En el presente capítulo, se realiza una síntesis histórica de las instituciones argentinas a lo largo del siglo XX, destacando momentos clave que han moldeado el devenir político y social del país. Se aborda el cimbronazo provocado por la crisis de 2001, analizando sus implicaciones y repercusiones en la estructura institucional. Posteriormente, se explorarán los años del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, comprendidos entre 2003 y 2015, examinando las políticas implementadas y su impacto. Se realiza un análisis detallado del cambio de timón político que tuvo lugar entre 2015 y 2019, marcado por transformaciones significativas en la dirección del país.

Síntesis histórica de las instituciones argentinas del siglo XX

La historia de las instituciones argentinas del siglo XX podría ser dividida en cinco etapas a causa de las características políticas, económicas y sociales particulares que se observan en ellas. La primera etapa concluye con la crisis mundial de 1930 y el final del modelo agroexportador local. La segunda etapa comprende la época de industrialización por sustitución de importaciones que se mantuvo entre 1930 y 1945. La tercera etapa abarca el peronismo, incluyendo los dos primeros gobiernos de Perón, su proscripción y el tercer gobierno. Con el golpe de Estado de 1976 se da inicio al Proceso de Reorganización Nacional y a la cuarta etapa de esta síntesis histórica. Por último, la quinta etapa llega con el retorno de la democracia en 1983 hasta el final de siglo.

En esta sección, solo se mencionan algunos hechos puntuales de relevante trascendencia para entender la evolución que luego tienen las instituciones del siglo XXI en Argentina. Esta aclaración es oportuna ya que el período histórico es demasiado extenso y, como toda síntesis, hay muchos elementos que quedan afuera.

En Argentina, el modelo agroexportador se consolida entre los años 1880 y 1930. Esta etapa está signada por el desarrollo económico local, fuertemente vinculado a la producción agrícola y ganadera. En el mundo, se produce un proceso de expansión del capitalismo y del comercio internacional que trae muchas oportunidades al país. Para aprovechar esas oportunidades, el Estado se convierte en una máquina institucional poderosa (Míguez, 2008). Al repasar las decisiones tomadas por el poder político de aquellos años, se observa una clara dirección hacia la constitución y consolidación de instituciones políticas y económicas inclusivas.

Resulta interesante pensar en el modelo agroexportador como un exitoso periodo de crecimiento extractivo para Argentina, que se consolida gracias a que las instituciones económicas y políticas de aquellos años viran de extractivas a inclusivas (Volker, 2022). En 1890 estalla la denominada Revolución del Parque, una insurrección cívico-militar liderada por Leandro Alem, Bartolomé Mitre y otros en contra del gobierno de Miguel Juárez Celman. Si bien el gobierno resiste y militarmente derrota a los revolucionarios, queda completamente debilitado. A partir de la renuncia de Juárez Celman, parte de la política que cobra fuerza con la consolidación del partido de la Unión Cívica instaura el ideal de democracia formal en el país. Tal como analiza Vicente Massot (2012), “en aquellos años el triunfo del progreso hacía seguro el camino hacia la democracia, sin embargo, había que conquistarla”.

Es muy contundente la proclama de la Unión Cívica que buscaba la

normalización de la vida pública reivindicando la libertad de sufragio, a fin de encaminar los destinos de la Patria por las rectas vías constitucionales, conciliando el hecho con el derecho, para mejorar pacíficamente el gobierno y hacerlo amar por sus beneficios en medio de la libertad de todos y para todos (Romero, 1975, p. 211).

Claramente, esta proclama forma parte de las bases de las instituciones políticas inclusivas del país.

En su análisis, Romero (1975) considera que, en el periodo comprendido entre 1880 y 1916, Argentina se convierte en una república liberal. Las instituciones locales promueven el desarrollo de la gran estancia, fomentando la inversión extranjera que proveería de capitales, la inmigración que traería más mano de obra y la educación que capacitaría a la población para incrementar el trabajo y la productividad. Estos aportes son necesarios para instalar la infraestructura de transportes y modernizar la agricultura y la ganadería (Volker, 2022).

Durante el periodo agroexportador, se promueve la libertad de comercio, tanto interior como exterior. Esto es trascendental para un desarrollo un poco más federal, porque se eliminan las aduanas terrestres interiores y se garantiza la navegabilidad de los ríos, que es uno de los principios establecidos en la Constitución de 1853. También se destinaron muchos esfuerzos por conseguir la protección al derecho de propiedad, sobre todo para los productores rurales que tenían sus tierras cercanas a la frontera acechadas por malones aborígenes. A su vez, se consolidan algunas instituciones económicas con activa participación en el fomento de las actividades rurales exportadoras, como el Banco de la Nación Argentina y la Caja de Conversión.

Lamentablemente, el periodo económico de bonanza no dura lo suficiente como para sentar instituciones inclusivas de bases sólidas. Argentina tiene dificultades para adaptarse al contexto internacional menos favorable que propone la posguerra. Sin embargo, el crack financiero estadounidense de 1929 es el hecho clave que genera un inesperado cambio de rumbo (Maddison, 1997).

Conceptualmente, el derecho de propiedad comienza a tener limitaciones a partir de 1922 por el surgimiento de ideas socialistas. Gana terreno la función social del Estado, que incluye por ejemplo el aseguramiento del orden y de la salud; y también la doctrina de la emergencia, por la cual se ha lesionado la institución jurídica del contrato y de la propiedad privada (Basterra, 2003).

En cuanto a la división de poderes, el periodo agroexportador sirve para formar la burocracia estatal y un sistema judicial estable y organizado (López, 2006). En esta etapa, los terratenientes no poseen control sobre el poder político, a pesar de sus abultados patrimonios y de la actividad desarrollada. Es por ello que la división de poderes puede ser caracterizada también como una institución inclusiva en este periodo.

En el año 1930, se produce un hecho institucionalmente grave. Se trata de la violación a la Constitución nacional y el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen. El derrocamiento se concreta gracias al acuerdo de un grupo de revolucionarios con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y una parte de la sociedad civil. Este hecho marca el inicio de la degradación de las instituciones políticas. José Luis Romero (1975) caracteriza al periodo como fascista y democráticamente fraudulento.

