El debate económico de las divisas ^[1]

Con esta situación, pueden hallarse algunas diferencias en el bloque hegemónico colombiano, por lo cual revisamos algunos autores que estudian la confrontación en los intereses por el manejo de las divisas. Ciertamente en el sector de importadores y exportadores se presentó un “choque de fuerzas entre los grupos económicos poderosos” (DURAN, 2008, pág. 84).

Los debates que tuvieron lugar en el Gobierno de Mariano Ospina Pérez tienen la posibilidad de evidenciar las posiciones de las clases dominantes colombianas y vislumbrar el peso que representan en el bloque hegemónico. Es claro que estos grupos actuaron con gran capacidad desde el Fondo Nacional de Cafeteros-FNC, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)^[2], y que a partir de la revisión de los debates y toma de decisiones en materia económica pueden resultar tesis divergentes.

La tesis de Saénz Rovner (2002) podría sintetizarse así, en Colombia predominó durante los Gobiernos conservadores de Ospina Pérez y Gómez un modelo económico “corporativo, interventor en lo monetario y productivo”; versus la tesis de Kalmanovitz (2000) quien estudió el modelo económico conservador ‘antiliberal’, señalando que “se trata de un sistema lejano a la democracia liberal: predominio del ejecutivo y debilidad tanto del legislativo como del judicial”^[3].

Es claro que hay una controversia entre estos autores en términos de la fórmula sostenida en Colombia de liberalismo económico y conservadurismo político. La posición de Gabriel Misas Arango (2021), parte de hacer entender que fue un modelo económico liberal intervencionista, la intervención del Estado que produjeron los Gobiernos liberales (1930-1946) continuó en el Gobierno conservador de Ospina Pérez (1946-1950), aún con las modificaciones realizadas en la Reforma Arancelaria que modificó el tipo de arancel, pasando de un arancel avalore (X% sobre el valor total de la mercancía) a un arancel combinado en 1951.

Los debates del proteccionismo o librecambismo no tuvieron un sustento real durante el periodo estudiado, variaron las posiciones de liberales y conservadores de acuerdo con los intereses económicos particulares. El proteccionismo liberal consistió en el mantenimiento de la balanza de pagos, fue un liberalismo económico a favor de los ingresos de los capitalistas.

Igualmente, es necesario tener en cuenta el impacto de la economía de guerra, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), periodo en el cual es muy complejo establecer las diferencias de Sáenz Rovner o Kalmanovitz, en la división tajante de los industriales contra los empresarios agrícolas. Lo que aconteció entre 1946 y 1953 fue una conversión de empresarios agrícolas hacia la acumulación capitalista del campo, una “revolución pasiva en la agricultura”^[4].

El debate que se presentaba en el Gobierno de Ospina Pérez, es necesario profundizarlo en el papel que jugó el Fondo de Estabilización de la Federación Nacional de Cafeteros-FNC. Primero entendiendo el papel de la FNC en la política cambiaria colombiana^[5], y luego, comprendiendo cuales eran las diferencias con el sector industrial (ANDI) y el sector comercial (FENALCO)^[6].

Fue claro que en el Banco de la República los asuntos del Fondo Internacional de Estabilización no fueron gratamente estudiados, sino impuestos desde la legislación que tramitó el poder ejecutivo por medio de refrendación en el Congreso. Los intereses nacionales que se vieron afectados por estas decisiones fueron múltiples, si bien en Colombia hasta los años cincuenta dominaba el Fondo Nacional del Café en la posesión de divisas, había unos mínimos a pactar con la banca central en términos de los beneficios o riesgos de una devaluación, o del incremento o disminución de unas tarifas arancelarias.

La Federación Nacional de Cafeteros-FNC fue creada en 1927, tras los acuerdos pactados en el Congreso Nacional de Cafeteros, el Congreso de la República decretó su creación con la Ley 76 de 1927^[7], en el Gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez (1926-1930). En 1928, entraba en vigor lo indicado en la Ley, con la elaboración del contrato entre el Gobierno y la FNC, en el cual se fijó que el impuesto de exportación del café colombiano sería administrado por la FNC para los fines de su funcionamiento^[8].

Los primeros años de la Federación Nacional de Cafeteros-FNC funcionaría bajo una figura de Junta Directiva, y en el Congreso que presidiera Enrique Olaya Herrera en 1930, sería nombrado Mariano Ospina Pérez como director general hasta 1934. La primera medida de presión que realizaría la FNC en cabeza de su director fue precisamente la definición de la política monetaria colombiana, solicitando un aumento en el tipo de cambio para favorecer los precios del café ante los desajustes que aún padecían, producto de la crisis mundial de 1929 (DURAN, 2008, pág. 91).

