Una aproximación al análisis del documento

El encuentro entre la sociología y la historia

Si bien este trabajo se centra en un hecho histórico de carácter singular, el encuentro entre San Martín y Bolívar en Guayaquil en 1822, no podemos dejar de considerar para su comprensión que forma parte de un contexto mucho más amplio: las guerras de independencia hispanoamericanas. A su vez, tal como plantea François Xavier Guerra, aquel proceso revolucionario en el cual nuestros protagonistas tomaron parte, no se desarrolló de manera independiente en territorio americano. Por el contrario, fue una crisis que afectó a la monarquía hispánica en su conjunto, que como estructura política del Antiguo Régimen, se apoyaba sobre dos pilares, el español y el americano. De modo que, para abordar el caso que nos ocupa, no es un dato meramente contextual el vínculo con España, porque es la política española para América, la que condiciona la lucha emancipadora.^[1] De este modo, las invasiones napoleónicas de 1808 a la península ibérica, que ponen en tela de juicio el poder soberano del rey, son el marco más amplio a partir del cual se desencadena la revolución hispanoamericana, que tendrá uno de sus hitos más relevantes en el encuentro de nuestros dos protagonistas.

En líneas generales, podemos decir que el período que va de 1808 a 1825, en el cual podemos enmarcar todas las independencias hispanoamericanas, implica un proceso de cambio social, y que si bien nuestro análisis se centra en un acontecimiento particular dentro del mismo, acaecido en un tiempo y un espacio determinado, siendo en principio un problema historiográfico, nos valdremos de algunos dispositivos teórico – conceptuales propios de la sociología para poder examinarlo, de este modo, situaremos el análisis en el campo de la sociología histórica, como de la historia política.^[2]

En este sentido, una de las ideas centrales que rigen esta investigación es el concepto de orden. De acuerdo con Javier Fernández Sebastián, estamos frente a una idea que se caracteriza por no manifestarse abiertamente, siendo el orden “larvado” y “silente”. El mismo solamente se hace visible cuando se altera con estrépito el curso ordinario de las cosas. Nuestro contexto de análisis, justamente, se encuentra atravesado por radicales mutaciones, que es de nuestro interés observar. De este modo, al situarnos frente a una ruptura respecto del status quo, lo que encontramos es que los actores sociales, entre los que se encuentran nuestros protagonistas, traen a primer plano el debate y la reflexión en torno al concepto de orden.^[3]

Desde un punto de vista sociológico, la idea de orden supone la existencia de una serie de representaciones que orientan la conducta de los actores en una relación social. Que el orden sea considerado como válido, nos indica que los partícipes del mismo lo perciben como obligatorio, como modelo, de esta forma, es altamente probable que orienten sus acciones por él. Cuando esto sucede, podemos decir que cuenta con el prestigio de la legitimidad.^[4] Esta última idea es también muy importante para nuestro estudio, pues nos refiere a la forma o configuración de la trama de un grupo, que al presentarse como creencia o expectativa que orienta las acciones de los individuos, se constituye en garantía de la vigencia y perdurabilidad del ordenamiento social.^[5]

La pretensión de legitimidad de todo orden político, nos ubica frente a la cuestión del poder, o mejor dicho, tal como plantea Weber, frente al problema de la dominación, ya que la misma supone la existencia de una forma de gobierno en donde anidan aquellos poderes imperativos, autoridades, que pretenden obediencia.^[6] Y si bien es cierto que la utilización del poder estatal, es decir, la coacción física, permite conseguir y afirmar la integración social, no son menos relevantes para el sostenimiento del orden y su pretensión de validez, las representaciones que los sujetos se hacen de esa dominación. De este modo, estamos frente a una dimensión donde se estructura una coherencia, una configuración, una lógica que dota de orientación a la acción de los individuos, que se reconocen de esta manera como parte de una trama social, cuyo sentido compartido, permite la regularidad de un orden social dado.^[7]

En el mundo hispanoamericano de 1770 a 1808 la definición de diccionario de orden aludía a la disposición y relación de las cosas, lugar y colocación, sucesión, y a reglas y modos de hacer. Desde un punto de vista político y social, el orden se originaba en la revelación divina puesto que se encontraba atravesado por la cosmovisión católica. La desigualdad natural de los hombres era su sustento, con lo cual los principios fundamentales sobre los cuales se sostenía eran la jerarquía y la subordinación. Este orden inserto en la catolicidad era percibido como eterno, inmutable, trascendente y respondía a la voluntad de Dios. Desde un punto de vista político, la autoridad del monarca, en tanto autoridad temporal, se inscribía en la doctrina del origen divino del poder y era, de este modo, sinónimo del orden.^[8]

América y la península constituían el corpus de la monarquía católica, el más vasto territorio conquistado por un monarca. La dimensión de estos dominios era en sí mismo un desafío para el ejercicio de la capacidad de mando, lo mismo la gran heterogeneidad social y cultural que se presentaba a un lado y otro del atlántico. De este modo, la gobernabilidad real de tan compleja formación política y social era una cuestión de peso para la monarquía, de hecho, el status de América siempre fue objeto de discusión y debate, requiriendo incluso de una legislación y jurisprudencia propias, distintas de las metropolitanas, para su gobierno. La condición americana de espacio conquistado no era una cuestión menor, pues discutir el lugar de los habitantes de América en la monarquía, suponía delimitar de algún modo el vínculo de obediencia que unía a ambos espacios territoriales en torno a la figura del rey. En este sentido, a lo largo de 300 años de dominio ininterrumpido, y al calor de las diferencias entre la metrópoli y sus territorios ultramarinos, se irán construyendo distintas interpretaciones sobre el carácter de la relación entre uno y otro espacio territorial. Esta discusión es la que permitirá la construcción de imágenes distintas de la monarquía, ya que mientras en la península esta era percibida de manera unitaria, en América existía una concepción plural de la misma, producto de unos poderes territoriales, que pugnaban con la autoridad metropolitana.^[9]

