Un marco analítico

En este capítulo, se desarrollan las características que suelen presentar las instituciones, así como también los modelos institucionales que se encuentran en los diferentes países. Se presenta un resumen sobre los resultados que diferentes autores han encontrado al intentar demostrar que el tipo de instituciones afecta el desarrollo de un país.

Por otra parte, se analiza el origen y las características del pensamiento complejo, así como su relación con el enfoque sistémico y la aplicabilidad en diferentes ámbitos o escenarios. Desde esta óptica de la complejidad, se presenta una descripción del rol que tienen las instituciones en el sistema, su relación con el poder y sus posibilidades de potenciar otros subsistemas para mejorar las condiciones generales de un país.

¿Qué son las instituciones?

Siguiendo los textos del especialista Douglass North (1993), podrían definirse las instituciones como las reglas de juego dentro de una sociedad. Más formalmente, las instituciones son las restricciones creadas por los seres humanos para moldear las relaciones humanas. En otras acepciones se habla de los usos, hábitos, costumbres y normas por los que se rigen las relaciones sociales y económicas entre los miembros de un grupo (Miró Rocasolano, s.f.). Una de las características principales de las instituciones es que sobreviven a las personas que las habitan en un momento dado. Es decir, se trata de entidades autónomas, por medio de las cuales el agregado humano se transforma en una comunidad actuante.

En el lenguaje de los economistas, las instituciones definen y limitan el conjunto de elecciones de los agentes racionales. Son consideradas categorías fundamentales del análisis económico, no solo por su importancia en el comportamiento individual, sino también por su contribución en la construcción de los principales esquemas de coordinación de las economías modernas, como las empresas o los mercados (Glandlgruber, 2003).

Cada sociedad se caracteriza por un conjunto de arreglos institucionales específicos que pueden fomentar, pero también frenar, los procesos que sustentan la creación de riqueza y bienestar. Es por ello que se considera que el beneficio que genera una institución es mayor cuanto mayor sea la eficiencia que aporte a la economía y cuanto menores sean los costos de transacción y de información. Las instituciones facilitan la estructura de incentivos de una economía; a medida que la estructura va cambiando, dan forma a la dirección de cambio económico hacia el crecimiento, el estancamiento o el declive (Bour, 2015).

A nivel global, el debate sobre el rol y la importancia de las instituciones es un tema que no pasa de moda. El reconocimiento de la existencia de fallas de mercado ha posicionado a las instituciones como

el ámbito en el cual los agentes económicos y sociales tienen acceso a los recursos y pueden reforzar su potencial de ingresos. Así, adecuar las instituciones llega a ser el paradigma dominante en la formulación de políticas en la agenda del desarrollo internacional (Appendini y Nuijten, 2002, p. 72).

Así es que a lo largo de la historia se crearon instituciones para imponer un orden y reducir la incertidumbre del intercambio. Estas evolucionan de manera incremental, estableciendo una conexión entre el presente y el futuro; en consecuencia, la historia es principalmente un relato de la evolución institucional, donde la conducta histórica de las economías solo puede ser comprendida como parte de un relato en secuencia. Esto demuestra lo importante pero complejo que puede ser el abordaje de las instituciones en cualquier estudio.

Las instituciones tienen tres grandes funciones dentro de una sociedad: la función regulativa, la normativa y la cognitiva. La función regulativa se observa cuando las instituciones imponen restricciones al comportamiento social mediante reglas y sanciones. La función normativa ocurre porque las instituciones surgen de un sistema normativo específico con el fin de direccionar a la sociedad a una situación deseable. Y la función cognitiva se destaca porque las instituciones median entre el individuo y su entorno, de modo que le permiten interpretar lo que sucede (Alonso, 2001).

Las instituciones pueden ser formales o informales. Las formales comparten las características de haber sido creadas en un determinado momento, plasmadas por escrito —generalmente— y formar parte de la pirámide jurídica que rige la vida de una comunidad. Tal es el caso de las constituciones nacionales, códigos, leyes, contratos y demás elementos.

Las informales, en cambio, se desarrollan con el paso del tiempo, como en el caso de las normas sociales, convenciones y códigos morales (Galiani, 2006). También pueden ser extensiones, interpretaciones y modificaciones de reglas formales, normas de comportamiento social reconocidas que son premiadas o sancionadas, acuerdos, códigos de conducta que provienen de costumbres, tradiciones y en general de lo que se conoce como cultura.

Las instituciones informales son relevantes por sí mismas y, coyunturalmente, pueden ser más importantes incluso que las formales. Como evidencia se argumenta que una misma constitución o marco legal produce resultados distintos o inclusive opuestos en diversos países, debido a su distinta cultura. Por lo general, cambiar una institución informal resulta más difícil y conlleva un proceso más lento que el cambio de una institución formal. Esto es por el factor cultural de la sociedad. Es por eso que algunos autores, como North (1993), sostienen que deben ser objeto de estudio ambos tipos de instituciones.

Como puede observarse, la estructura de una institución es compleja, ya que está formada por elementos formales y no formales, elementos simbólicos, relaciones sociales y materiales. Esta estructura define una serie de incentivos y penalizaciones que permiten articular el comportamiento social y las acciones colectivas. En este contexto el rol del Estado resulta clave, ya que es el que tiene la capacidad de hacer cumplir efectivamente los contratos y, a su vez, provee un conjunto de instituciones que defienden los derechos individuales y protegen a los individuos contra el abuso del propio Estado (London et al., 2003).

Sin embargo, la influencia del Estado sobre las instituciones también genera riesgos, especialmente porque el gobierno no está sujeto a límites, puede confiscar los bienes de los individuos y cambiar de políticas según sus necesidades o intereses. En este punto de la cuestión resulta necesario definir y separar las instituciones políticas de las instituciones económicas.

Instituciones políticas y económicas

Las matrices institucionales de los países están conformadas esencialmente por instituciones políticas e instituciones económicas. Ambas están íntimamente relacionadas. Sin embargo, el tipo de relación conseguido dentro de un país puede ser trascendental para lograr el desarrollo que lleve a mejores niveles de bienestar a la población. Bour (2015) entiende que una política de desarrollo exitosa requiere la comprensión de la dinámica del cambio económico, si es que se desea que las políticas aplicadas tengan las consecuencias buscadas. A su vez, un modelo dinámico de cambio económico tiene que involucrar un análisis político como parte integral de ese modelo, ya que el poder político hace aplicar las reglas formales.

Concretamente, se considera que las instituciones políticas son los organismos que diseñan, regulan y vigilan las normas de convivencia política de un país o una región. Son las que determinan el contexto en que se emprenden las acciones clave del gobierno. Es por ello que se considera que uno de los principales objetivos de las instituciones políticas es crear estructuras o mecanismos que regulen el orden social y brinden justicia.

Las instituciones políticas prevalecen sobre las instituciones económicas o las preceden. Determinan cómo se elige el gobierno y quién tiene derecho a hacer qué. Si la distribución de poder es estrecha y sin restricciones, entonces las instituciones políticas son absolutistas. En contraste, las instituciones políticas que distribuyen el poder en la sociedad en general y están sometidas a restricciones son pluralistas.