Ospina Pérez tenía lazos y compromisos estrechos con la FNC, las diferencias con Laureano Gómez y el sector industrial, marcaron los conflictos de las fracciones de clases dominantes al interior del bloque hegemónico colombiano. La preocupación por los intereses del sector agrario en la economía colombiana controvertía con el impulso a la industria nacional que forjaba su copartidario, además ligaba a Ospina Pérez con los mismos intereses de los expresidentes liberales, en especial con las relaciones que tuvo Eduardo Santos con la FNC^[9].

El parte del modelo económico sostenido en el periodo de Gobierno de Ospina Pérez según Duran (2008) dejó un

desempeño económico bastante satisfactorio: el precio internacional del café estuvo a niveles históricamente elevados, la tasa de crecimiento del producto interno bruto fue favorable y la industria creció a ritmos acelerados aunque se advertía un creciente proceso de revaluación e inflación (DURAN, 2008, pág. 93).

El papel decisorio de la FNC en la política monetaria estuvo vigente hasta los años cincuenta, con los préstamos del FMI y el BM, Colombia entraría a otro periodo de manejo de divisas en el cual no tendría la FNC la misma incidencia en las definiciones del tipo de cambio, aun así, la administración del FoNC le permitió sortear las alzas y bajas de la balanza de pagos a favor de los precios del café. En términos del ministro de Hacienda de Ospina Pérez, los cafeteros solicitaron “una tasa alta de cambio para el estímulo de sus actividades, con el muy valioso argumento de que la paridad debe reflejar en cada instante el verdadero poder de cambio del peso colombiano” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 192).

De esta manera, se conducía el régimen de importaciones y la política cambiaria colombiana hasta las variables que entraron en la tendencia de la balanza de pagos de la década de los años setenta^[10]. Seguirá pendiente un estudio de los manejos del “sistema de cambios múltiples”, entendiendo que desde 1948 fue creado “el certificado de cambio para determinadas exportaciones” (JARAMILLO OCAMPO H. , 1980, pág. 192), previendo que desde estos tiempos las casas de cambio proliferaron en su trabajo de especulación.

Aparatos político-económicos y militares

Evadir este problema es negar la realidad. Los asuntos político-económicos que se debatieron durante el periodo de posguerra marcaron la política de cooperación internacional de Colombia en asuntos militares hasta lo corrido del siglo XXI. Prieto Ruíz (2013) puso la situación de la ‘política de liberalismo económico’ y de los acuerdos de cooperación militar del Gobierno colombiano y el Gobierno norteamericano en los siguientes términos,

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se consolidó como la primera potencia económica y militar del mundo, gracias a que pudo conservar su aparato productivo inmune a los destrozos de la guerra, con una industria y un sector agrícola con altos niveles de producción y en expansión. Por ello este país impulsó en la posguerra una política de librecambio para abrir los mercados a sus productos e inversionistas, y para mantener y ampliar las fuentes de materias primas que su industria necesitaba (PRIETO RUÍZ, 2013, pág. 36).

Los aparatos militares y los aparatos productivos se unieron en este propósito, aceleración de la industria pesada en los países devastados por la guerra y en los países que financiaron la reconstrucción de las ruinas. A su vez, se comprometieron en garantizar en los países periféricos la exportación de las materias primas necesarias para la aceleración industrial, como para garantizar la importación de las mercancías que fabricaran.

Con una condicionante ideológica, Estados Unidos financió la reconstrucción de Europa con el mismo ímpetu con el que impuso la Doctrina anticomunista. Marshall había dejado muy claro el mandato de la ‘Doctrina Truman’ en la Conferencia Panamericana “el comunismo era un agente extranjero «incompatible con la libertad americana y con la dignidad del individuo» (BRAUN, 2008, pág. 373).

Estas fueron las declaraciones finales de la Organización de Estados Americanos-OEA, la unión americana en contra de los comunistas. Los colombianos en el Gobierno se unieron con sospechadas implicaciones a esta doctrina con el propósito de “mejorar la formación y modernización de sus fuerzas armadas” (PRIETO RUÍZ, 2013, pág. 36).

La bipolaridad del mundo entre las potencias que pactaron el fin de la guerra contra el nazismo y el fascismo sería el escenario del capitalismo de libre comercio regido por Estados Unidos y acordado con todos los países aliados, en contraposición a la vía del socialismo que ejerció la contraparte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-URSS.

La doctrina fue contra el comunismo y la persecución política fue contra los comunistas del mundo. El continente americano tuvo que tomar Partido luego del ataque de Japón a Peal Harbor, la agresión al territorio estadounidense acabó con la neutralidad continental. Desde entonces, hasta la Argentina tres años después tuvo que declararse a favor de la unidad panamericana^[11].