Un momento importante de estas discusiones transcurre durante el siglo XVIII, contexto de grandes mutaciones, tal como lo define Guerra. De acuerdo con este autor, en el devenir de este siglo se despliegan dos procesos concomitantes, que lejos de ser contradictorios, presentan aspectos comunes. Por un lado, se da la irrupción de la modernidad. Un nuevo sistema de referencias en el plano de las ideas, del imaginario, de los valores y comportamientos, que son los propuestos por la ilustración, de donde emergen el individuo, las nuevas formas de sociabilidad y la opinión pública moderna. Por otro lado, el absolutismo puede considerarse como otra de las grandes mutaciones del siglo, en línea con el avance del Estado moderno en formación. Éste último supuso la construcción de una soberanía central, encarnada en la figura del rey, lo cual transformó la imagen que existía de la monarquía. Si bien en principio pudiera parecer que ambos procesos se autoexcluyen, la realidad es que en algunos campos es posible observar una suerte de alianza entre absolutismo e ilustración. Ambos compartían una cierta hostilidad hacia los cuerpos, los privilegios, sostenían también un concepto unitario de la soberanía y una relación sin intermediarios entre el poder y los individuos. En este sentido, lo que se conoció como “despotismo ilustrado” buscó difundir las “luces” frente a una comunidad donde prevalecían los imaginarios tradicionales y de tipo pactista, lo cual la hacía reticente a la recepción de nuevas modas e ideas y a todo intento de modernización. Sin embargo, este registro tradicional, funcionó también como un constreñimiento frente a las reformas, puesto que era la fuente principal de la legitimidad monárquica. El rey estaba situado en la cúspide de una pirámide de dignidades y honores, era el señor natural del reino y el vínculo con sus súbditos estaba construido como algo más personal que abstracto, imaginario y representación que es predominante todavía a finales del siglo XVIII, y que impide ir a fondo con la transformación de la sociedad.^[10] De este modo, estamos frente a un proceso donde se nos presentan una serie de tensiones y disputas, que involucran tanto a las élites modernas como a los cuerpos privilegiados del reino, y que ponen en debate dos imaginarios diferentes. En el orden monárquico, dominante aún, convergen estas tensiones, discusiones y conflictividad latente.

Centrándonos en la cuestión del absolutismo, la figura del rey cobra especial relevancia ya que durante el siglo XVIII, la dinastía de los Borbones había desplegado una estrategia de centralización del poder político y militar que le había permitido posicionarse como potencia absoluta, imponiendo su soberanía sobre las instituciones representativas del reino. Este nuevo imaginario se construía sobre el borramiento de las tradiciones pactistas que operaron hasta la Guerra de Sucesión, buscaba deconstruir al pueblo como fuente de poder o soberanía e imponía al rey como el único sujeto de la misma. De allí que el absolutismo redefiniera el carácter de la sociedad y la relación entre soberanía y súbdito en la medida en que erosionaba el poder de las corporaciones. De este modo, el monarca no se representaba simplemente como una esfera de poder superior a otros cuerpos, sino como una voluntad totalmente libre de obstáculos administrativos y viejos derechos. Es así que se irá institucionalizando un orden estatal en el que los poderes locales, como así también la iglesia, quedarán subordinados –no sin conflicto y negociación– a la voluntad regia, consolidando de esta forma al rey como principio motor de la política, de la ley y del orden político mismo.^[11]

Todo este proceso de imposición de la figura del monarca en el centro de la escena política, se desarrolló a la par de una nueva discursividad cuyo objetivo era recrear la legitimidad regia. Esto nos sitúa en el nivel de lo simbólico, es decir, en el entramado cultural que media entre los sujetos y que nutre la constitución de representaciones sociales, permitiendo el ejercicio de un dominio político efectivo. Es así que, sin olvidar la cosmovisión católica, fundamento del derecho de ocupación y de conquista, que a su vez dotaba de identidad a las comunidades sujetas al dominio de la monarquía hispánica, encontramos que el absolutismo borbónico desplegaba una serie de metáforas que remitían a la persona del rey como aquel que daba cuerpo a la sociedad y a la continuidad de la misma. Hay toda una puesta en escena alegórica, artística, visual, que a través de la construcción de una sensibilidad y emotividad que enlazaba al rey y sus súbditos desde el amor y la lealtad, tenía como objetivo primordial suscitar la obediencia y fortalecer la autoridad del soberano, puesto que en el nuevo imaginario todo poder viene del rey. Tal como plantea De Gori respecto de la “metáfora del corazón”, el amor es la condición de posibilidad del poder político, siendo el corazón aquel lugar metafórico donde el dominio político pretende grabarse, constituyéndose en la fuente primordial de la legitimidad, y por lo tanto, de la continuidad y estabilidad del orden.^[12]

Estamos frente a lo que Bourdieu denomina el poder simbólico, es decir, aquel que construye la realidad y da sentido inmediato al mundo. Siendo estructurante a la vez que estructurado, este poder genera el orden y permite un dominio político duradero. Su principal logro es el de la integración social, en tanto hace posible el consenso sobre el sentido del mundo social, contribuyendo, de este modo, a la reproducción del orden. Orden, que por otro lado, presenta como universales, es decir, comunes al conjunto de grupo, una serie de intereses que son exclusivos de aquellos que ejercen el dominio. De esta forma, mediante su opacidad, se legitima el orden establecido y las distinciones que de él surgen. El poder simbólico es “ese poder invisible que no puede ejercerse sino con la complicidad de los que no quieren saber que lo sufren o incluso que lo ejercen”, es opaco, está en todas partes y en ningún lado, al tiempo que difícilmente se nos ofrece a la vista.^[13] Ésta última característica es la que permite que las relaciones simbólicas, cuando se petrifican, funcionen como una especie de constreñimiento para los agentes, que disociados de su potencial de creación simbólica, consolidan la opacidad de la relación social en tanto es percibida como algo diferente y autónomo de su voluntad.^[14]

En este sentido, es que es posible afirmar que la idea de un orden político y social fundado en la doctrina divina permaneció inconmovible hasta el advenimiento de la crisis de 1808.^[15] La monarquía hispánica con el rey en su centro, se sobrepuso a todas las tensiones y disputas propias de la época. Los nuevos lenguajes y símbolos de las revoluciones del siglo, la ilustración, el derecho natural e incluso las reacciones adversas al reformismo borbónico, aunque cuestionaron aquel consenso hegemónico, no lograron erosionar su legitimidad, pues su condición de eficacia residía en las disposiciones inscriptas de forma duradera en los cuerpos de los actores sociales. El rey había grabado su poder en el corazón de los hombres.^[16] De allí la fuerza de su regularidad.

Cuando para 1808 Napoleón invade la península ibérica y súbitamente se pierde la cabeza de la monarquía, hay una alteración escandalosa del curso ordinario de las cosas con su consecuente sensación de caos institucional. Desde el punto de vista de los principios y símbolos que dotaban de legitimidad al orden monárquico, el soberano, como figura del dominio, estaba vinculado a una forma particular de ejercer el poder, donde su ausencia o presencia presuponía un verdadero problema político, de hecho, es la ilegitimidad de las abdicaciones de Bayona lo que termina por desatar el proceso de cambio social al que nos referimos al principio.^[17]

La crisis, sin precedentes, generada por el cautiverio del monarca no solo supuso la desaparición de aquel que era el sujeto de la soberanía, sino que además desestructuró todo el sistema de gobierno, autoridades, y las relaciones entre pueblos, en ese entramado complejo que eran los dominios del rey hispano. La situación de emergencia generada por tales sucesos nos muestra también la excepcionalidad de las respuestas planteadas por unos actores sociales que de pronto se encontrarán pensando e imaginando la sociedad, el carácter del vínculo social, el tipo de autoridad que pueda ser considerada legítima, sus funciones y poderes atribuidos, los derechos y deberes recíprocos de los gobernantes y gobernados. De hecho, es con esta crisis, tal como plantea Guerra, que se desata en España –y por añadidura en América– la revolución, es decir, “la adopción brusca de un sistema de nuevas referencias políticas y sociales que hacen tabula rasa con el pasado”.^[18] En este sentido, el término orden es central para el análisis del período estudiado, puesto que se aplica a los procesos de cambio histórico que estamos abordando. Lo que observamos es una alteración profunda del orden político y social preexistente y una reordenación del mismo, con otras premisas de actuación, con otros protagonistas, con otras prioridades y objetivos.^[19]

