Una propuesta para el refuerzo del proyecto de ley de área natural protegida Uspallata-Polvaredas (Mendoza, Argentina)

Osvaldo Sironi; Marcelo Giraud^[1]

1. Introducción

Para el estudio del patrimonio cultural, hay que tener en cuenta, aunque sea a grandes rasgos, los procesos transformadores que han condicionado a la sociedad actual. Es decir, si hablamos del patrimonio cultural del noroeste de Mendoza en general o de la Villa de Uspallata en particular, es absolutamente necesario conocer y valorar los antiguos desarrollos económicos y sociales que han conformado y configurado, a través del tiempo, lo que conocemos y vivimos en la actualidad. Un ejemplo de esto es el nacimiento, auge y abandono del emplazamiento minero de Paramillos de Uspallata, el cual fue uno de los centros de extracción de oro y plata más antiguo del país (Censo Nacional 1895, Martínez 1961, Cueto 2003, Juan 2004, Ataliva 2011, Sironi 2013).

Por lo tanto, entendemos que al hablar de las Minas Paramillos de Uspallata (en adelante MPU) estamos haciendo referencia a un patrimonio tangible representado en las ruinas del antiguo emplazamiento minero, pero a la vez a un patrimonio intangible, el cual se representa en la memoria individual y colectiva que los/as habitantes tienen -o tuvieron- de su vida en el sitio. Sin embargo, al ser abandonado el complejo minero y el modo de vida que ahí se desarrollaba, el patrimonio histórico-arqueológico comenzó un lento proceso de abandono, deterioro y olvido, tanto material como testimonial. De este modo, desde una perspectiva enmarcada en la Historia Ambiental y la Ecología Política, analizamos el proceso de patrimonialización y de ambientalización de las localidades de Paramillos y Uspallata, recurriendo a fuentes documentales, entrevistas e interpretación de material bibliográfico histórico-arqueológico. 

Entendemos al patrimonio como un conjunto de bienes tangibles y/o intangibles indicadores de la diversidad y variabilidad de las actividades e interrelaciones humanas con el ambiente, representativos de un aspecto de nuestras historias -en sentido amplio, prehistóricos e históricos- (Molinari et al 2001). El patrimonio a su vez posee un carácter social, participativo y dinámico ya que lo visualizamos como un repertorio de significados que continuamente son interpretados por una comunidad en la cual nos incluimos. En estos términos, el patrimonio es la base fundamental para la construcción identitaria de una comunidad, ya que se conjugan los elementos y valores a través de los cuales socialmente reconocemos al otro y somos reconocidos (Molinari et al 2001). Es a su vez un recurso frágil, no renovable y específico al espacio que ocupa (Querol 2010). Partiendo de esta definición, si nuestro patrimonio cultural histórico arqueológico es un recurso que constituye parte de nuestras identidades ¿por qué no se toman los recaudos necesarios para su correcta conservación? Creemos que la problemática de la ausencia o defecto en la conservación se relaciona fundamentalmente con la idea y sobre todo el valor práctico que le otorgamos al patrimonio. Para que el patrimonio se constituya como tal debe ser inventado, recontextualizado, legitimado y consensuado por los diversos actores sociales (Chaparro y Soria 2008).

2. Caracterización del emplazamiento y su entorno

El emplazamiento Minas Paramillos de Uspallata -en adelante MPU- está ubicado en el margen norte de la ruta provincial Nº 52 (Mendoza, Argentina), y dichas minas fueron construidas con bloques de piedra local -Figura 1-. El sitio se enclava dentro del sistema orográfico-geológico precordillerano (Furque y Cuerda 1979), y comprende parte del flanco occidental de la Sierra de Uspallata. El sitio mencionado se encuentra en un área comprendida entre los 32º 29’ 10” y 32º 28’ 04” LS y los 69º 09’ 59” y 69º 08’ 19” LW aproximadamente y sus altitudes varían entre los 2.600 y los 3.100 msnm -Figura 2-.

Figura 1. Mapa de ubicación de MPU y zonas adyacentes (Mendoza, Argentina)

Figura 2. El entorno ambiental de Paramillos de Uspallata, región fitogeográfica puneña

  Foto: Osvaldo Sironi año 2012

Esta área geográfica se caracteriza por la disponibilidad de recursos mineralíferos que han permitido el emplazamiento de asentamientos mineros (por ej. minas Paramillos de Uspallata -Figura 3-, Paramillos Norte, Paramillos Sur, entre otras). Según Fusari (1993), los recursos minerales metalíferos disponibles son: plata (Ag), oro (Au), plomo (Pb), zinc (Zn) y cobre (Cu).