La política de liberalismo económico en los Gobiernos conservadores tuvo diferencias con los Tratados de Comercio acordados entre 1933 y 1936, con los Gobiernos liberales de Olaya Herrera y López Pumarejo. Según Ocampo T. (2009) en el Gobierno de López se habían firmado unos acuerdos en contravía del ‘interés nacional’ para favorecer “la liberación del comercio de mercancías, servicios y capitales” (OCAMPO T., 2009, pág. 1).

El Tratado en cuestión paso su aprobación con la Ley 74 del 14 de abril de 1936 que concibió en la legislación colombiana el “Convenio comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, firmado en Washington por los Plenipotenciarios de ambos países el 13 de septiembre de 1935” (LEY 74, 1936).

La aclaración que aporta Prieto Ruíz (2013) en específico nos da un panorama en dos aspectos, los préstamos internacionales de Colombia no iniciaron a partir del FMI y el BM, existe un largo historial de préstamos externos. El periodo 1946-1953 es muy propicio, son los Gobiernos de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, en los cuales ciertamente se reabrió el portafolio familiar de relaciones con los Estados Unidos que venía en suspenso desde los tiempos de la Regeneración Conservadora, 1886-1930.

El Convenio Comercial de 1935 estuvo vigente hasta 1949, cuando Mariano Ospina Pérez lo dio por terminado, luego de enviar una delegación a la “segunda ronda de negociaciones comerciales” del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la cual tuvo lugar en Annecy, Francia. Estas conversaciones internacionales se dieron luego del Acta final de la “Carta de La Habana”, producto de la convocatoria que en 1946 realizó las Naciones Unidas para conformar la Organización Internacional de Comercio (OMC, 1998). Según las memorias del Ministerio de Hacienda, unos delegados colombianos solicitaron la renegociación del Estatuto Arancelario colombiano con Estados Unidos^[12], logrando dar por terminada la vigencia del Acuerdo Comercial de 1936.

Los nuevos convenios comerciales quedaron condicionados a la firma de unos acuerdos de cooperación militar en sintonía con el “sistema de seguridad hemisférica” que en Colombia consistiría en la “firma de un acuerdo militar bilateral que pretendía poner a las Fuerzas Militares colombianas bajo la órbita estadounidense, a cambio de su modernización, dotación y formación” (PRIETO RUÍZ, 2013, pág. 37).

En términos comerciales, se definió un nuevo Arancel de Aduanas con el Decreto 2218, que dejaba destituido el ‘impuesto de giros’ del Decreto 1952, y se agregó el nuevo Estatuto de Capitales con el Decreto 1625^[13]. De los acuerdos militares, cabe señalar que

[el] 17 de marzo de 1942, Colombia firmó un acuerdo por 16,5 millones de dólares en asistencia militar por el Programa de Préstamo y Arriendo [… el cual consistió en proveer de armamento a…] Gran Bretaña, la URSS, China, Francia, Brasil, Colombia y otros países aliados” (LUZZANI, 2012, pág. 85).

Durante el Gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) y a finales del Gobierno Franklin D. Roosevelt (1933-1945), se planificó la extensión de bases militares estadounidenses fuera de sus territorios, cobrando la asistencia de armas con el alquiler de tierras para la permanencia o tránsito de sus agentes militares^[14].

Es posible en estos asuntos, recordar que el propósito de la Doctrina Monroe en 1823 era precisamente direccionar los lineamientos militares desde los Estados Unidos hacia todo el continente americano. Al caso de 1942, los acuerdos fueron mucho más allá, según la investigación de Galvis & Donadio (1986) la defensa del Canal de Panamá implicó pactar una serie de estrategias no asumidas en documento público.

Ante la presión de Alemania en la costa Caribe por el derribamiento de barcos petroleros y de comercio hacia Estados Unidos, el Istmo de Panamá resultaba un punto geoestratégico para el combate desatado contra el continente, luego de la bomba que envió Japón al norte. Entre las condiciones que pidió el Departamento de Estado a los países americanos, estuvo la de enviar un delegado militar con capacidad de tomar decisiones sin consultar a sus jefes de Estado. Santos envió al general Pablo Emilio López a Panamá para autorizar el ingreso oficial, «en caso de que las Fuerzas Armadas norteamericanas tengan que entrar en territorio colombiano, o sobrevolarlo, o navegar en aguas colombianas» [Nota: Lane a Hull, abril 30 de 1942, 810.20 Defense/2581, RG 59, NA]” (GALVIS & DONADIO, 1986, pág. 75).

Finalizado el Gobierno de Santos^[15], estos pactos de palabra o ‘«pacto de caballeros»’ tuvieron que ser sucedidos con la asunción de la segunda presidencia de López Pumarejo (1942-1945) y el embajador norteamericano Arthur Bliss Lane, en términos de “tratar sobre el «acuerdo verbal existente con el presidente Santos sobre la entrada de fuerzas armadas norteamericanas a territorio colombiano en caso de emergencia»” (GALVIS & DONADIO, 1986, pág. 83).

