Imaginarios políticos sobre el orden en el encuentro de Guayaquil

El diálogo de Guayaquil en el relato de José Gabriel Pérez

Luego de haber analizado la historia política del encuentro, pudimos coincidir con Mitre, que los temas tratados entre los libertadores en su entrevista eran de conocimiento público, pues San Martín los había anunciado a través de un bando antes de su partida. Efectivamente, esto es coincidente con lo que aparece en el documento de Pérez y es además congruente con los problemas que se vislumbran como relevantes en la coyuntura estudiada.

En primer lugar, se menciona la cuestión de Guayaquil, territorio disputado por ambos libertadores. Poco había ya que discutir, pues la posición de Bolívar era predominante en tanto había incorporado la ciudad – puerto a Colombia de hecho. Dice el documento que San Martín abrió las conversaciones y que se refirió:

A las circunstancias en que se ha encontrado últimamente esta Provincia en razón de las opiniones políticas que la han agitado. Espontáneamente dijo el Protector a S.E. que no se había mezclado en los enredos de Guayaquil, en los que no tenía la menor parte, y que la culpa era de ellos, refiriéndose a los contrarios. S.E. le repuso que se habían llenado sus deseos de consultar este Pueblo; el 28 se reunían los Electores y que contaba con la voluntad del Pueblo y la pluralidad de los votos en la Asamblea. Con esto varió de asunto el Protector y siguió tratando de negocios militares y de la expedición que va a marchar.^[1]

De este modo, cualquier discusión al respecto de la situación de la provincia quedaba saldada, lo mismo que las otras cuestiones limítrofes, que eran accesorias.

El otro gran tema que los convocaba, era la terminación de la guerra de independencia, que quedaba circunscripta al Perú. El diálogo descripto por Pérez también recoge aquella situación, pues relata que “el Protector piensa que el enemigo es menos fuerte que él y que aunque sus jefes son audaces y emprendedores no son muy temibles. Ynmediatamente va a abrir la campaña por Yntermedios en una Expedición Marítima y por Lima, cubriendo la capital con su marcha de frente”.^[2] Más adelante, reconoce que “la venida del Protector a Colombia no ha tenido un carácter oficial, es puramente una visita la que ha hecho a S.E. el Libertador, pues no ha tenido ningún objeto ni político, ni militar, no habiendo hablado siquiera de los auxilios que ahora van de Colombia al Perú”.^[3] De hecho, como viéramos en la primera parte de este trabajo, el tema de la ayuda militar ya había sido ofrecida por Bolívar luego de la victoria de Pichincha, en una carta que le había despachado desde Quito en agradecimiento por la ayuda que San Martín había brindado a Colombia para la finalización de la Guerra en su territorio. Esta cuestión se ve reflejada también en el oficio de Pérez pues hacia el final de la misiva le indica a Sucre:

El Batallón Vencedero de Boyacá y el Batallón Pichincha se han embarcado ayer para seguir al Perú. Antes se había embarcado Yaguachi para el mismo destino. Estos tres cuerpos ascenderán a mil ochocientos hombres que con cerca de ochocientos que tiene la antigua Numancia, llamado hoy Voltígeros de la Guardia, formarán la División de Colombia auciliar del Perú.^[4]

Como plantea Bushnell, resulta llamativo que desde la mirada de Pérez no se evidenciara gran preocupación por parte del Protector respecto de la fuerza actual y potencial de los ejércitos del rey que se encontraban apostados en la sierra peruana y que no haya pedido una gran colaboración militar. Éste es un punto de divergencia historiográfico que se vincula con la polémica carta Lafond, versión sanmartiniana de la entrevista. De todos modos, lo que sí parece plausible es que Bolívar no haya querido desprenderse de un gran contingente de sus ejércitos pues había todavía en Colombia focos de conflicto como Pasto o Puerto Cabello.^[5]

Por último, la cuestión capital que se debatió en la entrevista fue la organización futura de los nuevos Estados sudamericanos. Un tema abordado por los libertadores en la conferencia fue la posibilidad de una alianza entre los nuevos espacios políticos emergentes de la guerra, lo cual es congruente considerando el compromiso de ambos líderes respecto de la independencia continental y su visión americanista e integradora.^[6] En este sentido el texto plantea:

El Protector aplaudió altamente la Federación de los Estados Americanos como la base esencial de nuestra existencia política. Le parece que Guayaquil es muy conveniente para residencia de la Federación. Cree que Chile no tendrá inconveniente en entrar en ella; pero sí Buenos Aires por falta de unión y de sistema. Ha manifestado que nada desea tanto como el que la Federación de Colombia y el Perú subsista aunque no entren otros Estados.^[7]

Sin embargo, el punto central y crucial de las conversaciones, y que es nuestro objeto particular de estudio, es la posición monárquica de San Martín y la republicana de Bolívar. Intentaremos en primer lugar interpretar, con la ayuda de la historia conceptual y de los lenguajes políticos, qué entienden respecto de esos dos conceptos fundamentales que utilizan para imaginar el orden político pos independentista, para luego observar aquellos aspectos imaginarios comunes. Finalmente, podremos interpretar su posicionamiento sobre el orden y el modo en que piensan los nuevos fundamentos del poder político.

Nombrar la monarquía

Al nombrar la monarquía, San Martín va a desplegar los repertorios de acción que le fueran provistos por el mundo simbólico y cultural del territorio atlántico. Entendemos que enunciar su posicionamiento a favor de la coronación de un monarca fue parte de una estrategia discursiva que funcionó como fundamento para competir por el poder y para intentar estabilizar la dominación sobre un territorio que había sabido ser el último baluarte realista en Sudamérica. Allí se esgrime toda una estructura simbólica, un pasado, que no se presenta simplemente como residuo, sino como memoria de estrategias y acciones que al ser reapropiadas por nuestro líder, le permiten actuar en el marco de una sociedad que se había caracterizado por ser el centro de la contrarrevolución.^[8] Tal propuesta, era imaginada como la posibilidad de evitar la fragmentación territorial y el avance del enemigo, a la vez que serviría para realizar una transición suave entre el orden colonial y el nuevo orden independiente.

La opción de monarquizar representaba la centralización, el mando fuerte y la estabilidad. Todo lo que la corona había significado para América previo a la crisis. Estos valores eran fundamentales en la coyuntura peruana, donde San Martín reconocía una serie de problemas que ya había observado en su itinerario previo. Por un lado, la continuidad de la guerra, y por otro, la potencial aparición de pueblos, ciudades y provincias reclamando el ejercicio de su poder soberano. Su experiencia le indicaba que frente a la ruptura del orden era necesario institucionalizar rápidamente un gobierno centralista e indivisible, pues las lecciones aprendidas durante el transcurso de la guerra revolucionaria le indicaban que cualquier división del poder en aquellos críticos momentos constituiría una invitación a la anarquía. De modo que esta “imaginación centralista” y la “concentración del poder” se imponían en aquella coyuntura tanto por necesidad como por oportunidad.^[9] Por consiguiente, mientras imagina y diseña un plan para buscar un potencial monarca, irá dando forma al protectorado, una forma de gobierno que nos permite observar la concentración del poder de mando y su ejercicio de modo centralizado.^[10]

En este sentido, el protectorado supuso la concurrencia en sí mismo del mando político y militar. Esta fórmula de gobierno, novedosa en el teatro hispanoamericano, admitía la concentración del poder en tres dimensiones. Por un lado, una concentración territorial, posicionando a Lima como centro jerárquico del cuerpo político, lo que para San Martín significaba consolidar una soberanía de tipo indivisible en un territorio que ya expresaba fracturas y divisiones. En segundo lugar, una concentración funcional donde el poder ejecutivo se arrogaba amplias facultades, lo cual se verifica en sus vastas atribuciones que solo reconocían límites en la libertad de prensa, las municipalidades elegidas por voto popular y en el poder judicial. Y por último, una concentración personal del poder en la figura del Protector, ya que el ejercicio del mismo era cuasi unipersonal, siendo muy reducido el número de sus miembros colaboradores, los cuales se encontraban congregados en instituciones como el Consejo de Estado y la Orden del Sol, dos espacios de concreto tinte aristocrático, más aptos para una monarquía que para una república. De este modo, tales tendencias concentradoras limitaban al máximo el juego político y la participación popular, que desde la mirada de San Martín, solo debía abrirse a los peruanos una vez que las bases del nuevo Estado se encontraran firmes. Básicamente, estamos frente a lo que se puede considerar como una suerte de dictadura que se presentaba a sí misma como transitoria y como consecuencia del estado de guerra y hasta tanto esta finalizara.^[11] Si bien es probable que este tipo de reconcentración de la autoridad remitiera a las figuras de excepción que proveía el republicanismo clásico, caracterizadas por un ejecutivo fuerte en el marco de una situación de emergencia, también el régimen borbónico y los modos en que ejercía el poder son una representación válida que habría que considerar a la hora de darle sentido a esta modalidad de acción, que por otro lado, es lo que potencialmente podría servirnos de referencia para pensar el tipo de institución monárquica que se esperaba establecer.^[12]

Una monarquía constitucional para la nobleza tradicional y la aristocracia criolla

Contradictoriamente a la concentración inconsulta del poder que se ejercía desde el protectorado, la entrada de San Martín en Lima supuso la declaración de la independencia en nombre de “la voluntad general de los pueblos”, y con tal enunciación concretó un cambio en las bases de la legitimidad del orden político, ya que instituyó el principio de la soberanía popular. Si bien tal concepto no tuvo la centralidad que sí tuvieron otros como patria, independencia y libertad, fue aquél el que efectivizó los actos que dieron nacimiento a una nueva asociación política en abierta ruptura con las autoridades coloniales.^[13] De este modo, la nueva nación peruana “dejaba de lado la idea del orden político basado en algo trascendente o en la justicia y se configuraba en torno a la libertad como derecho político esencial”. En este sentido, como señala Loayza Pérez, será la confianza o la desconfianza respecto de este nuevo derecho lo que llevará a configurar distintos tipos de gobierno.^[14] En el caso de la propuesta del Protector, como veremos un poco más adelante, el pueblo peruano no se encontraba apto para el ejercicio de la libertad, lo cual le otorgaba más sentido aún a la institucionalización de una forma de gobierno monárquica, no obstante, no podía dejar de reconocer en aquél actor una nueva fuente de legitimidad. Con todo, la monarquía que piensa, y a pesar de la concentración del poder que vislumbra en el rey, no podía ser una de tipo absolutista.

Ahora bien, más allá de la necesaria unicidad y centralidad en el mando no podemos omitir que la ingeniería institucional que proponía era de carácter constitucional, de este modo, estamos frente a un proyecto que imaginaba un orden sin nuevos déspotas, es decir una monarquía limitada.^[15] En efecto, las fórmulas constitucionales eran percibidas como un curso de acción posible para legitimar y organizar el poder político. Ya lo hemos mencionado previamente, pero cabe resaltar que hay todo un imaginario constitucionalista proveniente de la cultura hispánica y también experiencias significativas que buscan legitimar nuevos ordenamientos políticos en contextos de crisis, como las convocatorias de Bayona y las Cortes de Cádiz, por nombrar algunos ejemplos. Concretamente, una constitución serviría para “…cohesionar el territorio bajo el dominio de un poder legítimo, constitucionalizar el poder revolucionario, sortear la precariedad que había suscitado la revolución e instituir un gobierno regido por leyes.” Fundamentalmente, la posibilidad de establecer la ley implicaba la conservación y unidad del nuevo orden, pero era también la clara reivindicación de la capacidad legislativa de una comunidad política.^[16] En este caso, en términos de estructuración jurídica del nuevo Estado, la aspiración de monarquizar no podría eludir el panorama confuso que se abriría respecto de la figura del monarca en el marco de un proyecto constitucional. En efecto, se encontraría arrojado a las contradicciones que admitía la propia noción de soberanía popular, el poder constituyente y el poder constituido.

