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5 La reinstalación del modelo industrial (2003 a 2015)

Cambios en la estructura social y un nuevo rol del Estado

­­Tal como apreciamos en los capítulos precedentes, desde su instauración en 1972 y su posterior fortalecimiento en la década de 1980, la Ley 19.640 ha sido fundamental para el progreso económico y social de la provincia más joven y meridional de Argentina. Esta ley de promoción industrial, la más extensa en el tiempo de la República Argentina, desempeñó un papel crucial en el proceso de autonomía gubernamental de la provincia en 1991, tras más de un siglo de dependencia del Gobierno Nacional. Este proceso también está ligado a factores geopolíticos, especialmente relacionados con la importancia estratégica de Tierra del Fuego en los conflictos por Malvinas en 1982 y por el Canal de Beagle en 1978.

Durante el período de 1991 a 2003, marcado por políticas neoliberales, Tierra del Fuego consolidó un modelo económico centrado en el turismo impulsado por la burguesía local, acompañado por la ya consolidada exportación ganadera y petrolífera de períodos anteriores. Aunque este modelo proporcionó cierta capacidad de crecimiento y autonomía frente a la economía nacional se encuentra condicionado en su expansión, exhibiendo un lento crecimiento en materia de empleo. A pesar de mitigar en parte las caídas económicas hasta 2001, la crisis de ese año provocó un declive significativo como en el resto del país (Capuano, Cohen, Hermida et al 2022).

El gobierno provincial de Carlos Manfredotti, perteneciente al Partido Justicialista y electo en 1999, instrumenta en sus dos primeros años de gobierno un nuevo plan de ajuste que incluyó la reducción del 30% de los salarios de empleados públicos, la derogación de estatutos especiales de docentes y organismos descentralizados y la eliminación de transferencias al sector privado. Esta restricción del sector público se vio acompañada de la recesión económica instalada fuertemente en 1998, que impactó en sectores ya afectados, como la industria, al que se sumó el comercio (Mastroscello, 2008: 202).

Este fenómeno impactó seriamente en los sectores populares, especialmente expresada en dos cuestiones, por un lado las elevadas tasas de desocupación, que hacia mayo de 2001 alcanza el 12,1%, cuando en mayo de 1993 el mismo indicador era del 5,2% (Carpinetti, 2003: 46-50). Por otra parte la recesión, el ajuste y la aplicación de políticas neoliberales se expresaron en una distribución regresiva del ingreso. Expresa Mastrocello (2008: 203) “el 20% más pobre de los hogares que en mayo de 1995 percibía el 5,7% del ingreso total, en 2001 percibía el 4,9%”.

La crisis de 2001 marcó un punto de inflexión en el modelo neoliberal, representando un cambio significativo en el modelo de acumulación a nivel nacional que se reflejó a nivel local. Las páginas a continuación analizan este nuevo proceso. Hemos decidido establecer el corte temporal entre 2003 a 2015[1], atendiendo a nivel nacional a los tres gobiernos kirchneristas (Kulfas, 2016, Pucciarelli y Castellani, 2017), que tendrán su correspondencia a nivel local en las gobernaciones de Jorge Colazo (2003-2005), Hugo Cóccaro (2005-2007) y Fabiana Ríos (2007-2015).

Este capítulo se propone analizar el impacto producido por el cambio de políticas neoliberales a un modelo neo-desarrollista. En este contexto se atiende al último período en el que se recupera la prominencia de la promoción industrial como eje de desarrollo económico capitalista de la provincia. Con él se aprecian las principales transformaciones en la composición de la estructura ocupacional, poblacional y productiva. Estas transformaciones también tienen su correlato en el rol que cumplirá el Estado local (Hermida 2018a).

La salida de la crisis de pos convertibilidad y el Estado capitalista (2003 a 2008)

Tras la crisis de la convertibilidad, el gobierno nacional de Eduardo Duhalde realiza una primera transformación de la política económica que había dominado la década del noventa. Esta se puede analizar en tres momentos (Zicari, 2017), el primero atiende el inicio de la gestión con Remes Lenicov a cargo del Ministerio de Economía, en donde se abandona la convertibilidad y se toman las medidas más significativas para el cambio de modelo económico, priorizando a los sectores denominados “productivos” frente a los sectores de las finanzas y las empresas privatizadas. El segundo momento se establece con la llegada de Roberto Lavagna a la cartera y la estabilización de la economía. Por último el proceso de consolidación del esquema y la transición presidencial, que sienta lineamientos en materia económica que seguirá Nestor Kirchner en su primera presidencia.

Hacia 2002, el gobierno de Manfredotti encontró espacio para un alineamiento directo con el gobierno de Eduardo Duhalde. En este sentido, y al igual que el proceso nacional, los años de transición de 2002 a 2003 cuentan con algunos logros económicos (Zícari, 2017) aunque con fuertes contradicciones, por lo que la etapa desde la crisis de 2001 a 2003 resulta compleja de ponderar. Estas características fueron las que condujeron a la pérdida de caudal político del justicialismo local, dejando frustradas las posibilidades de reelección del gobernador, y brindando la victoria al Frente de Unidad Provincial, una fuerza política nueva expresada en la alianza entre Jorge Colazo, Senador Nacional y ex Intendente de Río Grande de origen radical, y Hugo Cóccaro, empresario de la construcción asociado al justicialismo (Hermida et al, 2014, Hermida, 2018a).

Volviendo al terreno nacional, en mayo de 2003 se resuelve la crisis de hegemonía que supuso un cambio de proyecto, de un modelo económico conservador-liberal a uno de corte neokeynesiano Pucciarelli y Castellani, 2017: 23). Este cambio es coincidente con las nuevas características que va a tomar el Estado provincial, de hecho durante las gobernaciones provinciales de Colazo (2003 a 2005) y Cóccaro (2005 a 2007), ocurre un proceso de desplazamiento de un primer momento de mayor convergencia entre Estado y burguesía local, a una segunda instancia en la que el Estado se amplía incorporando diferentes sectores sociales complejizando las garantías a la forma de producción capitalista (Cavarozzi, 1978: 1343).

Tal como hemos señalado, durante la gestión de Manfredotti, especialmente hasta 2001, el Estado Fueguino va a seguir apoyado en el modelo neoliberal imperante en la década anterior, y paulatinamente irá cambiando, producto de un giro hacia un modelo industrial establecido por el Gobierno Nacional, a un Estado con ciertos grados de inclusión, especialmente en el plano laboral, pero también en lo que respecta a los derechos sociales.

Luego de la devaluación del tipo de cambio y pérdida de la convertibilidad que abandonó la paridad del dólar con el peso argentino, brindando un modelo de protección a la industria (Zícari, 2017), el gobierno nacional instrumentó una serie de políticas públicas que permitieron la recuperación del modelo industrial de la provincia. La más sustantiva fue la prórroga de la Ley 19.640 por medio del Decreto Nacional N° 490/2003, que extendió la vigencia de la ley de promoción hasta 2013 y realiza una reapertura para empresas nuevas que decidieran instalarse en la provincia (Romano et al, 2018).