Las instituciones políticas se caracterizan por ser trascendentes, perdurables, estables y brindar continuidad jurídica en una sociedad. Se espera que las instituciones políticas sean una herramienta para que los intereses del territorio y de los ciudadanos se coloquen por sobre todo lo demás. Para ello, se les otorgan determinadas funciones:

• Condicionar y regular la vida política: las instituciones políticas se basan en los preceptos de igualdad, equidad y justicia para lograr un orden cada vez más estable, plural y democrático.
• Cumplir los objetivos propuestos: por medio de las instituciones políticas se deben trazar los lineamientos para desarrollar la convivencia, la economía, la política y garantizar su efectivo cumplimiento en el tiempo.
• Satisfacer las necesidades sociales: todos los sectores de la sociedad deben estar incluidos en el sistema y contar con las herramientas para desarrollar una vida digna.
• Ejercer control social: se trata del sistema de normas que regulan la vida de una nación y las instituciones que están facultadas para restablecer el orden bajo cualquier circunstancia (Morales, s.f.).

Por su parte, las instituciones económicas pueden ser definidas como el conjunto de entidades que se forman a través del tiempo para regular y establecer leyes, con el objetivo de mejorar determinados aspectos de la economía. Las instituciones económicas se comprenden en el contexto de una estructura de derechos de propiedad bien definidos, la presencia de mercados funcionales y de oportunidades contractuales para los agentes económicos.

Las instituciones económicas pueden surgir de manera informal, a través de interacciones repetidas entre individuos u organizaciones que establecen normas de comportamiento. O también de manera formal, a través de un diseño deliberado por una organización con el poder de hacerlo —gobierno, privado o sociedad civil—. En cualquiera de los dos casos, este tipo de instituciones son creadas y evolucionan dando respuesta a la incertidumbre que generan las imperfecciones del mercado, como los costos, riesgos y falta de información.

El fin último de las instituciones económicas es que las personas minimicen los costos y maximicen las utilidades en las diversas actividades económicas. Por lo tanto, la determinación de este tipo de instituciones puede afectar el desarrollo económico, los niveles de pobreza y la prosperidad en general de los grupos sociales. Entre sus principales funciones se destacan:

• Establecer y proteger los derechos de propiedad: por medio del desarrollo de mecanismos para registrar propiedades, sucesiones, patentes de invención; además de dar lugar a los reclamos y tomar acciones cuando los derechos son lesionados.
• Facilitar las transacciones: los agentes económicos son racionales y evalúan los costos y beneficios, así como el contexto, antes de tomar la decisión de ejecutar una transacción. Las instituciones económicas pueden fijar medidas, estándares, derecho contractual, información pública sobre los mercados, convenciones bancarias, etc.
• Permitir la cooperación y organización económica: se fomentan las interacciones dentro de las organizaciones y las acciones colectivas para alcanzar economías de escala y promover el desarrollo del país.

Instituciones extractivas e inclusivas

Cuando los diferentes autores abordan la problemática del crecimiento y el desarrollo de los países, toman en cuenta las características de las instituciones que posee cada uno. Sucede que estas características pueden ser determinantes para potenciar su crecimiento económico o condenarlo al fracaso. En este sentido, Acemoglu y Robinson (2006) propusieron una nueva clasificación de las instituciones, según sean inclusivas o extractivas.

La principal distinción es que las instituciones inclusivas fomentan el desarrollo, la inversión y la productividad, mientras que las instituciones extractivas buscan únicamente proveerse de recursos sin alentar la inversión. El estudio de Acemoglu y Robinson (2013) asegura que los países pobres, en general, poseen instituciones de tipo extractivo, cuyos gobernantes están preocupados en obtener recursos para perpetuarse en el poder, solucionar los problemas corrientes que no requieren mucha profundidad, sin miras al futuro. A medida que se analizan países más desarrollados y prósperos, se observa un patrón común que responde a instituciones políticas y económicas inclusivas.

Se considera que las instituciones inclusivas generan prosperidad porque fomentan la tecnología, la productividad y la participación ciudadana en pos de estos objetivos. En otras palabras, la habilidad de las instituciones inclusivas radica en fomentar la innovación tecnológica, invertir en el capital humano y movilizar los talentos de un gran número de individuos. Esto es fundamental porque facilita que las personas puedan generar riqueza y, por lo tanto, impulsa el crecimiento económico del país.

Las instituciones políticas tienen características inclusivas cuando son centralizadas y pluralistas (Acemoglu y Robinson, 2006), cuando promueven la participación cívica ciudadana en la vida política y en la administración de los asuntos colectivos, sin favorecer los intereses de algún sector puntual de la sociedad. Podría pensarse que, por sus características genéricas, todos los sistemas democráticos son inclusivos. Sin embargo, no todas las autodenominadas democracias son reconocidas como tales por la comunidad internacional. Es por ello que se proponen y evalúan distintos indicadores sobre la calidad de la democracia para poner de manifiesto diferencias notables de inclusividad entre unas democracias y otras (Ferraro, 2014).

Cuando se advierte que una nación tiene una clase política organizada en partidos y con un sistema que en la práctica impone barreras de entrada a otros partidos, personas o grupos que quieren participar en el juego político, las prácticas extractivas van adquiriendo peso por sobre las inclusivas. En cambio, cuando se observa integración política y social, a través del uso de instituciones de representación y gestión pública, o de instituciones de la propia sociedad civil, gana peso la cualidad inclusiva por sobre la extractiva.

A su vez, los gobiernos dictatoriales desarrollan en extremo las instituciones políticas extractivas, porque utilizan el monopolio del poder para el beneficio particular de un grupo de la sociedad. En estos casos, se observa una constante restricción para que la ciudadanía participe de la vida política y, además de la coacción impartida, estos países tienden a sufrir el estancamiento económico y las crisis sociales de manera recurrente.

En el caso de las instituciones económicas, se consideran inclusivas cuando

garantizan los derechos de propiedad, la ley y el orden, la libertad (y facilidad) para la creación de empresas, el buen funcionamiento de los mercados, el cumplimiento de los contratos y la igualdad de oportunidades para que los ciudadanos puedan mejorar su situación económica (Ferraro, 2014, p. 1).

En otras palabras, para ser inclusivas, las instituciones económicas deben ofrecer seguridad de la propiedad privada, un sistema jurídico imparcial y servicios públicos que proporcionen igualdad de condiciones, en los que las personas puedan realizar intercambios y firmar contratos; además de permitir la entrada de nuevas empresas y dejar que cada persona elija la profesión a la que se quiere dedicar. Las instituciones económicas inclusivas fomentan la actividad económica, el aumento de la productividad y la prosperidad económica.

A su vez, las instituciones económicas extractivas son aquellas que poseen propiedades opuestas a las instituciones económicas inclusivas. Se denominan extractivas porque tienen como objetivo capturar rentas y riquezas de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto.

Obviamente, el Estado se encuentra interconectado con las instituciones económicas, porque es el responsable de mantener las condiciones necesarias para uno u otro modelo, y es el proveedor clave de servicios públicos. Podría decirse que las instituciones económicas necesitan al Estado y lo utilizan. Por lo general, las democracias tienden a fomentar el desarrollo de instituciones económicas inclusivas y las dictaduras —o democracias débiles— imponen instituciones económicas extractivas.

