Soledad Salvador^[1]

1. Introducción

En el presente capítulo, se busca mostrar cómo el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en Uruguay intenta revertir las desigualdades de género en el mercado laboral. Para ello, el SNIC se propuso desarrollar un modelo corresponsable donde Estado, mercado, familia y comunidad provean servicios y prestaciones de cuidados que reconozcan y reduzcan la carga del trabajo no remunerado que realizan las mujeres, e involucren a los varones en la provisión de los cuidados.

La evidencia demuestra que más allá del incremento en la participación laboral femenina desde los años noventa, la segmentación estructural de los mercados de trabajo y la segregación ocupacional refuerzan las desigualdades sociales y de género. Para transformar esa realidad, se requieren acciones que promuevan una provisión de cuidados más equitativa entre sexos y entre instituciones (Estado, mercado, familia y comunidad). Por ello, no basta con la provisión institucional, sino que también se requiere un cambio cultural que garantice esas transformaciones.

En el marco de la situación actual de crisis y restricciones fiscales, dependerá de los recursos y el enfoque que se le asigne a la política de cuidados para poder continuar en el sendero que se proponía lograr esos cambios.

2. La creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados para transformar la división sexual del trabajo

La creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) fue una apuesta de las organizaciones sociales y académicas feministas para transformar las relaciones de género que reproducen la desigualdad económica y social. La evidencia disponible mostraba claramente cómo la invisibilización del rol de las mujeres como cuidadoras ocultaba una carga de trabajo no remunerado que dificultaba el logro de la justicia social.

Las mujeres habían incrementado significativamente su participación en el mercado laboral, pero en base a un modelo de trabajador ideal (“aquel sin responsabilidades familiares”) que no se condice con las responsabilidades asignadas socialmente. Uruguay tiene una de las tasas de actividad más elevadas de la región (en torno al 55 %), que tuvo un impulso significativo en los años noventa, pero tendió a estancarse a partir de la segunda mitad de los 2000. Probablemente ese estancamiento responda a factores similares a los que se registran en otros países de América Latina que refieren a las dificultades que enfrentan las mujeres de estratos más bajos para resolver las necesidades de cuidados (Gasparini y Marchionni, 2015).

A su vez, la inserción laboral femenina sigue presentando signos de discriminación (persiste la segregación ocupacional y la brecha salarial), y la segmentación que resulta de la heterogeneidad productiva refuerza esas desigualdades. Los estudios muestran que no sólo la discriminación se basa en estereotipos de género que mantienen a las mujeres concentradas en determinados puestos de trabajo (segregación ocupacional vertical y horizontal), sino que para que las mujeres puedan acceder a empleos en el sector formal y con mayores niveles de productividad es necesario transformar la bases que sustentan y reproducen esa desigualdad. Ello implica transitar a una sociedad corresponsable con los cuidados.

En ese marco, la ley de creación del SNIC (N.º 19.353) plantea que el sistema tiene

el objetivo de generar un modelo corresponsable de cuidados, entre familias, Estado, comunidad y mercado; y especialmente entre varones y mujeres, para que uruguayas y uruguayos podamos compartir equitativamente nuestras responsabilidades de cuidados, apuntando así a superar la injusta división sexual del trabajo que históricamente y aún hoy caracteriza a nuestra sociedad. Por ello —y a demanda de la propia sociedad civil— también quienes cuidan, en su enorme mayoría mujeres, son integradas desde una perspectiva de género como sujeto activo de derechos.

Así lo expresa el Plan Nacional de Cuidados 2016-2020, que fue elaborado y aprobado por la Junta Nacional de Cuidados en diciembre de 2015, luego de la aprobación y promulgación de la Ley de Cuidados (N.° 19.353). Esta ley fue aprobada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Ello podría suponer una cierta estabilidad de la política, más allá de los cambios de gobierno.

