundizar la desigualdad con base en la amplificar los procesos de mercantilización, de captura del Estado, y el retroceso social de sectores medios y populares.

Así nuestra propuesta analítica entiende que para el desarrollo local es necesario la interpretación de los espacios sociales que son producto de los procesos del modelo de acumulación. Como señala Harvey (2014: 150) “El capital y el Estado capitalista desempeñan un papel protagonista en la producción de espacios y lugares en los que se desarrolla la actividad capitalista”. Claro que los intereses del Estado capitalista no son idénticos al capital, aunque este sí brinda las condiciones de su reproducción y la acumulación de riqueza generalmente en una base territorial.

Para esta diferenciación hemos expuesto dos cuestiones primordiales, la centralidad del Estado en la configuración y direccionamiento del desarrollo económico, social, institucional y territorial, y las capacidades del Estado para llevar adelante estos procesos, que en términos conceptuales se entiende como autonomía relativa.

Entonces, entendemos que los Estados pueden ser actores relevantes siempre que puedan formular y perseguir objetivos más allá de las demandas o los intereses de grupos o clases sociales de la sociedad. También el Estado puede ser un reflejo de las demandas de los sectores dominantes, siendo este a su vez capturado, configurándose como un Estado de los capitalistas en lugar de un Estado Capitalista. Este último responde a la lógica de reproducción del capitalismo, expresando políticas públicas que van más allá de los intereses de un sector.

En ocasiones el Estado configura respuestas específicas para algunas facciones del capital que se constituyen en ámbitos privilegiados de acumulación. Esta categoría nos permite analizar la relación entre el Estado, las empresas y los empresarios. Los APA son espacios donde las empresas privadas obtienen ganancias extraordinarias gracias a los privilegios que les otorga el Estado, ya sea a través de políticas públicas, regulaciones, contratos, subsidios, etc. Estos privilegios pueden ser formales o informales, legales o ilegales, y afectan el desarrollo económico y social del país (Castellani 2012).

Para que los APA se conviertan en ámbitos estratégicos de acumulación (AEA), entendidos como espacios donde las empresas privadas desarrollan capacidades tecnológicas y organizacionales que les permiten generar valor agregado y ventajas competitivas en el mercado global, es necesaria la autonomía del Estado en la implementación y enraizamiento de políticas de intervención de alta calidad junto a la colaboración de un empresariado disciplinado (Castellani 2012). A estas intervenciones se las conoce con el concepto de “autonomía enraizada” (Evans 1995), donde la estructura burocrática que formula la política de desarrollo presenta la suficiente distancia de la clase dominante y a su vez se configura una relación recíproca y la sostenibilidad, en materia de inversión, por parte de la estructura empresarial.

Estas intervenciones se establecen en el marco de las relaciones del Estado con las distintas clases sociales o facciones de la clase dominante. Cuando se logra una posición consolidada hemos apreciado el concepto de hegemonía, tomado de la tradición gramsciana resultará de interés para nuestro análisis, dado que registramos disputas entre distintos grupos de la burguesía que responden a distintos niveles y sectores productivos. También observaremos las relaciones que los sectores medios y populares establecen con las políticas estatales en el desarrollo de los APA. Especialmente nos interesa repasar el concepto de “compromiso de clase”, estructurado en base a la relación entre el poder asociativo de los trabajadores y los intereses materiales de los capitalistas (Wright, 2015).

El capítulo repasó las teorías relacionadas al rol de los conflictos bélicos y la constitución de Estado y la producción del espacio social. Tal como observamos las guerras han actuado como cimentadores de la identidad nacional y la apropiación de un territorio en el marco del nacionalismo. Estas características establecen también el marco para el desarrollo del Estado, y en el marco del federalismo argentino, la configuración de un Estado subnacional.

En síntesis, el capítulo contiene las configuraciones históricas acerca de las teorías del desarrollo, una larga tradición que en América Latina, y especialmente en Argentina, ha tenido sustantivos impactos en la configuración de políticas estatales para direccionar los procesos de acumulación que pueden configurarse en ámbitos estratégicos. Sin embargo, como hemos observado, no siempre estos ámbitos generan los niveles de enraizamiento y automatización del desarrollo buscado sosteniendo ámbitos privilegiados de acumulación.

Como hemos apreciado, esta estrategia termina determinando las características en las que se desenvuelve la desigualdad social. Por ende a determinados modelos de acumulación, y a determinados perfiles de desarrollo, se establecen distintas conformaciones de la estructura de clases. También es cierto que entre las distintas clases es posible un modelo de puja distributiva o modelos en los que se establecen compromisos entre las clases, desarrollando estrategias que parecen resultar ventajosas para las clases en puja.

En este sentido nos interesará observar cuáles fueron los distintos modelos de acumulación esgrimidos en la provincia por medio de distintas políticas estatales y cuál fue el resultado, en términos de la conformación institucional, la estructura de clases y las desigualdades sociales.