Experiencias de trabajadores del campo penal juvenil durante la pandemia y bosquejos de la pospandemia

Si tanta crueldad,

si tanto dolor, si tanta miseria,

les importa a tan pocos,

no lloremos cuando la esperanza

haya sido una nube pasajera.

Cuando andemos todos

con barbijos.

(Camilo Blajaquis/César González, 27/07/2009).^[1]

En este capítulo describo algunas dimensiones vinculadas a las experiencias de los trabajadores del IRAR/CERPJ durante el año 2020, momento en el cual se decretaron medidas de ASPO^[2] y DISPO^[3] en Argentina, como estrategias de respuesta ante la pandemia por COVID-19. Mi interés consiste en poder reconstruir las formas que construyeron para visibilizar su labor y las discusiones que establecieron sobre el sentido de la esencialidad como categoría política. Si bien las políticas de ASPO, DISPO y posterior inmunización intentaron “salvar” la vida en términos biológicos, es necesario reponer las formas en la que la vida en términos biográficos –aquella compuesta por retazos de acontecimientos que se zurcen en la narración de los sujetos acerca de sus experiencias– debió ser reinventada (Fassin, 2021b).

Como ha sido expresado previamente, pese a que existen tendencias diferentes en otras provincias de nuestro país, en Santa Fe se manifiestan propensiones al incremento de la cantidad de adolescentes en situación de encierro carcelario (SENAF y UNICEF 2021,2023; Defensoría del Pueblo de Santa Fe y UNICEF, 2019, 2023), reforzadas a partir del cierre de espacios que sostenían un alojamiento de puertas abiertas. Al mismo tiempo, estas orientaciones se ven acompañadas por la limitación de las funciones de los trabajadores civiles en los espacios convivenciales y por una serie de malestares que, en ocasiones, los llevan a tramitar licencias de diversa índole, especialmente por motivos de salud mental.

A la par, durante el último decenio, tanto Argentina como la mayoría de los países del mundo han experimentado el crecimiento de sus tasas de prisionalización.^[4] Por ello, puede decirse que la emergencia sanitaria vinculada a la pandemia por COVID–19 y la necesidad de establecer medidas de distanciamiento y aislamiento provocaron –inicialmente– la visibilización de la realidad cotidiana al interior de los sistemas penitenciarios y el estado de excepción que impera en ellos, tanto a nivel nacional (Sánchez y Gauna, 2021) como local (Manchado y Chiponi, 2020; Manchado, 2020).

Lorena Pratto (2021) y Claudia Teodori (2021) recuperan la propuesta de Rosenberg (1989), quien sostiene que las epidemias son crisis en tiempo real, inmensos laboratorios en los que pueden distinguirse configuraciones sociales, formas institucionales y supuestos culturales particulares, así como reestructuraciones en las técnicas del cuerpo y las tecnologías de poder (Preciado, 2020). Leída desde estas coordenadas, la pandemia es un evento crítico (Lins Ribeiro, 2021), un acontecimiento disruptivo (Reguillo, 2005 en Sy et al, 2022a), un proceso que conmueve los cimientos de lo cotidiano, un “hecho social total” (Recoder y García, 2021).^[5] Es por ello que el impacto global de la COVID-19 tiene como precursoras a desigualdades que se intersectan (Boholslavsky, 2020) y que hacen que no pueda comprendérsela como una “amenaza igualitaria y universal” (Lins Ribeiro, 2021, p. 113), ya que provocan un reparto diferencial de las posibilidades de enfermar y de morir.^[6]

Por ello, es necesario aportar miradas que interroguen la centralidad de las condiciones de trabajo y vida en las formas que adquieren la enfermedad, la muerte, la atención y el cuidado de sí y de otros, así como las intervenciones y estrategias a partir de las cuales son procesados (Berenstein y Gutman, 2021). De esta manera, un análisis antropológico de las tecnologías puestas en juego para “dar respuesta” a la COVID-19 puede contribuir a la comprensión de las formas en que las epidemias encarnan, en contextos de marcadas desigualdades sociales (Pratto, 2021). Siguiendo esta propuesta, poner en juego las experiencias que vivenciaron los trabajadores de una institución de privación de la libertad para adolescentes durante este período puede arrojar luz sobre las diversas materialidades, respuestas organizativas, sentidos morales y disputas políticas que suscitó la pandemia.

Desde estas coordenadas, en un primer apartado sistematizo algunas apreciaciones generales sobre el acceso a la salud en las cárceles argentinas en general, y en el IRAR/CERPJ en particular. Luego, repongo un mapa de recomendaciones y acciones internacionales y nacionales vinculadas al tratamiento de las personas alojadas en espacios de privación de la libertad durante la pandemia por COVID-19. Posteriormente, me detengo en la forma en la que los trabajadores de la justicia penal juvenil santafesina reconstruyen los momentos de organización de su trabajo durante la pandemia. Además, esbozo líneas que permiten discutir la categoría de esencialidad, a partir de las interpelaciones construidas durante este período. Finalmente, deslizo algunas apreciaciones para caracterizar el escenario de pospandemia en las instituciones de encierro que integran el campo penal juvenil en Santa Fe.

I. Algunas apreciaciones generales sobre el acceso a la salud en las cárceles argentinas

A fin de poder comprender ciertos movimientos, disputas, transacciones y transformaciones ocurridos durante la pandemia por COVID-19 en los dispositivos del campo penal juvenil que suponen una medida de encierro, es necesario trazar algunas apreciaciones generales sobre el acceso a la salud en el IRAR/CERPJ en momentos previos a la pandemia. Si bien existen divergencias, comparte ciertas características con el modo en que este se organiza en las instituciones penales de adultos.^[7] Esto no es un dato menor ya que, como fue comentado en el capítulo 2, no todos los institutos vinculados al cumplimiento de medidas penales por parte de los adolescentes punibles que existen en el país se inscriben en la órbita del Ministerio de Seguridad. Es importante recordar, entonces, que la institución que tomo como referente empírico posee una “gestión mixta”, entre esta cartera y la correspondiente a Justicia y Derechos Humanos, que implica momentos de disputa, pero también de acuerdo y transacción entre su personal civil y el SP.

En Argentina, dado que las prisiones son instituciones estatales, los servicios de salud dentro de las mismas son considerados parte del sistema de salud pública,^[8] pero adoptan características singulares en cada unidad.^[9]

En el IRAR/CERPJ existen espacios previstos para el funcionamiento de los servicios de salud y se cuenta con un servicio médico generalista y/o clínico, así como con un servicio odontológico. Sin embargo, el único servicio que cumple con atención las 24 horas es el de enfermería. Debido a la escasez de actividad preventiva, prima el funcionamiento “a demanda”, que conlleva a que buena parte de las consultas sean realizadas ante dolencias que se suscitan en términos de “urgencias”. Esto es aún más notorio en cuanto a las demandas de consulta en salud mental, ya que no cuenta con un servicio destinado a tal fin.

Asimismo, son visibles tanto las dificultades para obtener turnos con especialistas extramuros como los problemas de acceso a los resultados de los estudios que los jóvenes realizan, generando incertidumbre en torno a su propia salud. Por otra parte, en numerosos casos, resulta sumamente arduo reconstruir registros e historias clínicas. De manera general –y como ha sido señalado para los espacios de adultos– se configura un escenario donde, en las escasas oportunidades en las cuales las personas privadas de su libertad realizaban tratamientos previos al encierro, estos se interrumpan (PPN, 2020). Sin embargo, en otros casos es en este espacio donde se realiza el primer contacto con el sistema de salud (Salinas, 2006).

Mientras realizaba el trabajo de campo, en numerosos momentos registré expresiones que denotaban estas paradojas. Silvio, un joven de 17 años que había ingresado al menos dos veces al instituto, pudo continuar la asistencia a los turnos de psicología a los que acudía en su centro de salud de referencia en base a ciertos azares y contingencias. El profesional a cargo de su atención conocía tanto a una de las integrantes del equipo de profesionales como a una de las talleristas, lo que permitía –de alguna manera– poner en agenda la necesidad de sostener este espacio. Sin embargo, no se trataba de una generalidad extensible al conjunto de los jóvenes alojados, debido a una pluralidad de factores: los permisos para tramitar las salidas, la concreción de las mismas en los vehículos disponibles,^[10] la posibilidad de continuar con las referencias establecidas previamente –en el caso de existir– en los centros de atención primaria de la salud, entre otros. Por otra parte, en numerosas biografías de estos adolescentes, resultaba sumamente problemático trazar las vinculaciones previas con el sistema de salud. Dificultades que pueden sintetizarse en una de las expresiones de Kevin –un joven de 17 años que pasó un período prolongado en el instituto–, quien en una de las jornadas de taller manifestó: “yo antes de entrar acá no sabía lo que era una vacuna” (Registro Observacional Nro. 29, 2018).

Así, mientras que algunos jóvenes inician sus tratamientos cumpliendo su pena en prisión, para quienes ingresan relativamente sanos existe un mayor riesgo de contraer enfermedades allí (Mazilli, 2019; Mamani, 2020; PPN, 2020). Aunado a esto, la sobrepoblación carcelaria multiplica las posibilidades de contagio de numerosas enfermedades, además de producir diversas formas de deterioro.^[11] Respecto a la situación de los jóvenes alojados en el IRAR/CERPJ, encontré referencia a problemas odontológicos, dermatológicos, gastroenterológicos, respiratorios, micosis, escabiosis y pediculosis. También fueron frecuentes las menciones a padecimientos en la salud mental: aumento de los consumos problemáticos de sustancias, alteraciones en la imagen personal, ansiedad, temor, estrés, sensación de peligro, inseguridad, insomnio, depresión, intentos de suicidio y autolesiones.

Como puede verse, el acceso a la salud en los institutos penales ya constituía una problemática de peso en momentos previos a que se produjera la instalación de la enfermedad por COVID-19 como pandemia. Sobre esta base, factores como la sobrepoblación y el hacinamiento agravaron más la posibilidad de que las cárceles se convirtieran en focos de propagación de la enfermedad.

