Graciela Zaldúa, Roxana Longo, María Malena Lenta
y María Belén Sopransi

Introducción

El incremento de personas en situación de prostitución en Argentina y el mundo señala la persistencia de procesos de violentación, subordinación de género y mercantilización de los cuerpos de mujeres, niños, niñas y personas trans.

El género incluye saberes, prácticas sociales, discursos y relaciones de poder que dan sustento a las concepciones existentes en relación con el cuerpo sexuado, con la sexualidad, con las diferencias físicas, socioeconómicas, culturales y políticas en un contexto determinado (Castellanos, 2006). El patriarcado es una institución-sistema que se sustenta en el control de los cuerpos. La dominación sexual tiene como rasgo conjurar el control no sólo físico sino también moral de las víctimas y sus asociados (Segato, 2008). La prostitución no encuentra su causa en cada mujer, niña, niño o persona trans en su especificidad, sino en la construcción social de esas personas como seres para y de otros, definidas en torno a su sexualidad erótica (Lagarde, 2007).

El fenómeno de la globalización de la economía de mercado ha generado o intensificado la explotación de recursos y de seres humanos. La profundización de los mecanismos de exclusión inciden en la feminización de la pobreza y establecen las reglas para que, bajo esas condiciones no elegidas, las personas más vulnerables diseñen estrategias de supervivencia similares: la producción alimenticia, el trabajo informal, la migración, la prostitución (Sassen, 2002: 18). En la etapa neoliberal de rápida movilización de bienes y de informaciones, todos los sistemas de explotación/opresión/dominación se refuerzan: el sistema de clases y el sistema racista, pero sobre todo el sistema jerárquico de opresión sexual (Gargallo, 2008).

Globalmente, se estima que más de 40 millones de personas son prostituidas (Fondation Scelles, 2012), de las cuales el 85% es manejado por las redes de trata de personas para la explotación sexual (ONU, 2012). En la mayoría de los casos, la trata de personas está acompañada o complementada de otros delitos, como la privación ilegítima de la libertad, el abuso sexual, los golpes y las torturas (Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, 2009).

Si bien las situaciones de trata de personas para la explotación sexual y la prostitución son fenómenos profundamente imbricados que se presentan concomitantemente, es necesario distinguir que no todas las personas en situación de prostitución son víctimas del delito de trata. En Argentina, existen dos colectivos que defienden la prostitución como trabajo y proponen la organización de las personas en situación de prostitución. Son la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) y la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), cuyos orígenes se remontan a la década de 1990. En cambio, entre las organizaciones que se posicionan por la abolición de la prostitución y no la reivindican como trabajo, se destaca la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMMAR-CAPITAL) que inició en el año 1995 en el marco de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y posteriormente en 2002 se independizó para comenzar a trabajar en una nueva etapa sobre el incumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado argentino y para lograr la meta de ejecución de políticas públicas e integrales que incluyan socialmente a las personas en situación de prostitución.

El fenómeno de la prostitución es complejo y diversos factores intervienen en él: las migraciones, la feminización de la pobreza y de la subsistencia, la falta de acceso a derechos sociales y culturales, el consumismo generalizado, las personas mismas en situación de prostitución –generalmente mujeres–, las organizaciones que lucran con la prostitución y quienes consumen prostitución –generalmente varones– (Santamaría, 2007; Defensor del Pueblo de la Nación, 2007). Y como señala Volnovich (2010), existe un fuerte silenciamiento sobre esta última cuestión (los consumidores) pues, sostiene, hablar sobre el significado de esa práctica equivale a romper con los acuerdos entre los hombres.

Sobre la trata de personas para la explotación sexual y la prostitución en Argentina

La crisis socioeconómica que comienza a mediados de los años noventa repercutió en el aumento de personas en situación de prostitución: en la Ciudad de Buenos Aires, para 2004 la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) registró 6000 trabajadoras sexuales más que a mediados de la década de 1990, esto se traducía a un incremento del 42,85%. Cabe destacar que además de poder inferir un marcado subregistro del fenómeno, estas cifras no incluyen a aquellas personas en situación de prostitución por trata de personas para la explotación sexual. Y tampoco se cuenta con datos oficiales.

La promoción del turismo sexual como estrategia de desarrollo también es un factor que contribuye al delito de trata de personas para propósitos de prostitución. La trata de mujeres, niños y niñas para la prostitución representa, después del tráfico de armas, la segunda actividad ilegal en el mundo con mayor rédito económico. Se estima que veinte redes operan en el país y que, entre proxenetas, se venden y alquilan mujeres y niñas por valores que pueden variar desde los 50 a los 1200 dólares. “Algunas fuentes hablan de 400 casos registrados en los últimos tres años y se cree que el negocio representa unos 100 millones de dólares anuales en la Argentina” (Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, 2009: 40).

Actualmente, la República Argentina es considerada un país de tránsito y de destino para las mujeres y personas menores de edad traficadas para su explotación sexual (UNICEF, 2012). La mayoría de las víctimas nacionales son trasladadas desde zonas rurales a urbanas. Asimismo, las redes que operan en la zona usan a la Argentina como país de tránsito para mujeres y niñas que luego serán explotadas en Chile, Brasil, México, España y Europa occidental (U.S. State Department, 2008). Sin embargo, éste no es un fenómeno nuevo en Argentina. Ya a finales del siglo XIX pueden registrarse actividades de trata de personas para la explotación sexual cuando las mujeres europeas poblaron los burdeles de Buenos Aires al culminar el primer proceso de inmigración transatlántica entre 1870 y la Primera Guerra Mundial.

En el año 1875, con la reglamentación de las actividades en los prostíbulos de Buenos Aires, comenzó un proceso de legalización de la prostitución que habilitaba el desarrollo de redes de proxenetas como Zwi Migdal que, a comienzos del siglo XX, llegó a explotar a miles de mujeres en Argentina. Fundamentalmente se trataba de inmigrantes mujeres del Este de Europa traídas al país de manera engañosa. La red fue desbaratada por las denuncias de Ruchla Laja Liberman, una de las secuestradas (Schalom, 2007).

