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4 El Plan Laboral y la negociación colectiva

¿origen de un nuevo sindicalismo en Chile? 1979-1985

Rolando Álvarez Vallejos


Este artículo forma parte del Proyecto Fondecyt N.° 1.080.162, “La guerra social de Pinochet”, dirigido por la historiadora Verónica Valdivia Ortiz de Zárate.

 

Artículo recibido: 24 de noviembre de 2010
Aprobación final: 20 de diciembre de 2011


Durante el siglo XX, el movimiento sindical chileno tuvo un importante papel en el proceso de profundización de la democracia, la obtención de derechos sociales y mejorías económicas para los asalariados del país. Basados en su unidad orgánica, respeto a la diversidad ideológica y a su autonomía relativa frente al Estado, el movimiento sindical chileno se convirtió en unos de los principales articuladores entre los trabajadores y el Estado. De esta manera, la canalización de la protesta sindical tuvo como vehículo un sindicalismo férreamente consolidado y como objetivo un Estado por lo general receptivo a las demandas sociales. Con el golpe militar de septiembre de 1973, la represión sobre las organizaciones sociales fue una de las primeras medidas que tomó el nuevo régimen. La necesidad de disciplinar a las organizaciones sindicales, en su mayoría identificadas ideológicamente con el gobierno de la Unidad Popular, cobró numerosas víctimas fatales, el exilio y la exoneración de miles de trabajadores y sindicalistas. Esto implicó una derrota histórica del movimiento sindical chileno, que además de la represión, debió enfrentar los intentos de cooptación del régimen, especialmente durante la presencia de la Fuerza Aérea en el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, el régimen llevó a cabo un tercer y fulminante golpe sobre las organizaciones sindicales, el “Plan Laboral”. Compuesto por un conjunto de decretos-leyes, su objetivo fue implementar la lógica neoliberal tanto en el interior de las organizaciones de los trabajadores como en las relaciones entre el capital y el trabajo. Terminado el régimen militar, la vigencia de esta normativa laboral ha sido uno de los símbolos del continuismo del modelo neoliberal durante los años de la “transición democrática” chilena.

Las consecuencias que tuvo el Plan Laboral sobre las organizaciones sindicales chilenas han sido evaluadas desde diversos ángulos. Se ha señalado que tuvo resultados escasamente favorables a los trabajadores, predominando la represión contra los sindicatos durante los primeros años de la década de 1980.[1] Desde otra perspectiva, aunque reconociendo el planteamiento anterior, se ha postulado que la negociación colectiva contemplada en el Plan Laboral tuvo un efecto no deseado por el régimen, reactivando las organizaciones sindicales y abriendo espacios legales para su funcionamiento.[2] Asimismo, existe consenso en remarcar el impacto de la crisis económica iniciada en 1981 y la alta tasa de cesantía que trajo consigo, como factor para entender la debilidad del movimiento sindical ante la ofensiva neoliberal representada por el Plan Laboral.[3] Por otra parte, se ha destacado que producto de las políticas represivas del régimen militar sobre el movimiento sindical, éste tuvo una mayor autonomía frente a los partidos políticos. Para algunos, esto tuvo un efecto positivo, democratizando la vida interna de los sindicatos y generando nuevas formas de organización, dejando atrás el viejo clasismo sindical en favor de fórmulas pluralistas.[4] Por el contrario, para otros, la pérdida de influencia de los partidos políticos de izquierda sobre el movimiento sindical tuvo un efecto negativo, al despolitizarse la base sindical, lo que facilitó la hegemonía neoliberal.[5]

De acuerdo a nuestro planteamiento, a partir de la materialización del Plan Laboral y el inicio en 1979 de las negociaciones colectivas, ésta se convirtió en la principal política del régimen militar hacia el mundo laboral. Su objetivo fue crear un nuevo sentido común en las relaciones entre patrones y trabajadores, basado en el individualismo y la atomización social promovida por el neoliberalismo. Para lograrlo, el régimen implementó dos modalidades de relación con los sindicatos: la primera se basó en la represión y exclusión contra las cúpulas sindicales a las que no había podido cooptar durante la década pasada. La segunda, en la promoción y difusión de una nueva camada de sindicalistas de base, despolitizados y ajenos a la cultura sindical chilena. Desde nuestro punto de vista, la política sindical del régimen fracasó en su intento de someter al tronco histórico del movimiento sindical chileno, que como se ha señalado, continuó jugando un papel político y social relevante durante los años ochenta. Sin embargo, tuvo éxito en imponer la legitimidad de la negociación colectiva como la herramienta de regulación entre empresarios y trabajadores. Así, el sentido común neoliberal quedó instalado en el lugar más importante de la actividad sindical, facilitando la proyección del modelo en las décadas siguientes.

El presente artículo indagará las políticas laborales del régimen militar desde la promulgación del Plan Laboral en 1979 hasta fines de 1985, cuando el gobierno del general Pinochet había remontado la fase más crítica de la crisis económica que asoló al país durante el primer lustro de la década de 1980. Durante este lapso de tiempo, el Ministerio del Trabajo se convirtió en el centro de gravedad de las políticas laborales del régimen. Examinando las gestiones y formas de relacionarse con los sindicatos de los ministros que estuvieron al frente de esta cartera en aquel período, podremos apreciar las continuidades y los cambios de las políticas laborales del régimen. En el fondo, a pesar de ser un sector más difícil de penetrar que otros, producto de una cultura sindical que hundía sus raíces en décadas pasadas, el régimen no renunció a sus intentos de obtener respaldo popular entre el movimiento sindical. Fracasada en los setenta la cooptación y desahuciada la opción nacionalista alojada en la Secretaría Nacional de los Gremios, la represión fue una herramienta ampliamente utilizada para someter al movimiento sindical. Sin embargo, los intentos de negociación, diálogo y limitados esfuerzos de flexibilidad fueron parte de los esfuerzos del régimen para dar origen a un movimiento sindical de nuevo tipo, acorde con la moda neoliberal de principios de los ochenta.

1. La refundación de las relaciones laborales en Chile. Los primeros pasos del Plan Laboral (1979-1982)

A fines de 1978, el régimen militar enfrentaba una compleja situación política. Se había enfrentado a su peor crisis interna, producto de la salida de la Junta Militar del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh Guzmán, y del pase a retiro de gran parte del cuerpo de generales de esta rama castrense. La crisis se había gatillado por la concentración del poder en la figura el general Pinochet y el giro neoliberal del gobierno. Por otro lado, el “caso Letelier” acosaba internacionalmente a Pinochet, quien veía fracasar sus intentos de mejorar la imagen internacional de su régimen. Por su parte, el movimiento sindical había recuperado protagonismo político, dejando atrás las divisiones de los primeros tiempos después el golpe, cuando un sector apoyó al régimen. Las primeras movilizaciones sindicales de los trabajadores del cobre, la irrupción pública de organismos sindicales tales como la Coordinadora Nacional Sindical y el Grupo de los Diez, alcanzaron su punto álgido cuando dirigentes de este último organismo promovieron un boicot internacional contra la dictadura. Estrechamente relacionados con las centrales sindicales norteamericanas, estas, a instancias del Grupo de los Diez, convocarían al boicot comercial contra el gobierno de Pinochet demandando el fin de la violación de los derechos humanos y el respeto de los derechos laborales.[6]

En este contexto adverso, Pinochet designó los primeros días de enero de 1979 a José Piñera Echeñique como nuevo ministro del Trabajo, en reemplazo de Vasco Costa. La misión del economista neoliberal era evidente: detener el boicot y crear una nueva institucionalidad laboral. Tras arduas negociaciones en Estados Unidos, Piñera logró su objetivo prometiendo que en el corto plazo el gobierno contaría con un marco regulatorio en su área. Este fue el origen del Plan Laboral.[7] Antes de detenernos en sus contenidos, es necesario señalar que luego del golpe militar, derechos laborales fundamentales habían sido derogados, como el derecho a huelga y a reunión. Asimismo, si bien los sindicatos no fueron eliminados, la Central Única de Trabajadores había sido proscrita y la labor sindical se encontraba fuertemente restringida. Un primer intento de regular la actividad sindical lo realizó en 1975 el ministro del Trabajo Nicanor Díaz Estrada, promoviendo el Estatuto Social de la Empresa, fallida fórmula que todavía otorgaba protagonismo a los sindicatos. El giro neoliberal del régimen y la posterior salida del general Leigh de la Junta Militar hicieron inviable dicho estatuto. Por su parte, el aparente fortalecimiento de la Secretaría Nacional de los Gremios a partir de 1976, también con una dirección de corte estatista, fue sólo un espejismo, ya que desde esa fecha, el Ministerio del Trabajo comenzó a convertirse en el principal articulador de las políticas laborales del régimen. Encabezado por Sergio Fernández y Vasco Costa, el régimen inició su camino sin retorno hacia una legislación laboral neoliberal.[8]