En materia económica, el Estado comienza a intervenir de manera significativa para poder llevar adelante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La instauración de la Junta Reguladora de Granos responde a los intereses políticos de la época, que derivan en un cambio total de las reglas de juego para los productores y en una mayor concentración de poder por parte del Estado. En 1935 se crea el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con una Carta Orgánica que le permite operar con discrecionalidad según las circunstancias económicas. “Es así como puede observarse una debilidad institucional en la figura del Banco Central en sus primeros años de vida, direccionado por la política de turno. Se refleja una institución con características extractivas” (Volker, 2022, p. 128).

Como resultado de las políticas económicas locales y de la coyuntura internacional desfavorable, Fanelli (2004) describe la formación de un círculo vicioso entre volatilidad macroeconómica y debilidad institucional. Las políticas de ajuste aplicadas en los momentos de crisis externa, con devaluaciones y aceleraciones inflacionarias, derivan en el debilitamiento del derecho de propiedad y de los contratos. Los resultados negativos en materia de distribución del ingreso y crecimiento económico dan cuenta de las características extractivas de las instituciones de la época.

La división de poderes no es la excepción a la regla de la tendencia extractiva. La CSJN, que debe ejercer el control judicial y de razonabilidad sobre las decisiones políticas y económicas, no defiende los principios de la Constitución nacional. En aquellos años, se publica una acordada donde manifiesta la no intervención con respecto al golpe de Estado y el reconocimiento del gobierno de facto como legítimo.

El golpe de Estado de 1943 trae nuevos cambios a la escena política y económica institucional. Romero (1975) afirma que el gobierno instalado por este golpe comienza a funcionar como dictadura impopular y totalitaria, pero poco a poco se convierte en popular gracias a la figura en ascenso de Juan Domingo Perón. Durante los años siguientes las instituciones siguieron una tendencia extractiva; aunque llama la atención que el grupo que concentra el poder en esta etapa no pertenece a la élite tradicional de la sociedad, sino a un grupo que se consideraba antagónico a esta.

Rapaport (2003) indica que, durante los primeros años del gobierno peronista, que comienza en 1946, se instala la justicia social y el Estado benefactor como bandera política. Se introducen nuevas herramientas para intervenir la economía y reforzar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que relega al sector agropecuario. Se crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y, a través de este, se lleva adelante una transferencia sistemática de beneficios obtenidos desde las exportaciones agropecuarias hacia el sector industrial. También se reformula el funcionamiento del sistema financiero y del BCRA y se concentra el poder de decisión en el gobierno (Cortés Conde, 2003).

Nuevamente, cambian las reglas de juego contractuales y se atenta contra el derecho de propiedad al nacionalizar los depósitos bancarios y al desarrollar una política de estatización de muchas empresas que prestan servicios estratégicos. La política peronista genera una ampliación de la estructura estatal de manera coercitiva y las instituciones quedan circunscriptas a la órbita del Poder Ejecutivo (Sidicaro, 2010). En esta etapa resulta evidente el debilitamiento de la división de poderes.

En 1949 se reforma la Constitución nacional incorporando derechos laborales y sociales, la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez y la ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad, la elección directa del presidente y el vicepresidente y la posibilidad de su reelección. Ese año también se comienza a percibir el freno económico en el país, en parte causado por la exclusión de Argentina como proveedor de alimentos dentro del Plan Marshall de reconstrucción luego de la guerra.

Políticamente, son años complejos que derivan en sucesivos golpes de Estado alternados con gobiernos democráticos. Los gobiernos militares que toman el poder se escudan en el pretexto de resguardar las garantías y los principios republicanos del peronismo y otros movimientos políticos, pero lo hacen por la fuerza. Nuevamente se reforma la Constitución nacional en 1956, pero se la viola en 1962 con otro golpe de Estado. Económicamente, se aplican estrategias liberales primero y desarrollistas después. Sin embargo, la desfavorable situación económica es un factor de conflicto constante que genera mayores problemas institucionales y sociales.

En esta turbulenta etapa, se proclaman innumerables reformas sobre el funcionamiento de los poderes y de las instituciones económicas; por ejemplo, reformas a la Carta Orgánica del BCRA, a su relación con el Tesoro Nacional, limitaciones al control de constitucionalidad de la CSJN, entre otras. Muchas de las reformas atentan contra los bienes de propiedad privada y generan graves perjuicios a sus poseedores.

También se producen diversas reformas educativas en todos los niveles y también en la formación docente. Ramallo (1999) describe las profundas y perjudiciales oscilaciones en el modelo de enseñanza argentino que se observan durante las presidencias peronistas y los gobiernos de facto. Esto explica el retraso en la calidad educativa y la debilitación de la educación como institución.

El golpe de Estado de 1976, luego del tercer gobierno de Perón e Isabel Martínez de Perón, sacude abruptamente todo el escenario político, económico y social. El Proceso de Reorganización Nacional se impone con los objetivos declarados de combatir la corrupción, la demagogia y la subversión, así como también potenciar a Argentina en el mercado mundial y recobrar los estándares morales de la sociedad (Junta Militar, 1980). Sin embargo, lo que logra es crear uno de los momentos más oscuros de la historia argentina y lesionar profundamente los derechos humanos.

Para lograr los objetivos económicos, en 1977 se lleva a cabo una reforma financiera profunda que responde al programa económico de liberalización diseñado por el ministro Martínez de Hoz. Otra vez se modifica la Carta Orgánica del BCRA, se le quita el grado de autarquía para ser funcional a las políticas monetarias y crediticias planteadas. La incertidumbre es la sensación que se apodera de todos los agentes económicos. Junto a la flexibilización de las entidades financieras comerciales, se desarrollan peligrosas estructuras especulativas en el mercado financiero que resultan luego en graves crisis económicas.

En este periodo, la estructura de los derechos de propiedad se hace aún más precaria y depende de las decisiones de los gobiernos militares de turno, que resultan discrecionales y funcionales a sus propios intereses. La ideología aplicada es totalmente extractiva porque genera una transferencia de recursos desde los sectores productivos a los sectores empresarios más acomodados. Se provoca una enorme brecha en la distribución del ingreso.

Institucionalmente, la división de poderes queda totalmente anulada por la dictadura. Cuando las Fuerzas Armadas toman el poder el 24 de marzo de 1976, firman un acta que disuelve el Congreso nacional y las legislaturas de las provincias. También remueve a los miembros de la Corte Suprema, al procurador general y a los integrantes de los tribunales superiores de justicia provinciales (Bohoslavsky & Gargarella, 2015). El nuevo Poder Judicial designado por la Junta Militar es totalmente funcional a esta. Así se logra legalizar la arquitectura jurídica e institucional de la dictadura, manteniendo la ficción de que el país funcionaba con un Poder Judicial independiente y sofocando el reclamo de las víctimas del ataque violento de las fuerzas militares y paramilitares.