López Pumarejo fue invitado a la Casa Blanca, previa su posesión del 7 de agosto de 1942. Asistió a la zona del Canal el 2 de julio, junto a una delegación entre las que se encontraba Jorge Soto del Corral^[16]. Posteriormente viajó a Washington y a Nueva York para finalizar los acuerdos, sin filtración de los verdaderos motivos de su viaje en la prensa nacional.

Entre agosto y septiembre de 1942 se ratificaron en el Congreso de la República los acuerdos inconstitucionales que había pactado el expresidente Eduardo Santos. López Pumarejo sin brindar la información completa expuso a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el acuerdo de Cooperación Militar, en el cual Colombia otorgó licencia de operación en su territorio, concediendo una base naval colombiana al funcionamiento de militares norteamericanos^[17].

Al conocerse el debate político en la prensa nacional, el avance de estos acuerdos otorgó por cuenta de los conservadores, unos titulares donde reducían a los colombianos al rol de «celadores del Canal de Panamá». El Gobierno norteamericano estaba poniendo al ejército colombiano la misión de defender sus intereses, luego de haber ultrajado la soberanía colombiana y robado el Canal en 1903.

Además, Colombia tuvo que solicitar financiación por medio del acuerdo de cooperación militar de ‘Préstamo y Arriendo’, para el entrenamiento y la compra de equipos militares con el fin de garantizar la custodia al Istmo de Panamá. Diría Laureano Gómez: “«primero nos quitan el Canal y ahora tenemos que pagar para defenderlo»” (GALVIS & DONADIO, 1986, pág. 305).

La defensa de Spruille Braden^[18], para el otorgamiento de los “16 millones de dólares […] aprobados dentro del acuerdo de Préstamo y Arriendo” (GALVIS & DONADIO, 1986, pág. 307), llevaba consigo todo un historial de informes de inteligencia militar enviados por la embajada estadounidense al Departamento de Estado norteamericano, sobre el comportamiento de las Fuerzas Militares de Colombia. El minucioso espionaje que realizaron los agentes norteamericanos durante la política del “Buen Vecino”, develó la influencia del nazismo en los altos rangos militares colombianos^[19].

La política de ‘Buen Vecino’ desarrollada en Colombia, contrariaba aspectos que Estados Unidos venía ejerciendo con mayor coerción en los países de Centroamérica^[20]. La libertad de prensa ejercida por los conservadores no podía atacarse desde el Gobierno liberal de Eduardo Santos, tampoco fue posible censurarle a Laureano Gómez su antiimperialismo norteamericano a favor del nazi-fascismo en el segundo Gobierno de Alfonso López Pumarejo. La única manera fue condicionar al conservadurismo a las políticas de cooperación norteamericana una vez asumieron el poder con Mariano Ospina Pérez, y aún más, con el propio Gómez.

Al terminarse la Segunda Guerra Mundial en 1945, impusieron un nuevo orden internacional. La constitución de las Naciones Unidas tuvo el rol de direccionar a los países de occidente en los intereses de la ‘democracia’ y la ‘libertad’. En Colombia, ocurrieron hechos particulares en tal direccionamiento, el 14 de julio de 1950 el secretario general de las Naciones Unidas solicitó a los Gobiernos integrantes el “apoyo militar con el fin de repeler la agresión contra Corea del Sur, [y] el Gobierno de Ospina Pérez aceptó el 28 de julio participar militarmente en ese conflicto” (PRIETO RUÍZ, 2013, pág. 45).

Previó a estos hechos, Colombia soportaba un intento de Golpe de Estado contra Alfonso López Pumarejo. Dos versiones contrapuestas se hallan frente a tales acontecimientos, las cuales dan cuenta de las múltiples documentaciones respecto a un mismo hecho histórico. Las que referimos a continuación, son adicionales al propio relato del expresidente y su hijo, con quien paso la retención en el departamento de Nariño.

La primera versión, controvertida de por sí, es la de Antonio García Nossa^[21]. Un año antes de definirse la guerra, se creó un movimiento socialista denominado “la Liga de Acción Política”. En 1944, el mismo año del Golpe en Pasto, la LAP lanzó el Manifiesto ante el presente y el porvenir de Colombia. En el cual se dejaban consignadas sus posiciones de querer conformar una “organización autónoma de una izquierda nacional” (GARCÍA NOSSA, 1983, págs. 249-250) constituida bajo la concepción de “una fuerza autónoma de izquierda, independiente” (Ibid.) y con el fin último de conseguir por medio de reformas “una nación efectivamente dueña de sus destinos y capaz de satisfacer sus necesidades vitales” (Ibid.).

