Ana Tisera y José Lohigorry

Disquisiciones/ “Cada sociedad tiene el hospicio que se merece…”/ Y uno, que vive en esta sociedad./ Quiero decir, en este hospicio/ sabe a ciencia cierta/ que eso es cierto./ Y si está de gusto, como casi siempre/se pone a hacer disquisiciones./ Piensa, por ejemplo/ en el puesto de vigilancia que está en la puerta./ No se sabe muy bien para qué sirve./ Si para evitar la salida de los locos/ o para evitar la entrada de los cuerdos./ Por lo primero/ no debieran preocuparse, creo./ Los que estamos adentro/ escuchamos radio,/ miramos televisión/ quiero decir, estamos informados/ de lo que pasa afuera./ Y muchas ganas de salir no tenemos./ Tampoco veo grandes multitudes/ pugnando por entrar,/ con enormes ganas de visitarnos./ Los aquí depositados, abandonados, olvidados/ y otros ados,/ vemos que los muchachos de la puerta/ toman mate y fuman aburridos/ (como nosotros)/ todo el santo día./ Nadie entra./ Nadie sale./ La paz de los cementerios se nos hace rutina./ Y nuestras familias, por fin, duermen tranquilas.

“Los montes de la loca”, Marisa Wagner^[1]

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La Ley Nacional de Salud Mental N.° 26657/2010 pone en relieve la necesidad de una transformación en el campo de la salud mental, que ya fue anticipada por experiencias y normativas provinciales, como la Ley de Rio Negro 2440/1991 y la Ley de Salud Mental 448/2000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, esas experiencias se han encontrado con diversos obstáculos políticos, ideológicos y económicos.

En algunos casos, como en la CABA, los avances que se han logrado durante la implementación de su normativa en salud mental han sido escasos. Muchas veces los procesos de desinstitucionalización no tuvieron como eje la abolición de lógicas manicomiales (asilares y tutelares), sino que se centraron en la reducción económica, administrativa, consecuente con la disminución de camas en el sector público sin la creación de dispositivos sustitutivos.

Estos procesos estuvieron orientados por un modelo neoliberal, predominante en las últimas gestiones de la CABA. Sin haber puesto en funcionamiento ninguno de los efectores mencionados en los marcos normativos, se demuestra un desinterés en llevar adelante un proceso de transformación en el sector. Durante la escritura de estos artículos esto se vio reflejado por los sucesos del 26 de abril de 2013,^[2] en los que fuerzas policiales ingresaron de forma intempestiva en el predio del Hospital Borda con la intención de llevar adelante la construcción de oficinas ministeriales, dejando como resultado pacientes, familiares, periodistas y legisladores heridos, lastimados y detenidos. Este brutal accionar se suma a las continuadas inacciones en las políticas públicas en salud mental, que generan la vulneración de los derechos de las personas con padecimiento mental.

Los capítulos que se presentan a continuación forman parte de una tarea imprescindible de monitoreo en la implementación del marco normativo vigente que en su texto se orienta a la superación de las lógicas manicomiales desde una perspectiva de derechos y ejercicio de ciudadanía. Para ello la metodología de estudio utilizada prioriza un enfoque cualitativo mediante la participación de los distintos actores sociales presentes en el campo de la salud mental: usuarios, familiares, profesionales y miembros de la comunidad.

En el capítulo “Obstáculos y posibilidades de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental: un estudio comparativo entre 2011 y 2013” se propone comparar las representaciones y las significaciones que trabajadores del campo de la salud mental tienen respecto de la viabilidad de la ley y sus efectos a partir de relevamientos realizados en 2011 y 2013 en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El análisis de estas representaciones pone en relieve los cambios respecto a los marcos teóricos sobre salud mental y los modos de organización de trabajo, donde se registra un reclamo de una mayor asignación de recursos y la consolidación de la red de efectores comunitarios planteados en los marcos normativos. Por otra parte, se destacan resistencias institucionales y disciplinares en el cambio de paradigma de atención en salud mental.

El capítulo “Salud Mental y desinstitucionalización en los procesos de externación” reflexiona respecto de la experiencia de un Programa de externación de un hospital monovalente, y se centra en los procesos de rehabilitación e inclusión social en el campo de la salud mental. En este sentido considera las representaciones que los usuarios de dicho programa tienen respecto a ejes como trabajo, vivienda y red social. Como resultado se observa que las internaciones prolongadas en el tiempo dificultan la consolidación de externaciones sostenibles en el tiempo, que ponen de relieve la importancia de implementar políticas públicas que favorezcan subjetividades autónomas y permitan rearmar proyectos de vida.

Tomando como referencia el mismo relevamiento realizado en el capítulo precedente, el trabajo “Exigibilidad y justiciabilidad de derechos en salud mental” se focaliza en la posibilidad de ejercicio de derechos en personas con largo tiempo de internación. Se analizan las posibilidades de una real autonomía que supere la vida social intramuros, visibilizando lo que hemos denominado “efecto paradojal de derechos”.

Finalmente, en el capítulo “Salud mental e inclusión social: derecho al trabajo en el contexto actual” se considera la centralidad del derecho al trabajo en los procesos de rehabilitación a partir de considerar la participación de usuarios de salud mental en un Centro de Formación Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los resultados se destaca lo que hemos denominado un “circuito cerrado de la capacitación” como efecto de la exclusión histórica de las personas con vulnerabilidad psicosocial del mercado de trabajo. La implementación de trabajo subsidiado como principal política pública genera sentimientos de resignación y de aplanamiento subjetivo y no permite la aspiración a un trabajo digno con una justa remuneración como indica la Ley Nacional de Salud Mental.

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