En relación a lo anterior, no desconocemos el hecho de que “la revolución de las provincias” de España, tal como la denomina Portillo Valdez, lo mismo que las reacciones americanas, estuvieron lejos de ser un acto revolucionario o de ruptura.^[20] En la búsqueda de referencias para justificar la resistencia y organizar los gobiernos provisionales, lo que se observa con el levantamiento de 1808, es que hay una fuerte hibridación de ideas y de imaginarios, puesto que los actores no adoptaban en su totalidad y con una fuerte coherencia ninguna doctrina política. Lo que es inobjetable, es que en el “espíritu de la época” persiste una visión tradicional de la sociedad, aunque haciendo frente a problemáticas modernas. El pactismo, reactualizado, reaparecerá como una barrera frente al despotismo y la arbitrariedad de una doctrina absolutista que no ofrecía frente a las circunstancias base alguna para salir de la crisis, ya que el poder del rey era de origen divino, sin intermediaciones. Es así que cuando vemos a los actores sociales reflexionar en torno a la constitución histórica de la monarquía, lo que buscaban era justificar la retroversión de la soberanía a los pueblos. Estos tenían capacidad de tutela, uso y administración, aunque incapacidad de alterar el ordenamiento, pues lo que buscaban era rescatar su propio pasado volviendo operativa una tradición que brindaba opciones para hacer frente a la inédita coyuntura que les tocaba atravesar. Incluso, hay una total reivindicación de los valores monárquicos que derivan en la exaltación de la figura del rey, la defensa de la religión, de las costumbres y de la patria, ya que la reacción popular es en defensa de la monarquía y no en su contra.^[21]

Paradójicamente, la irrupción de la cuestión de la soberanía será un punto de inflexión en todo este proceso. Los “años cruciales” que van de 1808 a 1810, previos a la convocatoria de las cortes gaditanas en la península, nos muestran como de esta discusión en torno a la soberanía se transforman las condiciones de enunciación del debate político, llevando finalmente a su transformación. En este sentido, Palti plantea que el constitucionalismo histórico si bien tenía como objetivo restaurar la constitución antigua del reino y preservar, de este modo, el orden tradicional, se terminó topando, en el transcurso del debate abierto, con la propia capacidad de los sujetos para trastocar la historia y la tradición, ya que terminan poniendo en marcha un poder constituyente.^[22] Suceso extraordinario para la época, puesto que, tal como sugiere Portillo Valdez, “la filosofía política donde aquellos argumentos se habían formado no preveía que ni el pueblo ni el príncipe se atribuyeran soberanía como poder constituyente, capaz de generar un orden político distinto del existente; tal poder simplemente, era inconcebible”.^[23]

En lo que refiere específicamente a los territorios americanos, a pesar de las diferencias respecto de la situación de la península, ya que no hay presencia de un ejército invasor ni autoridades delegadas por el monarca, hay identidad en la reacción frente a la ausencia del rey. La crisis fue percibida como del conjunto de la monarquía, con lo cual se activó el derecho de los pueblos a ejercer como depósito de la soberanía del rey cautivo, fundándose siempre en el derecho tradicional. No había allí un acto revolucionario de ruptura, sino una fuerte concepción de la autotutela. Aún más, los americanos vieron con buenos ojos la formación de la Junta Central, órgano que pretendía centralizar el poder político frente a la eclosión de los pueblos españoles. Lo que finalmente terminará precipitando la ruptura se vinculará con una cuestión derivada de la retroversión de la soberanía, aquella relacionada con la representación, puesto que este debate pone en discusión el tema de la nación y el de la relación entre la España peninsular y la América.

Las instituciones provisionales de gobierno que irán desplegándose en el península, Junta Central, Regencia y Cortes, tenían como objetivo centralizar el poder de mando en unos territorios que habían quedado fragmentados, ya que era menester dirigir de forma coherente las acciones contra el enemigo. Asimismo, buscaban resolver el problema de quién gobernaba y en nombre de quién lo hacía, sin embargo se toparon con la cuestión de la legitimidad. Si bien esta institucionalidad podía ser representativa de las juntas españolas, los americanos, en medio de una coyuntura que era en extremo incierta, muy pronto se dieron cuenta de que, más allá de la participación otorgada por los peninsulares, no se los consideraba en condición de igualdad, un “agravio político” que habilitará la cuestión de la independencia.^[24]

Por supuesto, no todos los territorios de América reaccionaron de la misma manera, ni siquiera al interior de los distintos espacios políticos, donde también existieron diferencias en torno a cómo formalizar instituciones más regulares y el vínculo que debía sostenerse con España. El mundo andino, por ejemplo, resultó ser extremadamente fidelista. Ya sea por convicción de algunos, por intereses en otros o por miedo a las represalias en la mayoría indígena, lo cierto es que allí se estableció el centro de la contrarrevolución, liderado por el virrey Abascal, un absolutista convencido. Contrariamente, en los espacios más débiles del imperio español, Venezuela, Río de la Plata y Chile, los insurgentes triunfaron rápidamente.^[25] No obstante lo cual, al interior de estos espacios territoriales, fragmentados ahora en una multiplicidad de centros soberanos, se expresaron tres posiciones básicas, la de los partidarios del antiguo régimen, la de los revolucionarios radicales y aquella otra que agrupaba a los partidarios de soluciones de compromiso o rupturas pactadas.^[26]

Centrándonos en los territorios insurgentes, entre 1810 y 1815, la cuestión de la soberanía se vuelve central. Mientras España parecía derrumbarse frente a las fuerzas napoleónicas, las instituciones derivadas de la caída de la Junta Central, pretendían ejercer el dominio político del otro lado del atlántico. Esto fue percibido de forma problemática por unos territorios americanos que, si bien podían tolerar la irregular manera de su constitución de emergencia, no pasaron por alto que carecían de representación suficiente en el nuevo gobierno de la monarquía, si es que la tenían. Asimismo, mientras se les negaba igualdad en la institución del nuevo pacto político que se estaba construyendo, también se cuestionaba la autonomía de las autoridades constituidas en territorio americano, ya que los gobiernos peninsulares habían apostado al sostenimiento de las autoridades regias que allí residían. Si bien las juntas, como ya mencionáramos, reivindicaban la monarquía y la figura del monarca, puesto que fundaban su legitimidad en los lenguajes pactistas y constitucionalistas, presentaban una novedad, ya que estos ensayos de autogobierno traían a primer plano unos nuevos actores, los pueblos y ciudades, así como élites políticas que se transformaron de vasallos en gobernantes. Aún más, hubo una multiplicación del poder y una territorialización del mismo, en tanto el espacio político americano quedó fragmentado en diversos centros políticos, poniendo en movimiento los imaginarios republicanos contenidos en la propia tradición monárquica.