Este complejo minero ofrece evidencias histórico-arqueológicas y arquitectónicas muy valiosas para conocer aspectos materiales y modos de explotación de minerales, como así también las condiciones de vida de sus mineros. Este sitio se caracteriza por la prolongada actividad minera que comienza circa 1638 (Molina 1788, Lallemant 1890) y con un desarrollo discontinuo desde el siglo XVII hasta el siglo XX inclusive. Dicha actividad se evidencia y materializa en el conjunto de estructuras relacionadas con sectores domésticos y productivos (acopio, selección, molienda y fundición de los minerales extraídos), como así también en la extensa red de socavones, galerías, piques y escombreras vinculados a la extracción de minerales, principalmente, desde mediados del siglo XIX. Si bien estas evidencias corresponden, en su mayoría, al período independiente, sería interesante estimular las investigaciones arqueológicas a los fines de contrastar la documentación histórica, y así poder observar las explotaciones en la larga duración, incorporando las explotaciones prehispánicas. De este modo, el emplazamiento minero fue conformando diversas relaciones productivas y sociales, como así también la construcción de un espacio configurado por un tipo de actor social: el proletariado industrial, afianzado en una formación socioeconómica minera del capitalismo periférico.^[2]

Figura 3. Patrimonio minero de MPU -mina, planta de tratamiento de minerales “El Gobernador”, habitaciones, crucifijo recordatorio del Gaucho Cubillos

Fotos: Osvaldo Sironi año 2019

3. Procesos históricos y dimensiones ambientales

Los trabajos pioneros en estudios arqueológicos de la minería en Mendoza son los realizados por Carlos Rusconi (1946 y 1967) y Humberto Lagiglia (1983). El primero, en su obra El Maray en la minería Prehispánica de Mendoza (1946), realiza una descripción de una instalación minera y de los sistemas de producción en un sitio localizado en el norte del valle de Uspallata, enfatizando las características prehispánicas de las prácticas mineras. Desde una perspectiva historiográfica, el trabajo de Lagiglia (1983) hace referencia a los aspectos generales de los sistemas productivos mineros entre los siglos XVII-XVIII, presentando los resultados de su investigación en las Bóvedas de Uspallata. 

Entre los trabajos específicos más recientes se encuentran los trabajos de Durán et al (2002) y la compilación de Cueto (2003). El primero presenta los resultados de los trabajos de campo arqueológico en los emplazamientos Ramos Mejía 01 y El Gobernador 01. 

Las investigaciones llevadas a cabo en el transcurso de los últimos años (ver Chiavazza y Prieto Olavarría 2008, 2012; Sironi 2010, 2014, 2017, 2019), han permitido conocer los aspectos vinculados al proceso histórico de integración productiva de los ambientes de precordillera y piedemonte dentro de los sistemas económicos locales del NO de Mendoza, como así también demostrar conductas de consumo de bebidas alcohólicas en contextos que hacen referencia a espacios de trabajo.

Si en los antecedentes nos hemos referidos sólo a una porción del norte de Mendoza, la situación en el resto del territorio es similar en cuanto a escasez de estudios sobre Historia de la minería y menos aún Historia ambiental de la minería. Como puede observarse entonces, en la correlación dada entre la significación histórica de la minería en la historia de Mendoza y la intensidad de trabajos históricos, arqueológicos y antropológicos realizados, pone a estos en términos deficitarios, con consecuencias claras para su gestión y promoción sociocultural desde el punto de vista patrimonial.

Según Cueto (2003) y Vásquez (2003), la explotación minera en la precordillera de Mendoza ha sido una constante entre los siglos XVI al XIX. Para estos autores, esta actividad económica ha tenido un importante rol para la economía local, y los estudios realizados en la materia y el conocimiento que sobre esta actividad se tienen, son muy escasos. 

A comienzos de la etapa independiente (siglo XIX) perduraban los mismos problemas que aquejaron a las explotaciones mineras durante todo el período colonial, con la diferencia de que en esa época “el apoyo a la minería por parte de las autoridades de gobierno fue muy importante, dado que esta actividad fomentaba la riqueza del lugar” (Grilli 2003: 145). Si fomentaba la riqueza del lugar o de otros lugares queda pendiente para el debate, pero es cierto que la minería era una actividad considerada prioritaria en muchos momentos y lugares del Imperio español, más allá de las consecuencias socioeconómicas de ello. En tiempos revolucionarios, la Asamblea del año XIII expidió la ley de Fomento Minero, suprimiendo la mita y estableciendo pirquineros para el laboreo en las minas. El pirquineo consistía en el trabajo llevado a cabo por un “minero que buscaba por su cuenta una veta metalífera, obtenía el derecho de cateo, y lo explotaba en forma personal o ayudado por su familia” (Grilli 2003: 115). 

En 1823, Bernardino Rivadavia fue autorizado para iniciar las gestiones en Europa a fin de promover la formación de una compañía de minas. Estos proyectos estuvieron mal enfocados, sobreviviendo “algunos emprendimientos precarios y aislados que se vieron afectados por disturbios locales” (Vásquez 2003: 96). Con Domingo Faustino Sarmiento en la Presidencia de la Nación (1868-1874), la minería adquirió un nuevo impulso, ya que su intención era colocar esta actividad al nivel de las primeras potencias económicas, degradando las técnicas minero-metalúrgicas locales/artesanales aplicadas en estos territorios, en pos del proyecto civilizador que subrayaba uno de los antinómicos términos postulados por Domingo Faustino Sarmiento. Sumados a la construcción de un Estado-nación moderno -en el marco de un orden neocolonial (Halperin Donghi 2005)-, los proyectos mineros se ajustaron a un rol absolutamente funcional a los intereses de los capitales extranjeros.