La situación económica y social se vuelve insostenible para el gobierno militar y decide llamar a elecciones en 1983. El Dr. Raúl Alfonsín triunfa y se constituye como el primer presidente de la nueva etapa de democracia, que se sostiene hasta la fecha. A lo largo de su gestión, se implementan varias políticas tendientes a consolidar el Estado de derecho. También alienta el Juicio a las Juntas Militares, algo impensado para aquellos años.

Podría decirse que, durante la presidencia de Alfonsín, se reparan varias de las instituciones quebradas por la dictadura. La sociedad en general recupera el interés y se involucra en la participación cívica y política. Esto se reafirma con la gran afiliación observada a los partidos políticos meses antes de las elecciones de 1983. Con la vuelta de la democracia, surge la ilusión de eliminar los escollos que impiden que el país logre simultáneamente “una forma de convivencia civilizada, una estabilidad política y la posibilidad de un crecimiento económico” (Romero & Vera-Colina, 2012, p. 80). Inmediatamente se recomponen las funciones del Congreso nacional con los legisladores electos.

El gobierno busca también la democratización de la vida sindical, permitiendo la convivencia de distintas corrientes de opinión. La intención es debilitar el poder concentrado en la dirigencia tradicional, mayoritariamente peronista. Para ello, se propone una ley que reconozca el derecho de las minorías a participar en la conducción sindical y establezca mecanismos de control de las elecciones. Esta fue resistida por los dirigentes sindicales. La Cámara de Diputados la aprobó, pero el Senado la rechazó, por apenas un voto de diferencia. Esto da muestras de la fuerza del poder sindical establecido desde la época de Perón y que perdura hasta hoy.

La apertura democrática posibilita el inicio de muchos reclamos judiciales por perjuicio a los derechos de propiedad, provenientes de las medidas de la dictadura, pero también de los primeros años del gobierno de Alfonsín. Sucede que la grave volatilidad económica y las medidas implementadas para contener la inflación atentan contra los derechos individuales y sus garantías. Basterra (2003) destaca el activismo judicial durante este periodo, donde se perfilan nuevos institutos de protección jurídica, como la operatividad de los derechos constitucionales.

En materia económica, los problemas más graves son producto del déficit fiscal, la inflación y los crecientes compromisos sobre el pago de servicios de la deuda. Se acude a la emisión monetaria y a la constitución de nuevos bonos del Estado para financiar el gasto; sin embargo, los problemas de confianza se acrecientan. En 1985, con el Plan Austral se logra contener las expectativas, al menos temporalmente.

En aquellos años, se hace sentir el poder de las corporaciones tradicionales. Alfonsín intenta fortalecer la civilidad del pueblo, procurando dar oportunidades para discutir y resolver por voluntad de las mayorías temas trascendentales como la reforma del Estado y la modernización política. Sin embargo, esto no resulta como se espera y el radicalismo pierde terreno a la vez que comienza a tomar relevancia un nuevo movimiento peronista. Este movimiento desplaza de la dirección a los antiguos sindicalistas y políticos. Además, le imprime modernidad al partido y un fuerte compromiso con las instituciones democráticas. En definitiva, enarbola las mismas banderas que Alfonsín no pudo defender exitosamente.

En los años 90 se produce el cambio de signo político y se lleva adelante una reforma económica impulsada por el presidente Carlos Menem. Por sus características, resulta evidente una tendencia a eliminar las instituciones económicas extractivas, tales como las regulaciones en mercados competitivos y las restricciones a las importaciones. En esta etapa de apertura a los mercados internacionales, se logra un evidente crecimiento económico. El modelo vira de una economía dirigida por el Estado a una economía librada a las fuerzas del mercado.

El BCRA tiene una nueva modificación de su Carta Orgánica, pero esta vez con el fin de afirmar su autarquía e independencia de otros órganos del Poder Ejecutivo. Así es que se le prohíbe financiar al Estado nacional, las provincias y los municipios. Su objetivo principal pasa a ser el de preservar el valor de la moneda.

El marco de los derechos de propiedad cambia, pero por medio de iniciativas discrecionales que neutralizan las previsiones institucionales, escapando a los mecanismos de control previstos en la Constitución. En este sentido, se observa que a través de DNU del Poder Ejecutivo, se producen apropiaciones estatales de los depósitos bancarios y plazos fijos de los privados, y se entregan a cambio bonos del Estado a 10 años. A su vez, se lleva adelante un proceso de reforma del Estado, destinado a regular las transferencias de activos públicos al sector privado. La privatización es una herramienta muy utilizada en esta etapa.

Cabe destacar que en 1994 se lleva adelante la reforma de la Constitución nacional. En esta ocasión, se busca ampliar derechos, reducir el hiperpresidencialismo, adherir a los tratados internacionales de derechos humanos, otorgar más independencia a la justicia, entre otros logros (Portal Argentina, 2019). Con el paso de los años, Armesto (2015) analiza que el propósito principal de frenar la omnipotencia del poder no se pudo cumplir a pesar de la reforma. En este sentido, existen ciertos mecanismos que se conjugan para debilitar al Poder Judicial y Legislativo frente al avance del Ejecutivo. Se trata del uso abusivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia, la delegación de facultades por parte del Congreso al Ejecutivo, el avance sobre el propio Poder Judicial y el incumplimiento de los fallos de la Corte Suprema por parte del Ejecutivo.

Con lo comentado hasta aquí, puede considerarse a grandes rasgos que las instituciones argentinas del siglo XX tuvieron importantes modificaciones, momentos de quiebre y de reconstrucción. Resultan pocos los periodos donde la tendencia fue hacia la conformación de instituciones políticas y económicas inclusivas. Los grupos de poder, que fueron alternándose a lo largo de los años, tuvieron en común la intencionalidad de bloquear los mecanismos que asegurarían resultados más beneficiosos para la sociedad en general. En cambio, aplicaron la presión suficiente, y en algunos casos extremista, para asegurar únicamente los mayores beneficios a su sector.