Persistencia temporal de las instituciones

Una vez que las instituciones, tanto políticas como económicas, se han establecido en una sociedad, resta entender el mecanismo por el que pueden perdurar a través del tiempo o cambiar hacia otra orientación. En su trabajo, Acemoglu y Robinson (2013) intentan responder también a este interrogante. Consideran que, en lo concerniente a las instituciones inclusivas, existe un proceso de retroalimentación positiva o círculo virtuoso que las protege frente a los intentos de socavarlas. Es decir que se crean poderosas fuerzas en pos del crecimiento económico (Gay, 2013). La lógica del círculo virtuoso procede, en parte, del hecho de que las instituciones inclusivas se basan en límites que se ponen al ejercicio del poder y en una distribución pluralista del poder político en la sociedad, consagrada en el Estado de derecho. Este círculo virtuoso también tiene lugar porque se conduce a una mayor equidad en la distribución de la renta y en las reglas de juego económico.

La sinergia entre las instituciones inclusivas permite:

• Estimular la inversión: porque existen garantías sobre derechos de propiedad;
• Aprovechar el poder de los mercados: por la mejor asignación de los recursos, entrada de empresas más eficientes, capacidad de financiar los nuevos emprendimientos;
• Generar amplia participación ciudadana: gracias a la educación, la libre entrada y los derechos de propiedad.

Sin embargo, así como existe un círculo virtuoso, también existe un círculo vicioso que hace que perduren las instituciones extractivas. Incluso, este tipo de instituciones se hace cada vez más resistente por el propio proceso de retroalimentación. Las instituciones políticas extractivas crean pocos límites al ejercicio del poder. Por ende, son muy escasas las instituciones que limiten el uso y abuso de poder por parte de las élites al mando. Y las instituciones económicas extractivas permiten generar grandes beneficios y riqueza con el mero control del poder, expropiando los activos de otros, estableciendo monopolios, etc. Pero, además, cuando las instituciones extractivas crean desigualdades enormes en la sociedad, una gran riqueza y poder ilimitado para los que poseen el control, habrá muchos otros que lucharán para hacerse con el control del Estado y las instituciones.

Ante la problemática del círculo vicioso, Gómez-Pallete (2017) opina que es condición necesaria instaurar la práctica del perfeccionamiento continuo de las instituciones. De esto se deriva que el fracaso o la prosperidad del país no dependen solo del tipo de instituciones, sino también del compromiso libre con el que se mejoren de forma participativa los criterios de buen gobierno, las estrategias y objetivos, los roles y sistemas, los servicios y bienes producidos. Se trata del desarrollo de un mecanismo complejo en el que cada uno de los participantes se involucre en la defensa y el cuidado de las instituciones que mejor hacen al bien común.

Instituciones y desarrollo

En cualquier reunión o debate es muy común escuchar sobre la importancia del desarrollo y el crecimiento económico de un país. Ambos conceptos suelen utilizarse como sinónimos cuando no lo son. Un país se desarrolla cuando mejora de manera equilibrada sus aspectos económicos, políticos, sociales y culturales; cuando promueve la diversidad de sus comunidades, genera ingresos y puede desenvolverse en el área que le compete. Actualmente, considerar el desarrollo de un país tampoco puede dejar de lado el aspecto ambiental, ya que la sustentabilidad es una condición necesaria para intentar frenar los impactos de las prácticas del pasado sobre el planeta.

Por lo tanto, un país que se desarrolla genera directa e indirectamente mejoras en el bienestar de toda la comunidad. Queda claro que el desarrollo es un concepto mucho más amplio que el mero crecimiento económico, porque abarca distintos aspectos de la vida de la sociedad y no solo los indicadores de producción. Que los países se desarrollen o no lo hagan puede deberse a muchos factores.

En las últimas décadas, se ha observado un crecimiento superlativo de nuevas formulaciones teóricas centradas en el estudio de los factores que explican el crecimiento y el desarrollo económico. Según el recuento que hacen Rivera Ríos y Yoguel (2009), los aportes más avanzados se orientan a:

1. La teoría microeconómica de la innovación.
2. El estudio de las revoluciones tecnológicas.
3. La teoría del aprendizaje organizacional.
4. La teoría del conocimiento.
5. Los sistemas complejos.
6. El cambio institucional.

Estas diversas corrientes han renovado el interés en el estudio del desarrollo económico como un fenómeno que depende de:

1. El aprendizaje y la subsecuente acumulación de capacidades tecnológicas.
2. La calidad de los procesos de destrucción creativa y apropiación.
3. El perfil de especialización productiva y el desarrollo de procesos de cambio estructural.
4. El tipo de instituciones que gobiernan el funcionamiento de la sociedad y las conductas nuevas de los agentes.

Un sector de la doctrina económica sostiene que el tipo de marco institucional es una de las variables más importantes para explicar el desarrollo, pero también el crecimiento económico de un país. En el modelo planteado por Acemoglu y Robinson (2013), se destaca la influencia de las instituciones por encima de otras cuestiones que también pueden variar entre países, como por ejemplo el clima, la cultura, la geografía o hasta la suerte. Las ciudades divididas por la frontera de México y Estados Unidos, así como Corea del Norte y Corea del Sur, Alemania del Este y del Oeste antes de la caída del muro de Berlín son casos históricos muy concretos que demuestran que las variables mencionadas anteriormente no llegan a ser determinantes, porque países o ciudades muy similares geográfica, climática o culturalmente han crecido de manera muy distinta.

Por lo tanto, la hipótesis de las instituciones es el bastión sobre el que se apoya el análisis de Acemoglu, Johnson y Robinson (2001) al considerar que las leyes, regulaciones, políticas y reglas de juego afectan a la economía vía incentivos a la inversión. Según los autores, la suerte, la geografía y la cultura no son causas endógenas, sino exógenas al modelo. A su vez, las instituciones sí son endógenas, es decir, están determinadas por las sociedades de cada país por medio de sus decisiones colectivas, pero como es esperable, no todos coinciden en esa elección, por lo que hay un conflicto de intereses sobre cuál institución implementar. La respuesta depende del poder político, o sea, del grupo que tenga un mayor poder para imponer el conjunto de instituciones que prefiera.

La hipótesis de Acemoglu et al. (2001), en esencia, dice que las instituciones económicas son la causa fundamental de los diferentes patrones de crecimiento económico. Son las propias personas las que deciden organizar sus sociedades de tal manera que prosperen. Algunas formas de organizar sociedades alientan a las personas a innovar, correr riesgos, ahorrar para el futuro y ofrecer bienes públicos. Las sociedades son económicamente exitosas cuando tienen “buenas” instituciones económicas. Debe haber respeto de los derechos de propiedad para la sociedad; así, todos los individuos tendrán un incentivo para invertir, innovar y participar de la actividad económica. También debe haber cierto grado de igualdad de oportunidades en la sociedad, incluida la igualdad ante la ley.

Hay que aclarar que no hay un modelo o conjunto de instituciones que probadamente resulte mejor para el desarrollo de un país, en cualquier momento y contexto. Las prácticas de “trasplante institucional” no resultan efectivas, por la mencionada endogeneidad de las instituciones (Alonso, 2001). Por lo tanto, no existen instituciones óptimas de carácter universal; se debe buscar entre las diversas alternativas, dependiendo de la realidad del país y la sociedad.