En 1880 comenzaron a fundarse en Buenos Aires sucursales de organizaciones europeas que luchaban contra la trata. En 1891, se fundó la Asociación Nacional Argentina contra la Trata de Blancas. En 1910, a través de Julieta Lantieri, se incorporó la temática al discurso y a las reivindicaciones feministas (Bellotta, 2007).

En 1913, la sanción de la Ley Palacios (9.143) fue la primera ley contra la “Trata de Blancas, prostitución de niñas, adolescentes y proxenetismo” y recién en 1936 fue sancionada la Ley de Profilaxis que abolió la prostitución. Sin embargo, y a pesar de diversas modificaciones legales posteriores y de la adherencia a tratados internacionales, el proxenetismo continuó desarrollándose de forma exponencial en las décadas subsiguientes.

El primer tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas que denunció el tráfico de personas fue el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena” de 1949, que se suma a la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y a la Convención Complementaria sobre abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas de 1956. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que fue adoptada en diciembre de 1979, reforzó el convenio sobre la trata y sus obligaciones de reducir el tráfico de mujeres, entre otros. El Protocolo de Palermo (ONU, 2000) describe las acciones de captación, reclutamiento, transporte, acogida y explotación de las personas con fines de trata. A su vez, identifica a los reclutadores, proxenetas, regentes de prostíbulos, más los que dan protección y no actúan –policías, jueces o empleados–.

Actualmente Argentina cuenta con la Ley de Trata de Personas (Ley 26.842/2012) que ordena, entre otras cosas, la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y elimina el consentimiento de la víctima como eximente de toda responsabilidad penal y obliga al Estado a promover la reinserción social de las mujeres, niñas, niños y personas trans que caen en estas redes. Esta normativa se suma a la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485/2009), que identifica a la violencia sexual (entre otras formas de violencia) como aquella que atenta contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sexualidad. Asimismo, la Ley de Identidad de Género (26.743/2012) que garantiza el cambio registral en la identidad de género autopercibida y tratamiento hormonal a las personas que lo soliciten, implica el derecho al desarrollo personal y el trato digno a las personas transgénero y transexuales.

Sin embargo, se observan fuertes brechas en el acceso a estos derechos por parte de la población más vulnerable. Las personas en situación de prostitución, en su mayoría, provienen de familias pobres, con bajo nivel de estudios y dificultad para acceder al mercado laboral formal. Mujeres, travestis y transexuales argentinas y extranjeras encuentran en las calles de Buenos Aires recursos mínimos para sobrevivir.

De acuerdo con las estimaciones de movimientos organizados de travestis y transexuales, en la Argentina el 95% de esta población trabaja en la prostitución. Según una investigación realizada por la Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (ALITT) en 2007 la prostitución callejera de la CABA se concentra en los barrios de Constitución, Flores, Once y Palermo. Existe una segmentación de espacios, horarios y poblaciones con base en las características de las personas (CELS, 2013).

En presentaciones anteriores (Zaldúa et al., 2012 y 2013) relacionamos los obstáculos al acceso pleno de los derechos humanos con las discriminaciones de género y clase social, subrayando que un tema relevante en las Comunas 3 y 4 es la situación de trata de personas que afecta a mujeres, diversidades sexuales, niñas y niños. Las víctimas son utilizadas para la prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral y prácticas análogas. Este negocio cuenta con complicidades, y como denuncian varias organizaciones civiles en torno a este punto: “sin clientes, no hay trata”. En este marco, nos preguntamos acerca de las condiciones de posibilidad de exigibilidad de derechos en mujeres, niñas, niños y personas trans en situación de prostitución. Asimismo interrogamos los dispositivos comunitarios alternativos que propician la autonomía y el acceso a derechos.

Aspectos metodológicos

En este artículo desarrollamos el objetivo de elucidar discursos, prácticas y dispositivos alternativos para la exigibilidad de derechos en personas en situación de prostitución en las comunas 3 y 4 de la CABA. Desde la Investigación Acción Participativa (IAP), nuestro proyecto de investigación se propone construir dispositivos de problematización, de planificación y de evaluación participativos que tiendan a la coconstrucción de estrategias de reapropiación colectiva de autonomía. La IAP interpela las prácticas del campo psicosocial y propone una praxis crítica, dialógica, participativa, reflexiva, problematizadora de las situaciones de desigualdad, opresión y violencias. Desde la tradición latinoamericana se propone la implicación ética y política en la producción de saberes y prácticas de transformación subjetivas y colectivas, partiendo de problemas y de necesidades enunciados por la propia comunidad. Asimismo, se busca la innovación y la socialización de las técnicas, proceso que contempla la reflexividad sobre los propósitos para investigar, intervenir y validar contextualmente en problemáticas de poder, de género y de sexualidades.

Asimismo, nos posicionamos desde un enfoque cualitativo que busca integrar conocimiento, reflexión y acción. Según Minayo (2009) la metodología cualitativa se destaca por incorporar la cuestión del significado y de la intencionalidad como inherentes a los actos, a las relaciones y a las estructuras sociales. Es significativo el impacto que sobre las prácticas de la psicología social comunitaria han tenido la tradición metodológica cualitativa, la epistemología feminista, las posiciones gay y lésbicas y, sobre todo, la búsqueda de un encuentro con el resto de las disciplinas humanas y sociales (Íñiguez-Rueda, 2003).

Para este trabajo, nos basamos en la perspectiva constructivista que otorga a la investigación cualitativa: (a) el reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los estudios los puntos de vista de los participantes; (b) la necesidad se inquirir cuestiones abiertas; y (c) la inclusión fundamental del contexto cultural, es decir, aquellos lugares donde las personas realizan sus actividades cotidianas.

Esta perspectiva crítica y situada de la investigación nos compromete con el cuestionamiento y con la problematización de los procesos de reproducción o cambio social, lo que nos lleva al análisis de narrativas de la resistencia que muestran la lucha cotidiana, observable y la motivación profunda, sólo vislumbrable, arraigada primero en la propia dignidad y, luego, en la convicción de su falta de reconocimiento por otros, poniendo de manifiesto la conflictividad de las relaciones sociales (Vasilachis, 2013).