Según el ingeniero alemán Germán Avé Lallemant, en MPU se estaba desarrollando una minería artesanal y era de fundamental importancia “iniciar la minería moderna á la manera de gran industria, invirtiendo el capital necesario…, transplantar la civilización al grandioso desierto de la cordillera” (Lallemant 1890: 45). Para transformar esta minería en otra de escala industrial, el ingeniero plantea que no sólo se necesitaba la inversión de importantes capitales, sino que se requería también reemplazar las prácticas tradicionales. Pero en realidad, más que el pirquineo, el ingeniero pretendía sustituir a quienes lo practicaban, de manera que organizó la llegada de piamonteses, tiroleses, lombardos, franceses, etc. quienes vendrían a conformar el “núcleo del cuerpo de los mineros en el Paramillo, y un núcleo superior de hombres muy trabajadores, honrados y sobrios” (Lallemant 1890: 53). A partir de sus dichos y hechos, se percibe la intención de Avé Lallemant de reconfigurar el entorno social y natural de Paramillos, instaurando un proceso de etnogénesis minero a partir del reemplazo de los pirquineros (por otros muy trabajadores), de sus técnicas artesanales (por la innovación tecnológica a gran escala), de sus ranchitos miserables (por viviendas habitadas por hombres honrados y sobrios); en definitiva, convertir ese páramo precordillerano en un moderno polo industrial con fuertes improntas de control social y laboral propias del modo de producción capitalista (Sironi 2019).

4. Sobre el origen del problema patrimonial y ambiental

El deterioro y/o abandono de las ruinas mineras de los Paramillos de Uspallata, se debe, entre otros motivos, a la explotación turística irresponsable y a la ausencia de indicaciones como cartelería, señalización, planos de los sitios y/o croquis de ubicación que expliquen al visitante las características y el valor de las mismas. Ahora bien ¿es posible que las autoridades de la zona no conozcan acerca de su existencia? Nosotros pensamos que no, debido a que, en los planes educativos provinciales, la mención a este yacimiento es permanente en la historia de la minería de la región y la provincia, y, por ende, al menos gran parte de la comunidad de Uspallata y del Gran Mendoza conoce la ubicación de estos sitios. Por otro lado, los actores que realizaron las intervenciones arqueológicas en 1998 se han comunicado con las autoridades competentes encargadas del Patrimonio a fin de informar de sus actividades profesionales. Entonces nos preguntamos ¿qué llevó a que las autoridades de la Municipalidad de Las Heras o la Secretaría de Patrimonio del Gobierno de Mendoza o los actores privados intervinientes diseñen un circuito turístico^[3] dentro de un yacimiento arqueológico sin protegerlo? ¿Será que ignoran la importancia a nivel científico y sociocultural que éste posee? ¿Será que no lo han incorporado a su realidad porque no sienten que forma parte de su identidad? Nosotros consideramos que los factores que intervienen en casos como este obedecen a múltiples causas (desfinanciamiento presupuestario, subvaloración cultural, hermetismo científico-académico, etc.). ¿Cómo se pueden hacer efectivas las normas e instituciones comprometidas con el resguardo patrimonial en estos casos?

5. La normativa vigente y los diversos proyectos referidos al área de estudio

En el año 1993 se promulgó la Ley provincial Nº 6.034, la cual sanciona la protección, conservación, restauración y acrecentamiento de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza. Posteriormente, en el año 2003 se sancionó la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Nº 25.743, que contempla no sólo el registro oficial de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, sino también el registro oficial de colecciones u objetos arqueológicos.

Por otra parte, en el plano ambiental, rige también desde el año 1993 la Ley provincial Nº 5.961, de preservación del ambiente en todo el territorio de Mendoza, reforzada desde el año 2002 por la Ley nacional Nº 25.675, Ley General del Ambiente como “bien jurídicamente protegido”, la cual aplica los principios del artículo 41 de la Constitución Nacional para establecer “los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”. Dichas leyes constituyen la base de un amplio marco normativo ambiental, del cual cabe destacar, entre otras leyes provinciales, la Nº 6.045 de Áreas Naturales Protegidas, la Nº 7.722 que aplica fuertes restricciones y regulaciones a la minería metalífera, la Nº 8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo y la Nº 8.999 que establece el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.

Además de dichas normas de carácter general, varios proyectos han sido presentados en la Legislatura mendocina en lo que va del siglo actual, con el objetivo de proteger el patrimonio cultural y el ambiente del área que nos ocupa, pero ninguno de ellos ha logrado ser aprobado aún. En octubre de 2012, el senador provincial Gustavo Valls presentó un proyecto de ley (Expte. 62870), tendiente a declarar Monumento Natural de la Provincia de Mendoza al área de montaña denominada Paramillos de Uspallata, en los términos de la Ley provincial Nº 6.045, así como Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia de Mendoza a las ruinas de las MPU y a todos los yacimientos paleontológicos y sitios arqueológicos del área -entre ellos el Bosque de Araucarias Fósiles de Darwin-, en los términos de la Ley nacional Nº 25.743 y la provincial 6.034. Dicho proyecto se basa en el anteproyecto de ley presentado en diciembre de 2010 por Rubén Romani, Ana María Zavattieri y Augusto Menéndez (Expte. 60218), que recibió el aval de numerosas instituciones científicas, culturales y ambientales. El proyecto de Valls tomó estado parlamentario y fue girado a las comisiones de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda (ACCRDATV) y de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), pero no llegó a obtener dictamen de comisiones ni menos aún a ser tratado en sesión de la cámara.

