Los espejos se proyectan y se asemejan, pero también se distorsionan por su tamaño, por su convexidad, por su tiempo y por el espacio que ocupan, si bien siempre están reflejando lo que se les pone enfrente o hasta lo que no existe.

Los modelos de universidad, tanto por países como por regiones, se buscan y se asemejan, pero siempre están definidos por sus contextos y sus perspectivas de desarrollo y de sociedad. Hacer un paneo de estos modelos y tener apreciaciones de comparación resulta ahora casi inevitable, por la imbricación que se presenta entre ellos, por sus diferencias y por sus marcadas similitudes. La universidad siempre será la misma, en donde sea. Pero será y es, también, una institución que responde, resiste o se adecúa a los distintos contextos de su ubicación.

El Modelo Bolonia no está demostrando resultados a nivel de sus transferencias internacionales, cuando en los contextos locales y nacionales los discursos y políticas, prioridades y prácticas difieren de sus postulados, y no hay una linealidad en su aplicación. Tampoco hay otros modelos que se puedan emular, ni el asiático, ni aun el de capitalismo académico. Aparecen como extraños frente a una imagen cóncava, frente a lo que no es posible imaginar que se es uno.

Urge, por ello, pensar un modelo de integración y de transformación con mirada propia. Esto es lo que se avanza en el siguiente tramo de este trabajo.

Visión y estrategias de cambio para la universidad de América Latina y el Caribe

La corresponsabilidad de la universidad respeto de lo señalado con antelación tiene un doble propósito analítico: demostrar que es posible revertir un escenario como el que se vive, de atraso y falta de participación activa de las universidades públicas como actores centrales de un proceso de cambio, para plantear un escenario alternativo que busque de forma explícita y comprometida que el conocimiento y la innovación sean considerados como un bien público e instrumentos estratégicos para combatir la pobreza y la desigualdad, con el propósito de superar el rezago estructural de la deuda social en educación, e impulsar la democratización y la mayor participación de la sociedad civil desde políticas de Estado de amplio beneficio para la población.

La visión de un sistema de educación superior y universitario, tanto a nivel nacional como regional, para cubrir un periodo como el señalado, debe tener los siguientes componentes.

La educación superior debe pasar a constituir un sistema articulado entre sí, diversificado, cooperativo y complementario respecto del conjunto de los procesos de aprendizaje, producción y transferencia de conocimientos y desarrollo del talento nacional y regional; tendrá concurrencia con los referentes regionales e internacionales relacionados con los anteriores aspectos desde la perspectiva de la autonomía de las instituciones de educación superior y universidades, de su pertinencia, de su calidad y de la responsabilidad social que asume frente a la sociedad, al ser parte del sector que genera y difunde un valor social fundamental, como es el educativo al más alto nivel posible, para alcanzar los objetivos de una sociedad que privilegia la felicidad y el bienestar de los ciudadanos con identidad, equidad y progreso para todos.

Las funciones fundamentales de este sistema deben ser: a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan la aplicación específica de conocimientos, lenguajes y métodos para la creación científica y artística; c) la investigación y la innovación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de las humanidades y de las ciencias sociales, del arte y la cultura tanto nacional como de las comunidades y pueblos originales; d) la extensión y difusión de la cultura universitaria.

Este sistema de educación superior deberá estar regulado y evaluado de forma constante, bajo la dimensión y la visión del Estado (con las orientaciones, estrategias y objetivos del gobierno), para que, desde la plena libertad académica, su autonomía institucional y la diversidad de modelos que lo conforman pueda responder a las demandas de la sociedad en la que se desenvuelve y sea influida por una perspectiva dinámica, prospectiva y responsable.

Los fines educativos, de aprendizaje y conocimientos de bien público que se proponen en la reglamentación que le da vigencia a un sistema articulado e interactivo de educación superior son prioritarios, frente a otro tipo cualquiera de exigencias derivadas del mercado, del logro de intereses particulares o de lucro, y frente a modelos del exterior que pudieran ser concebidos como estándares de alto nivel.

El régimen académico que rige la implantación de los cambios en la educación superior que aquí se proponen busca elevar la calidad y la importancia de la formación profesional y técnica, los estudios de grado (o de licenciatura), los de posgrado y/o phd, de tal manera que puedan ser complementarios, articulados pedagógicamente y coadyuvantes a una formación integral del estudiante, sólida como ciudadano, plena como ser humano, y permanente para garantizar que sus capacidades y conocimientos alcanzados durante los distintos tramos de la escolaridad puedan ser elevados y perfeccionados de forma constante a lo largo de su vida.