El cimbronazo de la crisis de 2001

Ciertamente, no se puede entender el desarrollo de la primera década del siglo XXI sin conocer algunos pormenores de los últimos años del siglo anterior. Si bien para el imaginario popular y político la década del 90 es diametralmente opuesta a la década del 2000, la conjugación de ambas —y a pesar de los acontecimientos ocurridos en el año 2001— ha permitido interrumpir el largo proceso de retraso de la Argentina esbozado en el apartado anterior. Para Lagos y Llach (2011), se trata de una paradoja difícil de explicar; sin embargo, consideran que el retraso de las décadas anteriores a los 90 está asociado especialmente a tres factores internos: economía cerrada, volatilidad macroeconómica y aceleración de la inflación, que luego se revierten, al menos temporalmente, dentro del marco democrático.

Ni bien asume la presidencia, el gobierno de Carlos Menem aplica de manera sorpresiva un programa económico y político liberal, desechando totalmente las propuestas electorales con las que había ganado las elecciones y que tenían más que ver con el concepto peronista. También se incorporan al gobierno dirigentes y personalidades de los altos círculos económicos afines a las facciones de derecha.

Luego de la hiperinflación de 1990, comienza un camino de estabilización de la economía y control de la inflación. Se aplica la Ley de Convertibilidad “un peso, un dólar”, que funciona como un cinturón para las maniobras económicas del Estado. Para asegurar la equivalencia entre el peso y el dólar, el Estado se compromete a prescindir de cualquier emisión monetaria no respaldada. Se trata de un compromiso fuerte que logra la confianza de los particulares. Cabe destacar que la aplicación del Plan de Convertibilidad se lleva a cabo junto con un acuerdo con el FMI y los acreedores externos para no entrar en default.

Durante los años de estabilidad menemista, la figura de Domingo Cavallo como ministro de economía toma gran notoriedad y concentra poder por la confianza inspirada al llevar adelante los acuerdos externos e implementar el Plan de Convertibilidad. Sin embargo, también es el ejecutor de una serie de medidas de ajuste muy fuertes para la sociedad, con el objetivo de sanear las cuentas públicas y reducir el déficit. El tipo de políticas desarrolladas tradicionalmente por el peronismo, como Estado benefactor y protector, quedan de lado. Y sin embargo, la gran mayoría de los simpatizantes e integrantes del partido peronista lo acepta. La explicación que esboza Grimson (2018) es que la sociedad en general tiene un mayor temor a la inestabilidad y a la inflación luego de la hiperinflación de 1989 y, por ello, soporta los ajustes neoliberales.

La década de los 90 también es recordada por los numerosos hechos de corrupción que llevan a cabo las órbitas más cercanas al presidente de la nación y que significan grandes ganancias para unos pocos. Si bien las oportunidades de consolidar instituciones políticas y económicas fuertes están dadas en esta época y se perciben con la reforma constitucional de 1994, la presión de las élites resulta más fuerte. Con el correr del tiempo, se observa una total subordinación de las políticas públicas a las demandas de diversas fracciones empresarias. De esta manera, “las políticas de apertura importadora, privatización a precio vil de las empresas públicas y la desregulación a favor de intereses privados, no tuvo otra meta que la de otorgar rentas en condiciones privilegiadas a determinados actores locales y extranjeros” (Aronskind, 2011, p. 1).

Aprovechándose de la ilusión de la estabilidad de precios y del progreso aparente, el gobierno menemista favorece a pequeños pero poderosos grupos sin velar por los intereses sociales intergeneracionales. Así, por ejemplo, fomenta la remisión de utilidades mucho más elevadas en dólares de las firmas extranjeras a sus casas matrices, ya que el tipo de cambio fijo 1 a 1 comienza a ser demasiado barato. Sin embargo, perjudica brutalmente la producción local y la inversión, de modo que genera una enorme masa de desempleados que se va acumulando a lo largo de esos años.

Luego de 10 años de menemismo, gana las elecciones Fernando de la Rúa, perteneciente al partido de la Unión Cívica Radical. El cambio de signo político muestra que buena parte de la sociedad requiere medidas de fondo para revertir la situación que deja el gobierno anterior. El nuevo ministro de Economía, Luis Machinea, aplica inmediatamente un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI con el fin de reducir el déficit fiscal. El gasto público es recortado y aumenta la presión tributaria, pero también se reducen los salarios. La recesión se hace sentir con más fuerza durante los meses posteriores.

En el plano internacional, la situación resulta aún más perjudicial ya que en 2000 estalla la burbuja financiera de las empresas “punto com”^[1]. Esto genera volatilidad y un incremento de las tasas de financiación internacional, lo que empuja al gobierno local a un mayor déficit fiscal. Se genera un círculo vicioso, ya que los acreedores del exterior comienzan a desconfiar de la capacidad de Argentina para pagar sus deudas y por ello ante cada pedido de préstamo del gobierno se le aplica una tasa más elevada. El sistema financiero local se resiente ante la incertidumbre y la pérdida de confianza de los ahorristas, que comienzan a retirar sus depósitos del sistema bancario por el temor de perder sus ahorros (Cavallo, 2003).

A menos de un año de asunción, se produce la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, disconforme con los hechos de corrupción que se llevan adelante en su propio gobierno^[2]. Esto genera una grave crisis institucional e impacta en las expectativas de la sociedad, que se vuelca masivamente a sacar depósitos del sistema bancario. Para sostener la situación, el país negocia nuevamente con el FMI un multimillonario préstamo financiero denominado “blindaje”, para acceder al cual se tiene que someter a estrictas condiciones de ajuste, que finalmente no logra cumplir por la delicada situación social para aplicar las medidas solicitadas.

Por lo tanto, a medida que el gobierno pierde credibilidad, aumentan las fugas de divisas al exterior y las salidas de depósitos bancarios. Las reservas del BCRA se ven comprometidas y resulta muy difícil gestionar políticas con el tipo de cambio fijo del 1 a 1. En tan solo quince días cambia dos veces el ministro de Economía. Luego de un breve y frustrado paso de Ricardo López Murphy, llega nuevamente Domingo Cavallo con la expectativa de poder revertir la situación.