Haciendo más hincapié en la protección y conservación del ambiente, pero aludiendo también a los valores históricos y culturales, también se ha propuesto crear por Ley provincial el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas (en adelante ANPUP) que, incluyendo el área del proyecto antedicho, abarcaría una superficie notoriamente mayor. El primer antecedente en tal sentido es el proyecto que el senador Enrique Vaquié presentó en el año 2004 (Expte. 47787), de Parque Provincial Polvaredas, sobre una superficie de unas 150.000 hectáreas, pero hacia el oeste de la villa de Uspallata y de las MPU. Si bien no llegó a ser aprobado, el Ejecutivo provincial también consideró a dicho Parque como “Área protegida proyectada” en el Informe Ambiental 2006, el Plan Ambiental 2007, el Plan de Gestión Ambiental 2008-2012 y el Programa Provincial de Educación Ambiental. Incluso el 5 de junio de 2010, en el marco de las actividades por el Día Mundial del Ambiente, funcionarios de la Secretaría de Ambiente de Mendoza anunciaron que se crearía el Parque Provincial Polvaredas.

Entretanto, en setiembre de 2009 un grupo de vecinos de Uspallata habían presentado al Senado mendocino un anteproyecto de creación de dicho parque (Expte. 57586), abarcando una extensión mayor que el proyecto de 2004, abarcando el propio valle de Uspallata. Esta nueva versión de la propuesta, con carácter de iniciativa ciudadana, fue respaldada en 2010 por el Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza mediante una nota a la Legislatura, y en 2011 por dos diputadas y un diputado nacionales, a través de un proyecto de Declaración que no llegó a ser tratado en la Cámara. Ante la falta de tratamiento del expediente, los vecinos lograron que el senador Guillermo Amstutz retomara el texto y en octubre de 2011 lo ingresara como proyecto de ley (Expte. 61450). Sin embargo, tampoco se logró que avanzara en las comisiones de ACCRDATV y LAC, y fue archivado en 2015 por resolución 249.

En 2014, los vecinos de Uspallata esperaron que corriera mejor suerte el proyecto de ley presentado por los diputados provinciales Enrique Vaquié y Tadeo García Zalazar (Expte. 65858), el cual explicita que el área protegida se extendería por el este hasta “el límite lindero oriental de las estancias Yalguaraz, Tambillos y Uspallata, de acuerdo a los planos de dichas propiedades, archivados en la Dirección Provincial de Catastro”, es decir incluyendo las MPU, y colindando con la Reserva Natural Villavicencio. La ilusión de la comunidad de Uspallata de que su proyecto se convirtiera en ley creció a comienzos de 2016, dada la pertenencia de Vaquié y García Zalazar al partido que asumió el nuevo gobierno y con mayoría legislativa. Sin embargo, una vez más el expediente permanece sin lograr despacho de comisión ni menos aún llegar al recinto para ser tratado en sesión de la Cámara.

Por otro lado, desde 2015 algunos técnicos del Estado mendocino han tenido conversaciones con funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y otras instituciones nacionales, en torno a la posibilidad de crear lo que podría constituirse en el primer Parque Nacional en la provincia de Mendoza, en el sector oeste del ANPUP, en parte de la Estancia Uspallata, tierras del Estado nacional bajo custodia del Ejército Argentino. Si bien dicho sector no incluiría a las MPU, la eventual concreción de dicha iniciativa, en el marco de la Ley nacional Nº 22.351 de Parques Nacionales, podría dar nuevo impulso al proyecto de protección del resto del área mediante una ley provincial.

La Municipalidad de Las Heras, por su parte, elaboró durante 2018 el proyecto de Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, en el marco de lo previsto por la ley provincial Nº 8.999, lo sometió a Audiencia Pública el 22 de marzo de 2019, y está pendiente su evaluación por la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y el Concejo Deliberante del municipio antes de ser promulgado y entrar en vigencia (Noguera Suárez et al. 2018). Con relación al tema que nos ocupa, dedica dos páginas a las MPU. Sin embargo, resulta llamativo el escaso rigor científico con que se las aborda, y ello en una sección de Sitios Ecológicos a Proteger junto con otros que también revisten un carácter más histórico-cultural que natural o ambiental. Más aún, resulta muy preocupante que, a pesar de los antecedentes mencionados, en las 320 páginas del documento que se propone como Plan Municipal de Ordenamiento Territorial no se mencione ni figure en ninguna cartografía el proyecto de ANPUP, así como tampoco aparece en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial ni en sus anexos. Por el contrario, el Plan Municipal señala como problema actual un escaso aprovechamiento del potencial minero y propone al respecto, en el marco del Modelo Territorial Deseado para 2047, y a fin de que el PBG per cápita se aproxime a la media provincial, que “Las Heras se transforma en uno de los Departamentos con mayor potencial minero, adoptando estrategias de desarrollo sustentable para la actividad. Se alcanzan niveles de licencia social por una política de participación ciudadana que logra consensos y que permite generar empleos, mayor producción y valor agregado en el Departamento.” En los mapas anexos de dicho modelo territorial deseado se incluye en plena Precordillera, hacia el norte de las MPU, un sitio de desarrollo minero sustentable, accesible por una ruta minera, y que en el mapa de gestión territorial municipal figura como un sitio de recaudación del subprograma de aumento de la recaudación tributaria.