Este régimen académico debe enfatizar los saberes, cultura, capacidades y conocimientos que permitan que el estudiante adquiera aprendizajes significativos para el saber cómo (learning to know) realizar el ejercicio de una profesión determinada y una sólida formación disciplinaria, trans- e interdisciplinaria, que le permita seguir aprendiendo durante su ejercicio profesional; un aprendizaje que permita el pleno desarrollo de su persona (learning to be), de su cultura, de su capacidad estética y humanística, de su capacidad para comprender el mundo en el que vive y participa y, de manera holística, que le permita desarrollar plenamente sus capacidades de comunicación, de crítica social, de relación social, de movilidad económica y bienestar con un sentido ético, solidario y transcultural. En síntesis, un aprendizaje genérico que le haga posible construir conocimientos y soluciones para enfrentar los problemas por venir (learning to become).

El régimen académico de este sistema de educación superior, se organizará para alcanzar grados de complementariedad a nivel regional, en sus primeros niveles (para el ámbito del grado ‒o licenciatura‒ y para los estudios técnicos superiores) en cuatros años; contará con dos años más de formación para la realización de una maestría, y con 3 o 4 años más para continuar su formación como investigador para alcanzar el phd o el doctorado. Este esquema podrá ser llevado a cabo de forma flexible y/o en tiempos definidos, en una institución o en varias, en correspondencia con las posibilidades de la movilidad académica que se vayan alcanzando.

Toda institución registrada como de educación superior y/o universitaria podrá organizar programas de estudio desde el plano de su autonomía, su pertinencia y su responsabilidad social, los cuales serán evaluados de manera permanente (una vez aprobados, dentro de rangos de entre 3 y 5 años) con procedimientos ágiles y expeditos (que se centren en lo esencial del curriculum y con el menor papeleo posible) contando con la voz y la voluntad de las comunidades académicas (pares) para autorizar su aplicación y durante determinado tiempo.

Este régimen académico deberá estar centrado en el logro de aprendizajes significativos en el estudiante y en la capacidad de los cuerpos colegiados y de docentes e investigadores para organizar múltiples ambientes de aprendizaje, con el fin de aprovechar la experiencia y el talento del profesor-investigador y de sus equipos de trabajo colegiados para apoyar al estudiante, y que le permitan organizar, construir y resolver problemas y retos cognitivos (reconociendo sus diferentes necesidades, intereses y aspiraciones) para que desarrolle todo su potencial, tanto en lo personal como en lo académico, y pueda expresarlo en conocimientos, saberes y competencias genéricas y específicas homologables y compartidas.

El tiempo del aprendizaje, por ello, será más intenso; se organizará el aprendizaje de lo imprescindible, de lo esencial, pero el estudiante podrá aprender más y mejor porque la selección de contenidos, métodos, lenguajes y técnicas que se distribuirán a lo largo y ancho de la curricula no estará determinada por la información que debe reconocerse o memorizarse, sino por la cantidad justa de saberes y por la capacidad para adquirir los procedimientos intelectuales (métodos, lenguajes y capacidades) y prácticos, para seguir aprendiendo (en correspondencia con lo que en su vida futura requiera y necesite) de forma activa como egresado, tanto para su desempeño laboral como para el pleno ejercicio de su ciudadanía, de su identidad y responsabilidad como parte de un sector crucial del país para la producción y transferencia de nuevos conocimientos. En este sentido adquiere particular importancia alcanzar el mayor grado de autonomía en el trabajo intelectual y práctico del alumno, desde la orientación y experiencia de sus profesores.

En este régimen académico deberá evitarse mantener o reproducir el esquema de fragmentación de conocimientos en disciplinas estancas e inamovibles, tanto como que esto se refleje en la organización y gestión de la investigación y de la docencia universitaria, y deberá propiciarse la gestión de conocimientos de frontera y una formación para lo largo de la vida. La universidad y las instituciones de tercer y cuarto grados deben brindar títulos que permitan la formación de un horizonte cultural, técnico y ciudadano muy amplios entre los estudiantes, que pueda ser completada durante toda la vida, y debe evitar reproducir las formaciones estrechas dirigidas a un conocimiento e información para cierto tiempo y espacio, y junto con ello la proliferación de títulos que no garantizan el sentido de la propuesta que se realiza. Se requiere detener la fragmentación del saber, y hacer proliferar la integración y articulación de los conocimientos.