El Plan Laboral estuvo compuesto por ocho decretos leyes dictados entre 1978 (uno solo) y 1979, cuando en julio de ese año fueron dictados los siete restantes.[9] En lo medular, el Plan Laboral fue el instrumento legal para cumplir dos grandes objetivos: desregular el mercado laboral, flexibilizando la oferta de mano de obra, y debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores, limitando el poder de los sindicatos. Inspirado en el principio del Estado subsidiario, el Plan Laboral instauró una nueva modalidad de negociación colectiva, basado en el bipartismo (patrón-trabajadores) y no el antiguo tripartismo, en el que el Estado era una especie de árbitro regulador de los conflictos laborales. En particular, el Decreto de Ley N.° 2200 de 1978 eliminó antiguas protecciones que tenían los trabajadores, flexibilizando los contratos de trabajo, estimulando, a la manera neoliberal, la contratación de trabajadores. Los Decretos de Ley N.° 2756 y 2758, emitidos en 1979, regularon el funcionamiento de los sindicatos y de la negociación colectiva, respectivamente. El primero estableció la existencia de cuatro tipos de sindicatos, pero permitiéndole negociar colectivamente sólo a los de empresa, que aglutinaban a los trabajadores de una misma unidad productiva. Las medidas para debilitarlos fueron las siguientes: la afiliación pasó a ser voluntaria; podía haber más de un sindicato por empresa; habían menos dirigentes por sindicato, en comparación con la legislación anterior; no se podían levantar candidaturas en los sindicatos, votándose en una lista única, dispersándose la votación y redujo el financiamiento del sindicato sólo al aporte de sus socios.

Por su parte, la negociación colectiva también sufrió importantes cambios. Primero, quedó circunscrita al empleador y un sindicato o grupo negociador, pudiendo darse que en una misma empresa existieran tantas negociaciones como sindicatos o grupos negociadores surgieran. Quedó excluida cualquier posibilidad de negociación por rama de producción, con lo que las federaciones y confederaciones perdieron toda posibilidad de conducir negociaciones colectivas. Además, establecía como un derecho “irrenunciable” la posibilidad de lograr un acuerdo individual entre empleado y patrón. En función de debilitar al sector laboral, se calendarizaron períodos diferenciados de negociación, impidiendo que los trabajadores pudieran aunar fuerzas. Se establecía la existencia de la huelga legal, pero con una serie de restricciones, que prácticamente la hacían inviable: la empresa podía contratar rompe-huelgas durante su transcurso; los días de huelga serían descontados; luego de 59 días de huelga, se consideraba que el trabajador renunciaba voluntariamente a su empleo, dando por finalizado el movimiento. Asimismo, iniciada la huelga, la empresa podía decretar el lock-out o cierre temporal de la empresa. Además, los convenios colectivos durarían dos años y una vez iniciada una nueva negociación, debían discutirse nuevamente todos los beneficios logrados en el anterior convenio. Así, podía ocurrir la paradoja de que con la nueva negociación, los trabajadores quedaran en peores condiciones laborales que antes. Teniendo en cuenta todas estas restricciones, algunos analistas señalaron que en la práctica, el derecho a huelga había quedado abolido en Chile.[10]

La aplicación a partir de 1979 de este conjunto de medidas debe ser contextualizada en un marco de sistemática represión sobre el movimiento sindical, que buscaba inhibir su desarrollo y lograr la ansiada disciplina social. Por este motivo, tal como lo señalaba el propio Piñera, el objetivo del Plan Laboral era lograr un nuevo tipo de sindicalismo, que dejara atrás lo que se consideraba su peor lastre: la politización. Así, el Plan Laboral, como se ha dicho, buscó encuadrar en los cánones neoliberales a los trabajadores, pero además intentó destruir el tronco histórico de la cultura sindical chilena, cortando el lazo entre los partidos políticos y el movimiento sindical. El resultado de esta operación debía ser un movimiento sindical despolitizado.

Analizando el problema de la ruptura de los vínculos entre el mundo social con el mundo político, Rodrigo Baño indagó a mediados de la década de 1980 cómo esta situación impactó en el mundo poblacional y sindical. De acuerdo a sus conclusiones, el régimen militar generó un doble fenómeno, la politización objetiva y la despolitización subjetiva, que en la práctica se expresó en un notable distanciamiento entre la conciencia política del dirigente de cúpula con el de base. De esta manera, la tendencia de los movimientos reivindicativos de base fue más corporativa que propiamente política.[11] Es decir, para el régimen militar, cualquier reclamo, demanda social o acontecimiento particular se podía convertir en un problema político, debido a los altos niveles de exclusión y de intolerancia ante la disidencia, dando origen a la politización objetiva de la sociedad chilena. Sin embargo, producto de la represión y del rompimiento del vínculo entre lo social y lo político, esta politización no se expresaba en la conciencia de la base social, la que por el contrario, por temor y pragmatismo, se despolitizó. Con una base social con niveles significativos de despolitización, no resulta extraño comprobar que los objetivos de la inmensa mayoría de los conflictos sindicales de este período se tradujeran en meras demandas corporativas, evitando el enfrentamiento con la autoridad política. Por este motivo, la irrupción de mediáticas huelgas durante el período 1979 y 1982 no implicó necesariamente una situación política complicada para el régimen militar. El objetivo final del Plan Laboral era la naturalización de esta situación, legitimando un cambio cultural de vastas consecuencias sociales y políticas para el país. La oposición de los dirigentes de las cúpulas sindicales, la crisis económica de principios de la década de 1980, la explosión pública del descontento popular y las disidencias dentro del propio régimen fueron los principales obstáculos a los que se enfrentó la consolidación de la nueva legislación laboral.

La designación de José Piñera a la cabeza del Ministerio del Trabajo debe ser entendida como una apuesta estratégica del régimen militar. No sólo por la consabida opción neoliberal que implicaba, ya anunciada en la gestión de sus predecesores en el puesto, Sergio Fernández y Vasco Costa, sino porque tuvo la obligación de recuperar la iniciativa política frente a la ofensiva gremial. El Grupo de los Diez, compuesto por sindicalistas que habían sido opositores a Allende y que inicialmente apoyaron al gobierno militar, encabezaban en 1978 una férrea oposición, que contaba con el apoyo de la ORIT y la AFL-CIO, las centrales sindicales anticomunistas norteamericanas. Ante el acoso sindical, es sintomático que Pinochet diera amplias atribuciones a su nuevo ministro del Trabajo, desplazando definitivamente a la Secretaría Nacional de los Gremios. La opción de un corporativismo estatista de raigambre fascista, representado por los militantes del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MNRS), que copaban dicha secretaría, quedaba definitivamente descartada. En adelante, los nacionalistas de la Secretaría de los Gremios jugarían un papel muy secundario, inclusive violentando sus propias convicciones ideológicas, al tener que difundir los contenidos del Plan Laboral, que ellos no compartían.[12]

Como decíamos, la primera misión de Piñera fue desactivar el boicot internacional contra el gobierno chileno promovido por la AFL-CIO. A los pocos días de asumir, anunciaba la creación de una nueva institucionalidad laboral que se promulgaría a fines del primer semestre de 1979. Esto respondía a la demanda de los trabajadores, que exigían la existencia de un marco legal que terminara con las arbitrariedades patronales. Para demostrar la buena voluntad del régimen, se anunció además que volvería a existir libertad de reunión. Esto se concretó a principios de febrero, cuando un Decreto de Ley permitió que las reuniones sindicales pudieran realizarse sin previo aviso en sus respectivas sedes. Además, restablecía las cotizaciones sindicales obligatorias, descontables por planilla, aunque terminaba con la afiliación sindical y el pago de cuotas a los que no pertenecían al sindicato.[13]

En base a estos anuncios, la AFL-CIO suspendió el boicot, dejando al movimiento sindical chileno sin otra iniciativa política que esperar en pie de guerra el anunciado nuevo Plan Laboral. Por su parte, Piñera se anotó un gran triunfo, al aparecer ante el general Pinochet no sólo como un ideólogo o un tecnócrata, sino también como un articulador político capaz de negociar con los poderosos sindicatos norteamericanos. Esto le dio crédito para que durante su gestión en la cartera del Trabajo se pudiera dedicar a legitimar la nueva legislación laboral. Antes de su promulgación, Piñera destacaba que el Plan Laboral tendría como característica fundamental la creación de un “sindicalismo libre, democrático y despolitizado…”.[14]