A partir del trabajo realizado con las organizaciones participantes en el estudio presentado en el capítulo 1 de este libro, se procedió al contacto con dispositivos alternativos vinculados con la defensa de los derechos de las personas en situación de prostitución que desarrollaran acciones en los territorios comunales mencionados, a fin de profundizar en el abordaje de la temática mencionada. La modalidad dialógica entre agentes internos de los dispositivos comunitarios y agentes externos del colectivo universitario que permitió realizar la selección de casos se inscribe en el sentido de acción compartida y participación activa en el fortalecimiento de ciudadanías y de la sociedad civil (Montero, 2006; Fals Borda, 1985).

Los dispositivos seleccionados fueron: Bachillerato Popular Mocha Celis, ALITT, AMMAR-Capital (Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos) y Campaña Ni Una Violencia Más. Una vez realizado el acercamiento a dichos dispositivos, se procedió a la selección de las participantes para este estudio, a través de un muestreo intencional por criterios donde la inclusión estuvo sujeta a que se trata de informantes clave sobre la temática y casos especialmente ricos en información (Patton, 1990). La muestra estuvo compuesto por 16 participantes, de las cuales 14 eran mujeres y 2 personas transgénero.

Los criterios de validez del estudio fueron credibilidad y auditabilidad (Minayo, 2009). La credibilidad se logró a partir de la discusión y de la interpretación del material producido en entrevistas y observaciones con las propias participantes. La auditabilidad se alcanzó a través de la discusión entre investigadores a partir de los registros de campo, la desgrabación de los audios que registraron los encuentros con los participantes y el abordaje sobre los contextos y sus características.

Entendiendo a la intersubjetividad como clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales (Lévano, 2007), el abordaje de las narrativas se llevó adelante mediante: 1) entrevistas en profundidad a informantes clave; 2) relato de vida; 3) entrevista colectiva, y 4) observación participante.

Breve caracterización de los dispositivos alternativos abordados

AMMAR-Capital: desde sus comienzos se autodefinen ante la sociedad como mujeres en situación de prostitución que exigen políticas públicas y educativas para dejar la prostitución. Entre sus objetivos están: a) lograr el respeto pleno de los derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución, de vulnerabilidad social o víctimas de trata de personas, a partir del empoderamiento de sus derechos; b) exigir que el Estado genere políticas públicas de empleo, vivienda, salud y educación que permitan a las mujeres superar su situación de vulnerabilidad social a través del cumplimiento de los tratados internacionales firmados por la Argentina que postulan una perspectiva abolicionista de la prostitución.

Bachillerato Popular Trans “Mocha Celis”: se autodefine como un espacio no sexista que, en el marco de inclusión educativa, dirige su propuesta a personas travestis, transexuales, transgéneros, mujeres y varones trans, garantizando el derecho a la educación secundaria y la formación profesional en un contexto libre de discriminación por orientación erótico-afectiva e identidad o expresión de género.

La iniciativa surge en 2012 frente a la situación de marginación social extrema que atraviesan estos colectivos: “De acuerdo con los pocos estudios disponibles, en general, la identidad de género femenina se asume entre los 8 y los 13 años de edad, y produce, las más de las veces, la exclusión de la familia de origen. Sin vivienda ni apoyo y contención del grupo primario de vinculación afectiva, se hace cuasi imposible sostener la escolaridad. La marginalización empuja al ejercicio de la prostitución como único medio de sustento económico, y esta situación da origen a una mayor marginación social, a abusos por parte de la policía, a enfermedades de transmisión sexual y adicciones, que se traducen en detrimento de la calidad de vida” (Página Web del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, 2012).

Campaña Ni Una víctima Más: es una campaña autónoma, autofinaciada y autogestiva en la que se actúa desde una perspectiva feminista basada en los derechos de las humanas, que propone comprender por qué la prostitución y la trata con fines de explotación sexual son dos caras de una misma violencia contra las mujeres. La campaña está conformada por diferentes colectivos y organizaciones sociales. Y exige, junto con AMMAR-CAPITAL, políticas públicas universales de salud, educación, trabajo y vivienda, especialmente para todas las mujeres en estado de prostitución. La campaña desarrolla diferentes actividades en interacción con la sociedad: reflexión y construcción de pensamiento sobre el tema que están reflejadas en sus documentos y visibilización mediante acciones públicas periódicas, realización de talleres, mesas redondas, charlas y proyecciones en universidades, escuelas, asambleas, centros barriales, etc.

ALITT: es una organización que se conformó en 1992. Es la primera organización de estas características que fue reconocida formalmente con personería jurídica en América Latina. Trabaja por el reconocimiento de la identidad travesti y transexual y reclama que la diversidad sea una política de Estado. Además, desde la organización, señalan que los grupos que sufren especial desventaja en el acceso a la justicia son los compuestos por personas homosexuales y transgénero. En 2008, crea la primera escuela cooperativa de trabajo travesti y transexual de Argentina, que lleva el nombre de “Nadia Echazú”. Luego, la cooperativa textil Nadia Echazú surgió a partir de la necesidad de construir una alternativa laboral y de capacitación para transexuales y travestis que no tienen más opción que la prostitución como medio de vida.

Poder y alteridad

Históricamente las más diversas formas de violencia y de segregación se vieron fundadas en algunas características consideradas naturales e inferiorizantes: el sexo, el color de la piel, el lugar de nacimiento, la religión, la opción sexual, etc. (Femenías, 2013). Este tipo de construcción social y cultural permite que se consoliden procesos de invisibilización de la exclusión y la violencia instaurados a través de un andamiaje que legitima y justifica la arbitrariedad de prácticas sociales establecidas como habituales entre los géneros. En general la discriminación se anuda a procesos de exclusión social, esto se manifiesta en prácticas y en representaciones sociales que se sostienen acerca de los otros, aquellos considerados diferentes. Se trata de una mirada en la que la diferencia se expresa como inferioridad, irracionalidad, oposición, disconformidad, disparidad, etc. Así, las diferencias establecidas por razones étnicas, religiosas, culturales, de géneros, lejos de hablar de aquellos a quienes se hace referencia, hablan mucho más claramente de aquellos que marcan esta diferencia.

