Una construcción inicial con actores comunales

Graciela Zaldúa, María Marcela Bottinelli, Roxana Longo, María Belén Sopransi y María Malena Lenta

Introducción

Este trabajo se centra en la realización de los derechos humanos mediante el entramado de voces múltiples (en sus tensiones, sus vacilaciones, sus dilemas) y en un proceso de cooperación para comprender los problemas, diseñar acciones y evaluar los efectos a partir de una praxis colectiva o “comunidades de prácticas” como señala Wenger (1998).

El propósito de presentar un avance de las caracterizaciones de los procesos subjetivos y colectivos de prácticas instituidas e instituyentes de exigibilidad y de justiciabilidad en salud comunitaria es dar cuenta de la recursividad y de la complejidad de toda instancia investigativa de la salud en colectivos sociales y con ellos. La salud como objeto complejo, multidimensional y dialécticamente determinado está en interdependencia con los conceptos metodológicos y el campo de acción. Esta perspectiva excede a los solos riesgos contingentes o factores externos aislados. Asimismo, las cuestiones epistémicas y metodológicas exigen innovación en las operaciones y las categorías, y la acción también requiere transformación de las proyecciones prácticas y de las relaciones de fuerzas movilizadas (Breilh, 2008). Varias experiencias en curso de América Latina permiten registrar el debate y las puestas en práctica de procesos y de experiencias de modos de vida saludables relacionados con el principio del “buen vivir” (suma k k awsay).

Partimos del supuesto de que los mecanismos de estigmatización y discriminación –invisibilizados y naturalizados– operan obstaculizando tanto la exigibilidad, la justiciabilidad y la equidad en salud, como las prácticas y las concepciones dominantes en salud.

En diversos documentos de la OMS (2008) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) se señala que el derecho a la salud no se limita a estar sano, sino que es un derecho transversal que obliga a los Estados a adoptar medidas de conformidad con el principio de realización progresiva para generar condiciones de vida lo más saludables posible, que garanticen la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada, medio ambiente sano, acceso al agua potable, suministro de alimentos y condiciones sanitarias adecuadas. Asimismo, afirman que los derechos sexuales y reproductivos y la salud mental requieren especial atención. Estos señalamientos se vinculan con la prevalencia de tasas de mortalidad materna y de fecundidad adolescente y con la estigmatización de los sufrimientos mentales. En presentaciones anteriores (Zaldúa et al., 2010 y 2011), relacionamos los obstáculos al acceso pleno de los derechos sexuales y reproductivos con las discriminaciones de género y clase social, y con la pregnancia de patrones patriarcales en las relaciones vinculares y en las instituciones sanitarias y jurídicas. Por otra parte, la persistencia de modelos manicomiales públicos y privados, a pesar de marcos jurídicos como la Ley N.° 448 de la CABA y la Ley Nacional N.° 26.657 que propician otros modelos de atención, es sostenida por prácticas profesionales instituidas y por intereses corporativos (Zaldúa et al., 2011).

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales, como a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros. Sin embargo, deudas sanitarias persisten y así lo atestigua el documento de “22 puntos por la salud de la República Argentina en el Bicentenario” del Foro Social de Salud y Medio Ambiente, elaborado por organizaciones sociales, gremiales, políticas, universitarias, entre otras. Desde ese espacio, se propuso una serie de ideas que permitirían orientar el necesario e impostergable debate sobre una reforma del sistema de salud y las políticas vinculadas al proceso salud-enfermedad y sus determinantes sociales, con el propósito de garantizar efectivamente el derecho a la salud para todas y todos en nuestro país. En el punto 1, se señala que la salud colectiva es una construcción que resulta de las determinaciones sociales, económicas, culturales, biológicas y ecológicas, incluidas y atravesadas por los procesos históricos.

El punto 3, referido a la participación popular y al modelo de gestión del sistema de salud, propone la inclusión de usuarios en instancias de diseño gestión, evaluación y control de las políticas públicas. Las instancias de participación y control popular son un núcleo central vinculante en el nivel municipal, provincial, nacional o en cada establecimiento del Estado o la sociedad civil.

En el punto 6, en razón de la crisis del sector público por la fragmentación, el desmantelamiento, la desmotivación y el desfinanciamiento resultante de las políticas neoliberales, se propone desechar los créditos de instituciones financieras internacionales (BM, BID, FMI, BIRF) y las terciarizaciones, intermediaciones, privatizaciones y consultorías que imponen mediante el financiamiento externo de programas los propios organismos de crédito internacional.

El punto 7 enfatiza la estrategia de atención primaria de la  salud en un sistema universal de salud orientado a privilegiar la prevención de enfermedades, la protección, la promoción y la vigilancia de la salud, integrado a los otros niveles de complejidad necesarios para dar una respuesta integral a las necesidades colectivas de salud.

El punto 11, referido a la educación y al rol de la universidad pública en la salud colectiva, cuestiona la concepción hegemónica biomédica y aboga por un paradigma que incorpore en la formación de universidades y escuelas las perspectivas de los derechos humanos, la no discriminación, la bioética, la equidad de género, la interculturalidad, y la educación ambiental y popular en las formas de pensar y hacer en la salud colectiva.

El punto 14, referido a la salud mental, considera que la suma de sufrimiento colectivo provocado por las reformas neoliberales de los años noventa y el terrorismo de Estado afecta a la salud individual y colectiva. A su vez, se incluyen los procesos extractivos depredadores de la actualidad, como la minería contaminante y la sojización, que afectan a conjuntos sociales y se acompañan de políticas de desalojo territoriales y de desarraigos que impactan en la salud mental de los pueblos. Se afirma que la atención de la salud mental es altamente desigual en nuestro país y prevalece la centralidad en la enfermedad. Se propone, entre otras cuestiones, salir del paradigma centrado en la enfermedad y la segregación; reconocer la autonomía de los sujetos con problemas de salud mental en su capacidad de decidir sobre lo que les acontece y lo que desean; transversalizar con el arte, la cultura, los deportes; y desmanicomializar respetando los derechos humanos y considerando la internación como un recurso terapéutico excepcional y en hospitales públicos generales.