El vacío provocado por la ausencia del rey, así como el desconocimiento de las autoridades que en la península actuaban en su nombre, empujó a estos nuevos actores políticos a ocupar el poder vacante y a ensayar formas de organizar el poder político y territorial donde se tensionaban distintos imaginarios en torno a la soberanía, concebida de forma plural o como única e indivisible.^[27] De allí la proliferación de congresos que discutirán cómo formalizar un nuevo gobierno general y centralizar la autoridad política, incluso se buscarán fórmulas de encaje alternativas al interior de la monarquía. Tal como señala Portillo Valdez, las soluciones americanas fueron variadas, ya que hubo “independencia a nombre propio y con renuncia expresa de vínculos con España, pasando por la independencia proclamada en nombre de Fernando VII y declaraciones de autonomía, hasta procesos constituyentes iniciados sin mediar declaración formal alguna”.^[28] Lo cierto, es que aquellos nuevos actores estaban poniendo en marcha un proceso de ruptura y creación que ya no habría de detenerse.

Finalmente, será la negación por parte de los peninsulares de aceptar como legítima cualquier autoridad constituida por los americanos que pretendiera el ejercicio de la soberanía, lo que terminará empujando a los hombres hacia la guerra.^[29] Los opositores del autogobierno, ligados a los intereses metropolitanos y que en América sostenían a las autoridades borbónicas, se enfrentaron a los partidarios del autogobierno, que habían instituido al pueblo como sujeto político. De esta forma, en América, la opción militar se terminaría imponiendo a cualquier alternativa política.

En este sentido, durante esta primera etapa se desarrollará una guerra civil entre realistas e independentistas. Sin que España pueda enviar tropas y recursos hacia los territorios sublevados, las fuerzas del rey lograrán imponerse en territorios como Venezuela y Nueva Granada. En Chile, el faccionalismo interno junto con el desembarco de tropas provenientes del Perú harán morir la revolución hacia 1814. Para 1815, solo quedaba en pie la revolución del Río de la Plata, algo mermada en su fuerza debido a la pérdida del Alto Perú, situación que se ve agravada por la oposición de la Banda Oriental, liderada por Artigas, frente al gobierno de Buenos Aires. La situación se complica cuando con el retorno de Fernando VII al trono, la metrópoli no solo enviará hombres y recursos para aquellos que durante los cuatro años previos habían estado defendiendo su causa con tan solo recursos locales, sino que también asumirá la dirección de los esfuerzos por suprimir de manera total el movimiento revolucionario. De este modo, aquella guerra civil, se transformará en una guerra colonial.^[30]

Luego de estos cuatro años de guerras civiles, con incontables consecuencias para el entramado social, la ventaja estaba dada para la restauración de la monarquía. Sin embargo, la violencia y severidad con la que actuaron los enviados del rey, junto con el despliegue de una política que pretendía volver al orden viejo, el absolutista –objetivo que creían no solo justo, sino accesible–, terminó por acrecentar el número de los adversarios de la restauración colonial. Era muy difícil, en este punto de la situación pretender volver a la realidad prerrevolucionaria como si nada hubiera ocurrido, fue claramente un error de cálculo político por parte del monarca. Lo cierto, es que más allá de las élites que dirigieron el proceso y que comenzaron a descubrir con sorpresa y alarma lo que significaba lanzar una revolución, la guerra había involucrado grupos sociales más amplios, que encontraron en la coyuntura bélica una cantidad de nuevas oportunidades que no estaban dispuestos a dejar pasar. De este modo, se inician las campañas militares de liberación, puesto que no era factible una negociación con el restaurado rey absolutista, como tampoco el alzamiento desordenado de la plebe. Estas, lejos de seguir el camino zigzagueante y ambivalente de los primeros años de la crisis, comenzaran a llevar adelante una acción coherente y determinada de poner fin a la pretensión de dominio peninsular sobre territorio americano. Tal como señala Halperín Donghi, “ahora las soluciones políticas se subordinaban a las militares; a los episodios armados de una compleja revolución los reemplazaba una guerra en regla”.^[31]

Este es el punto que más nos interesa, ya que para explicar la posterior victoria de los independentistas se hace necesario prestar atención a los organizadores, puesto que es la clave para entender la victoria misma. Tanto San Martín como Bolívar fueron los líderes de dos campañas militares de dimensiones continentales, el primero con base en las provincias del Río de la Plata, y el segundo, en principio, sin base alguna en el continente.^[32] Ambos llevan adelante un plan de expulsión de los realistas en territorio americano, al cual atraviesan de punta a punta para terminar encontrándose en Guayaquil; ciudad que funge como punto de intersección de sus dos recorridos militares. En principio, es el desempeño militar de nuestros protagonistas lo que suele estar en el centro de la escena, dado que es innegable la magnitud de las campañas realizadas, lo magnífico de la estrategia y tácticas desplegadas, así como también el hecho de que siempre estuvieron a la cabeza de sus ejércitos, disponibles para dirigir a sus hombres. Sin embargo, el lugar central que tienen en nuestro estudio no se vincula solamente a las cuestiones bélicas, lo que nos interesa particularmente es que no son ajenos al momento de ruptura simbólica que están viviendo. La guerra que dirigieron, larga y violenta, había convulsionado las estructuras político-sociales, los modos de pensar y los sistemas de valores, no alcanzaba con expulsar a los españoles, era necesario estabilizar el destino independiente y producir un nuevo proyecto de organización de la sociedad. De allí la importancia de observar sus formas de percibir el orden y sus imaginaciones sobre cómo reconstruir el complejo entramado político y social americano, sobre la base de los recursos simbólicos que tenían disponibles. Todo lo cual es observable en el documento que relata el contenido de sus conversaciones en Guayaquil, que es el centro de nuestra investigación.