Esta prórroga, junto a una nueva extensión de la promoción hasta el 2023 por medio del Decreto Nacional N° 1237/2007 (Schorr y Porcelli, 2014, Romano et al, 2018) inician un nuevo proceso de reindustrialización de la provincia. Este proceso conllevó a una rápida recuperación económica, especialmente del sector industrial, aunque los demás sectores económicos presentaron el mismo proceso de crecimiento. El período exhibe las tasas de crecimiento económico más altas de la historia, tanto a nivel nacional (Kulfas, 2016) como a nivel local (Mastroscello, 2008).

Las decisiones tomadas por el gobierno nacional deben ser interpretadas desde varios ángulos. En primer lugar, se destacan las características neo-desarrollistas del kirchnerismo, que se basaron en una fuerte intervención estatal en la economía. Esto se manifestó a través de políticas de protección a la industria nacional, mediante subsidios a sectores estratégicos y el control de precios, lo que condujo al incremento de la producción y del empleo. Estas medidas también propiciaron una redistribución de ingresos y, como consecuencia, contribuyeron a la disminución de la desigualdad social (Fernández, 2016).

También en un contexto de cambio en las políticas de relaciones exteriores, especialmente en materia de la cuestión Malvinas. Tal como hemos señalado anteriormente, la historia de la región se relaciona con las tensiones geopolíticas, y durante el período 2003 a 2015, la disputa de soberanía en el Atlántico Sur volvía a ser propuesta como un eje central de la agenda política con el Reino Unido (Erlich, 2018: 240).

Gráfico 18. Tasa de crecimiento del Indicador Sintético de Actividad Económica para Tierra del Fuego y Producto Interno Bruto para el Total País. Años 2003 a 2008. Base 2004=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Indicador Sintético de Actividad Económica para Tierra del Fuego de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Ontivero y Rodríguez 2018) y del Producto Interno Bruto para el Total País de INDEC.

Este crecimiento económico, expresado en el gráfico 18, se vio acompañado por una recuperación y creación del empleo para Tierra del Fuego. Como se puede apreciar en el gráfico la provincia sostiene tasas superiores entre 2004 a 2007, observando la misma sensibilidad reportada en períodos anteriores con tasas de crecimiento sumamente significativas. Como ya hemos resaltado, la escala productiva, sumada a los factores exógenos, promueven alteraciones, tanto positivas en las fases expansivas como negativas en las recesivas, superiores a los del resto del país. Es de destacar que en estos primeros años coincidió la recuperación industrial con un incremento del turismo, especialmente de viajeros internacionales entre 2005 a 2006, lo que le brinda una doble reactivación a la economía fueguina (Guzzi, Colombari, Picón y Hermida 2021).

Gráfico 19. Viajeros totales y porcentaje de origen por año. Ushuaia. Años 2004 a 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC. Años 2004 a 2015

Este hecho fue seguido por un sostenido crecimiento poblacional de la provincia, motivado principalmente por las altas tasas migratorias, particularmente de inmigración interna, que si bien fueron inferiores a las ocurridas entre 1980 y 1991, sostuvieron los niveles más elevados del país (Hermida et al, 2016, Carpinetti, 2003).

Cuadro 9. Población, Tasa anual media de crecimiento y variación porcentual. Tierra del Fuego. Censos Nacionales de 1970 a 2015

Nota*: El 2015 fue estimado sosteniendo la tasa de crecimiento medio anual obtenida en base a los datos del Censo 2022. Se tuvo en cuenta también las estimaciones de población proporcionadas por INDEC en base al Censo 2010. La variación porcentual es la correspondiente al período entre 2010 y 2015

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacionales de Población y Viviendas.

Para ejemplificar este proceso sólo resta exhibir el tamaño poblacional de Tierra del Fuego hacia 2001, 101.079 habitantes, y en 2010, 127.205 habitantes. Las tasas de crecimiento anual se sitúan en el 26 por mil. Según estimaciones realizadas en trabajos anteriores, el 80% de este crecimiento se explica por el saldo migratorio positivo (Hermida et al, 2016).

Gráfico 20. Tasa de desocupación. Argentina y Tierra del Fuego. Años 2003 a 2008

Nota: Para Argentina se utilizó la totalidad de los 31 aglomerados urbanos. Tierra del Fuego se traduce en el aglomerado urbano constituido por las ciudades de Ushuaia y Río Grande. Se presentaron los indicadores para todos los trimestres disponibles de la EPH continua.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

Tal como se aprecia en el gráfico 19, el período exhibió tasas de desocupación decrecientes. Si bien Tierra del Fuego contaba en 2003 con tasas del 9,5%, frente al 16,3% del resto del país, al finalizar el 2008 la tasa marcará el 4,3%, un descenso importante más si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional producto del proceso migratorio antes descrito.

En este contexto, el empleo industrial es el que más rápidamente tiende a recuperar su participación en el mercado de trabajo, llegando en 2006 al 17,2% del total de los ocupados. Otra rama sustantiva en el período es la Hotelería y Gastronomía, francamente asociada al turismo, esta tiene también una expansión alcanzando el 4,3% en 2007, tal como se aprecia en el gráfico 17, sin embargo la crisis internacional ocurrida entre 2008 y 2009 (Porta et al, 2017) pondrá un freno a la expansión iniciada hacia mediados de la década del ’90.

Gráfico 21. Cantidad total de ocupados urbanos y distribución relativa de la población ocupada por sectores de actividad. Tierra del Fuego. Años 2003 a 2008

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el Aglomerado Ushuaia-Río Grande, INDEC.

Es indudable que la transformación del mercado de trabajo impacta en la estructura ocupacional de la provincia. Como exhibe el cuadro 10, además de la creación de empleo en el período, donde se pasa de 37.258 ocupados en 2003 a 50.524 en 2008, se aprecia un crecimiento en la participación de las clases populares, especialmente en las actividades manufactureras con mejores niveles de calificación, aunque también crecen las actividades relacionadas a la actividad turística, tales como hotelería y gastronomía, producto de un crecimiento del sector especialmente en los años 2005 y 2006 (Hermida et al, 2019, Guzzi, Colombari, Picón y Hermida 2021). En consonancia con el gráfico 21, se observa que los obreros calificados de la industria pasaron del 19,1% de la población ocupada al 21,9% de dicha población.

Gran parte del aumento absoluto de los sectores medios, que pasan de 17.959 en 2003 a 23.861 en 2008, se explica por el crecimiento de los técnicos asociados a la rama industrial, los cuales ocupan cargos de supervisión en las líneas de montaje. Si bien las clases medias exhiben un crecimiento en términos absolutos, debemos observar una leve reducción en términos relativos, siendo las clases populares las que crecieron a una mayor velocidad que los restantes sectores, iniciando una transformación en la estructura ocupacional, que seguirá un proceso de profundización entre 2009 a 2015. Este proceso muestra en relación a las transformaciones ocurridas a nivel nacional (Palomino y Dalle, 2012, 2016), aunque la intensidad que se aprecia en Tierra del Fuego es superior al resto del país[2].