Para dar más respaldo a la hipótesis de que el marco institucional es una variable muy fuerte del modelo de crecimiento de un país, los autores Glaeser et al. (2004) estudiaron empíricamente la incidencia de algunas variables, como la educación, el clima, el ingreso per cápita inicial y la calidad institucional, sobre el crecimiento del ingreso per cápita durante 40 años. Los resultados arrojaron que había una fuerte correlación entre el crecimiento económico y la calidad institucional, la cual se entiende como las restricciones al Ejecutivo, el riesgo de expropiación, la efectividad del gobierno y la autocracia.

Instituciones e identidad nacional

La relación entre las instituciones y la identidad nacional es un elemento crucial que configura el tejido social y político de Argentina. A lo largo de la historia del país, las instituciones han desempeñado un papel destacado en la construcción y preservación de la identidad nacional.

La identidad nacional, según la perspectiva de García Segura (2022), se construye en relación con la noción de “otros”, y la existencia misma de la nación presupone la presencia de otras naciones o de individuos que no forman parte de esta. En este sentido, la identidad social se configura como la autopercepción de un “nosotros” que se contrasta con los “otros”.

Este proceso se basa en atributos subjetivamente seleccionados y valorizados, que actúan como símbolos delimitadores del espacio identitario compartido. Por lo que el autor sostiene que estos atributos no solo definen la identidad nacional, sino que también funcionan como marcadores de pertenencia.

Es crucial comprender que la identidad de un país no se origina a través de la ciencia o la economía, sino a través de la cultura. Esta se presenta como una identidad comunitaria o de grupo, donde la identificación compartida se manifiesta en la internalización de símbolos nacionales. Hoyos de los Ríos (2000) destaca la importancia de cómo un grupo de personas ha internalizado estos símbolos, lo que les permite actuar de manera cohesionada en situaciones que afectan su identidad y sus símbolos nacionales compartidos.

Siguiendo la perspectiva de Hoyos de los Ríos (2000), la identidad nacional se distingue del nacionalismo y surge como un componente subjetivo de la identificación colectiva en el contexto de la formación de nacionalidades. Este autor define la identidad nacional como la continua reproducción del conjunto de valores, símbolos, memorias, mitos y tradiciones distintivos de las naciones.

Además, complementa que implica las identificaciones individuales con dicho patrimonio y los valores, símbolos, mitos, memorias y tradiciones asociados. La identidad nacional y la nación se convierten, entonces, en constructos complejos integrados por elementos étnicos, culturales, territoriales, económicos y político-legales.

El acceso a una cultura implica que los individuos cuenten con símbolos, valores, creencias y costumbres al interiorizarlos como parte de sí mismos. Estos elementos, según García Segura (2022), unen a los miembros de una comunidad a través de recuerdos, mitos y tradiciones compartidos, independientemente de la existencia de Estados propios. La identidad nacional, por lo tanto, no se limita a vínculos legales, sino que se arraiga en una conexión emocional con una cultura compartida.

La identidad nacional, como producto, responde a lo que Klaus Zimmermann (1999) denomina “política de la identidad”. Este proceso complejo implica la producción deseada de la identidad a través de la “planificación de la identidad”. Los grupos disponen de herramientas para crear la identidad deseada, identificándose con símbolos que unen y resaltan el sentido de comunidad. Sin embargo, este proceso no implica una aceptación pasiva, sino una constante recreación para adaptar la identidad a las circunstancias cambiantes que rodean la vida de la comunidad.

Gracia Alonso (2021) argumenta que la identidad es el producto de la relación preexistente del grupo con su propia cultura, que actúa como un núcleo cultural autónomo que da sentido a todos los elementos culturales del grupo, permite su existencia como una entidad diferenciada y sirve como base para su funcionamiento y continuidad.

En un sentido genérico, la identidad se convierte en el producto de procesos ideológicos constitutivos de la realidad social. A su vez, lo describe como la organización coherente, a través de representaciones, normas, valores, creencias y signos, del conjunto de relaciones reales e imaginarias que los seres humanos han establecido entre sí y con el mundo material. La identidad, por lo tanto, implica procesos de adscripción mediante los cuales los individuos crean, seleccionan o afirman marcas de identificación.

Estos procesos de selección implican una reelaboración simbólica para aglutinarse como una unidad, real o virtual, presente o pasada. Los sujetos sociales, a través de una reelaboración simbólica, omiten o resaltan diferencias para demarcar los límites entre el nosotros y los otros, regulando y organizando las interacciones dentro y fuera de la unidad identitaria.

En el cierre de este apartado sobre identidad nacional, resuena la reflexión esclarecedora de Leonel Arias Sandoval (2009) acerca de la dinámica y transformación constantes de este proceso histórico y geográfico. La identidad nacional, como destaca el autor, se configura a través de un discurso ideológico homogeneizador que reproduce el imaginario nacional y, simultáneamente, se ve influenciada por la interacción cultural con otras naciones, una dinámica exacerbada por el fenómeno de la globalización.

En esencia, Arias Sandoval (2009) subraya que la identidad nacional no es estática ni inmutable, sino más bien maleable y sujeta a las complejidades de las interrelaciones culturales en un mundo cada vez más globalizado. Este proceso no solo abarca la construcción interna de la identidad mediante discursos y narrativas homogeneizadores, sino que también incorpora la asimilación de influencias externas, manifestadas a través de conductas, símbolos y significados, especialmente aquellos derivados de la imitación de modelos culturales externos.

La discusión en torno a la existencia de una única identidad nacional, frente al impacto del fenómeno de la globalización, es un terreno fértil para diversas interpretaciones y posiciones, como señala Arias Sandoval (2009). En este contexto contemporáneo, incluso se acuña el concepto de identidades transnacionales, vinculando grupos étnicos y otros a través de las fronteras de los Estados-nación.

El diálogo en torno a la identidad nacional presenta diversas perspectivas y tendencias ideológicas, y así refleja la diversidad inherente al fenómeno de las identidades. Por un lado, se aborda la noción de “crisis de identidad” desde un enfoque conservador, reproduciendo discursos esencialistas que contrastan el “nosotros” con los “otros”. Por otro lado, surge una visión de cambio social y transformación, impulsada por la influencia de los medios de comunicación masiva, en particular, la televisión e Internet.

Un elemento crucial que permea este debate es la conexión directa con la globalización. La influencia de lo foráneo emerge como un factor determinante en la diferenciación, compartición o afirmación de una forma de identidad. Este fenómeno se revela como un componente fundamental en la dinámica de cambio social actual.

En última instancia, la identidad nacional se manifiesta como una construcción social que reconoce la diversidad al interior de cada sociedad. Aspectos como género, grupos étnicos, lugar de nacimiento o residencia, generación, edad, diferencias socioeconómicas, tendencias políticas y preferencias sexuales contribuyen a esta rica y compleja red de identidades en la era de la globalización. En este escenario, la diversidad se erige como una característica que cohesiona y enriquece el fenómeno de las identidades en un mundo cada vez más interconectado.

Origen del pensamiento complejo

La conceptualización del pensamiento complejo como forma de estudio fue impulsada por el filósofo francés Edgar Morin en la década de 1980. Este autor sostiene que el pensamiento complejo es la capacidad de interconectar distintas dimensiones de la realidad. Desarrollar esta capacidad resulta cada vez más importante, porque la estructura de la realidad se complejiza a medida que avanza la sociedad (Morin & Piattelli-Palmarini, 1983; Morin, 2003). Es esta idea la que explica que la primera aplicación del pensamiento complejo haya sido en el campo de la sociología, aunque luego se extendió a muchas otras ramas de la ciencia.