El espiral recesivo sigue creciendo y se proyecta con más fuerza en las provincias, que toman inusitada deuda pública con los bancos. La crítica situación hace que en julio de 2001 el Congreso nacional apruebe la Ley de Déficit Cero. Esta prevé reducciones de gasto primario de todos los niveles jurisdiccionales con el fin de obtener una recaudación efectiva que sea destinada en primer lugar al pago de intereses de la deuda y luego a solventar el gasto del sector. Para lograrlo, se recortan fuertemente los salarios y las jubilaciones, lo que se traduce como un grave daño al derecho ya adquirido por los trabajadores de generaciones pasadas y presentes.

Las provincias, sin recursos suficientes para gestionar mes a mes, deciden emitir deuda provincial como financiamiento alternativo. Las letras y bonos emitidos de baja denominación se convierten por un tiempo en moneda no convertible, pero de circulación legal. Es decir, junto con el peso argentino empiezan a convivir una serie de cuasimonedas que debilita aún más las instituciones económicas argentinas, como el Banco Central. Estas cuasimonedas se mantienen durante varios años, hasta que en 2006 sobreviene la normalización con el rescate de la última serie de patacones emitidos por Buenos Aires (Val, s.f.).

Ante la imposibilidad de pagar la deuda, Cavallo crea el mecanismo de Megacanje, por el cual cambia títulos de deuda contraída al 5 % de interés por otros de mayores plazos, pero a un 18 % de interés. De tener una deuda pronta a vencer de 13.000 millones de dólares, Argentina pasa a tener una deuda adicional cercana a los 55.000 millones de dólares mediante un decreto del Ministerio de Economía. Según el análisis de Emilia Val (s.f.), esta operatoria insostenible solo es posible cuando el contexto se presenta con una debilidad financiera y política extrema.

Años más tarde, la justicia argentina lleva adelante una causa por manejo fraudulento y perjuicio al país, por esta deuda contraída en dólares a un costo exorbitante y con grandes ganancias para algunos grupos de poder, como los banqueros. Cabe destacar que la causa de Megacanje se inicia en el año 2006, aunque por la gravedad institucional debería haberse iniciado automáticamente. Pero además, la Justicia demora ocho años más en llegar a la conclusión de que no existen pruebas suficientes para mantener el procesamiento de los acusados (CIPCE, 2014). Claramente, este hecho es un alarmante ejemplo de la impunidad con que se rige el manejo del erario público en Argentina.

En noviembre de 2001, las autoridades del FMI anuncian que Argentina no recibiría más dinero y estalla el pánico bancario en el país. La situación insostenible de corridas bancarias diarias obliga a Cavallo a tomar la drástica medida denominada popularmente Corralito^[3]. El control de cambios impuesto no permite a los ahorristas hacerse de su dinero, lo que genera gran caos y malestar en toda la sociedad. Es considerada la última decisión del gobierno antes del levantamiento popular para que cambien las autoridades en diciembre de 2001, que efectivamente deriva en la renuncia de Fernando De la Rúa.

La crisis de 2001 es hasta el momento el peor derrumbe social de la historia argentina y, por ello, no se considera como una mera crisis económica. Estalla con datos macroeconómicos y sociales alarmantes, pero devela problemas políticos de peso. Los movimientos sociales se masifican y organizan protestas para exigir empleo y ayuda que garanticen la subsistencia cotidiana. El grado de descontento social escala ante la falta de respuestas del gobierno, al punto de poner en juego la continuidad del Estado nacional como entidad con capacidad de autogobierno (Aronskind, 2011).

Hacia finales de 2001, se observa una disolución total de los vínculos políticos, económicos y sociales. Gargarella (2002) se plantea que el diseño institucional vigente en esos tiempos es incapaz de anticipar, prevenir, procesar o resolver los conflictos significativos. La sociedad carece de instrumentos efectivos para expresar sus demandas y pedir el rendimiento de cuentas cuando se observa su insatisfacción. En octubre de 2001 los argentinos habían tenido elecciones de medio término y, sin embargo, esto no pudo evitar las protestas violentas dos meses después.

La explicación está en que el sufragio, como control exógeno y popular, no es todavía una herramienta ágil para establecer el diálogo entre los representantes y los representados. Y aún peor, no existen herramientas institucionales adicionales que permitan sortear las limitaciones del sufragio como forma de expresión popular. En Argentina, los medios de comunicación, por ejemplo, juegan un rol muy importante, pero están concentrados en pocas manos. Por lo tanto, permanecen inaccesibles para la gran mayoría y los reclamos se canalizan por otro lado.

Sin embargo, también hay que señalar los controles endógenos y la función de la Corte como herramientas institucionales. Estos controles, como el veto presidencial, el sistema bicameral y los tribunales, tienen como punto esencial a la CSJN (Gargarella, 2002). La CSJN funciona como última instancia de decisión y por eso su importante peso institucional. Sin embargo, es preocupante observar el constante cuestionamiento que recibe y la desacreditación pública. Sucede que la composición de esta Corte resulta de frágil legitimidad, teniendo en cuenta su determinación en la década del 90 a conveniencia del expresidente Menem.

En una democracia con las características de Argentina, es necesario que, si los controles exógenos no funcionan, sí lo hagan los controles endógenos. Y sin embargo la división de poderes fracasa una y otra vez. Particularmente en 2001, se ejecutaron varias sentencias de alto contenido político, tales como la liberación del expresidente Menem acusado de tráfico de armas y otros delitos, la ratificación de constitucionalidad de los indultos dictados a favor de los represores de la dictadura militar y la ratificación de la vigencia de los recortes salariales impuestos por la Ley de Déficit Cero^[4].

No es un hecho menor que en Argentina se haya adoptado como forma de gobierno un sistema presidencialista, que luego ha mutado a hiperpresidencialista. A diferencia del sistema original, el hiperpresidencialista le autoriza al presidente poderes excepcionales cuando ocurren crisis internas o externas, permite la intervención política del poder central sobre las provincias, le delega funciones legislativas adicionales y autoriza la designación y remoción de todo el Gabinete, entre otras cuestiones. Esa concentración de poder en una sola persona y el desdibujamiento de los límites del Poder Ejecutivo son altamente perjudiciales para el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

Sin embargo, en el contexto de la crisis de 2001 no se puede dejar de reconocer que ha mejorado el funcionamiento de las instituciones políticas, comparado con el que se relató sobre las décadas anteriores. Sortear la crisis dentro de los límites de la democracia es un logro sin precedentes para el país. Y está más que demostrado en la bibliografía contemporánea (Acemoglu y Robinson, 2013; Lagos & Llach, 2011) que aquellos periodos donde Argentina sufre los mayores retrasos económicos son durante los gobiernos no democráticos, inconstitucionales y de facto. Por lo tanto, el mantenimiento ininterrumpido de la democracia a pesar de la grave crisis económica de 2001 es un hecho que hay que reconocer como fortaleza para el país.