Los análisis que arroja García Nossa (1983) conjeturaran que la conducción de militares gaitanistas y simpatizantes del socialismo habían conducido al alzamiento en armas contra López Pumarejo. Sus observaciones respecto a las Fuerzas Militares de la época develan un síndrome de simpatía por el aparato represivo del Estado colombiano:

La mayoría del país no sabe qué era el ejército de 1944. Voy a decirlo: era un ejército que, en sus estados mayores, estaba animado de un anhelo de transformación revolucionaria de la nación, poniéndola en condiciones de subsistir dignamente en la posguerra (GARCÍA NOSSA, 1983, pág. 251).

Puede ser posible que García Nossa^[22] no sabía que desde 1939 ya se habían firmado acuerdos de Cooperación Militar entre el Gobierno colombiano y el norteamericano para el entrenamiento de tal ejército, y más aún, que la inteligencia militar norteamericana tenía muy clara la influencia del nazismo en los mandos militares colombianos.

De la posición que favorece a la Fuerza Pública, se tiene también que las fracciones socialistas sostenían una constante crítica hacia el Partido Comunista Colombiano. En el punto de partida que plantea García Nossa (1983) respecto a la posición de los comunistas en América Latina finalizada la Segunda Guerra Mundial, esta su juicio contra la inclinación del Partido Comunista de Colombia ante las tesis de la “coexistencia pacífica del capitalismo y el comunismo” expuestas por Earl Browder, secretario general del Partido Comunista de los Estados Unidos-CPUSA (1932-1945).

Las acusaciones son múltiples, refiere también que “[e]n los periódicos comunistas de la época, fueron señalados el socialismo y el gaitanismo como fascistas” (GARCÍA NOSSA, 1983, pág. 241). Se entiende que en 1924 se había fundado el Partido Socialista Revolucionario^[23], fecha desde la cual los debates entre los “Estados mayores” de intelectuales y académicos, socialistas y comunistas, se confrontaban con el odio visceral que puede notarse en la prensa y las publicaciones de uno y otro partido^[24].

La versión de García Nossa (1983) es contraria a la formulada por los investigadores Galvis y Donadio (1986) en la que sostienen que fueron militares entrenados en las toldas del nazismo, y otras influencias externas, los que dieran el Golpe en Pasto^[25]. A lo cual cabe señalar que en las memorias de López Pumarejo no registraron haber tenido previamente una reunión con la Liga de Acción Política.

Lo que realmente está sistematizado es el seguimiento de los espías norteamericanos a las Fuerzas Militares de Colombia para analizar la influencia de las ideas del nazismo en sus altos rangos^[26]. Respecto a los hechos de 1944 en Pasto, las versiones expresan que Alfonso López Pumarejo sabía previamente lo que sucedería, a la vez que conocía de antemano la vinculación de Laureano Gómez en la conspiración para quitarle el poder^[27].

De lo cierto de las múltiples versiones, es que los militares implicados fueron a prisión, destituidos de sus rangos y condenados^[28]. Laureano Gómez solicitó asilo en la embajada de Brasil y finalmente terminó su periodo de fuga en Ecuador, en Colombia “[e]l 12 de julio, el juez cuarto del circuito de Bogotá ordenó el arresto” (GALVIS & DONADIO, 1986, pág. 322), esta orden nunca se llevó a cabo. De la misma manera los directores de los periódicos conservadores solicitaron refugio mientras fueron procesados por cargos de conspiración contra el orden vigente.

Alfonso López renunció formalmente a la presidencia el 3 de agosto de 1945 ante el Congreso de la República, le sucedió Alberto Lleras Camargo, quién tuvo que asumir el desenlace de las elecciones presidenciales de 1946. Tras la renuncia de López, Carlos Lleras Restrepo dimite su aspiración de candidato a la presidencia. Como candidatos quedan Gabriel Turbay^[29], que siendo embajador en Estados Unidos había conspirado contra López, y Jorge Eliécer Gaitán desde una orilla opuesta a todos los anteriores. Además, Eduardo Santos renunció a la presidencia del Directorio Liberal, una situación de catastróficas revueltas al interior del Partido Liberal.

Con este panorama, después de un hostigamiento permanente de los conservadores a los liberales, Mariano Opina Pérez ganó la presidencia. Su Gobierno firmo nuevos Acuerdos de Cooperación Militar con Estados Unidos, entre estos: “el 21 de febrero de 1949 se firmaron en Washington dos nuevos convenios para constituir dos misiones separadas, una terrestre y otra aérea” (PRIETO RUÍZ, 2013, pág. 44). Previó, Colombia había participado en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, la cual tuvo lugar en Rio de Janeiro del 15 de agosto al 2 de septiembre de 1947, arrojando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca-TIAR, al cual suscribió el Gobierno colombiano.