3. Prestaciones del SNIC que favorecen la inserción laboral femenina^[2]

Las principales acciones y prestaciones que desarrolló el Plan de Cuidados 2016-2020 para contribuir con la participación laboral femenina son:

• Servicios de cuidados para la primera infancia.
• Servicios de cuidados para niños y niñas de 0 a 12 años en centros educativos y lugares de trabajo.
• El Programa de Asistentes Personales para atender a la población en situación de dependencia severa.
• Promoción de cláusulas de corresponsabilidad en los cuidados en la negociación colectiva.
• Campaña para promover el uso del subsidio de medio horario para el cuidado de los recién nacidos por parte de los varones (Ley N.º 19.161).

3.1. Servicios de cuidados para la primera infancia

El desarrollo de los servicios de cuidados para la primera infancia se propuso: a) lograr la universalización de la oferta de cuidado educativo para niños/as de 3 años, muy en particular a través de la ampliación de la oferta de jardines públicos; y b) ampliación de la oferta (en cobertura y modalidades) de cuidados para niños y niñas de 0 a 2 años. En particular, el aumento y diversidad de la oferta para niños/as de 0 a 2 años, se ha dado mediante la creación de nuevos centros CAIF^[3], financiados con fondos públicos, pero gestionados por organizaciones no gubernamentales. En el marco del SNIC, los CAIF comienzan a ofrecer atención diaria a niños/as de 1 año (antes sólo participaban del Programa de estimulación oportuna, donde asistían con la persona adulta referente dos veces a la semana).

Además, se instalaron otras modalidades de atención, como las Casas Comunitarias de Cuidados^[4], que buscan resolver las necesidades de cuidados de madres que trabajan durante una jornada de hasta 8 horas diarias. El servicio se desarrolla en el hogar de la persona que cuida o en un espacio físico comunitario habilitado para tal fin.

También se viene implementando un sistema de Becas de Inclusión Socioeducativa (BIS)^[5] para la inclusión de niños y niñas de hasta 2 años (excepcionalmente 3) en Centros privados cuando no existe oferta pública disponible. El programa está dirigido a familias integradas a los programas de Acompañamiento Familiar del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y atiende en promedio 1200 familias por año.

Los datos disponibles hasta el momento sobre el aumento de la cobertura pública para niños y niñas de 0 a 3 años pasaron del 33,1 % en 2014, al 43,1 % en 2019. Por su parte, la cobertura privada se ha reducido por un efecto desplazamiento del sector privado al público, con lo cual el ritmo de crecimiento de la cobertura global es menor (48,6 % en 2014, a 53,3% en 2018^[6]).

3.2. Servicios de cuidados para niños y niñas de 0 a 12 años en centros educativos y lugares de trabajo

Se han instalado los Centros SIEMPRE, en acuerdo con sindicatos y empresas^[7] que brindan atención a niños y niñas de 0 a 12 años durante la jornada laboral de los padres y madres. El servicio está abierto hasta 12 horas diarias (procurando que cada niño/a no permanezca más de 8 horas). La empresa o sindicato proporcionan la infraestructura, su mantenimiento y el equipamiento inicial para que el servicio pueda implementarse. El Estado proporciona los gastos correspondientes a los recursos humanos requeridos para el funcionamiento del servicio.

Por otra parte, se elaboró una hoja de ruta entre los responsables de la educación y los cuidados (CODICEN, INAU, SNC) para la atención de madres y padres estudiantes de enseñanza media. En este marco, están abiertos seis centros de cuidado infantil para hijos/as de estudiantes que poseen la particularidad de brindar atención en horarios nocturnos.

También se empezaron a desarrollar espacios para el cuidado de hijos e hijas de estudiantes de la enseñanza media^[8]. Se trata de servicios socioeducativos cercanos a centros educativos de la Administración Nacional de Educación Pública (liceos y UTU^[9]) que brindan cobertura en horarios en que los centros de atención a la infancia no poseen cobertura. El propósito es mantener la continuidad educativa de sus padres y madres.