En este sentido, Pérez –el redactor del documento– afirma en la misiva que registra el contenido del diálogo, que poco se discutieron temas vinculados a la estrategia militar; la cuestión limítrofe entre Perú y Colombia; incluso la debilidad del enemigo. Lo mismo menciona en relación al estado de las expediciones militares de colaboración que ya se dirigían rumbo al Perú, de las que nada se habría hablado. Por el contrario, luego de abordar de manera sucinta la cuestión de la provincia de Guayaquil, que fue el puntapié inicial para la conversación entre los libertadores, la misma girará hacia la cuestión del Perú, centro de la discusión. San Martín comentará las dificultades que se le presentan en el mando de esta región y su deseo de retirarse ni bien deje sentadas las bases del gobierno. Este aspecto es relevante ya que sostendrá que la democracia no es conveniente en el Perú y que el mando debería depositarse en un Príncipe solo y asilado proveniente de Europa. Es decir que su proyecto político supone erigir una monarquía, otorgarle la corona a un príncipe, para que luego ocupe el trono “el que tenga más popularidad en el pays o más fuerza de que disponer”, haciendo referencia, de esta manera, a los inconvenientes del mando en un país dominado por facciones. En relación a esto, Bolívar expresará que no está de acuerdo con la posibilidad de erigir una monarquía en América, y que, de hecho, si pudiera se resistiría, ya que entiende que un príncipe europeo es un elemento extraño a nuestra masa. De todas formas, sostiene que no se opondría “a la forma de gobierno que cada uno quiera darse”, en alusión a una posible decisión soberana por parte del pueblo peruano. De acuerdo con Pérez, Bolívar se explayó sobre la naturaleza de los gobiernos, y si bien no hay detalles de lo dicho, nos remite a lo expresado en el Congreso de Angostura como síntesis de la discusión, donde expone y detalla su posición republicana. Finalmente, la perspectiva regional también está presente en la conversación cuando San Martín alude a la necesidad de crear una “Federación de Estados Americanos como base de nuestra existencia política”.^[33]

De este modo, considerando lo que expresa este documento, cuando observamos la travesía política de San Martín y Bolívar, embarcados en la guerra independentista, entendemos que se encuentran arrojados a una lucha por el poder, pero también a la construcción de un nuevo orden político. En suma, si bien están intentando darle un cauce al movimiento revolucionario que había tenido su origen en la crisis de la monarquía, también se encuentran elaborando los fundamentos que van a justificar su intervención en la historia política para crear nuevas realidades. Como bien señala De Gori, la lucha entre los hombres por el poder, producto de la ausencia del monarca, pondrá en acción los imaginarios políticos.^[34]

Volviendo a los aportes de la sociología, la idea de imaginario es esencial para nuestro análisis, ya que se vincula con la cuestión del orden. Tal como lo define Baczko, los imaginarios sociales son un aspecto central de la vida social, ya que funcionan como referencias específicas dentro del sistema simbólico de toda comunidad. Éstos suponen una representación totalizante de la sociedad como un “orden”, según el cual cada elemento tiene su lugar, su identidad y su razón de ser. A través de los mismos, una colectividad designa su identidad elaborando una representación de sí misma. De manera análoga, los imaginarios son también una pieza del dispositivo de control de la vida colectiva, y en especial del ejercicio del poder. De esta manera, es el lugar de los conflictos sociales y una de las cuestiones que está en juego en esos conflictos.^[35]

Esto es así ya que en el corazón de los imaginarios sociales se encuentra el problema del poder legítimo, ese bien simbólico que la sociedad produce de manera limitada. Toda comunidad debe inventar e imaginar la legitimidad que le otorga al poder, pues al poder no le alcanza –como ya viéramos en relación a los aportes de Weber– con imponerse simplemente como poderío, debe también dotarse de sentido para promover la obediencia. De esta forma, encontramos que las instituciones sociales y políticas participan, en tanto marco de funcionamiento, del universo simbólico que se despliega en la legitimación de un poder. De esto resulta que el simbolismo funciona como soporte de los imaginarios sociales, ya que establece distinciones, pero más importante, instituye valores y conductas individuales y colectivas. Es el dominio del capital simbólico lo que le permite al poder sostener los dispositivos de represión y protección que le aseguran un lugar de privilegio en el ámbito de los imaginarios sociales, ya que el control de las representaciones que legitiman un poder, permite influir en las conductas individuales y colectivas, canaliza las energías sociales y exhorta a su respeto y obediencia, controlando, de alguna manera, el carácter incierto e imprevisible de lo social.^[36]

A través de nuestros personajes bajo estudio y a partir de la historización del proceso analizado, lo que podemos observar es tanto la naturalización y fuerza de los imaginarios, como las condiciones de posibilidad de su cambio o transformación, donde aquello que aparecía como dado, se revela ahora como arbitrario. Donde aquella dimensión simbólica que orienta la conducta de los actores, se cuestiona, y habilita un momento de creación donde nos enfrentamos a un acto de “violencia inaugural”, un acto de “ficción fundadora”, aquel que preside el principio de instauración de la ley.^[37] Una especie de “génesis” donde se evidencia el vínculo complejo entre agente y estructura y donde los protagonistas de nuestra investigación aparecen en un lugar de centralidad, como individuos activos y creativos, aunque también presionados por las coacciones estructurales.

Si como bien dijéramos, antes de 1808, la figura del rey era sinónimo de orden, su ausencia abrirá un largo proceso de descomposición del entramado simbólico del cual dependía su legitimidad. Su encarcelamiento hará que su “cuerpo” se vaya diluyendo producto del cuestionamiento de aquellas representaciones que dotaban de sentido a la dominación monárquica. De esta forma, en la medida en que los individuos dejan de orientar sus acciones sobre la base de estas creencias, se va desconfigurando la trama social, lo cual hace necesario que se busquen nuevas formulaciones políticas, ya que lo que está en juego es la legitimidad del Estado y el orden que éste instituye.

En definitiva, lo que el contexto de crisis de la monarquía nos invita a mirar, tanto en la península como en América, es el carácter agónico de la realidad social, es decir, estamos de cara a un proceso donde se está desarrollando una lucha simbólica donde los distintos agentes están buscando imponer su visión del mundo social, contribuyendo a su reproducción o transformación. Lo que está en juego es el poder simbólico, es decir, la capacidad de constitución de la realidad y la percepción del mundo social. Es una lucha por la legitimidad del poder, por el sentido del orden social, y en definitiva, una apuesta por asegurar la dominación a través del monopolio de la violencia simbólica. Esto se ve claramente desde el momento en que se inicia progresivamente el proceso de resquebrajamiento de la lealtad regia y se instala la disputa por establecer otras nuevas lealtades, que es aquello a lo que están abocados nuestros líderes bajo estudio.^[38]

Conceptos, lenguajes e imaginarios políticos

Tal como viéramos, no caben dudas de que la ausencia del monarca fue el motivo que desencadenó el gran cambio histórico que sobrevino en la península y en América a partir de 1808. El vacío provocado en la cúspide del poder tuvo efectos decisivos en el quiebre que estamos observando, puesto que puso en crisis todo el sistema simbólico – representativo sobre el cual se fundaba el universo de la política en aquellos tiempos.