Sobre la negociación colectiva, señalaba que se defendería “la libertad de los chilenos”, al impedir que las asociaciones de trabajadores en ciertos sectores “adquieran poderes monopólicos, que les permitan obtener remuneraciones excesivas”. Además, el derecho a huelga se prohibiría en actividades que “causen daño a la salud o abastecimiento de la población o a la economía del país o a la seguridad nacional”.[15] Es decir, se terminarían con cualquier tipo de diferenciaciones o “privilegios” –en la jerga neoliberal del ministro Piñera– que tuvieran los trabajadores. Este fue el fundamento para modificar el “estatuto del cobre”, las reglas de los trabajadores portuarios y el fin de las atribuciones de los gremios profesionales, realizado bajo la administración de Piñera. Así, se creaba un “mercado laboral” libre, en el sentido neoliberal de oferta y demanda no regulada por terceros, en este caso, una legislación laboral que protegiera al trabajador. En la argumentación de Piñera, la huelga legal adquiría un nuevo significado. Esto queda graficado con la huelga que estalló en 1980 en el mineral de cobre El Teniente, el mismo que había jugado un destacado papel en la lucha contra Salvador Allende. El conflicto surgió por diferencias por el porcentaje que debían reajustarse los salarios. Por el papel estratégico del cobre en la economía chilena, causó revuelo a nivel nacional. De acuerdo con el relato del propio Piñera, un irritado general Pinochet le pidió su opinión sobre cómo abordar la huelga en el mineral cuprífero. Su respuesta reflejó la nueva lógica neoliberal:

No es mucho lo que puedo decirle sobre los detalles de la negociación colectiva, pero yo creo que haría bien en relajarse, señor Presidente. Esa no es una huelga revolucionaria sino solo una huelga burguesa, a la que el gobierno no tiene por qué temer. Esta no es una huelga contra suya, general, ni los comunistas controlan los sindicatos de El Teniente. Aquí hay un regateo similar al que realiza cualquier dueña de casa cuando sale de compras […]. Las huelgas dentro del marco del Plan Laboral no tienen nada que ver con las huelgas politizadas de antes […] En mi opinión es un problema para el gerente de la División El Teniente, un problema que debe resolverse en Rancagua, pero en ningún caso un problema para usted, Presidente.[16]

Es decir, la huelga se convertía en un problema contractual entre dos partes, en la que al Estado no le correspondía intervenir.

Por este motivo, cuando el Plan Laboral comenzó a regir a mediados de 1979 y al poco tiempo estallaron numerosas huelgas, la hegemónica ala neoliberal del régimen llamó a la calma: “Cometen un error los que piensan que, por el hecho de gestarse media docena de huelgas o amenazas de tales, se está debilitando la autoridad del Gobierno. Ha sido el propio Gobierno el que ha patrocinado y promulgado la legislación que autoriza este instrumento de acción de los trabajadores”.[17] Es decir, la apuesta hacia adelante realizada por Piñera y los neoliberales, en el sentido de legalizar la huelga pero dotándola de otro contenido, tuvo éxito, ya que a pesar del rechazo a la nueva normativa laboral planteada por las cúpulas sindicales, los sindicatos de empresa rápidamente aceptaron el Plan Laboral. Así, parte del descontento social se canalizó bajo las reglas neoliberales, las que se legitimaron por la vía de los hechos. Además, esto se conectó con la tradición corporativa de la cultura sindical chilena, la que a pesar de su politización, también poseía esta característica. Los trabajadores de “cuello y corbata” y especialmente los mineros del cobre representaban esta tendencia. De esta manera se explican las cuentas alegres de Piñera, que calificaba de “éxito rotundo” los primeros resultados de la negociación colectiva. Más del 95% había terminado en un acuerdo entre las partes, y las pocas huelgas ya no eran contra el gobierno, sino una negociación entre privados.[18] A partir del Plan Laboral, la disciplina laboral se obtenía no sólo sobre la base de la represión contra los dirigentes sindicales, sino que también por el consenso entre las partes, al aceptar muchos sindicatos la nueva normativa neoliberal.

En este punto es necesario establecer que investigaciones independientes demostraron claramente que los resultados de las negociaciones colectivas fueron negativos para los trabajadores. Durante el período 1979-1981, los reajustes salariales no se elevaron por sobre la productividad de las empresas, lo que significó que no tuvieron un efecto redistributivo real. Esto se agrava si se considera que durante seis años no habían podido reclamar mejoras salariales o de condiciones de trabajo, unido a la fuerte pérdida de poder adquisitivo ocurrido durante la crisis de mediados de los setenta. Además, las huelgas tuvieron un alto costo para sus protagonistas y escasos resultados favorables. Esto explica la bajísima tasa de huelgas legales, las que por lo general se revelaron inútiles para lograr mejores condiciones laborales.[19]

Por su parte, la oposición de la dirigencia sindical no fue capaz de detener el Plan Laboral. La creación de un referente unitario para enfrentarlo, las amenazas de paros generales o de volver a recurrir a la AFL-CIO no fueron suficientes para que el movimiento sindical recuperara la iniciativa política frente al régimen. Por el contrario, Piñera y los funcionarios de su Ministerio repitieron de manera incesante que ahora sí los sindicatos representaban verdaderamente a los trabajadores, en abierta crítica a los dirigentes sindicales de la época, que eran acusados de carecer de representatividad. Como ya dijimos, al consagrarse la negociación a nivel de la empresa, la denominada “burocracia sindical” (o sea, los dirigentes de cúpula) perdía toda significación en el proceso. Además, la posibilidad de que existiera más de un sindicato o grupos que buscaban un convenio colectivo impedía el accionar concertado de los trabajadores. El antiguo Código del Trabajo, de acuerdo a una autoridad de la época, “permitía que el Partido Comunista a través de sus mecanismos consolidara el poder”. Además, el sindicato, “al no existir libertad de afiliarse o desafiliarse, se convirtió en presa política (sic) y se producía la camarilla en que grupos pequeños trataban de lograr el control sindical”.[20] La apuesta oficialista era que, con esta nueva forma de entender la negociación colectiva, surgiría el nuevo tipo de sindicalismo acorde al nuevo modelo económico.

Los principales conflictos que enfrentó el régimen en el período de Piñera en la cartera del trabajo fueron el mencionado conflicto en El Teniente y la huelga en la textil Panal, ambos en 1980. El primero, como se explicaba más arriba, debe ser entendido por la dinámica propia de los trabajadores del cobre. Como ha sido señalado, a lo largo de su historia, éstos han hecho prevalecer sus intereses corporativos realizando movimientos huelguísticos contra el gobierno de turno, independientemente de su orientación política.[21] Esto explica en parte las periódicas huelgas y movilizaciones en el sector durante estos años. Tal como lo predijera Piñera, el conflicto de 1980 se resolvió con un reajuste de sueldos al que se le agregaría el porcentaje del IPC y mejorías en el bono de producción y vacaciones. El malestar de los socios no radicaba en el incumplimiento de demandas democráticas, sino en que el reajuste económico no los terminaba de satisfacer. Además, la represión y el despido de algunos trabajadores dejaron un sabor amargo entre los trabajadores.[22] Por su parte, la movilización de Panal fue un ejemplo de los negativos efectos de las huelgas para los trabajadores. De partida, esta empresa pertenecía a un sector muy golpeado por el modelo neoliberal, por lo tanto, un área no estratégica de la economía, lo que los volvía políticamente poco importantes, a diferencia de los trabajadores del cobre. La huelga duró 57 días, lo justo para evitar la desvinculación de la empresa, sin lograr ninguna mejora importante. El gerente de la empresa lo graficaba: “Este fue un conflicto donde los trabajadores fueron los que más perdieron. No sacaron ningún beneficio. Estuvieron sin salario, sin colación y carentes de otros tantos beneficios”.[23] Para coronar el peor de los escenarios, poco tiempo después la textil Panal quebró, quedando sus 1.400 trabajadores cesantes. Este tipo de experiencias negativas explican las escasas huelgas en este período, lo que unido a tasas de cesantía elevadas, las convertían en una herramienta escasamente útil para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Tras casi dos años exactos de gestión, a fines de 1980 José Piñera abandonó su responsabilidad dejando un legado fundamental para la proyección del régimen militar: el Plan Laboral y la reforma al sistema de pensiones. El perfil de su reemplazante, Miguel Kast, aseguraba la continuidad de las políticas diseñadas por Piñera. Ex director de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), Kast era uno de los principales ideólogos neoliberales que trabajaba en el gobierno, por lo que no causó extrañeza que en el momento de asumir su nueva responsabilidad, no realizara cambios en el equipo ministerial. Sin embargo, a diferencia de la aparente bonanza de 1980, Kast debió afrontar la compleja tarea de ratificar la nueva legislación neoliberal al inicio de la crisis económica.