La atención en Espacios de Cuidado y Educación para hijos/as de estudiantes de enseñanza media pasó de 30 a 127 entre 2017 y 2019, y la atención en los Centros SIEMPRE aumentó de 554 en 2018 a 792 en diciembre de 2019. (Sistema de Cuidados, 2020a).

3.3. Programa de Asistentes Personales (AP)

El Programa de Asistentes Personales (AP)^[10] busca atender a la población en situación de dependencia severa. Dicho programa busca facilitar el acceso a la contratación de cuidados y/o asistencia de calidad para personas en situación de dependencia severa. La valoración del nivel de dependencia se realiza a través de un baremo que hasta el momento sólo ha considerado las limitaciones, las necesidades de ayudas y la frecuencia de los apoyos de la persona que requiere los cuidados. Pero, las organizaciones feministas presentes en el Comité Consultivo de Cuidados hemos planteado que dicho baremo no contempla la perspectiva de género porque se centra en la persona que requiere los cuidados, y no considera las redes de apoyo, ni la carga de cuidados sobre las cuidadoras principales. Con ese motivo, se está realizando un estudio y se va a implementar una encuesta para definir una medida que incluya la carga de la dependencia de la persona que cuida.

El programa ofrece un subsidio para la contratación de un asistente personal, habilitado por el SNIC, durante 80 horas mensuales. La habilitación del AP puede realizarse por tres vías: los cursos de formación, la validación de saberes o la certificación de competencias laborales. El subsidio puede ser del 0 %, 33 %, 67 % o 100 %, según el nivel de ingresos per cápita del hogar y la carga de cuidados.

La implementación del programa es gradual, por lo cual hay límites en los rangos etarios de quienes solicitan el servicio. Actualmente, sólo pueden solicitarlos quienes tienen menos de 30 años o son mayores de 80. La cobertura actual es 6.370 personas (abril 2020). De ese total, el 40 % son mayores de 80 años, y cerca del 30 % están en la edad de escolarización obligatoria (entre 6 y 14 años). Un tema relevante es que el programa ha habilitado la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el sistema formal de enseñanza primaria y secundaria, lo cual genera discusión entre quienes promovimos el sistema para reducir el trabajo no remunerado en el hogar.

3.4. Cláusulas de corresponsabilidad en los cuidados en la negociación colectiva

El decreto N.º 439 (Dic/2016), que define el catálogo de servicios, programas y prestaciones que brinda el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), plantea como medidas de corresponsabilidad (Art. 29):

– Medidas de asignación de tiempo: acciones para facilitar al trabajador o trabajadora la disponibilidad de tiempo para el cuidado, que son:
a) Licencias parentales
b) Licencias para cuidado de familiares en situación de dependencia
c) Flexibilidad horaria
– Medidas de acceso a servicios, que consisten en acciones destinadas a facilitar al trabajador y/o estudiante el acceso a servicios de cuidados, por medio de apoyos materiales o económicos, beneficios en convenios con prestadores de servicios, entre otros.

Desde la reinstalación de los Consejos de Salarios^[11] en el año 2005, se restablece la negociación tripartita (entre Estado, empleadores y trabajadores) sobre salarios y condiciones de trabajo. Para la Secretaría de Cuidados, ése es el ámbito natural donde deben impulsarse estas medidas de corresponsabilidad. La experiencia demuestra que hasta el momento el avance ha sido lento. El impulso se dio a partir de la Cuarta Ronda de Negociación Colectiva (2010), lo cual coincide con el momento en que se empieza a desarrollar a nivel gubernamental la idea de implementar un sistema de cuidados.

Originalmente las más negociadas se referían a las licencias por paternidad y medidas de protección a la maternidad y la lactancia. A partir de la Cuarta Ronda, empiezan a adquirir mayor relevancia las licencias especiales para cuidados de hijos o personas en situación de dependencia o enfermedad, así como algunas referidas a la flexibilización de la jornada laboral o permiso de ausentismo para atender responsabilidades familiares.