En este sentido, cabe preguntarse de qué modo se estaba pensando la representación y la participación de los asociados. Si observamos la base de apoyo que tuvo San Martín en su arribo a Lima se destaca la participación que tuvo un importante sector de la élite limeña. Básicamente, éstos compartían con el Protector una preocupación fundamental, “las consecuencias que la erosión del orden colonial traería sobre el tejido social limeño”.^[17] Tal alianza resolvía, en principio, aunque de manera precaria, la cuestión del poder en una sociedad que no había buscado romper los lazos con la metrópoli. Esto se evidencia al momento de la proclamación de la independencia, en la recreación de ceremoniales que tuvieron como fin mostrar que el poder político no se diluía a pesar de la salida del virrey La Serna, por el contrario, se corporizaba en una nueva autoridad, el Protector, que a su vez era apoyada y respetada por la nobleza limeña, clase que tenía un enorme peso simbólico en la tradicional capital virreinal. De esta manera, la estructura política del gobierno protectoral, que dotaba a San Martín con la suma de los poderes, similares a las que habían sabido exhibir los propios virreyes, se apoyaba en el soporte brindado por los sectores más conservadores de la sociedad.^[18]

No obstante, el gran desafío que se plantea en toda situación revolucionaria es construir un nuevo principio de legitimidad, es decir, dotar de nuevos fundamentos al orden independiente. En este sentido, San Martín buscó desde el inicio de su campaña ganar el apoyo de la opinión pública nativa, pues solo así podría consolidar la independencia en un territorio que no la había buscado. De este modo, es posible observar un gran despliegue de propaganda, una “guerra de palabras” cuya finalidad era capturar la imaginación de los peruanos, especialmente de la clase patricia nativa, pues sería esta fracción de la nobleza limeña la llave para promover el cambio político.^[19] De hecho, desde muy temprano, la expedición libertadora buscó establecer vínculos de entendimiento con estos sectores, ejemplo de lo cual es el permiso para conservar sus timbres, armas e insignias, siempre que no fueran opuestos a los nuevos principios proclamados.^[20] Obviamente, el elemento fundamental de persuasión que utilizaría para convocar tales voluntades fue su proyecto monárquico. De este modo, tal como señala Scarlett O´Phellan Godoy, la élite nobiliaria, o la aristocracia criolla, se vieron seducidos por la independencia en el marco de una monarquía constitucional, tal como prometía San Martín, pues existía allí la posibilidad de mantener vigentes su base de poder y su estilo de vida.^[21]

Tal opción había devenido también una alternativa plausible puesto que tiene lugar en el marco del arranque del segundo período constitucional en España. Tal hecho, favoreció una reacción de los sectores más conservadores de la sociedad, principalmente de aquellos que hasta el momento habían estado en contra de los insurgentes y los planes de independencia. La reposición de la Carta de 1812, además de evidenciar la crisis en la que se encontraba la metrópoli, revivía las inquietudes en torno al sistema liberal y sus implicancias para la estructura de la sociedad colonial y los marcos de referencia tradicionales.^[22] La amenaza de cambios, en conjunto con la percepción de que el rey estaba incapacitado para sostener los viejos privilegios, propició que la lealtad a la corona se convierta en un inesperado y decidido deseo de independizarse de ella. Tal como señala Bonilla, en aquella coyuntura, parecía que San Martín era capaz de asegurar mejor los privilegios de estos sectores que la conducta errática de un poder imperial vacilante.^[23]

Tal como mencionáramos unos párrafos más arriba, la apelación a la monarquía en el contexto limeño hacía uso de unos imaginarios comunes y evitaba romper abruptamente con el pasado, de este modo, generaba la sensación de una transición aceitada o negociada entre el orden independiente y el pasado inmediato. En su propuesta de monarquía constitucional, es decir, limitada por las leyes, se integraría la nobleza existente, junto con aquella élite que se destacara durante el proceso independentista, y a la cual se le reconocerían los méritos y servicios prestados a la patria, cual una nobleza republicana. La Orden del Sol sería el instrumento para formar los cuadros dirigentes entre los miembros de la sociedad peruana, es decir, aristócratas, intelectuales y militares que se hubieran destacado por su apoyo a la causa de la libertad, destinados a asistir a la nueva testa coronada.^[24]

El sujeto que habita el nuevo orden. Territorio, pueblo y élites

Esta participación restringida a esta suerte de nobleza en el nuevo gobierno, está vinculada a la mirada que la subjetividad revolucionaria tenía respecto del pueblo peruano. El pensamiento de Bernardo de Monteagudo, quien fuera ministro y asesor de San Martín en Lima, así como encargado del “aparato ideológico del protectorado”, nos sirve como evidencia para comprender este posicionamiento. En líneas generales, Monteagudo consideraba, en primer lugar, que el peso de la cultura ibérica en el Perú se constituía como un influjo que atentaba contra el elemento central de todo proyecto republicano, el espíritu cívico. En segundo lugar, que la etnicidad de aquella comunidad, un tejido social complejo y delicado atravesado por razas, clases, castas, colores, usos y costumbres diversas que no combinaban entre sí, era un campo propicio para la generación de conflictos. Luego, la carencia de una élite dirigente, cuestión que buscó suplirse mediante la creación de la Sociedad Patriótica de Lima y la Orden del Sol. Por último, una estructura económica concentrada, riqueza mal distribuida y falta de incentivos para lograr la independencia económica individual. Tales observaciones lo llevaron a concluir que cualquier intento de extender las ideas democráticas en tal realidad fragmentada y polarizada, solo conduciría al fracaso, pues la unidad del Perú sería imposible.^[25] Tal como señala Carmen Mc Evoy, “para Monteagudo la única manera de revertir un panorama tan desolador era fomentando un gobierno centralista y pleno de autoridad, una monarquía constitucional”.^[26]

Esta mirada desde el poder respecto del pueblo peruano no es un detalle menor considerando que en el contexto revolucionario, eran aquellos pueblos los depositarios de la soberanía y quienes debían de dotar de legitimidad al nuevo orden político. Sin embargo, esta presunción de su incapacidad para gobernarse debería ser al menos matizada si observamos lo que se verificaba territorialmente. En este sentido, si tomamos en consideración los significados de “pueblo” propios de la época, los mismos nos remiten, según los diccionarios, al menos, a dos dimensiones. Por un lado, en plural, hacía referencia al aspecto territorial, es decir, a las comunidades locales naturales, al propio lugar poblado, ya sea una ciudad o una villa, con gobierno e instituciones propias, pudiéndose distinguir étnica y culturalmente como de españoles y de indios. Por otro, se vincula con la dimensión social y puede hacer referencia a la totalidad de los habitantes, aunque también se lo identificaba con “el sector más pobre de la sociedad”, a la par que servía para contraponer a la plebe / vulgo respecto de los sectores nobles, ricos o esclarecidos.^[27] De este modo, no es de extrañar que entre las élites, constreñidas por los sentidos vigentes del término, se construyeran imágenes críticas respecto de los sectores populares, caracterizados como manipulables, atravesados por las pasiones y poco racionales; motivos por los cuales se requería de su control.^[28]

Si atendemos a la dimensión territorial, hay que destacar los sucesos que tienen lugar en el norte del virreinato, previo a la llegada de San Martín al Perú, donde aquellos pueblos habían declarado su independencia. Siguiendo los aportes de Elizabeth Hernández García, la autora sugiere que en aquella región –así como probablemente en otras– había una vida propia y cierta autosuficiencia respecto de otros centros de poder como el limeño. En lo que era la intendencia de Trujillo, compuesta por partidos y pueblos de cierta importancia relativa debido a su peso económico, existía una élite con muchos intereses que resguardar y mantener. Allí, la actividad política es anterior a la llegada de San Martín y podemos incluso vincularla a los sucesos que tuvieron lugar en Guayaquil durante el año de 1820, momento en el cual se declara la independencia de la ciudad puerto.^[29]

Efectivamente, con el avance de la causa patriota y las incursiones de los insurgentes en las costas del pacífico, desde la perspectiva de las élites norteñas, se percibía una situación de peligro vinculada al desarrollo de la campaña de San Martín y de las emancipaciones que ya habían tenido lugar. Es así que en aquel ámbito se pueden recoger varias proclamaciones a favor de la causa patriota, aunque estas no tienen que ver con una entidad que actúa en bloque, sino con ciudades en concreto cuyas élites dirigentes decidieron apostar por el gobierno independiente. Las motivaciones fueron variadas, pues podrían estar buscando mantener el status quo; salvaguardando vidas o bienes; reaccionando frente a la coerción de otras élites; así como podían estar arriesgándolo todo en el convencimiento de la causa de la emancipación. Este comportamiento muestra que no existía un plan común dentro del espacio en su conjunto y que las ciudades no actuaron de manera consensuada, ni inspiradas en los mismos motivos. En líneas generales, habría que mencionar que tales proclamaciones fueron de carácter eminentemente criollo y que no tuvieron en consideración los reclamos de participación de las comunidades indígenas, ni de la plebe –que sí existieron–. Asimismo, cabe resaltar que lejos de ser reacciones unánimes, enfrentaron una fuerte oposición realista que, mancomunadamente y con proyección regional, llevaron adelante una contrarrevolución que finalmente fuera derrotada por los patriotas.^[30]

Este frente norteño, no sin fisuras, sirvió de base para el avance de San Martín sobre Lima. Sin embargo, incluso mientras fungió como el gran espacio de poder del gobierno independiente, dotando de apoyos y recursos a los ejércitos revolucionarios, tal sostén a la causa de la patria, como constata Hernández García, tampoco fue homogéneo ni sin resistencias. En efecto, fueron comunes los problemas entre los partidos que lo conformaban y la autoridad central, ya sea la de Trujillo o la de Lima. Concretamente, las disposiciones venidas desde fuera del espacio local y regional, en ocasiones percibidas como arbitrarias y despóticas, erosionaban el poder de decisión de los cabildos locales, por lo cual motivaron fracturas y divisiones. Tal actitud, perduró a lo largo a del proceso abierto por la independencia y evidenció una larga tradición de defensa de las élites locales de los espacios bajo su control, así como también las dificultades de afirmación de las voluntades políticas en una misma dirección.^[31]

Respecto de la dimensión social del término pueblo, la mirada revolucionaria sugería que no era consciente de su soberanía y que había vivido engañado por la metrópoli, motivos por los cuales la causa de la emancipación supondría un despertar del mismo y el reconocimiento de una identidad propia, distinta de la española.^[32] No obstante, si nos situamos a nivel del terreno, es decir, si observamos desde abajo el accionar de los sectores populares, las adhesiones a la causa patriota o la realista –sin negar la posibilidad de que no adhirieran a ninguna–, parecen estar ligadas a expectativas de cambio profundas, tan profundas como las que fueran percibidas por las élites.^[33]

Los estudios realizados sobre los sectores populares, es decir, la plebe urbana, las comunidades indígenas, campesinos y población de color, muy poco a poco van mostrando que su ubicación en el conflicto, a un lado u otro de las trincheras, durante la transición hacia el orden independiente, obedecía a una agenda propia, pues tales pueblos tenían intereses concretos y una memoria social de sus deberes y obligaciones.^[34] Una vista panorámica sobre los sectores indígenas muestra claramente lo antedicho, pues tuvieron una participación muy significativa en el proceso independentista. Siguiendo los aportes de Silvia Escanilla Huerta, podemos destacar, en primer lugar, el hecho de que estamos frente a comunidades que analizadas en la larga duración nos muestran una tradición de movilización allí donde se les hizo necesario enfrentar a los funcionarios de la Corona para lograr concesiones políticas respecto de la administración de sus asuntos locales. Luego, en el marco de la vacatio regis, tales sectores vieron la oportunidad concreta para lograr mayores cuotas de autogobierno, lo cual les permitió avanzar sobre sus intereses específicos, aun más, la aplicación de la Constitución de Cádiz –allí donde se implementó– les brindó el espacio deseado para incrementar márgenes de autonomía que no siempre habían logrado. En efecto, numerosas comunidades se apropiaron de las atribuciones concedidas por la carta constitucional al punto que después de su derogación, en 1814, siguieron utilizando el lenguaje habilitado por el proceso gaditano y se resistieron a la pérdida de estas atribuciones en términos de toma de decisiones respecto de sus jurisdicciones. Por último, cabe destacar la existencia de la guerrilla. La misma fue una práctica extendida y aceptada por las comunidades indígenas durante la década de 1810 que persistió con la llegada del ejército libertador y que se constituyó como una forma de hacer política. Tal instrumento sirvió para mantener en pie la autonomía de las comunidades en un escenario de guerra, para conservar el orden interno que la corona ya no garantizaba, así como también para defenderse de un enemigo externo –los libertadores– cuyas intenciones estaban poco claras. En todos los casos, lo que se hace evidente, es que tales guerrillas, así como fueron un punto de apoyo relevante para los independentistas, e incluso para los realistas, también perseguían intereses específicos vinculados a la defensa de su territorio. De este modo, de acuerdo con lo observado, más allá de las particularidades de cada pueblo en concreto, es posible decir que las comunidades vienen construyendo su soberanía territorial a nivel local, fenómeno que se produjo en paralelo a la guerra y que se consolidó con la misma, todo lo cual nos indicaría que estaban muy lejos de ser actores que desconocieran sus intereses o que estuvieran desligados de los problemas políticos de su tiempo.^[35]