Las características fundamentales de la labor de Miguel Kast durante su paso por el Ministerio del Trabajo fueron la profundización de las medidas neoliberales en el sector y el aumento de la conflictividad con el movimiento sindical, lo que se tradujo en el recrudecimiento de la represión. Kast simbolizó el ala más dura del neoliberalismo en el gobierno, por lo tanto, más reacio a realizar concesiones a los sindicatos y reformular la versión más ortodoxamente neoliberal del Plan Laboral. Esto, unido al estallido de la recesión en el segundo semestre de 1981, provocó que la gestión de Kast en el Ministerio del Trabajo se enfrentara a grandes dificultades. Su efímero reemplazante, el gremialista y neoliberal Máximo Silva Bafulluy, representó la transición hacia ministros del Trabajo con mayor disposición al diálogo con los sindicatos y a matizar los aspectos más duros del Plan Laboral.

Las principales medidas que se tomaron para profundizar las medidas neoliberales en el ámbito laboral durante la presencia de Miguel Kast en el Ministerio del Trabajo fueron la dictación de los decretos leyes que flexibilizaron aún más el mercado laboral y del que restó atribuciones a los Colegios Profesionales. El 21 de agosto de 1981, se promulgó el Decreto Ley N.º 18018, que modificó el 2200 de 1978 y que eliminó resabios de la antigua legislación laboral heredada del Chile previo al golpe militar de 1973. En lo sustancial, el decreto de 1981 terminó de eliminar las leyes que protegían el contrato de trabajo, creando un mercado del trabajo prácticamente libre de regulaciones legales. La medida más importante era el fin del pago de la indemnización de un mes por un año de servicio al ser despedido injustificadamente. En adelante, las indemnizaciones deberían negociarse, pasando a ser variable el monto. Como fue señalado, esta modificación, realizada cuando estaba a punto de iniciarse la “recesión”, evidentemente menoscabó a los trabajadores. Además, dejó fuera de la ley de salario mínimo a los menores de 21 años y a los mayores de 65. Los trabajadores calificados como “aprendices” también podían recibir un sueldo menor al mínimo. Otra medida contemplada en el Decreto 18018 fue la de terminar con los horarios de trabajo rígidos, los que gracias al nuevo decreto podían ser determinados por el empleador. En la práctica, la jornada laboral se extendió a 12 horas diarias. Este decreto establecía otras modificaciones a los contratos de trabajo, pero todas en la dirección de las que hemos reseñado.[24] De acuerdo a la versión entregada por Kast cuando se dieron a conocer los contenidos del polémico Decreto Ley N.º 18018, éste permitiría “un mejoramiento de las remuneraciones reales, aumento de las posibilidades de empleo y mayor homogeneidad en los contratos de trabajo”.[25] La negativa reacción de los dirigentes sindicales demostraba que en vez de mejorar las relaciones entre éstos y el gobierno, el nuevo decreto las empeoró.

A principios de 1981, Miguel Kast anunciaba el decreto que “modernizaba” (sic) los colegios profesionales. En lo sustancial, tres eran las principales medidas. Primero, dejaba de ser obligatorio estar colegiado para ejercer la profesión, lo que iba en consonancia con la libertad de afiliación sindical decretada en 1979. En segundo lugar, le quitó a los colegios profesionales el control ético de la actividad, traspasándola a los tribunales de justicia. Finalmente, impedía que los colegios fijaran los aranceles que debían cobrarse por los servicios profesionales prestados, por considerarse que constituían prácticas monopólicas.[26] Con estas medidas, los colegios profesionales perdieron las herramientas de presión que la anterior legislación laboral les había dotado.

Con casi tres años de vigencia del Plan Laboral, el régimen militar apostaba a que la “mayoría silenciosa” de los trabajadores lo apoyaban. Las cúpulas sindicales en realidad no representaban los verdaderos intereses de las masas laborales, sino los de los partidos políticos y del comunismo internacional. Las huelgas eran una posibilidad sobre cómo se podía desenvolver un conflicto, pero estaba debidamente limitado, absteniéndose el Estado de intervenir. De esta manera –según el oficialismo–, había surgido una nueva camada de dirigentes sindicales. Un perfil de lo que se consideraba un “nuevo” dirigente sindical era José Garrao, secretario del Sindicato N.° 2 de empleados de la industria Pizarreño, que contaba con 250 socios. Sus opiniones resumían el perfil despolitizado que se pretendía masificar entre los sindicalistas, basado en una alta dosis de individualismo que rompía con la matriz asociativa característica del sindicalismo chileno. Sobre su posición política, era pragmático: “No podría definir mi ideología ahora, porque por ejemplo, yo estaba en desacuerdo con este sistema económico y resulta que funciona. Entonces, si hay que votar, votaría por una persona que sostenga una política económica muy parecida a la actual”. Sobre el papel de la Iglesia católica, la que era fuertemente cuestionada por el oficialismo por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de los opositores al régimen, consideraba “que estaba bien […] no comparto la idea de una Iglesia fría que sólo habla de religión; me gusta una Iglesia unida que esté ayudando a la gente”. Sobre el “consumismo”, de moda en esos días, el “nuevo” sindicalista no lo veía como algo negativo, “porque de hecho es el sistema el que permite un mejor nivel de vida. Aquí en la fábrica […] el nivel ha subido bastante. Hacen falta estacionamientos para dejar los autos de los empleados. Yo mismo tengo un ‘fito’ [Fiat 600] viejito, pero sirve”. Sobre temas laborales, podía ser más neoliberal que cualquiera. Por ejemplo, sobre el nuevo sistema previsional, se declaraba contrario a la cotización obligatoria: “De acuerdo al esquema económico, yo dictaría un mínimo y sobre ese mínimo, libertad para el que quiera. Así, si me sobra cierta cantidad de dinero podría juntarme con tres o cuatro personas y mover ese capital en beneficio de nosotros cinco y nuestras familias”. Finalmente, sobre la política y el movimiento sindical, promovía el diálogo con los patrones, estimaba que la negociación colectiva funcionaba bien, “porque hemos mantenido todas las garantías y conquistas de nuestra gente”, y no le interesaban las reuniones con cúpulas sindicales como la Coordinadora Nacional Sindical.[27]

Es imposible cuantificar el número de dirigentes sindicales “nuevos”. Se sabe que luego de las elecciones sindicales que se iniciaron a partir de 1978, la mayoría de los electos eran opositores. También que en su mayoría carecían de experiencia sindical, por lo que las tareas de educación y capacitación para hacer frente a la negociación colectiva fueron de las más urgentes de las federaciones y confederaciones.[28] Esto hace plausible especular que un número indeterminado de dirigentes sindicales sintonizaron con el mensaje gubernamental, efectivamente despolitizando su práctica gremial. Con todo, es necesario remarcar que en ese período la represión y el temor a la cesantía fueron factores muy presentes para explicar la incorporación o no de las personas a movimientos de protesta. En comparación con el protagonismo que tuvo hasta 1973, el movimiento sindical de principios de los ochenta tuvo una capacidad relativamente pequeña de presión. La legitimación del Plan Laboral fue el símbolo de esta debilidad. Parte de ésta se relacionó con que la nueva cultura del consumo logró corroer la ligazón entre lo social y lo político incluso en los sectores populares. Así, la latente preocupación corporativa del sindicalismo chileno se vinculó con el fenómeno sociológico generado por el acceso al consumo en los albores del neoliberalismo en Chile. De esta manera, el régimen militar logró incubar dentro de las propias organizaciones de los trabajadores una visión distinta acerca de cómo hacer sindicalismo.

Las movilizaciones sindicales durante este período estuvieron acompañadas por fuertes medidas represivas, las que nunca dejaron de ser una herramienta utilizada por el régimen para relacionarse con el movimiento sindical. Sin dudas, el asesinato en febrero de 1982 de Tucapel Jiménez, presidente de la poderosa Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), fue el hecho más dramático del período. Partidario del gobierno hasta 1975, posteriormente fue uno de los principales dirigentes del Grupo de los Diez, promotor del boicot internacional contra el gobierno y de la unidad del movimiento sindical.[29] A nivel del gobierno, el efecto más notorio de este crimen fue la separación de Misael Galleguillos del mando de la Secretaría Nacional de los Gremios (SNG). En efecto, en una rara muestra de independencia, la justicia rápidamente estableció una vinculación entre este funcionario con el asesinato de Jiménez. Como se sabría después, la SNG espió para la Central Nacional de Informaciones –la policía secreta de Pinochet– las actividades del líder de la ANEF, acopio que fue utilizado para planificar el crimen. Según se supo más de veinte años después de cometido el asesinato, el autor material confesó que fue obra de la Dirección de Información del Ejército (DINE).[30] Más allá de las razones que tuvo el régimen de Pinochet para asesinar cobardemente a Tucapel Jiménez, demostraba el temor –justificado o no– que se tenía a una posible rearticulación unitaria del movimiento sindical. Por este motivo, el asesinato de Jiménez simboliza la definitiva ruptura entre el tronco histórico del sindicalismo chileno con la dictadura.