La ausencia del rey legítimo, y de todo lo que este representaba en el orbe hispánico, motorizó una búsqueda por encontrar nuevos referentes que llenaran el hueco producido por esta inédita situación de orfandad política. Como bien dijéramos previamente, puesto en cuestión el sentido trascendente de todo el ordenamiento político, hay una necesidad de producir un nuevo sistema simbólico, ya que lo que está en juego, es la capacidad de imponer una concepción del mundo que pueda ser considerada legítima y que permita el ejercicio de una dominación política efectiva. De este modo, los españoles de ambos hemisferios, pondrán en juego una cantidad de nuevos conceptos políticos para intentar dotar de inteligibilidad a aquello que se les presentaba como un hecho inusitado. De repente, las palabras y los lenguajes adquieren centralidad, ya que el dominio del capital simbólico, es el que permite entablar una lucha por el control de las representaciones que legitiman a un poder, dado que, tal como sostiene Bourdieu, el poder simbólico es, en definitiva, un poder de hacer cosas con palabras.^[39]

En este sentido, la crisis desencadena un debate público en cual se comienzan a discutir la nación, la soberanía, los pueblos, la constitución, la representación, la opinión pública, etc. De allí, se irán construyendo nuevas identidades políticas y territoriales en torno a estos nuevos conceptos evocados: liberales, absolutistas, republicanos; americanos, peninsulares; realistas, insurgentes. Serán estas nuevas identificaciones las que protagonizaran la lucha que se desplegará en las próximas décadas, que en el caso que nos ocupa, se vincula a las revoluciones de la independencia de los territorios de la América española.^[40]

Desde el punto de vista de la insurgencia, más específicamente aquella liderada en América por San Martín y Bolívar, la situación fue aprovechada para realizar reformas radicales, encontrando muy pronto la posibilidad para desarticular un “orden”, que en lo sustancial no se había transformado en varios siglos. En este sentido, la coyuntura habilita así un momento excepcional en el que los actores perciben de repente un sentimiento de aceleración de la historia y de disponibilidad de la política, donde tienen la posibilidad de refundar globalmente todo el sistema de dominación. De allí la guerra y los subsiguientes procesos constituyentes, en los cuales hay una apertura hacia un futuro insospechado de nuevas instituciones liberales.

En este sentido, lo que nos interesa, es observar cómo se construyen las nuevas representaciones que pretenden dotar de sentido a aquel momento de creación institucional, atravesado por un complejo abanico de situaciones que abarcaban: una legitimidad inestable; la aparición de nuevos sujetos políticos; intereses diferenciados; faccionalismo; ausencia de virtudes cívicas y patrióticas; así como una notable fragmentación territorial. De este modo, nos resulta relevante recuperar los lenguajes, léxicos, conceptos, tradiciones e imaginarios que las élites dirigentes pusieron en juego en este proceso.

Específicamente, nuestro interés está centrado en un acontecimiento singular, donde los dos líderes máximos de la revolución se encuentran por única vez para debatir el orden político de la posguerra. Contamos para ello con el informe que redactó el secretario general de Bolívar, José Gabriel Pérez, dando cuenta del contenido de las discusiones de los libertadores de América del Sur. Lo que nos interesa hacer es reconstruir el sentido de los discursos. En este caso, restituir el sentido del diálogo que tuvieron San Martín y Bolívar en su encuentro de Guayaquil, para lo cual nos valdremos de los instrumentos que nos proveen la historia intelectual y conceptual.

Tal como estableciéramos al principio del análisis, la entrevista se dio a instancias de San Martín, quien fue al encuentro del Libertador del Norte. Su intención era llegar primero a aquella ciudad que era disputada por ambos, para integrarla a los espacios políticos que estaban construyendo. El objetivo de la misión, tal como aparece en la proclama que realiza el Protector del Perú al momento de partir al encuentro del Libertador, eran no otros que arreglar la cuestión de Guayaquil, los refuerzos para la terminación de la guerra y las ideas y proyectos sobre el orden político de la posguerra, que ya se vislumbraba por aquel entonces.

Al situarnos en un contexto de refundación, pleno de incertidumbres, donde los protagonistas del proceso se avocan a pensar cómo generar un nuevo orden estable –tal como surge del documento a analizar–, las palabras y los lenguajes puestos en juego adquieren una gran centralidad, en tanto suponen el dominio del capital simbólico y la capacidad de imponer las representaciones que legitiman a un poder. De allí la relevancia por comprender y restituir el sentido histórico de aquello que dicen nuestros protagonistas en su encuentro. Posicionarnos desde la perspectiva de la historia conceptual, lo que nos permite es conocer las herramientas conceptuales que portaban los agentes, para de este modo lograr una mejor comprensión de sus motivaciones y el sentido de su acción política, en la medida en que nos acercamos de manera más satisfactoria a la dinámica de los procesos históricos.^[41]

La historia conceptual nos permite observar el vínculo dialéctico que existe entre lenguaje y realidad, siendo el primero aquel que registra como se nos presenta el mundo pre – lingüísticamente, asimilando estos contenidos y estados de cosas pre – lingüísticos. El lenguaje ofrece una serie de nociones y categorías a partir de las cuales los actores viven las experiencias propias de la vida, puesto que la realidad está lingüísticamente constituida. Tal como sugiere Koselleck, “sin conceptos no hay experiencia y sin experiencia no hay conceptos”. Es cierto, que la realidad no se deja reducir a su forma lingüística, que muchas veces se ve desbordada –como en el caso de la crisis monárquica–, pero también hay que considerar que sin las contribuciones lingüísticas probablemente no habría realidad. De este modo, podríamos decir que toda experiencia histórica deja su huella en el lenguaje, por lo cual se vuelve relevante para nuestro estudio rastrear e interpretar esas nociones que les permitieron a nuestros actores la particular intelección de lo que estaba sucediendo.^[42]

Una de las exigencias metodológicas que se plantea frente a esta perspectiva es que la investigación de los hechos del pasado debe realizarse considerando la limitación conceptual de la época y la autocomprensión del uso del lenguaje que hicieron las partes interesadas en aquella coyuntura. De este modo, de manera paralela a la revisión del discurso, o mejor dicho, del diálogo que tuvieron nuestros protagonistas, centraremos nuestra atención en los conceptos sociopolíticos que allí aparecen para dar cuenta de cómo se van desplegando históricamente.^[43]

Cabe destacar que para Koselleck concepto y palabra son distintos. Si bien los primeros se expresan en palabras, no cada palabra es un concepto social y político. De acuerdo con el autor “una palabra se convierte en concepto si la totalidad de un contexto de experiencia y significado sociopolítico, en el que se usa y para el que se usa una palabra, pasa a formar parte globalmente de esa única palabra”.^[44] Los conceptos son concentrados de muchos contenidos significativos, condensan la pluralidad de la experiencia histórica y se articulan en redes semánticas, lo cual les confiere, a su vez, un carácter plurívoco.^[45] Para acceder a esa plurivocidad se necesita realizar sobre el concepto un análisis diacrónico, es decir, hay que reconstruir la historia del concepto sumando sus sedimentos significativos e iluminar la malla de significados que se va tejiendo a lo largo de su misma historia. De esta operación, se deriva la sincronía del concepto, puesto que nos permite comprender aquello que un concepto contiene en un momento histórico determinado.^[46] De acuerdo con Palti, en los conceptos lo diacrónico se vuelve sincrónico, en la medida en que en los mismos siempre se encuentran sedimentados sentidos correspondientes a épocas y circunstancias de enunciación diversas, que se ponen en juego en cada uno de sus usos efectivos. De este modo, lo que distingue a un concepto, lo que lo define –a pesar de su carácter indefinible– es su capacidad de trascender su contexto originario y proyectarse en el tiempo.^[47]