El 2 de septiembre de 1947 se suscribió el Tratado Interamericano De Asistencia Recíproca-TIAR, en el marco de la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente^[30]. El espíritu que lo convocó en buen sentido se plasma en el Art. 1°: “Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del presente Tratado”. En tiempos de posguerra, era claro que forjar paz en el territorio continental rechazando la confrontación bélica entre países hermanos era un mecanismo muy necesario.

La ratificación y entrada en vigor se dio con la creación de la Organización de Estados Americanos-OEA, la cual determinó que las buenas intenciones de sostenimiento de la paz estarían afiladas contra el comunismo. Es decir, paz entre las clases dominantes continentales y guerras paulatinas internas al interior de cada frontera contra los adversarios organizados en fuerzas políticas de izquierda o que hicieran resistencia a la opresión de los Partidos dominantes. Por su parte, en el Congreso de los Estados Unidos se avanzaba en la aprobación del marco legislativo que permitió conducir las instituciones que llevaron adelante los Tratados de “asistencia militar” al mundo, bajo su dirección y financiación.

El 6 de octubre de 1949 se aprobó en Washington la Mutual Defense Assistance Act of 1949 [“Ley de Asistencia de Defensa Mutua de 1949”]^[31], la cual se definió con el fin de To promote the foreign policy and provide for the defense and general welfare of the United States by furnishing military assistance to foreign nations [Promover la política exterior y proporcionar la defensa y el bienestar general de los Estados Unidos proporcionando asistencia militar a las naciones extranjeras].

El documento está ligado a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas haciendo énfasis en la necesidad de “medidas de apoyo basadas en el principio de continua autoayuda efectiva y ayuda mutua”, los cuales consisten en la “asistencia militar” para “lograr [el] control universal de armas de destrucción masiva y regulación universal y reducción de armamentos, incluidas las fuerzas armadas”^[32].

El estudio del uso de esta Ley en el intervencionismo norteamericano en los países de América Latina tiene un largo historial (BORON, 2013; LUZZANI, 2013). Estados Unidos además de firmar un Tratado Interamericano, ya había firmado el 4 de abril de 1949 en Washington el North Atlantic Treaty [Tratado del Atlántico Norte-OTAN]^[33]. En el primer semestre se había encargado del mundo y en el segundo semestre afinó los detalles de su legislación hacia las condiciones continentales que permitieron la expansión de su poder económico, político y militar. El objetivo principal del Tratado de la OTAN, esta consignado en el Art. 1° el cual refiere a “resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional” en la cual tuvieran que participar los países firmantes, suscrito por un periodo de treinta años.

La Doctrina de contención del entonces presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, delineó la supremacía de su sistema de defensa como el vector de dominio militar en el mundo. La “Ley de Asistencia de Defensa Mutua” que aprobó el Congreso norteamericano deja claro en los literales de la Sec. 104, que el monopolio de la fabricación de armas queda sólo para los norteamericanos^[34].

Se específica que ningún fondo acordado en ningún Tratado de Asistencia Militar, puede financiar la instalación de fábricas o el mantenimiento de las fábricas de armas existentes en ningún otro país. Con lo cual se aseguraron de que la aceitada industria bélica de las guerras mundiales que había producido Estados Unidos tuviera un exclusivo funcionamiento durante la segunda mitad del siglo XX.

Los detalles y comentarios posibles a cada uno de estos Tratados y a la Ley norteamericana que los ampara sobrepasan los objetivos planteados, este era el contexto internacional en los tiempos en que Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez buscaban la consecución de Acuerdos de Cooperación Militar entre Colombia y Estados Unidos. Después de un concurrido año de rubricas sobre los asuntos militares en el mundo, Truman terminó de definir la suerte de Europa con la formulación e implementación del Plan Marshal “Programa Europeo de Recuperación” en 1950.

El estreno del TIAR y la OTAN, fue la actuación en contra del comunismo en la “Guerra de Corea”. Los miembros de la OTAN argumentaron que la Unión Soviética estaba dispuesta a extender su influencia en Asia y muy posible a Europa (OTAN [NATO], 2002) por lo cual desde las Naciones Unidas solicitaron al mundo la cooperación militar, siendo Colombia el único país de América Latina en ofrecer a sus soldados para la operación que dividió entre comunismo y capitalismo a las fronteras norte y sur de Corea.