En todo caso, la represión sobre dirigentes sindicales y trabajadores en huelga también fue la tónica durante estos meses. A principios de 1981, se encarceló a los máximos dirigentes de la Coordinadora Nacional Sindical, el democratacristiano Manuel Bustos y el comunista Alamiro Guzmán, acusados de autoasignarse representatividad sindical sin tener sustento jurídico. A fines de ese año, fueron impedidos de ingresar al país el propio Manuel Bustos y el dirigente comunista del sector de la construcción Héctor Cuevas. Más tarde, sería asesinado Tucapel Jiménez.

En 1981, se produjeron dos movimientos huelguísticos que amenazaron con salirse de los márgenes legales impuestos por el Plan Laboral. Los protagonistas fueron los trabajadores del yacimiento minero de El Teniente y los trabajadores portuarios. Como había ocurrido el año anterior, el conflicto con los trabajadores del cobre tuvo su origen por diferencias sobre los reajustes salariales, pero además, por la aplicación del Plan Laboral, que perjudicó abiertamente a los mineros. En efecto, CODELCO, el empleador en este conflicto, utilizando la normativa creada por el Plan, planteó en el nuevo convenio colectivo la eliminación de beneficios que se habían adquirido en negociaciones anteriores. Se eliminaban las gratificaciones garantizadas, los seis días de permiso, la participación de los dirigentes en los planes habitacionales, el servicio médico; se postergaba indefinidamente la construcción del Hospital del Cobre, se reducía el período de vacaciones de 25 a 15 días, se eliminaban los préstamos de emergencia y el aporte económico para clínicas dentales, entre otros derechos obtenidos con anterioridad. Para rematar lo anterior, se ofrecía un reajuste salarial del 2% para los próximos dos años, lejos del 9% que se había acordado para los 15 meses anteriores. El dirigente sindical oficialista Guillermo Medina declaraba indignado que esta propuesta vulneraba “el espíritu” del Plan Laboral que, según él, no tenía como fin perjudicar a los trabajadores.[31]

La propuesta de CODELCO fue una verdadera provocación a los trabajadores que tenían mayor poder de negociación en el país, considerados la “aristocracia obrera” chilena. Si el Plan Laboral lograba doblegarlos, pasaría una prueba de fuego al cumplirse el supuesto neoliberal de que ante el mercado todos los trabajadores eran iguales, sin leyes que privilegiaran a unos sobre otros. Desde el Ministerio del Trabajo, Miguel Kast sostuvo la misma doctrina de Piñera frente al conflicto del año anterior: el gobierno no debía intervenir, dejando que el conflicto se resolviera de acuerdo a lo que establecía el Plan Laboral. Durante cuarenta días, la huelga de El Teniente escaló a ribetes inéditos, llevando al límite la tolerancia del régimen. CODELCO mantuvo sus posturas, lo que radicalizó las posiciones de los trabajadores. La huelga de hambre iniciada por 29 trabajadores de los yacimientos de Sewell y Minas buscaba romper los estrechos márgenes de negociación que establecía el Plan Laboral. En efecto, los dirigentes y los trabajadores movilizados veían que inexorablemente avanzaban los días y la posición de la empresa no se modificaba. Siguiendo ese curso, como se sabe, estaban condenados a terminar derrotados. El rápido fin de la huelga de hambre simbolizó el fracaso de todo el movimiento. Como lo señaló uno de los dirigentes de base de El Teniente, “nosotros nos vimos forzados a firmar este convenio. No teníamos otra alternativa. Esperábamos más, pero, como las disposiciones son tan tajantes, se nos terminaba el tiempo. Creemos que es necesario revisar las disposiciones de la negociación colectiva. Con esas estructuras es muy difícil que podamos ganar los trabajadores”. Otro dirigente, más categórico, reconocía que la forma como había finalizado el movimiento “era un fracaso para los trabajadores”.[32] Evidentemente, para Kast y el gobierno el resultado demostraba la “eficiencia” del tipo de huelga contemplado en el Plan Laboral, rompiendo el mito sobre la necesidad de la intervención del Estado en la resolución de conflictos. Atrincherados en el principio de subsidiariedad, el nuevo proceso de negociación colectiva derrotó a una de las principales organizaciones de trabajadores del país. Caracterizados por la defensa de sus intereses corporativos, incapaces de derrotar por sí solos a CODELCO, la Confederación de Trabajadores del Cobre, como otras veces en su historia, movería su péndulo hacia posiciones más radicales, desplazando a los dirigentes más “blandos” ante la autoridad que se habían mostrado incapaces de conducir exitosamente la negociación colectiva.

El otro conflicto que desafió al Plan Laboral fue el de los trabajadores marítimos. Éstos pedían a la autoridad que no se les aplicara la normativa que establecía que los hombres podían jubilarse a los 65 años, planteando para su gremio el tope de 55, tomando en cuenta las duras condiciones de su actividad. Además, exigían que se derogara el Decreto N.º 18011, que terminaba con la matrícula para poder desempeñarse en los puertos. Ante la ausencia de contratos de trabajo, esta era la fórmula legal que impedía que los estibadores fueran reemplazados arbitrariamente de su trabajo. Ante la ofensiva sindical, el ministro Kast volvió a mostrar la faceta más inflexible del gobierno. Como respuesta a los reclamos de los gremios de trabajadores portuarios, se promulgó en septiembre de 1981 un nuevo decreto ley que flexibilizó por completo el mercado laboral del sector. De acuerdo a su consabido discurso, con esta medida se corregían “elementos monopólicos que están afectando a unos 20 mil trabajadores portuarios que no tienen matrícula para ejercer su actividad”. El libre mercado laboral quedaba consagrado, explicaba Kast, porque el sistema de matrículas implicaba una gran injusticia, “permitiendo la existencia de trabajadores de diferentes categorías y derechos, realizando funciones similares dentro de los puertos”.[33] El rechazo de los trabajadores agremiados no se hizo esperar, porque en la práctica, el nuevo decreto dejaba cesantes a los trabajadores matriculados, caducándose los convenios colectivos existentes y perdiéndose el derecho a negociación colectiva, pues la contratación sería individual.[34]

De la misma manera, como unos meses atrás había sido con los trabajadores del cobre, el ministro Kast hizo gala de inflexibilidad ante los portuarios, negándose a cualquier consideración que rompiera con la lógica de flexibilizar el mercado laboral. Los diálogos fueron infructuosos, al igual que las osadas movilizaciones de los estibadores, respondidas con cárcel y relegaciones a zonas extremas del país.

Al año siguiente, con la “recesión” económica declarada y el aumento progresivo de la cesantía, la inquietud de los gremios era natural. Sin embargo, el primer semestre del año no conoció ningún conflicto laboral importante. Para el gobierno, podía ser considerado señal de que su inflexible política sindical había rendido frutos. En abril de 1982, Miguel Kast fue reemplazado por Máximo Silva Bafulluy, ex director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y de la misma línea de Kast. Sin embargo, en agosto del mismo año, Silva Bafulluy fue reemplazado por Patricio Mardones, ex subsecretario de Trabajo en tiempos de Kast. Su llegada respondía a un capítulo más en la guerra sorda dentro del régimen acerca de cómo se debía enfrentar la crisis económica. La salida de Kast y Silva Bafulluy representaba que los sectores más radicalmente neoliberales eran sustituidos por otros más moderados.

2. El Plan Laboral en tiempos de crisis. Reformas y negociación (1982-1985)

Las primeras declaraciones de Patricio Mardones como ministro de Trabajo demostraban que el régimen militar pretendía modificar su política laboral. Abogado laboralista, el gobierno optaba por un experto en materias laborales y, supuestamente, con mayor conocimiento del mundo sindical. Ex militante del Partido Nacional y subsecretario de Trabajo con Miguel Kast, representó una opción neoliberal, pero menos radical que la de sus antecesores. El siguiente diálogo con una periodista explicaba el perfil del nuevo ministro:

—¿Está de acuerdo con el Plan Laboral?