Cuadro 10. Distribución absoluta y porcentual de la población ocupada según grupos ocupacionales y posiciones de clase en Ushuaia y Río Grande en años seleccionados entre 2003 a 2008

Nota: Se realizaron promedios anualizados a fin de fortalecer las series en términos estadísticos.

Fuente: Elaboración propia basado en el esquema de clases de Palomino y Dalle (2012, 2016) con información básica de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

A su vez se observa una importante mejora de la distribución del ingreso, en el gráfico 20 encontramos a Tierra del Fuego con niveles del coeficiente de Gini[3] inferiores a los valores nacionales, igualmente la tendencia distributiva es similar a la registrada a nivel nacional (Hermida, 2013). Este proceso progresivo dista ampliamente del modelo aplicado desde mediados de la década del ’70, en donde las medidas neoliberales generaron procesos de exclusión y desigualdad. La aplicación de políticas redistributivas, tanto nacionales como provinciales, se basaron en distintas herramientas.

Primero, se implementaron políticas destinadas al crecimiento de la demanda de empleo. Segundo, se llevó a cabo la recuperación del poder adquisitivo del salario mediante el estímulo de los organismos nacionales para la negociación salarial en el ámbito paritario[4]. Tercero, se amplió la cobertura jubilatoria. Finalmente, se implementaron políticas de transferencias de ingresos no laborales a través de programas sociales. Esta redistribución contribuyó significativamente a mitigar la erosión de los ingresos de los hogares, la cual había sido causada por los altos niveles de desempleo que caracterizaron la década del ’90 (Kessler, 2014: 60-74, Palomino y Trajtemberg 2006).

Gráfico 22. Distribución del ingreso de los hogares urbanos expresada en valores del coeficiente de Gini. Total País y Tierra del Fuego. Tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2008

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

Como hemos descripto anteriormente, Tierra del Fuego presenta altas tasas de empleo registrado desde la instalación del régimen de promoción industrial, a su vez presenta una alta tasa de actividad en ambos sexos y medias de ingreso más altas que las nacionales (Gil y Hermida 2017), por lo que la incidencia en las mejoras de la distribución del ingreso se deben principalmente a los ingresos laborales, aunque es necesario mencionar que las políticas sociales han tenido un importante impacto elevando los pisos salariales (Beccaria y Maurizio 2012)

Este proceso es acompañado por un cambio en el desarrollo institucional, donde el Estado Provincial pasa a desarrollar un rol paulatinamente más universal dejando el lugar del Estado capturado que había exhibido en el período anterior. Este cambio se relaciona con las transformaciones en torno al modelo de desarrollo económico que la provincia manifiesta desde 2003 y con él la consolidación de los sectores populares, que luego de dos décadas de procesos migratorios, presentan también una importante matriz sindical que viabiliza la integración de estos sectores a las organizaciones de la provincia (Hermida, et al 2014, Hermida, 2018a).

Estas transformaciones se manifiestan en la composición de las gestiones y en las políticas públicas[5] del Estado provincial, sus bases de sustentación dejan de estar atravesadas por agrupaciones políticas fuertemente vinculadas a los sectores dominantes locales, y pasan a confluir alianzas estratégicas entre distintos sectores. De hecho el gobierno de Jorge Colazo y Hugo Cóccaro[6] estuvo compuesto por una importante proporción de funcionarios y legisladores con trayectoria exclusivamente del ámbito técnico político y sindical, lo que exhibe que la vinculación directa del Estado provincial con la burguesía local se va diluyendo muy paulatinamente.

Hacia 2004, desde el ejecutivo provincial, se decidió el traspaso a la planta permanente de aproximadamente 4000 personas beneficiarias de subsidios con contraprestación laboral en el marco del Estado provincial.[7] Este traspaso conllevó una tensión importante en distintos sectores, pero especialmente en el sector privado, “cuya demanda de mano de obra se encontró compitiendo con la del sector público” (Mastroscello, 2008: 216). También debemos observar que la reactivación industrial exhibe una competencia dentro del sector privado, en el que los establecimientos manufactureros se transforman en un demandante de fuerza de trabajo con la que el sector terciario, especialmente el hotelero y gastronómico[8], no logra competir en salarios.

Esta tensión se aprecia en dos niveles, por un lado una distribución del poder social por parte de las clases subalternas que pasan a ocupar espacios dentro del Estado provincial, y por el otro los sectores dominantes locales que desarrollan una serie de estrategias por mantener el control del sistema estatal local, y con él un ámbito privilegiado de acumulación.

Tal como fuera presentado en el capítulo 1, Cavarozzi nos propone la figura de un Estado más universal (1978: 1343-1347) que implica el resquebrajamiento del sistema de dominación del Estado de los sectores dominantes. En el caso de Tierra del Fuego nos encontramos con un Estado capturado por una burguesía local que se enfrenta, una vez institucionalizado el sistema “democrático”, a ciertos grados de autonomía relativa que va asumir el Estado Fueguino. En este sentido el período posterior a las dos primeras gobernaciones llevadas adelante por José Estabillo, van estar atravesadas por el conflicto político interno, y una alternancia política que recorrerá distintas participaciones, dando lugar a cierta autonomía de las instituciones estatales. Siguiendo a Cavarozzi (1978), esta universalidad del Estado, convierte al Estado de los capitalistas (locales) en un Estado Capitalista.

Es decir, en este período ocurre un proceso de desplazamiento de la convergencia o captura del Estado provincial por parte de la burguesía local, a un segundo momento en el que el Estado se amplía incorporando diferentes sectores sociales complejizando las garantías a la forma de producción capitalista.

Estas tensiones parecen trasladarse al interior del Estado provincial confluyendo en un proceso de destitución del gobernador Jorge Colazo hacia diciembre de 2005[9], y brindando espacio para la asunción del vicegobernador, Hugo Cóccaro[10] (Ramonet, 2007: 176-200). Este empresario de la construcción y hotelero intentará obtener la gobernación en 2007 con Rosana Bertone como compañera de fórmula. Sin embargo, Fabiana Ríos, una farmacéutica empleada de la obra social del Estado provincial, dirigente sindical, ex legisladora y diputada nacional, se convertirá en la primera gobernadora electa de la provincia (Pazos, Ulloa y Crocianelli Salas, 2015). Ríos asumirá el ejecutivo y la legislatura provincial acompañada de cuadros técnicos y sindicales provenientes de las estructuras gubernamentales[11].

Esta inclusión de las clases subalternas en la distribución del poder del Estado provincial se encontró signada por una importante conflictividad laboral, siendo la provincia de Argentina que mayor conflictividad reportó en el período[12] (Oyarzo y Rebón, 2013). Esta característica no estuvo aislada de la conflictividad vivida a nivel nacional (Rebón, 2019), sin embargo presentó particularidades locales de intensidad que están inmersas en las características del Estado provincial.