Ante ello resulta relevante definir con toda claridad el tipo, carácter y alcance de la formación continua de las ies, de tal manera que puedan organizarse espacios de aprendizaje de actualización, reeducación permanentes y producción de conocimientos (i.e. posdoctorados) de alta calidad. La diversificación de estos procesos deberá estar plenamente garantizada, para que el estudiante pueda llegar hasta donde quiera y pueda, sin más limitaciones que las de su capacidad, mérito y voluntad.

Desde las anteriores perspectivas los créditos por asignatura y su acumulación por carreras no pueden estar sujetos al libre albedrío, sino establecer un sistema de equivalencias razonables entre estudios cursados a nivel nacional y aun a nivel regional e internacional. Este sistema debe privilegiar la contabilidad de horas de trabajo que se estiman necesarias para cumplir con objetivos cognitivos, y no con una simple acumulación de horas de clase o de supuestas actividades extracurriculares. Ello supone pasar de una normatividad que refleja el trabajo dicente más que el trabajo docente: el paradigma del aprendizaje, esto es, poner en el centro al estudiante, y desechar el trabajo único del aula y el de las asignaturas.

Para construir este sistema de créditos, el nuevo régimen académico debe transformar su sistema de evaluación para poder acreditar la adquisición del valor social de los conocimientos adquiridos, y no solo el paso y la trayectoria formal de ingreso-egreso de los estudiantes en el sistema escolar.

Esta forma de evaluación (interna) del sistema de educación superior debe centrarse en el logro de objetivos cognitivos y de aprendizaje por parte de los estudiantes, y superar la idea de que las pruebas deben basarse en equivalencias respecto de respuestas correctas a determinado tipo de ejercicios u opciones. El abanico a evaluar debe ser múltiple: en correspondencia con la asignatura o el módulo respectivo debe tomarse en cuenta el trabajo participativo en clase, los trabajos dirigidos sea individual o colectivamente, la demostración de un uso directo de los acervos bibliotecarios o en red, el aprendizaje grupal y cooperativo, el que se sustenta en proyectos, el uso creativo y orientado con nuevas tecnologías de la información y la multimedia, trabajo de laboratorio, talleres, seminarios, aprovechamiento de cursos en línea y otras actividades formativas.

La investigación universitaria debe estar orientada desde la perspectiva de su bien público y social, de manera que dote de un grado de identidad a cada institución y sea complementaria a la formación profesionalizante. Esta investigación no podrá tener fines utilitarios ni mercantiles, con las debidas adecuaciones que deben ser previstas de forma específica. El trabajo de investigación debe tender a realizarse en equipos de trabajo y colectivos académicos, sobre la disposición de fondos base para su realización, independientemente de su carácter básico o aplicado, con una adecuada flexibilidad en la gestión de ese presupuesto.

El carácter colectivo de la investigación de las universidades debe garantizar la formación de futuros investigadores, junto con la constante elevación de la calidad de la planta de profesores e investigadores existentes. Esto debe ser el componente fundamental de los programas de doctorado.

En una perspectiva más amplia, el trabajo doctoral universitario debe buscar orientarse hacia la proyección del proceso de generación y transferencia de conocimientos para la innovación social y el desarrollo económico de bienestar colectivo, objetivos a los que la universidad no puede estar ajena, y más aún deben ser objetivos desde el plano del ejercicio transparente de sus responsabilidades públicas, lo que implica centrarlos en la investigación en el interés social y de la población, difundiendo sus resultados de la forma más completa posible y sin ningún tipo de restricción.

Las investigaciones que impliquen la transferencia de conocimientos a empresas privadas deberán ubicarse en espacios de organización distintos a los universitarios, con estructuras administrativas diferentes y estilos de gestión adecuados.

Para el establecimiento de la carrera docente e investigativa, se deberán establecer categorías fijas para todos sus miembros, de modo que se garantice tanto la actividad docente como la investigativa. La superación del cuerpo académico deberá de ser obligatoria y no optativa, y la tabla económica (escalafón) deberá estar sustentada en este mejoramiento cualitativo de las actividades, relacionadas con la obtención de maestrías y doctorados, proyectos de formación, de investigación y de extensión y difusión de la cultura. La normatividad para el establecimiento de la carrera académica deberá contar con un estatuto específico.