Plantear distintas problemáticas desde el análisis de los sistemas complejos permite desarrollar una mirada integral sobre esa realidad. La aparición permanente de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios obliga al sujeto a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva. Es decir que el concepto de pensamiento complejo se opone a la división disciplinaria y promueve el enfoque “transdisciplinario” y holístico.

El pensamiento complejo se sustenta en las nociones que aportan la sistémica, la cibernética, las teorías de la información, entre otros campos. Todo el estudio complejo está vinculado con la epistemología, que es la doctrina que define los métodos del conocimiento científico, con el fin de validarlo a través de distintos criterios. A su vez, el pensamiento complejo se basa en tres principios fundamentales:

• Principio dialógico.
• Principio de recursividad.
• Principio hologramático.

El principio dialógico consiste en asociar dinámicamente factores que son, al mismo tiempo, contradictorios y complementarios. El desafío es no ver entre ellos una incoherencia insuperable (Llarandi, 2018). En otras palabras, en el pensamiento complejo se aplica la dialógica para la búsqueda de coherencia en el sistema.

Por ejemplo, dentro de un sistema social se observan fuerzas que son innovadoras y otras que son conservadoras. Estas fuerzas viven en constante tensión porque la innovación permanente es destructiva, ya que no queda tiempo ni espacio para que se consolide lo que se innova. A su vez, la conservación permanente también destruye porque genera una inercia que impide la evolución. Entonces, el desafío dentro del pensamiento complejo es buscar la forma de combinar innovación y consolidación.

El principio de recursividad se entiende como la capacidad de la retroacción de modificar un sistema. En otras palabras, se observa recursividad cuando el efecto influye en la causa que lo produjo. La recursividad rompe con la idea lineal de causa-efecto. Este principio considera que todo lo que es producido en un sistema (output) reingresa sobre aquello que lo produjo, en un ciclo autoconstitutivo. Carlos Llarandi (2018) advierte la importancia de tener en cuenta que “un efecto siempre se convierte en causa segunda de otros efectos y causa recursiva que modifica la propia causa que lo ha producido” (p. 1).

Para ejemplificar la recursividad, se puede pensar en los productos tecnológicos que, cuando salen al mercado, modifican el comportamiento de la población y, luego de un tiempo de estabilización, este comportamiento influirá en la evolución de los productos tecnológicos del futuro. Por lo tanto, la recursividad está conectada con la dinámica de ciclo o bucle. Cuando se analiza esta dinámica dentro de un sistema, se pueden tener dos efectos. El efecto negativo, donde el sistema tiende al colapso, o el efecto positivo, que refuerza la causa permitiendo el desarrollo exponencial del sistema.

El principio hologramático dentro del sistema complejo se refiere a la parte en el todo y el todo en la parte. Si el holograma fuese físico, se podría observar que el menor punto de la imagen contiene casi la totalidad de la información del objeto que representa. De esta forma se cumple lo habitual, ya que la parte está en el todo; pero también lo no habitual, porque el todo está en la parte.

El ejemplo social podría ser el siguiente: si se analiza un shopping (la parte), se podría visualizar toda la organización y mentalidad de la sociedad a la que pertenece (el todo). O también podría pensarse en la relación individuo-sociedad. Una sociedad (el todo) no se entiende si no hay un conocimiento de los individuos que la componen y, a su vez, los individuos son incomprensibles sin una visión sistémica de la sociedad. Por lo tanto, el pensamiento complejo puede concebirse como una estrategia para globalizar y abarcar los fenómenos estudiados, pero reconociendo la especificidad de las partes.

Si el pensamiento complejo se aplica sobre cuestiones sociológicas, hay dos aspectos que se deberían tener en cuenta. Por un lado, el individuo se comporta a través de movimientos desorganizados imposibles de seguir aisladamente, pero que en el conjunto responden a las leyes de la probabilidad y a la segunda ley de la termodinámica. Estos comportamientos son estudiados a través de la llamada teoría de la complejidad no organizada.

Por otro lado, puede considerarse la complejidad organizada a través de reglas específicas y estudiadas en la teoría general de las organizaciones. Las reglas están dadas por conceptos como totalidad, crecimiento, diferenciación, orden jerárquico, dominancia, control, competencia, etc. En estos casos, la organización genera complicaciones que no permiten predecir ciertos hechos futuros con gran precisión (Bertalanffy, 1968).

La teoría de los sistemas sociales

Como puede advertirse en el apartado anterior, el pensamiento complejo está íntimamente relacionado con el concepto de sistema y la visión sistémica. Simon (1976) destaca que trabajar con complejidad puede implicar que los sistemas estén integrados por muchos componentes, o que cada componente tenga alta interdependencia con el resto. También puede hacer a un sistema complejo el hecho de ser difícil su poder decisorio. O la cantidad de información distinta que maneja en comparación con los sistemas menos complejos. Por estas razones puede observarse que los sistemas complejos tienden a contener un número mayor de parámetros definidos para describirlos.

En este punto, es bueno hacer una aclaración. Que algo sea complejo es diferente a que sea complicado. Para Thomas Muñoz (2022), un problema complicado se separa y se estudia parte por parte para comprenderlo. Esto en los sistemas complejos no se puede hacer porque cada vez que se aísla una parte del problema, sus componentes o subsistemas se modifican. Para estudiar un sistema complejo es necesario comprender la naturaleza dinámica de las relaciones de sus partes.

Para analizar en profundidad un aspecto desde el enfoque sistémico, se puede hacer uso de las herramientas que brinda la teoría de los sistemas porque, tal como advierte Bertalanffy (1968), esta teoría ha atravesado una infinidad de campos o especialidades. Es así como en las teorías sociológicas contemporáneas se abordan ciertos fenómenos sociales en términos de sistemas. En este sentido, los acontecimientos de la sociedad contienen mucho más que las decisiones y acciones individuales, porque están determinados también por sistemas socioculturales, como las ideologías, las tendencias, el crecimiento, los prejuicios, etc.

Cabe destacar que, dentro del corpus de las ciencias sociales, la política ocupa una posición central, unida a la economía, el derecho, la antropología cultural y la psicología social. En uno de sus trabajos, Parsons (1999) propone una síntesis sistémica de las relaciones que circulan entre las diferentes partes del sistema social, utilizando un esquema analítico-interpretativo denominado AGIL. El autor explica que, para poder desarrollarse y sobrevivir, todo sistema —sin importar su grado de complejidad— responde positivamente a cuatro problemas o imperativos funcionales:

• (A) Adaptación: que corresponde a la necesidad de asegurarse recursos suficientes en el ambiente que lo rodea.
• (G) Consecución de los fines: que consiste en saber movilizar los propios recursos para lograr los objetivos propuestos.
• (I) Integración: que permite coordinar, regular y controlar las relaciones entre las diferentes partes del sistema.
• (L) Mantenimiento de la estructura Latente: que se basa en un sistema de valores y motivaciones que posibilitan la cohesión social.