Los años del kirchnerismo: 2003 a 2015

Luego de la crisis de diciembre de 2001 y de la anecdótica seguidilla de cinco presidentes en tan solo once días —De la Rúa, Puerta, Rodríguez Saá, Camaño y Duhalde—, se llama a elecciones presidenciales y resulta, para sorpresa de muchos, vencedor Néstor Kirchner. Cabe recordar que los cuatro presidentes luego de la renuncia de De la Rúa son designados por Asamblea Legislativa y que Duhalde es el encargado de ejecutar la devaluación de la moneda y la pesificación de los depósitos en dólares en enero de 2002, una situación considerada por muchos como violación al derecho de propiedad (Ribera, 2003). Nuevamente, esta política económica significa la transferencia de recursos de gran parte de la sociedad a un selecto grupo de ganadores de la salida de la Convertibilidad.

En el año 2003, el gobierno elegido democráticamente asume un modelo de política económica basado en una “baja inflación, superávits gemelos, tipo de cambio alto y sesgo exportador, sin descuidar el mercado interno” (Lagos & Llach, 2011, p. 268). La situación macroeconómica comienza a mejorar, en parte, gracias al contexto internacional favorable para el país. Sin embargo, la situación social sigue siendo preocupante por los niveles de desempleo, pobreza y desigualdad.

Lucía Trujillo (2017) explica que la economía comienza a crecer en el tercer trimestre de 2003 y evidencia una estabilización del precio del dólar que influye positivamente en el control de la inflación. Ese nuevo contexto macroeconómico, en donde el precio de los commodities que produce Argentina empieza a crecer, favorece a los sectores productivos de bienes y servicios, que pueden acceder al mercado internacional, y potencia a la industria nacional por la aplicación del modelo de sustitución de importaciones.

El problema del default de los años previos es sorteado luego de una serie de negociaciones que permitieron la reestructuración de la deuda con una quita cercana al 65 % y un esquema de pago de servicios atado al crecimiento de la economía. La efectivización del canje de la deuda en 2005 alcanzó al 76,2 % de las acreencias. Esta reestructuración parcial de la deuda pública tiene un significativo impacto en la consolidación de la mejora fiscal.

Durante la gestión de Kirchner (2003-2007), se lleva adelante la renovación en la Corte Suprema de Justicia y tres reformas institucionales. La renovación de la CSJN del año 2005 es la única que parece ir en contra de la concentración de poder político de la figura presidencial. Los jueces de la CSJN, designados por el menemismo y con una desaprobación social contundente por las sentencias favorecedoras a este frente, presentan la renuncia ante la posibilidad de destitución por juicio político. Luego son reemplazados por magistrados prestigiosos que le dan a la Corte una imagen de independencia.

En 2006, el Congreso aprueba la reforma del Consejo de la Magistratura, la reglamentación de los DNU y una ley conocida como “ley de superpoderes”. Estas reformas le dan mayores instrumentos de gobierno al presidente y exacerban el sistema hiperpresidencialista. Con el correr del tiempo, propician un aumento en el desequilibrio entre los poderes del Estado y una democracia menos republicana. Serrafero (2013) considera que, en esta oportunidad, el gobierno hace lo contrario a lo que la sociedad requiere. Esto hubiera sido institucionalizar y democratizar la presidencia:

Cabe aclarar que por institucionalización de la presidencia se entiende un Poder Ejecutivo que acierta en desplegar su actuación dentro de las reglas institucionales, cumple la ley y la hace cumplir. Respecto de la democratización, se definiría en términos de menor personalismo en la toma de decisiones —que suelen ser unilaterales— y en una actitud que reflejara la participación de más jugadores en el rumbo político o la inclusión del mayor número de intereses comprometidos al momento de decidir las políticas (Serrafero, 2013, p. 450).

Claramente, el estilo presidencial de Néstor Kirchner es fuerte y se pone en el centro del sistema institucional, de modo que desbalancea la división de poderes del Estado. Su relación —y la del kirchnerismo en general— con los distintos actores políticos y sociales es confrontativa y determina una separación dicotómica entre “amigos o enemigos”. Aquellos que no están de acuerdo con sus acciones políticas son desacreditados y atacados fuertemente.

Otra de las características es la autopercepción de la relación presidente-pueblo. La idea de que el acercamiento entre el presidente y sus seguidores es privilegiado y puede prescindir de mediadores. Sin embargo, aquí se gesta un grave problema ya que lo que se considera pueblo es en realidad una parte de la sociedad que responde a los modelos populistas que comienza a aplicar. Otra gran parte de la sociedad queda relegada y excluida de la atención de sus demandas.

En un sentido técnico, el populismo es definido por Lagos y Llach (2011) como el abuso de instrumentos tales como el tipo de cambio real, el gasto público, el endeudamiento, el stock de capitales o la inflación por parte de los gobiernos para obtener el favor de un sector de la sociedad sin considerar las consecuencias a futuro de estos actos. En otras palabras, el populismo es una práctica irresponsable que perjudica intergeneracionalmente porque resulta insostenible en el tiempo. Hay que aclarar que las medidas populistas no son patrimonio de un solo tipo de gobierno, ya que durante la historia argentina fueron utilizadas por gobiernos civiles y militares de distintas facciones.

A pesar de los graves perjuicios, las políticas populistas son ampliamente utilizadas por los gobiernos porque la aparición de los efectos negativos tarda en el tiempo, especialmente si las circunstancias externas son bastante favorables. El gobierno continuado de Néstor y Cristina Kirchner durante 12 años es, en gran parte, gracias a las políticas económicas populistas implementadas y a la concentración de poder que obtuvieron con ellas.

Desde finales de 2006, los precios internacionales vuelven a escalar vigorosamente y presionan los precios domésticos de Argentina. El gasto público crece considerablemente. Sumado a ello, a fines de 2007 se celebran las elecciones presidenciales, factor que contribuye a una significativa aceleración del gasto público en términos reales.