—(Piensa unos segundos y responde con voz firme). Sí. En lo sustancial estoy de acuerdo. Creo, sí, que hay que irlo perfeccionando.[35]

Las razones de esta modificación ministerial se relacionaron con el problema político desencadenado por la recesión económica. Como es sabido, la ortodoxia neoliberal, que planteó que por medio del “ajuste automático” de la economía podría sortearse la crisis, sólo provocó su ahondamiento. La llegada en 1983 de un equipo económico con un perfil alejado de los tecnocráticos Chicago boys inició una nueva etapa de la dictadura, basada en la continuidad de las políticas neoliberales, pero con flexibilidad y pragmatismo, diferenciándose del neoliberalismo radical que imperó en el período 1976-1982.[36]

Para tratar de entender los matices políticos del régimen militar, es necesario entender que el general Pinochet solía hacer gala de estrategias políticas amplias, en ocasiones, al borde de la ambigüedad. El sector laboral fue un buen ejemplo de esto, cuando, por un lado, los neoliberales cobraban protagonismo con la presencia de Sergio Fernández, Vasco Costa y José Piñera en la cartera de Trabajo, mientras que en la Secretaría de los Gremios se mantenían a los neofascistas y estatistas militantes del MRNS, liderados por Misael Galleguillos.[37] Por este motivo, mientras que el Plan Laboral se instalaba contra viento y marea a partir de 1979, con la oposición inclusive de sindicalistas afines al régimen, Pinochet nunca dejó de mantener reuniones con representantes de los trabajadores, intentando proyectar una imagen de cercanía y contacto con el “país real”.[38] De esta manera, la figura de Pinochet intentaba proyectarse no sólo como un gobernante cercano, sino además lleno de buenas intenciones y abierto al diálogo. Bajo esta lógica, los dirigentes sindicales oficialistas repetían la idea de que cuando surgían problemas, era responsabilidad de los “mandos medios”, salvando de la responsabilidad a Pinochet.[39] En otras ocasiones, se publicitaban estos encuentros destacando la supuesta “buena disposición presidencial para escuchar a los trabajadores […] en varias oportunidades, el Presidente Pinochet tomaba nota de lo que le exponían. ‘Realmente nos enorgullece que en este país se escuche en forma directa los planteamientos de los trabajadores, con absoluta libertad’”, decía un dirigente sindical asistente al encuentro.[40]

Así, cada víspera de 1° de mayo, en esa misma fecha y alrededor del 11 de septiembre, cuando el gobierno celebraba un nuevo aniversario del golpe de Estado que lo llevó al poder, Pinochet reactualizaba su contacto con las “bases”. Mientras el Plan Laboral hacía más impersonales las relaciones laborales, aproximándolas a la utopía capitalista de un vínculo articulado sólo por el salario, Pinochet no olvidaba el paternalismo de antaño, característico de las Fuerzas Armadas chilenas previo a 1973. Sin embargo, este neopaternalismo pinochetista no se contradecía con el modelo neoliberal, sino que lo complementaba, intentando aceitar la dureza de las medidas económicas y legislativas que implicaba su aplicación. En todo caso, es importante señalar que las “bases” a las que aludía el oficialismo (o “mayoría silenciosa”, como gustaba llamarle Pinochet) eran meticulosamente seleccionadas, asegurándose que no cometieran exabruptos frente al presidente. Ninguno de ellos había sido un dirigente reconocido previo a 1973, ni representaba a sectores laborales con tradición sindical. Es decir, las “bases” sindicales que asistían a dialogar con Pinochet no eran representativas de la mayoría del movimiento sindical chileno. Por este motivo, los encuentros entre los dirigentes gremiales y el general Pinochet tenían una finalidad propagandística, en función de fortalecer su legitimidad y liderazgo. Es decir, poseían una cuota de populismo que se conectaba con las tradiciones ideológicas de las Fuerzas Armadas chilenas.

En este contexto y al fragor de la crisis, la misión del ministro Mardones era recomponer, aunque fuera en parte, las maltrechas relaciones entre el gobierno y el movimiento sindical. Luego de años en manos de neoliberales radicales, la cartera del trabajo había perdido su capacidad de diálogo. Los propios dirigentes sindicales oficialistas, como Guillermo Medina (cobre), Manuel Contreras Loyola (metalúrgicos) o Martín Bustos (marítimos), habían deslizados críticas públicas, especialmente a Miguel Kast. Marcando diferencia con los sectores “duros” del neoliberalismo, Mardones promovió una importante reforma al Plan Laboral, conocida como la “Ley del Piso”. Ésta retrotraía el piso de las remuneraciones a 1979, es decir, su aplicación implicaba una baja general de todos los salarios. La discusión de la Ley del Piso era crucial dentro del régimen, pues su aplicación era necesaria para lograr el “ajuste automático” de la economía, promovido por el ministro de Hacienda Sergio de Castro. Según él y su equipo, el déficit de la cuenta corriente del país era producto de un exceso de inversión, por lo que, controlándola por medio de un fuerte ajuste, ésta se recuperaría. En esta visión, la baja de salarios era condición indispensable para lograr la recuperación económica.[41] Por este motivo, no fue casualidad que la salida del gabinete del otrora poderoso ministro De Castro coincidiera con la asunción de Mardones a Trabajo, opositor al “ajuste automático” promovido por el discípulo de Milton Friedman. La modificación de la Ley de Piso a fines de 1982, luego de varios meses de intensas negociaciones en el interior incluso de la propia Junta de Gobierno –que ejercía el papel del legislativo en aquellos años–, debe ser considerada un triunfo de Mardones y los sectores neoliberales más moderados que él representaba. De esta manera, la nueva ley estableció que una vez extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas subsistirían como integrantes de los contratos de trabajo. La rebaja de salarios ya no podría ser unilateral, sino pactada con los trabajadores.[42]

Durante el segundo semestre de 1982, las negociaciones colectivas cumplieron su objetivo de evitar las huelgas. La alta cesantía y la deprimida actividad económica provocaron que los sindicatos que negociaron sus nuevos acuerdos colectivos evitaran este recurso extremo, privilegiando la continuidad de sus empleos. El principal ejemplo de esta postura fue la de los trabajadores de El Teniente, protagonistas de huelgas los años anteriores. La propuesta de la empresa fue aprobada por la mayoría de los trabajadores. Aunque considerada poco satisfactoria, “significa protección a la estabilidad laboral y mantención de los derechos adquiridos”.[43] Sin embargo, estalló una huelga entre los trabajadores que estaban construyendo la central hidroeléctrica Colbún-Machicura, en el sur del país, que anunció los nubarrones de protestas que se avecinaban contra el gobierno. Si bien la represa pertenecía a la empresa estatal ENDESA, una parte de la construcción estaba a cargo de la compañía francesa Compañía Constructora Internacional (CII). El primer capítulo de la historia de esta huelga se originó por las protestas contra los malos tratos que los capataces dispensaban a los obreros y por mejoramientos salariales. Luego de seis días de paralización, se llegó a un acuerdo que consistió en que la compañía reincorporaba a sus labores a José Villegas, presidente del sindicato de trabajadores. Las otras demandas serían estudiadas en comisiones bipartitas. En esta primera etapa, la novedad de este conflicto fue que no respetó el “espíritu” del Plan Laboral. Por un lado, contó con la mediación de los ejecutivos de ENDESA y del intendente de la VII Región, coronel de ejército Ricardo Canales Varas, rompiendo con el principio de subsidiariedad en que se basaba la negociación colectiva. Por otro lado, jugó un papel determinante en el conflicto el presidente de la Confederación de Trabajadores de la Construcción, el comunista Héctor Cuevas. Con ello se había violado el principio que permitía negociar al sindicato de empresa, y no a los organismos sindicales superestructurales. Por estos motivos, los partidarios del gobierno hicieron correr el rumor de que se trataba de un conflicto de inspiración “política”, y no ciento por ciento gremial.[44]

A los pocos días de terminada la huelga, la nueva negociación entre el sindicato y la empresa no logró arribar a acuerdos. El fondo de por qué Colbún-Machicura se convirtió en la única huelga ilegal del período que comprende este artículo se relaciona con el hecho de que los trabajadores no acataron las reglas que imponía la negociación colectiva. La última oferta de la empresa debía votarse secretamente el 12 de enero de 1983. Sin embargo, el día 7, en multitudinaria asamblea, se rechazó la oferta por aclamación, dándose por iniciada la huelga. Esta modalidad rompía los pasos de la negociación establecida en el Plan Laboral. El 9 de enero la empresa propuso que se reintegraran los trabajadores bajo condiciones peores que las de la propuesta del día 7, cuestión que debía votarse el 12 de enero. Los dirigentes sindicales decidieron no aceptar este posible acuerdo, con lo que el movimiento huelguístico de facto continuó.[45]

La huelga se extendió por casi tres meses de duración, algo absolutamente inédito para el sindicalismo chileno, golpeado y debilitado por años de gobierno autoritario. A pesar de las fuertes presiones de la empresa, que utilizó todas las maniobras antisindicales y antihuelguísticas que se conocen, no pudieron doblegar el movimiento de los trabajadores. A poco andar, los franceses decretaron el lock-out de la empresa. Días más tarde, fueron despedidos todos los trabajadores, porque apoyándose en la ley, la huelga era ilegal, lo que permitía sostener que se había producido abandono del trabajo. Luego, se desarrollaron intentos divisionistas, al contratar rompe-huelgas. Contra la adversidad establecida por el Plan Laboral y la alta tasa de cesantía, la huelga de Colbún-Machicura marcó un precedente con un fuerte componente subjetivo: una mayor disposición de los trabajadores para luchar por sus derechos y dignidad. Inclusive dirigentes recalcitrantemente oficialistas, como el metalúrgico Manuel Contreras Loyola, se solidarizaron con los trabajadores. Asimismo, el movimiento sindical alcanzaba nuevos hitos de unidad y solidaridad, expresados en las declaraciones de apoyo de la Confederación de Trabajadores del Cobre.