La falta de interpelación a la prostitución y la naturalización de las prácticas prostituyentes van acompañadas de situaciones cada vez más violentas, lo que conlleva a que se perpetúe la prostitución como una institución social. “El sexo se presenta como algo que los hombres ‘necesitan’, mientras que la sexualidad de las mujeres apenas es reconocida. De modo que a las mujeres se les ve ‘al servicio’ de esta necesidad masculina (…) en ambos casos, y por diferentes motivos, la sexualidad aparece más relacionada con las estrategias de poder que con el placer” (Rostagnol, 2007: 49-50).

En una época de libertad sexual como la actual, los hombres acuden a la prostitución como un ejercicio de poder y sumisión sobre otra persona con la que no tienen que tener ninguna consideración porque le pagan y ella debe estar a su servicio, lo que la convierte en un objeto de su consumo (Gutiérrez, 2009). Muchos hombres que consumen prostitución no son conscientes ni ven a esta práctica como una forma de violencia, pues la naturalización de la violencia forma parte de todas y de cada una de sus prácticas, con el agravante de considerar la presencia del dinero como condición de convalidación y de legitimación de dicha práctica (Anzorena y Castillo, 2010). La existencia de la cultura patriarcal permite comprender a ciertos cuerpos bajo relaciones sociales con el particular potencial de ser explotados y traficados (Rubin, 1986). La lógica mercantil cobra sentido desde las masculinidades, pues así el que paga (el hombre generalmente) siempre tiene el poder, siempre tiene la razón y, por ende, acceso al cuerpo de las mujeres y de las personas trans (Salas Calvo y Campos Guadamuz, 2004). En este sentido el capitalismo, que establece y consolida las desigualdades de clase, se basa también en desigualdades de género y en los pactos patriarcales entre varones que conforman y dan origen al contrato sexual. Estableciendo pares inter-clases e intra-género (Fontanela, 2007).

• Si la mujer es una cosa es posible el embarazo forzado, el acoso en el trabajo; ésa es la condición esencial de la mujer: ser una cosa para el patriarcado. (Integrante de la campaña “Ni Una Víctima Más”)
• Hay un sector de la humanidad que son mujeres, travestis o transgéneros que son prostituidas y se ejerce el dominio sobre ellas. (Integrante de la campaña “Ni Una Víctima Más”)
• Es vergonzante estar en prostitución, pero todo lo contrario si es prostituyente. El cliente es un piola, divertido e incluso algunos intelectuales hablan de cómo consumen prostitución como una cosa maravillosa. En cambio la mujer que es prostituta en general lo vive con un acto vergonzante. (Integrante de la campaña “Ni Una Víctima Más”)
• El sistema prostituyente es como un pulpo que tiene las patas metidas en todas partes por eso es difícil de combatir. Tienen las patas metidas en los medios de comunicación, en la literatura, en el arte. Genera condiciones materiales y simbólicas. (Integrante de la campaña “Ni Una Víctima Más”)

La violencia de género abarca prácticas y actos mediante los cuales se discrimina, se ignora, se somete y se subordina a las mujeres y a las diversidades sexuales en los diferentes aspectos de su existencia. Es un todo que incluye un ataque material y simbólico que afecta la libertad, la dignidad, la seguridad, la intimidad y la integridad moral o física de la persona.

La Organización de Naciones Unidas (1999) establece que la violencia sexual y la trata de mujeres y niñas con objeto de explotación económica, explotación sexual por medio de la prostitución y otras formas de explotación sexual y modos contemporáneas de esclavitud son graves violaciones de los derechos humanos.

Por día se registran 500 episodios de violencia sexual en contra de las mujeres en la región; 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún nivel de violencia, y entre el 17 y el 53% quedan afectadas por violencia sistemática (Núñez, 2013).

En el casos de personas trans, al tabú de la prostitución se suma el de sus propios cuerpos intervenidos. La esperanza de vida de las personas travestis y transexuales oscila entre los 38 y los 45 años, lo que significa que “se mueren jóvenes y que se mueren enfermas”, como declaró el director nacional de Estadísticas Sociales y Población del INDEC (citado en CELS, 2013). Y debido a la enorme discriminación y a los prejuicios relacionados con su identidad de género, durante su vida ven agravadas su fragilidad y las posibilidades de establecer relaciones personales y laborales exentas de prejuicios. Las travestis como grupo de población están inmersas en relaciones de subordinación y de desigualdad que condicionan una vida digna, saludable y gratificante (Gutiérrez, 2007).

• Muchas veces la violencia con la prostitución no se conecta. El tema que se pone en juego es la construcción de nuestra sexualidad, la prostitución es una institución que nos marca a todas. (Integrante de la campaña “Ni Una Víctima Más”)
• Vos fijate que en términos generales, cuando se habla de violencia hacia las mujeres, no se nombra a la prostitución. Es una de las violencias más naturalizadas y donde se concentran casi todas las violencias porque hay violencia psicológica, violencia física. Es como una expresión extrema de la construcción del género en cuanto a la violencia. (Integrante de la campaña “Ni Una Víctima Más”)
• Mocha Celis era una prostituta trans que no pudo terminar ni la primaria ni en la secundaria. Ella es de la provincia de Tucumán y la terminaron matando en la zona de Flores. La policía la terminó matando a traición. (Integrante del Bachillerato Popular Mocha Celis)

Salud y cuerpos disidentes

En la accesibilidad al derecho a la salud de sujetas y colectivos están presentes aspectos materiales de producción sociohistórica de masculinidades-femineidades y sus relaciones; sistemas de valores y creencias en relación con los cuerpos y sus cuidados; modelos científicos de interpretación e intervención técnico-profesional; así como el análisis de las prácticas sociales y de la vida cotidiana. Esta lectura de los procesos de accesibilidad al derecho a la salud tiene su asidero en el entrecruzamiento de perspectivas ético-políticas transversales que nos habilitan a incursionar en procesos relacionales y potenciadores de autonomías, que se despliegan en escenarios con diversidad de actores, con tensiones y con conflictos (Zaldúa et al., 2013).