Un tema para tener en cuenta es que estas licencias a veces estaban dirigidas sólo a las mujeres, lo cual no contribuía con la corresponsabilidad de género en los cuidados. Lo mismo si la instalación de guarderías está ligada a la cantidad de mujeres empleadas en la empresa. Ello refuerza el rol de la mujer como cuidadora, no busca transformar la división sexual del trabajo y puede generar desestimulo en la contratación de mujeres, cuando en realidad los cuidados deben ser responsabilidad de toda la sociedad.

Para estimular la inclusión de estas cláusulas, en mayo de 2018, previo al inicio de la Séptima Ronda de Consejos de Salarios, el PIT-CNT presentó sus recomendaciones sobre el tipo de cláusulas que se podrían acordar en relación con licencias para el cuidado de hijos e hijas, otros familiares directos con discapacidad o con enfermedades crónicas o terminales, en caso de enfermedad, consulta médica o internación. El avance fue significativo en la cantidad de sindicatos que incluyeron medidas de este tipo, pero aún resta avanzar en la ampliación de las poblaciones objetivo y las causales para hacer uso de los beneficios. El avance fue menor en relación con la instalación o pago de servicios para resolver los cuidados en horario de trabajo, y en medidas de flexibilización de la jornada laboral por razones de cuidados.^[12]

Hay pocos estudios que analizan los avances y los impactos de estas cláusulas de corresponsabilidad en los cuidados. Un trabajo reciente (Salvador y Alles, 2018) muestra que este tipo de medidas contribuyen a reducir el estrés que generan los cuidados a los trabajadores y trabajadoras cuando se solapan con las responsabilidades laborales. Esas circunstancias son: los períodos de vacaciones escolares o de adaptación en la etapa inicial de escolarización, y las sesiones de terapia para niños con discapacidad. El resultado de transparentar la situación y obtener un permiso para conciliar ambas responsabilidades, contribuye a mejorar la productividad del trabajador o trabajadora, y el clima laboral en la empresa.

3.5. Campaña para promover el uso del subsidio de medio horario por parte de los varones

Se desarrolló la campaña “Papás por más horas”^[13], donde los protagonistas son los varones que cuidaron a sus bebés y narran sus vivencias y visiones para incentivar el uso del subsidio de medio horario para el cuidado de los recién nacidos (Ley 19.161). Dicho subsidio abarca el período desde que finaliza la licencia por maternidad (14 semanas) hasta los seis meses del bebé, y puede ser utilizado por padre y/o madre en forma alternada.

El estudio realizado por Batthyány, Genta y Perrota (2018) muestra que el 97 % de las posibles beneficiarias hace uso del subsidio por maternidad, mientras que el 83 % de los varones hacen uso de la licencia por paternidad. A su vez, respecto al uso del medio horario para el cuidado de los recién nacidos, el 70 % de las mujeres lo solicita, pero entre los varones el uso es muy reducido. Según las estadísticas del BPS, sólo el 3 % de los que la solicitan son hombres. Por lo tanto, hay que trabajar más en la apropiación y el ejercicio de este derecho.

Batthyány, Genta y Perrota (2018) también concluyen que: las licencias por paternidad se utilizan cada vez más entre los trabajadores más jóvenes (18 a 29 años), el subsidio de medio horario se utiliza más entre las mujeres de mayor nivel educativo y socioeconómico; y entre las razones para no hacer uso del medio horario por los varones, están las vinculadas a los roles de género por superponerse con el período de lactancia materna exclusiva y concebir a la mujer como la mejor cuidadora; y entre las mujeres, las razones del no uso se vinculan a los costos que impone el mercado laboral por pérdida de ingresos, o perjuicios en la dinámica de trabajo.