La situación política con la elección presidencial de Laureano Gómez en 1950 había sido titulada por la revista Life [de Broadway, Nueva York] en los siguientes términos: “How to Win an Election in Colombia” [¿Cómo ganar una elección en Colombia?]. El malestar de los cables diplomáticos norteamericanos durante la década de los cuarenta, respecto de las inclinaciones de Gómez hacia el nazismo, habían puesto en alerta a la prensa norteamericana. En el artículo publicado se “advirtió cómo los conservadores, un Partido minoritario, habían logrado elegir a Gómez como presidente sin ningún candidato que se le opusiese, en una campaña cuyo ‘principal rasgo… fue un reino de terror’” (SÁENZ ROVNER, 2001, pág. 46).

Sin embargo, la embajada norteamericana ya había adelantado el nuevo trato hacia el electo presidente. En reunión sostenida entre Laureano Gómez y el embajador Willard Beaulac, en el mes de enero, se habían intercambiado posiciones respecto a los criterios ideológicos y económicos que caracterizaran a las partes. Básicamente Beaulac se olvidaba del repertorio ‘falangista’ y ‘nazista’, en su lugar, Gómez intervino en su Gobierno a favor de los intereses de la ‘Tropical Oil Company’. La rigidez del modelo de ‘economía regulada’ que había sido política del conservadurismo, se modificó a partir de entonces para darle un visto bueno al ‘liberalismo económico’^[35].

Superados los asuntos de ideología y economía, algo definió completamente la reconciliación entre Laureano Gómez y el Gobierno norteamericano, no sólo los unía el ferviente anticomunismo, sino principalmente el militarismo que lo confrontaba. La ‘Guerra de Corea’ sería entonces la primera confrontación bélica en la ‘guerra fría’, teniendo participación y apoyo del Gobierno colombiano a favor de las fuerzas de Estados Unidos.

Las guerras de oriente entre China, Japón y Corea tienen un milenario repertorio, del cual no nos hacemos cargo. La revolución China triunfó en 1949, con su apoyo las guerrillas comunistas entrenadas en la Unión Soviética se habían consolidado en partidos a lo largo del continente asiático. En 1945 ya se había conformado el “Comité Central Organizativo del Partido Comunista de Corea del Norte”, en cabeza de Kim Il-Sung fundador de “la Guerrilla Popular Antijaponesa (más tarde, reorganizada en Ejército Revolucionario Popular de Corea)”. Kim^[36], primer ministro y jefe del Estado de la República Popular Democrática de Corea fue el comandante del ‘Ejército Rojo’ que combatió contra los soldados colombianos en 1951.

La pesadilla que nos recuerda Medófilo Medina (2014) con la participación de Colombia en los combates de Corea, hila a finales del segundo Gobierno del expresidente Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010) con un análisis muy pertinente. Teniendo en cuenta que, en el estudio de la Reconfiguración de bloque hegemónico colombiano, 2002-2012, ya nos habíamos ocupado de este periodo (PARDO MONTENEGRO, 2016). Esta referencia alude precisamente, a la memoria histórica, a las semejanzas de Uribe Vélez con Laureano Gómez, en términos de la capacidad que tuvieron para violar la soberanía nacional estableciendo ‘Acuerdos de Cooperación Militar’ con Estados Unidos^[37].

En la versión de Sáenz Rovner (2001) la verdadera aceptación de Estados Unidos de la presidencia de Laureano Gómez fue su ofrecimiento de envío de tropas a la “Guerra de Corea” en el lado sur,

El 25 de junio de 1950 las tropas norcoreanas, armadas por la Unión Soviética, cruzaron el paralelo 38 que dividía a la península entre Corea del Norte y Corea del Sur desde 1948. Dos días después, por iniciativa del Gobierno norteamericano y aprovechando la ausencia del representante soviético, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó la invasión e instó a los miembros de las Naciones Unidas a que asistiesen militarmente a Corea del Sur. El 28 del mismo mes los norcoreanos tomaron Seúl. El avance de las fuerzas comunistas fue tan rápido y sorpresivo que para comienzos de agosto las tropas norteamericanas y surcoreanas se hallaban confinadas en el ‘Perímetro de Pusán’, un área reducida a la esquina suroriental de la península’” (SÁENZ ROVNER, 2001, pág. 52).

Desde la solicitud de Estados Unidos en la V Asamblea General de las Naciones Unidas, el Gobierno colombiano de Laureano Gómez consultó la forma en que podía prestar su ayuda a los intereses norteamericanos^[38].