Tres ejes podrían ser la explicación para esta conflictividad. El primero se asocia a la relativa autonomía del Estado (Cavarozzi, 1978). El segundo está asociado a la debilidad del Estado fueguino producto de la juventud de sus estructuras institucionales, lo que se traduce en la incapacidad estatal para conducir y contener el conflicto, siendo un espacio de frecuente disputa entre los distintos sectores de la sociedad (Oyarzo y Rebón 2013, Lopez-Alves, 2003). Y el tercero, producto del poder estructural y asociativo de los trabajadores, una economía con altos niveles de empleo suele presentar mayores posibilidades de conflictos que una con altas tasas de desocupación (Ansaldi y Giordano 2014).

El 2008 será un año atravesado por múltiples conflictos nacionales e internacionales que tendieron a modificar el modelo de acumulación desarrollado desde 2003. Por un lado, la ruptura de la alianza de distintos sectores políticos y productivos que, hasta el enfrentamiento entre el gobierno kirchnerista y la asociación de cámaras agropecuarias por la aplicación de retenciones móviles, mediante la Resolución 125, habían establecido un acuerdo hegemónico que brindó las bases de un crecimiento económico acelerado. Desde este conflicto se establece un nuevo régimen de hegemonía escindida que dominará la escena hasta 2015 (Pucciarelli y Castellani, 2017). A su vez las crisis económica financiera internacional producida por la quiebra de Lehman Brothers impactará en Argentina especialmente en el comercio y en una retracción de la industria producto de la recesión brasileña (Porta et al,2017: 118-122). Finalmente la temporada turística, especialmente en lo relativo al turismo internacional, se vio afectada tanto por la crisis financiera como por la amenaza que reportó el brote de Gripe A H1/N1 (Huertas, 2016).

Como observamos anteriormente, las instituciones empresarias ya habían logrado una importante densidad en el período anterior, hecho que se expresa en el esquema 6. Un caso destacable es la creación de la Asociación de Martilleros de Río Grande, la densidad poblacional, la reemergencia del modelo de acumulación industrial se acompaña del crecimiento de la demanda inmobiliaria (Finck y Martínez 2017).

Esquema 6. Instituciones locales diferenciadas por sector según períodos de desarrollo económico. Tierra del Fuego 2003 a 2008. Parte I, Cámaras empresarias

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad, análisis normativo y documentos históricos de creación.

Esquema 7. Instituciones locales diferenciadas por sector según períodos de desarrollo económico. Tierra del Fuego 2003 a 2008. Parte II, Instituciones estatales y sindicales

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad, análisis normativo y documentos históricos de creación.

En cuanto a las instituciones sindicales va en línea de la reinstalación del modelo industrial, por lo que los trabajadores textiles cristalizan la evolución que el sector ha tenido por años, pero que en el período anterior se había visto seriamente afectado, tal como se ha descripto a lo largo de este segmento. También es destacable la consolidación del SEJUP, recordemos que el sistema judicial fueguino se desarrolló en el marco de la provincialización, por lo que su expansión se fue consolidando hacia principios del inicio del nuevo milenio (Hermida et al 2014).

La consolidación del modelo industrial (2009 a 2015)

A finales de 2008, pero especialmente durante 2009 el gobierno nacional emprende una nueva estrategia, para ello establece una serie de políticas públicas con la finalidad de constituir una base de sustentación política y social. Estas estarán comprendidas por algunas de impacto económico, aunque con características sociales, como la reestatización del sistema jubilatorio, la aplicación de la Asignación Universal por Hijo, en lo civil, como el denominado Matrimonio Igualitario, y otras de índole político, tal como la Ley de Medios, por nombrar parte de la agenda. Esta estrategia le permitirá al kirchnerismo recuperar parte de la escena política y extender una agenda alternativa tanto económica, social, cultural y política (Pucciarelli y Castellani, 2017: 25).

El modelo aplicado por el gobierno nacional le permitirá salir rápidamente de la crisis producida en 2008, tal como se aprecia en el gráfico 23, aunque la recuperación de 2009 no logra sostener los niveles de crecimiento previos. Es necesario mencionar que la aplicación de políticas contracíclicas se basaron en dos ejes, por un lado el aislamiento del sistema financiero internacional estrictamente relacionada con el otro eje, ciertos grados de autonomía con las políticas del Fondo Monetario Internacional luego del pago de la deuda en 2006 (Kern y Nemiña, 2017)

Gráfico 23. Tasa de crecimiento del Indicador Sintético de Actividad Económica para Tierra del Fuego y Producto Interno Bruto para el Total País. Años 2008 a 2015. Base 2004=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Indicador Sintético de Actividad Económica para Tierra del Fuego de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y del Producto Interno Bruto para el Total País de INDEC.

En este esquema el gobierno nacional profundizará el ámbito privilegiado de acumulación industrial, principalmente en Tierra del Fuego con la sanción de la Ley 26.539 de noviembre de 2009, conocido como popularmente “impuestazo tecnológico”, el cual establece un sistema de impuestos internos[13] que brinda ventajas comparativas a las empresas de industria tecnológica radicadas en Tierra del Fuego, encareciendo los productos electrónicos en el territorio nacional continental, eximiendo a los fabricados en la provincia por el amparo de la Ley 19.640 (Schorr y Porcelli, 2014, Delgado y Hermida, 2019, Romano et al, 2018, Gatto, 2017, Teixido et al 2014).

Cabe recordar la composición de las compañías vinculadas a AFARTE a fin de apreciar las vinculaciones que exhibe esta burguesía con el Estado nacional. Para este período las principales empresas asociadas a la cámara eran, en Río Grande: Brighstar Argentina[14], cuyo presidente era Martín Vaca Narvaja y se encuentra enmarcada en el grupo internacional homónimo controlado por de Marcelo Claure[15]. Mirgor, grupo que fuera fundado por Mauricio Macri y Nicolás Caputo, y que en 2008 ingresó a Tierra del Fuego mediante la adquisición de la empresa IATEC. Y las ya históricas, como Radio Victoria, vinculada a la familia Jurkowski, BGH, de la familia Garfunkel, y la filial Argentina de Philips, instaladas en el inicio de la promoción. Finalmente en Ushuaia, el Grupo NewSan, de Rubén Cherñajovsky, que desde mediados de los ’90 fue creciendo producto de la adquisición de las operaciones locales de Sanyo, Continental y Grundig, entre otras.

Volviendo a ventaja de la que gozan los establecimientos industriales fueguinos, no se encuentra directamente relacionada al accionar del gobierno provincial. Tal como han señalado numerosos trabajos (Romano, et al 2018, García, 2019, Delgado, 2019), si bien la provincia forma parte de la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE) que regula dicha Área, espacio que rige para la promoción industrial fueguina, las intervenciones del Gobierno Provincial no resultan vinculantes para la configuración de los proyectos industriales a promover. En este sentido, el gobierno local sólo puede realizar sugerencias y solicitudes sobre la política industrial de orden nacional, que pueden o no ser atendidas por el Gobierno Nacional.