Los actos de salud que engloban el encuentro entre trabajadoras de la salud, mujeres, travestis, niñas y niños en situación de prostitución requieren una reflexión particular debido a la complejidad que presentan las dinámicas de salud-enfermedad, atención y cuidados. Entendemos que las operaciones discursivas y los efectos de subjetivación fundados en la naturalización de la fragmentación social, la violencia y exclusión –en asociación con estigmas y discriminaciones– exigen revisar los obstáculos y los facilitadores para la equidad y la igualdad de género y los dispositivos de salud. Problematizar el lugar de las trabajadoras de la salud y sus construcciones identitarias en contextos de pobreza e inequidad genera un proceso de reflexividad crítica propiciador de buenas prácticas (Zaldúa, 2011). Según los relatos que surgen de las entrevistas, resulta sustancial garantizar la disponibilidad y la accesibilidad económica, física y segura, la aceptabilidad y la calidad de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención, así como de programas que funcionen plenamente sin discriminación alguna (Huenchuan, 2011).

• Muchas chicas tienen miedo a ser tratadas mal. A ser miradas. La mirada está en todos lados. Pero es verdad, cómo te van a mirar mal si estás en el hospital esperando un médico. Y no hay acceso. Es exclusivo… no hay un acceso para que las chicas no tengan que ser tan expuestas. (Estudiante del Bachillerato Popular Mocha Celis)
• Nosotras tuvimos que hacer primero un taller con los médicos del Hospital Álvarez para que atiendan a las mujeres. Porque lo que pasa es que las mujeres iban y nos les decían qué es lo que hacían, porque si le decían “soy prostituta” se iban a poner diez guantes en cada mano. (Ammar- campaña “Ni una víctima más”)
• Por ejemplo yo fui por un problema y me mandaron directamente a infectología. Recuerdo que salí llorando de ahí. Entonces en ese momento Graciela una compañera dijo: “hay que hacer algo”. (Ammar- campaña “Ni una víctima más”)

Es evidente que la presencia de servicios y de profesionales “amigables” ofrecidos por los equipos de salud promueve prácticas en las que se va incorporando la perspectiva de género en las políticas y las intervenciones de salud. A través este tipo de dispositivos, se tiende a disminuir la presencia de prácticas y de actitudes discriminatorias contra las mujeres y las diversidades sexuales, lo que propicia el ejercicio efectivo en la toma de decisión y respeta su autonomía (Zaldúa et al., 2010). La emergencia de estos dispositivos requiere reflexionar críticamente sobre los paradigmas que se presentan en las distintas disciplinas de la salud. En este sentido, la medicina –no sólo el higienismo o la epidemiología más tradicional, sino varios abordajes actuales– no logra superar un sustancialismo que opaca cualquier posibilidad de comprender más cabalmente las problemáticas de las personas en situación de prostitución (Morcillo, 2008). Continúa siendo un desafío generar iniciativas enfocadas principalmente hacia el cambio en el paradigma patologizante con el cual se suele dar respuesta a las necesidades en salud de las población trans e intersex, por un modelo basado en la no discriminación y el respeto a la identidad de género que, a su vez, promueva una igualdad en el acceso a la salud.

• El tema de los profesionales (…) si bien es cierto desde la imagen es un cuerpo que devuelve la imagen de lo femenino, de la construcción que ellos creen de lo femenino, pero no indagaban sobre el recorrido, la forma y los modos de construcción de nuestro cuerpo. Primero encarcelado, golpeado, siliconado en las peores condiciones. Qué me pasa a mí con eso, por qué la silicona me pica, por ejemplo. Hay indagaciones que no aparecen. (Integrante de ALITT)
• Yo creo que tiene que ver con no querer abandonar su lugar de omnipotencia. Como disciplina lo digo, no aceptar el no saber. No quieren confrontar con su propia ignorancia. Es una ignorancia absolutamente justificada, porque no han estudiado para abordar un cuerpo travesti. (Integrante de ALITT)
• Las chicas (…) van por un tratamiento hormonal y no se lo dan. Pero por ejemplo, la cirugía por el cambio de sexo, te dan el turno de acá a tres años. No es que pedís el turno y te lo dan en un año. No, son a tres años y a veces un poco más. Porque solamente hay un solo cirujano que lo hace en Argentina. (Integrante Bachillerato Popular Mocha Celis)

Buenas prácticas, dispositivos comunitarios y exigibilidad de derechos

Las buenas prácticas corresponden a procesos conducentes que, desde un enfoque innovador, se proponen incidir en la consecución de la equidad de género en distintos contextos, en diferentes espacios culturales. Las buenas prácticas son experiencias y acciones concretas que promueven cambios que contribuyen al fortalecimiento de una democracia de género (FIA, 2010). En este sentido los cuatro colectivos presentados emprenden iniciativas creativas en lo que respecta a exigibilidad de políticas públicas e integrales –como una forma de ejercer la autonomía–, cambios legislativos que favorecen los derechos ciudadanos y el respeto por los derechos humanos, y emprendimientos productivos que generan empleos –como la gestión de instancias de capacitación y educación–. Asimismo, sus iniciativas públicas interpelan fuertemente a la construcción simbólica en torno a la prostitución que presentan nuestras sociedades y comunidades.

A continuación presentamos un cuadro realizado a partir de las narrativas de las actoras de dispositivos comunitarios que sistematiza las distintas estrategias y prácticas por ejes de análisis.