En el punto 17 relativo a la salud de la mujer, se sostiene que ésta se ve afectada por una vasta cantidad de situaciones a lo largo de la vida agravadas por la desigualdad de clase social, etnia, trabajo, edad, lugar de residencia, racismo, sexismo y otros sistemas de opresión y de discriminación. Se propone en el marco de un Estado laico, democrático y participativo el cuidado integral con perspectiva de género y la igualdad respetando la diversidad sociocultural. La resolución de la cuestión de la posibilidad de las mujeres de decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos se sintetiza en la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

A su vez, se considera un avance la promulgación en 2010 de la Ley Nacional N.° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollan sus relaciones interpersonales, aunque se exige un presupuesto acorde a las necesidades de aplicación efectiva. Un tema también relevante es la situación de trata de personas que afecta a mujeres, a niñas y a niños. Las víctimas son utilizadas para la prostitución, la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud y prácticas análogas. Se denuncia este negocio con cómplices y se afirma que “sin clientes no hay trata”.

Por último, seleccionamos el punto 18, referido a la salud de los trabajadores, que insta al Estado a retomar la agenda y no las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), y el 22 que reafirma que es necesaria una nueva Ley de Salud debatida por todos los actores: trabajadores de salud, sindicatos, ONG, movimientos y organizaciones sociales, partidos políticos y la sociedad civil. Con participación popular y voluntad política, “otra salud es posible”.

En relación con la accesibilidad al derecho a la salud en la CABA, son significativos los aspectos vinculados con las grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad psicosocial señalados por el Ministerio Público Tutelar de la CABA (2010). La vigencia de modelos jurídicos sociales de intervención sobre personas menores y afectadas en su salud mental, vinculadas fuertemente a la noción de incapacidad y, por ello, a las prácticas de control presentadas como formas de protección, exige la necesidad del reemplazo por otros modelos basados en el reconocimiento del estatus de la ciudadanía plena. En el capítulo 5 se relata el proceso de descentralización del Ministerio Público Tutelar a través de las Oficinas por los Derechos de niños, niñas y adolescentes de la Boca, Barracas, Villa Soldati y Nueva Pompeya. La deficiencia de políticas públicas en el marco de la protección integral de derechos se evidencia en las consultas, las solicitudes y los reclamos presentados. Además de dar respuestas individuales, se monitorea la implementación y la aplicación de políticas públicas por parte de las agencias estatales del sur de la ciudad. Se registran mayores demandas por problemáticas habitacionales, alimentación, salud y educación (Dra. Musa, Ministerio Público Tutelar, 2010).

La Ley orgánica de Comunas N.° 1777, en el art. 3, señala la finalidad de facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos; mejorar la eficiencia y calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la ciudad; implementar medidas de equidad, redistribución y compensación de diferencias estructurales a favor de las zonas más desfavorecidas de la ciudad; y consolidar la cultura democrática participativa.

Desde nuestra perspectiva resulta necesario visibilizar que las políticas y las acciones para la salud deben estar diseñadas para abordar el proceso de determinación social de la salud (Breilh, 2009) con el fin de eliminar las causas que repercuten negativamente en el proceso salud-enfermedad-atención. Por ello, nos proponemos analizar y reconocer que las circunstancias sociales, culturales y económicas deficientes afectan la salud durante la vida de las personas, de las comunidades y de las poblaciones.

En este sentido, rescatamos el concepto de “desigualdad en salud” ya que se refiere a las distintas oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen las personas en función de su clase social, de su género, de su territorio o de su etnia. Para la OMS el término “desigualdad” (inequity) se refiere a las diferencias en materia de salud que son innecesarias, evitables e injustas; por tanto, incluye una dimensión moral o ética.

Nos interrogamos sobre si es posible que la accesibilidad y la equidad se garanticen sin la participación comunitaria y si en los escenarios territoriales –en particular a nivel de atención primaria– es posible el pasaje de sujetos-objetos del acto de salud a un lugar de protagonismo en las decisiones. Desde nuestro trabajo intentamos rescatar la importancia de la generación de mapeos y diagnósticos comunitarios que favorezcan procesos de empoderamientos locales, pero que también aporten a la generación de políticas públicas, más inclusivas y enfocadas desde el paradigma de promoción los de derechos humanos.

Marco teórico

Epidemiología crítica

Esta perspectiva epidemiológica concibe a la salud-enfermedad como un proceso singular y colectivo, entretejido por una diversidad de dimensiones: condicionantes socioeconómicos; producción sociohistórica de masculinidades-feminidades y sus relaciones; sistemas de valores y creencias en relación con el cuerpo y sus cuidados; modelos científicos de interpretación y de intervención técnico-profesional; y análisis de las prácticas sociales y de la vida cotidiana.

A diferencia de las concepciones positivistas, se asume la historicidad de lo geográfico, de los procesos ecológicos y de la salud en el espacio urbano. En este sentido, la epidemiología crítica supera esa noción restrictiva (biologicista) y propone una construcción innovadora del espacio de la salud urbana retomando los aportes de la teoría crítica sobre el espacio y la geografía, en articulación con la perspectiva de la determinación social de la salud. Se concibe a la salud urbana como objeto de transformación. Es por tanto un proceso complejo y dialéctico (Breilh, 2010a). Teorizar la epidemiología desde un punto de vista público o colectivo para explicar aspectos que son eminentemente sociales y culturales implica considerar las condiciones de vida, el gradiente social, el género, la discriminación y el lugar de residencia, entre otras dimensiones que han venido conformando un campo conocido como “determinantes de la salud y la enfermedad” (Armando Haro, 2010).

Desde la salud colectiva, el territorio aparece así como algo más que un espacio en un mapa, un lugar. Por más difícil que sea una región, por más empobrecida que pueda estar en cualquiera de sus aspectos –recursos materiales, culturales (migraciones recientes o indeseadas, como en el caso de nuevos barrios creados para “erradicar” otros), educacionales (índices elevados de analfabetismo)–, serán siempre las personas que allí viven, que ocupan esos lugares, quienes podrán dar las pistas de las potencialidades escondidas en esas comunidades. Se trata de comprender el territorio como ámbito de la acción, que opera como anclaje en la realidad y es detonado en su contradicción, donde cambiar el mundo es posible, no por ellos (los pobres, los jóvenes, las comunidades) sino con ellos, no de una vez y para siempre sino en cada gesto cotidiano, en la construcción del protagonismo de la propia vida (Onocko, 2008). El territorio se construye; no es estático, sino que es móvil, variable, semantizable y resemantizable como la realidad social que lo envuelve. Incluso, en las zonas urbanas, en el barrio, conviven diversas territorialidades: las entidades, los vecinos, los jóvenes, las instituciones, etc., con intereses, percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de cooperación, de conflicto, de enfrentamiento. Las distintas clases sociales, cruzadas por relaciones étnicas y por relaciones de poder de género, desarrollan su reproducción social en los barrios. En la interfase de esas relaciones, orientadas por sus intereses y sus posibilidades de clase, se estructuran modos de vida colectivos que delimitan las potencialidades económicas, políticas y culturales de cada una (Breilh, 2010a).