Esquema 8. Procedimiento para aprobar proyectos en el marco del Subrégimen de la Ley Nacional N° 19.640

Fuente: García (2019), citado en Delgado (2019: 24).

El circuito expuesto en el esquema 8 expresa con claridad la intervención del Gobierno Provincial sobre la Secretaría de Industria de la Nación. A su vez la CAAE, en la se encuentran también representados distintos actores públicos y privados[16], presenta la posibilidad de extender opiniones aunque estas tampoco resultan vinculantes para la aprobación de los proyectos por parte de la Nación. En este sentido, la CAAE que presenta una posibilidad de vinculación de actores para el enraizamiento de la política a nivel local, cumple una función de acompañamiento. A su vez el Gobierno Provincial se encuentra en calidad de gestor local o facilitador de esta política nacional para los establecimientos industriales establecidos en el territorio fueguino, pero no se encuentra facultado para el diseño de la política de promoción.

Más allá de las cuestiones institucionales y regulatorias del sub régimen, la aplicación de esta política aceleró la generación de empleo en la provincia, especialmente el vinculado al sector manufacturero, pero también a los restantes sectores (Gatto 2017). Esta especial relación se encuentra vinculada con los procesos de crecimiento poblacional basados en los flujos migratorios internos ya citados (Hermida et al, 2016), en este sentido el proceso exhibe un crecimiento general al expresarse una reactivación de la industria. Como continuación del proceso iniciado en 2003, la provincia sostuvo la creación de empleo, tal como se expresa en el gráfico 22, alcanzando 58.692 en 2013, de los cuales el 25,5% de esa población pertenecían al sector industrial. El sector hotelero y gastronómico parece sostener su participación alcanzada entre 2003 a 2008 que se mantiene entre el 4,2% al 3,4% durante todo el período.

Gráfico 24. Cantidad total de ocupados urbanos y distribución relativa de la población ocupada por sectores de actividad. Tierra del Fuego. Años 2009 a 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el Aglomerado Ushuaia-Río Grande, INDEC.

La transformación tendrá su correlato en la estructura ocupacional (López, 2017, Hermida et al, 2019, Hermida, 2021). Tal como se aprecia en el cuadro 11, entre 2009 y 2015 se crean 15.801 empleos, un 23,4% de la Población Económicamente Activa, de los cuales cerca de la mitad son obreros calificados de la industria y servicios asociados. Entre los sectores medios se debe notar el crecimiento de los técnicos y profesionales, también asociados al sector industrial en ámbitos de supervisión y en la industria metalmecánica que brinda servicios conexos a la industria manufacturera fueguina[17]. Es de notar que desde 2009, pero especialmente desde 2011, el Gobierno Provincial estableció algunas políticas públicas de desarrollo para sectores productivos, principalmente industriales, vinculados al agregado de valor de materias primas locales, la industria metalmecánica, o la industria vinculada a la demanda turística (Delgado, 2019).

Aunque estas políticas públicas distan significativamente del impacto que tuvo el establecimiento de impuestos internos en 2009, en materia de generación de empleo, inmigración y transformación de la estructura ocupacional (López, 2017), los restantes espacios productivos tuvieron dinámicas de crecimiento de importancia para la provincia, este proceso se apreció especialmente en la rama de los servicios y el comercio. En cuanto al sector hotelero y gastronómico, al igual que la construcción, tienden a estabilizarse de 2009 a 2015[18]. La administración pública tuvo un crecimiento en los últimos años del período analizado, probablemente para mitigar los efectos del estancamiento evidenciado en desde 2013, pero intensificado con la crisis de la balanza comercial en 2014 (Schorr y Wainer, 2017).

Cuadro 11. Distribución absoluta y porcentual de la población ocupada según grupos ocupacionales y posiciones de clase en Ushuaia y Río Grande en años seleccionados entre 2009 a 2015

Nota: Se realizaron promedios anualizados a fin de fortalecer las series en términos estadísticos.

Fuente: Elaboración propia basado en el esquema de clases de Palomino y Dalle (2012, 2016) con información básica de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

En cuanto a la dinámica de las tasas de desocupación, expresadas en el gráfico 23, observamos que la tendencia en este sub período se torna oscilante en la provincia. Si bien la tendencia general es decreciente, las características exhiben un ciclo de decrecimiento menos sostenido y claro al expresado en el período anterior presentado en el gráfico 18, este rasgo es especialmente notorio desde 2013. Como se señaló en el capítulo 3, desde la promoción industrial, Tierra del Fuego tiene un rasgo histórico de altos niveles de asalarización y empleo registrado que si bien presentan alguna alteración en el período analizado, los niveles son significativamente mejores que los alcanzados por el total de los aglomerados urbanos del país.

En la misma línea de lo antes mencionado, Farías (2019: 13) observa que, para el segundo semestre de 2015, la tasa de asalarización de Tierra del Fuego es del 89,6% de los ocupados, cuando para el total de los aglomerados urbanos del país es del 76,7%. En cuanto a la tasa de registro, es decir los empleos formales con aportes a la seguridad social, es del 94,8% para la provincia, en contraste con el 66,9% del resto del país. En este sentido, el mercado laboral de Tierra del Fuego presenta ventajas significativas respecto al resto del país, tanto en niveles de registración y asalarización, como en las tasas de desocupación, subocupación y media de ingresos de la ocupación principal (Farías, 2019: 13).

Gráfico 25. Tasa de desocupación. Argentina y Tierra del Fuego. Años 2009 a 2015

Nota: Para Argentina se utilizó la totalidad de los 31 aglomerados urbanos. Tierra del Fuego se traduce en el aglomerado urbano constituido por las ciudades de Ushuaia y Río Grande. Se presentaron los indicadores para todos los trimestres disponibles de la EPH continua.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

En términos de distribución del ingreso, tal como se aprecia en el gráfico 24, el sub período exhibirá la misma dinámica que se había instalado en 2003, un proceso de distribución progresivo del ingreso. Sin embargo, y como se ha señalado anteriormente, a partir de 2013 la evolución será dispar, especialmente luego de la devaluación de 2014 que tiene su correlato en la fuerte restricción externa que comienza a demostrar el agotamiento del modelo industrial (Luzzi y Wilkis, 2019: 230-231).

Gráfico 26. Distribución del ingreso de hogares urbanos expresada en valores del coeficiente de Gini. Total País y Tierra del Fuego. Primer trimestre de 2009 a segundo trimestre de 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

Tal como hemos señalado, hacia 2013 las restricciones en torno a la balanza comercial comienzan a producir problemas para el desarrollo industrial. Si bien esta restricción externa ha sido recurrente en la historia económica de la Argentina, durante la etapa de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) acontecida a mediados del siglo XX los estrangulamientos del sector externo estaban asociados fundamentalmente a la dinámica productiva. Luego de la irrupción de la política neoliberal instaurada por la última dictadura militar marcada por la valorización financiera, las restricciones del sector externo pasaron a depender del movimiento de capitales, tanto locales como internacionales.