El “Batallón colombiano”^[39] zarpó el 21 de mayo de 1951 en la fragata Almirante Padilla, fue entrenado mediante las ‘acciones presupuestales’ que los Estados Unidos le pusieron a Colombia, con el acuerdo por el cual se rige que, los préstamos de presupuesto estadounidense están dirigidos para recibir inmediatamente el pago correspondiente por los servicios de entrenamiento de las tropas colombianas y el valor los armamentos. De esta manera, Estados Unidos, quién fuera el solicitante del apoyo a la intervención en la Guerra de Corea, se garantizaba la venta de armas y de asesoría militar, y Colombia puso la vida de sus jóvenes soldados para la intervención en un conflicto asiático, quedando con la deuda del empréstito^[40]. En ninguna de las fuentes halladas se ubica un acuerdo público y oficial, Atehortúa Cruz (2008) refiere a un ‘Acuerdo Secreto’ en 1951:

Como en la preguerra lo hizo el presidente liberal Eduardo Santos, en diciembre de 1951, bajo los fragores de la Guerra Fría, Colombia rubrico un acuerdo informal y secreto que dejaba en manos de Estados Unidos la coordinación de las operaciones dentro de las rutas marítimas y aéreas para la protección del Canal de Panamá y el Mar Caribe en caso de agresión soviética, y reafirmo que cada país pondría a disposición mutua los recursos militares, navales y aéreos indispensables para las operaciones militares ‘en defensa del hemisferio’. Este fue, precisamente, un acuerdo que el Gobierno conservador de Gómez intento utilizar para las adquisiciones de armas y tecnología dedicadas al control interno (ATEHORTÚA CRUZ, 2008, págs. 73-74).

Un año después se tramitaba entre las cancillerías el “Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos” que profundizó lo acordado en la ‘Conferencia de Rio de Janeiro’ y en la ‘Ley de Asistencia de Defensa Mutua’. El original del documento se ubicó en el intercambio epistolar formal entre Capus M. Waynick, embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos en Colombia; y Gonzalo Restrepo Jaramillo, ministro de Relaciones Exteriores, con fecha del 17 de abril de 1952 (Deparment of State. United States of America, 1955).

En el documento puede comprenderse la exigencia de Estados Unidos para brindar ‘inmunidad’ diplomática a la delegación de militares, y sus familiares, que fuesen enviados al territorio colombiano para el cumplimiento de la “ayuda mutua”. En específico el Art. 4° deja en claro el compromiso que adquiere el Gobierno colombiano de pagar por los servicios de “asistencia militar” en cuanto al envío de personal y traslado de “productos, bienes, materiales o equipos” ^[41] desde el territorio norteamericano hacia Colombia.

Si bien hubo un intercambio epistolar de aprobación para la ‘ayuda militar’, públicamente el desembarco de armamentos no llego a puerto colombiano. El 6 de septiembre se desataron unos hechos de hostigamiento por parte de los conservadores en Bogotá, habían incendiado las sedes del periódico El Tiempo y El Espectador, así como [fueron atacadas] las residencias de Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo” (ATEHORTÚA CRUZ, 2008 , pág. 70; TIRADO MEJÍA, 2019). El ciclo de violencia había iniciado tras el magnicidio de Gaitán, las guerrillas liberales se habían tomado el costado sur oriental del país, y desde las Leyes del Llano, el Estado colombiano perdió el monopolio de la fuerza legítima^[42].

Desde los años cincuenta en Colombia, se vió la situación del inicio de un Estado con dos Repúblicas, una con un ejéricito oficial al servicio de las clases dominantes alineado al entrenamiento norteamericano, y otra con un [unos] ejército[s] del pueblo que se extendió a campesinos, afrodescendientes e indígenas que se alzaron en armas contra el orden genocida establecido. Los ‘Estados mayores’, se organizaron entonces con el mando de hombres del pueblo que se habían organizado para combatir al Ejército oficial.

La formación militar que condujó el Gobierno norteamericano, fue modificada, del entrenamiento para combatir contra el comunismo en Corea, paso a un permanente adoctrinamiento de las Fuerzas Militares de Colombia para el combate antiinsurgente contra su propio pueblo^[43]. Los lineamientos de la ‘Seguridad nacional’ completaron el objetivo de la dominación de la alianza de clases dominantes continentales, para la defensa de sus intereses económicos contra los desposeídos y hostigados campesinos.

La inclinación del Gobierno colombiano hacia los lineamientos militares del Departamento de Estado de los Estados Unidos^[44], se ha precisado con diferentes argumentos desde la misma ‘crisis de 1929’. Cinco hechos resalta Atehortúa Cruz (2008) realmente ciertos, pero hilando más allá, las intimas relaciones de las cúpulas del Partido Liberal y del Partido Conservador, habían pactado desde la amistad de Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez en la década de los años veinte, las condiciones de lo que se materializó con el Frente Nacional al final de los años cincuenta. La conducción de la política continental que conllevó Alberto Lleras Camargo, coíncide con la tensión política que su nombramiento presidencial generó para definir las elecciones de 1946, sirviendo muy eficientemente a las Doctrinas de Estados Unidos contra el comunismo en toda América Latina.