Hay que tener en cuenta que existen ciertos requisitos que limitan el uso del beneficio por los varones, ya que los hombres tienen derecho al uso si su pareja está ocupada, y en la implementación se está condicionando el uso a que ella esté bajo el mismo régimen laboral, o sea que ambos deben pertenecer al sector privado para que el varón pueda solicitar el beneficio. Estas limitantes deben modificarse, y para ello la Secretaría de Cuidados estuvo elaborando una reforma al régimen legal vigente, pero aún no se ha llevado a cabo. La propuesta original no consideraba limitantes en relación con la situación laboral de la pareja y proponía que el medio horario pudiera utilizarse en forma simultánea por ambos padres ya que, de esa forma, podían cubrir los cuidados del bebé durante toda la jornada laboral.

4. El triple dividendo de la inversión en cuidados

Como plantean CEPAL y ONU Mujeres (2020)^[14], la inversión en cuidados genera un triple dividendo. En primer lugar, facilitan la participación laboral de las mujeres porque permiten su inserción en el mercado laboral y mejoran la inserción de quienes ya están ocupadas. Existe una fuerte correlación entre la participación de la mujer en la fuerza laboral y los servicios de cuidado infantil disponibles y asequibles. Pero, para que el apoyo sea eficaz, la prestación de servicios no sólo debe ser confiable en términos de seguridad y calidad, sino también compatible con las necesidades de los padres y madres que trabajan en términos de la ubicación de los servicios y el horario de atención. Mantener a las mujeres en la fuerza laboral también genera beneficios en términos de ingresos familiares, que pueden ayudar a mantener los patrones de consumo, respaldar la reactivación económica y generar ingresos adicionales para el Estado en forma de impuestos sobre la renta y el consumo. También tiene efectos sobre los sistemas de seguridad social que están en crisis por el aumento del envejecimiento poblacional y el aumento en la tasa de dependencia económica (relación entre población activa y pasiva).

En segundo lugar, los cuidados y la educación inicial mejoran el desarrollo de las capacidades físicas y cognitivas de los niños y niñas, que tiene un efecto importante en el sistema educativo porque reduce los índices de repetición y deserción escolar, y su impacto llega hasta la edad adulta mejorando sus perspectivas de empleo e ingresos. En relación con la población dependiente (por vejez o discapacidad), la asistencia en los cuidados promueve la autonomía personal, generando derechos a la participación en distintos ámbitos de la vida pública (inclusión educativa, empleo, participación política, entre otros).

En tercer lugar, la inversión en cuidados es intensiva en la generación de empleo, y en la medida en que la oferta sea pública o esté bien regulada, genera empleos de calidad. Tanto los cuidados para la infancia como los servicios de cuidados a la población dependiente, e incluso el trabajo doméstico, generan empleo altamente feminizado para quienes poseen un nivel educativo medio y bajo. A su vez, las políticas de cuidados contribuyen a la profesionalización y certificación de capacidades de quienes ya poseen un empleo remunerado en el sector, aumentando sus competencias laborales, su salario y su productividad. Por su parte, la regulación y formalización del sector contribuye a la generación de ingresos tributarios y al fortalecimiento de los sistemas de seguridad social.

En Uruguay, con anterioridad a la instalación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), se venían desarrollando investigaciones que mostraban la interrelación entre el cuidado infantil y la participación laboral femenina. Espino y otros (2009, 2014) encuentran que entre los principales factores que influyen en la decisión de participar en el mercado de trabajo está la presencia de hijos menores en el hogar, lo cual tiene especial peso para las mujeres casadas. Batthyány, Cabrera y Scuro (2007), por su parte, notan una correlación entre la asistencia a servicios de cuidado infantil de los menores del hogar y la participación laboral femenina.