En la práctica, los huelguistas de Colbún-Machicura fueron una especie de “kamikazes” sindicales, porque realmente era casi imposible lograr que fueran reincorporados a la empresa, teniendo en cuenta el contexto político de la época. Cuando a fines de marzo de 1983 se firmó el acuerdo que puso fin al largo movimiento, el triunfo moral que obtuvieron los huelguistas fue que se les reconoció que el despido había sido injustificado. Por lo tanto, todos los que participaron en la huelga perdieron su trabajo, pero bajo la figura legal “por necesidad de la empresa”, lo que les permitió obtener el pago de una indemnización y un bono de término de conflicto.[46] En términos estrictos, habían logrado vencer al Plan Laboral, pero al costo de perder su fuente de trabajo. En esta línea, el gobierno adoptó la política de desconocer la existencia el conflicto. De acuerdo con el ministro Mardones, en Colbún-Machicura no había ocurrido ninguna huelga, porque “sólo se puede hacer uso legal de ella cuando hay negociación colectiva”. Para la máxima autoridad de Trabajo, la compañía francesa, ante una paralización ilegal, “hizo uso de su derecho a despedir a los trabajadores”.[47] Esta postura, si bien permitía al gobierno mantenerse dentro de los márgenes establecidos por la legalidad laboral, no daba cuenta de la realidad. No sólo había huelga, sino que se prolongaría casi dos meses luego de estas declaraciones del ministro. El conflicto de Colbún-Machicura resquebrajó el “encuadramiento” de los trabajadores en los mecanismos negociadores del Plan Laboral. Sin embargo, también estaba lejos todavía de ser una protesta anti-neoliberal.

En paralelo al desarrollo de la huelga de Colbún-Machicura, el movimiento sindical registró nuevas huelgas conflictivas, como la iniciada a principios de febrero de 1983 en MADECO. Como ya dijimos, sus resultados fueron insatisfactorios para los trabajadores, pero formaron parte de un clima social levantisco contra el régimen. En abril, estallaba la huelga en la textil Viña, reclamando por sueldos impagos. En esta misma dirección, las elecciones en la Confederación de Trabajadores del Cobre, convertido en un hecho político de importancia nacional, significó una fuerte derrota para Pinochet. La elección de Rodolfo Seguel (demócrata cristiano) a fines de febrero de 1983 representó el triunfo de los representantes del tronco histórico del movimiento sindical en el cobre y el anuncio de nuevos conflictos, ahora directamente contra el gobierno.[48]

Con todo, las huelgas que hemos reseñado carecieron de dos características que ayudan a entender la coyuntura a la que se enfrentaba el régimen. En primer lugar, no lograron generar directamente un “efecto dominó” que activara paralela y coordinadamente otros movimientos huelguísticos. En segundo lugar, despertaban simpatía entre la mayoría de las cúpulas sindicales, opositoras al régimen y al Plan Laboral, pero no lograban politizar el accionar de las bases sindicales. En el caso de la emblemática huelga de Colbún-Machicura, el hecho de que los patrones fueran empresarios franceses hizo que entre los sindicalistas partidarios del gobierno no la vieran como una movilización en contra de éste. En el fondo, muchas de estas huelgas lograron desarrollarse por la coyuntura de la aguda crisis económica que el país vivía, que provocó la pérdida del miedo en algunos sectores, pero además declarándose como “no políticas”, para así no espantar la participación de sus socios.[49] La sedimentación de los principios despolitizadores del Plan Laboral, de alguna u otra manera, se reflejaban en el movimiento sindical chileno. El descontento por los bajos salarios y malos tratos no alcanzó a convertirse en pliegos reivindicativos que cuestionaran el modelo económico neoliberal. Por el contrario, esto era evitado para obtener mayor respaldo entre los socios, al parecer reacios a la politización de los movimientos huelguísticos.

A pesar de la despolitización subjetiva de las bases sindicales, la acumulación del descontento social estalló el 13 de mayo de 1983, cuando la primera Protesta Nacional, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, remeció al país. Los intentos aperturistas del ministro Mardones quedaron superados. La reforma de la Ley del Piso, nuevos encuentros entre Pinochet y sindicalistas “de base” y los anuncios realizados el 1° de mayo en el sentido que se revisaría la ley de organizaciones sindicales fueron absolutamente insuficientes para detener el descontento de los gremios de trabajadores.[50] Con todo, expresión de las dificultades que tenían las cúpulas sindicales para concretar una huelga general, días previos al 11 de mayo, la CTC comunicaba que se cambiaba la convocatoria: no sería “paro”, sino “protesta” nacional. El paro se había suspendido –señalaba Rodolfo Seguel– “por las presiones que se ejercieron sobre la población”.[51] De esta manera, desde el primer llamado nacional a movilizarse contra el régimen militar, el movimiento sindical tuvo dificultades para convocar a sus afiliados, producto de que sus motivos respondían a problemáticas políticas y nacionales más que a las particularidades de cada empresa.

Luego de los exitosos resultados de la protesta del 11 de mayo de 1983, el régimen olvidó el tímido “aperturismo” de Mardones y buscó encarcelar a la plana mayor de la CTC. Por su parte, CODELCO intentó despedir a los dirigentes de las divisiones de la Gran Minería del Cobre, acusándolos de “haberse apartado de sus funciones sindicales”.[52] Antes de que se materializara el despido y/o la detención de los sindicalistas del cobre, se realizó una segunda “protesta nacional” el 14 de junio y una paralización ilegal en las divisiones de El Salvador, Andina y El Teniente, que se extendió por unos días. Producto de esta efímera paralización ilegal, el régimen abrió dos vías para tratar el desafío planteado por la CTC. Por un lado, se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado a 11 dirigentes, incluidos Rodolfo Seguel y Hugo Estivales, máximos líderes de la organización gremial. Asimismo, fueron despedidos los centenares de trabajadores que ilegalmente se habían ausentado a sus labores. Por otro lado, el ministro Mardones intentó abrir una puerta al diálogo con los dirigentes del cobre y, más aún, llamó al resto del movimiento sindical para que enviaran observaciones escritas sobre aspectos del Plan Laboral deberían modificarse.[53]

Como era previsible, con la radicalización del conflicto en el país, la estrategia negociadora de Mardones perdió piso político. A principios de agosto de 1983, a un año de haber asumido, era destituido del Ministerio de Trabajo. En todo caso, la cirugía fue mayor en el gabinete ministerial y con la llegada de Sergio Onofre Jarpa al Ministerio del Interior, el régimen militar intentaría recuperar la iniciativa política que había perdido producto de las masivas movilizaciones populares en su contra. Ese fue el marco en el que Hugo Gálvez asumió la conducción del Ministerio de Trabajo.

El nuevo ministro había ocupado la misma cartera durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Al igual que su antecesor, tenía larga experiencia en los temas laborales. Desde el punto ideológico, pertenecía a la corriente nacionalista que liderara en la década de 1960 el extinto Jorge Prat Echaurren. Durante los agitados años 1983 y 1984, se especuló que arribarían al gabinete de Pinochet representantes del ala “dura” y estatista que apoyaba al régimen y opuestos al neoliberalismo de los Chicago boys. Aunque esto no se materializó en las carteras políticas, si ocurrió en la de Trabajo, porque de inmediato el nuevo ministro Gálvez se mostró muy crítico del Plan Laboral y dispuesto a modificarlo profundamente. En efecto, la gestión de Gálvez se articuló en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, una reforma “de importancia” de la legislación laboral. En segundo lugar, la generación de una mesa de cooperación permanente entre gobierno, empresarios y trabajadores. Finalmente, debería cooperar a la generación de empleos, cuestión que en ese momento era el principal flagelo social que aquejaba al país.