II. Recomendaciones y acciones vinculadas a las personas privadas de su libertad durante la pandemia por COVID-19

La COVID–19 fue catalogada como pandemia el día 11 de marzo de 2020. Dos días después, la OMS (2020) publicó una guía para abordarla en los ámbitos carcelarios,^[12] recomendando a los estados crear sistemas de coordinación entre salud y justicia, junto al personal penitenciario.^[13] En estas recomendaciones,^[14] expresaba su preocupación por la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad y la posibilidad de que las cárceles se constituyeran en foco de infección. A nivel internacional se puso en evidencia rápidamente que las características que presenta el encierro carcelario impedían un acceso mínimo a la salud en este contexto.^[15] Estas condiciones fueron problematizadas a partir de una construcción de la prisión en términos de riesgo epidemiológico, señalándola como lugar de contagio y desplazando rasgos de la esfera biomédica a la esfera política (Belardo y Camargo Junior, 2016).

Respecto al escenario nacional y local, es posible visibilizar un conjunto de marchas y contramarchas en las acciones adoptadas a nivel oficial, a la vez que ciertos disensos y tensiones en los espacios de negociación de la política pública. No sólo existieron disputas entre distintas fuerzas políticas, sino también al interior de las coaliciones gobernantes durante el período 2019-2023. Al mismo tiempo, es posible reconocer diferencias de orientación entre los distintos poderes del Estado, así como hacia adentro de ellos. Matices que traen a escena el imperativo de trascender el efecto de totalidad que en ocasiones parece emanar de su conceptualización como ente homogéneo, para prestar atención a sus materias heterogéneas, diversidades y conflictividades (Haney, 2002).

A grandes rasgos, siguiendo la opinión de Gabriel Bombini (2020), podemos destacar que ciertos sectores propusieron la racionalización del encierro como forma de la pena, haciéndose eco de las recomendaciones internacionales, persiguiendo como finalidad una humanización del castigo penal. Es así como, frente a la adopción del ASPO el 20 de marzo de 2020,^[16] mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/20, se llevaron a cabo una serie de acciones que se orientaron a la reducción de la población encarcelada, reservando la privación de la libertad para casos graves; la ponderación del impacto diferencial del castigo por razones etarias, de género o de comorbilidad; la racionalización en el uso de la prisión preventiva; la adopción de protocolos sanitarios estrictos para preservar el derecho a la salud de las personas detenidas y la garantización del derecho a la comunicación con el exterior.

A nivel de los poderes ejecutivos nacional y provincial, se decretó la suspensión de las visitas en los espacios de detención. Si bien esta medida gozó de consenso entre las personas privadas de su libertad quienes, en numerosas unidades penitenciarias, habían suspendido las visitas previamente; al mismo tiempo significó la interrupción de la provisión de recursos como alimentos, vestimenta y artículos de higiene y limpieza, los cuales suelen ser garantizados por sus familias, implicando una precariedad aún mayor en estos ámbitos (García y Oleastro, 2021). Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró las “Recomendaciones para la atención y cuidado de la salud de personas en contexto de encierro y sus trabajadores en el marco de la pandemia”, en las cuales se establecía la obligación de garantizar la salud de los grupos vulnerables por parte del Estado.^[17]

A nivel del poder judicial federal, nacional y de algunos poderes judiciales provinciales, y ante la presentación de habeas corpus en la provincia de Buenos Aires,^[18] se dictaron medidas de adecuación de la situación carcelaria,^[19] que tenían por finalidad la implementación de protocolos al interior de los espacios de encierro, el resguardo de las personas con factores de riesgo y la adopción de alternativas para aquellas personas privadas de su libertad por delitos leves, para aquellas que pertenecieran a grupos de riesgo y para mujeres detenidas junto a sus hijos/as.^[20]

A nivel del poder legislativo, la PPN presentó recomendaciones dirigidas al Servicio Penitenciario Federal, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Salud de la Nación. Además, se recomendó la elaboración de un protocolo para la prevención del COVID-19 en los espacios de detención.^[21]

En el nivel del poder legislativo provincial, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe hizo pública su “Propuesta Nro. 6” en el marco de la “Situación de Emergencia Sanitaria Nacional y Provincial” el 17 de marzo de 2020, en la cual enfatizaba el imperativo de garantizar los cuidados, atención e insumos necesarios para que no se viera afectada la salud integral de las/os adolescentes que transitan por espacios institucionales, particularmente aquellos del campo penal juvenil (Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, 2020).

En la adopción de estas declaraciones y proposiciones se pusieron en juego tres grandes temas: la sobrepoblación en las cárceles; las medidas que se implementan para disminuir dicha sobrepoblación y el tratamiento de la salud en los lugares de encierro como problema de salud pública (Sánchez y Gauna, 2021).

Sin embargo, existieron otras voces como contrapartida, vinculadas a sectores más punitivistas, quienes construyeron al problema penal como una oportunidad para obtener adhesiones en diversos sectores sociales, en vistas a una capitalización político electoral (Bombini, 2020), promoviendo escenarios de pánico moral y demandas de “ley y orden”, vinculadas a la jerarquización del lugar de las víctimas (Manchado y Chiponi, 2020; Sánchez y Gauna, 2021). La emergencia de estos actores se produjo en medios de comunicación y redes sociales, promoviendo noticias falsas, datos estadísticos erróneos, tergiversaciones temporales y espaciales, llamando a realizar protestas en torno a aquello que se erigió como el problema de “la liberación masiva de presos” (García y Oleastro, 2021). Un rasgo notable que sus discursos y apreciaciones compartieron es la construcción de estas medidas como un problema de seguridad, en lugar de como respuesta a un problema sanitario.^[22] La proliferación de noticias falsas involucrando cifras de liberación erróneas y vinculadas a delitos con un alto nivel de impacto en la sensibilidad social, como las agresiones sexuales, propiciaron una visión caótica de la situación, favoreciendo la sensación de temor y construyendo oposiciones entre “ciudadanos” y “delincuentes” (Bombini, 2020).

De esta manera, más allá de las recomendaciones internacionales y nacionales en materia de estándares de alojamiento en instituciones de encierro y medidas de atenuación de la población carcelaria, los sentidos locales que adoptó el debate acabaron poniendo en el centro de la escena el desprecio por ciertas vidas, que no merecen ser protegidas de la posibilidad de contraer el virus ni de desenvolverse en condiciones mínimas para preservar su integridad. Esto redundó en algunas “liberaciones por goteo” y en una postura de “no gobernar demasiado” un asunto público apremiante (Goñi, 2020, p.574). En este sentido, la COVID-19 trajo a escena no solo las dificultades por adoptar medidas de cuidado sanitario en las prisiones en el contexto de las disposiciones de ASPO propuestas por los niveles de gobierno nacionales y provinciales, sino las características en las cuales el acceso a la salud se desenvolvía más allá de la pandemia.^[23]

La necesidad de visibilizar esta situación fue asumida por trabajadores vinculados a los dispositivos de encierro, organismos de derechos humanos y las mismas personas detenidas, fundamentalmente, a partir de escenas ocurridas en las cárceles de adultos.^[24] Los primeros casos confirmados de COVID-19 en diversas prisiones del país, entre personas privadas de su libertad y agentes del SP, desataron protestas con dramáticos resultados. En Santa Fe, arrojaron el saldo de cuatro muertos en la cárcel de Las Flores y un detenido en Coronda, como consecuencia de la represión llevada a cabo por el SP.^[25]

Hechos similares se produjeron en otras cárceles del país.^[26] En algunos testimonios se relataban situaciones extremas, en las que un complejo entramado de argumentos parecía poner en juego a los cuerpos sufrientes y expuestos como último territorio desde el cual disputar derechos (Fassin, 2018).^[27] Vale decir, además, que luego de un momento de intenso debate, se produjo un aquietamiento de este tema en la agenda. Esa quietud no estuvo vinculada a un mejoramiento de las condiciones de detención, sino a su invisibilización (Manchado y Chiponi, 2020).^[28]

Ahora bien, ¿cuáles fueron las medidas específicas adoptadas en este marco hacia los adolescentes privados de su libertad? ¿Qué ocurrió en los dispositivos penales juveniles de la ciudad de Rosario?

III. Una mirada a la pandemia desde las experiencias de los trabajadores del IRAR/CERPJ

Primer momento: reorganización de los procesos de trabajo

La pandemia por COVID-19 trajo aparejados una serie de efectos en las experiencias de los trabajadores civiles de los dispositivos de la justicia penal juvenil santafesina. Considero importante atender a estos procesos, ya que –pese a las guías, orientaciones, recomendaciones y eventos críticos señalados precedentemente– asumieron un carácter subterráneo, escasamente visibilizado. En este sentido, reconstruirlos ayuda a complementar y brindar mayor profundidad a otras investigaciones que indagaron en las experiencias de trabajadores durante este período, orientadas mayoritariamente a aquellos que se desempeñaron en el ámbito de los servicios de salud (Souto, 2021; Pratto, 2021; Berenstein y Gutman, 2021; Teodori, 2021; Recoder y García, 2021; Margulies y García, 2021; Ramanciotti y Testa, 2021; Alonso et al., 2022; Ávalos y Lorenzetti, 2022; Sy et al., 2022a; 2022b) y, en menor medida, socioasistenciales (Chaves, 2020; Arcidácono y Perelmiter, 2021). Recuperar las experiencias de “los otros esenciales”, así como aportar claves críticas para reponer las formas de construcción de los criterios de esencialidad y sus efectos en las existencias concretas de los sujetos, puede abonar a una mayor comprensión de los procesos de trabajo y vida durante este período. En ese sentido, considerar las experiencias de los sujetos y los eventos que dejaron huellas en ellos permite –sin dejar de lado a la pandemia en términos de “hecho social total” (Recoder y García, 2021)– rastrear peculiaridades e improntas presentes en diversos sectores de trabajadores (Sy et al, 2022a).

Respecto a los dispositivos que componen el campo penal juvenil santafesino, cabe mencionar que durante el año 2020 los ESPA de Alvear y Venado Tuerto fueron cerrados, así como el Espacio Casa del Adolescente de Rosario, en el cual se realizaban talleres como parte de medidas socioeducativas para jóvenes vinculados a delitos de menor gravedad. Si bien en algunos documentos se argumenta que este cierre se debió a la escasez de personal (Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, 2021), en otros comunicados –vinculados al espacio gremial de ATE Rosario– se reclamaba por su reapertura, la cual nunca se sustanció. Por ende, los espacios privilegiados en la ciudad de Rosario para el destino de los adolescentes a quienes se privara de su libertad ambulatoria fueron el IRAR/CERPJ (en el caso de los varones) y la DAJF (en el caso de las mujeres), situación que persiste hasta el día de la fecha. En varias ocasiones, se reanudó una práctica comentada del capítulo anterior, esta vez con mayor incidencia: el traslado de jóvenes desde otras localidades de la provincia.