Exigibilidad y justiciabilidad

Cuando nos referimos a justiciabilidad en salud rescatamos dos aspectos: en primer lugar, el actuar con sentido preventivo profundo ahorrando sufrimiento humano y destrucción de la naturaleza, es decir, se trata de un imperativo ético y no de una opción técnica. En segundo lugar, para cumplir ese imperativo ético, es necesario ampliar la noción convencional de la bioética a la noción integral de la ética de la salud (Breilh, 2010b).

Los protagonistas afectados por estos procesos suelen ser los sectores más vulnerables de la población, con dificultades de acceso a las redes de defensa y que en muchos casos cuentan con niveles limitados de alfabetización jurídica. En tal sentido, el acceso a las redes de patrocinio legal es clave: según el grado en que los sujetos se apropien de los procedimientos y desarrollen una conciencia de sí mismos como sujetos de derechos, el desarrollo de habilidades y el empoderamiento serán mayores (Breilh, 2010b). Pero en el campo de la infancia y la adolescencia, la participación en el proceso de exigibilidad de los propios derechos implica una paradoja singular, por los límites intrínsecos a su autorrepresentación en la esfera política.

La psicología crítica

El campo de la psicología crítica se define en el borde de la psicología hegemónica, allí donde la crítica devuelve la mirada del psicólogo o de la psicóloga sobre la disciplina. Como punto de partida, alerta sobre las limitaciones de los desarrollos tecnocráticos o de mainstream, en tanto modalidad que anula a los seres humanos al mismo momento que los “descubre”. Al considerar las dimensiones simbólicas e históricas de la realidad social, posibilita la construcción de significados compartidos por los grupos. El lenguaje y la cultura productora de dimensiones simbólicas y reales en un campo sociohistórico permiten construir nexos con la epidemiología territorial participativa. Las posibilidades de agenciamiento de nuevos sentidos posibilitan la autonomía y la autodeterminación como actores sociales y permiten potenciar la praxis en salud al aprehender el carácter dialéctico de la realidad, la dialogicidad y el proceso estructurante de las prácticas sociales.

Para Parker (2009), las personas, los grupos o las culturas no se comportan ni piensan como el modelo lo predice y, más aun, el objeto de la psicología –que es en realidad otro sujeto– produce y es producido en el encuentro con el investigador. Los recursos lingüísticos, las prácticas sociales y las representaciones del sí-mismo aparecen en el encuentro con el investigador y promueven transformaciones mutuas. Asimismo la naturaleza humana se cambia a sí misma en la medida en que las personas piensan en quiénes son y en quiénes pueden llegar a ser. Por lo tanto, cualquier intento de fijarnos en un solo sitio está destinado a fracasar. Poner distancia y ver las imágenes del sí-mismo, de la mente y de la conducta que los psicólogos han producido, el tipo de prácticas con que se comprometen y el poder que esas prácticas, que esas “tecnologías del sí-mismo”, tienen para fijar límites al cambio, es cuestionar las restricciones y los límites disciplinares impuestos. Las diferencias de género, las peculiaridades raciales, la ansiedad sobre el propio cuerpo o las sexualidades de otros pueblos no son más que los temas que informan a nuestra psicología con mecanismos que reproducen patrones de exclusión, patologías y poder, y cada uno de esos temas nos llegan a través de la cultura psicológica del sentido común (Parker, 2003). A su vez, Parker sostiene que la psicología crítica es el estudio de las formas de vigilancia y de autorregulación de la cotidianeidad, así como el estudio de los caminos por los que la cultura psicológica opera más allá de las fronteras de la práctica profesional y académica. Es centralmente un desafío a la ideología y al poder, y sobre esas bases es posible conectar la diversidad de actividades radicales que hay dentro y fuera del campo disciplinar y construir un campo de debate y de iniciativas.

En este sentido la articulación de enfoques se encuadra en los procesos de reflexividad, que enfrentan la disyuntiva objeto-sujeto y que convocan a pensar y a hacer desde y con el Otro en un horizonte estratégico del porvenir.

Marco metodológico y primer avance de la investigación

El monitoreo de las problemáticas, de las necesidades, de las prácticas y de las alternativas se imbrica además con la perspectiva de la auditoría social, que sostiene los procesos por los cuales los ciudadanos revisan y viabilizan sus exigencias a la administración pública de servicios, acorde a sus demandas y requerimientos así como a los compromisos de desarrollo. Por lo tanto son mecanismos que propenden a garantizar la participación ciudadana y que crean canales de comunicación, en la corresponsabilidad de las partes involucradas en los aspectos de interés de la comunidad, y de este modo favorecen mecanismos para evidenciar y canalizar las necesidades, las demandas y las propuestas que sostengan sus derechos, valorando el funcionamiento de la administración pública, así como la información, la atención de denuncias y la articulación intersectorial (exigibilidad y justiciabilidad) de forma activa, a través del análisis de las acciones sociales en una determinada unidad territorial.

Este primer análisis que aquí presentamos recorta algunos de los aspectos del proceso investigativo realizado en las Comunas 3 y 4 de la CABA, que constituyen las unidades territoriales del universo-población de nuestro trabajo. En dichas comunas se consideran los contextos de los vínculos entre las organizaciones, los servicios y los usuarios, que permiten indagar y coconstruir los problemas y las potencialidades identificadas en la comunidad.

Las Comunas 3 y 4 se encuentran en la zona centro y sur de la CABA. La comuna 3 agrupa los barrios de Balvanera y San Cristóbal. La comuna 4 agrupa los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca. Junto con la comuna 1, conforman la Región Sanitaria Este en la que habitan 205.946 personas (93.884 varones y 112.062 mujeres).