Batthyány y otros (2017) analizan en profundidad las estrategias de cuidado de los hogares (en base a la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud 2013), y anotan que en numerosas ocasiones las mujeres, ante la falta de políticas, asumen en forma individual los costos del cuidado, abandonando momentánea o definitivamente el mercado laboral. A su vez, el tiempo de interrupción en el mercado de trabajo se incrementa en el caso de las mujeres pobres y menos educadas, quienes pasan períodos más largos fuera del mercado. Esto condiciona su reinserción futura y su trayectoria, siendo con frecuencia el comienzo de la vida en pareja, el embarazo y los cuidados de niños/as hitos que interrumpen la trayectoria laboral de las mujeres.

También los estudios sobre representaciones sociales del cuidado evidenciaban una fuerte estratificación socioeconómica, ya que la división sexual del trabajo y los contratos de género son más rígidos y tradicionales en los hogares de menor nivel socioeconómico (Batthyány; Genta; Perrota, 2013). Ello mostraba que, más allá de la expansión de los servicios, hay que trabajar en el fortalecimiento del cambio cultural para una mayor igualdad. En ello no sólo intervienen las concepciones de las familias, sino también del saber experto (educadores y pediatras) que muchas veces recomiendan el cuidado familiar para los primeros años de vida. También, parte del discurso familista puede ser una preferencia adaptativa por no haber experimentado la posibilidad de contar con centros de cuidados o personas externas al hogar (del Estado o el mercado) para los cuidados de niños/as. Por ello, la expansión de los servicios puede generar un cambio en las concepciones sobre el cuidado infantil.

En el marco de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y de la propuesta de expansión de los centros de cuidado infantil, se realizaron diferentes evaluaciones de impacto ex-ante (Araya et al., 2011, Tenembaum, 2011) y ex-post (Nollenberg y Perazzo, 2016; Vera, 2019; de los Santos y Salvador, 2018). En general, se evidenciaba un impacto positivo de la expansión de los servicios de cuidado infantil sobre la participación laboral de las madres.

Araya, Colacce y Vázquez (2011) encuentran que, si se expande la cobertura a tiempo parcial para niños y niñas de 2 y 3 años, ello podría tener un aumento de la participación laboral de las madres en 6,6 puntos porcentuales. Tenembaum (2011) evalúa el posible impacto de diseños alternativos de políticas orientadas a los hogares con niños menores de 3 años sobre la oferta laboral de los padres, la pobreza y la desigualdad. Los resultados indican que la más eficiente es la ampliación de la oferta pública de centros de cuidados infantiles, al incentivar una mayor dedicación laboral de las mujeres y, al mismo tiempo, generar una reducción significativa de los niveles de pobreza.

Nollenberg y Perazzo (2016) estiman los efectos de la expansión en la provisión de plazas públicas a nivel prescolar para niños de 4 y 5 años, que se realizó a mediados de la década de 1990, sobre la participación de las madres en el mercado de trabajo. La evidencia muestra que el efecto no fue significativo porque se verificó un efecto desplazamiento entre el sector público y privado, y de hijos de madres con altas calificaciones. Por lo cual, concluyen que la política habría sido mucho más efectiva sobre el empleo y la actividad laboral si hubiera incrementado la asistencia de hijos de madres con bajas calificaciones. Esta investigación fue un buen insumo en el momento de expandir la oferta de servicios de cuidado para los niños de 0 a 3 años, ya que se verifica también un efecto desplazamiento; pero, de todas formas, la focalización de los programas públicos para los más pequeños permite también llegar más efectivamente a quienes están fuera del sistema.

Vera (2019) estudia el efecto de la ampliación de la oferta pública de servicios de cuidados para niños de 0 a 3 años en el período 2010-2016 sobre las decisiones laborales de las atributarias de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM PE) y encuentra que la ampliación de plazas para 3 años tiene efectos positivos y significativos sobre la asistencia de los niños, y sobre la participación laboral y el empleo de las atributarias de menor nivel educativo (aumentando la probabilidad de participación y de empleo 40 y 35 puntos respectivamente). La autora concluye que:

los resultados indican que a la hora de analizar los efectos tanto sobre la asistencia como sobre las decisiones laborales, la edad del niño incide de forma positiva aumentando los efectos a medida que el niño crece, y el nivel educativo de la madre es relevante siendo mayores los efectos entre las mujeres de menor nivel educativo. Ello posiciona a los servicios de cuidados como una política clave en la búsqueda de la reducción de los indicadores de pobreza en hogares con niños pequeños.