En síntesis, existe pues un marco legal de protección que no se aplica, y además diversos proyectos de ley que especificarían y profundizarían dicha protección en el área de las MPU, pero que no han logrado obtener sanción. Paralelamente, van surgiendo otros proyectos de normativas que, al contrario, no valoran adecuadamente el patrimonio cultural y ambiental, y que incluso, como veremos a continuación, entrañan serios riesgos para el mismo y disparan fuertes controversias sociotécnicas y conflictos socioambientales.

6. Controversias sociotécnicas

Las dificultades encontradas en la Legislatura mendocina por los proyectos tendientes a proteger los excepcionales valores ambientales y culturales que comprende el proyecto de ANPUP -e incluso la superficie mucho más reducida de las MPU-, consideramos que no son en absoluto casuales, ni fruto –al menos no de modo determinante- del escaso conocimiento o interés que algunos legisladores pudieran tener al respecto. En cambio, entendemos que responderían al lobby ejercido sobre los legisladores por empresas, principalmente mineras, que verían afectados -prohibidos- sus proyectos de explotación en las áreas que fuesen declaradas ambiental o patrimonialmente protegidas en los términos de las leyes Nº 6.045 o Nº 6.034, respectivamente. Aun cuando alguna empresa hubiera estado realizando previamente actividades de prospección, exploración o explotación minera, en un área concesionada por el Estado provincial, dicha actividad debe cesar en caso de crearse un área natural protegida. El poder judicial mendocino ya ha emitido fallos que sientan jurisprudencia al respecto: el de la Suprema Corte  de Justicia, a favor de la Ley Nº 7.422 que amplió la Reserva Hídrica y de Paisaje Protegido Laguna del Diamante, contra la cual la minera Angloamerican S.A. había planteado un recurso de inconstitucionalidad, y el de una jueza que falló otorgando a la empresa Danone un amparo, por el cual ordenó detener la exploración que venía realizando Depromin S.A., filial local de la minera Tenke, de capitales canadienses, dentro de la Reserva Natural Villavicencio, la cual si bien es gestionada en carácter privado, está reconocida oficialmente como parte del sistema provincial de áreas naturales protegidas.

A unos 38 km en línea recta hacia el noroeste de las MPU, pero dentro del proyecto del ANPUP, se encuentra el cerro San Jorge, cuya mineralización de cobre y oro ha sido prospectada y explorada por sucesivas empresas desde la década de 1960.  En setiembre de 2008 comenzó en Mendoza una fuerte controversia sociotécnica y conflicto socioambiental, en torno al Informe de Impacto Ambiental que Minera San Jorge -por entonces filial de Coro Mining, empresa de capital canadiense- presentó ante el gobierno mendocino, pidiendo que le fuese aprobada su explotación. La controversia sociotécnica fue creciendo en la sociedad mendocina, sobre los muy diversos aspectos ambientales, técnicos, legales y económicos implicados en el proyecto, y no sólo involucró a profesionales de muy diversas disciplinas de la sociedad en general, sino incluso a la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional y a la Universidad Nacional de Cuyo, cuyos dictámenes sobre el proyecto divergían seriamente en varios aspectos. Los momentos más álgidos del conflicto fueron la Audiencia Pública realizada en Uspallata el 26 de octubre de 2010, que duró 11 horas y en la que hicieron uso de la palabra casi 300 personas, en su mayoría habitantes del valle de Uspallata, y varias manifestaciones masivas en la ciudad de Mendoza en los primeros meses de 2011, luego de que el Ejecutivo aprobara el proyecto con 141 condicionantes. Finalmente, ante la evidencia de que el proyecto presentaba serias falencias técnicas y legales, y de que carecía de licencia social, la Cámara de Diputados, que por Ley Nº 7.722 debían ratificar o no la Declaración de Impacto Ambiental otorgada por el Ejecutivo, sorpresivamente la rechazó por unanimidad. Dada la fuerte oposición social al proyecto que evidenciaban tanto las multitudinarias movilizaciones como las encuestas, un candidato a gobernador, vinculado personalmente a ejecutivos de la minera, temió perder las muy próximas elecciones generales a raíz de dicha controversia, y pidió a los legisladores de su partido que votaran contra el proyecto, que él mismo siendo ministro había impulsado (Wagner y Giraud 2013).