Por ello, si bien –al inicio del ASPO– algunos juzgados de menores de la ciudad de Rosario ordenaron el egreso y/o el arresto domiciliario de ciertos adolescentes, disminuyendo la cantidad de plazas ocupadas en el IRAR/CERPJ; este escenario prontamente se modificó. Así, ocurrieron situaciones de sobrepoblación a partir de ingresos de jóvenes de la ciudad y de localidades aledañas que –en otras ocasiones y debido al carácter de los delitos a los que se los vinculaba– podrían haber atravesado la medida socioeducativa dispuesta por el juzgado interviniente en un ESPA. Asimismo, esto provocó el traslado de los/as trabajadores del ESPA Alvear al IRAR/CERPJ para realizar –inicialmente– actividades recreativas y/o deportivas. Sin embargo, algunos tomaron también funciones convivenciales. Otros trabajadores, que se encontraban desempeñando tareas de manera no registrada, fueron desvinculados de la DPJPJ, generando reclamos desde ATE Rosario.

El aumento de la cantidad de adolescentes destinados al IRAR/CERPJ tuvo el agravante de que la disposición de los jóvenes requería necesariamente de mayor espacio, para que –de producirse contagios o el ingreso de alguien enfermo– éste pudiera realizar su aislamiento preventivo en condiciones adecuadas. Según conocimos, a través del registro de conversaciones informales con trabajadores de la institución y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en ocasión del ingreso de un joven al IRAR/CERPJ, la “cuarentena” que debía cumplir cada adolescente que ingresaba a la institución adquirió características peculiares, que se montaron sobre los usos y disposiciones de los lugares practicados previamente. Así, el sector de ingreso, el cual –como vimos en el capítulo 4– en ocasiones funcionaba como espacio de “castigo” y “aislamiento”, asumió plenamente la función de este último término. Fue el lugar destinado a que los jóvenes ingresantes permanecieran, por un período de 14 días, hasta poder ser trasladados a alguno de los sectores convivenciales. El aislamiento dentro del encierro, junto a las consecuentes limitaciones de contacto con familiares y allegados, produjo agudas situaciones de sufrimiento. Al mismo tiempo, debido a las condiciones institucionales, la sospecha por parte de los trabajadores fue que “los pibes se contagiaron todos” (Registro Observacional Nro. 47, 2021).

Por otra parte, las llamadas telefónicas de los jóvenes a sus familias comenzaron a llevarse a cabo 4 veces por semana.^[29] Las visitas se reanudaron, inicialmente, a fines de noviembre del 2020, pero sufrieron intermitencias en función de los picos de contagio que se suscitaron con posterioridad, retomándose con periodicidad en mayo de 2021.

Además, el ASPO implicó la suspensión de las actividades educativas, culturales, deportivas, judiciales y las salidas transitorias. De allí que, durante este período, se interrumpieron las labores realizadas por “actores externos” en el instituto, al igual que en otros espacios del campo penal juvenil y del circuito penal-carcelario del centro-sur santafesino (Routier, 2020).^[30] Un punto importante a remarcar es que, al menos en el IRAR/CERPJ, la infraestructura, el equipamiento tecnológico y la conectividad a internet no se encuentran garantizados, por ende, las actividades culturales y educativas no pudieron sostenerse por estos medios.

Asimismo, durante este período buena parte del personal estatal fue licenciado, tanto por situaciones de factores de riesgo y comorbilidades como por motivos vinculados al cuidado de sus hijos e hijas, ya que las escuelas se encontraban cerradas. En este marco, las estrategias de trabajo fueron diversas y se entramaron de manera compleja con los procesos de desgaste y malestar descriptos anteriormente, así como con los sentidos morales asociados a la tarea de “acompañar en el encierro”. Es por ello que no existe una lectura unívoca del proceso, sino una serie de perspectivas y tensiones a considerar.

Sin embargo, si atendemos a la periodización que varios de los trabajadores elaboran, podemos señalar que existieron “dos momentos” de la pandemia. Esto no se vincula –como podríamos pensar a priori– con eventos epidemiológicos, posibilidades de inmunización o protocolos de apertura. Por el contrario, en los testimonios de varios sujetos, parece entrar en relación con el recambio en las líneas de gestión y las estrategias de reorganización de los procesos de trabajo.

Así, Cecilia expresaba que:

La pandemia tuvo 2 momentos. Al principio fue muy duro decirle a los pibes que no iban a tener más visitas. La primera definición gremial fue que iban a tener guardias mínimas y que no iban a haber acompañantes directamente. Eso fue una división, porque para mí era terrible. Más que nada para con los pibes, no por la institución, sino pensar que ese pibe se quedaba ahí con un aislamiento más grande del que estábamos viviendo nosotros, y con un estado de vulnerabilidad mayor al resto. No tenía la familia, ni el juzgado, ni nosotros porque estaba uno solo. Ahí nos organizamos un montón, porque teníamos algunos acuerdos entre nosotros y eso se dio vuelta. En el primer momento de la pandemia había 19 pibes, así que íbamos, hacíamos recorridas, trabajábamos con que los que nos iban llamando. Era la idea que el SP nos fuera avisando y nosotros entrábamos a los sectores. Después estuvimos haciendo guardias de 2, iba la mitad de la guardia y a veces éramos 3, le pudimos ir buscando la vuelta. Hicimos muchas cosas, mucho laburo con el juzgado, principalmente con las defensoras en relación a las audiencias virtuales o que podían hablar por teléfono con los pibes, y generó cosas buenas. También estaba esta cuestión, los pibes hablaban mucho por teléfono con la familia, y a veces terminaban más angustiados, porque se enfermaban sus familiares. Y tuvimos todo un momento de pandemia que estuvo muy tranquilo. (…) Yo no tengo hijos, y para mí era más fácil poder estar en IRAR cuando me necesitaban o para dar una mano. Todas las noticias de otros lados eran gravísimas, en Buenos Aires hubo contagios masivos, murieron operadores, y yo creo que laburamos bien para que eso no suceda. Cuando llegó el primer caso, era un pibe que llegó con COVID ya de su barrio, justo se había hecho los test la familia, para mí fue más sencillo aportar en el sentido de “voy yo, la entrevista se la hago yo”, más que nada pensando en mis compañeras (Entrevista Nro. 23, 2023).

Cecilia da cuenta como, en un primer momento, los mismos trabajadores van construyendo los criterios de actuación a seguir. Siguiendo la propuesta de Pilar Arcidiácono y Luisina Perelmiter (2021), resulta más enriquecedor perseguir los efectos de las rupturas de la normalidad social y burocrática en las formas que encontraron las burocracias estatales para resolver los problemas intensificados durante la pandemia, que examinar la cercanía o distancia entre estas prácticas y un ideal normativo institucional.^[31]

Anahí Sy et al (2022), centrándose en trabajadores de la salud de diversas provincias argentinas, destaca que –si bien se intentó responder a la normativa nacional– a nivel local se desplegaron una serie de estrategias singulares que pudieran contemplar la pluralidad –y conflictividad– de las características, potencias y requerimientos de cada ámbito de trabajo. No se trata, entonces, de observar o no el cumplimiento de un protocolo, sino de identificar las estrategias construidas y desplegadas por los sujetos, así como las tensiones, interrogantes y paradojas que se generaron o reforzaron. Si miramos el protocolo, entonces, no es para evaluar su cumplimiento o no, sino para rastrear qué relaciones, disputas, transacciones, legitimidades y lógicas de merecimiento se expresan allí, en el conjunto más vasto de expresiones que pueden hallarse. Por eso, cabe decir que a los lineamientos oficiales se les superponen las estrategias de los propios trabajadores, entre las cuales la construcción de un protocolo para el trabajo intramuros asume el carácter de una tarea más a realizar.

Así, el “primer momento” de la pandemia es un tiempo sin vacunas, con informaciones contradictorias e imprecisas sobre las vías de contagio, en el cual los trabajadores acuden al instituto de manera fragmentada, en equipos mínimos de guardia, para llevar a cabo una labor fuertemente reducida, que se resiente aún más. Casi todas las formas de comunicación grupal se trasladan a la virtualidad. Ante una curva de contagios que inicialmente crece de manera paulatina, pero luego se manifiesta de forma abrupta, las estrategias a adoptar son ensayos permanentes. El aturdimiento y el desconcierto son característicos de las primeras formas de vinculación con los equipos de protección personal que, además, son ínfimos y escasos, incluso debiendo llevar elementos de sus propios hogares al espacio de trabajo. El cuidado entre compañeros asoma como forma de sostén, aunque también se experimenta el agotamiento y el desgaste.

Cecilia trae en su relato indicios de los criterios construidos a la hora de “exponerse” a la posibilidad de un contagio, ligados a imperativos morales vinculados a su tarea y a su rol en el equipo de trabajo. En este sentido, no tener hijos le produce tranquilidad, encuentra su manera de aportar decidiendo concretar una entrevista con un joven enfermo de COVID-19. Por otro lado, esto parece tensarse con otra de las ideas que recupera: el hecho de que “se trabajó bien” para evitar los contagios, comparando la situación vivenciada en el IRAR/CERPJ con la de otros institutos del país. En sus palabras, aparece la propia muerte de los operadores como uno de los riesgos a asumir, situación ante la cual “trabajar bien” sería un resguardo. Emerge, nuevamente, la cercanía con experiencias mortíferas –esta vez, ante lo que ocurre a personas con tareas similares– como una fuente de malestar que no hay demasiado tiempo para interrogar, deben ponerse a prueba modos de trabajar para intentar ahuyentarla.

Pero, ¿qué significa “trabajar bien”? ¿En qué instancias se construye un “buen trabajo”? ¿De qué procesos depende? De acuerdo a las palabras de Cecilia, son los trabajadores quienes confeccionan su propio protocolo, que no aparece como algo rígido, sino que va transformándose a partir de la puesta marcha y discusión de los criterios que lo estructuran. Tal es el caso del trabajo en las “guardias mínimas”. Dicho adjetivo alude a la posibilidad de ser sostenidas con el menor número de trabajadores posible y realizando solo aquellas tareas indispensables para el desarrollo de la función. Esta estrategia, como hemos mencionado anteriormente, es la que se adoptaba en otros momentos, como aquellos ligados a la adopción de medidas de fuerza. Sin embargo, como puede distinguirse en las palabras de Cecilia, lo “mínimo” adquiere otras connotaciones en el contexto de un aislamiento más grande, a partir de lo cual se acuerda con el SP una estrategia que permita “trabajar la reja”: que los acompañantes se acerquen –e, incluso, en ocasiones ingresen a los sectores– para conversar con los jóvenes. Lo mínimo es aquí, entonces, un lugar practicado desde el cual producir –y asir– la cotidianeidad para “acompañar en el encierro”.