Eje de análisis	Actoras	Narrativas
Iniciativas educativas, culturales y artísticas	Integrante de AMMAR- Capital	Tenemos la escuela para adultos, después tenemos un proyecto con fortalecimiento que las chicas hacen spot de radio y televisión para prevenir la prostitución. El año pasado hicieron una obra de teatro, también se realizó un taller de fotografía. A mediados de marzo Cine en Movimiento y ahora comienza nuevamente el curso y van hacer cine. Ya se hicieron tres cortos. Ahora están re entusiasmadas con el Taller de Arte que realizan los jueves. En realidad están construyendo una muestra interactiva. Se hacen los moldes y luego se rellenan y luego se arma una muestra sobre los cuerpos de las mujeres. Están todas re entusiasmadas con eso.
	Integrante del Bachillerato popular Mocha Celis	El bachillerato surge de la necesidad… Empezó con un grupo de chicos de una fundación que se llama Diversidad Divino Tesoro. Ellos hicieron un corto que se llama “Furia travesti” en donde descubren que más del cincuenta por ciento de las chicas trans no había podido terminar la escuela secundaria. La idea surge de ahí.
	Integrante de la Campaña “Ni Una Víctima Más”	Nos planteamos como desafíos actuar con educadores/as formales y no formales en cuestiones de prevención. Poder trabajar con ellos cuestiones que tienen que ver con el respeto al cuerpo, el juego, la alegría, poder decir lo que nos pasa, lo que nos gusta y no nos gusta. El poder expresarlo. Nos parece que es fundamental el trabajo con niñas y niños para crear nuevas conciencias. Nosotras como Campaña Abolicionista tenemos nuestro cuadernillo. Es para trabajar con docentes en escuelas primarias y secundarias. Nosotras en nuestros talleres pasamos por las emociones, por el cuidado, el ejercicio de nuestros derechos y los postulados de la Campaña, la prevención de la prostitución. También nos interesan los capacitadores que trabajan en espacios informales de educación.
	Integrante de ALITT	Estamos armando una tecnicatura con títulos oficiales. Le agregamos está cuestión para logar subsidios para ellas, para que se puedan sostener. Porque no sólo tenés que lograr el acceso, sino también la permanencia, que es lo más duro.
Estrategias de sensibilización e inclusión	Integrante de AMMAR- Capital	Nosotras tuvimos que hacer primero un taller con los médicos del Hospital Álvarez para que atiendan a las mujeres en situación de prostitución. También vamos a dar charlas. Fuimos a un colegio de flores a dar charlas. Fuimos a dos colegios privados de adolescente. Fuimos hacer prevención. En está ocasión nos llamaron de la escuela. Hicimos la prevención del HIV y luego hablamos de todos los códigos. Tenemos promotoras (…) Constitución, en Once, en Flores.
	Integrante del Bachillerato popular Mocha Celis	En este momento estamos haciendo una campaña y un recorrido por toda la zona roja. De día y de noche para que las chicas que no se enteraron todavía, puedan inscribirse. Ayer por ejemplo fuimos a la zona de Flores, Floresta y Villa Luro. Y recolectamos 50 números de teléfonos y datos de chicas que no habían terminado los estudios.
Alternativa Laboral	Integrante de AMMAR-Capital	Para nosotras este tipo de iniciativa como el convenio con la UOCRA es muy importante, porque también cuestiona ciertas prácticas que tradicionalmente estaban destinadas a los hombres, que son patriarcales. Hoy las mujeres podemos ser electricistas y eso es bueno.
		Hemos participado de distintas becas, cursos de capacitación, formación porque es importante la capacitación, pero necesitamos que los programas tengan salida laboral porque no es solo la formación (…) también necesitamos tener trabajo seguro para no tener que seguir en la prostitución. Necesitamos programas con salida laboral.
	Integrante del Bachillerato popular Mocha Celis	En el bachillerato se está trabajando en este momento haciendo un curso de formación profesional que trabajan con el Ministerio de trabajo. Y a las chicas les hacen como un aporte de 700 pesos mensuales. Pero son por tres meses nomás. Pero le hacen el curso de gastronomía, de secretariado, de estética, diseño de indumentaria también hay. A parte de las chicas que van a la escuela, también van otras.
	Integrante de ALITT	La cooperativa es un ejemplo muy claro. Teníamos chicas muy lindas, pero sin embargo estaban en la cooperativa con un subsidio de 600 pesos, que si ellas se paran en Palermo en un día ganan lo mismo. Cuando vos construís la materialidad, si creo que hay una apropiación. Ese proyecto de la cooperativa, de trabajo es el proyecto más exitoso que existe.
Redes	Integrante de AMMAR-Capital	[…] nosotras trabajamos con todas las mujeres. Pero en este momento estamos más abocadas al trabajo en la prevención de la prostitución en las adolescentes y niñas. Por otra parte son integrantes de la Campaña Ni Una Víctima Más. Como Campaña este 4 de julio ya van hacer siete años.
	Integrante del Bachillerato popular Mocha Celis	Con el centro de salud que no sé cómo se llama que está en Bonpland y Córdoba. Con la gente de la mutual, con todas. Igual entre las chicas tienen el punto verde. El punto verde es un lugar orgánico que funciona en el edificio pero en el garaje que se llama el galpón. Ahí hay un punto verde donde cocinan solo comidas orgánicas. Y ahí las chicas venden su comida.
	Integrante de ALITT	Una vez sancionada la ley del matrimonio igualitario. Nosotras consideramos que estábamos en condiciones de ir por la ley de Identidad de Género. Empezamos a plantear la idea e inmediatamente organizamos el Frente Nacional por la ley de Identidad de género en el que participaron muchísimas organizaciones de todo el país.
Cambio posicionamiento subjetivo-social	Integrante del Bachillerato popular Mocha Celis	Sabés que hay muchos aspectos positivos. La gente cambia la mirada al ver una trans de día y al ver una trans segura con libros en la mano. Hay gente que se queda mirando. A mí no me pasó pero sí conozco casos de chicas que, por ahí, se suben al tren, porque vienen de muy lejos… se suben al tren y la gente las ve y la mirada cambia. Ella me dice “sabés que la mirada de la gente cambia hacia mí cuando me ve de día o cuando me ve con la mochila. Sabés que la mirada cambia”. Para mí eso es muy positivo.
	Integrante de AMMAR-Capital	Para mí fue muy importante capacitarme como electricista. Aunque fue duro, tengo tres hijos uno de 12, otro de 6 y otra de tres años. Los tenía que dejar y me angustiaba pero lo logré.
Exigibilidad de políticas públicas y derechos	Integrante de la Campaña “Ni Una Víctima Más”	Es necesario una política real, efectiva eso lleva su tiempo. Se tiene que considerar que estás personas son víctimas de daños diversos. No es una persona que no tiene trabajo y vos se lo ofrecer y van a ir a trabajar como si nada. Hay una toda una necesaria restitución de derechos que se les tiene que hacer porque se le ha sido conculcado durante un tiempo largo de su vida o toda su vida. Un desafío es presionar al Estado para que haya policías públicas.
	Integrante del Bachillerato Popular Mocha Celis	Me pasó que cuando fui a hacer el trámite, vi que venían como cinco chicas que me saludan y me decían “no, vengo con ellas porque acá no me querían dar el DNI”. O sea, si tiene que venir con alguien es porque le están vulnerando el derecho, como que no tiene que ser así.
	Integrante de ALITT	Con la Ley de Identidad de Género el trabajo fue en hablar senador por senador, diputado por diputado. Habíamos armado un kit de materiales videos, testimonios, carpetas. Armábamos grupos de tres o cuatro e íbamos hablar uno por uno fundamentando la necesidad de la ley. El valor que tenía la ley. Después vino la parte parlamentaria que fue durísimo.
		Hablamos de la salud integral desde las compañeras que le doliera la muela hasta aquella que se quisiera poner una prótesis o se quiera cambiar de sexo. Hablamos de salud integral, justamente no queríamos caer a la hora de cambiar el documento que nos digan bueno usted tiene que pasar obligatoriamente por un proceso de hormonización.
		Cuando vos construís un derecho no sólo tenés que garantizarlo, sino también la creación de un nuevo lenguaje y nuevas técnicas.
		Hay dos aspectos importantes para mí con todas las leyes, el bachillerato, la cooperativa, la revista El Teje, el censo mismo lo que se está logrando es rediscutir los términos de ciudadanía y democracia. ¿Qué es lo que compone verdaderamente una ciudadanía y una democracia?