Luego del rechazo legislativo, los empresarios canadienses de Coro Mining intentaron insistir con un proyecto alternativo llamado biprovincial, según el cual extraerían el mineral del cerro San Jorge, pero en vez de tratarlo cerca del mismo, lo transportarían en tren hasta la cercana provincia de San Juan para lixiviarlo con ácido sulfúrico (prohibido en Mendoza por la ley Nº 7722). Sin embargo, finalmente desistieron del mismo y entre 2013 y 2014 vendieron la totalidad de Minera San Jorge a las empresas Aterra y Solway, de capitales rusos. Los nuevos propietarios han desarrollado diversas acciones a fin de socavar la resistencia social a la minería metalífera, tanto a escala provincial principalmente a través de los medios de comunicación hegemónicos, como de modo más focalizado en la localidad de Uspallata. A fines de 2018 surgieron sospechas de que uno de los proyectos de flexibilización de la ley Nº 7722, el presentado por el senador Abraham, estuviera fomentado por Minera San Jorge, pues no sólo apunta a eliminar el requisito de que la Declaración de Impacto Ambiental deba pasar por la Legislatura para su aprobación o rechazo final, sino a quitar la mención otras sustancias tóxicas similares del artículo 1 de dicha ley, con lo que eliminaría la controversia sobre si el xantato y la poliacrilamida que pretende utilizar para concentrar el mineral, quedan o no prohibidas por la ley. Además, Minera San Jorge fue una de las empresas que litigaron contra el Estado provincial en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, reclamando que la Ley Nº7722 fuese declarada inconstitucional. En 2015, luego de 8 años de proceso judicial, la Corte rechazó en su fallo todos los argumentos y pretensiones de las mineras demandantes, pero Minera San Jorge requirió apelar ante la Suprema Corte de la Nación, y luego de serle denegada dicha causa federal, en 2018 presentó un recurso de queja ante la Corte nacional.  

Si bien podría pensarse a priori que el proyecto San Jorge no debería tener mayor relación con la gestión patrimonial y ambiental de las MPU, si se aspira a que la misma sea participativa e involucre a grupos y trabajadores de la localidad de Uspallata, cuya sociedad logre un proceso de (re-)identificación con dicho patrimonio arqueológico y su preservación, se debe tener muy en cuenta el proceso social reciente y aún en curso desencadenado en 2008 por el proyecto San Jorge. Entre 2008 y 2011 la controversia sociotécnica abrió profundas fracturas en la sociedad uspallatina, incluso al interior de las familias, entre quienes apoyaban el proyecto minero y quienes lo resistían más o menos abierta y activamente. Si bien han transcurrido varios años desde esos años de conflicto álgido, la controversia sobre la megaminería sigue presente en la sociedad del valle, y un proyecto como el que proponemos, de valorización del patrimonio minero en el marco de una futura ANPUP, requiere un abordaje cuidadoso de estos antecedentes.

7. Propuestas de investigación-acción participativa

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y en caso de poder lograr las decisiones políticas necesarias para la efectiva protección tanto del patrimonio arqueológico como del ambiente, proponemos que se diseñe un plan de cooperación entre el Estado Provincial (Dirección de Patrimonio Cultural y Museos y el Ente Mendoza Turismo), la Municipalidad de Las Heras (el territorio político actualmente constituido donde se inserta Uspallata), el geoparque minero Minas de Paramillos (empresa privada que posee los derechos mineros y que explota turísticamente dicho patrimonio) y, una vez creada el ANPUP, la Unidad de Gestión Ambiental a cargo de la misma (dependiente de la Secretaría de Ambiente provincial).  En ese marco se buscaría forjar un compromiso patrimonial-ambiental, que permita un desarrollo sostenible del uso estrictamente turístico de las MPU, a partir de la creación del Ente Descentralizado Paramillos de Uspallata. Esta entidad y los gobiernos municipal y provincial trabajarían dentro del encuadre dado por la Ley Provincial Nº 6.034, la Ley Nacional Nº 25.743, la Ley Provincial Nº 6.045 y la que estableciera la creación del ANPUP. Siguiendo los postulados propuestos por Chiavazza y Prieto Olavarría (2007), este ente descentralizado tendría a su cargo la Dirección del Parque Arqueológico Paramillos de Uspallata, disponiendo de medios económicos y control sobre la distribución y ejecución de gastos, pero actuaría en completa libertad de acción, certificando acciones desarrolladas anualmente. Entre las principales labores vinculadas con la investigación, la conservación y la difusión, proponemos desarrollar entre todos/as los/as actores y/o instituciones intervinientes un plan de educación patrimonial-ambiental en varias etapas. Entre las propuestas prioritarias de investigación-acción participativa (Kemmis y McTaggart 1988; Katzer y Samprón 2011) consideramos las siguientes:

8. El trabajo con la comunidad para el resguardo patrimonial/ambiental

Plantear la problemática patrimonial y ambiental que genera la actividad turística y minera supone convivir con contradicciones y tensiones, que deben ser resueltas en conversaciones abiertas con pobladores/as locales, investigadores/as, docentes y funcionarios/as y ex-funcionarios/as estatales. Con esto se espera generar instancias de diálogos en las cuales sean escuchadas y participen las diversas voces implicadas, para así poder planificar un programa de gestión patrimonial-ambiental de mediano y largo plazo del ANPUP y en particular de las MPU. Considerando la historia de la controversia reciente y actual en torno a la minería metalífera en Mendoza y particularmente en Uspallata, puede avizorarse que esta instancia sería difícil y crítica para lograr el apoyo y participación de la comunidad uspallatina sin que se reaviven conflictos sociales. Para ello será necesario que la empresa poseedora de los derechos mineros se abstenga de realizar toda acción tendiente a la explotación del mineral, tanto a corto como a largo plazo, comprometiéndose a focalizar su actividad en lo patrimonial y turístico, y a permitir la participación en el sitio de personas o grupos que tengan una visión social y ambientalmente crítica de la minería pasada y la actual.