Por su parte, el sociólogo alemán Niklas Luhmann ha elaborado una teoría ambiciosa pero muy interesante para describir a la sociedad moderna como un sistema. En primer lugar, el autor (1996) plantea que todo sistema se constituye y mantiene como una unidad diferenciada del ambiente que lo rodea. A su vez, este ambiente ofrece más posibilidades existenciales de las que el sistema puede materializar en cada momento, y crea así una asimetría.

Luhmann entiende que esta asimetría solo puede formularse con proposiciones sobre el sistema y el ambiente como unidades. La asimetría se convierte entonces en una diferencia entre dos estados de cosas complejos, aunque el ambiente es siempre más complejo que el sistema.

Así entendida, la complejidad se traduce en selectividad forzosa, que da cuenta de la necesidad que tiene cualquier sistema de excluir diversas posibilidades para llegar a realizar una en particular. Por ello, la estabilidad de los sistemas se considera dinámica y abierta a una constante búsqueda de alternativas. Esto obliga al analista sistémico a utilizar como método fundamental el análisis funcional cuyo punto de referencia último es, por tanto, el problema de la complejidad.

En la teoría sobre los sistemas sociales de Luhmann (1998), se advierte que no es posible seguir considerando que los seres humanos son entidades unitarias que operan en un determinado contexto si el objetivo es entender cómo opera la sociedad. Solo renunciando a este análisis simplificador se podría alcanzar el nivel de complejidad cognitiva que requiere el complejo mundo moderno.

Para Luhmann, explicar fenómenos como los riesgos latentes del crecimiento económico y el desarrollo tecnológico, la creciente volatilidad económica en el mundo globalizado, las exclusiones sociales, la crisis de la economía del bienestar, las corrientes demográficas o tantos otros temas surgidos de los procesos sociales contemporáneos requiere de análisis complejos, que consideren a la sociedad como un sistema que engloba toda la comunicación posible y su moderna forma de diferenciación funcional. Con esta obra, el autor pone en contacto la teoría de la diferenciación funcional con las teorías del conocimiento y hace una contribución a la teoría de la sociedad moderna.

Concretamente, en la teoría de los sistemas sociales de Luhmann (1997), el sistema no está constituido por individuos sino por comunicaciones. Entonces se rompe con el presupuesto de que hay un actor o una acción detrás de la comunicación social.

Para que se produzca la comunicación, se necesita lograr una síntesis entre información, enunciado y comprensión, aclarando que no necesariamente la comunicación debe ser verbal. Si la información existe, pero no se enuncia o comprende de manera completa, la comunicación dentro del sistema no será exitosa. Con relación al entorno o contexto, la teoría considera que el sistema no existe en sí mismo. Solo existe y se mantiene gracias a su distinción con el entorno; pero a su vez, el valor de la diferencia es relativo al sistema considerado.

El sistema contiene subsistemas funcionales cerrados a través de códigos especializados. Estos subsistemas son el político, el económico, el religioso, el artístico, el jurídico, entre otros. La aparición de los subsistemas se corresponde con la necesidad de la sociedad de alcanzar un nivel superior de complejidad. “Se puede describir una sociedad como funcionalmente diferenciada a partir del momento en el cual forma sus principales subsistemas en la perspectiva de problemas específicos que deberán ser resueltos en el marco de cada sistema funcional” (Luhmann, 1999, p. 43).

En las sociedades modernas, entonces, cada subsistema observa la sociedad a partir de su propia función. Esta observación está estructurada por un código, que es comprendido como una distinción binaria que no admite interferencias en la realización de la función. Por ejemplo, el subsistema científico tiene como código la distinción de verdadero o falso; el subsistema jurídico hace la distinción entre lo legal y lo ilegal. A su vez, cada subsistema funcional selecciona en función de sus propias distinciones. Entonces el subsistema económico no deja lugar a ninguna orientación por parte del subsistema religioso, por citar un ejemplo.

La visión planteada en la obra de Luhmann presenta similitudes con la autonomización de las esferas de actividad —económica, social y política— descripta por el sociólogo Max Weber (1969), ya que los dominios de estos campos son cada vez más complejos y gozan de su propia lógica de acción. Weber también diferencia las funciones dentro de la sociedad y le aporta una mirada “a-social” o al menos “meta-moral” para lograr el abordaje de temas como la razón del Estado en el ámbito de poder o el beneficio en el dominio de la propiedad. Si cuestiones morales o religiosas se interpusieran en estos subsistemas diferenciados, no se lograría el resultado esperado.

La complejidad en el caso de los sistemas sociales tiene aún mucho por explicar porque la sociedad está en constante evolución y nuevos subsistemas van apareciendo, con sus diferenciaciones y sus interconexiones. Dentro de este complejo escenario, las instituciones se constituyen como “sistemas de reglas sociales que regulan el comportamiento y generan seguridad de expectativas” (Czada, 2014, p. 251).

El concepto político de las instituciones se instala donde la satisfacción de las necesidades sociales se topa con ciertos conflictos de intereses de difícil resolución por las vías del ordenamiento natural. A diferencia de los procesos de formación cultural de las sociedades, donde las acciones individuales se consolidan de manera no reflexionada, la institucionalización política permite la regulación de conflictos por medio de normas explícitamente diseñadas para ello.

Las teorías institucionales dentro del pensamiento complejo

El estudio de las instituciones y su rol sobre las sociedades comenzó a tomar destacada importancia en la primera mitad del siglo XX, y así surgió una nueva corriente de pensamiento, denominada institucionalismo. En aquella época, el institucionalismo tenía una orientación descriptiva y utilizaba el razonamiento inductivo. Desde esta corriente, se definía que las instituciones eran reglas de funcionamiento de la sociedad y que ellas se convertían en los recursos que tenían los agentes racionales para lograr sus objetivos.

Claudia Santizo Rodall (2007) advierte que el análisis de la complejidad y la diversidad de factores que intervienen en las interrelaciones sociales requiere de la complementariedad de las diferentes perspectivas teóricas del institucionalismo. De esta manera, se lograría una mayor comprensión de los fenómenos que resultan de las interacciones sociales e institucionales. A su vez, “el desempeño de las instituciones depende de la interdependencia en el medio ambiente en que operan y de la interpretación de la situación en que se encuentran los actores” (Vargas Hernández, 2008, p. 49).

En el marco del institucionalismo tradicional, el análisis sistémico e intergeneracional complejo ya empieza a tenerse en cuenta. Commons (1950) considera que las instituciones que surgen en un momento determinado son las soluciones imperfectas y pragmáticas a los conflictos del pasado. Sin embargo, la creación y vigencia de esas instituciones puede poner en peligro el equilibrio y la estabilidad del sistema. En situaciones de equilibrio múltiple, las instituciones ejercen un grado importante de agencia e interdependencia.

Los institucionalistas tradicionales toman como ejes centrales el conflicto, el poder y la política dentro del cambio institucional que se puede experimentar en cualquier momento y lugar. Hay una necesidad de cooperación que hace surgir a las instituciones y que se sostiene a través de mecanismos iterativos que detienen los peligros y facilitan los flujos de información. Por lo tanto, podría decirse que las instituciones son puntos focales para la cooperación, porque proveen tareas de monitoreo e información y permiten las ganancias distribucionales. Autores destacados del institucionalismo tradicional fueron Commons (1950) y Guy Peters (1999), entre otros.