Estos problemas asociados al sector externo y al control cambiario, se debieron fundamentalmente a las confluencias de una serie de factores coyunturales y estructurales, dado que el crecimiento sólo puede sostenerse sacrificando reservas internacionales, estrategia que encontró un límite preciso en el nivel relativamente bajo que estas alcanzaron a fines de 2013. En dicha coyuntura, a comienzos de 2014, el gobierno nacional decidió avanzar con un ajuste parcial para contener la pérdida de reservas, utilizando medidas como la devaluación y la restricción cambiaria, tuvo consecuencias negativas en el nivel de actividad (Schorr y Wainer, 2017: 146).

En este sentido el período que nos ocupa está signado por políticas económicas de índole monetaria que tienden a regular la dinámica del sector externo, pero no presentan alternativas que puedan producir transformaciones sustantivas del sector productivo. Si bien se implementan algunas medidas que parecieran irrumpir a nivel local con el desarrollo tecnológico, la irrupción del capital transnacional genera restricciones para la innovación lo que dificulta poder superar la sobre dependencia de divisas (Fernández, 2016, Schorr y Wainer, 2017).

A nivel local, y volviendo a las relaciones de clases, observaremos dos dinámicas, por un lado, durante el período observamos un grado importante de compromiso de clase en la esfera privada, principalmente entre los trabajadores relacionados a la industria[19] que realizan acciones políticas en la defensa, expansión y extensión del subrégimen de promoción industrial amparado en la Ley 19.640. Por el otro, se aprecia un fuerte crecimiento de la conflictividad entre los sindicatos estatales y la gestión gubernamental de Fabiana Ríos.

La primera dinámica se asocia al crecimiento significativo de los sectores populares, especialmente de los obreros industriales, que alcanzan en 2015 el 19,3% de la PEA y el 20,5% de los ocupados, tal como se observa en el gráfico 22, esto les brinda no sólo un crecimiento del poder estructural, sino que también de su poder asociativo (Wright, 2018 [2015]). En este sentido es el sindicato metalúrgico el que mejor traduce el poder asociativo que se desplaza de lo sindical a lo político-electoral. En las elecciones legislativas nacionales de 2013, el Secretario General de la UOM Tierra del Fuego, Oscar Martínez, fue electo diputado nacional, logrando una banca de las 5 disponibles para el distrito.

La segunda dinámica, en la que el conflicto se establece en el marco del Estado provincial (Oyarzo y Rebón, 2013). Un conflicto salarial con el sector docente evolucionará en la toma de la casa de gobierno provincial en 2013 y en múltiples enfrentamientos con el ejecutivo provincial. En este esquema se observa una continuidad por la disputa del aparato estatal que tiende a integrar, no solo a los sectores dominantes, sino a los sectores medios y populares (Hermida, 2018a).

En cuanto a la burguesía local se aprecian serias tensiones con el modelo productivo esgrimido en esta etapa. Especialmente desde la crisis internacional de 2008 donde el turismo extranjero se verá restringido (Vereda, 2018). Durante este período el Estado provincial tenderá a realizar inversiones en infraestructura que atienda la dinámica de crecimiento poblacional y las demandas de los sectores populares, principalmente las vinculadas a resolver problemas habitacionales dejando de lado la inversión relacionada con el modelo turístico (Martínez y Finck, 2017: 67). A su vez, esta burguesía local se encuentra históricamente relacionada al sector ganadero, por lo que tiende a acompañar las demandas realizadas por el sector agrícola ganadero a nivel nacional luego del quiebre hegemónico producto de la crisis por las retenciones móviles de 2008 (Basualdo, 2011, Pucciarelli y Castellani 2016).

En términos institucionales el período presenta especial relevancia. Principalmente por la municipalización de Tolhuin en 2012, cuarenta años posterior a su fundación, constituyendo así el tercer municipio de la provincia. En cuanto a las cámaras empresarias apreciamos la creación de la Cámara Integral Metalmecánica Fueguina, que nuclea a las pequeñas y medianas empresas que brindan servicios conexos a las industrias electrónicas y petrolíferas. El desarrollo expuesto desde el “impuestazo tecnológico” en 2009 dio lugar a una expansión del sector que tuvo su correlato institucional.

Esquema 9. Instituciones locales diferenciadas por sector según períodos de desarrollo económico. Tierra del Fuego 2009 a 2015. Parte I, Cámaras empresarias

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad, análisis normativo y documentos históricos de creación.

Esquema 10. Instituciones locales diferenciadas por sector según períodos de desarrollo económico. Tierra del Fuego 2009 a 2015. Parte II, Instituciones estatales y sindicales.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad, análisis normativo y documentos históricos de creación.

En cuanto al ámbito sindical debemos mencionar la creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en 2010, lo que conllevó a la formación de los sindicatos docentes y nodocentes. También la filial local de UTEDYC relacionado a la constitución de clubes y la ampliación en el ámbito de comercio con el SITRACOM, lo mismo que en el caso del sector textil con el Sindicato del Vestido (SOIVA).

El esquema del Anexo I exhibe también los lazos relacionales de las organizaciones, en este sentido apreciamos que aquellas cámaras vinculadas a la burguesía nacional tienen fuertes relaciones con el Estado Nacional que regula los criterios del régimen de promoción industrial, como expusimos en el esquema 8. A su vez las organizaciones vinculadas al sector del comercio y el turismo establecen criterios relacionales con el Estado provincial.

Conclusión del capítulo

Tal como hemos presentado anteriormente, el presente capítulo se propuso analizar el impacto producido por el cambio de políticas neoliberales aplicadas durante la década del noventa, a un modelo neo-desarrollista en Tierra del Fuego. En este contexto se atendió la recuperación de la preeminencia de la promoción industrial como eje de desarrollo económico capitalista de la provincia durante el período 2003 a 2015. Este patrón de acumulación industrial, como ámbito privilegiado, esgrimió beneficios para la burguesía nacional vinculada al sector industrial, y especialmente para aquellas que se radicaron en Tierra del Fuego.

El patrón de acumulación industrial ha representado históricamente para la provincia un modelo económico de importancia sustantiva cristalizado en los datos ya esgrimidos. Estas características se exponen en la generación de 37.258 puestos de trabajo en el período 2003 a 2015, con una importante distribución progresiva del ingreso en un marco de altas tasas de crecimiento del producto bruto de la provincia. Todo el fenómeno presenta mayor profundidad en la importancia geopolítica que el kircherismo le otorgó a la región adhiriendo a su agenda de gobierno la cuestión Malvinas y con ello la aplicación de una nueva etapa de políticas de desarrollo regional en Tierra del Fuego. Este fenómeno de crecimiento de los puestos de empleo, especialmente los relacionados a la rama industrial ha propiciado el espacio para la conformación de compromiso de clase.