En una segunda etapa de trabajo pensamos diseñar un taller donde abordaremos temas relacionados con el patrimonio, su importancia y conservación. Este taller persigue el objetivo de crear un espacio de diálogo y discusión constructiva, promoviendo la elaboración de nuevos significados patrimoniales mediante los cuales los/as participantes puedan ir descubriendo la capacidad simbólica y material del patrimonio para representar identidades. A partir de estas primeras reflexiones comenzaremos a trabajar en la conceptualización sobre patrimonio, a través de diversas actividades como interpretación de mapas de los sitios, demostraciones sobre el estado de conservación en que se encuentran y sus factores de deterioro, el estado actual de nuestra investigación, agendas, etcétera. La intención es generar interés y compromiso en los/as participantes de modo que sean capaces de demandar políticas de conservación preventiva a los/as integrantes del Estado municipal y/o provincial.

También creemos que en esta instancia es oportuno tratar la cuestión de la propiedad del patrimonio y los conflictos en torno a quiénes pueden o tienen derecho de investigarlo, usufructuarlo o explotarlo económicamente. Sabemos que gran parte de la población desconfía del trabajo arqueológico, temiendo que los/as profesionales se apropien de los bienes patrimoniales rescatados y que no sean devueltos a las comunidades, como ha pasado en muchos casos a lo largo de la historia disciplinar. Es por esto que creemos muy importante explicar cómo trabaja el/la arqueólogo/a, por qué es importante conservar el contexto de hallazgo, cómo se pierde información cuando las piezas son extraídas en actividades clandestinas, entre otros temas.

A través de estos talleres esperamos que la comunidad en general, y las autoridades en particular, comprendan que, si bien el patrimonio arqueológico puede ser considerado como un recurso económico y ser explotado como tal, es importante conservarlo dado que de esta manera protegen la propia historia de su pueblo y el desarrollo cultural-ecológico-económico sustentable. Para ello es necesario trabajar en la recuperación histórica del patrimonio, que le otorgue vida y sentido ante la sociedad, permitiendo materializar esta resignificación del patrimonio y que le permita ser incorporado al proceso de socialización de la población.

El objetivo último que perseguimos a través de nuestra intervención es llegar a constituir desde un marco interinstitucional (municipalidades, organismos científicos-académicos-educativos, ONGs) una organización reflexiva y ampliamente participativa de todos los actores sociales que componen la comunidad de Uspallata a los efectos de llevar a cabo un diagnóstico de las relaciones sociales, económicas y ambientales de la comunidad y su área de influencia. El objetivo es contar con datos básicos sobre los recursos potenciales existentes, su estado de conservación y las ventajas y amenazas implicadas en su manejo para el desarrollo futuro de esta comunidad. A partir de esto esperamos poder crear comisiones consultivas para planificar los objetivos o propósitos de desarrollo vinculados a las potencialidades destacadas previamente.

9. Manejo y puesta en valor del patrimonio de MPU

Basados en los criterios de gestión patrimonial postulados por Chiavazza y Prieto Olavarría (2007), y en continua coordinación con las investigaciones en curso, se proponen como acciones que tiendan a favorecer el manejo, la conservación y la difusión del sitio, las siguientes actividades:

• Realización de labores arqueológicas -prospecciones pedestres, recolecciones de superficie sistemáticas, excavaciones de sondeo, etc.- tanto en sectores alterados (por ej. en las vías de circulación vehiculares), perimetrales -para identificar los límites de la expansión del yacimiento minero- como en sectores abiertos a las visitas turísticas. Estas actividades arqueológicas tendrán como objetivos determinar el potencial arqueológico y el riesgo patrimonial a los fines de zonificar el sitio arqueológico.
• Planificación sustentable del Parque Arqueológico según áreas restringidas a visitas, reservorios para investigación de acuerdo con prioridades interpretativas del sitio y senderos de circulación pública.
• Demarcación de senderos peatonales e interpretativos dentro del parque arqueológico, para lo cual se propone el establecimiento de cartelería básica (un cartel de recepción con un plano y carteles numerados en diferentes puntos que se completarán con instructores-guías y folletería explicativa que servirán para realizar visitas exploratorias del sitio). El sistema de visitas deberá planificarse de modo integral, partiendo desde la misma localidad de Uspallata y pasando por un Centro de Recepción de Visitantes que debería encontrarse en la puerta de acceso al parque, con guías y servicios específicos. En este caso, es imprescindible que ante cualquier obra que decida hacerse en el parque, se realice previamente una evaluación de impacto arqueológico, excavaciones de salvataje y liberación del predio donde se emplacen las construcciones.
• Construcción de un Museo Comunitario y autogestionado por los/as pobladores locales en el plan de manejo del parque arqueológico (por ejemplo, como guías, guardaparques, ayudantes de investigación, etc.). Es necesario, en este caso en particular, que se establezca un serio compromiso de los/as profesionales para con la sociedad, pues la relación de la antropología con el patrimonio tangible e intangible pasa por el tema del rescate de la identidad, de conocer aquella memoria de los pueblos que nos transporta a un pasado histórico y a entender un presente que muchas veces no está claro para los/as habitantes de zonas periféricas. De esta forma es posible conocer las actitudes, percepciones, conflictos y normas sociales dominantes frente a los temas propuestos, para ir conformando el guión museográfico con las distintas voces y perspectivas, mediante entrevistas en profundidad. En este sentido, la gestión participativa permite integrar, delegar y trabajar con las personas, compartiendo niveles de decisión y autoevaluación con respecto a la gestión cultural local.