La región cuenta con tres hospitales generales de agudos, dos hospitales pediátricos, uno especializado en salud materna e infantil, seis hospitales monovalentes (tres de salud mental), trece centros de salud y acción comunitaria (CeSAC), nueve centros médicos barriales (CMB), dieciséis consultorios de médicos de cabecera, quince consultorios odontológicos, un centro de salud mental, un centro odontológico infantil y tres centros de atención de adicciones.

Asimismo, existen cuatro Defensorías Zonales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y participan en el territorio las siguientes organizaciones sociales: Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), Colectivos Sociales y de Educación Popular, Pañuelos en Rebeldía: Equipo de Educación Popular, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), la Asociación de Médicos Generalistas y Médicos del Mundo.

Las unidades de análisis incluyen instituciones (de salud, justicia y organizaciones sociales), trabajadores-dirigentes y usuarios-participantes de esas instituciones. En todos los casos se trata de territorios en los que el equipo de investigación tiene una historia previa vincular, tanto a través de referentes con los que trabajamos en gestión asociada o por la inserción de miembros del equipo en tareas de extensión universitaria. Por lo anterior, y en función del encuadre epistémico metodológico, trabajamos con muestras intencionales basadas en los criterios de pertinencia representatividad, viabilidad y accesibilidad.

Nuestro marco epistémico metodológico se enmarca en la investigación acción participativa (IAP) como práctica alternativa a las formas tradicionales de investigación, en la que la investigación y la participación se constituyen como momentos dentro del mismo proceso de producción de conocimientos colectivo (Fals Borda, 1999), a partir del cual la misma comunidad puede identificar y problematizar sus necesidades y sus demandas (Sirvent, 2003) y el investigador es una herramienta de la investigación que aporta su reflexividad crítica (Bourdieu y Wacquant, 1999) a la vez que una vigilancia epistemológica (Castellanos, 1995).

Desde la IAP, nuestro proyecto de investigación se propone construir dispositivos de problematización, de planificación y de evaluación participativos que tiendan a la coconstrucción de estrategias de reapropiación colectiva. La IAP rescata procesos de participación activa de los sujetos, partiendo de los saberes, los sentidos y las prácticas sociales a través de la implementación de diversas técnicas con las que se pretende generar intercambios constructivos entre investigadores y la comunidad. Se busca facilitar procesos de familiarización, detección de necesidades, sensibilización, priorización, realizaciones y devolución sistemática de la información.

Asimismo incluimos, como parte de nuestras estrategias de análisis de datos en el proyecto de investigación, el análisis crítico del discurso (ACD) para explorar y describir las relaciones dialécticas entre el discurso y las estructuras sociales. Consideramos el discurso como una práctica social históricamente situada que es, por un lado, modelada por las micro- y macroestructuras en las que está inserto, mientras que por otro contribuye creativamente a la construcción y a la transformación del orden social (Stecher, 2010; Fairclough, 2003). En tal sentido el procesamiento, la sistematización y el análisis de la información requieren sucesivas revisiones y un trabajo paralelo y simultáneo al trabajo en terreno que permita reorientar y complejizar las perspectivas, los interrogantes y las conclusiones que se van coconstruyendo dialécticamente desde tres niveles: el análisis lingüístico, el análisis intertextual y el análisis social o contextual.

Dicha tarea nos demandará la triangulación de diferentes fuentes e instrumentos que permitan captar la complejidad de los procesos enunciados. Los instrumentos propuestos en la investigación incluyen: 1) entrevista en profundidad (Andrade, S. y otros, 1987), participativa (Montero, 2006) y relato de vida (Córdova, 1990; Bertaux, 1980; Ferraroti, 1980); 2) grupos focales (Debus y Novelli, 1998); 3) observación participante, no participante (Montero, 2006) y dialéctica (Mora Ninci, 2001); 4) cuestionario epidemiológico colectivo (Breilh, 2003; Castellanos, 1995; Almeida Filho, 2000) y 5) grilla de relevamiento documental y registros de sistematización (Montero, 2006).

Desde este marco presentamos un primer mapeo de actores y análisis preliminar de necesidades, de demandas, de problemas y de prioridades elaborado colectivamente en reuniones con dichos actores de salud de las comunas 3 y 4 de la CABA. Para ello, se retoman registros de relevamiento documental, registros de sistematización de observaciones (participante, no participante y dialéctica) y quince entrevistas en profundidad a informantes clave, trabajadas en las primeras entradas en terreno.

Dichos instrumentos y las perspectivas desde las cuales hemos elegido considerarlos han sido seleccionados en función del posicionamiento epistémico y conceptual que modela nuestro abordaje. Todos ellos constituyen parte de las metodologías que desde una perspectiva dialéctico-crítica reconocen la complejidad de los procesos sociales y la necesidad de seleccionar estrategias y herramientas que permitan integrar los saberes y las prácticas de los diferentes actores sociales involucrados en la delimitación de las problemáticas del campo social y comunitario, entendido procesual e históricamente en sus determinaciones. Asimismo reconocen el lugar central de la reflexión crítica y el posicionamiento ético como inherentes a las decisiones conceptuales y metodológicas y, por tanto, como tensiones que contextúan y posicionan política e ideológicamente la producción de conocimientos.

En función de los interrogantes y objetivos planteados, y del abordaje epistémico metodológico propuesto, los ejes de análisis relevados incluyen la indagación de aspectos relativos a:

• Registro de necesidades y demandas por los efectores
• Identificación de problemas prioritarios en ambas comunas

• Obstáculos, procesos de vulnerabilidad y desprotección

Resultados y discusión: primer avance sobre el territorio, las prácticas y los actores. Diagnóstico preliminar

Comuna 3

La Comuna 3 tiene en su territorio tres marcas catastróficas con cientos de muertos y afectados por las injurias físicas y psíquicas: el atentado a la sede de AMIA (1994), el desastre de Cromañón (2004) y el más reciente, de febrero de 2012, desastre ferroviario de la estación Once. Las víctimas, los familiares y las organizaciones de la sociedad civil siguen insistiendo en la exigibilidad de verdad y justicia, y en los tres casos inscriben con diferentes modalidades espacios de la memoria. Por otra parte, también es un espacio emblemático en la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, expresado en las baldosas en los lugares que vivieron o transitaron, como el bar cercano a la Facultad de Psicología.