Ante la emisión monetaria discrecional, la inflación comienza a ascender y el gobierno intenta frenarla con políticas como el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, el control/acuerdo de precios y la regulación de mercados de especial relevancia para la canasta básica. La escalada de la inflación llega al 15 % en 2006 y el gobierno interviene el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para “contener” la información al público. Esto “desató una controversia pública sobre el status de los indicadores y generó una pérdida en la confianza en las estadísticas oficiales tanto en el plano nacional como internacional” (Trujillo, 2017, p. 21).

La tendencia creciente del gasto público no está acompañada luego por el crecimiento en el ingreso. Es aquí donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia una modificación en las retenciones a las exportaciones agrícolas que causa gran conmoción nacional y sienta nuevos precedentes en el plano institucional. La Resolución 125/08 plantea un sistema de retenciones móviles, sobre cereales y oleaginosas, que los productores consideran abusivas y contrarias a su derecho de propiedad.

El principal motivo alegado por el gobierno para aplicar la Resolución 125/08 es que los productores experimentan una importante suba de la rentabilidad en la actividad por el incremento del precio de los commodities y que, por un principio redistributivo de la renta, debía volcarse parte de ella a los sectores menos favorecidos.

Alejandra Gabriela Palma (2016) destaca el fuerte debate generado en la sociedad y en los medios de comunicación sobre la validez en las decisiones políticas del gobierno, influenciado por la coyuntura internacional y la actitud confiscatoria. A su vez, se pone en tela de juicio el verdadero interés del gobierno sobre el incremento de las retenciones, ya que la dinámica de crecimiento del gasto resulta inconsistente con la evolución de los recursos argentinos, además del impacto de la crisis financiera internacional producto de la explosión de la burbuja por papeles subprime en Estados Unidos^[5].

La situación de polarización en el orden social —manifestaciones y apoyos divididos— y político —división entre las distintas fuerzas políticas con representación en los órganos de gobierno legislativo y ejecutivo provincial y nacional— constituye una coyuntura política novedosa, que pone en primer plano la confrontación y la conflictividad. Para intentar salir del problema, el Ejecutivo decide enviar la Resolución 125 al Congreso para su ratificación.

Luego de varias reuniones y estudios en la materia, la Cámara de Diputados aprueba la medida con modificaciones. En el Senado, la votación resulta en un empate técnico. La definición queda en manos del presidente del Senado y vicepresidente de la nación, Julio Cobos. Luego de un cuarto intermedio y para sorpresa de muchos, el funcionario emite su decisión junto con la recordada frase: “mi voto no es positivo”. Este es un antecedente sobre los límites del Congreso al avasallamiento hiperpresidencialista.

A partir de 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se evidencian problemas estructurales que condicionan el período. Se observa una inflación en crecimiento y se extinguen los superávits gemelos; la economía se cierra favoreciendo la industrialización por sustitución de importaciones y restringiendo las exportaciones, tanto por las cotas máximas como por los impuestos aplicados. El gasto público se vuelve un problema grave y la forma de financiación más utilizada es la emisión monetaria, lo que nuevamente ejerce presión desde el Ejecutivo hacia las facultades del BCRA.

La política de subsidios al consumo de electricidad, gas y agua insume cada vez más recursos del fisco; además, se requieren divisas para importar insumos energéticos que sostengan la producción y el consumo interno. En ese contexto, en 2012 el Estado nacional estatizó el 51 % del paquete accionario de YPF, entonces en manos de Repsol, con el argumento oficial de asegurar el autoabastecimiento energético. La decisión coincide con el descubrimiento de enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta por parte de Repsol.

En el año 2013, las elecciones de medio término resultaron en una derrota electoral para el kirchnerismo. La situación macroeconómica, con bajo crecimiento y aumento de la inflación, además del avasallamiento del gobierno a las instituciones y a ciertos sectores productivos fueron determinantes para que una buena parte de la población decidiera no dar su apoyo a los candidatos propuestos por el oficialismo.

Posteriormente, inversores minoritarios (Petersen/Eton Park, con financiación de Burford Capital) entablaron litigios en tribunales de Estados Unidos.

En septiembre de 2023, una jueza de primera instancia, Loretta Preska, había condenado al Estado por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios tras la nacionalización, por lo que condenó a la Argentina a pagar aproximadamente USD 16.100 millones; no obstante, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito revocó esa condena el 27 de marzo de 2026, y anuló la obligación reconocida en primera instancia confirmando la desestimación de las pretensiones contra YPF, dejando el expediente para las actuaciones posteriores.

Este último fallo atenúa por ahora la carga indemnizatoria internacional derivada del caso, aunque subsisten vías procesales abiertas y riesgos de recurso.^[6]

Un cambio de timón: 2015 a 2019

En el año 2015 se realizan nuevas elecciones presidenciales. Siguiendo la tendencia mostrada en las elecciones legislativas de 2013, el resultado final es favorable a Mauricio Macri, de la alianza Cambiemos.

A partir del cambio de gobierno, la política y la economía giran hacia una dirección definida como de derecha. Algunos autores, como Trujillo (2017), observan que las medidas buscan cambiar el patrón de distribución del ingreso y liberar la economía, priorizando la apertura a los mercados internacionales. Se decide liberar el tipo de cambio y permitir mayores importaciones, reducir el pago de impuestos a los sectores vinculados con la exportación de oleaginosas y la explotación de recursos naturales —como la megaminería— y el descongelamiento gradual de las tarifas de servicios públicos. Esta última situación vuelve a presionar los niveles de precios de la economía.

En el plano institucional se producen algunos avances hacia la dirección del fortalecimiento y la independencia, de modo que se cumple en parte con las promesas de campaña realizadas. Krause (2018) indica que en el año 2016 se evidencia una reversión de la tendencia en los indicadores ICI. Esto permite mejorar 23 posiciones y llegar a la 119 para ese año.

Índice de Calidad Institucional para Argentina. Periodo 2007-2016

Fuente: Reyes Pontet (2023).

Una de las mejoras institucionales tiene que ver con las limitaciones a priori impuestas a las interferencias sobre las acciones de la justicia y la prensa. Hay que recordar que Macri lidera en 2013 al grupo de políticos que protestan por unas reformas propuestas para el funcionamiento del Poder Judicial. En la campaña electoral de 2015, su plataforma de gobierno expresa que “Argentina debe fortalecer su Estado de derecho, con un estricto respeto de la división de poderes, la independencia de la justicia y los principios y garantías constitucionales, y con una total libertad de expresión”.