A su vez, los conceptos nos interesan en la medida en que son indicadores del cambio histórico. En este sentido, lo que ofrece la historia conceptual es investigar los significados de los conceptos de modo que podamos observar los momentos de la permanencia, del cambio y de la futuridad contenidos en una situación política concreta y que quedan comprendidos en la adquisición del lenguaje.^[48] De allí que los conceptos se nos presenten en su profundidad histórica, pero también como indicadores de los cambios sociopolíticos, ya que nos permiten reconstruir procesos de largo plazo. Las categorías de espacio de experiencia y horizonte de expectativa justamente nos habilitan a observar cómo se entrecruzan el pasado y el futuro.^[49] El espacio de experiencia nos brinda acceso a aquella experiencia acumulada en la historia, que cruza las épocas y trascienden las esferas de sociabilidad inmediata, sirviéndonos de índice de las variaciones estructurales. Asimismo, esa experiencia sirve para constituir la propia realidad, es para los agentes una herramienta para comprender el sentido de su acción, elevan, de esta forma, la experiencia cruda, la pura percepción de los hechos y acontecimientos, en experiencia vivida. Por otro lado, con cada concepto, se establecen determinados horizontes de expectativa, ya que funcionan como indicadores de posibles líneas de acción futuras, pero también límites para la experiencia posible y para la teoría concebible.^[50] De este modo, los conceptos dan cuenta de su capacidad performativa.^[51]

De manera complementaria a lo anterior, no podemos dejar de reconocer, tal como plantea Palti, que la crisis de la independencia y el posterior proceso de construcción de los nuevos Estados puso en crisis todo el universo conceptual sobre el cual se sostenía la dominación monárquica. En este sentido y cambiando de enfoque, nos propone observar de qué modo las categorías políticas fundamentales habrán de definirse y redefinirse frente a este proceso de radical cambio histórico. Su apuesta es por demostrar cómo se dieron las profundas mutaciones conceptuales ocurridas durante el período, para lo cual busca reconstruir los lenguajes políticos. Estos últimos, a diferencia de lo que venimos planteando, no hacen referencia a ideas o conceptos, sino a un modo característico de producirlos, ya que para reconstruir el lenguaje político de un período, no basta con analizar los cambios de sentido que sufren las distintas categorías, sino que es necesario penetrar en la lógica que las articula, para así observar cómo se recompone el sistema de sus relaciones recíprocas.^[52]

Esta propuesta resulta de nuestro interés puesto que el diálogo entre San Martín y Bolívar está atravesado por estas categorías políticas fundamentales que habrán de redefinirse. De acuerdo con Fernández Sebastián, el adjetivo “fundamental” refiere a los elementos básicos del lenguaje político de una época, en tanto los mismos funcionan como pilares y sustentos imprescindibles de toda la argumentación, de modo que sería imposible reconstruir el sentido de un discurso dado, si prescindiéramos referirnos a ellos.^[53]

Por otro lado, si centrarnos en la historia conceptual nos permitía estudiar de manera integrada el pensamiento de los actores y la política práctica, el cambio de perspectiva hacia los lenguajes políticos que propone la nueva historia intelectual, nos permitirá observar cómo los discursos de los actores, se entretejen con sus acciones, ya sea para justificar, legitimar o criticar determinado estado de cosas.^[54] Esto nos permite pensar, en línea con los postulados de Skinner en torno a análisis de los textos, que el diálogo expuesto en la carta de Pérez, como acto de habla o como acción lingüística, es una forma particular de acción, ya que la teorización –que no es una actividad intemporal y desinteresada–, puede ser considerada como una dimensión esencial de la praxis política.^[55] De este modo, para abordar el documento que recoge el diálogo entre los libertadores, debemos situarnos en lo que Palti denomina “la dimensión pragmática del lenguaje”. La misma nos remite a la importancia de los enunciados y nos indica que lo relevante de los mismos no es el significado, sino el sentido. Este último nos remite no solamente a qué se dijo (el contenido semántico de las ideas), sino también cómo se dijo, quién lo dijo, dónde, a quién, en qué circunstancias, etc. Para comprender el sentido, es necesario entender el significado. Sin embargo, ambos son de naturaleza distinta. “El segundo pertenece al orden de la lengua, describe hechos o situaciones; el primero, en cambio, pertenece al orden del habla, implica la realización de una acción”.^[56]

De manera paralela, si nos proponemos captar el sentido de los actos de habla, tenemos que considerar el particular contexto de elocución. De esta forma, para abordar estos “lenguajes del pasado” es necesario conocer los problemas y desafíos de la vida política del tiempo en que fueron enunciados. Esto nos remite, de acuerdo con Palti, a uno de los aportes más importantes de Guerra a la renovación historiográfica del período de la independencia. Justamente, lo que destaca, es el hecho de que la gran mutación cultural que se produce en el período que estamos analizando, poco tiene que ver con la lectura de textos modernos, o con la influencia de las ideas de la ilustración o la revolución francesa, sino que lo vincula a una serie de transformaciones que alteran objetivamente las condiciones de enunciación de los discursos. En este sentido, lo que descubre Guerra es el vínculo interno entre el nivel discursivo y el extradiscursivo, siendo que el contexto deja de ser un escenario externo para el desenvolvimiento de las ideas y pasa a constituir un aspecto inherente a los discursos, determinando, desde adentro, la lógica de su articulación.^[57] Todo lo cual nos devuelve –tal como planteáramos más arriba–, al modo en que las categorías políticas fundamentales habrán de definirse y redefinirse, ocupando un lugar central en estos cambios el propio discurso de los actores, entendido como parte de su praxis política.

Para Palti, lo que cambia no son las ideas de los agentes, sino las condiciones de articulación pública. Y esos cambios a nivel de los lenguajes son objetivos, se les imponen a los sujetos de manera independiente de su voluntad o su conciencia. En suma, lo que se busca desde esta perspectiva no es determinar cómo cambiaron las ideas de los sujetos, sino cómo se transformaron objetivamente las condiciones de su enunciación, cómo se desplazaron aquellas coordenadas en función de las cuales se desplegaría el accionar político y social.^[58] Que en el caso que nos ocupa, nos permite ver como se movieron nuestros actores en torno a aquellos desplazamientos.