Es un espacio territorial socialmente heterogéneo, de residentes de sectores medios y otros en situación de pobreza e indigencia, lugar de tránsito y residencia, de espacios culturales tradicionales, como escuelas, facultades, teatros, museos, y de emergencia de espacios de vulneración de derechos (niñas, niños y adultos en situación de calle, prostitución, mercadeo de sustancias, etc.). La Plaza Miserere, escenario prínceps comunal, nos interpela como un bricolage de vidas que transitan con urgencias, con indefensión, con invocaciones religiosas a la salvación, con actos de memoria de las tragedias. Con el uso de material visual, análisis de artefactos materiales-culturales y reflexión sobre las experiencias personales, iniciamos el trabajo de campo con mapeo de actores mediante las narrativas de sus quehaceres.

En la Comuna 3 los actores sociales consultados en la primera etapa del trabajo en terreno fueron integrantes de instituciones públicas de salud y educación, organizaciones de la sociedad civil e informantes clave de la comunidad. Entre las organizaciones consultadas se trabajó con el CeSAC 11 del Área Programática del Hospital Ramos Mejía, la Escuela Media Mariano Acosta, la Asociación Civil La Vereda, la Asociación Civil La Casona de Humahuaca y referentes de la Asociación Vecinal y una enfermera del CeSAC 11 con más de veinte años de trabajo en el barrio. Se realizaron entrevistas iniciales para convocar a participar y luego reuniones de trabajo generalmente focalizadas según la institución o zona, en las que se trabajó conjuntamente en la caracterización de la zona, sus necesidades y demandas, los actores y sus prácticas. De los registros de campo de dichas observaciones, entrevistas y reuniones, se trabajó inicialmente en la identificación de las categorías centrales en función de los objetivos de la investigación. En la emergencia de historias o narrativas de los contextos laborales se fueron construyendo mundos de significados sobre quiénes son “los asistidos”, sobre los problemas relevantes, los obstáculos y los desafíos de la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la salud, sobre la organización y la participación comunitaria.

Para esta modalidad investigativa nos basamos en Pearce (1994), quien sostiene que siempre actuamos desde y hacia contextos; así en las diversas instancias de encuentros se facilitó la construcción y la reconstrucción de significados.

La población de referencia de las instituciones es, principalmente, niños, niñas y adolescentes, mujeres jóvenes, travestis y personas migrantes de países limítrofes (fundamentalmente de Bolivia, Perú y Paraguay). Como anticipamos, la comuna está compuesta por una población heterogénea: sectores medios argentinos y varios grupos migrantes que habitan en condiciones de extrema precariedad, generalmente en hoteles y en casas tomadas. Mientras que los sectores medios suelen ser profesionales o con inserciones laborales con mejores condiciones de contratación y con acceso a derechos, el resto de los sectores se caracteriza por tener ocupaciones laborales precarias, como la venta ambulante, el trabajo en talleres textiles o en obras y la prostitución. Se construye en este intercambio de sentidos y metasentidos de la comunidad un relato contextual de barreras o de fronteras entre unos y otros en conflictividad emergente, en el que la inseguridad barrial es un síntoma significativo percibido por los actores comunales.

Entre las instituciones con las que se trabajó en este primer momento, solo en la escuela media aún confluyen todos los sectores sociales:

desde chicos hijos de profesionales de clase media del barrio, comprometidos con la educación pública y chicos que viven en hoteles o casas tomadas y tienen padres migrantes. También hay un sector que proviene del Gran Buenos Aires (10% aproximadamente) y un sector que concurre por ser hijo o nieto de egresados de la escuela, lo que denota una fuerte identidad de la institución (1-EIC-Dir-EM).

En cambio, en las asociaciones civiles y en el CeSAC el trabajo centralmente es con los sectores más vulnerables de la población.

Entre los problemas generales detectados se destacan la discriminación (incluso entre los propios grupos discriminados) y la violencia percibida en los sectores inmigrantes. El consumo problemático de drogas aparece como relevante entre los sectores medios y los jóvenes. También aparece la problemática del hacinamiento.

Entre las principales problemáticas y alertas de salud detectados en la población se puede señalar:

– La violencia hacia las mujeres, niños y niñas así como las situaciones de abuso sexual infantil son señalados como los “problemas psicosociales más prioritarios” (2-EIC-Dir-CeSAC11).

– La accesibilidad a los derechos de salud sexual es un tema clave entre la población en situación de prostitución para la prevención del VIH, las ITS (infecciones de transmisión sexual) y los embarazos no deseados: “jóvenes en situación de prostitución y travestis en situación de prostitución porque ésta es una zona con muchos lugares ocultos donde se ejerce la prostitución. Y en el centro se hace estrategias para que ellas se puedan llevar anticonceptivos, se vengan a atender. Se las trata por el nombre que ellas quieren y no por el nombre del documento” (3-EIC-Enfermera-Htal.).

– La incidencia de problemas de salud vinculados con las condiciones de vida se observa entre los adultos por el aumento de casos de tuberculosis: “tienen que ver las condiciones de trabajo, de vida por el hacinamiento y el recambio del aire, la nutrición y la propia migración” (4-EIC-TS-La Vereda). Y también se observa entre los niños y niñas por las afectaciones en el desarrollo psicomotriz: “muchos tienen problemas motrices. De escaso desarrollo muy ligado a las condiciones de vida porque en la casa no tienen espacio para caminar. Incluso en los hoteles a veces está prohibido jugar. Y cuando son chiquitos van con sus padres al trabajo que en general es la venta ambulante y por el cuidado a ellos, a que no les pase nada, tienen la movilidad reducida. O están a upa o con un radio para moverse en el piso que es ínfimo” (4-EIC-TS-La Vereda)

– La preocupación por los jóvenes y por el consumo de sustancias es visibilizada centralmente desde la escuela como una problemática que “entra” en la institución y que genera perplejidad entre los adultos: “Hace diez días, encontramos a dos chicos dados vuelta. Uno, aparentemente alcoholizado y el otro con la nariz rosada. Los dos adentro de la escuela, como a las 16 horas. Les preguntamos qué habían hecho y no se podían casi mover. No sabíamos qué hacer” (5-EIC-AP-EM).