Esto requiere, además, dividir la guardia de cada turno, generando “burbujas”.^[32] Así, cada una de ellas contó con dos equipos, trabajando en días y horarios diferentes. Respecto a estas modalidades de organización del proceso de trabajo, Juana, otra de las acompañantes, destacaba la importancia de las asambleas virtuales y de la presentación de notas gremiales para disputar la forma que adoptarían:

Juana: – Todos los avances que nosotros tuvimos -tanto en materia de condiciones laborales como las condiciones edilicias y de trabajo con los jóvenes alojados- se discutieron en asamblea, generalmente. Y cuando nos decían que no, lo hacíamos a través de notas gremiales. Hasta la forma organizativa en la pandemia, por ejemplo, cómo sostener el trabajo con una mínima presencia con los jóvenes. Lo discutimos en asamblea, nos dijeron que no, y lo hicimos a través de nota gremial.

Entrevistadora: – ¿Y qué habían resuelto?

J: – Lo que nosotros resolvimos al principio, cuando la consigna era reducir la circulación, fue mantener los equipos de trabajo con el coordinador, para poder seguir teniendo un seguimiento de los grupos convivenciales, pero cada grupo de trabajo dividirlo en 2. Nosotros tenemos guardia día por medio. Cada equipo tiene 15 guardias al mes, trabajando un día sí, un día no. Entonces ese trabajo dividido en 2, cada equipo tenía entonces 7 guardias. Y si había algún contagio, quedaba la otra parte y tenía que cubrir completo el mes. Así trabajamos un tiempo (Entrevista Nro. 18, 2023).

Si recordamos que las guardias trabajaban día por medio, esto llevaba a que cada equipo trabajara una menor cantidad de días al mes. Asimismo, permitía que –si un equipo se contagiaba– la otra “burbuja” de compañeros pudiera asumir la tarea. Sin embargo, como puede entreverse, al existir poco personal disponible, implicaba que las guardias acabaran siendo de dos personas. De allí que la guardia no fuera solo mínima por las tareas que el aislamiento suponía, sino también por las posibilidades de desarrollar otro tipo de prácticas entre tan pocos sujetos. “Trabajar bien”, entonces, parece remitirse –lejos de un ideal– a poder garantizar, al menos de manera mínima, la presencia en el instituto y el “trabajo con la reja”, a la par que estar a disposición para tareas ciertamente disímiles.

Pilar Arcidiácono y Luisina Perelmiter (2021) relevan que –durante este período– en algunas áreas debió implementarse intempestivamente el trabajo remoto, que conllevó el despliegue de diferentes recursos tecnológicos, el ajuste de ciertas prácticas y la limitación de otras (debido a que se realizaban desde los hogares, con problemas de conectividad, de espacios físicos, conviviendo con otras tareas vinculadas al cuidado familiar). A partir de lo recuperado por Juana y Cecilia, puede verse el esfuerzo y la importancia de mantener no solo la labor diaria, sino también las instancias organizativas propias para construir su marco de trabajo, aún por medios virtuales. También se da cuenta de otros quehaceres que los trabajadores van asumiendo durante este primer momento: las labores de cocina,^[33] pero también la comunicación con los juzgados y los llamados a las familias, tareas en las cuales –si bien median dispositivos virtuales– no pueden realizarse sin que un trabajador garantice la presencialidad en el instituto. Por ello, en numerosas ocasiones, los acompañantes juveniles asumieron la tarea de propiciar comunicaciones especiales, incluso a partir de sus propios teléfonos celulares. Esto permite ver que, incluso cuando algunas de estas tareas podrían trasladarse a la virtualidad, ese traspaso no es automático. Requiere de invención, esfuerzo, aún más cuando las condiciones de aislamiento se cruzan con las del encierro: la falta de conectividad, el alojamiento por sectores, los procesos de sufrimiento al no poder ver a sus familiares ni contar con los complementos y provisiones que otorgan, la ausencia de actividades sostenidas por “actores externos” entre otras cuestiones.^[34]

Al respecto, Adriana, coordinadora del equipo profesional, daba cuenta de cómo se reorganizaron allí también ciertas tareas:

Yo quedo varada, no vivo más en Rosario, vivo en provincia de Buenos Aires. Igual estando en mi casa me pongo un poco encima la mochila del equipo, y comienzo a gestionar todo lo que se puede. Había dos profesionales que podían y querían venir, en horario y con frecuencia acotada. Pero casi todos después entramos en la modalidad remoto. Cada uno siguió con intervenciones de trabajo con los chicos. Y yo abarqué un poco de todo, y estuve cuando había que inscribir por ejemplo a los chicos en el IFE, y ayudarlos. Fue muy agotador, porque cuando empezás a abrir intervenciones, se van abriendo otras puertas, y bueno, entonces estaba también la familia. Y, bueno, me metí y ahí estuve (Entrevista Nro. 26, 2023).

En su testimonio, Adriana da cuenta de que la imposibilidad de circulación interprovincial significó, para ella, comenzar a realizar su labor de manera totalmente remota. A partir de medios telefónicos, en la mayoría de los casos, cada profesional de referencia continuó en comunicación con los adolescentes que se encontraban en el instituto, así como con los juzgados donde se inscribían sus causas y con sus familiares. Esta trabajadora destaca también cierto matiz socio-asistencial que se intensificó en su labor a partir de la pandemia. En este sentido, una tarea que asumió fue inscribir a los jóvenes mayores de 18 años que estuvieran en el IRAR/CERPJ en el registro para tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esta política nacional, inicialmente ideada como un pago único, se extendió en el tiempo debido al deterioro de los ingresos^[35] y requirió de la realización individual de una solicitud virtual en el portal de ANSES. Debido a ello, cada persona debía evaluar si consideraba que cumplía con los requisitos previstos (Arcidiácono y Gamallo, 2020; Arcidiácono y Perelmiter, 2021). Por ende, el trabajo de mediación que realiza Adriana resulta clave en este momento para atender a las formas particulares que tomó la tramitación del IFE en contextos de encierro. Esto se debe a que, por las características de otras transferencias de ingresos que podrían haber llegado a recibir previamente (las cuales implicaban una asignación en función de la participación de ciertas actividades, como las vinculadas a programas provinciales), resultaba dificultoso que conocieran este nuevo mecanismo. Por otra parte, tratándose de una presentación que se realizaba enteramente de manera virtual, esto suponía otros impedimentos, tanto para los jóvenes en el instituto (al no encontrarse provistos de conectividad ni insumos digitales) así como para sus familias, al vivenciar el “abismo tecnológico” (Danani, 2020)^[36] como faceta que expresó la desigualdad social en la pandemia. Esto lleva a Adriana a sentir que “abre” intervenciones bajo la necesidad de garantizar un “derecho de intermediación” (Assusa y Kessler, 2020),^[37] apertura que, en ocasiones, implica también asesorar a los familiares de los adolescentes en este proceso.

Si, como expresan Arcidiácono y Perelmiter (2021) “la porosidad de las fronteras entre lo privado-personal y lo público-institucional se intensificó en los primeros meses del ASPO y fue un recurso útil para resolver problemas de coordinación e información frente a la ciudadanía” (p.193), al mismo tiempo parte de esa ciudadanía (en este caso, las familias de los jóvenes privados de su libertad), hizo uso de ese recurso, orientando consultas hacia trabajadores que “tenían a mano”, por considerarlos referencias oficiales para otro tipo de situaciones. Esto da cuenta, asimismo, de que el ordenamiento institucional del Estado no siempre se presenta como tal a los sujetos que no forman parte de sus burocracias, dado que las problemáticas que los atraviesan –como hemos visto– se expresan de manera total y no diseccionada. Lejos de perder efecto de oficialidad, al estar disponible y en comunicación con estos grupos familiares, la tarea de Adriana se intensifica, dado que en numerosas ocasiones no cuentan con otros canales donde orientar las consultas. En este sentido, informalidad no remite a falta de oficialidad, y sus tareas –aunque realizadas de manera remota– se amplían, produciéndole sensación de agotamiento, ante un escenario con contramarchas, incertidumbres y transformaciones constantes.

Cabe también mencionar algunas transformaciones acaecidas en este primer momento, que se extenderán a lo largo de los años 2020 y buena parte del 2021. En este sentido, pese a garantizarse la continuidad de ciertas intervenciones que no implicaban el desplazamiento de los jóvenes dentro y fuera del instituto, otras sufrirán transformaciones significativas. Este es el caso de los procesos terapéuticos previos, tales como las consultas en el primer nivel de atención o en servicios especializados –como la que referíamos que realizaba Silvio en su centro de salud de referencia– que se interrumpieron de manera total, produciendo una agudización de la desatención a las problemáticas vinculadas a la salud mental. Si bien, durante un período, se incorporaron profesionales de un dispositivo del Ministerio de Salud, la modalidad de consulta que primó fue “a demanda”, con las consecuentes intermitencias que producen las intermediaciones, las lógicas de merecimiento y de selectividad para su acceso. Hay que señalar que buena parte de los temores, angustias, deseos, dudas sobre su situación procesal, eran puestos en juego por los jóvenes también en diversos espacios sostenidos por “actores externos”, como por ejemplo los talleres, y en los espacios de la escuela.

A partir de estas interrupciones, puede evidenciarse que el total de las actividades convivenciales pasó a estar vinculada a las posibilidades de los acompañantes juveniles, en contextos de guardias cada vez menos numerosas (rondando cada una de ellas las 2 personas) debido a licencias, renuncias y a la necesidad de trabajar en “burbujas”, sobre un total de 19 jóvenes inicialmente, pero de 46 a 48 en los momentos de ocupación total de las plazas y sobrepoblación del instituto. Así, prácticamente la totalidad de la cotidianidad de los jóvenes –excepto alguna salida esporádica al “campo”– se vivenció en los sectores de alojamiento y sus patios internos, disposición similar a aquella que prima en el sistema penal de adultos. En este sentido, el entramado de situaciones como la suspensión de las salidas, la restricción de visitas familiares, el recorte de espacios de prácticas culturales, la falta de actividades deportivas y recreativas, la interrupción de procesos de escolarización incipiente, la ausencia de conectividad, la escasez de referentes convivenciales, el desconocimiento sobre los plazos de sus medidas y la menguada conversación con los agentes del sistema judicial; refuerza el aislamiento, las dilaciones del tiempo y el repliegue al grupo de pares en el sector, con sus lógicas, lealtades, compromisos, identificaciones y legitimidades.