Estos pueblos y el pueblo realmente existente que conformaba la realidad peruana, nos muestran que tanto las élites regionales, como las comunidades indígenas de la sierra y el interior del virreinato estaban involucradas en las disputas de poder vigentes que la crisis había generado. Asimismo, poseían intereses locales específicos y concretos y se valieron de los instrumentos institucionales vigentes para hacer efectiva su participación en los espacios de poder que se iban abriendo en el transcurrir del conflicto. Efectivamente, hay un ejercicio territorial y plural de la soberanía que se oponía a los ideales de unidad que traían los ejércitos libertadores. La mirada revolucionaria no veía allí al papel soberano de los pueblos, por el contrario, era percibido como una amenaza de desintegración. Esto se debía a que no había entre las élites peruanas un liderazgo que pudiera sostener el sistema de poder independiente, sumado al hecho de que los sectores populares tenían sus intereses locales específicos. En conjunto, este pueblo era percibido como fuente de anarquía.

En este sentido, y volviendo al proyecto monarquista de San Martín, aún cuando el nuevo orden independiente se fundamentaba en la libertad como derecho político esencial, la creencia de que en el Perú no existían las condiciones materiales ni espirituales para el ejercicio de la “soberanía popular”, aquella abstracción del lenguaje político moderno donde se originó todo el proceso revolucionario, implicaba la postergación de todo proyecto republicano ante la falta de lo que se consideraba espíritu público y de una ciudadanía mayoritaria. Es decir, la falta de virtud que permitiría a los sujetos mirar más allá de la patria local y de los intereses particulares, percibidos como faccionales y contrarios al proyecto de unidad territorial y soberana. Tal carencia impedía la formación de un sistema democrático con capacidad de representar al conjunto de la población. De hecho, tales principios eran inadaptables a un contexto signado por la guerra civil, en una sociedad como la peruana, tan profundamente fragmentada y potencialmente conflictiva.^[36] De allí que si consideramos los lenguajes políticos disponibles en la época, podemos decir que los monárquicos entendían que había una incompatibilidad entre la república y la heterogeneidad social y cultural propia del Perú. Al estar el concepto de república asociado al de democracia, la que a su vez, como ya observáramos, fuera vista como fuente de inestabilidad y de desorden social, resultaba, desde esta mirada, impracticable.^[37]

Con este panorama, en el marco de una monarquía constitucional, la capacidad legislativa de aquella comunidad se encontraría verdaderamente limitada. De este modo, como ya mencionáramos, la participación política se restringía a una suerte aristocracia conformada por la nobleza existente, junto con aquella élite que surgiera del proceso independentista. De hecho, esto se ve reflejado en el funcionamiento del consejo de Estado del protectorado, en conjunto con la Orden del Sol. En el marco de un posicionamiento muy crítico respecto de las formas democráticas, no existen indicios de que se estuviera pensando en una participación política mayor, salvo la restringida a los espacios municipales. En este sentido, es probable que el lazo entre gobernantes y gobernados estuviera mediado por formas de representación que limitaran al máximo la libertad e independencia de aquellos sujetos llamados a operar en el ámbito de la política. De este modo, en el Perú, el ejercicio de la ciudadanía quedaría mayormente restringido, pues como viéramos, el objetivo de la revolución no era la alteración del orden social. De allí que la opción de monarquizar permitía limitar al máximo la introducción de un sistema de elección periódica de las autoridades y tenía la ventaja de la sucesión por herencia, garantizando la tan deseada continuidad del poder. No obstante, desde un posicionamiento que nos remite a las prácticas del despotismo ilustrado de cuño borbónico, se irían habilitando paulatinamente unas libertades civiles, cuyo objetivo sería que el grupo social dominado pudiera ir desplegando poco a poco su aptitud civil para la participación de los asuntos públicos.^[38] En este sentido, es posible identificar durante el protectorado el reconocimiento de algunos principios republicanos y liberales tales como la abolición de la mita y del tributo indígena; la libertad de imprenta; la libertad de vientres para los nacidos de madre esclava; la creación de la Sociedad Patriótica y concesión de derechos ciudadanos a los sectores aborígenes. Todo lo antedicho nos permite observar como desde un posicionamiento decisionista, unitario y centralizado se busca ampliar poco a poco la base de poder del nuevo gobierno.

Si observamos el documento de Pérez, estos temas se ven reflejados claramente, pues en Guayaquil San Martín le habría expresado a Bolívar que el gobierno “…no debía ser Democrático porque en el Perú no conviene…”.^[39] Considerando a su interlocutor, un ferviente republicano, puede que la alusión a la “democracia” no haya sido casual si tomamos en cuenta cómo aquél concepto interactúa discursivamente con el de república durante período analizado.^[40] Asimismo, nos confirma la mirada del Protector respecto de la participación política del pueblo en el nuevo escenario independiente. De allí su propuesta monárquica. Por otro lado, la carencia de liderazgo entre las élites peruanas es lo que probablemente lo lleve a expresar frente al Libertador “que debería venir de Europa un Príncipe solo y aislado a mandar el Perú”.^[41] Como plantea Pérez un poco más adelante en el documento:

Es de presumirse que el designio que se tiene en el Perú es el de erigir una Monarquía sobre el principio de darle la Corona a un Príncipe Europeo con el fin, sin duda, de ocupar después el trono el que tenga más popularidad en el pays o más fuerza de que disponer. Si los discursos del Protector son sinceros ninguno está más lejos de ocupar tal Trono. Parece muy convencido de los inconvenientes del mando.^[42]

En efecto, como venimos observando, desde la mirada del Protector el panorama era complejo. Los sectores populares tenían su propia orden del día, y en el marco del aflojamiento de los vínculos de obediencia que se abrían con la situación revolucionaria, representaban una amenaza para los intereses constituidos de las élites. Aun más, no había entre estas últimas intereses comunes, ni una voluntad unificada que pudiera encumbrar el sistema de poder independiente. Es decir, una suerte de “príncipe”, como señala Bragoni, que pudiera reducir a la unidad la multiplicidad de intereses contrapuestos contenidos en aquella fragmentada realidad.^[43] En este sentido, es que San Martín le indica a Bolívar que es necesario buscar un monarca europeo pues no habría en aquellos territorios un poder con la capacidad suficiente de imponerse para evitar la desintegración territorial que se vislumbraba latente. Por otro lado, dejaba la puerta abierta a un posible recambio, con lo cual, tal como señala Mitre, podríamos pensar que la monarquía era para él un medio y no un fin.^[44]

La monarquía y la unidad del poder en territorio peruano

La unidad del poder que presumía la figura del monarca evidenciaba una concepción de soberanía única e indivisible. Lógicamente, la fuente del poder difería, pues con la revolución la misma se había situado en el pueblo, sin embargo, aquella noción poseía vasos comunicantes con el imaginario borbónico, aunque también con el centralismo napoleónico legitimado en el cuerpo de la nación, así como con la propuesta en la carta gaditana.^[45] Este posicionamiento respecto de la existencia de una soberanía nacional supone toda una mirada vinculada a la relación entre los territorios / provincias y el poder central, pues como observáramos, existía en el Perú, ya sea por parte de las élites como de los sectores populares, un ejercicio territorial de la soberanía que se oponía a los ideales de unidad del Protector. De allí que, las facultades concretas que imagina para el futuro monarca, se combinan con el reconocimiento del peso simbólico que tiene la figura del rey. De hecho, es probable que lo que San Martín buscara recuperar es la institución de una autoridad cuya sola presencia diera sentido de unidad, permanencia y continuidad del poder en un contexto donde lo que buscaba era evitar el escenario de fragmentación que ya había observado en su itinerario previo. De este modo, la corona posibilitaría evadir la desintegración territorial que estaba latente en aquella realidad. En este sentido, no podríamos negar que estaríamos frente a ciertas referencias vinculadas a la estrategia desplegada por los borbones, quienes habían construido todo un entramado simbólico que remitía a la figura del rey como aquel que daba cuerpo a la sociedad y a la continuidad de la misma, fungiendo como pieza central de un orden en el cual su figura se constituía como garantía de la continuidad y estabilidad del mismo. El despliegue de aquel poder simbólico, no podía ser ajeno a la experiencia de San Martín, como tampoco la idea del poder neutral o moderador de Constant asentado en la noción de auctoritas, que de hecho podría estar dialogando de alguna manera con la propuesta del Protector.

En suma, podríamos decir que en el “horizonte de expectativas” de nuestro líder, la monarquía constitucional que piensa para el Perú supone la concentración de la autoridad en la figura del rey, siendo su poder concreto, a la vez que simbólico. Al estar limitada la participación popular a los espacios municipales y garantizada cierta intervención política solamente a la nobleza tradicional peruana y a la aristocracia de mérito nacida con la revolución, nos encontramos que frente a una condición ciudadana fuertemente restringida, es necesario instituir un poder ejecutivo fuerte que dirija el destino de la nueva nación, concebida asimismo como una unidad, en el marco de un territorio que se muestra compuesto por soberanías plurales. Desde el punto de vista de los imaginarios, parece posible encontrar varios elementos provistos por el mundo simbólico del absolutismo borbónico. En efecto, aquel sistema de referencias era ineludible para San Martín, quien se había socializado en aquel orden. De allí cuestiones tales como la unicidad y concentración del poder, la fortaleza del ejecutivo al mando, incluso la imagen de una soberanía indivisible. Por otro lado, la propia idea de constitución remite también a una serie de tradiciones hispánicas que se revitalizan con la crisis de la monarquía y que sin dudas están en diálogo con otras experiencias europeas, la francesa, resultaría a todas luces una referencia inevitable. Asimismo, como líder de una revolución que se centraba en la noción de libertad política asentada en la novedad de la soberanía popular, San Martín no estaba ajeno a todas las experiencias que en tal sentido irían reconfigurando los nuevos sistemas políticos. Su opción monárquica no podía estar desligada de los debates que se desplegarían en torno a la figura del rey en el nuevo contexto, de allí que los modos en los que piensa la institución de una nueva corona probablemente estén atravesados por la experiencia de la Restauración; la evolución de la monarquía inglesa y la combinación de soberanía nacional y entronización de una nueva dinastía que ofrecía la Francia napoleónica, a la par que garantizaba el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos. Si reconocemos que una de las grandes polémicas del siglo XIX fue como concebir la figura del rey en el nuevo escenario, hay que considerar que nuestro protagonista se encontró discutiendo un concepto, que desde la perspectiva de los lenguajes políticos, se encontraba en un contexto de enunciación que permitió la emergencia de sus contradicciones constitutivas. Tal como lo estableciéramos más arriba, el rey que San Martín piensa para el Perú es uno con poder concreto y también simbólico, sin embargo, en el marco de la emergencia de la soberanía popular no podía ser el mismo de antes. No podemos comprobarlo porque tal proyecto fracasó. Paradójicamente, la propuesta monárquica desató lo impensado, es decir, la reivindicación de una forma republicana de gobierno que traía otra mirada sobre el nuevo orden y la libertad.

