Sobre territorios, políticas y desafíos
María Malena Lenta,[1] Roxana Longo[2] y Graciela Zaldúa
En el escenario contemporáneo, las dinámicas de la exclusión social de vastos sectores de la población –en función de su clase social, género, generación, país de nacimiento o etnia– configuran desigualdades sociales que expresan profundas diferencias injustas y evitables. Como plantea Assoun (2001), la exclusión puede ser comprendida como una brecha o un hiato que separa a ciertas personas de los derechos de ciudadanía. El proceso de exclusión se inicia al poner “fuera de lugar” al otro/a y llegar a segregarlo/a, y esto comprende el rechazo y la expoliación de derechos. En la exclusión se instaura una relación de precariedad con el espacio y el tiempo, en el sentido de que no se ofrece ninguna garantía de duración o estabilidad para estas personas, es decir, se instala una incertidumbre acerca del acceso sostenido a los recursos esenciales para el desarrollo de la vida.
La desestabilización de anclajes espacio-territoriales se observa en las dinámicas de los desplazamientos forzados por la violencia económica o política, la obligación a solicitar refugio por violencia política o violencia de género, los/as expulsados/as de las tierras por la usurpación de los territorios, la gentrificación de las grandes ciudades y la marginalización de sujetos y colectivos en función de ciertos rasgos construidos como inferiorizantes. La dislocación de las temporalidades se visibiliza en la organización de la cotidianeidad de poblaciones, grupos y subjetividades en un presente continuo, asaltado por lo traumático del pasado y lo actual y la imposibilidad de proyectar futuros.
El escenario de la globalización capitalista como formación económico-social dominante que instituye la explotación y subsume a los sistemas de opresión (patriarcal, racista, adultocéntrico) nos interroga sobre la naturaleza del Estado de excepción como paradigma normal de gobierno y producción de excluidos/as. Agamben (2004) lo enuncia como espacios vacíos de derecho, zonas de anomia en que las determinaciones jurídicas, sobre todo la distinción entre público y privado son desactivadas. Impensables estratégicos que ubican a los/as excluidos/as en un no lugar con un grado cero de ley. Surge así, como imperativo ético, el interrogante acerca de cómo abrir el espacio de acción humana que intente detener la producción de la nuda vida y la destitución de la vida humana y la naturaleza.
Es por eso que la exclusión comprendida en estos términos hace lugar a la reflexión sobre la producción de la precariedad. En cuanto estado, la precariedad hace referencia a una condición existencial, pero en cuanto proceso, implica reconocer los diferentes escenarios de producción y distribución diferencial de precariedad (Butler, 2017). Y tanto la precariedad como la precarización (proceso) son condicionadas por elementos materiales y simbólicos que se combinan con discursos ideológicos de legitimación (Orozco, 2014; Le Blanc, 2007; Assoun, 2001). En este orden de ideas, la definición de algunas vidas como precarias (Butler, 2010) no es solo una condición de existencia sino una construcción social, aunque a menudo se invisibilicen las relaciones de poder y subordinación subyacentes a ellas.