Por otro lado, se agudizaron durante este período enfrentamientos entre los jóvenes y el SP. Situaciones que algunos trabajadores civiles refieren manifestando que, al intentar mediar o intervenir, “se les tiraba el SP encima”, como mencionaba Juana en el capítulo precedente. Otro de los trabajadores también señalaba haber sufrido una situación de violencia por parte de un oficial al intervenir en una situación de provocación y amenazas hacia un joven. Por su parte, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (2021) alertaba sobre posibles episodios de violencia institucional, cuya toma de conocimiento se dio a posteriori, cuando pudieron ingresar a producir relevamientos en el marco del monitoreo regular que realizan sobre estos espacios.

Segundo momento: el advenimiento de una gestión “de otro palo”

El “segundo momento” asumirá otra serie de rasgos para algunos trabajadores. El factor delimitador de ambos es la transición en los puestos de dirección de la DPJPJ y del IRAR/CERPJ. En los inicios de la gestión de Omar Perotti en la gobernación,^[38] Justicia y Derechos Humanos asume el rango de Secretaría, dentro del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Allí se enmarca la DPJPJ. Como mencionamos anteriormente, al declararse la pandemia por COVID-19, aún no se encontraba realizado el traspaso de autoridades en esta área, ni en algunos de sus espacios, como el IRAR/CERPJ. Esto es leído, inicialmente, como fruto de que quienes detentaban puestos de funcionariado y de dirección venían de trayectorias “de carrera” y de que, al ser un área que no implica gran rédito en términos de capital político, no constituía un destino tentador. Con posterioridad, estas personas son removidas, sin que exista consenso sobre los motivos de estos hechos. Para algunos trabajadores “al Director Provincial lo rajaron cuando vieron que le pagaba a personal contratado con plata de la caja chica”, un hecho “menor” que consideran que operó como “excusa” (Registro Observacional Nro. 49, 2021). Por su parte, otros trabajadores, al referir al desplazamiento posterior de quien entonces era director del instituto, Carlos, expresan que “le hicieron un golpe de Estado”, en el sentido de que las nuevas autoridades de la DPJPJ:

No lo querían tener cerca y por eso lo movieron del lugar en el que estaba, él fue una figura central en el proceso de conformación del Colectivo de Acompañantes. Muchas veces nos enfrentamos, pero veníamos de un tronco común. Era una persona con mucha legitimidad porque venía de carrera, una persona que dejó mucho para poder ser director. Es un desperdicio que esté trabajando en un lugar que no tiene nada que ver con lo penal juvenil, que es a donde terminó yéndose –de alguna manera– como castigo (Registro Observacional Nro. 50, 2022).

Las palabras de este trabajador son compartidas por otros de los acompañantes e integrantes del equipo profesional entrevistados, quienes –con mayor o menor cercanía a quien detentaba la dirección del instituto– expresan la legitimidad de esta persona para cumplir esa función, en base a venir “de carrera”. Por el contrario, la asunción de puestos jerárquicos por funcionarios “de gestión” –tanto en lo que respecta a la DPJPJ como al IRAR/CERPJ– es leída como un aspecto conflictivo por la totalidad de los trabajadores que entrevisté. El desconocimiento, el desinterés y la falta de experiencia en la tarea, provocan –desde sus perspectivas– la pérdida de control civil de la institución, ya que los directivos y funcionarios “hacen todo lo que les dice el SP” (Registro Observacional Nro. 47, 2021).

Iván, uno de los acompañantes juveniles, expresaba que:

La última transición entre la gestión anterior y la gestión actual fue un desastre. Y me parece que, en semejante institución, donde labura mucha gente, donde laburan muchos actores institucionales, donde tenés el personal civil, el SP, el área de salud, el ministerio de educación… un montón de cosas que vos tenés que articular muy aceitadamente, la transición fue prácticamente nula. Cayó gente nueva, a dirigir una institución con un completo desconocimiento pero zarpado… No son del palo ni a palos, y eso se fue expresando pero mal, digamos. Y cuando… es muy bravo, digamos, laburar ahí adentro. Cuando el servicio lo ve, lo detecta, avanza. Avanza, avanza, avanza en la toma de decisiones, avanza, avanza (…) Con esta última gestión las reuniones que teníamos eran prácticamente obsoletas. No servían de nada, porque no nos daban mucha pelota. Pero ni siquiera estábamos pidiendo cosas, o sea, venían, proponían cosas que iban a hacer y nosotros les decíamos, “por favor, no hagan esto. No hagan esto porque va a tener consecuencias”. Y así, todo lo hacían, y bueno y fue… creo que fue retrocediendo bastante en ese sentido, no sé si la institución, porque algunos retrocedieron, otros seguramente han avanzado (Entrevista Nro. 19, 2023).

En sus expresiones, Iván retoma ciertas cuestiones desplegadas previamente en este trabajo. Para él, para conducir una institución penal juvenil es necesario contar con cierta “destreza legítima” (Perelmiter, 2018) desde el área civil, compartir una comunidad moral, ser “del palo”, contar con un saber hacer brindado por la experiencia en este tipo de instituciones. Ser “de carrera” o “de gestión” aparece nuevamente como un aspecto que se tensa y se entronca con el predominio de lógicas de trabajo. La presencia de directivos que tienen, desde su perspectiva, un gran desconocimiento del campo penal juvenil implica, como contracara, el avance del SP en la imposición de líneas que garanticen la gobernabilidad intramuros. Sin embargo, como señala Iván, también existen requerimientos de parte de algunos trabajadores de la institución para garantizar esa otra forma de gobernabilidad: la de la tan mentada “lógica institucional” en la cual, pese a sus tensiones y contradicciones, se producía cierta transacción de los imperativos convivenciales y aquellos vinculados al control represivo. Un aletargamiento en la fuerza necesaria para esa pulseada, un cese en sostener los acuerdos conflictivamente establecidos, pone sobre la mesa que el sedimento de esta forma de estructuración de los lineamientos institucionales y sus procesos de trabajo es frágil, ante lo cual “algunos avanzan”.

¿Dónde se registran indicios de ese avance? Juana, una de las acompañantes juveniles, brindaba ciertas pistas para comprender las formas que los avances y retrocesos, las marchas y contramarchas en esa compleja transacción en las líneas gobierno del instituto adoptaban en la cotidianeidad del trabajo intramuros:

Mirá… nosotros llegamos a un punto en el que avanzamos, no tanto en las conquistas gremiales para los trabajadores, porque nuestros principales puntos nunca los ganamos, que era el ingreso de personal y algunos cambios en relación a los suplementos. Pero eso, acompañado con la discusión del alojamiento de los jóvenes, las condiciones, el hacinamiento, las condiciones de trabajo –porque no es lo mismo tener 40 jóvenes que 50– lo ibas pudiendo resolver en acuerdo con la Dirección. Eso cambió totalmente. O sea, a ver… Hoy el día de llamado de los jóvenes o de visita no se discute con el área de acompañantes juveniles, sino con el SP, ¡de cuál es el día que menos le molesta hacerlo al SP! Y eso que antes se discutía, el SP siempre luchó para tenerlo. Antes se iba a la reunión de coordinación, vos se la discutías, diciendo que no. Entonces la Dirección apelaba contra el SP, a favor nuestro. Ahora es al revés, en realidad. Define primero el SP y la Dirección se queda como ahí diciendo “nosotros tenemos que hacer lo que ellos decidan”. A veces con el debate podías decir que tal cosa no se hiciera, llamando por teléfono. Pero llegó un momento que cada vez eran menos los que estaban por teléfono del otro lado, o que se animaban a decir algo, porque después pasaba esto de que el SP te iba a buscar a alguna actividad, te caía encima (Entrevista Nro. 18, 2023).

Entre estos pedidos que son desoídos se encuentran directrices vinculadas al trabajo con los jóvenes, reglamentos convivenciales y parte de los principios que los trabajadores habían logrado construir como protocolos, formas de decisión y de negociación, como remarcaban Iván y Juana. Este caso omiso a ciertas observaciones y requerimientos por parte de los acompañantes no solo se produce por el avance del SP y el privilegio de este por parte de la nueva dirección, sino también porque muchos de ellos comienzan a sentirse amenazados ante posibles represalias. Entre ellas, ser buscados en actividades, que el SP “se les tire encima”, hasta formas más notorias de violencia laboral. En otras ocasiones, los trabajadores deslizan mayores posibilidades de construir acuerdos –por ejemplo, en torno a la disposición de espacios para actividades o la intercesión ante conflictos– con ciertos oficiales del SP que trabajan hace mucho tiempo en el instituto, que con el personal directivo. Es importante resaltar esta cuestión, ya que, dentro de este sector, si bien existe un peso corporativo de magnitud, también ocurren algunas líneas de fuga.

En una reunión virtual junto a diversos “actores externos” para conocer la situación del instituto y evaluar posibles acciones para el retorno de los talleres, Jaime daba cuenta de los pedidos desoídos por parte de las autoridades que asumen la nueva dirección, a partir del privilegio de las funciones penitenciarias y de ciertas titulaciones profesionales:

La directora que estuvo al principio era bien de la logia profesional. Y sacó 5 acompañantes que tenían algún título, incluso una compañera no recibida, a profesionales. Y a los acompañantes los denigró totalmente. El médico, contratado en negro, era la eminencia. Entonces todas las cuestiones del COVID protocolo, qué sé yo, la misma directora decía: “no, esto lo define Julián, el médico, que dejó un protocolo firmado”. Ella no se metía, directamente. Después, en la práctica, nadie lo controlaba: ni la directora, ni el médico, salvo a la mañana, que eso era porque había más gente. Ahora que la mina está de vice y está el nuevo director es todo “aguante Chacarita”. Es todo “dale que va” con los pibes, a algunos “pilotos” les autorizó a hacer entrar comida de McDonald´s… eso es un resumen (Registro Observacional Nro. 47, 2021).

Jaime presenta, en sus palabras, nuevas fragmentaciones que dan cuenta de tensiones entre sectores que defienden a la “logia profesional” y quienes sostienen el acompañamiento convivencial. Esto tiene implicancias no solo para la organización diaria de los procesos de trabajo en el instituto, en el cual se autorizan unilateralmente acciones que escapan al reglamento convivencial celosamente defendido en otros momentos (como el ingreso de comida de una cadena gastronómica), sino que también provocan que se jerarquice el protocolo construido por un profesional de la medicina, en lugar de ciertos acuerdos construidos por los trabajadores convivenciales.