Nancy Fraser (1996) ha señalado que toda lucha por mejorar las condiciones materiales de un colectivo tiene que incorporar una lucha específica por redefinir el imaginario simbólico que también determina sus vidas. En este marco, los cuatro dispositivos abordados proponen estrategias alternativas para el acceso al derecho a la educación y al trabajo para las personas en situación de prostitución, a través de estrategias de sensibilización comunitaria e inclusión lo que promueve prácticas de exigibilidad de derechos y supone procesos de transformación subjetiva en los planos individual y social.

Comentarios finales

La prostitución configura un entramado de escenarios y actores atravesados por relaciones de poder, dominio y explotación de los cuerpos para el goce de los otros. Tiene su matriz fundante en el patriarcado y es un analizador de la cultura y su fantasmática social.

La construcción histórico-social de la situación de prostitución y explotación sexual de mujeres, transgéneros, travestis, niñas, niños y adolescentes pone en cuestión el acceso a la integralidad de los derechos humanos. Asimismo, en los territorios comunales indagados, revela la configuración de archipiélagos de excepción (Bauman, 2008), es decir, espacios que, dentro de los territorios, son dominados por una “ley sin ley”. En otros términos, se trata de la configuración biopolítica de situaciones donde se puede disponer de la vida de ciertas personas sin violar la ley o, para ser más puntuales, una vida que puede ser puesta a muerte o ser abandonada, sin cometer un delito. Aquí abandono no significa ni mero olvido ni mera exclusión, sino habitar una zona de indistinción, de exclusión-incluyente, que permite que en el estado de excepción nadie esté protegido por la ley, pero sí sea objeto de toda su fuerza (Bacarlett Pérez, 2010): cuerpos abandonados que, desposeídos de la ley, tendrán que quedar sujetos al poder total del estado patriarcal, como se observa en la clandestinidad y la impunidad de las prácticas de trata o en las violencias que acarrean las prácticas de prostitución como única modalidad de supervivencia, tal como se observa en colectivos trans y de mujeres.

Frente a ello, el recorrido hermenéutico de este trabajo que indaga en de las dimensiones poder y alteridad, la salud y los cuerpos disidentes y los dispositivos alternativos comunitarios, promueve la autonomía y la afirmación ético-política de las actoras como sujetas de ciudadanía. Los colectivos anti-trata son propiciadores de equidades de género y develan las diversas operatorias de opresión y encubrimiento, construyendo estrategias colectivas de exigibilidad de la integralidad de los derechos humanos. Asimismo, las iniciativas autogestivas en los ámbitos educativo, cultural y laboral proponen alternativas de inclusión social que habilitan otras trayectorias de vida menos mortíferas y tendientes a la autonomía pues apuestan a las trasformaciones de los imaginarios simbólicos que reproducen las violencias patriarcales. Sin embargo, las posibilidades y las potencias de dichas iniciativas no eluden los límites ni las vacancias de las políticas sociales que, aunque apelen a retóricas de la igualdad, señalan fuertes brechas en cuanto a la garantía de los derechos para los colectivos especialmente vulnerables.

Referencias bibliográficas

Anzorena, A. y Castillo, I. (2010). “Algunas reflexiones acerca de porque los hombres consumen prostitución”. Grupo de Estudios Sociales. Disponible en www.g-e-s.org.ar

Bacarlett Pérez, M. L. (2010). “Giorgio Agamben, del biopoder a la comunidad”. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades 24, Año 12, 29-52.

Bachillerato Popular Trans Mocha Celis (2012). “Quiénes somos”. Disponible en http://www.mochacelis.com.ar/quienes-somos/

Barry, K. (1987). Esclavitud sexual de la mujer. Barcelona: LaSal Edicions de les dones.

Bauman, Z. (2008). Archipiélagos de excepción. Buenos Aires: Katz Ediciones.

Bellota, A. (2007). “Historia de la trata en Argentina”. Brujas. Publicación Feminista “Encuentros y desencuentros entre distintas concepciones feministas de la política”. Prostitución y trata de mujeres y niñas 33, Año 26.

Castellanos, G. (2006). Sexo, género y feminismo: tres categorías en pugna. Colombia: Editorial Manzana de la Discordia.

Centro de Estudios Legales Y Sociales (2013). Derechos humanos en Argentina: Informe 2013. Buenos Aires: Siglo XXI.

Colectivo De Derechos De Infancia Y Adolescencia (2009). Informe No Gubernamental de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Argentina con Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Disponible en http://goo.gl/Sm4ICd

Colmenares, A. (2011). “Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción”. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación 3 (1), 102-115.

Defensor Del Pueblo De La Nación (2007). Investigación sobre trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual en la República Argentina. Informes de actuaciones. Temas relevantes. Septiembre de 2007.