El institucionalismo tradicional fue avanzando a medida que se abordaron nuevas investigaciones, se desarrollaron teorías y metodologías acordes con los procesos de institucionalización. La evolución permitió especializaciones hacia el institucionalismo económico y la economía política institucional. A continuación, se hace una breve reseña de sus principales características.

El institucionalismo económico cuestiona la teoría económica neoclásica y se centra en el estudio de las instituciones. Estas son consideradas un mecanismo para la toma de decisiones que permite la agregación de las preferencias de los agentes y actores. Para este sector de la doctrina, las instituciones y las normas son la base del funcionamiento interrelacional que determina el grado de racionalidad entre los distintos actores del Estado, del mercado y de la sociedad en general. A su vez, la economía institucional estudia la economía de los costos de transacción, de los derechos de propiedad, la elección pública, la optimización de los beneficios y el desarrollo de las naciones.

Bajo el enfoque de las instituciones y el desarrollo, la economía institucional sostiene que las diferencias entre países se explican por las diferencias en sus arreglos institucionales. Especialmente, los regímenes políticos son arreglos institucionales que facilitan las diferentes interrelaciones entre los actores y terminan afectando el desempeño social y económico. Uno de los grandes exponentes de la economía institucional es Douglass North, quien advierte que

La teoría macroeconómica nunca resolverá los problemas que confronta a menos que reconozca que las decisiones adoptadas en el proceso político afectan críticamente el funcionamiento de la economía. Esto sólo puede hacerse mediante una modelización del proceso económico-político que incorpore las instituciones específicas afectadas y la consiguiente estructura del intercambio político y económico (North, 1993, pp. 110-111).

Por su parte, la economía política institucional proporciona las bases para la lógica de la gobernabilidad porque considera las consecuencias de las formas institucionales alternativas en la conducta individual y en los resultados de las decisiones colectivas, los mecanismos que posibilitan a las instituciones regular el comportamiento y la lógica de los procesos a través de los cuales cambian las instituciones (Weimer, 1995).

Posterior a las corrientes del institucionalismo mencionadas en párrafos precedentes, surgió el neoinstitucionalismo o nuevo institucionalismo, que combina enfoques históricos, sociológicos y de la elección racional para su estudio. El neoinstitucionalismo determina un conjunto de reglas que rigen los procesos de reformas institucionales a partir de los marcos de incentivos y restricciones impuestos a los comportamientos de los diferentes agentes y actores económicos, sociales y políticos para la formulación e implantación de políticas públicas y que tienen un impacto en los resultados medidos en términos de crecimiento y desarrollo. Los principales autores de esta corriente son James March y Johan Olsen (1989), Walter Powell y Paul DiMaggio (1981), Streeck y Thelen (2005), entre otros.

A diferencia de la corriente tradicional, el neoinstitucionalismo prioriza el análisis de los procesos cognitivos, de modo que les da espacio a las elecciones racionales de los sujetos. Se considera que el surgimiento espontáneo de las instituciones en las sociedades se explica por modelos mentales e ideologías que son compartidos por los actores junto con la cultura y las creencias. Podría decirse que en el neoinstitucionalismo rige un principio de satisfacción que sustituye al principio de maximización de la teoría tradicional. Además, considera la complejidad del Estado como un actor heterogéneo y poco coherente por la presencia de grupos de interés que se diferencian entre sí por las dotaciones asimétricas de poder e influencia (Vargas Hernández, 2008).

El neoinstitucionalismo también está compuesto por diferentes corrientes o perspectivas teóricas, que intentan explicar fenómenos económicos, sociales y políticos complejos a partir de las relaciones e interacciones de los individuos. Estas corrientes teóricas son el institucionalismo histórico, el institucionalismo normativo, el institucionalismo económico y el institucionalismo sociológico. A continuación, se ofrece una breve reseña de cada una.

El institucionalismo histórico es una de las primeras corrientes del neoinstitucionalismo. Sostiene que el Estado está formado por una compleja red de grupos de interés y organizaciones que se diferencian entre sí por dotaciones asimétricas de poder. A su vez, esta corriente se especializa en el análisis de las estructuras y procesos políticos de largo plazo en donde las instituciones y las ideas que las sustentan son materia de disputa entre los diversos actores.

Con este abordaje, el institucionalismo histórico redirecciona el entendimiento de las instituciones dentro de los sistemas económico-sociales. Su razonamiento no es lineal, porque sigue un patrón de dependencia en el cual fundamenta que las decisiones adoptadas en el pasado influyen en las decisiones actuales de las instituciones que regulan las relaciones entre las organizaciones político-administrativas y los actores económicos-sociales (Vargas Hernández, 2008).

El institucionalismo normativo estudia las instituciones desde la teoría de las organizaciones y las ciencias políticas. Esta corriente teórica hace hincapié en los marcos de referencia normativos y las reglas de comportamiento; enfatiza las funciones que desempeñan las instituciones que componen el gobierno de las sociedades. Es muy interesante el argumento que sostiene que los cambios en el entorno requieren también cambios institucionales, que solo pueden producirse a través de procesos de adaptación complejos que transforman incrementalmente las reglas, las normas y los mitos que regulan la organización en general. En otras palabras, las tensiones entre el sistema y el entorno presionan para cambiar el arreglo institucional existente.

De acuerdo con el institucionalismo normativo,

los actores no toman sus decisiones en función de un cálculo racional de sus preferencias, sino de las normas y las tradiciones de la organización. Así, las decisiones públicas se legitiman por las formas en que se obtienen y no tanto por los resultados logrados (Vargas Hernández, 2008, p. 51).

Es así como el respeto por las normas institucionales se explica por las ventajas que aportan de simplificar la realidad y predecir posibles acciones futuras. Estas ventajas son consideradas tan importantes que los actores internalizan su funcionamiento mediante los procesos de socialización.

El neoinstitucionalismo económico, por su parte, es un enfoque individualista de las instituciones que deja de lado la perspectiva social y les da mayor relevancia a las presiones que ejercen los grupos de interés sobre los entes de regulación, ya sean políticos o económicos. Se considera que los aspectos políticos limitan los beneficios del comercio, debido a que prevalecen intereses privados que originan conflictos distributivos. La información asimétrica que muchas veces tienen ciertos grupos contribuye a las prácticas oportunistas, que, en definitiva, son naturales del comportamiento humano.

Oliver Williamson (1985) define el oportunismo como la búsqueda del interés propio que lleva a los individuos a manejar la información con el propósito de obtener ventajas sobre otros individuos. Para reducir los comportamientos oportunistas, se puede aplicar un esquema de incentivos que estimule a los individuos a buscar el interés común de la sociedad. El autor considera que los modelos de comportamiento humano basados en el interés propio permiten el diseño de arreglos institucionales que regulen los comportamientos para evitar los abusos por la búsqueda del beneficio propio.

Podría decirse que en el neoinstitucionalismo económico toma relevancia el análisis de causa-efecto entre instituciones y desarrollo de las naciones. Se considera que la calidad de las instituciones tiene un papel determinante en la pobreza. Si la ejecución de transacciones tiene un costo, el cambio de las instituciones tiene que ser el resultado del cambio en los precios relativos de los factores de producción, los costos de acceso a la información o en la tecnología, de las transformaciones de las preferencias, las ideas y los valores de los individuos (North, 1993). A su vez, la confianza es fundamental en el proceso de cambio institucional porque solo si la sociedad confía en los agentes políticos —como el gobierno— se podrá mantener una institución en el tiempo.