Esto trae aparejado una serie de conflictos, los cuales Juana recuperaba a instancias de un taller sobre transformaciones laborales al que concurrió como representante de los trabajadores de la DPJPJ, destacando que algunas medidas de cuidado debieron “imponerlas de forma gremial”:

Todas las medidas que se tomaron en relación a la seguridad sanitaria de los trabajadores fueron medidas que las discutimos los trabajadores y que en muchos casos las tuvimos que imponer de forma gremial. Y así pasamos de trabajar en equipos completos a rotar para poder bajar la circulación. Primero íbamos de a 2. En el momento más alto de la pandemia empezamos a ir de a 1 y después volvimos a trabajar de a 2. Pero ya con el cambio de direcciones dentro de la institución y en el agrupamiento nuestro de justicia penal juvenil, que cambia también la Dirección Provincial, se empiezan a discutir otros temas en relación a la seguridad de los trabajadores, a la seguridad sanitaria. Esto se da en el marco de que se nos obliga a ir a todos los equipos completos y surge que un equipo en su totalidad se contagia, se tiene que aislar. Y pasamos una semana en la que, en el horario de este equipo, no hubo personal civil del área nuestra para garantizar los derechos de los jóvenes y hacer el contralor al SP. Y ahí volvimos a reflotar una propuesta que tuvimos casi al inicio de la pandemia, que era trabajar en burbujas, que los equipos se dividieran y así poder garantizar que –en el caso de que volviera a ocurrir un contagio, como habíamos pasado– hubiera una parte del equipo que pudiera cubrir esos horarios. Lo tuvimos que prácticamente imponer con notas gremiales para poder trabajar así.

Nosotros estábamos considerados como trabajadores esenciales antes de la pandemia, si bien eso no figura en ningún lado, porque bueno, al estar las 24 horas siempre tenía que haber un acompañante juvenil dentro de la institución. Con la pandemia lo que apareció o se profundizó es algo que ya veníamos denunciando desde lo gremial, que es la falta de personal civil para poder garantizar los derechos de los jóvenes están alojados en la institución (Registro Observacional Nro. 49, 2021).

El testimonio de Juana incorpora una serie de cuestiones a atender. Por un lado, da cuenta de las formas estratégicas de presentar las propuestas en torno a la organización de su labor que se ensayan, como la presentación en reuniones y la confección de notas gremiales. Pero, también, se evidencia el enlace entre el riesgo de sus vidas en términos biológicos (“se contagió todo un equipo”) y el riesgo de gobernabilidad de la institución (“no se pudo sostener la presencia civil”), como dos factores que habilitan a que la estrategia de la presentación gremial sea exitosa. Por otra parte, incorpora también una de las grandes demandas que los trabajadores civiles de los espacios de encierro de la DPJPJ tuvieron durante este período: el reconocimiento de su esencialidad.

Si bien podría existir acuerdo tácito en señalar que trabajar en una institución que aloja a adolescentes las 24 horas constituiría una tarea de las denominadas “esenciales”, la labor de los acompañantes juveniles fue definida bajo esta categoría recién en febrero del año 2021. Sin embargo, como fue señalado previamente, mientras que los integrantes del equipo profesional pudieron pasar a llevar a cabo tareas remotas, a excepción de dos trabajadoras que “eligieron” seguir yendo, en el caso de los acompañantes convivenciales –salvo quienes se encontraran licenciados por factores de comorbilidad o por cuidado de familiares– el trabajo que realizan implicó la presencialidad como atributo específico de la tarea durante todo el período de ASPO y DISPO.

Escarbar los cimientos de la esencialidad

¿Qué yace bajo la categoría de “esencialidad”? Lo importante aquí no es discutir si algunas ocupaciones fueron realmente esenciales o no, sino interrogar las formas en las cuales la condición de esencialidad se construyó, circuló y habilitó o dificultó procesos de reconocimiento y demanda en las experiencias de los trabajadores. Esto es, discutir las bases morales de la esencialidad, pero también sus dimensiones políticas.^[39]

Gustavo Lins Ribeiro (2021) introduce la idea de que, durante este período, se expresaron ciertas “confusiones clasificatorias y comportamentales”. El procesamiento de los eventos críticos vinculados a la enfermedad por COVID-19 produjo parte de estas “confusiones” pero –a la vez– los desiguales modos de vivenciarlos originaron interrogantes que permitieron problematizarlas. La esencialidad es un emergente de estas confusiones clasificatorias, de rápida instalación y naturalización. Una categoría con amplia capacidad productiva, que se tornó de uso público y cotidiano siguiendo el ritmo y la velocidad que alcanzaba el número de contagios.

En este sentido, si bien se instaló en términos prácticamente incuestionables, en su seno aparecen aspectos que fueron jerarquizados por sobre otros para construirla. Es importante distinguirlos, para poder comprender a la esencialidad como una categoría que existía previamente y que es reelaborada desde la urgencia durante la pandemia, delimitando un conjunto de tareas y funciones que se construyen como fundamentales para la continuidad de la vida social, mientras que otras no lo hacen.^[40]

La esencialidad, entonces, apareció como una categoría clasificatoria con gran poder de marcación. Podría pensarse que establecer límites entre ciertas clases de actividades torna a otras “prescindibles”. Sin embargo, rápidamente la esencialidad fue dotada de otros matices. Velozmente, este atributo se trasladó de las actividades a quienes las realizan. “Ser esencial”, en tiempos de pandemia y cuarentena, fue tanto contar con la capacidad de circular como también de encontrarse expuesto a una mayor posibilidad de contacto con el virus

Por otra parte, esta categoría se construyó como tal a partir de los términos propuestos por la biomedicina. En este sentido, replica la construcción que se llevó a cabo sobre la etiología de la enfermedad por COVID-19 y los criterios epidemiológicos para conocerla e intervenir sobre ella; pero también retoma consideraciones más vastas que se vinculan a la forma de construcción de las categorías de salud, enfermedad y atención, propuestas por el modelo médico hegemónico (Menéndez, 1988). No resulta azaroso, entonces, que la primera imagen que evoque sea la de los trabajadores de la salud, vinculados a la atención biomédica y con un fuerte cariz profesionalizante: primero los médicos, luego el sector enfermería, menos notoriamente el personal administrativo, los camilleros o el servicio social. Más difícil será reparar en los recolectores de residuos, los trasportistas, el personal de correos, las fuerzas de seguridad o las trabajadoras comunitarias encargadas de sostener comedores y merenderos en los barrios populares de diversos centros urbanos. Como aporta también la experiencia de los acompañantes, esto no necesariamente tiene que ver con el requerimiento de presencialidad de ciertas tareas, sino con aquello que es considerado imprescindible, insustituible, impostergable.

Sin embargo, en el mismo movimiento por el cual ciertas tareas son puestas en foco por la categoría de esencialidad, otras son ocultadas, produciéndose opacidades entre las cuales se gesta esa “otra” esencialidad, originada en las zonas grises de este concepto. Una esencialidad subterránea, menos visible, nunca puesta en primera plana. Una esencialidad que clama por un “también”, por ser incluida. Que se construye, sin embargo, espejándose, mirándose comparativamente con la esencialidad hegemónica, aquella que nuestro sentido invoca.

Al mismo tiempo, la esencialidad se asienta sobre sentidos morales que tienen efectos en quienes son englobados dentro de ella, estableciendo una serie de rasgos que convertirán a la persona en esencial. Esto implica el refuerzo de ciertos modos de ser y de obrar asociados a la tarea que hemos recorrido previamente: la postergación de las propias emociones, la bifurcación entre las improvisaciones creativas y el apego a la protocolización de las intervenciones como lugar seguro ante situaciones de riesgo, el establecimiento de jerarquías entre los trabajadores (y entre los trabajos). Además, cabe decir que se trata de una categoría que establece estas lógicas dentro de una idea del Estado con vicios de cierto formalismo, sin contemplar otras funciones en las que se producen formas de estatalidad, como la realizada en articulación con trabajadores de espacios populares y comunitarios.^[41]

De lo recorrido hasta aquí, hemos visto como las experiencias de los trabajadores combinan heroísmo, pero también inevitabilidad: “yo no tengo hijos, y para mí era más fácil poder estar”, “dábamos una mano entre los que estábamos” (Cecilia, Entrevista Nro. 23, 2023). Mixtura posiciones activas de respuesta, como la organización rápida para construir una forma de trabajo que implique la presencia de los trabajadores civiles, ante un posible escenario en el cual solo asistirían los guardias del SP; con cierto voluntarismo, por ejemplo, en las palabras de Adriana, al aludir que dos trabajadoras continuaron yendo “porque querían y podían” (Entrevista Nro. 26, 2023). Exhibe desconocimientos y opiniones encontradas en torno a las implicancias de la función, como el hecho de que algunos trabajadores plantean haber desconocido que la actividad “siempre fue esencial, porque abandonar la presencia civil significa un abandono de persona” (Iván, Entrevista Nro. 19, 2023); mientras que otros expresan haber “decidido” continuar trabajando. Implica estrategias adaptativas, el “irse acostumbrando” (Hernán, Entrevista Nro. 20, 2023), con disputas vinculadas a lógicas de merecimiento, como expresaba Jaime al manifestar que “si no nos vacunan iniciamos un paro sanitario” (Registro Observacional Nro. 47, 2021). Condensa orgullo por la tarea, “se laburó bien”; con temores en torno al contagio “veíamos situaciones de muertes y logramos que eso no sucediera” (Cecilia, Entrevista Nro. 23, 2023). Produce efectos de solidaridad y cuidado “lo hice pensando en mis compañeras”, pero también de malestar y sensación de soledad “a nosotros la pandemia nos dividió muchísimo, en el sentido de que los que quedamos asumimos muchísimas tareas. Y algunos pudieron tomarse licencia, pero los que nos quedamos sentimos que nos dejaron tirados” (ibíd.)