El día de la asunción, Macri declara ante el Parlamento que “no existe justicia ni democracia sin justicia independiente, pero hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. No puede haber jueces militantes de ningún partido”. Posteriormente, ejecuta la designación de dos nuevos magistrados para la CSJN, y así completa las vacantes con personas no militantes de su gobierno.

Sin embargo, se da en este hecho una contradicción. Sucede que la Constitución establece como procedimiento para la designación que una lista con los nombres de los candidatos sea enviada al Senado de la nación, que se pase por un periodo de impugnaciones y un proceso de audiencia pública para, finalmente, obtener la aprobación de las dos terceras partes del recinto. A pesar de esto, los dos candidatos indicados por el presidente (Rosenkrantz y Rosatti) no son sometidos a este procedimiento. En opinión de Del Río Roldán (2016), la elección implica no dotar de legitimidad ni estabilidad a los nuevos ministros y abusar de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que solo debieran ser utilizados en casos excepcionales.

Sobre las instituciones económicas, el nuevo gobierno propone en un primer momento recuperar la independencia del BCRA. Para ello, libera el cepo cambiario y también busca cesar el default que se había generado negociando con los llamados “fondos buitre” o holdouts. A su vez, suaviza los requisitos para obtener las licencias de importación, elimina o reduce retenciones. Si bien estas medidas pertenecen a la órbita de la política económica, desde el punto de vista institucional son percibidas como una menor violación del derecho de propiedad y de la libertad para realizar contratos (Krause, 2018).

Sin embargo, con el correr del tiempo, lo que parecía un cambio fuerte se fue debilitando. Las vicisitudes económicas demandan más atención y las políticas se centran en contener las variables macroeconómicas. Entonces, la independencia del BCRA ya no se observa como tal y el Ejecutivo decide el reemplazo del presidente de la institución por uno más complaciente a sus necesidades. En el año 2018, las metas inflacionarias quedan muy lejos de la realidad económica y el jefe de gabinete junto con las carteras de Hacienda y Finanzas realizan anuncios que claramente calan en la independencia del Banco Central, incluido el nuevo acuerdo con el FMI.

Durante la gestión se propone la normalización del Instituto de Estadística y Censos (INDEC), luego del descreimiento que se genera sobre la veracidad de los datos reflejados por el gobierno anterior. En diciembre de 2015 se declara la emergencia estadística y se dispone que el gobierno no publicaría datos de inflación, con vigencia del decreto hasta diciembre de 2016.

Mientras tanto, se comienza a trabajar con especialistas para mejorar la calidad de las estadísticas y suministrar datos más precisos. Cabe destacar que, durante este lapso, se utilizaron los IPC de San Luis y CABA a modo de referencia. Ante la declaración de emergencia, la oposición cuestiona la medida sosteniendo que “permite incumplir los procedimientos constitucionales y legales establecidos e institucionalizar la corrupción” (Lukin, 2015). Una vez que se reanudan las publicaciones, son muchos los críticos sobre las nuevas metodologías utilizadas en temas delicados, como la medición de la pobreza y del desempleo.

En el año 2017, se lleva adelante un Consenso Fiscal con el que se busca comprometer a los gobernadores a tomar importantes medidas y a gestionar ante el Congreso leyes de reformas laborales, previsionales e impositivas. Este consenso lo suscriben 22 de los 23 gobernadores, además del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el acuerdo se prevé una reducción impositiva provincial para estimular la producción regional y una contribución a la reducción del déficit fiscal. El hecho de que estas modificaciones hayan surgido por consenso entre los políticos de distintos signos políticos supone un avance institucional; sin embargo, el avance como tal no sucedió.

Con el correr de los años, puede decirse que el Consenso Fiscal se cumple de manera parcial por parte del Estado nacional y las provincias. La mayoría de los gobernadores no respetan los topes de alícuotas fijadas para el Impuesto a los Ingresos Brutos, una de las grandes fuentes de ingresos provinciales. Además, el DNU del presidente en agosto de 2018 rompe el Pacto Fiscal cuando decide eliminar el Fondo Sojero, que contemplaba la transferencia a provincias y municipios del 30 % de lo recaudado por retenciones a las exportaciones. Las denuncias de varios gobernadores llegaron a la CSJN al observar que el Estado nacional reducía unilateralmente la coparticipación. En octubre de 2019, el fallo de la Corte obliga al gobierno nacional a compensar a las provincias y limita su accionar de manera contundente.

En la misma época del Pacto Fiscal, y por recomendación del FMI, se envían al Senado proyectos de reforma previsional y tributaria. La reforma tributaria apunta a la rebaja de impuestos distorsivos, a gravar la renta financiera y a modificar gravámenes internos. Sobre estas reformas se generan opiniones diversas; sin embargo, el tema de la reforma previsional se instala como un grave punto de conflicto social porque se modifica la fórmula de actualización de los beneficios de la seguridad social con el fin de obtener un ahorro previsional. Es decir, de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

Luego de los debates dentro del Senado y las presiones fuera del recinto, se aprueba un proyecto modificado, con una fórmula mixta que igualmente implica una pérdida para los beneficiarios. A su vez, se aprueba la Ley de Pacto Fiscal y de reforma tributaria. Sin embargo, lejos queda de la realidad la reducción de la presión tributaria para los argentinos. En 2019, Argentina llega a la carga impositiva más alta en los últimos 60 años, según estimaciones privadas (Diamante, 2019).

El periodo de gobierno macrista no está exento de la problemática de la corrupción. Por ejemplo, la figura del presidente y su familia queda implicada en la investigación internacional de corrupción a través de paraísos fiscales. La causa es conocida como Panama Papers. Otra de las investigaciones al mandatario se da por la negociación de una deuda millonaria que la empresa Correo Argentino, que es propiedad de la familia Macri, mantiene con el Estado y que durante la gestión se condona. Esto deriva en una causa penal y un nuevo ejemplo del uso del poder en beneficio de intereses personales.

En el año 2019, las elecciones presidenciales demuestran el fracaso de la gestión, traducido en elevados “índices de pobreza e indigencia, inflación, desempleo y el decaimiento de la actividad económica para advertir el empeoramiento de las condiciones sociales de la Argentina” (Rocha, 2019, p. 1). El resultado electoral es favorable a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.