Veremos a continuación la propuesta de Bolívar, un convencido republicano, para preguntarnos si es convergente en algún sentido con la mirada de San Martín.

Los lenguajes políticos del republicanismo

En la relación de José Gabriel Pérez, se plantea que Bolívar le dijo a San Martín que la introducción de príncipes europeos no era conveniente para América, y que él se opondría a ellos si pudiese. Luego, el redactor indica que “…S.E. repuso todo lo que él piensa sobre la naturaleza de los Gobiernos, refiriéndose en todo a su discurso al Congreso de Angostura”.^[46] De este modo, éste documento nos servirá de referencia para analizar su propuesta política.^[47] En efecto, allí el Libertador expresa su adhesión al gobierno republicano, cuyas bases han de ser la soberanía del pueblo, la división de poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud y la abolición de la monarquía y de los privilegios. De esta manera, Bolívar plantea la instalación de una república indivisible y central, caracterizada por un poder ejecutivo fuerte, un senado hereditario, la división de los ciudadanos en activos y pasivos y una propuesta de constituir un poder moral o areópago.^[48]

En primer lugar, nos centraremos en su definición de república, para luego ir desagregando el resto de los elementos presentes en su propuesta. De este modo, partimos de la idea que sostiene Castro Leiva, de acuerdo a la cual el republicanismo es un lenguaje político que permitió el desarrollo de un sistema de creencias y deseos morales y políticos cuyo centro es la idea sustantiva de la libertad.^[49] En efecto, la historia intelectual registra dos formas de república, la antigua y la moderna, las cuales se distinguen respecto del tipo de libertad predominante en ellas, a saber: la libertad política o la libertad civil e individual, respectivamente. Tales formatos están asimismo vinculados al tipo de sujeto que habita tal ordenamiento republicano, pues sus miembros deben de disponer de una configuración moral especial –podríamos decir virtuosa– que permita el efectivo despliegue de la vida libre dentro de la república. Para los antiguos, era necesaria la consagración del individuo a la comunidad, por el contrario, para los modernos, es preeminente el interés privado por sobre el público, aunque con capacidad de ser garante de su propio orden político. De acuerdo con Carolina Guerrero, cuando se analiza el posicionamiento de Bolívar, lo que aparece es una nueva forma de república, mas no como un intermedio o mezcla entre las formas históricas antes expuestas, sino como una tercera forma de concebir este tipo de gobierno, cuya característica central son las amplias restricciones a la libertad disfrutable por sus miembros.^[50] En este sentido, si lo que define a la república es la libertad ¿Qué tipo de república puede desplegarse sin el ejercicio de la idea central sobre la cual se sostiene? Abordaremos este dilema a continuación para intentar comprender que entiende Bolívar cuando utiliza aquél lenguaje político.

Si ponemos en contexto la concepción formulada por Bolívar, hay que considerar que la discusión se centra en el propósito de inaugurar prácticas republicanas modernas. Es decir, aquellas que tienen como objetivo el despliegue de la libertad e individualidad en el marco de instituciones constitucionales, de forma de dar vida a un cuerpo político que garantice esa libertad y esos derechos cívicos. No obstante, el debate propiciado por el Libertador también incluye la intención de establecer prácticas republicanas clásicas, pues demanda la devoción de los ciudadanos, con la finalidad de propiciar la preservación de la república en el tiempo.^[51] Ahora bien, el proyecto de Bolívar tiene estas características pues parte de un diagnóstico pesimista que realiza respecto de los asociados. En efecto, cuando observa a los individuos destinatarios de su propuesta entiende que están carentes tanto de virtud –aquel hábito que predispone a los hombres hacia el bien común–, como de razón –lo cual los habilitaría a poder discernir los beneficios del vivir libre–.^[52] De esta forma, sería imposible para aquellos individuos la identificación de los bienes políticos que se derivarían de la república, es decir, la libertad, así como las garantías para el efectivo despliegue de los intereses particulares.^[53] De allí que en su idea de república, y contradictoriamente respecto de lo planteado por las tradiciones clásica y moderna, encontremos amplias restricciones a las libertades del pueblo, pues entiende que de esas libertades pueden provenir toda una serie de peligros para el gobierno y la permanencia del orden republicano. Es así que en la construcción intelectual que hace Bolívar de aquel, encontramos que la idea de república degenera del formato original, el cual la entendía como asociación política de individuos libres, para presentarse como una organización política dirigida al bien común. Tal como señala Guerrero, “…es la realización de ese bien el que otorga algún sentido republicano a la forma política configurada por el Libertador”.^[54]

El dilema que se presenta entonces es ¿Cómo edificar la república frente a una comunidad política que no presenta la disposición para constituirse como tal? La respuesta que encontramos en la propuesta de Bolívar es que la conducción de tal asociación política debe ser reservada a los más virtuosos, limitando la libertad política de la mayoría de los miembros de la república, pues como dice en Angostura: “nuestros débiles conciudadanos tendrán que robustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad”.^[55] En este sentido, se plantea la paradoja de que para crear la república que imagina, el Libertador tiene que negar uno de los principios fundamentales que dan vida a todo orden republicano, es decir la libertad política de sus miembros. Del análisis que plantea Bolívar se desprende que en ausencia de ciudadanos virtuosos, lo que aparece es una sociedad política sostenida por la participación de uno o unos pocos –los más virtuosos– para realizar el fin de dicha sociedad. De allí que para que tal república exista y perdure sea necesaria la anulación de la participación de todos, pues ésta entorpecería la consecución de los fines de aquella comunidad. Tal como señala Guerrero, en estos términos, hay una negación de la tradición republicana, ya que en ésta se había configurado la idea de que solo es posible la libertad en la república a partir de la participación –directa o indirecta– de los ciudadanos en los asuntos comunes. Lo único que se sostiene en la propuesta bolivariana es el principio republicano de que esa sociedad pública sea establecida para utilidad de todos, lo que en términos clásicos equivale a la noción del bien común.^[56] Más concretamente, la autora sostiene que “en ausencia de libertad política, la sociedad política no puede ser república, lo cual plantea una dificultad contundente en el intento de Bolívar por concebir una república que cancele dicha participación y, por ende, la libertad política”.^[57]

Para sortear estas contradicciones derivadas de su apreciación respecto del sujeto que habitará el nuevo orden, Carolina Guerrero plantea que hay en Bolívar una intención de realizar su proyecto de república por fases, donde en un primer momento, y hasta tanto se logre generar la constitución moral necesaria en aquellos individuos / ciudadanos, hay una negación de la república, y por lo tanto de la libertad. Por este motivo encontramos relevante que el Libertador delinea el perfil de aquellos individuos que deberán configurarse como ciudadanos a partir de una propuesta sobre lo que es moral y políticamente correcto para favorecer el bien público. Lo que ocurre es que termina ofreciendo una prescripción, producto de su elaboración intelectual, lo cual dota de un sentido particular a la voluntad general de esa república en ciernes, cuyos miembros carecen de las capacidades necesarias para manifestar los fines de aquella.^[58]

Específicamente, el proyecto de Bolívar exige la virtud, pues en la mirada del Libertador aquellos hombres no están aptos ni siquiera para apelar a su natural y recta razón. De este modo, llama a crear una unión ética y sentimental entre los hombres y su república. Ese vínculo supone el despliegue del amor por tal orden político, el patriotismo, al punto que los individuos deberían ser felices en la renuncia a sí mismos mientras se consagran totalmente a la república.^[59] Este “sentimentalismo ético” que se busca en los ciudadanos, es lo que los impulsaría a aceptar la sumisión frente a esa élite virtuosa llamada a gobernar por ser moralmente mejores que el resto. En este sentido, es que el Libertador propone en su proyecto de Angostura la creación de un Poder Moral, con una cámara educativa y un areópago, cuyo objetivo sería imponer esa virtud mínima, una suerte de uniformidad moral e intelectual entre los miembros de la república, incluso una opinión pública homogénea, a los fines de lograr la obediencia frente al gobierno de aquella élite virtuosa. De allí la idea de fundir la masa del pueblo en un todo que menciona en su discurso.^[60]

Si nos centramos en el tipo de moral que Bolívar plantea, podemos observar que es la propia de los antiguos respecto de sus repúblicas, a saber: una ciudadanía con disposición absoluta al sacrificio y a los servicios públicos, heroicidad, difuminación de la individualidad en la esfera de lo público, con la paradoja de que en el proyecto del Libertador estos hombres son sujetos pasivos y no asociados activos tal como prescribe la tradición republicana clásica. Contradictoriamente, además, nos encontramos con que estas demandas surgen en tiempos de la república moderna, con lo cual hay una suerte de colisión entre el interés individual y el imperativo de que los sujetos renuncien a sí mismos en nombre del “bien común”.^[61]

En este último punto, a pesar de que claramente la propuesta del Libertador hunde sus raíces mayormente en las tradiciones republicanas de la antigüedad, en su proyecto se contempla el despliegue del interés particular de los individuos, todo lo cual coincide con el pensamiento liberal de la época. Efectivamente, Bolívar reconoce que los intereses privados de los sujetos, así como la posibilidad de su disfrute, está ligado al interés general por sostener el orden político, aunque siendo subsidiarios de éste último. No obstante, no desconoce tampoco las dificultades que esto presenta en una sociedad como la colombiana, donde predomina un territorio escasamente poblado, impactado por los efectos de la guerra y compuesto por individuos que no necesariamente estarían inmersos en el cálculo de la conveniencia y el interés propietario, todo lo cual alimenta la percepción negativa que tiene de los asociados mencionada más arriba.^[62]

En clave moderna, su diseño de ciudadanía resulta problemático respecto del tipo de libertad que prescribe tal tradición, pues aquellos valores que Bolívar pretende que los sujetos desplieguen, a saber: el heroísmo o la consagración suprema a la república representan una limitación para la expansión del goce e intereses individuales del ciudadano moderno y un avance por sobre sus especulaciones privadas, pues estas quedarían de lado en tanto el centro de su existencia estaría en la república, aun a pesar de su enajenación política. Por otro lado, que los sujetos deban someterse a la voluntad de una élite ilustrada, resulta arbitrario desde el punto de vista del desarrollo de la individualidad y del control que tales ciudadanos están llamados a ejercer frente a sus representantes. En efecto, la posibilidad de emitir opinión queda cancelada frente a la interpretación y definición que tales privilegiados hacen del “espíritu público”, lo que no es ni más ni menos que la imposición de una mirada particular que obtura cualquier tipo de crítica. En este sentido, es que la libertad política resulta fundamental para el ciudadano moderno, pues le permite consagrar las libertades civiles e individuales, aquellas que le garantizan la protección de sus intereses particulares. Por último, y en línea con lo anterior, la construcción moral y de las luces que hace Bolívar respecto de los asociados, donde busca desplegar un criterio único y uniforme entre los sujetos, supone la cancelación explícita de cualquier expresión de la individualidad. De esta forma, al eclipsar los intereses privados de los individuos respecto de las necesidades de permanencia de la república, resulta desde una mirada moderna, totalmente despótico.^[63]

Resumiendo, la república de Bolívar se centra mayormente en la tradición republicana clásica, pues de allí recoge la idea de utilidad pública o bien común. No obstante, reconoce de acuerdo a los principios modernos la existencia de los intereses particulares de los individuos, aunque subordinados a lo que se considera el interés general de tal comunidad. Sin embargo, para lograr el establecimiento y perdurabilidad del orden político republicano enajena a los ciudadanos del valor fundamental sobre el cual se sostiene la propia idea de república, la libertad. El avance sobre este principio se vislumbra en la cancelación de su participación política, así como en los límites establecidos para el despliegue de los intereses privados de los individuos considerados carentes de virtud. En una sociedad aún por establecerse, donde no hay intereses comunes identificados, ni aceptados de modo más o menos general por los individuos, la propuesta ilustrada de Bolívar pretende instituir un orden por parte de uno, o unos pocos, hacia una mayoría. De allí que esté contemplado en su proyecto constitucional un espacio para el despliegue de las virtudes y luces de los miembros de aquella sociedad política, pues la república sin ciudadanos es inexistente.^[64]

Tomando en consideración nuestro ejercicio de comparación entre los libertadores, una primera mirada respecto de la ingeniería estatal que pretenden desplegar, nos invita a ver coincidencias respecto de cómo interpretaban aquel principio sobre el cual se originó todo el proceso revolucionario, la “soberanía popular”. Una de las preocupaciones a las que se enfrentaban se vinculaba a cómo ubicar aquella abstracción en el orden concreto que estaba en proceso de fundación, con la complejidad de que era el nuevo principio legitimante de la autoridad. En efecto, el posicionamiento de ambos es convergente, ven en aquellos pueblos e individuos que los conforman, titulares ahora de la soberanía, la carencia de virtud y / o razón que define al sujeto ciudadano que necesitan para desplegar el ejercicio de libertad política por el cual se involucraron en las luchas independentistas. Ambos se enfrentan a territorios fragmentados, heterogéneos social y culturalmente así como potencialmente conflictivos. Ya sea desde la opción de monarquizar, o de republicanizar al estilo de Bolívar, lo que es posible observar en ambas experiencias es que los dos intentarán reducir al máximo la participación popular en la institución del orden pos-revolucionario, poniendo límites a la libertad política de aquellos individuos llamados a habitar el nuevo orden. Como viéramos, en la propuesta de San Martín, la participación queda reducida a la nobleza y a una suerte de aristocracia de mérito nacida del proceso revolucionario, mientras que en el caso de Bolívar, se busca institucionalizar la participación de los más virtuosos, con lo cual, en ambas acepciones estamos muy lejos de la instalación de proyectos democráticos, en línea con el sentido que se le atribuía a aquel vocablo en aquella época.