Entre las acciones que se realizan, principalmente se cuenta con la red RIOBA que funciona desde 2005 como espacio de articulación entre los profesionales que participan en los diversos espacios para facilitar el abordaje de situaciones problemáticas, la referencia y la accesibilidad a las instituciones y los recursos, así como para proyectar acciones colectivas especialmente en el sector norte de la Comuna (entre las avenidas Rivadavia y Córdoba) (6-EIC-Psi-LCH). En cambio, en el sector sur, el trabajo de articulación está apuntalado por la asociación de vecinos (14-EIC-V-AVB).

Entre los entrevistados, se señala que la participación de la comunidad es gratificante pero a la vez es un objetivo difícil de alcanzar en forma permanente. En la escuela media relatan que: “muchos padres esperan que la escuela resuelva todos los problemas [pero que al mismo tiempo] se nota la solidaridad de los padres y los docentes cuando a fin de año se arma el asado para los egresados” (5-EIC-AP-EM).

A su vez, en el CeSAC 11 se resalta que: “violencia hacia el personal del Centro no se han registrado” (7-EIC-TS-CeSAC11).

Dicha situación aparece significada como relevante en un contexto de violencia social, aunque la población mantiene en buen estado las instalaciones del centro porque allí encuentran reconocimiento y un espacio de cuidado espacialmente dirigido a los sectores de diversidades sexuales –se promueven carteleras específicas trabajadas por profesionales del centro y usuarios–.

Asimismo, existen obstáculos o dificultades para poder viabilizar las acciones de salud o el abordaje de los problemas. Entre ellos se destacan: la falta de insumos en el sector salud o de recursos para realizar una atención integral (falta de vehículo para garantizar la extracción de sangre), desfinanciamiento y desarticulación de programas sociales que dejan a la población sin recursos para el desarrollo y la integración social de niños y niñas (cierre de juegotecas, falta de jardines maternales), problemas en la integración de los sectores inmigrantes en las instituciones y las prácticas discriminatorias sobre los sectores vulnerables, y la problemática de la vivienda como un aspecto que atraviesa la calidad de vida, los vínculos y la salud del gran parte de dicha población.

Respecto de las dificultades de exigibilidad se señalan: la falta de recursos económicos, el desconocimiento de derechos en general (especialmente de inmigrantes, de niños, niñas y adolescentes, y de salud sexual y reproductiva) y de los modos de ejercicio. Asimismo, la sobrecarga y la precariedad del trabajo, los límites de la cobertura de salud pública y las condiciones habitacionales actúan exacerbando la fragmentación social y la tensión entre los propios miembros de la comunidad, lo que afecta el proceso de salud-enfermedad-atención.

Comuna 4

Los actores participantes en esta primera etapa de trabajo en terreno fueron trabajadores de la salud de tres CeSAC y dos Defensorías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El análisis se centró especialmente en entrevistas que corresponden al CeSAC 35 (Barrio Zavaleta – Villa 21-24), a un médico generalista, a una trabajadora social y a dos promotoras de la salud; entrevistas del CeSAC 32^[2] (Barrio Charrúa) a un médica generalista, a una trabajadora social, a una médica clínica, a un obstetra y a una enfermera; entrevistas del CeSAC 41 (La Boca) a un médico de familia director del centro y a una Licenciada en Ciencias de la Educación subdirectora; entrevistas a una psicóloga de la Defensoría de Pompeya y a una abogada de la Defensoría de la Villa 21-24-Zavaleta.

Las poblaciones de referencia asistidas son descriptas por los entrevistados como migrantes, pobres y en general mujeres. Si bien reconocen atender una población heterogénea de diferentes barrios y procedencias (argentinos, paraguayos, bolivianos y peruanos), predomina la comunidad migrante principalmente boliviana (en CeSAC32 y Defensoría de Pompeya), paraguaya (en CeSAC 35 y Defensoría de la villa 21-24-Zavaleta) y argentina (en CeSAC 41 y de la villa 21-24-Zavaleta). Si bien hay población de primera migración que mantiene sus tradiciones, los de segunda y tercera generación de migrantes pretenden distanciarse de sus orígenes. Asimismo se trata de una población heterogénea en cuanto provienen de diferentes barrios como Villa 20, Loma Alegre, San Blas y también la Villa 1-11-14. Muchos de los usuarios son descriptos como muy trabajadores, pero cerrados, y se reconoce en los barrios muchas rivalidades y un creciente fenómeno de movilidad de personas (alquilan espacios dentro de sus espacios como otra forma de subsistencia).

Entre los problemas generales detectados se enuncian la mala alimentación, la contaminación ambiental, las viviendas y condiciones de vida precarias, los muy bajos sueldos, las extensas jornadas laborales y las pésimas condiciones de trabajo (por ejemplo, costureras que trabajan sentadas de 8 a 22 y llevan a sus hijos pequeños).

La discriminación a los migrantes es un tema común y se plantean habitualmente rivalidades internas entre los barrios y de grupos al interior de ellos. Si bien toda la población presenta una situación económica desfavorable, se evidencian diferencias que la población misma enuncia, por ejemplo entre pertenecer a “las villas” o vivir en la 1-11-14 que es considerado como “un ascenso social” (12-EIC-TS-CeSAC35).

En cuanto a las principales problemáticas y alertas de salud detectadas en la población asistida, los entrevistados enuncian que, tal como se sostiene en las prácticas habituales de salud, especialmente consultan las mujeres y en general por cuestiones avanzadas. Señalan además que hay poca comunicación: “Persiste la dificultad para hablar (…) persisten mujeres que desconocen su propio cuerpo. Las relaciones sexuales tienen que ver con la necesidad del varón” (12-EIC-TS-CeSAC35). “Una de las preguntas que generalmente les hago es por la relación con otras mujeres, amigas, etc. Y casi no existe, o con sus vecinas, para ir viendo cuales pueden ser las estrategias frente a casos de violencias, alguien cerca que puede darles un lugar cuando la situación es complicada. La respuesta es no. Más allá del espacio de la casa y la familia, no hay otros espacios” (13-EIC-MG-CeSAC32).