Por otro lado, en el aspecto ambiental, la explotación de las MPU implicó la acumulación de unas 90 mil toneladas de escombros, con contenidos de metales que constituyen residuos que necesitan tratamiento para mitigar su impacto ambiental de largo plazo. El Informe Ambiental 2016 de la Secretaría de Ambiente señala que la Dirección de Protección Ambiental había comenzado a evaluar la Manifestación General de Impacto Ambiental para la remediación de dichos pasivos mineros, que ya incluiría Dictamen Técnico. Sin embargo, desconocemos la evolución del expediente y, en cualquier caso, aún no se ha convocado a la Audiencia Pública que sería una de las últimas etapas previas a la aprobación de dicho proyecto de remediación (Fernández, Viciana y Drovandi 2017).

10. Manejo y gestión del ANPUP

El desarrollo del presente proyecto contribuirá a la consolidación del diseño de políticas educativas, ya que serán fácilmente transferibles hacia organismos estatales de diseño curricular y responsables de programas escolares. Dentro de este ámbito deben destacarse la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza, el Ministerio de Educación de la Nación y la Red Federal de Formación Docente y Capacitación Continua. De manera complementaria, otras entidades que se encargan del manejo de los recursos culturales, tales como la Secretaría de Cultura de la Nación o el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, podrán también emplear la producción surgida de este proyecto para el diseño de políticas culturales. Por último, debemos aclarar que estas propuestas no están cerradas ni son definitivas, no constituyen un “recetario” a seguir, sino que buscan constituir un documento de base para trabajar a partir del mismo con investigadores/as locales y la propia comunidad de Uspallata, cuyos aportes y participación activa serán esenciales para la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Consideramos que el enriquecimiento de cualquier plan de manejo que se elabore para este magnífico reservorio ambiental-histórico-arqueológico, en definitiva, dependerá del compromiso de los distintos actores que intervienen en la construcción de la(s) identidad(es) y la(s) memoria(s) oral(es) y material(es) de Uspallata.

11. Consideraciones finales

En este artículo hemos reflexionado con respecto a los factores que han llevado a la destrucción progresiva e indirecta de gran parte del patrimonio cultural arqueológico minero de Uspallata. A su vez, hemos planteado la controversia que se ha producido entre una nueva etapa de explotación minera y el uso propio de un área protegida adyacente, que está más orientado a la conservación. A partir de la interpretación de tales disputas, sumadas a otra de mayor envergadura que tuvo que ver con un proyecto minero al norte de la localidad de Uspallata (San Jorge) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, se elaboró el proyecto de ANPUP, en cuyas últimas versiones se incluyó a los antiguos emplazamientos mineros de Paramillos. 

En ese contexto se discute, en tono con algunas de las perspectivas más actuales sobre abordaje de la cuestión patrimonial y la cuestión ambiental, algunos escenarios y propuestas que deberían considerarse en futuros proyectos. En ese sentido, una posible ANPUP debería -a partir de participación activa de los pobladores locales- generar instrumentos que permitan el resguardo patrimonial, ambiental y de las formas de vida sustentables de puesteros y vecinos de localidades como Uspallata. 

A su vez, hemos esbozado una propuesta de educación patrimonial con el objetivo de generar espacios de discusión y diálogo para analizar las consecuencias que puede traer para la identidad y la memoria local la falta de valoración y protección del patrimonio cultural. Poner en conocimiento y discusión la historia del lugar.  Como hemos mencionado en párrafos anteriores, el patrimonio es el conjunto de elementos naturales y/o culturales, materiales y/o inmateriales, heredados del pasado y/o creados en el presente, en donde un determinado grupo de individuos reconocen sus signos de identidad. La identidad colectiva es un valor inseparable del patrimonio, por eso nos lleva a considerar que patrimonio, es todo aquello que nos resulta íntimamente cercano. Existen diferentes tipos de patrimonios como el cultural, el histórico, el natural, el etnográfico, el industrial, el artístico, el ambiental, los bienes culturales, siendo éstos los monumentos, las obras de arte, etc. La referencia a las señas de identidad, es consecuencia de la absoluta subjetivización del proceso valorativo del Patrimonio Histórico, ya que sitúa en el sujeto, en sus necesidades vitales -la búsqueda de referentes que lo identifiquen como conjunto de ciudadanos-, el contenido básico y propiciador del proceso tutelar. 

Es por eso que debemos dejar de circunscribirnos a un trabajo académico en gabinetes y aulas universitarias, comprometiéndonos a trabajar con la sociedad en general y con la población local de cada área de investigación en particular. De nada nos sirve producir conocimiento sólo para que sea transmitido en congresos y revistas de divulgación científica. Esto simplemente conduce a una falta de conciencia real sobre la importancia del respeto que se debe tener hacia el patrimonio cultural y ambiental.

12. Agradecimientos

Este trabajo fue realizado en el marco del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientado (PICTO) financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Universidad Nacional de Cuyo (PICTO 0012-2016 UNCuyo). 

A Facundo Rojas y Lucrecia Wagner por los aportes sustanciales y la elaboración del mapa.
A Federico Soria y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, por sus aportes y su ejemplo de esfuerzo en pos de la protección y cuidado del ambiente y el patrimonio.

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