Tal como se ha observado los trabajadores, especialmente los vinculados al sector manufacturero, esgrimen un repertorio de estrategias en la defensa del sub-régimen industrial. Esta política que constituye un ámbito privilegiado de acumulación que beneficia de forma directa a un grupo reducido de empresarios de la burguesía nacional, logra contar con el apoyo de gran parte de la estructura política y sindical, permitiendo su extensión en el tiempo y hasta profundización, como fue el caso de la Ley 26.539 que brindó significativas ventajas comparativas a las empresas radicadas en Tierra del Fuego.

Por otra parte, hemos apreciado las problemáticas de conexión de los órganos de gobierno locales al complejo institucional que regula la ley 19.640. Tal como hemos observado las opiniones que el Gobierno Provincial tiene sobre las decisiones de la Secretaría de Industria de Nación en relación al sub-régimen industrial no resultan vinculantes para la apertura y aprobación de proyectos. De igual forma se establece la vinculación de la CAAE, por lo que los puentes de comunicación directa quedan establecidos entre la Nación y la burguesía nacional que presenta intereses en los beneficios del sub-régimen. En este sentido, las posibilidades de enraizamiento que exhibe la ley de promoción industrial resultan extremadamente relativas, lo que genera restricciones en términos de transformación de este ámbito privilegiado en ámbito estratégico de acumulación, y con él la consolidación para el desarrollo económico.

Finalmente, hemos apreciado las tensiones que se generan con el modelo de acumulación relacionado al turismo y el comercio local. Este ámbito, a diferencia del industrial que fuera propiciado por el Estado nacional, se encuentra vinculado al Estado provincial. Este Estado fueguino, conformado en 1991 y que paulatinamente fue atravesando un proceso de universalización y autonomización de los sectores dominantes, se encuentra en un constante conflicto, por un lado proveer respuestas a los sectores populares que manifiestan un compromiso de clase con la burguesía nacional, y por el otro satisfacer las demandas de los sectores dominantes locales que estuvieron fuertemente vinculados a su origen. Sobre esta burguesía local el Estado provincial no cuenta con los niveles de reciprocidad y distanciamiento necesarios para establecer las intervenciones de calidad que le permitan transformar este modelo de acumulación local en un ámbito estratégico de acumulación, el cuál debería presentar las capacidades de responder a los niveles de empleo y demandas populares que tiende a atender el ámbito industrial.