Díez Gutiérrez, E. (2009). “Prostitución y violencia de género”. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 24 (4).

Fals Borda, O. (1985). Conocimiento y poder popular. México: Siglo XXI.

Femenias, M. l. (2013). “Violencia de sexo-género: el espesor de la trama”. En Violencias cotidianas (en las vidas de las mujeres). Rosario: Prohistoria Ediciones.

Federación Internacional De Actores (2010). Manual de las Buenas Prácticas para Combatir los Estereotipos de Género y Promover la Igualdad de Oportunidades. Praga: Fondo de Apoyo Financiero de la Comunidad Europea.

Fondation Scelles (2012). Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle. Disponible en http://goo.gl/NmmPl5

Fontela, M. (2007). “Trata de mujeres y niñas para la prostitución. Los derechos de las humanas y su enfoque jurídico”. En Brujas. Publicación Feminista “Encuentros y desencuentros entre distintas concepciones feministas de la política”. Prostitución y trata de mujeres y niñas 33, año 26.

Fraser, N. (1996). “Redistribución y reconocimiento: hacia una visión integrada de justicia del género”. Revista Internacional de Filosofía Política 8, 18-40.

Gargallo, F. (2010). “Feminismo y globalización: una mirada desde América Latina”. En M. Berlanga, J.L. Ferreyra, F. Gargallo, N. Mogrovejo y S.E. Nuño, Mujer y violencia: el feminismo en la era de la globalización. Col. Cuadernos del Seminario, N°2. México: Ed. Ciencias Políticas y Administración Urbana / Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 68-102.

Gutiérrez, M. A. (2005). “La imagen del cuerpo. Una aproximación a las representaciones y prácticas en el cuidado y la atención de la salud”. En L. Berkins y J. Fernández (comps.) La gesta del nombre propio: Informe sobre la situación de la comunidad travesti en la Argentinita. Buenos Aires: Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Huenchuan, S. (2011). La protección de la salud en el marco de la dinámica demográfica y los derechos. Santiago de Chile: Serie Población y Desarrollo. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.

Iñíguez-Rueda, L. (2003). “La psicología social como crítica: continuismo, estabilidad y efervescencias. Tres décadas después de la ‘crisis’”. Revista Interamericana de Psicología / Interamerican Journal of Psychology 37 (2), 221-238.

Lagarde, M. (2007). Los cautiverios de las mujeres: madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Lévano, A.C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. Perú: Universidad de San Martín de Porres.

Llados, J. I. (2004). “En la Capital: tras la crisis económica la prostitución creció más del 40%”. En La Nación, 16 de mayo.

Magnani, R. (2012). “Estadísticas para el colectivo trans”. En Página/12, 16 de junio.

Minayo, M. (2009). La artesanía de la investigación cualitativa. Buenos Aires: Editorial Lugar.

Montero, M. (2006). Hacer para transformar: el método de la psicología social comunitaria. Buenos Aires: Paidós.

Morcillo, S. (2008). “La mirada médica a la prostitución. CONICET-IIGG-UBA-GES ». Disponible en http://webiigg.sociales.uba.ar

Nuñez, E. (2013). “En América Latina, 92 por ciento de los feminicidios quedan impunes. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)”. En La Jornada, 8 de mayo. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/05/08/sociedad/050n2soc

Organización De Naciones Unidas (2012). Informe mundial sobre la trata de personas. Resumen ejecutivo. V12-56529 (S).

Patton, M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Londres: Sage.

Rostagnol, S. (2007). “Los pobres y las pobres, ¿tienen derecho a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos?”. En Serias Para el Debate Nº 5. Lima: Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

Rubin, G. (1986). “El tráfico de mujeres: nota sobre la ‘economía política’ del sexo”. Revista Nueva Antropología 30 (VIII), 95-145.

Salas Calvo, J. M. y Campos Guadamuz, A. (2004). Explotación sexual comercial y masculinidad. San José de Costa Rica: OIT-IPEC.

Santamaría, L. M. (2007). “Políticas progresistas para disminuir el fenómeno de la prostitución”. Revista Trasversales 7.

Sassen, S. (2002). “Contrageografías de la globalización: la feminización de la supervivencia”. Travesías 10, Año 9, 11-37.

Schalom, M. (2007). La polaca. Inmigración, rufianes y esclavas a comienzos del siglo XX. Buenos Aires: Editorial Norma.

Segato, R. (2008). “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”. Debate feminista 37 (abril), Año 19, 78-102.

Unicef (2012). Trata de personas, una forma de esclavitud moderna. Un fenómeno mundial que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

U.S. State Departament (2008). Trafficking in Persons Report. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/105501.pdf

Vasilachis, I. (2013). Discurso científico, político, jurídico y de resistencia. Análisis lingüístico e investigación cualitativa. Buenos Aires: Gedisa.

Volnovich, J.C. (2010) Ir de putas. Reflexiones acerca de los clientes de la prostitución. Buenos Aires: Topía.

Zaldúa, G. (2011). “Escenarios contemporáneos de subjetivación. El trabajo y el género en la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria”. Investigaciones en Psicología. Revista del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología 1, Año 16, 41-59.

Zaldua, G., Bottinelli, M., Longo, R., Sopransi, M. B. y Lenta, M. (2012). “Exigibilidad y justiciabilidad desde la epidemiología territorial: Una construcción inicial con actores/as comunales”. Anuario de Investigaciones 19 (1), 85-96. Disponible en http://www.scielo.org.ar/pdf/anuinv/v19n1/v19n1a08.pdf

Zaldúa, G., Pawlowicz, M. P., Longo, R. Y Moschella, R. (2010). “Derechos sexuales y reproductivosde las mujeres de la CABA: Obstáculos y resistencias”. Anuario de Investigaciones 17, 267-275. Disponible en http://www.scielo.org.ar/pdf/anuinv/v17/v17a26.pdf

Zaldúa, G., Longo, R., Sopransi, M. B. y lenta, M. (2013). “Géneros y construcción de ciudadanías activas. Exigibilidad de derechos en la Comuna 3 y 4 de la CABA”. En Memorias de las XX Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, 277-281.

---