Finalmente, De los Santos y Salvador (2018) analizaron datos de panel de la primera y segunda ola de la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud (2013 y 2015) para analizar el impacto del aumento en la cobertura de los servicios de cuidados infantil, a medida que aumenta la edad de los niños y niñas, en la trayectoria educativa y laboral de las madres, y también analizaron el impacto del aumento en la oferta de servicios para niños y niñas de 2 y 3 años de edad en los dos momentos del tiempo. Los resultados sugieren que la estrategia de cuidados más relevante para aumentar la probabilidad de las madres de participar en el mercado laboral es, efectivamente, la asistencia del/a niño/a a un centro educativo o de cuidados. Sin embargo, el solo hecho de que asista no resulta suficientemente explicativo: la clave está en la cantidad de horas semanales que asiste. De esa forma, el estudio confirma la relevancia de la provisión pública de servicios de educación o cuidado infantil para estimular la participación laboral de las madres, y que los mismos acompañen las jornadas laborales habituales de madres y padres.

En relación a la generación de empleo de la inversión en cuidados, como se plantea en esta publicación y se analiza en OPP (2019) para Uruguay, el empleo femenino está altamente estratificado porque en el mercado laboral no sólo opera la discriminación de género (que genera segregación ocupacional y brecha salarial), sino que también la segmentación por la heterogeneidad productiva, lo que genera una alta concentración de mujeres en el sector informal y en los sectores de productividad baja (41 %) y media-baja (44 %). Ello ha llevado a que las mujeres de menores niveles educativos no encuentren una oferta interesante de empleo y, dados los costos de la conciliación, terminan fuera del mercado laboral o insertándose en sectores como el trabajo doméstico y los cuidados (Espino y Salvador, 2015).

Por lo tanto, la inversión en cuidados es una alternativa para mejorar la calidad del empleo de quienes realizan este trabajo en forma remunerada. El sector de los cuidados y el trabajo doméstico han sufrido históricamente niveles altos de precariedad e informalidad laboral y perciben bajos salarios. Ello se buscó compensar con la aprobación de la Ley N.º 18.065, de Trabajo Doméstico (2006), y la creación del Grupo 21 en los Consejos de Salarios^[15] para instalar la negociación colectiva en el sector. También se establecieron mecanismos de inspección y fiscalización de las condiciones de empleo en el trabajo doméstico.

En ese marco, la creación del SNIC es una fuente de empleo de calidad para la población con niveles educativos medio y bajo. En el cuidado de la primera infancia, se generaron, durante la instalación del sistema (2015-2020), 3800 puestos de trabajo y en atención a la dependencia 4.800 (4.681 en el Programa Asistentes Personales^[16] y el resto en Centros de Día). Dado el contexto actual de crisis por efecto de la pandemia generada por el COVID-19, y siendo el sector informal uno de los más castigados^[17], en términos sociales y económicos, por las medidas adoptadas de aislamiento social, el sector de los cuidados debe convertirse en una fuente de empleo para la salida de la crisis (ONU MUJERES y CEPAL, 2020).

5. Los desafíos a futuro

Un estudio realizado para Uruguay, donde se estiman los potenciales efectos sobre el empleo de la crisis económica actual, muestra que los sectores más impactados son los más intensivos en mano de obra, que agrupan al 38 % del total de los trabajadores y trabajadoras del país. Pero, en esos sectores es donde se emplea en mayor proporción la población joven, mujeres de ascendencia afro o indígena, que habitan en el interior del país, y que en gran medida pertenecen a la categoría de cuenta propia (con o sin local). El 57 % de las trabajadoras del primer quintil de ingresos del hogar y el 45 % de las que pertenecen al segundo quintil sufrirán un impacto alto en su empleo, en relación con el 38-39 % de los varones de iguales estratos de ingresos (ONU MUJERES, 2020).