Los territorios y la unidad del poder

Los ejércitos tuvieron un rol central en la construcción de la república y en la práctica política corriente. Concretamente, para el Libertador el pueblo y el ejército eran equivalentes, ya que fue el brazo armado el que permitió la construcción de un nuevo poder. Moderno, obediente y activo, en el ejército imperaba una conscripción de tipo igualitario y era la expresión de la soberanía popular, pues con su avance sobre el territorio y sus comunidades, invitaría –u obligaría– a reconstruir el vínculo social fuera de la institución imperial. Tal como señala Thibaud, serán las fuerzas armadas quienes contribuirán decididamente a resolver el problema de la soberanía, en su doble dimensión de potencia abstracta y de fuerza concreta y activa. Por consiguiente, cuando observamos el intento de Bolívar de reinstitucionalizar la república con su base en el oriente venezolano, y frente al desafío que suponía construir una comunidad nacional en un territorio atravesado por soberanías fragmentadas, encontramos que la ciudadanía fue asimilada a las milicias. De hecho, serán los soldados los que elegirán a los diputados al Congreso de Angostura de 1818 pues eran la representación del pueblo merecedor, activo, virtuoso, portador de valores como el sacrificio y el heroísmo del cual estaban imbuidos los libertadores. De esta manera, se asimilaba a la república clásica, de allí el lugar de ciudadanos activos que el Libertador propone para sus miembros. De este modo, durante mucho tiempo el ejército se convertirá en la fuente del poder constituyente, con toda la complejidad que eso implicaría para los poderes constituidos.^[65]

Por otro lado, la guerra permitía resolver el problema de la base territorial de la nación. Esto se debe al hecho de que Bolívar y su ejército, se encontraban desligados de cualquier arraigo territorial e institucional fuerte, de modo que con la guerra se pudo engendrar el espacio de la soberanía estatal moderna. En consecuencia, las fuerzas armadas, al ignorar las antiguas corporaciones territoriales, fueron dándole forma y fronteras a la futura nación. Como ya hemos visto, Colombia era la reagrupación de las regiones liberadas por las armas. Al decir de Thibaud, este ejército, en principio desterritorializado, en el devenir de la guerra y a través de la mutación de sus formas de organización, fue haciendo prevalecer una forma abstracta, la república, sobre el espacio vivido de los pueblos. De allí que las élites militares iniciaran la disolución de las identidades provinciales y remodelaran la geografía institucional del antiguo reino.^[66] El caso de Guayaquil que analizáramos previamente es paradigmático en este sentido.

De esto último se desprende una de las características que Bolívar imagina para la república que está fundando, pues las resistencias de los pueblos y los conflictos que se derivan de las mismas para el nuevo orden independiente, serán el blanco de un centralismo vigoroso por parte del Libertador.^[67]

Como remarcábamos al principio, en su discurso de Angostura encontramos un planteo favorable a la construcción de una república de carácter indivisible y central. Esta característica discute y se opone a la organización dada a la primera república venezolana donde lo que prevaleció fue un ordenamiento de tipo federal. De acuerdo con Thibaud, frente a la crisis monárquica, la solución confederal aparece como instrumento institucional disponible que las élites involucradas encontraron para resolver el problema de la unidad perdida desatado con la ausencia del rey.^[68] En efecto, en el horizonte federativo coexistían tres tradiciones de lenguaje que fueron convergiendo en las argumentaciones que se desarrollaron durante el proceso abierto en 1808. Allí las experiencias provenientes del campo del derecho y la jurisprudencia, así como la corriente ilustrada francesa atravesada por los planteos de Montesquieu, junto con las ideas federalistas norteamericanas, permitieron imaginar cómo los gobiernos nacidos de los diferentes pueblos depositarios de la soberanía, se podrían integrar en uno solo, sin que esa fusión suponga la pérdida de la capacidad de gobierno interior recuperada frente al vacío monárquico.^[69] De este modo, el federalismo, como solución conceptual a la vez que práctica, permitía reorganizar el cuerpo del rey, formando una nueva soberanía única que permitiera la preservación del orden social en un contexto de crisis.^[70] Por consiguiente, para algunos sectores “…el federalismo era más democrático y más republicano, un mejor garante de la libertad y un moderador más firme del ejecutivo”.^[71] De este modo, se alejaban los fantasmas de despotismo derivados de los gobiernos centralizados –donde la experiencia francesa y sus consecuencias resultaban ineludibles–. De allí que la república federal contara con un gran consenso durante el primer período de la revolución. No obstante, con la caída de las primeras confederaciones, producto de los problemas de la defensa y de la guerra, se evidenciaron una serie de resultados negativos que fueron recogidos por el Libertador en su crítica a este tipo de organización. En este sentido, en la mirada de Bolívar, y tal como lo deja expresado en Angostura –utilizando un recurso retórico que coloca a la federación como el sistema más perfecto existente del cual es ejemplo la experiencia de los Estados Unidos–, el gobierno federal no es conveniente a la nación colombiana, pues su pueblo carece de las virtudes políticas necesarias para establecerlo.^[72]

Siguiendo los aportes de Urueña Cervera, en el discurso de Angostura, Bolívar echa una ojeada sobre las características de la sociedad colonial venezolana. Hay dos cuestiones centrales que releva, por un lado la inexperiencia en la ciencia del gobierno, y por otro, la heterogeneidad étnica de la población.

Respecto del primer punto, lo que el Libertador plantea es que los pueblos venezolanos vivieron bajo una “tiranía pasiva”, ejercida por el gobierno metropolitano, lo cual impidió el despliegue de la “tiranía activa y doméstica” por parte de los locales. De allí que el pueblo no tuviera seria conciencia de su libertad. De este modo, la ciencia del gobierno les resultaba desconocida, lo mismo que la administración del Estado, todo lo cual colocaba a estas poblaciones en una situación políticamente pasiva, pues no habían podido formar gobernantes propios, ni cuadros dirigentes nativos, estando en una suerte de “infancia” respecto de los asuntos públicos. En consecuencia, no había un pasado de patriotismo, de civismo, de respeto a las leyes y autoridades, lo cual sería central para el despliegue del republicanismo.^[73]

Por otro lado, el segundo punto que Bolívar remarca y que resulta ser el principal escollo frente al proyecto republicano, son los aspectos culturales y etnorraciales de la población. Culturalmente, destaca que el dominio colonial dejó un legado político – cultural negativo, dado que el sometimiento hacia la metrópoli habría creado un pueblo pervertido, corrupto, producto de una educación colonial que invirtió los valores de la libertad y la esclavitud, confundiéndolos. Este legado converge con la cuestión racial que atraviesa a la sociedad venezolana, siendo un punto importantísimo para Bolívar, ya que la heterogeneidad poblacional devendría el reto de la mayor trascendencia para el legislador. Al diferenciar a los pueblos hispanoamericanos del europeo y del americano del norte, lo que traía a la vista era una sociedad caracterizada por un pasado esclavista, de castas de color y de odios interraciales que la revolución no había hecho más que intensificar. Asimismo, la diversidad étnica de la población y la falta de cohesión nacional confluyeron en la carencia de una identidad común entre los nativos americanos y los criollos, lo cual incrementaba las divergencias en el nuevo escenario.^[74]

Tal como señala Lynch, con la revolución se desató una avalancha de intereses incompatibles que –aunque latentes en el orden colonial– generaron una suerte de anarquía social que solo un gobierno central fuerte podría frenar, pues el federalismo adoptado por la primera república terminó por profundizar las divergencias que el propio proceso revolucionario había despertado. La postura antifederal de Bolívar, que ya se había expresado en el previo Manifiesto de Cartagena, observa en el federalismo el despliegue de un tipo de libertad no moderada, que en el marco de una sociedad con las características de la venezolana, solo podría conducir a la disolución, con lo cual las limitaciones y restricciones que propone para la república, son conducentes al sostenimiento de la unidad, que es, en este sentido, contraria a la posibilidad del federalismo.^[75]

Efectivamente, de acuerdo con Guerrero, en el pensamiento de Bolívar se expresa una tensión ente las ideas de unidad y disolución, que a su vez es posible observar en dos planos simultáneos y convergentes. En primer lugar, y como ya mencionáramos, el repunte de las autonomías locales y regionales, que fragmentaron la soberanía y a su vez dislocaron las antiguas jerarquías territoriales, dificultaban la unidad en tanto no compartían entre sí algún tipo de vínculo que pudiera servir para formar una república. En este sentido, se necesitaba de la construcción previa de esos vínculos, con el objetivo de identificar algún tipo de utilidad pública que permitiera ser el sostén de una forma republicana de gobierno. De este modo, el bien común de la república –que mencionáramos más arriba como centro de la propuesta de Bolívar– debía anteponerse al despliegue de la libertad de sus fracciones. De allí que en este ámbito de lo general, encontremos una oposición entre la organización centralista de la república que propone el Libertador y la posibilidad del federalismo, ya que desde esta concepción, el orden político se impone desde el centro hacia las fracciones.^[76]

En segundo lugar, convergiendo con lo anterior, en el despliegue del ámbito de lo particular existe otra dicotomía expresada en la oposición entre espíritu público e individualismo. ¿Cómo construir un criterio de utilidad pública en una sociedad atravesada por una heterogeneidad racial tan potencialmente conflictiva? Donde además, con la revolución se habían trastocado todos los cánones tradicionales de la segregación social, racial y política. Mestizos, aborígenes y hasta esclavos, sin importar si su involucramiento en el conflicto fuera por voluntad propia o producto de la coerción, fueron de algún modo interpelados por las ideas rectoras de libertad e igualdad que regían el proceso independentista, alterando la antigua estructura de poder interna de la sociedad y relajando la disciplina social.^[77] En este sentido, en el marco de esta gran heterogeneidad residiría la razón principal de la solución republicana, siendo el igualitarismo la mejor garantía de unión política y estabilidad.^[78] Sin embargo, el reconocimiento –formal– de los anhelos igualitarios de los pardos, mestizos y demás castas, no anulaba el hecho de que aquellos nuevos ciudadanos eran portadores de intereses, pasiones, deseos y preferencias diversas que –aunque deseables en toda sociedad liberal– eran un foco de dispersión que amenazaba a la república. De este modo, el federalismo se asociaría al despliegue de la individualidad, que desde la perspectiva republicana clásica, debía moderarse a fin de no poner en peligro la unidad de la república, de lo cual podría provenir la posibilidad de su disolución. En consecuencia, Bolívar percibía en el federalismo la posibilidad de desintegración del orden político, y por lo tanto, la pérdida de la república. De allí la necesidad de centralizar el poder como fórmula posible para el sostenimiento de la unidad que se había perdido con la desaparición del monarca, ya que la opción federal desplegada previamente no había resultado efectiva respecto de tal objetivo.^[79]