Problemáticas psicosociales actuales, como los maltratos y las violencias en ámbitos de las relaciones de pareja, laborales o institucionales, la dramática de la ferocidad patriarcal asesina de los femicidios, las situaciones de violencia sexual, los abusos sobre el cuerpo y la vida, la interdicción a decidir sobre el aborto, son hoy incluidas en la agenda pública por las demandas feministas. La Marea Verde instaló nuevas interlocuciones e interpelaciones de género, en particular de las jóvenes, lo que produjo una resignificación de las relaciones, los contratos y los modos de percepción de las sexualidades, las disidencias y las inequidades de género y sociales. Es también necesario señalar que las problemáticas antedichas se agudizan en territorios donde las condiciones de vida (violencia estructural) expresan un notorio déficit en el acceso a derechos humanos básicos como la educación, el trabajo, la vivienda, etcétera. De este modo la violencia constituye un problema de salud mental comunitaria relevante en dos sentidos: 1) por el impacto que provoca en la calidad de vida de las personas; por las lesiones físicas, psíquicas, afectivas y morales que acarrea, y por las exigencias de atención y cuidados de los servicios de atención primaria de salud y hospitalarios; 2) porque hace parte de las preocupaciones cuando se trabaja el concepto ampliado de salud. Los fenómenos de violencia vinculados con la feroz competencia neoliberal por los recursos tienen severas repercusiones locales sobre la vida y las infraestructuras de las poblaciones (Falquet, 2017; Harvey, 2012, 2014; Borrell, Díez, Morrison y Camprubí, 2012). Según Han (2017, 2014), el poder violento del capitalismo global que opera, entre otros espacios, a través de las redes de tecnología de la información y comunicación, deslocaliza los espacios colectivos y propicia procesos de descolectivización de la vida comunitaria. La búsqueda de “lo igual” a través de la posibilidad del consumo, como negación de la alteridad o de lo diferente, promueve procesos de subjetivación hipernarcisistas, que conducen a la tramitación del malestar y la violencia a través de estrategias de extimidad (Sibilia, 2016). A su vez, señala que la totalización de la capacidad que hoy fuerzan las relaciones neoliberales de producción vuelve al yo ciego para el otro y conduce a su expulsión. El burnout o síndrome del quemado, las depresiones y los suicidios son los desiertos que deja tras de sí la capacidad destructiva del capitalismo global. En este sentido Segato (2013) resalta que existe una pedagogía de la crueldad en torno a la cual gravita todo el edificio del capitalismo, que enseña una mirada exterior con relación a la naturaleza y a los cuerpos para producirlos como seres externos a la vida, y desde esa exterioridad poder colonizar y dominar la vida.
Frente a estas problemáticas el enfoque de la salud mental comunitaria interviene sobre las condiciones de vida de los colectivos sociales, es decir, sobre la determinación social de la salud (Lodieu, Longo, Nabergoi y Sopransi, 2012; Farji Neer, 2016). La transformación de los modos tradicionales de atención en salud mental y la mayor protección a través de dispositivos de base territorial requieren que estos sean priorizados en las políticas sanitarias a través de la atención integral e integrada que demanda que haya servicios disponibles para responder a las necesidades de salud de la población, incluidas las acciones de promoción, prevención, curación, rehabilitación y apoyo para el autocuidado (Yanco, Gerlero, Ausburger, Duarte y Gómez, 2012). Desde la salud colectiva y la salud mental comunitaria, los territorios aparecen como algo más que un espacio en un mapa. Los territorios son espacios dinámicos que se construyen y se transforman en las tensiones de los colectivos sociales que los habitan y las dinámicas de poder que los envuelven. Incluso conviven diversas territorialidades en los mismos espacios: las organizaciones sociales, los/as vecinos/as, los/as jóvenes/as, las instituciones público-estatales, etc., con intereses, percepciones, valoraciones y actitudes territoriales y de cuidado diferentes, que generan relaciones de complementación, de cooperación, de conflicto y de enfrentamiento. Por más difícil que sea una región, por más empobrecida que pueda estar en cualquiera de sus aspectos –recursos materiales, culturales–, serán siempre las personas que allí viven, que ocupan esos lugares, quienes podrán dar las pistas de las potencialidades escondidas en esas comunidades. Se trata de comprender el territorio como ámbito de la acción (Zaldúa, Bottinelli, Longo, Sopransi y Lenta, 2016). Desde estas diferentes territorialidades encontramos un conjunto de redes de cuidados que forman parte de resistencias cotidianas, institucionales y/o comunitarias que configuran sistemas de producción de cuidados e intercambios alternativos.
Propuestas de humanización e integralidad en el cuidado en salud se han configurado en estrategias para enfrentar creativamente la crisis y construir alternativas para la organización de las prácticas de atención a la salud. Las teorías del cuidado promueven un reconocimiento sin precedentes de la vulnerabilidad como una condición común de la humanidad. El cuidado es un trabajo, forma parte inherente de la vida misma y la sostiene (Molinier y Lagareta, 2016). Esto es, permite a la vida cotidiana mantenerse, con lo que hace posible la supervivencia de las personas, pues los seres humanos necesitamos inexorablemente una rutina (repetición) con sentido y con puntos de referencia familiar. Sin embargo, Chardón (2008) advierte que el cuidado alude además a un conjunto de prácticas protectoras cuyos sentidos y significados son producidos por cada sujeto y cada colectivo en tanto miembros de una cultura. En cada situación de cuidado, entran en juego entonces diversas pautas, normas y regulaciones que metabolizan una expresión sublimada del amor por los otros, es decir, configuran un lazo social tierno que aloja en acto (Ulloa, 2013; Chardón y Scarimbolo, 2011).