¿Qué ocurre, entonces, cuando el atributo de esencialidad no es reconocido? Felipe, quien en ese momento se desempeñaba como representante gremial expresaba que:

Fuimos esenciales para todo, menos para los derechos /risas/. Fue una locura, porque primero estuvo lo del cierre de Alvear, que nunca más lo pudimos volver a abrir. Después la Dirección quedó en stand by, menos el IRAR que quedó trabajando con burbujas, qué sé yo, pero con picos. Con los jueces bastante rescatados de no mandar tantos jóvenes, porque había hacinamiento y no había lugar para nada. Ya te digo, los compañeros del IRAR fueron recontra esenciales, mantuvieron el laburo. Eran esenciales para laburar y llevar a cabo la tarea, pero toda la cuestión de los trabajadores esenciales en cuanto a los bonos… eso de cobrar un poco más, nada, sin ninguna ventaja. Funcionó así: la Dirección estaba cerrada, funcionarios no había nadie, el IRAR funcionó con burbujas, hubo casos de compañeros y de pibes alojados. Pero se trabajó bien, se pudieron aislar, aunque fue mucho desgaste, difícil coordinar las cuestiones gremiales, había mucho enojo, ya que nosotros estábamos en la casa y ellos allí trabajando. Toda una situación tensa… pero la pasamos como la pasaron todos (Entrevista Nro. 24, 2023).

La esencialidad es un rasgo espeso: implica voluntad, sacrificio, desgaste, capacidad de improvisación y resolución. Pero también supone derechos que no son reconocidos, según expresa Felipe. En primer lugar, derecho a una retribución económica en forma de bonos que implicaran un complemento salarial para los trabajadores, quienes, en ocasiones en las que contaban con otro trabajo, habían tenido que suspenderlo. En segundo lugar, ya entrado el 2021, esos derechos hablan del orden de prioridad construido para establecer el esquema de inmunización de los trabajadores.

En la reunión virtual junto a “actores externos” que mencioné previamente, llevada a cabo en el mes de junio de 2021, uno de los acompañantes indicaba que –entre los reclamos gremiales que estaban intentando organizar en ese momento– se encontraba, principalmente, el de la posibilidad de ser vacunados:

Jaime: – A algunos compañeros les llegó el turno de vacunación por la edad antes de llegarle por ser esenciales… Si no nos vacunan el martes empezamos un nuevo paro sanitario hasta que nos vacunen.

Leda: – Me parece una locura que no los hayan vacunado todavía, si trabajaron durante toda la pandemia. A nosotros nos llegó hace rato el turno porque nos vacunaron con los docentes. Quisiéramos volver a dar el taller, pero porque estamos vacunados, por eso lo pienso. El cuidado queda muy a cargo de cada uno, no hay una cosa institucional… cuando estuvimos dando el taller no había ni alcohol, ¿me entendés? Nosotros llevamos alcohol, máscara, un montón de cosas, algunas nos la dieron desde educación. ¿Cómo puede ser que no los hayan vacunado?

J: – Es así, es terrible. Nomás están vacunados algunos compañeros… hay dos que son psicólogas que están vacunadas, pero es porque les llegó el turno por otro lado (Registro Observacional Nro. 47, 2021).

Como se expresa en este breve fragmento, la demora en los turnos de vacunación de los acompañantes fue ciertamente significativa, comparada con el orden de prioridad en el calendario de inmunización de otros “trabajadores esenciales”, los cuales para inicios del mes de mayo de 2021 ya contaban, al menos, con una primera dosis de la vacuna.^[42] Algunos trabajadores fueron vacunados al llegar el turno correspondiente a su cuota etaria. Otros, en base a su pertenencia a colectivos profesionales que desplegaron estrategias específicas para visibilizar su lugar en el esquema de vacunación.^[43] Por otro lado, en el caso de los talleristas, dependientes del Ministerio de Educación, accedieron también a la vacuna con anterioridad, ya que fueron vacunados junto a los docentes. “La vacuna” condensa diversos matices: aparece como una protección ante un lugar que no brinda garantía sanitaria, como un recurso a partir del cual disputar la vuelta a ciertos espacios ante las indefiniciones institucionales, y como un motivo de reclamo que aglomera malestar, descrédito y falta de reconocimiento por la función.

En este sentido, considerar el acceso a las vacunas como mirilla a través de la cual divisar lógicas de merecimiento es nodal. Si bien en la confección del esquema de inmunización aparece la priorización de ciertas personas en virtud del riesgo para su vida en términos biológicos que implicaría un posible curso de la enfermedad por COVID-19, en base a factores de comorbilidad; también estas lógicas aparecen vinculadas a la construcción de esa esencialidad hegemónica, siendo vacunados primeramente los trabajadores del sector salud, los trabajadores de las fuerzas de seguridad y los trabajadores que provenían de otras áreas de origen pero fueron destinados a tareas en operativos especiales. Por ello, la disputa por ser incluidos en el esquema de vacunación por parte de los acompañantes da cuenta de las formas en que esa “otra esencialidad” se configura. Conflicto que se expresó en paros sanitarios, como menciona Jaime, bajo la consigna “sin vacunas no hay trabajo esencial”, “penal juvenil en emergencia” y “sin cobrar no hay trabajo esencial”. A estas consignas se unía el reclamo por el pase a planta de 3 trabajadores, entre ellos el médico del IRAR/CERPJ, ante la escasez de personal, que ya era señalada como apremiante a comienzos del año 2020.

En los sentidos construidos sobre las experiencias de trabajo en pandemia aparecen algunos aspectos problemáticos, que no logran suturarse. Por una parte, ante la ausencia de claridad en las definiciones formales sobre la tarea, los trabajadores ensayan formas de llevarla a cabo. Si bien el acompañamiento 24 horas será tarea esencial, la decisión individual de cada trabajador de sostener la labor aparecerá primeramente como algo voluntario, algo que se decide otorgar y, posteriormente, como algo a sostener a partir de criterios que se encuentran en disputa y deben “imponerse” por notas gremiales. Estos aspectos reactualizan algunos rasgos críticos de las formas de vivir y significar las experiencias de los acompañantes, siempre mediando entre el reconocimiento de las características y orientaciones de su proceso de trabajo como “trabajadores estatales”, y los estertores de una práctica permeada por las nociones de militancia y artesanía. En este engarce es donde parecería ponerse en juego que sostener la labor en las condiciones en las que es llevada a cabo no es un acto exento de voluntad, es un plus que asumen al tener puesta “la camiseta de los derechos humanos”. ¿Qué efectos operan como límite a formas de subjetivación de las experiencias de trabajo en el encierro? O, dicho de otro modo, ¿hasta dónde militar es posible intramuros?

Dolors Comas D´Agemir (2017), quien explora los sentidos morales que permean a los trabajos del cuidado a partir de ligar la formulación maussiana a los estudios de género, sostiene que el don es un fenómeno paradójico, que condensa voluntad y obligación, altruismo e interés. Si bien no existe garantía de devolución,^[44] en el intervalo que media entre el don y su posible retribución diferida surgen emergentes de esa ambigüedad, tales como las expectativas de que ese retorno ocurra (p.19). Para algunas perspectivas, el acto de donar refuerza el capital simbólico que tiene quien dona, ya que recibe a cambio reconocimiento (Bourdieu, 1994). Sin embargo, para Comas D´Agemir (2017), debe resaltarse que el significado de los dones (en forma de trabajo, de servicio, de lealtad) pone en juego jerarquías entre las partes implicadas, ya que se inscriben en relaciones de poder que intersectan diversas formas de desigualdad. Como correlato, esto lleva a que ciertos sectores de la sociedad donen sin recibir devolución.

El señalamiento precedente es valioso, ya que permite divisar que –en ocasiones– lo que circula y se pone en juego (“lo que se da”) en algunos procesos de trabajo, que mixturan cuidado, acompañamiento y afectividad, comporta expectativas de retribución que no siempre siguen el curso de una relación salarial. Implican reconocimiento, el cual no está concedido per se, ya que el acto de haber dado y la mediación de un tiempo no bastan para recibirlo como devolución. También incide allí la posición en un sistema de relaciones de jerarquía y lógicas de merecimiento en el cual esa devolución se ubique como algo que es posible que ocurra.

El desconcierto de Leda al señalarle a Jaime que no logra comprender que los acompañantes no hayan sido vacunados “si trabajaron toda la pandemia”, supone una dimensión más de la esencialidad que la enlaza a las lógicas de merecimiento. Bajo esta idea, se entraman retribución, reconocimiento y prioridad ante la tarea que se encontraban realizando, en momentos que aún expresaban picos de contagio. Así, en la práctica de este y otros espacios de trabajo, existió el deslizamiento hacia hipótesis que consideraban que –al advenir la posibilidad de vacunación– quienes trabajaron de manera presencial durante el año 2020 serían inmunizados primero. Como vemos, esto no ocurrió de este modo. El privilegio de algunas formas de esencialidad por sobre otras –que se expresó en el otorgamiento de complementos salariales o en el pronto acceso a la vacunación– da cuenta de los criterios de priorización de ciertas vidas y ciertas tareas, así como de la capacidad de disputa de ciertos colectivos. En la situación que analizo, ese privilegio y sus expresiones se cimientan en construcciones sostenidas previamente, que estriban en la posición del instituto como lugar abyecto para el conjunto social, muy lejano al de algo prioritario, impostergable y esencial. También inciden allí los propios sentidos otorgados a la tarea por parte de los trabajadores, y el significativo proceso de desgaste y malestar personal, pero también gremial, presente en este espacio en el momento señalado.

V. Bosquejos de la pospandemia: entre la “guardia mínima sostenida en el tiempo” y “el silencio de los cementerios”

A modo de cierre, cabe deslizar algunos emergentes y líneas de interpretación posible del escenario en el que se desenvuelven las experiencias de los trabajadores de la justicia penal juvenil santafesina durante la pospandemia.

Como fue señalado, ante los desconciertos e incertidumbres que signaron el inicio de la pandemia, no solo vinculados a la circulación del virus, el riesgo de vida y las posibilidades de contagio, sino también a un traspaso de gestión por algunos momentos vacilante y, por otros, estrepitoso, los trabajadores intentaron sostener sus prácticas de trabajo, construyendo protocolos y formas de intervención particulares. A la vez, lidiando con las formas en las que podían ocurrir los contagios, reorientaron los procesos de cuidado entre compañeros de trabajo y hacia los adolescentes alojados. En un primer momento, los trabajadores contaron con relativa autonomía para apegarse o desobedecer a ciertas normativas rígidas que consideraban poco propicias para su labor en el contexto carcelario, inventando formas de abordar la contención social y sanitaria que se vivía en esta institución. En un segundo momento, debieron defender e imponer estas invenciones a partir de estrategias gremiales, frente a la transformación en las transacciones construidas previamente con un SP que avanzaba sobre sus funciones, legitimado por una nueva gestión con escasa o nula trayectoria en el campo penal juvenil.