En atención a lo expuesto hasta ahora, tenemos que la propuesta republicana de Bolívar se caracterizaría por ser una organización política dirigida al bien común. A su vez se distingue de las formas antiguas y modernas de concebir la república puesto que, contradictoriamente respecto de ellas, limita las libertades del pueblo en función de evitar la disolución del nuevo gobierno. En este sentido, es que el modelo federal resulta incompatible con la república planteada por el Libertador, puesto que si bien es una fórmula que permitiría el ejercicio de la soberanía a los pueblos surgidos de la crisis monárquica, siendo un garante de la libertad adquirida y un freno hacia cualquier forma de despotismo, en el marco de una guerra inconclusa y con unos pueblos e individuos atravesados por una multiplicidad de intereses diversos no compatibles, su despliegue pondría en peligro la permanencia de la república, objetivo central del proyecto bolivariano. De esta forma, es posible entender la necesidad de Bolívar de amalgamar y uniformar el espíritu de unos individuos carentes de virtudes ciudadanas, lo cual se entrelaza con el despliegue de una organización y administración interna de carácter centralista, en la cual resuenan los ecos del republicanismo unitario francés, donde la configuración de un espíritu público único, donde idealmente la ciudadanía comparte uniformidad de intereses, pasiones, deseos y preferencias, funge como recurso para garantizar la unidad de la república. Asimismo, en la idea de la unidad se enuncia la importancia de que la vida política esté controlada por el ciudadano más virtuoso –garante de tal unidad y de la cancelación de todo foco de dispersión– quien despliega su poder político sobre los ciudadanos a los fines de que la república no se vea amenazada, como mencionáramos más arriba.^[80]

Retomando nuevamente la comparación con la propuesta de San Martín, encontramos otra vez similitudes respecto de la necesidad de sostener un gobierno unitario. En principio, hay que destacar que en ambos contextos los libertadores consideran que ni las élites ni los sectores populares pueden llevar adelante el proceso independentista. Utilizando el lenguaje bolivariano, en ambos casos se percibe la proliferación de intereses incompatibles respecto de un posible “bien común” que hilvane todo el territorio libertado en una unidad, a la vez que quienes estarían llamados a llevar adelante la emancipación, es decir los ciudadanos, son percibidos como carentes de virtudes e incapacitados para el ejercicio del gobierno, de tal modo, el pueblo es considerado fuente de anarquía y por lo tanto, vetado mayormente como sujeto de participación política. Asimismo, en ambos casos es posible observar que la unidad del poder nos remite a una concepción de la soberanía única e indivisible, en la cual los territorios y provincias se encontrarían subordinados a la misma, cancelando la posibilidad de pensar la soberanía desde una perspectiva plural. En este sentido, los libertadores son partidarios de la constitución de una soberanía nacional, a pesar de que la realidad los enfrenta sistemáticamente con territorios y provincias que la ejercen de manera territorial, oponiéndose de este modo a su concepción de unidad del poder y, por consiguiente, a su proyecto de nación. Por último, en el caso de San Martín, su propuesta de monarquizar está en línea con la necesidad de recrear la unidad de la cual la figura del monarca era un símbolo, a la vez que institucionalmente permitía la unicidad del poder ejecutivo, lo cual era imperativo en un contexto de guerra. Esta imaginación centralista y la concentración del poder que se derivan de la propuesta del Protector, es convergente con la necesidad de Bolívar de constituir un poder ejecutivo fuerte, tal como expresa en su discurso de Angostura. Veremos esto a continuación.

El poder ejecutivo y el senado hereditario. Concentración del poder y centralización del mando

Cuando el Libertador se dispone a describir la institución presidencial que imagina para la futura Colombia tuvo en cuenta las dificultades que enfrentó el ejecutivo diseñado por la constitución de 1811, ejercido por un triunvirato, creado a los fines de evitar una deriva despótica de tal poder. Tal formato resultó incompatible con la necesidad de tomar decisiones de manera rápida en un contexto convulsionado, pues efectivamente, aquella primera experiencia política que pretendió instituir una república federal, no logró estabilizarse en el tiempo. De acuerdo a lo expresado por Bolívar en Angostura, la república presenta “…la necesidad de atribuir a un magistrado republicano, una suma mayor de autoridad que la que posee un príncipe constitucional”.^[81] No obstante, eso no significaría “autorizar a un déspota para que tiranice la República, sino impedir que el despotismo deliberante sea la causa inmediata de un círculo de vicisitudes despóticas en que alternativamente la anarquía sea reemplazada por la oligarquía y por la monocracia”.^[82] La preocupación por la anarquía se vincula a la percepción negativa que el Libertador tiene del pueblo colombiano, pues carente de virtudes, el ejercicio de la soberanía por parte de este actor, podría atentar contra la permanencia de la república, de modo que colaboraría con su disolución. De allí que Bolívar proponga un poder ejecutivo particularmente fuerte, pues “nada es tan peligroso con respecto al pueblo, como la debilidad del Ejecutivo”.^[83] De este modo, la concentración de autoridad en esta magistratura suprema, tendría como objetivo convertirse en la garantía de la permanencia de la república. Es decir, el fortalecimiento del poder de uno, tendría la capacidad de sujetar los elementos heterogéneos que integran dicha república, permitiendo la unidad republicana que mencionáramos unos párrafos más arriba. De este modo, tal unidad se vincula en el pensamiento de Bolívar a la idea y a la posibilidad de la permanencia.^[84]

En el poder ejecutivo diseñado en Angostura se presenta una tensión entre las bases jurídico – políticas de la república y el voluntarismo de Bolívar, que en función de su razón ilustrada y en nombre del bienestar general, se embarca en el proyecto de construir una república y de sostenerla a través de su virtud, para lo cual necesitaría de un poder político ilimitado en atención a las limitaciones que encuentra en la comunidad política. Contradictoriamente, las prescripciones jurídico – políticas republicanas no concebían tal tipo de poder ilimitado, o un sumo poder, con excepción de una magistratura extraordinaria, nunca ilimitada, pensada solo para tiempos de crisis.^[85] No obstante, la propuesta de Bolívar en Angostura respecto del poder ejecutivo va más allá, pues su proyecto apuntaba a prescribir constitucionalmente, lo que Guerrero denomina como su “voluntarismo benefactor”, de modo que lo que él mismo consideraba como de utilidad pública, pudiera desplegarse sin encontrar oposición en algún tipo de obstáculo jurídico – político. Desde una perspectiva moderna y liberal podríamos decir que estamos frente a la institucionalización de un poder sin límites, regulado sólo por la virtud y prudencia de su titular.^[86]

Del análisis que hace Guerrero de los documentos donde el Libertador estructura el proyecto que presentará al Congreso, se desprende que las acciones del poder ejecutivo no están limitadas.^[87] En tales textos se percibe la división de poderes dentro del Estado, sin embargo no se observa un equilibrio entre ellos, puesto que se esboza que el titular del ejecutivo está escasamente sometido a contrapesos por parte de los otros poderes, con lo cual, siendo su principal función la conservación del orden, ésta queda estrechamente relacionada con el dictamen del voluntarismo benefactor del ciudadano más virtuoso. De este modo, si bien se propone la creación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, observando las funciones que le corresponden a cada uno, se vislumbra que existe una cierta sujeción del legislativo al ejecutivo y mayor peso de éste último sobre el primero. De allí que la autoridad del ejecutivo no aparece limitada de ninguna manera, llevando adelante un manejo discrecional de la autoridad, oponiéndose a aquella tradición del republicanismo clásico que buscaba constitucionalizar el sumo poder del magistrado solo para situaciones de emergencia, pues aquí se observa la potestad de ejercer un poder casi ilimitado en tiempos ordinarios.^[88]

Ahora bien, considerando que el sentido del republicanismo está centrado en el vivir libre, hay una clara incompatibilidad entre la república y el dominio de uno solo, sin embargo, en el argumento de Bolívar ese ejercicio de una autoridad ilimitada aparece como un deber cívico del ciudadano más virtuoso.^[89] En este punto, aludiendo a los aportes de Maquiavelo, Guerrero reconoce que hay un giro en la interpretación de la tradición republicana, ya que dicha tradición negaba la posibilidad de constituir una república donde los hombres fueran ineptos para el vivir libre. De hecho, se consideraba la imposibilidad de compelerlos a vivir por la fuerza dentro de la libertad, de allí que deberían constituirse bajo otra forma de dominación distinta. No obstante, en el pensamiento de Rousseau se admite la posibilidad de que quien no obedezca la voluntad general, sea obligado a ello por todo el cuerpo, de manera tal que se lo forzaría a entrar en el orden de la libertad. Es en este sentido en que debe comprenderse la posibilidad de que la república sea creada “desde arriba”, a partir de la voluntad del más virtuoso, cuya razón ilustrada debe dirigir el curso de la república, a la vez que debe obligar a los hombres a someterse a su voluntad, pues solo en este camino podrían ir progresivamente encontrando su libertad. Es así que tal imperativo admitiría un apartamiento de los principios configurados por el pensamiento liberal en torno a las bases jurídico – políticas de la república, ya que la concentración del poder político en manos del más virtuoso, devendría en utilidad pública pues podría obligar a los hombres a ser libres y por lo tanto aseguraría la existencia y permanencia de la república.^[90]

En paralelo al poder ejecutivo que acabamos de describir, en Angostura Bolívar presenta también su propuesta de senado hereditario. Tal como surge del análisis de Guerrero, si recordamos que la división de poderes propuesta por el Libertador no constituye un verdadero sistema de frenos y contrapesos, es posible considerar que tal senado se presenta como una estructura institucional cuyo objetivo es darle otro sustento al gobierno de uno, aparentando ante los ciudadanos ser un cuerpo intermedio que impide que el gobierno derive hacia el despotismo. En efecto, al igual que todos los elementos que venimos analizando, el objetivo de tal institución constitucional es hacer posible y permanente la construcción republicana, de modo que no es contrario a la argumentación presentada por el Libertador el hecho de que la función principal de ésta cámara del legislativo consista en permitir el despliegue de la autoridad suprema del ejecutivo, a partir de la cual se logrará sostener la unidad que hará posible la permanencia de la república.^[91]

En la versión del Libertador respecto del senado hereditario encontramos diversas fuentes intelectuales que incluyen la tradición republicana de la Roma antigua, la constitución británica y las ideas desarrolladas por Montesquieu, Rousseau y Benjamín Constant. Todos estos aportes resuenan en el debate suscitado por la propuesta constitucional de Bolívar presentada en 1819, siendo su fórmula una amalgama entre los mismos. De hecho, hay en su argumentación una construcción mixta que pretende una combinación entre republicanismos de carácter clásico y moderno, de modo que por momentos su teorización queda abierta a múltiples contradicciones que en ocasiones parecen insalvables. Concretamente, estaría buscando garantizar la libertad política (al estilo de los romanos) y la libertad civil e individual (de los modernos).^[92] Dice en Angostura: “Los senadores de Roma, y los Lores en Londres han sido las columnas más firmes sobre que han fundado el edificio de la libertad política y civil.”^[93]

En la propuesta del Senado se estaría representando a los mejores individuos, con capacidad de guiar a todos los otros que desconocen cómo realizar su propia utilidad. De esta forma, devendrían en una suerte de guía, conocedores del bien de la república e idóneos para corregir los desvíos de los ciudadanos en el ejercicio de la libertad, así como de los magistrados en ejercicio de la conducción de los asuntos públicos. Dice Bolívar: “Este Cuerpo en las tempestades políticas pararía los rayos del Gobierno, y rechazaría las olas populares.”^[94] Posicionado en un lugar de imparcialidad, y como una institución neutra “…para que pueda ser tal, no ha de deber su origen a la elección del Gobierno, ni a la del Pueblo, de modo que goce de una plenitud de independencia que ni tema, ni espere nada de estas dos fuentes de autoridad.”^[95] De allí su propuesta en torno a la condición hereditaria de los senadores.^[96]