En Europa, ante la crisis del 2009, la Confederación Sindical Internacional (CSI) realizó estudios para mostrar que la inversión en cuidados era una estrategia válida para la recuperación de la economía y los empleos. En el informe analizan los efectos directos e indirectos de la inversión en infraestructura social (servicios de educación y cuidados) en relación con la inversión en infraestructura física (construcción a través de obra pública de carreteras y puentes) y argumentan que la primera tiene beneficios similares y más equitativos para ambos sexos (CSI, 2016).

En junio de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. António Guterres, lanzó un documento con recomendaciones de políticas para los gobiernos instando a que las mujeres y las niñas estén en el centro de los esfuerzos para la recuperación del COVID-19. El informe señala que la economía del cuidado no remunerada es un pilar fundamental de la respuesta y que las mujeres se han visto sobrecargadas por el cierre de los centros de enseñanza y los servicios de cuidado. En ese sentido, se convoca a las empresas a dar apoyo reconociendo ese trabajo que es vital para la recuperación económica y el cuidado de los enfermos. También solicita el apoyo directo a quienes trabajan en la economía informal y a las empresas dirigidas por mujeres, y que las medidas para proteger y estimular la economía, desde las transferencias de efectivo hasta los créditos y préstamos, deben estar orientados en particular a las mujeres.^[18]

En síntesis, se plantea que “reconstruir mejor es reconstruir con igualdad” y, en particular para América Latina, ello significa transformar el modelo de desarrollo y desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas. Ello implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social. Y supone que las mujeres participen plenamente y en condiciones seguras en la vida pública y económica (Naciones Unidas, 2020).

En ese marco, ONU MUJERES y CEPAL (2020) llaman a los gobiernos de la región a colocar los cuidados en el centro de sus respuestas al COVID-19, creando paquetes de incentivos y recuperación, promoviendo sistemas integrales que aseguren el acceso al cuidado de las personas que lo requieren, y garantizando los derechos a las personas que los brindan. Los sistemas integrales de cuidados pueden convertirse en un verdadero motor de una recuperación socioeconómica que no deje a nadie atrás.

En Uruguay, se ha generado un clima interesante para discutir estos temas porque la vicepresidenta presentó ante la Cámara de Senadores un estudio que estima la penalización por maternidad^[19] entre las mujeres asalariadas formales y encuentra que, luego de diez años de tener el primer hijo, las mujeres experimentan una reduc­ción del 42 % de su salario mensual en comparación con mujeres con características similares que no tuvieron hijos (Querejeta, 2020). Ello ha generado una movida importante a nivel del Parlamento^[20] y otros actores políticos, para repensar los cuidados como vehículos de la mejora en la inserción laboral de las mujeres.

Las restricciones fiscales en medio de la pandemia generan desconcierto y dudas sobre el futuro del Sistema de Cuidados. De todas formas, los temas pendientes sobre los cuales se debería seguir avanzando son: revisar los estímulos para el uso del subsidio de medio horario para el cuidado del recién nacido por parte de los varones, continuar el desarrollo de centros de cuidado infantil (tanto para los más pequeños como para quienes concurren a tiempo parcial), ampliar el acceso al Programa de Asistentes Personales, y desarrollar otros servicios para la atención de la dependencia leve y moderada (más allá de los Centros de Día y la Teleasistencia, deberían desarrollarse servicios de ayuda domiciliaria para resolver asuntos puntuales). Todo ello genera empleos de calidad para el sector de la población que sufrirá en mayor medida los efectos de la pérdida de empleos y la informalidad. Por ello, debería pensarse al sector de los cuidados no como un gasto que atenta contra los recursos fiscales, sino una inversión con efecto multiplicador para el resto de la economía.

Referencias

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