Simultáneamente, en la institución se solapó el fenómeno de sobrepoblación carcelaria, con el agudizamiento de la reducción del número de trabajadores civiles. Este retraimiento estuvo asociado a los procesos de malestar y desgaste que fueron descriptos en el capítulo 4, los cuales se recrudecieron en el escenario de la pandemia, sin que se brindaran respuestas al reclamo de contar con mayor personal, sostenido tanto por parte de los trabajadores como visibilizado en los informes de monitoreo del organismo de contralor (Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, 2021).

Pese a esto, la presencia de los acompañantes durante las 24 horas en la institución fue sostenida, experimentada en términos de esencialidad para quienes realizaban esta tarea. Se trató, sin embargo, de “otros esenciales”, no reconocidos en manifestaciones públicas oficiales, en aplausos, en complementos salariales ni en acceso prioritario a los turnos de inmunización.

Al intentar caracterizar cómo es su labor en la actualidad, uno de los trabajadores decía que se asemeja a “una guardia mínima sostenida en el tiempo”:

Al estar totalmente lleno el lugar, porque hay 50 pibes, vos no podés hacer ningún cambio, porque están todos los sectores completos. Entonces no tenés margen de error. Y, bueno, después la organización del laburo cambió porque no hay acompañantes, la convivencia no se labura prácticamente. O sea, se labura, pero lo mínimo y necesario, porque no hay forma de trabajarla. Los pibes también lamentablemente se acostumbraron a eso, antes capaz que exigían salir al campo todos los días, hoy si salen una vez a la semana es demasiado, pero no se quejan porque saben que no hay forma de…. O sea, se hace lo que antes era una guardia mínima: repartir la merienda, repartir la cena, el desayuno, el almuerzo y estar atentos, si pasa algo, estar ahí. No se hace nada más que lo mínimo. Después si pasa algo, a lo mejor entrevistar a los pibes de a uno. Si hay un ingreso, un acompañante entrevista y el otro se queda afuera. Pero es como una guardia mínima, pero sostenida en el tiempo, porque a veces hay una sola persona, ni siquiera 2. Entonces sí, no se hace nada… Bah, se hace la guardia mínima.

Y la dirección… Hacen lo que quieren, o sea, lo que quieren los pibes y los trabajadores también. Si vos no ponés un orden, viste, nadie labura (Jaime, Entrevista Nro. 11, 2022).

Esta idea de “lo mínimo” –para Jaime, quien lleva numerosos años de trabajo en la institución– se asemeja bastante a “hacer nada”. Este “hacer nada” no aparece ligado a una situación de desafección con la labor entre los trabajadores que aún se desempeñan en la institución, la cual se señala para quienes no concurren a trabajar. Por el contrario, la idea de que lo mínimo es aquello que prevalece parecería estar vinculada a un trabajo en el cual la asistencia básica comienza a ser la norma, los encuentros cara a cara con los jóvenes se restringen a momentos acotados o a situaciones de urgencia, y los aspectos convivenciales no son elaborados como centro de la tarea. Antes bien, las directivas responden a una suerte de escenario en el cual la terceridad de los acompañantes se desdibuja: las transacciones parecen suscitarse entre los adolescentes y el SP. Felipe, otro de los trabajadores, trazaba las semejanzas entre este escenario y las formas de gobernabilidad existentes en las instituciones penitenciarias para adultos:

Vos te das cuenta que [los funcionarios de la gestión perottista] son paracaidistas que vienen a cumplir la tarea de que no se les prenda fuego todo, sacan la fotito, y se le ofrece después otro cargo. No les interesa la problemática, quedan ahí como diciendo “bueno, vine acá porque no tenían otro lugar para mandarme, soy abogado”. Como si ser abogado tuviera que ver con una visión más piola de trabajar con los jóvenes, al contrario. (…) Yo creo que entraron como “yo tengo que ordenar esto, los trabajadores están mal psicológicamente, los vamos a reemplazar y que los pibes cumplan con lo que dice el juez” y chau… que no se les prenda fuego la institución. Para eso necesitaban delegados más dóciles, fue todo… para eso tenían que corrernos del medio a nosotros, para poder mantener la institución así, como el silencio de los cementerios. (…) Hoy en IRAR la figura del acompañante juvenil prácticamente no existe, quedó reducida a una simple asistencia de a ratos, de cuestiones básicas como el agua. Está todo sin la vejación de derechos que había antes, pero todo hegemonizado por la lógica del SP, con la asistencia central del equipo profesional. No es una crítica, pero es como funciona una cárcel de adultos. Está el penitenciario que te asiste, y ves al psicólogo o trabajador social una vez por semana, además de algún tallercito. Se cambia la lógica de la convivencia permanente (Entrevista Nro. 24, 2023).

Ordenar esta “institución caliente”, evitar que “se prenda fuego”, en los términos que la gestión sostiene, evoca para Felipe una de las imágenes popularmente asociadas a las cárceles de adultos: la “tumba”. En este sentido, transformar la institución en una tumba, mantenerla “como el silencio de los cementerios”, requiere de una serie de operaciones que se asientan en un proceso de erosión del colectivo de trabajadores más amplio y profundo, en un cese de los proyectos progresistas para los espacios penitenciarios, y en el retraimiento y transformación de las facciones que detentaba la conducción gremial. Así, ante un escenario en el cual algunos trabajadores “se queman”, pidiendo licencias, trasladándose o renunciando, se responde sin reemplazarlos por otros trabajadores civiles, sino reforzando que ese relevo sea tomado como tarea por el personal penitenciario. A la par, es importante señalar que las situaciones desatadas en el ámbito laboral, ante las cuales en numerosas oportunidades se decide tramitar una licencia, se abordan produciendo luego una reubicación del trabajador en otra dependencia, en lugar de trabajar institucionalmente sobre los factores que posibilitaron que ocurrieran esos hechos. Por otro lado, la “oleada progresista” resonante en otros momentos de las instituciones penitenciarias santafesinas, poco tiene que ver con los momentos actuales. Es significativo, al respecto, que aquellas instituciones emblemas de estos proyectos, como los ESPA, hayan sido cerrados y jamás vueltos a abrir posteriormente. Juana manifestaba que “materialmente y políticamente, ideológicamente y teóricamente, todo indica que lo que viene en la provincia va a ser peor que lo que tenemos ahora. Entonces no me sorprendería que en los próximos años el CERPJ tenga segundo piso” (Entrevista Nro. 18, 2023). Esta identificación de las futuras gestiones provinciales con algo “peor” se vinculan al hecho de que –al momento de realizar la entrevista– existían grandes posibilidades de que la alianza “Unidos para cambiar Santa Fe”, conformada por el FPCyS, la UCR y el PRO, saliera victoriosa en los comicios del año 2023, como ocurrió finalmente.^[45]

Sin embargo, asociar la gobernabilidad del IRAR/CERPJ únicamente a un signo político sería un error. Se vincula a modos de construir un procesamiento sociocultural de las edades y los castigos que atraviesa a diferentes sectores de la sociedad y, por ende, a diversos espacios partidarios. En este sentido, Felipe aludía a que, para construir una forma de trabajo institucional en la cual la función convivencial se retraiga y se construya un esquema más cercano al de una cárcel de adultos (con “el penitenciario que te asiste, ves al psicólogo o trabajador social una vez por semana, además de algún tallercito”), fue necesaria otra transformación. Así, refiere a que la gestión peronista, “necesitaban delegados más dóciles”. Debido a ello, fue importante el despliegue realizado para que fueran electas delegadas 2 personas identificadas con el espacio de ATE Santa Fe. Las cuales, transcurrido un tiempo, dejaron de realizar esta función. Este cambio de conducción no se debió únicamente a la alianza entre este espacio y el gobierno provincial, sino que estuvo ligado a otros procesos. La actividad del gremio en términos de ser un lugar al que acudir a “hacer catarsis” o a “poner a trabajar interrogantes” se retrajo cada vez más, ya que resultó imperioso ‒también allí‒ abocarse a “lo mínimo”: defender las condiciones de vida y de trabajo durante la pandemia. Por otra parte, tuvieron incidencia las divisiones, enojos y desgastes que la organización gremial representada por ATE Rosario tuvo en el último período en el que realicé trabajo de campo, como expresaban algunos trabajadores.

Paul B. Preciado (2020) sostiene que la pandemia intensifica y materializa formas sociales previas de olvido y de reconocimiento. Se trata de grafías pertinaces, que se refuerzan y reactualizan, exponiendo los modos en que hemos construido lo amenazante, lo que atemoriza, lo legítimo, lo imprescindible, así como las respuestas políticas que hemos inventando para su abordaje. En este sentido, antes que aportar algo nuevo, la pandemia se apalanca y adquiere proyección a partir de lo que ya estaba allí, afirmando tendencias previas.

Este breve repaso por lo desarrollado a lo largo del capítulo permite ver que las experiencias de trabajo y vida de los acompañantes durante la pandemia se encontraron atravesadas por procesos que las surcaban previamente: la escasez de personal fruto del pedido de licencias, traslados y renuncias, la pérdida de centralidad de la función convivencial, el avance de la función del SP, el retraimiento de las instancias de organización gremial y el cambio de signo en la conducción del gremio, el retroceso de proyectos identificados con “oleadas progresistas”, a la par que la justificación de las intervenciones en los ámbitos carcelarios en base al “perfil” de las personas privadas de su libertad.

En este sentido, las vivencias durante la pandemia se encuentran marcadas por desigualdades previas, que se reactualizan y refuerzan. Atendiendo a esta interpretación, el escenario crítico en el que se encuentran los trabajadores del IRAR/CERPJ a la salida de la pandemia se entronca en un proceso de crisis paulatina, de erosión extendida, en el cual las transformaciones que este período supuso actuaron como catalizador. En este espacio laboral, parece ocurrir menos una modificación abrupta de las condiciones de trabajo, que una intensificación de ciertas tensiones y violencias que ya lo atravesaban previamente.

Maurice Blanchot (2012) plantea que lo mínimo, en ocasiones, tiene el peso de lo decisivo. A partir del proceso elaborado hasta aquí, resuena aún como interrogante si en el intersticio en el que ocurre lo “mínimo que se sostiene en el tiempo” podrán gestarse fuerzas que configuren nuevas invenciones para “acompañar en el encierro”. Hilos de voz o susurros tenaces que revienten el “silencio de los cementerios”.

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