  1. El enfoque temporal adoptado considera las transformaciones ocurridas a nivel nacional en el ámbito industrial. Como señalan Puccarelli y Castellani (2017), este período se caracteriza por cambios transicionales que se llevaron a cabo durante la presidencia de Duhalde. A nivel provincial, estas modificaciones se manifestaron de manera gradual, comenzando durante el gobierno de Manfredotti y alineándose estrechamente con las políticas del gobierno nacional, especialmente durante la gestión de Duhalde y, posteriormente, durante la de Kirchner. La llegada de Jorge Colazo al gobierno provincial marcó un alineamiento directo con las políticas kirchneristas que se habían iniciado en 2003. Por lo tanto, el período transicional comprendido entre diciembre de 2001 y mayo de 2003 se incluye en este segmento temporal.
  2. Palomino y Dalle (2012: 216) observan que los obreros calificados del total de los 31 aglomerados urbanos del país pasan del 20,1% en 2003, al 24,8% en 2011. En cuanto las clases medias aprecian que pasan del 43% en 2003 al 46,4% en 2011.
  3. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 para una distribución igualitaria y 1 para la desigualdad absoluta; puede ser leída como la probabilidad estadística de una persona de no recibir el ingreso medio.
  4. Palomino y Trajtemberg (2006) describen al período 2003 – 2006 como el momento auge de las negociaciones colectivas desde 1988. En 2006 se sancionaron 930 Convenios Colectivos de Trabajo, un fenómeno de alta productividad negociadora desde 1988. Según los autores este proceso tuvo un impacto importante en la determinación de los salarios, que pudieron recuperarse significativamente luego del colapso producido por la crisis de la convertibilidad.
  5. Durante el período, desde 2004 con la gobernación de Colazo, pero especialmente desde 2007 con la gobernación de Fabiana Ríos, se observan la aplicación de una serie de políticas públicas que tienden a ensanchar la base de derechos, especialmente en lo que refieren a los índole social, pero también en términos habitacionales y económicos. Para citar algunas de las políticas más relevantes debemos señalar: plan de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para el arraigo juvenil (2004), primer matrimonio igualitario de la Argentina (2007), obra edilicia y plan de habitacional del Barrio Pipo por del IPV (2005-2015), aplicación del Programa de Mejoramiento de Barrios en asentamientos humanos relegados (2008-2015), reconocimiento legal de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) (2008), ley de paternidad y maternidad compartida (2012) y la puesta en funcionamiento del Consejo Económico y Social como espacio interinstitucional en el que se congregan sectores públicos y privados del capital y el trabajo.
  6. Colazo, y gran parte de su gabinete, muestra una trayectoria histórica en la función pública, especialmente en la Intendencia de Río Grande. Si bien Hugo Cóccaro era empresario de la construcción y hotelero en la localidad de Río Grande no exhibe una vinculación histórica a los grupos dominantes que se encuentran asociados al Movimiento Popular Fueguino.
    Dentro del grupo de legisladores de la alianza de gobierno se encuentran dirigentes sindicales, profesionales y cuadros técnico-políticos con escasa vinculación a la burguesía local.
    En este sentido apreciamos que los trabajadores, especialmente los relacionados a la industria electrónica, despliegan una serie de estrategias en defensa de la ley de promoción industrial. Es en este sentido que se aprecia un compromiso de clase, en la que los trabajadores asumen un rol activo en el sostenimiento de una política que claramente constituye un ámbito privilegiado de acumulación de la burguesía industrial nacional.
  7. En el primer trimestre de 2004, la EPH en su medición para el aglomerado de Ushuaia y Río Grande, arroja 41.857 ocupados y 5698 desocupados, con lo cual la estimación de la Población Económicamente Activa es de 47.555. En este sentido los 4000 beneficiarios representarían el 8,4% de la PEA y el 9,6% de los ocupados de la provincia.
  8. Tal como señala, en el marco de las entrevistas realizadas, un empresario y referente de la cámara hotelera: “el gran problema de la mano de obra es la seducción de la fábrica, de la industria, a un ayudante de cocina que vos ya lo tenés a punto caramelo para pasarlo a chef. Le ofrecieron 20 mil mangos y se fue a la cocina de la fábrica o se fue a la fábrica a hacer así: “tic, tic, tic”.”
  9. Mario Jorge Colazo llegó a la gobernación en 2004 luego de haberse desempeñado como intendente de la ciudad de Río Grande entre 1991 y 1999, y Senador Nacional entre 2001 y 2004. Su destitución se desarrolla mediante un juicio político realizado por la legislatura entre los meses de noviembre y diciembre de 2005 luego de la suspensión establecida por este órgano de gobierno en septiembre del mismo año. La causa se basó en la “retención indebida de fondos coparticipables” a la Municipalidad de Río Grande. Si bien fue inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por cuatro años, en 2007 fue electo Senador Nacional nuevamente, cargo que ocupó hasta diciembre de 2013. Fuentes: https://www.inforegion.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=22306&id=70716&dis=1&sec=1
  10. Hugo Omar Cóccaro entre los años 2005 y 2007, ocupó el cargo de gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, luego de haber ocupado el cargo de vicegobernador de la misma provincia antes de asumir como gobernador producto del juicio político y posterior destitución de su ex compañero de fórmula, Jorge Colazo. Además de sus antecedentes políticos, Cóccaro se destacó como empresario en el sector de la construcción, junto a su hermano Abel, fundando una empresa constructora. Fue miembro del Partido Justicialista. Fuentes: https://www.provincia23.com.ar/2019/07/22/hugo-coccaro-mas-que-un-empresario-un-trabajador/ y https://www.diarioprensa.com.ar/murio-el-ex-gobernador-interino-hugo-coccaro/ consultadas el 30 de enero de 2020
  11. Para citar algunos ejemplos: Bassanetti, vicegobernador electo, era fiscal del poder judicial provincial, el Ministro de Economía, Eugenio Sideris, empleado de la AFIP, Jorge Rabassa Ministro de Educación, fue investigador del CONICET, el abogado del instituto de seguridad social de la provincia, Eduardo Olivero fue designado a cargo de la Secretaría Legal y Técnica y la médica del Hospital Regional de Ushuaia María Grieco, fue designada como Ministra de Salud.
  12. Oyarzo y Rebón (2013: 15) señalan que Tierra del Fuego tuvo entre 2006-2012 una tasa de conflictividad, calculada a partir de la relación entre el promedio interanual de conflictos laborales y la cantidad de ocupados en cada provincia, de 10,2. Quien le sigue es la provincia de Santa Cruz con 6,6. Concluyen el estudio: “La Tierra del Fuego reciente tiene como uno de los rasgos distintivos, y que la caracteriza socialmente, la particularidad de contar con los niveles de conflictividad laboral más altos del país.” (Oyarzo y Rebón 2013: 19)
  13. Teixido, C., Bianciotto, F., Gatto, F., Simón, J, Logioco, E, Vetrone. A. (2014: 2) señalan: “Para equiparar el tratamiento impositivo de la isla al que reciben las empresas en Manaos (Brasil), en noviembre de 2009 se sancionó la ley de electrónicos y por decreto a través de impuestos internos a celulares, computadoras, monitores, televisores, aparatos de aire acondicionado y cámaras fotográficas en Tierra del Fuego, se redujo la alícuota de 17,0 a 6,6 por ciento. Se penalizaron así los artículos importados y se benefició a los fabricados en territorio fueguino.”
  14. Luego de la sanción de la ley 26.539 la empresa instalada en Río Grande en 2003 anuncia la inversión de 10 millones de dólares y la ampliación de sus operaciones en la Isla Grande, llevando el empleo de 70 a 220 empleados: https://www.ambito.com/ambito-biz/brightstar-invertira-us-10-millones-argentina-n3588531
  15. La empresa Brigstar Argentina y su filial Brigstar Fueguina fueron adquiridas entre 2020 y 2021 por el Grupo Mirgor controlado por Nicolás Caputo. El Ministerio de la Producción había elaborado un informe sobre la fusión de ambas empresas que atiende a las posibles posiciones monopólicas que podría presentar la empresa: https://www.argentina.gob.ar/noticias/condicionamiento-de-la-operacion-mirgor-brighstar
  16. Además del Poder Ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, integran la CAAE, la Legislatura Provincial, la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de Industria de Nación, la Unión Industrial Fueguina (UIF), las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Supervisores de la Industria Minera, Metalúrgica y Mecánica (ASIMRA), como suplente de la UOM. También la integran como miembros titulares pero con menor participación el Estado Mayor de la Armada de la República Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, el Banco de la Nación Argentina. Por último participan como invitados la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) (Delgado, 2019: 21)
  17. En el testimonio de los propietarios de pequeños establecimientos metalmecánicos: “Nuestros principales clientes eran las empresas que brindaban servicios de petróleo. Luego mutamos hacia atender a las plantas electrónicas de Río Grande entre el 2010 y el 2013, asistiendo a los proyectos nuevos o en el mantenimiento de las plantas electrónicas. Después aflojó un poco y pasamos a atender muchos rubros de construcción para compensar un poco”.
  18. Para el tercer trimestre de 2013 los trabajadores del sector industriales de Tierra del Fuego alcanzaron los 16.038, lo que representa el 1,1% del total de los ocupados, y no el 0,6 como establecen Levy Yeyati y Castro (2012). En cuanto al Producto Bruto Geográfico y su relación con el Producto Interno Bruto Nacional, según datos del INDEC para 2004, Tierra del Fuego presenta un PBG de $7.049.276.383, lo que significa el 0,84% del PIB Nacional, estimado para ese año en $834.611.786.920. Teniendo en cuenta que la población estimada de la provincia para el 2004 era de 111.726 personas, el PBG per cápita se ubica en los $63.094,32, siendo este valor el más alto del país, por encima de la Ciudad de Buenos Aires con $ 51.420,82.
  19. Según descripciones de un dirigente sindical metalúrgico en 2013 “Nosotros teníamos a inicios de 2009 menos de 3 mil trabajadores en toda la provincia de Tierra del Fuego. Hoy andamos aproximadamente en 14 mil trabajando en la industria metalúrgica y dependiendo directamente del convenio UOM. (…) A modo de ejemplo, en el año 2009 se producían 400 mil celulares entre el total de todas las empresas que fabricaban este producto. La producción del año 2013 va a superar los 14 millones de celulares. Este es un dato no menor. Tiene que ver con que el 95% de los productos electrodomésticos que se consumen en el país son fabricados en Tierra del Fuego por mano de obra de obreros y obreras metalúrgicos. Con sus características, con sus particularidades en cuanto a los componentes y los insumos. Pero esta es una realidad que nosotros conocemos.”
    Continúa, “En ese sentido, una de las primeras y más importantes discusiones que hemos llevado con el Estado, a través de los distintos gobiernos, incluso de los poderes legislativos, ha sido el tema de la estabilidad laboral. Buscar medidas que pudieran garantizar, en los años más difíciles, la continuidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Más tarde ha sido la búsqueda de alternativas que pudieran generar ampliación en los niveles productivos, radicación de nuevas industrias y como consecuencia de ello, generación de nuevas fuentes de trabajo. Esto ha sido una demostración clara de lo que puede nuestra organización, la modificación de los impuestos internos que fue votada en noviembre de 2009 producto del reclamo de la Unión Obrera Metalúrgica.” Río Grande, julio de 2013.


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