Las dimensiones en las que se producen, reproducen y circulan las prácticas de cuidados contemplan una ética del acogimiento, que incluye el cuidado de sí, de los/as otros/as y de sus problemas, y así habilita procesos micropolíticos de agenciamiento (Foucault, 1984). Franco y Merhy (2011) indican que la producción subjetiva del cuidado supone la producción del sí mismo y la afectación de y sobre los/as otros/as en tanto se realiza en el espacio cotidiano del encuentro.
Cuidar significa entonces sentir, acoger, respetar y entrar en sintonía con los/as otros/as. Frente a las políticas del descuido propias del escenario contemporáneo de globalización capitalista que cosifica a los sujetos, destruye el hábitat y extermina la vida, Boff (1999) resalta que las políticas del cuidado valorizan el reconocimiento del/a otro/a. La ética del cuidado es una propuesta que incorpora un conjunto de desafíos y elementos que transforman el modelo de ciudadanía haciéndolo más justo y solidario, en la línea de las reivindicaciones de las personas que tiene actualmente una práctica ciudadana activa (Melero, 2014). Pensar en la ética del cuidado desde la contribución de las teorías feministas permite, primero, visibilizar y valorar el aporte del cuidado de las mujeres al desarrollo y el bienestar de los/as otros/as. Segundo, propone el reparto equitativo del cuidado en la comunidad, en particular entre mujeres y hombres, y entre sociedad y Estado. Y, tercero, resignifica el contenido del cuidado como el conjunto de actividades y el uso de recursos para lograr que la vida de cada persona esté basada en la vigencia de sus derechos humanos (Lagarde, 2012). Es decir, en la actualidad los trabajos de cuidados se revelan como emergentes y fundamentales.
La interrogación acerca de los procesos de exclusión social, de la expulsión de la ciudadanía, de la precarización de la vida y el sufrimiento establece una resignificación del ethos del cuidado, desprivatizándolo y politizándolo en un campo democratizador y dignificador de las relaciones sociales y subjetivas (Zaldúa, 2011). Por ello, estas dos dimensiones del cuidado ponen de manifiesto las tensiones entre los dispositivos que operan desde el paradigma tutelar y aquellos dispositivos profanados (Zaldúa, Lenta, Longo, Pawlowicz et al., 2016) que se sostienen desde el paradigma de los derechos humanos en el campo de la salud mental comunitaria. La ausencia de políticas laborales integrales, que no socavan la explotación de clase y naturalizan la injusta división sexual patriarcal del trabajo –incluyendo el trabajo de cuidado–, y la falta de un fortalecimiento de políticas de cuidado para trabajadoras y trabajadores, con marcos regulatorios totalmente sesgados por género, ha redundado en malas condiciones de empleo remunerado que afectan sobre todo a las mujeres –particularmente en términos de su autonomía y trayectoria– y condicionan el cuidado que realizan de sus familiares (Pautassi, 2016). A partir de este mapa, en el que se incluyan efectivamente los cuidados dentro del campo de los derechos humanos, es posible inventar espacios de subjetivación en los que se considere el cuidado dentro de una producción de actos regidos por la dignidad, la alegría y la belleza, que promuevan buenos encuentros y potencien la vida. En este marco, las políticas del cuidado interpelan las condiciones de reproducción del capitalismo y el patriarcado, y posibilitan espacios de subjetivación y lazo social como un desafío ético-político existencial.
Referencias
Agamben, G. (2004). Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Assoun, P. (2001). El perjuicio y el ideal. Buenos Aires: Nueva Visión.
Boff, L. (1999). Ética de la vida. Madrid: Trotta.
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