En efecto, la republicanización de la herencia es un problema porque ciertamente resulta incompatible con el principio de igualdad sobre el que se sostiene la república. No obstante, no es la intención del Libertador instalar una prerrogativa de clase, por el contrario, nace como una demanda de la propia república que está creando en atención al bien común, que en este caso, se fundamenta en la permanencia del orden político. Lo que el Libertador estaría buscando es la incorporación de una institución que atienda a la conservación, a la par que pueda garantizar la estabilidad y la libertad, pues en la república lo permanente no se vincula con una institucionalidad concreta, sino que se sitúa en el plano de los valores, tradiciones y principios republicanos, que –como mencionáramos– no estarían incorporados en los sujetos llamados a habitar en tal orden. Es en este sentido que introduce la sucesión hereditaria, institución propia de otras formas políticas como la monarquía y la aristocracia, las cuales históricamente han encarnado el valor de la conservación y de la permanencia, lo que se constituye como la preocupación central en la propuesta republicana de Bolívar.^[97]

Inevitablemente, lo que surge de la incorporación de la sucesión hereditaria es la discusión en torno a la condición nobiliaria que adquirirían los futuros senadores. Si observamos las formas en las que se originan y renuevan los cargos senatoriales, inspiradas en un entrecruzamiento entre los principios republicanos clásico y moderno, parece imposible evadir tal discusión. En principio, la primera generación de senadores se fundaría sobre la base de algún tipo de distinción análoga a la de la república clásica, pues de acuerdo con Bolívar, se pretende otorgar el honor de ejercer esta magistratura a los generales de la república, quienes en función de su participación en las luchas independentistas, presentarían la (incomprobable) disposición virtuosa para consagrarse al bien común. Es su condición heroica, su experiencia, la que les permite acceder a esta distinción, que además les abre la puerta a la riqueza como recompensa en relación a sus servicios y heroicidad. No obstante, cuando se encarga de presentar su propuesta de sucesión, el Libertador parece inspirarse en el senado británico, donde la herencia se constituye como el principio renovador de la institucionalidad. Esta última tiene la particularidad de que no es el mérito, ni la virtud (que por otra parte no se hereda) lo que admite el acceso al cargo, aquí aparece la pertenencia a una clase como la condición de posibilidad para acceder a ésta magistratura, lo cual se constituye como una prerrogativa o privilegio de algunos pocos favorecidos, que en la idea de Bolívar, compensarían su posible falta de virtud con una educación ilustrada. Esto último, como ya mencionáramos, coloca necesariamente toda la argumentación en un terreno bastante resbaladizo respecto de uno de los principios sobre los que se funda la tradición republicana, es decir, la igualdad de los ciudadanos. De este modo, si bien la propuesta de Angostura pretende instituir la herencia de los senadores con el fin de separarlos del pueblo y del gobierno, para constituirse como un cuerpo imparcial frente a las vicisitudes políticas que puedan alterar el orden republicano, no puede evitar establecer una nobleza, que atendiendo a su propia conservación, terminaría contribuyendo a la permanencia de la propia construcción republicana. Aquí la argumentación queda inmersa en esta contradicción.^[98]

Respecto de las funciones del senado, estamos frente a la institucionalización de un poder legislativo bicameral donde la cámara de representantes y la de senadores no funcionan como contrapesos, por el contrario, Bolívar distingue al senado hereditario como la base del poder legislativo, reconociéndole una prerrogativa superior frente a los representantes del pueblo. Asimismo, plantea que es también la base del gobierno, con lo cual le asigna una fundamentación especial en el orden político pues funcionaría como contrapeso entre el gobierno y el pueblo. Desde el punto de vista de la tradición clásica, estamos frente a un poder neutral que mediaría entre ciudadanos y magistrados en momentos de conflicto. Concretamente, su rol sería el de limitar las libertades e individualidades, con el objeto de detener todas las “olas populares” que puedan desestabilizar el orden. Al ser el senado el depósito de la sabiduría de la república, serían sus miembros los encargados de determinar los verdaderos intereses de una ciudadanía que no es capaz de conocerlos por sí misma. En este punto, en su pensamiento resuenan los ecos de Montesquieu y Rousseau, quienes en sus teorizaciones sobre el senado romano reconocen que su función es conducir a los ciudadanos libres, quienes por momentos, podrían necesitar la guía de los más sabios para ejercer de manera correcta su libertad política. No obstante, como ya mencionáramos, para Bolívar la condición de ciudadano libre solo se deriva de la conducción que de él realice el senado, pensado como un consejo de sabios, quienes deben no solo refrenar sus pasiones peligrosas, sino que fundamentalmente debe revelarle a tales individuos cuáles son sus verdaderos intereses. De este modo, estamos frente a una institución limitadora de la libertad ciudadana, que en la propuesta del Libertador presenta utilidad en la medida en que contribuye a preservar la república. Desde una perspectiva liberal, que una élite se consagre al bien común supone todo un dilema respecto de sus intereses de clase. Nuevamente, la argumentación de Bolívar queda inmersa en una contradicción que, como ya dijéramos, intenta combinar valores clásicos y modernos que no siempre resultan compatibles entre sí.^[99]

Volviendo a las funciones del senado en relación con el poder ejecutivo, en tanto poder conservador, aparentemente tendría la función de contrapesar el sumo poder de quien encabeza la primera magistratura, con el objetivo de evitar cualquier exceso que ponga en riesgo la república. De acuerdo con Guerrero, en el pensamiento de Constant se le atribuye al senado hereditario la capacidad de impedir que el jefe de Estado degenere en déspota. No obstante, en el caso de la propuesta de Bolívar hay una particularidad digna de mención, ya que quienes son llamados a ocupar el cargo de senadores son los generales de la república, sobre los cuales el Libertador tendría un claro ascendiente. De esta forma, de constituirse el propio Bolívar como presidente, se podría pensar que sabría amortiguar el peso del senado para frenar la posibilidad de ejercer una dominación absoluta sobre el conjunto social.^[100]

En este sentido, imaginado como institución conservadora, el senado cumpliría meramente con una formalidad, es decir, su existencia supondría una limitación constitucionalmente establecida frente al poder del presidente de la república, ahora bien, en los hechos, la configuración por parte de Bolívar sobre ese senado, le permitiría incidir de manera directa sobre el mismo. De esta forma, lo central para la permanencia de la república en el diseño del Libertador es, concretamente, la magistratura suprema, aquella que concentra la suma mayor de autoridad. Tal poder necesita apoyarse al menos formalmente en una institución conservadora, es decir, el senado hereditario, siendo su fin permitir el despliegue de esa suma de autoridad concentrada en el ejecutivo, pues éste es el supremo interés de la república. De manera análoga, provee a la ciudadanía la idea de que esa autoridad no se desviará hacia un poder ilimitado y despótico, aunque esa facultad es realmente accesoria.^[101] Finalmente, tal como indica Bolívar en Angostura: “Nada es tan peligroso con respecto al Pueblo, como la debilidad del Ejecutivo, y si en un Reino, se ha juzgado necesario concederle tantas facultades, en una República son estas infinitamente más indispensables”.^[102]

En suma, de lo analizado podemos suponer que Bolívar se propone construir sobre la base del lenguaje del republicanismo, una suerte de dominación virtuosa de uno sobre todos. Tal tipo de dominio resultaría análogo al absolutismo en tanto hay un sometimiento general de todos a la voluntad de uno. No obstante, no podemos dejar de reconocer que en la propuesta del Libertador está presente de manera contundente la idea republicana de que el fin de la república es realizar el bien común y no el interés particular de quien domina. En este sentido, es que Guerrero identifica, siguiendo los aportes de Castro Leiva respecto de los lenguajes políticos del republicanismo hispanoamericano, la impronta del neoaristotelismo, pues la tiranía admitía la posibilidad de que la prudencia de un hombre virtuoso pueda conducir a aquellos incapaces para la vida cívica. Ahora bien, tal tipo de ejercicio del poder no era denominado república por Aristóteles, sino reino doméstico, donde la forma política derivada de tal dominación sería de carácter absoluto. Entonces, si bien la construcción intelectual de Bolívar en torno al diseño de la república resulta contradictoria respecto de las tradiciones republicanas, el Libertador plantea que frente a la resistencia que le ofrece la realidad, el orden republicano debe nacer de la acción del más virtuoso, quien finalmente obligue a los demás al vivir libre, es decir, instituyendo la república “desde arriba”, pues ésta no emana de manera espontánea de la sociedad. Como reconoce Guerrero, Bolívar procura fundar una república al tiempo que la niega, al menos mientras intenta que los hombres se conviertan en ciudadanos virtuosos, dando cuenta de este modo que su proyecto para el ejercicio de la libertad es uno por etapas y a largo plazo.^[103] De allí las restricciones a las libertades y a la participación política, la necesidad de la unidad en el territorio y frente a unos habitantes de carácter heterogéneo, con la institucionalización de un poder ejecutivo centralizado y con poder cuasi ilimitado a los fines de poder sostener el conjunto, hasta tanto el orden republicano se estabilice.

Conclusiones

En torno a los imaginarios

Al igual que sucede con la propuesta de San Martín, es posible observar en la república al estilo de Bolívar vasos comunicantes con el tipo de dominio absolutista. En efecto, como ya mencionáramos, la unidad y concentración del poder, la fortaleza del ejecutivo al mando, incluso la imagen de una soberanía indivisible, son todos elementos que nos remiten al sistema de referencias provisto por el imaginario borbónico. De hecho, si reintegramos ambas propuestas a un arco regional más amplio, tal como destacan Ossa y Rabinovich, la posición de los libertadores no se explica simplemente a partir de sus percepciones de la coyuntura local, sino que es parte de todo un proceso de reconcentración del poder que se inicia luego de los experimentos colegiados que tuvieron lugar en el Río de la Plata como en Chile o incluso en Venezuela y Nueva Granada. De hecho, la conformación de juntas y los triunviratos podrían ser considerados como momentos extraordinarios frente a la aparición de figuras que reconcentraban el poder político. En todos los casos, lo que se repite es que los elencos revolucionarios terminarán instalando un régimen muy parecido al que ellos mismos habían conocido y aceptado durante gran parte de su vida. Paradójicamente, el absolutismo contra el cual habían luchado, les sirvió como punto de partida para dar cauce y sentido a sus propias administraciones, de allí los poderes ejecutivos fuertes que observamos en toda la travesía revolucionaria sudamericana.^[104]

Desde el punto de vista de los imaginarios políticos, estamos frente a una estructura simbólica que persiste aún en el despliegue de la crisis. Efectivamente, a pesar de la revolución y de la aparición de los imaginarios pactistas, constitucionales y republicanos, la cultura regia no será destruida de forma inmediata, por el contrario, su manera de comprender y ejercer el poder político se presentará como una forma valedera de ejercicio del dominio, pues como observáramos, nuestros libertadores encontrarán en la tradición borbónica lenguajes, léxicos y representaciones que les permitirán entablar una discusión respecto de la legitimidad del poder. Tales aportaciones no suponen el intento de reedición de un pasado perdido, por el contrario, se resignifican y resemantizan en el nuevo contexto, donde adquieren una nueva valencia en el proceso de institución y consolidación de un nuevo orden político.^[105]

Por otro lado, este imaginario borbónico está en convivencia con otros, viejos y nuevos, superponiéndose. Esto se observa claramente en las propuestas analizadas de San Martín y Bolívar, pues allí conviven y cohabitan las ideas de autogobierno, libertad política y bien común, referencias propias de la tradición republicana, en conjunto con una forma de ejercicio del poder que se vincula con la cultura regia. En efecto, durante mucho tiempo el rey fue una figura central en el ejercicio del dominio político, con lo cual, a pesar de la revolución, no podía ser desplazado rápidamente. De hecho, con las experiencias de autogobierno se evidenciará la tensión provocada entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres. La figura regia y su significante cobrarán relevancia frente a la fragmentación política que ambos libertadores perciben como un problema y para cuya solución recurrieron a formas de organización del poder que les eran conocidas y que en tal contexto les resultaron operativas. De esta forma, aparecen los hombres fuertes, figuras concentradoras, líderes, que se convierten en una forma de representación y de ejercicio del poder apta para resolver los dilemas del orden y su estabilidad. Estos liderazgos, entre los cuales podemos ubicar a las figuras de San Martín y Bolívar, se apropian de la propuesta republicana, pero también resignifican formas de ejercicio del poder propias de la cultura borbónica, que se entremezclan con el republicanismo. Es así que ese liderazgo fuerte que ejercía formas decisionistas, se articulaba contradictoriamente con la posibilidad de la república, aunque constituía una garantía para la misma.^[106]

Finalmente, si nos remitimos concretamente a las formas de gobierno que proponen San Martín y Bolívar en el encuentro de Guayaquil, a simple vista, la propuesta monárquica como la propuesta republicana parecieran antagónicas y contradictorias. Sin embargo, si tenemos en cuenta la cohabitación de imaginarios esbozada más arriba, y en función del análisis que hemos hechos de sus propuestas, podemos concluir que los puntos en común son más que las diferencias.