Por último, el institucionalismo sociológico toma las ideas de Max Weber (1969) para analizar el cambio institucional, considerando las dimensiones de la racionalidad. Además, la rama sociológica considera las instituciones como variables dependientes e independientes al mismo tiempo, por lo que lo empírico funciona en mutua dependencia sin que exista un solo centro que genere el orden.

Parsons (1990) es un buen exponente del institucionalismo sociológico. El autor sostiene que para que exista una sociedad debe haber un sistema de valores socialmente aceptados por el conjunto de los individuos, que provenga de la historia de la misma sociedad. De lo contrario, vendría el caos. A su vez, las instituciones se arraigan no solo mediante procesos económicos y políticos, sino también por procesos intelectuales, es decir, en la formación de convenciones paralelas sustentadas en órdenes cognitivos.

La órbita de las instituciones está integrada dentro de la síntesis sistémica propuesta por Talcott Parsons (1999) bajo el esquema AGIL, que fue comentado en el apartado anterior. El autor considera que, en todo sistema social, a cada uno de los requisitos funcionales (adaptación, consecución de fines, integración y mantenimiento de la estructura latente) le corresponden otros subsistemas, como el económico, el político, el legal y el cultural. Estos subsistemas son los que actúan mediante instituciones específicas, e interactúan entre sí a través de los medios apropiados, tal como se observa en la siguiente figura.

Fuente: elaboración propia con base en Talcott Parsons (1999).

La importancia del poder en el sistema institucional

Según Weber (2005), el poder puede ser definido como “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (p. 31). El poder está presente en una o algunas de las partes de la relación social que se está analizando, pero está ausente o disminuido en otras. Esto genera la desigualdad de condiciones que permite la influencia de la o las partes poderosas sobre el resto.

Desde el punto de vista macrosocial es inevitable analizar la compleja relación entre el poder, la política y las instituciones. En el análisis sistémico planteado por Parsons (1999), se considera que el poder es uno de los medios simbólicos que circulan en el sistema. Otro medio es el dinero. El poder representa para la política lo que la moneda representa para la economía o la influencia y la lealtad representan para el derecho y la cultura. Y como tal, el poder no es estable ni genera estabilidad. Al contrario, se trata de un bien relacional que se intercambia en el interior de las organizaciones e instituciones, para conseguir determinados fines (Herrera Gómez y Jaime Castillo, 2004).

Por su parte, Clarissa Rile Hayward (2004) sostiene que la red que define el poder está compuesta por mecanismos de poder tales como reglas, normas e identidades sociales, que en operación conjunta definen posibilidades de acción para todos los agentes y los constituyen como tales. Es innegable que el poder y las instituciones son conceptos que están vinculados desde el origen. Por ello, para López Rivera (2015) el vínculo entre poder e instituciones tiene un carácter ontológico, principalmente porque las fuentes sociales del poder residen en las instituciones.

Está aceptado entonces que, la mayoría de las veces, las instituciones surgen de las luchas por el poder, pero también hay que aceptar que estas requieren del consenso general para mantenerse. Este consenso le permite al poder político ser respetado sin necesidad de coacción, de modo que disminuye considerablemente el costo que implicaría un sistema de observación coactiva permanente. Por lo tanto, si por definición las instituciones son las reglas, normas, usos y costumbres que tiene una sociedad, se deberían distinguir dos tipos de reglas (López Rivera, 2015):

• Las reglas regulativas: regulan actividades previas o independientes de la regla como tal. Suelen formularse como guías para la implementación de principios de acción en casos similares.
• Las reglas constitutivas: además de regular, crean la posibilidad misma de ciertas actividades, entidades, situaciones, etc., y así constituyen su modo de existencia. En otras palabras, las actividades o entidades especificadas en las reglas constitutivas no se pueden llevar adelante sin estas o fuera de estas.

Particularmente, las reglas constitutivas permiten que las instituciones se arraiguen en una sociedad, sin la necesidad de que los agentes de poder deban ejercer la coerción. Sobre el tema de las reglas constitutivas, John Searle (1997) ha desarrollado una teoría que permite dar una estructura lógica a la forma en que ellas existen y operan, lo que permite poner de manifiesto cómo las fuentes sociales del poder son esencialmente institucionales.

En dicha teoría, las reglas constitutivas son producto de asignaciones de funciones de status. Los seres humanos tienen la capacidad de asignarles a las entidades ciertas funciones o atributos que estas no tendrían de otro modo. Entonces, las reglas constitutivas terminan siendo cualificaciones de entidades y actos de institución. En el caso de los agentes, las reglas constitutivas definen el modo de existencia social-institucional de los agentes, o sea, el quiénes son (López Rivera, 2015).

Las funciones de status definidas por Searle (1997) pueden ser no agentivas o agentivas. Las funciones no agentivas son las que se asignan a procesos u objetos con la intención de darles una explicación. Por este carácter explicativo, no constituyen un fenómeno como tal. Por ejemplo, la explicación que tienen las funciones de cada órgano del cuerpo humano.

Todo lo contrario sucede con las funciones de status agentivas, que permiten a los agentes realizar ciertas actividades, los capacitan o habilitan para ello. Por ejemplo, la función otorgada a la moneda de curso de un país. Por medio de esta función fijada en un determinado momento, la moneda permite a los agentes realizar intercambios de mercancías. Las funciones de status agentivas son fundamentales para comprender el vínculo entre las reglas constitutivas y el poder.

Por caso, puede pensarse en una reflexión de Jean Jacques Rousseau (2004) que señalaba que el primer individuo a quien, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir “Esto es mío” fue el creador de la propiedad privada y en consecuencia de la sociedad civil. Esta acción no es ni más ni menos que una asignación de status agentiva.

A su vez, las funciones de status agentivas también pueden incapacitar o inhabilitar a los agentes mediante proscripciones o prescripciones. Esta incapacidad se observa como una limitación del poder que tienen. Gracias a estas funciones, las reglas constitutivas configuran márgenes para el ejercicio del poder de los agentes.

Desde la mirada institucional, puede concluirse que dentro de una sociedad las instituciones tienen la capacidad de habilitar o inhabilitar en la medida en que permiten o impiden el despliegue de poder de los agentes. A su vez, pueden capacitar o incapacitar en cuanto otorgan o limitan recursos que hacen variable la magnitud de los efectos del poder.

Las instituciones políticas otorgan derechos y deberes a los miembros de la sociedad, legitimando además a los actores administrativos al asignarles la autoridad, los patrones de interpretación, las reglas de comportamiento y los vínculos sociales necesarios (Czada, 2014). Las teorías modernas sobre instituciones se distinguen por analizar el modo en que se relacionan los individuos con las instituciones y la importancia que, dentro de ese marco social, se les da a los intereses individuales e ideales colectivos.

En las sociedades modernas, el ordenamiento del Estado se compone no solo de los vínculos entre los individuos y las instituciones tradicionales. También coexiste un complejo sistema de varios niveles, que incluye a otros gobiernos poderosos, formas de participación política de asociaciones e instituciones internacionales.