Otro tema significativo es el de la violencia y la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes: “el maltrato y el abuso sexual son tremendos. En cinco años han aumentado muchísimo los casos. No sé si es que ahora todo sale a la luz como dicen, pero lo cierto es que aparecen más” (8-EIC-Psi-DefNNyA).

Los problemas relevados son:

• Violencia en sus diferentes planos (física, simbólica, psicológica, social, cultural y económica). Maltratos de larga data en las parejas (desde antes de la migración en particular desde Bolivia); maltrato de nuevas parejas, hacia la mujer y los hijos. Se resalta la poca explicitación de este problema y que las consultas específicas por el tema solo se efectivizan cuando hay agresiones fuertes.
• Controles gestacionales avanzados (en general asociados a la falta de tiempo por trabajo o por la cantidad de hijos o personas a su cuidado).
• Embarazos no planificados, abortos y sus consecuencias, asociados a pautas de género y culturales: “En general te dicen que el varón no se lo quiere poner (al preservativo)” (13-EIC-MG-CeSAC32). También aparece la falta información sobre las formas de cuidado, en particular en los adolescentes.
• Barreras en la atención y en el cumplimiento de derechos. Algunas mujeres se quejan de la cantidad de estudios que les solicitan los médicos para aceptar colocarles un DIU o realizar la ligadura de trompas, bajo argumentos que implican muchas veces subestimar las decisiones de las mujeres o amenazas implícitas por ejemplo: “te vas a arrepentir”. En el caso de los derechos de niños, niñas y adolescentes la vulneración de derechos es tan grande que: “comienza con la situación de pobreza general en la que viven los chicos y la familia. A veces, ni siquiera en una casa o todos hacinados. Los padres que muchas veces no saben manejarse con las instituciones porque manejan otros códigos porque vienen de otras culturales. Y también el ‘vaya y venga’, le suspenden una entrevista y la gente se cansa y va dejando de ir” (9-EIC-Abg-DefNNyA).
• Barreras en el acceso a la atención para adolescentes en salud sexual y reproductiva, en particular de varones: “Solo recuerdo una situación (en 7 años) de una parejita de 15 y 16 en el consultorio aprendiendo como era el uso correcto del preservativo. Lo máximo que los chicos se acercan es a la sala de espera y quedan esperando a sus novias que hagan la consulta. La mayoría ni a la sala de espera” (13-EIC-MG-CeSAC32).
• Preocupación por los jóvenes y el consumo: “Yo noto cambios que me preocupan y entristecen, por ejemplo la droga en los jóvenes. Vos antes venías a trabajar a la mañana y veías a los pibes tomando un vino, y ahora ves la droga. Es terrible” (15-EIC-Enfermera-CeSAC35). “El tema de la falopa es tremendo. Cada vez son más chicos chiquitos. Es una realidad que se escapa de las manos y más cuando en el barrio todos venden” (9-EIC-Abg-DefNNyA).
• Graves afectaciones en la salud producto de la contaminación ambiental, fundamentalmente de los habitantes de los márgenes del Riachuelo (La Boca): “Cerca del 40 por ciento de los niños evaluados en el centro tiene altos niveles de plomo en sangre” (10-EIC-Dir-CeSAC41).
• También enuncian otros problemas como trombosis venosa cerebral, pero los asocian siempre a las condiciones económico-sociales: “la gente no tiene tiempo para cuidar su salud. No tiene recursos” (15-EIC-Enfermera-CeSAC35).

Entre las acciones^[3] planteadas desde esta perspectiva enuncian que se construyen propuestas en general por los profesionales y la comunidad por asociación voluntaria. Ejemplos exitosos de estas acciones y esfuerzos son las entrevistas conjuntas de al menos dos profesionales que se toman en el CeSAC 32; el grupo de planificación familiar; el trabajo por el tema de desabastecimiento que se realizó con otros centros que dependen del Hospital Penna y del Piñero; el trabajo sobre educación sexual integral realizado en colaboración entre en CeSAC 32, el CeSAC 19 y escuelas de educación media de la zona; el fortalecimiento de la cooperativa de viviendas de La Boca impulsado por el CeSAC 41; y el equipo de promotoras de salud en barrios dependiente del Área Programática del Hospital Argerich: “Por otro lado, desde 2006 con otra compañera que es psiquiatra de otro centro de salud, el 19 y depende del Hospital Piñero, estamos yendo a una escuela de educación media, que es un colegio secundario. No es área nuestra, pero sí va mucha población del barrio. Por lo que te contaba muchos tratan de juntarse con la villa, muchos van a Pompeya o al Centro. Pero muchos van a esa escuela” (12-EIC-TS-CeSAC35).

En todos los casos resaltan el gran apoyo de contar (para poder viabilizar estas acciones) con leyes como la de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) que sostiene la responsabilidad de todos y de la escuela también: “Fuimos cambiando la modalidad, los primeros años trabajábamos con los chicos. Hacíamos una serie de cinco talleres con ellos. Los talleres son sobre salud sexual y reproductiva y géneros en el marco del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología […] Ése es el Tema. Después tenemos dos talleres sobre proyecto de vida, que surgió justamente a partir del tema de la maternidad. (…) Nuestra idea a largo plazo es que el trabajo lo hagan los docentes y no tengamos que ir nosotras y poder hacer lo mismo en otra escuela. Pero cuesta mucho. Que esté la ley de educación sexual ayuda un montón. Vemos un cambio desde que está la ley, porque se puede incluir como una cuestión que es responsabilidad de la escuela” (12-EIC-TS-CeSAC35).

Respecto de la participación de la comunidad reconocen que el trabajo de apertura tiene sus frutos en una mejor comunicación, atención y conocimiento mutuo promoviendo el cumplimiento de los derechos de información, acceso, atención y seguimiento que generan con la comunidad un trabajo conjunto: se conocen, reconocen a los profesionales tanto dentro como fuera de la institución de salud: “La gente te da mucho cariño y valora lo que uno hace” (15-EIC-Enfermera-CeSAC35); “Saludan, te reconocen por los nombres” (11-EIC-Dir-CeSAC41).