Esto último se relaciona, en definitiva, con el cambio conceptual, sobre lo cual Palti presenta una perspectiva que denomina “fuerte”, en contraposición a la más “débil” explicación en torno al cambio de los conceptos desde la mirada de Koselleck. Para el autor, la temporalidad de los mismos no provendría de una fuente externa, sino que la contingencia se situaría en el seno de la historia intelectual misma. En este sentido, lo que plantea es que el contenido semántico de los conceptos no es nunca perfectamente autoconsistente, lógicamente integrado, sino algo contingente y precariamente articulado. Es decir, serían refutables por naturaleza. Esto se debería a que los conceptos no designan ningún conjunto de principios o realidades, sino que indican básicamente problemas, lo cual los vuelve precarios, ya que contienen nudos problemáticos irresolutos.^[59] De este modo, para descubrir por qué los conceptos no pueden estabilizar su contenido, propone trazar un entero campo semántico, lo cual nos mueve de la historia de los conceptos en dirección a una historia de los lenguajes políticos. Justamente, centrarse desde la perspectiva de los lenguajes políticos nos permitiría observar no sólo cómo el significado de los conceptos cambió a lo largo del tiempo, sino también, y fundamentalmente, qué les impedía alcanzar su plenitud semántica.^[60] Y aquí Palti plantea que los sistemas conceptuales entran en crisis cuando su “incompletitud constitutiva” se hace evidente. Al centrarse en las premisas discursivas, se pueden descubrir los “puntos ciegos inherentes” de todo lenguaje político, es decir, aquellos presupuestos implícitos en él pero cuya exposición, sería destructiva para éste. La aparición de contradicciones, o de sus aporías constitutivas, es lo que permite observar como sucede el desplazamiento semántico de los conceptos fundamentales de una época.^[61]

En línea con lo anterior, hay que considerar también que las novedades lingüísticas siempre deben legitimarse a partir de los lenguajes preexistentes. Tal como plantea Skinner, si nos centramos en los enunciados particulares de los textos, con la intención de recuperar la intención compleja del autor, deberíamos decidir “qué significados convencionalmente reconocibles, en principio, podría haber sido posible que alguien pretendiera comunicar en una sociedad de este tipo”.^[62] Esto nos remite al hecho de que al momento de la enunciación, los actores siempre parten de un fondo de recursos heredados. Es decir, hay una serie de imaginarios, representaciones y tradiciones normativas a las que se recurre para aplicarlas al análisis de los asuntos contemporáneos, de manera que lo que se plantea, es siempre algo que se espera pueda ser legitimado.^[63] De esto se desprende, que un nuevo horizonte conceptual puede irrumpir en el seno de los viejos, desplegándose y encadenándose desde el interior de su misma lógica al tiempo que la desarticula.^[64]

En relación a esto último, Fernández Sebastián plantea que “ningún presente se engendra a sí mismo”.^[65] De hecho, los ensayos autonomistas que se comienzan a desplegar con la crisis de la monarquía, en su búsqueda por establecer un orden estable en un contexto de grandes cambios y transformaciones, pondrán en juego los imaginarios disponibles, entendidos estos últimos como referencias específicas dentro del sistema simbólico de toda comunidad. De esta forma, aquellas referencias pactistas, constitucionales y republicanas, incluso algunos aspectos y dimensiones de la cultura política borbónica, se constituyeron como fundamento de la acción política que estaban desplegando quienes buscaban controlar el poder político. De este modo, vemos como “lo moderno, una vez más, hunde sus raíces en lo antiguo”.^[66] Lo interesante, es que en lugar de intentar establecer si en el contenido de sentido de las acciones políticas de los hombres hay un fundamento tradicional o moderno, en tanto “contraconceptos asimétricos”,^[67] al considerar el cambio en las condiciones de enunciación de los discursos, entendemos que aquellas viejas ideas adquieren en la nueva coyuntura una nueva valencia. Es así que si los imaginarios proveen lenguajes y léxicos para discutir la legitimidad del poder, al colocar los mismos en un nuevo horizonte discursivo, estos son resemantizados y adquieren nuevos significados, convirtiéndose en material plástico que los actores utilizan para justificar su intervención en el escenario político.

Conclusión

A modo de conclusión, podríamos establecer que la historia conceptual nos permite observar que detrás de cada concepto hay una larga gestación histórica, estando sus significados vinculados a estratos o etapas semánticas que es de nuestro interés conocer, pues son los que dotan de sentido a la acción de los individuos que ahora son objeto de nuestro estudio historiográfico. La importancia de esta perspectiva radica en que nos previene de atribuir a los actores del pasado propósitos, intenciones o visiones del mundo que estaban lejos de sus expectativas, viciando de este modo la base de la construcción histórico – discursiva. Básicamente, lo que buscamos es evitar la proyección del aparato conceptual del presente al pasado bajo estudio, algo que suele suceder fácilmente. De allí la importancia de observar la gestación histórica de los conceptos, ya que poseen históricamente significados diferentes, que ahora están semi – enterrados, sedimentados en estratos semántico – temporales más o menos profundos, pero que siguen pesando sobre nuestra comprensión del mundo social e histórico. Al no estar explícitos, a menudo pasan inadvertidos y condicionan nuestra comprensión.^[68] Asimismo, al tener en cuenta la forma y contenido de estos conceptos, podremos dar cuenta de su capacidad performativa, tanto en lo que refiere a la posibilidad de que los sujetos doten de un sentido particular a la experiencia vivida, como así también puedan delinear algún contenido de sus acciones futuras. Allí donde se entrecruzan el pasado y el futuro, podemos observar la continuidad y el cambio, tanto conceptual como histórico.

Justamente, al deslizarnos desde los conceptos hacia los lenguajes políticos podremos ver, al centrarnos en las premisas discursivas y las condiciones de su enunciación, las posibilidades abiertas en torno a la transformación conceptual. Al pensar los conceptos como núcleos problemáticos, en los que es posible identificar sus propias aporías constitutivas, podemos informar sobre los procesos de cuestionamiento y discusión, que en determinadas circunstancias, sucede en vinculación a los mismos. Todo lo cual es observable en el particular momento histórico que estamos analizando. Si bien es cierto que en determinadas ocasiones el sentido de los conceptos logra fijarse en una comunidad lingüística determinada, lo que nos interesa es cómo en nuestro escenario las categorías sociopolíticas fundamentales se encontraban bajo debate. De esta forma, al ver cómo los discursos se entretejen con las acciones de los actores, en una búsqueda por dotar de inteligibilidad a la acción política revolucionaria, podemos aclarar que nos situamos en un terreno en el cual hay un horizonte abierto, contingente, incierto, en el cual no hay soluciones válidas preestablecidas, puesto que al poner el foco en los lenguajes políticos, contribuimos a darle énfasis a la pluralidad de sentidos disponibles. En adición, el modo característico de producción de los lenguajes políticos, nos enfrenta con el fondo de recursos heredados con el cual los actores logran asir la experiencia que les toca atravesar, que puesto en un nuevo contexto de enunciación, nos permite observar cómo los imaginarios políticos cohabitan y se superponen, dando lugar a resemantizaciones y resignificaciones originales. Evitamos, de este modo, caer en anacronismos y filiaciones en relación a los imaginarios subyacentes, un poco difíciles de probar.

En definitiva, analizar aquello que enuncian los actores en su encuentro, nos enfrenta con su praxis política, en una coyuntura donde lo que prevalece es una lucha simbólica por determinar el sentido de las representaciones legítimas, que funcionarán como orientación para los agentes, dentro del nuevo orden político que estaba en proceso de invención.

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