El orden que no fue

Las reflexiones en torno al orden solo se hacen presentes cuando el curso ordinario de las cosas se altera y se admite el cuestionamiento de su validez como principio estructurador que da sentido a la vida en común. La crisis de la monarquía fue, efectivamente, un suceso que permitió que se abrieran discusiones acerca de la constitución del orden político, pues la ausencia del monarca inició un proceso de descomposición de una trama que –por lo menos durante tres siglos– había dado sentido a la acción de unos actores sociales que percibían en el rey a “un orden ordenante”.^[107] Su ausencia empujó a los hombres a discutir bajo qué condiciones se podría generar un nuevo tipo de dominio, para ello, hubieron de considerar el ethos virreinal, la localización de la soberanía y las fuentes de la legitimidad.^[108] Sin lugar a dudas, este es el sentido del diálogo que San Martín y Bolívar tuvieron en Guayaquil.

Como surge del documento analizado, donde se conectan la práctica política de nuestros protagonistas con la teoría política disponible, estos liderazgos se inscriben en las discusiones que el problema de la soberanía irá desplegando. Allí observamos cómo están pensando el momento de ruptura que están transitando y sus imaginaciones respecto de cómo producir un nuevo proyecto de organización de la sociedad. De este modo, mientras confluyen en Guayaquil e intentan delimitar las fronteras de un nuevo Estado, redefiniendo la soberanía de aquellos pueblos entre el despliegue de ejércitos y la búsqueda de consentimiento, también discuten la centralización / descentralización del poder; el sujeto que debe habitar el nuevo orden y, fundamentalmente, la propuesta republicana y monárquica de gobierno. De este modo, considerando la historia de los conceptos, los lenguajes disponibles y los imaginarios de la época, como ya observáramos, hay en su forma de interpretar la realidad y de actuar sobre ella, una apropiación de la propuesta republicana, como así también una resignificación de las formas de ejercicio del poder de la cultura borbónica.

Más allá de toda filiación política que podamos atribuirle a los actores, de la búsqueda de genealogías ideológicas u ortodoxias políticas, lo que se nos presenta en el diálogo que mantuvieron es mucho más que un rumbo político pensado para organizar el territorio independiente. En este sentido, no hay que perder de vista que hay una mirada sobre el “orden” que pone en el centro de la discusión los fundamentos del poder político. Básicamente, luego de diez años de revolución y guerra, además de lograr la definitiva derrota de los realistas, la preocupación de aquellos actores era cómo lograr la obediencia, es decir, cómo estabilizar el destino de la América independiente, considerando el despertar político del pueblo, aquél sujeto inventado al cual se apeló como nueva fuente de legitimidad.^[109] En efecto, los recursos simbólicos que despliegan para enmarcar los problemas políticos de la coyuntura sobre la cual están operando, y que podemos rastrear en toda una cultura política europea que se viene desplegando durante siglos, es una coacción estructural que pesa sobre los agentes a la hora de darle sentido a sus acciones, pero también es el material plástico disponible para recrear, resignificar e instituir una percepción determinada del mundo social y de las representaciones que legitiman un poder, en un nuevo contexto de enunciación. De esta forma, lejos de ser una continuidad de viejas tradiciones, podría ser considerado como un nuevo punto de partida.

Ahora bien, la conquista de la independencia y por lo tanto de la soberanía –hecho sobre el cual nuestros libertadores y sus ejércitos despliegan una labor determinante–, se enlaza, necesariamente, al concepto de orden. Básicamente, y como surge del documento analizado, el interrogante al cual buscan responder es ¿Cómo organizar el ejercicio de esa nueva potestad adquirida? Cómo viéramos, tanto San Martín como Bolívar coinciden en la idea de que la soberanía es nacional, de carácter centralizado, la participación y libertad política reducida a unos sectores muy limitados de la ciudadanía, sostenida por un gobierno de tipo unitario, con un poder ejecutivo fuerte. Como poder que logró imponerse en la guerra, estas miradas pretendían constituirse como el orden, de allí que todo lo que fuera contrario a su propuesta de organización de los nuevos estados, fuera calificado como desorden o anarquía. Si bien es cierto que como poder –en tanto orden– tenían un fin, es decir darle un cierre a la guerra y estabilizar el destino independiente de los nuevos espacios políticos nacidos de la revolución; no podemos dejar de reconocer que en los territorios que iban liberando había otras miradas y cierta resistencia a sus proyectos de organización, allí encontramos los focos realistas que aún pervivían en el subcontinente, las elites locales y los distintos pueblos que se desplegaban sobre el vasto territorio americano, cada uno con sus intereses particulares y su propia orden del día respecto de su nueva condición soberana.^[110]

Si consideramos que es el poder el que quiere constituir al orden, hay que reconocer que es el orden el que debe otorgarle legitimidad a ese poder, pues allí reside la condición de su permanencia y perdurabilidad. Concretamente, ni el proyecto de San Martín, ni el de Bolívar, lograron persistir en el tiempo. En efecto, el primero se retira del escenario de la guerra poco tiempo después de regresar de su encuentro con el Libertador, producto del golpe que en su ausencia fuera realizado sobre uno de sus principales colaboradores, Bernardo de Monteagudo, abandonando de esta forma su proyecto monarquista e iniciando su retiro de la vida política. El segundo, logra su aspiración de incorporar a Guayaquil a territorio colombiano, aunque poco tiempo después, la decisión de llevar la revolución más allá de las fronteras del Estado que había creado, lo coloca frente al complejo escenario que el propio San Martín no había podido controlar. Tal como sostiene Lynch, su avance sobre el Perú lo enfrentó a una sociedad que no estaba dispuesta a liberarse a sí misma y que era además renuente a que otros asumieran esa tarea.^[111] Contradictoriamente, fue percibido como invasor, aunque proclamado como dictador. Con todo, su férrea voluntad fue la que lo ayudó a atravesar la anarquía peruana y sus dotes de persuasión para con el gobierno colombiano, lo que le permitió organizar el ejército que en Junín y Ayacucho pondrá finalmente término a la guerra. Con la victoria, se abría ante sí un escenario distinto, pues la causa de la liberación había mutado hacia la necesidad de reconstrucción del Estado, que luego de su experiencia peruana y con las dificultades que observó del otro lado del Desaguadero, lo llevarán a perfeccionar su idea de que América necesitaba de un gobierno fuerte. Concretamente, esto se vio plasmado en su constitución para el gobierno de Bolivia, donde va más allá de lo propuesto en Angostura, siendo que buscará institucionalizar una presidencia vitalicia, proyecto del que estaba orgulloso, pero que fuera polémico entre sus contemporáneos. Finalmente, tras cinco años de estar ausente del territorio colombiano, encuentra a su regreso que la unión que había creado se tambaleaba, confirmando nuevamente la necesidad de concentrar la autoridad. Poco después, aun a pesar de sus infructuosos intentos por controlar la situación política, para 1830, su ambición de constituir un gran Estado se desintegrará en distintas unidades independientes. En este sentido, si consideramos los corolarios de las intervenciones de los dos libertadores, hay que reconocer que la percepción de ambos respecto de lo que debía ser el orden pos-revolucionario fracasó, pues no pasó la prueba del tiempo. Es decir, por un momento se constituyeron como un poder que logró imponerse en la guerra, pero que no logró su objetivo de institucionalizar el “orden” que imaginaban, siendo su principal logro el de la emancipación política del subcontinente.

Tal como venimos mencionando a lo largo de este trabajo, hay una forma de percibir la territorialidad por parte de nuestros protagonistas, vinculada al modo en que imaginan la cuestión de la soberanía y simbolizada en la concentración del poder que institucionalmente le otorgan a la autoridad ejecutiva, que termina constituyéndose como la marca de la imposibilidad de sus proyectos. Tal como señaláramos previamente, ambos sostenían una visión “integradora” a nivel territorial que chocaba con las verdaderas costumbres locales, atravesadas como estaban por las antiguas tradiciones del reino, las importantes experiencias de autogobierno vividas a lo largo de la época colonial y la fragmentación de las soberanías producto de la crisis monárquica. Es así que ni uno, ni el otro, con independencia de la política que buscaban imponer, pudieron dar cuenta de la dimensión histórica que atravesaba a la identidad americana.^[112] El caso de Guayaquil que abordáramos más arriba es paradigmático en este sentido, pues es una ciudad que declara su independencia, establece su propio gobierno y determina en su legislación la posibilidad de adherirse a una de las dos campañas libertadoras que la pretendían como parte de la nueva territorialidad en proceso de fundación, aun así, aunque con diferentes estilos –la imposición o la búsqueda del consentimiento–ambos buscan subordinarla y limitar ese ejercicio de soberanía que se desplegaba a nivel a local.

Siguiendo los aportes de Morelli, y extendiendo un poco sus conclusiones a otros espacios territoriales distintos del Ecuador actual, aunque colindantes con él, tanto las reformas borbónicas, como los sucesos que se abren a partir de 1808, en conjunto con la aplicación de la constitución de Cádiz, allí donde logró ser implementada, supusieron un refuerzo de los poderes de los cabildos locales, es decir, de instituciones propias del Antiguo Régimen, que en su despliegue a través de la crisis y la guerra fueron deslegitimando las capacidades del poder central. Este hecho dificultó la construcción de una soberanía única y centralizada, tal como se vislumbra en el fracaso de los proyectos de los libertadores, que no comprendieron o no quisieron admitir la importancia relativa de lo que la autora denomina como “los cuerpos intermediarios del imperio”.^[113] Efectivamente, será necesaria buena parte del siglo XIX para que el territorio se identificase con la nación como sujeto colectivo de imputación soberana, tal como imaginaban San Martín y Bolívar.^[114]

Básicamente, el problema que no supieron resolver fue el de la reconstrucción de la legitimidad de un nuevo poder central.^[115] En este sentido, la estrategia simbólica que puso en práctica San Martín buscó reconstruir la mística generada en torno a la figura del rey, apelando al afecto que los hombres que intentó gobernar sentían respecto de ciertas tradiciones políticas regias. De manera contraria, Bolívar intentó erigir nuevas representaciones a partir del discurso republicano para suscitar un nuevo amor político por las leyes y las autoridades, centrado en la virtud de quienes mandan. En ambos casos hay una búsqueda por establecer una nueva legitimidad y lealtad, sin embargo, como señala De Gori, “las lealtades son la composición y el resultado de una dinámica política que se despliega en el tiempo y, que a veces, no se corresponde con la vertiginosidad de la mudanza de un orden a otro”.^[116] Tendremos que esperar varios años para ver como se reconstituye el entramado social en torno a lo que será nominado como el Estado – nación. Paradójicamente, nuestros libertadores serán ellos mismos resignificados en ese proceso.

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