Desde la perspectiva del autor, los temas fundamentales de la constitución de una agenda regional de transformación son los siguientes, para el periodo 2018-2030, y para de paso contribuir de forma decidida al logro de los Objetivos para un Desarrollo Sustentable (ods) planteados por la Organización de las Naciones Unidas, desde la educación superior:

1. Alcanzar una cobertura del grupo social de educación correspondiente del 70%, y revertir los niveles de desigualdad en el acceso y permanencia, incorporar sectores tradicionalmente excluidos con programas afirmativos y compensatorios, aumentar el número y tamaño de los estímulos económicos para permanecer en la escolaridad superior por medio de un amplio sistema de becas y por la vía de la creación de nuevas instituciones.
2. Impulsar la creación de nuevas carreras de tipo multi- o interdisciplinar, la formación y actualización de docentes, el mejoramiento de la infraestructura escolar y cultural con el objetivo de incidir en la calidad de los estudios, desde la perspectiva de su impacto social y de la relevancia y pertinencia de estos estudios en relación directa con los problemas fundamentales de la mayoría de los pueblos de América Latina y el Caribe.
3. Articular las nuevas tecnologías de impacto en la enseñanza superior, ampliar la conectividad y la extensión del uso de la computadora y de internet como medios para propiciar ambientes múltiples de aprendizaje, así como la generalización de cursos y programas en línea, desde la organización de equipos de trabajo con un enfoque crítico respecto del uso y manejo de estos medios tecnológicos.
4. Redefinir las actuales leyes nacionales y orgánicas de la educación superior, con modificaciones constitucionales o reglamentarias específicas para garantizar la autonomía, la libertad de cátedra, la gratuidad de la educación superior y la articulación e integración de los sistemas nacionales de educación superior en plataformas regionales universitarias. Esta nueva legislación debe contemplar una rigurosa regulación de las actividades y el desempeño de las instituciones y escuelas privadas y de ninguna manera permitir la existencia de instituciones con fines de lucro.
5. La educación superior debe ser predominantemente de carácter público, gratuito y con una alta pertinencia y responsabilidad social desde la perspectiva de asumir tareas nacionales y regionales, cooperativas y solidarias de integración, de tal manera que puedan conformarse redes dinámicas que compartan recursos materiales y humanos, colaboratorios, que establezcan lazos de voluntad creativa, compartan cursos, créditos y lleven a cabo una amplia movilidad educativa.
6. Que el conocimiento que se produzca y transfiera desde las universidades se oriente a combatir la pobreza, la desigualdad y la inequidad, a disminuir las brechas entre los países desarrollados y los menos desarrollados, que fortalezca la competitividad y la productividad de la región y de los países, desde el plano de una nueva cooperación horizontal y de políticas de corresponsabilidad con todos los actores y sectores de la educación y de la sociedad. Entre estos compromisos debe estar la formación de ciudadanos críticos y libres, con capacidades y competencias de alto nivel que puedan llevar a cabo un liderazgo en el fortalecimiento de la democracia y de la transformación social.
7. Las universidades deben fortalecer, actualizar e innovar en sus capacidades de investigación, sobre todo poniendo el foco en su base científica, en sus posgrados y con la extensión de su labor institucional en la sociedad. Principalmente, se deberá combatir con seriedad la fuga de cerebros y las políticas mercantilistas que ponen el conocimiento como un bien privado y mercantil.
8. Diversificar el financiamiento, pero sobre todo proponerse ampliar la base de recursos presupuestales desde una política de Estado que favorezca directamente la orientación de recursos hacia las prioridades nacionales y aun regionales, desde las instancias de cooperación multilaterales, como se ha mencionado con antelación.
9. Un enfoque de política educativa que ubique como eje fundamental de su quehacer la transformación del sistema nacional de educación, desde una visión prospectiva y de Estado, lo que supone poner en marcha medidas que hagan posible diseñar y construir los nuevos paradigmas pedagógicos, científicos y tecnológicos en los que está montada una sociedad del conocimiento con equidad e igualdad, de desarrollo humano y sustentable. Esto significa poner al frente tareas que tengan un alto impacto en la eliminación de los rezagos ancestrales, como para elevar los niveles de cobertura y calidad del conjunto del sistema educativo y científico, y proyectar una plataforma de creación de un nuevo sistema para el mediano y el largo plazo. Las universidades deben tener la mayor responsabilidad en orientar el sistema educativo en su conjunto desde su particular posicionamiento en la cúspide del sistema formal de educación de cada país. Ante ello, se propone el liderazgo de las universidades con el fin de:

1. 1. Atender a la población sin instrucción, desde dos planos diferenciados: el grupo de edad de tres a 14 años, y el de 15 años y más, por medio de procedimientos pedagógicos que combinen la educación formal con la no formal y la abierta, bajo la forma de un esquema curricular de articulación y multiplicación de medioambientes de aprendizaje, y potenciarlas con un gran uso y manejo de sistemas de información, de telecomunicaciones, de televisión, de radio y de todos los medios de comunicación de masa disponibles para organizar y fomentar las capacidades educativas de estas poblaciones.
   2. Impulsar una educación integral para el trabajo en la población de 15 años y más.
   3. Proyectar en correspondencia con las tasas anuales de incremento demográfico de los grupos de edad, el aumento y atención a la permanencia en el sistema educativo. De manera particular se deberá otorgar prioridad al aumento de la cobertura y atención a los grupos de educación media superior y superior de los sectores más excluidos de la población.
   4. Impulsar la universalización de la educación en todos sus niveles.
   5. Proponerse como meta específica para un periodo de 10 años la “universalización” de la educación media superior y superior.
   6. Ampliar los servicios escolares formales y no formales, así como alcanzar una elevación de la tasa de rendimiento y permanencia de la población en los estudios y en su propia educación superior a la tasa nacional. Comprender que la tarea no es solo educativa, sino también de orden social y económico, por lo que se deben poner en marcha programas compensatorios, de autoempleo, de organización social y de gobernabilidad ciudadana.
   7. Poner en marcha un proceso de reforma y cambio de la educación media superior, considerándola un espacio común de formación hacia el trabajo y la ciudadanía, la alta inteligencia y de desarrollo científico y tecnológico. Más que instituciones de difusión de conocimientos, las instituciones de este nivel se deben transformar en unas de producción y transferencia de conocimientos, de alto nivel de difusión de la cultura, de pertinencia y de vinculación con el contexto desde la investigación y la innovación. La pertinencia del trabajo académico se debe considerar el elemento central para valorar la calidad del servicio que se ofrece.
   8. Considerar a la ciencia y la tecnología como los componentes estratégicos de articulación de una sociedad del conocimiento con democracia y bienestar, y ello se deb hacer patente en una política de Estado y en los incrementos presupuestales hacia la investigación estratégica de forma irreductible.

Así, ubicadas como instituciones de gran trascendencia para fines de desarrollo económico, cultural y social, las expectativas que se ciernen sobre las universidades están provocando presiones sin límites, la redefinición de políticas y planes, la frecuencia de programas y alternativas en la búsqueda de nuevos modelos de organización.

Lo anterior plantea la posibilidad de constituir un escenario de nueva reforma universitaria que apunta a una mayor cooperación horizontal entre instituciones y sectores, que se estructura en redes y en espacios comunitarios y trabaja en colaboración, sin perder su identidad institucional.

Este escenario de transformación, que buscaría impulsar un modelo alternativo de universidad (caracterizado por la producción y transferencia del valor social de los conocimientos y por la pertinencia de las tareas académicas de la universidad), se sostiene en la organización de estructuras y procesos académicos en redes y en la cooperación horizontal que da prioridad a los proyectos conjuntos (o interinstitucionales), a la más amplia movilidad ocupacional del personal académico y de los estudiantes, a la homologación de cursos y títulos, a la coparticipación de recursos y a una orientación educativa social solidaria. Los valores educativos se comparten y se concentran más en el cambio de contenidos del conocimiento y las disciplinas, en la creación de nuevas habilidades y capacidades sociales, que buscan relacionar prioridades nacionales o regionales con el trabajo en nuevas áreas del conocimiento y en la innovación para diversificar el riesgo. Este escenario se sostiene en la intensificación de la participación de las comunidades y en el incremento diversificado en la obtención de recursos.

Una sociedad del conocimiento debe ser justa, democrática y plural, en donde los problemas son definidos desde los distintos contextos de aplicación, orientada a la construcción y fortalecimiento de las redes socioculturales de innovación.

El eje prioritario de las políticas educativas está, por lo tanto, asociado a la discusión del conocimiento en contextos de educación y formación, tan crucial para el aprendizaje de saberes, actitudes, valores y comportamientos. En consecuencia, se vuelve esencial ya no solo la adquisición de conocimiento, sino la capacidad para poder utilizar dicho conocimiento en los contextos apropiados (OEI, 2020: 22).

Esto supone la idea de una universidad de innovación con pertinencia social. Se trata de vislumbrar la posibilidad de una institución social activa y dinámica, sustentada en la formación de trabajadores activos, productores e innovadores del conocimiento, con un alto nivel, compromiso y responsabilidad con el cambio social, la democracia, la paz y el desarrollo sustentable. Es una universidad en donde la calidad social del valor de los conocimientos que genera y transfiere se presenta como un principio organizativo, como el eje de sus cambios ubicado en el carácter de sus procesos educativos y en el perfil de una institución que responde tanto a los retos que plantean la transición democrática y como un desarrollo con bienestar.