Asimismo registran la potencia de la apertura no solo de que la comunidad vaya al centro sino de ir a la comunidad: “Asisten y responden” (12-EIC-TS-CeSAC35); “La gente es muy cumplidora” (10-EIC-Dir-CeSAC41); “Vos podés ir hacia ellos si es que no vienen hacia vos” (11-EIC-Dir-CeSAC41).

Pero también se visibilizan los obstáculos que persisten sobre la inclusión y la participación comunitaria: “hay algunas resistencias (en general en el sistema de salud) a algunas modalidades de atención que tenemos acá que es que se incluya a la gente de la villa” (13-EIC-MG-CeSAC32).

Los resultados de esas acciones se vuelven gratificantes y visibilizan las tareas conjuntas y participativas. Entre sus enunciados se encuentran por ejemplo: buen clima, reconocimiento profesional y de la comunidad, buen seguimiento de tuberculosis, vacunaciones, planificación familiar, y control de embarazo en los casos en que se acercan. También señalan que estas formas de atención demandan mucho trabajo pero generan un mayor acceso a prevención, poder charlar, tener acceso a métodos anticonceptivos (y poder contar y aplicar las leyes de SSyR y derechos de niños, niñas y adolescentes), y resaltan que “da alegría poder hacerlo” y que permite cierta cercanía que no siempre es posible en las grandes ciudades y los centros de salud, por ejemplo el seguimiento de los pacientes o a veces atender en el parto a quien le hiciste controles.

Sin embargo, siguen reconociendo los diversos obstáculos o dificultades para poder viabilizar las acciones de salud o el abordaje de los problemas. Entre otros señalan que algunos insumos llegan en forma discontinua; la falta de condiciones de privacidad en el centro para atender las consultas de SSyR; las discrepancias entre efectores o las tensiones con los centros de referencia, el deterioro de la infraestructura, la falta de recursos y replanificación o la asignación según la demanda y la sobredemanda para la capacidad de atención: “Yo creo que hay lugares que están abandonados. Éste es uno. Yo no te lo puedo explicar en palabras lo tenés que ver desde la imagen, y vos lo ves. Es un abandono. No tenemos infraestructura adecuada. Es un desastre. No valen las palabras, lo que vale es la imagen. Mirá en donde estamos sentadas, acá es dónde trabajo todos los días, no tenemos lugar ni para movernos. Es un lugar abandonado” (15-EIC-Enfermera-CeSAC35).

Entre las dificultades de exigibilidad enuncian particularmente las de información, recursos económicos, desconocimiento de derechos y de cómo ejercerlos (por ejemplo, cómo se hace una denuncia por violencia, otros métodos anticonceptivos que no sean el preservativo, etc.), y remarcan la relación entre las condiciones económicas y su determinación sobre los procesos de acceso, atención y seguimiento de los procesos de salud/enfermedad/atención. Entre otros: efectivizar la cobertura y el acceso a la salud, la alimentación y el trabajo, el cumplimiento de oportunidades y alternativas (por ejemplo, la solicitud de la ligadura de trompas), la prevención y la equidad de derecho a la atención (la población creía que era un centro de salud privado cuando se estaba construyendo, luego otra parte pensaba que se atendían solo migrantes ahí, después demandaban ser atendidos los argentinos). Resaltan la potencia de contar con leyes que sostienen, apoyan y permiten las acciones de salud y señalan la necesidad de articular: brindar información tanto sobre el cuidado como sobre los derechos, a la vez que pensar acciones para que puedan aplicar y ejercer dichos conocimientos: “A mí me parece muy interesante. En sí la ley para mí está muy bien escrita y ampara los derechos de las mujeres, tengan cobertura pre paga, obra social o cobertura pública. En cualquiera de los casos ampara los derechos de las mujeres en relación al acceso a los métodos de las mujeres y de los varones. Después lo dificultoso es que lo utilicen” (13-EIC-MG-CeSAC32).

También señalan las luchas contra el determinismo o la naturalización, como por ejemplo: “en la villa es así [y] el destino de una mujer en la villa es ser madre” (12-EIC-TS-CeSAC35).

A modo de conclusiones iniciales

Esta primera etapa de mapeo de actores, monitoreo de necesidades, de problemas prioritarios y del estado de la cuestión en relación con la exigibilidad y la justiciabilidad facilitó o reactualizó la construcción de procesos dialógicos con los actores de los territorios comunales. Como investigación cogenerativa entre los conocimientos locales y los académicos de procesos complejos, propicia un fortalecimiento de las redes y de los lazos sociales en la perspectiva de una auditoría social facilitadora de cambios. Las dimensiones epistémicas de la epidemiología y la psicología crítica, y la opción metodológica de la IAP, contribuyen a problematizar situaciones naturalizadas o interpretadas ideológicamente como subproductos inevitables del orden social de exclusión y las responsabilidades individuales: violencias, abusos, adicciones, etc. Partimos del análisis de discurso contextuado, analizando dónde, cuándo y desde qué instituciones los sujetos son hablados; y los problemas y obstáculos, registrados. En particular, resemantizamos aquellos espacios de implicancia sobreidentificatoria, en los que el lugar de la precarización y fragilización de algunas vidas y la abyección en relación con la norma heterosexual o los estereotipos socioculturales son constitutivas de nuevas prácticas alternativas en las grietas institucionales. Los desafíos de contextos prefigurados de invisibilización o estigmatización de las diferencias y los nuevos posicionamientos subjetivos interactivos implican prácticas comprometidas desde lo público.

En este primer momento registramos dispositivos y redes desde una ética del cuidado, con modalidades de atención promotoras de subjetividades autónomas, junto a otras tradicionales reduccionistas y descontextuadas con ausencias de acciones preventivas sobre los efectos de discriminación y estigmatización a la diversidad de género, social o cultural. La posibilidad de democratización de las cuestiones públicas a nivel comunal puede potenciar espacios con diversos protagonistas de la sociedad civil y las instituciones en la realización de una auténtica auditoría social. Pero no soslayamos el marco de tensiones por la gestión neoliberal que constriñe financieramente lo público, transfiriendo prestaciones a sectores privados e intentando imponer modelos no interdisciplinarios ni comunitarios, en contradicción con las leyes vigentes. En esta trama de encuentros y desencuentros no abdicamos de coconstruir nuevas interrogaciones sobre las producciones de sentido de la constitución subjetiva y comunitaria y acciones promocionales y preventivas. 

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