Las reformas que propuso Gálvez durante su paso en el Ministerio de Trabajo iban mucho más allá que los cosméticos cambios implementados por el ex ministro Mardones. Es más, es posible afirmar que la intención de Gálvez era terminar con el Plan Laboral. Sus principales propuestas de reformas lo demostraban, puesto que pretendía modificar algunos de sus aspectos esenciales. Gálvez declaró públicamente que le parecía inadecuado que las huelgas tuvieran un tope máximo de sesenta días, que los contratos de trabajo pudieran ser rescindidos unilateralmente por el empleador; estimaba necesario restablecer los Tribunales del Trabajo y, en uno de sus planteamientos más inaceptables para los neoliberales, estimaba necesario volver a la negociación por área o rama de empresa en sectores como la construcción, el comercio y los campesinos. Este último punto, como hemos visto, derogaba la quintaesencia de la negociación colectiva neoliberal: la negociación por empresa.[54] Dada la magnitud de las diferencias ideológicas que implicaba la visión representada por Gálvez, no extraña que a poco andar, se hicieran públicas las disidencias internas dentro del gobierno en relación con estas materias.[55]

Durante meses se postergaron las supuestas reformas al Plan Laboral, hasta llegar a agosto de 1984. Ese mes se decidió la suerte del ministro Gálvez, quien derrotado en el debate interno había dado señales de divergencias internas dentro del gobierno al hacer declaraciones públicas en que señalaba que era partidario de la negociación por rama de la producción. Aislado políticamente y sin el apoyo del presidente, terminó por dimitir a su cargo. Ante la magnitud de la polémica pública generada por el ministro Gálvez, el propio general Pinochet debió aclarar su situación: “El único Ministro que me ha presentado su renuncia es el Ministro del Trabajo y la estoy estudiando todavía”. Si bien dejaba en una situación ambigua el futuro del ministro, sus afirmaciones sobre la polémica del momento dejaban en claro que no compartía sus puntos de vista: “[A los trabajadores] nunca les diré que voy a disponer la afiliación obligatoria porque creo en la libertad de afiliación y de cotización. Las negociaciones colectivas serán por empresa y no por áreas”.[56] Así, luego de un par de meses en que el subsecretario de Trabajo Guillermo Arthur hizo algunas apariciones públicas, en el mes de noviembre Hugo Gálvez era reemplazado en la cartera de Trabajo por un empresario agrícola Alfonso Márquez de la Plata.

Durante el año en que estuvo en el Ministerio de Trabajo, a Hugo Gálvez le tocó implementar un proyecto al que el gobierno le otorgó gran importancia: la conformación de comisiones de diálogos tripartitos entre empresarios, gobierno y trabajadores. En un primer momento, se crearían cuatro comisiones que analizarían temáticas distintas: contratos de trabajo, legislación sobre las organizaciones sindicales, negociación colectiva y una cuarta que vería normas de reglamentación especial (sic).[57] Aunque el propio ministro Gálvez se había mostrado abierto a que sindicalistas de oposición participaran en estas comisiones, en la práctica, éstas se vieron reducidas sólo a partidarios del régimen. Al decidir hacerlas permanentes en el tiempo, surgió de esta iniciativa el Consejo Económico y Social (CES), organismo consultivo de Pinochet, compuesto –supuestamente– por todos los sectores de la sociedad civil. Al carecer de verdadera representatividad, tanto las comisiones de diálogo como posteriormente el CES cumplieron un papel sobre todo propagandístico, en el marco de un régimen marcadamente autocrático, en el que las comisiones consultivas de este tipo tenían casi nula capacidad de injerencia en las decisiones del Ejecutivo. El fracaso de la convocatoria amplia realizada por Gálvez demostraba la definitiva fractura existente entre el movimiento sindical y el gobierno.

Esto se vio agravado porque las persecuciones contra los dirigentes del cobre se intensificaron desde fines de 1983 y durante 1984. El origen del conflicto era que los trabajadores aún insistían en la reincorporación de los trabajadores despedidos por su participación en la movilización de junio de 1983. Además, CODELCO había inhabilitado a cuatro dirigentes nacionales de la CTC, incluido su presidente Rodolfo Seguel. Ante la negativa de CODELCO y la persecución gubernamental, en mayo de 1984 una veintena de trabajadores del cobre iniciaron una huelga de hambre. Esta se prolongó casi un mes, obteniendo su objetivo de reincorporar a los trabajadores que habían sido despedidos.[58]

El corto paso de Gálvez por el Ministerio de Trabajo no deja de ser paradojal. Luego de vanagloriarse de la “modernización” que representaba el Plan Laboral, Pinochet pareció querer retrotraer lo avanzado designando a un nacionalista de viejo cuño en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el margen real de maniobra que tenía Gálvez era escaso. Por el lado de las organizaciones sindicales, la historia de enfrentamientos con el gobierno tenía larga data, incluyendo el exilio y el asesinato de algunos de sus máximos dirigentes en tiempos muy recientes. Con el inicio de las “Protestas”, quedaba claro que no existía ninguna posibilidad de acordar un tipo de pacto social con el tronco histórico del movimiento sindical chileno. Por otro lado, los incesantes esfuerzos por crear un movimiento sindical oficialista habían fracasado una y otra vez. Inclusive los dirigentes partidarios del régimen, como Guillermo Medina y Manuel Contreras Loyola, eran propiamente “pinochetistas”, ya que su lealtad era con el mandatario, pero no acallaban sus críticas a los “mandos medios” o a medidas y leyes decretados por el gobierno, incluido el Plan Laboral. Por esta razón, el objetivo de crear un “nuevo sindicalismo” con base en la legislación laboral vigente en el país desde 1979, a la vista de la realidad política de 1984, tuvo escasos resultados, porque la hegemonía en el movimiento sindical continuaba en manos de las cúpulas sindicales. De esta forma, el ministro Gálvez y sus propuestas rectificadoras estaban fuera de los tiempos políticos, pues el régimen había perdido la batalla por levantar un movimiento sindical oficialista fuerte, tanto a nivel de base como de cúpulas. En el fondo, Gálvez no tenía base social. Lo anterior se unía con que el modelo económico nunca estuvo realmente en tela de juicio. El equipo económico compuesto por Luis Escobar Cerda y Modesto Collados aspiraba a corregir los “excesos” del neoliberalismo a ultranza de los tiempos de Sergio de Castro, pero no a restaurar el estatismo previo a la aparición de los Chicago boys. Así, la experiencia de Hugo Gálvez como ministro de Trabajo no pasó de ser una de las decisiones en apariencia contradictorias de Pinochet, el que a la larga siguió comprometido con el proyecto neoliberal. Por este motivo, las reformas realizadas al Plan Laboral en 1984 fueron sólo superficiales y el régimen continuó su política represiva hacia las organizaciones gremiales de los trabajadores.

El perfil del ministro Márquez de la Plata era muy diferente a los de sus antecesores. No era ni un tecnócrata neoliberal ni un experto laboralista. Por el contrario, era un hombre de confianza de Pinochet y el empresariado. Presidente de la patronal Sociedad Nacional de Agricultura durante los últimos meses del gobierno de Allende, desde ese cargo fue un activo promotor del golpe de Estado en 1973. Empresario agrícola y banquero, fue presidente del Banco Santiago en 1977 y entre 1981 y 1983 fue miembro de los directorios del Banco de Crédito de Inversiones, de la administradora de pensiones Provida y de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU). Además, ejerció como ministro de Agricultura de Pinochet entre 1978 y 1980. Con estos antecedentes, la tarea que le encomendó Pinochet fue evacuar con rapidez las tan anunciadas reformas laborales, que producto de las divergencias generadas por el ex ministro Gálvez, se habían estancado durante casi un año. Es necesario agregar que Márquez de la Plata asumió junto con el dictado del estado de sitio en todo el país, lo que hizo recrudecer la represión contra los opositores al régimen y detener la oleada de movilizaciones sociales que habían caracterizado los años 1983 y 1984. Por estos motivos, es posible afirmar que el papel de Márquez de la Plata fue sobre todo consolidar el Plan Laboral, dejando en un lugar secundario las relaciones con el movimiento sindical.

Un mes y medio después de asumir en el cargo, el ministro Márquez de la Plata anunciaba la promulgación de las reformas al Plan Laboral. Éstas implicaron algunos ajustes, pero ninguno de ellos fue en contra del concepto subsidiario que lo había inspirado. El Decreto modificado fue el 2200, relativo a los contratos de trabajo. Con los cambios realizados, se reducía la extrema flexibilidad del mercado laboral, devolviendo algunas seguridades a los trabajadores: el contrato individual no podría cambiar lo pactado en el convenio colectivo; todo trabajador debía ser indemnizado si era despedido; habría indemnización mínima e irrenunciable de un mes por año de servicio; se debía comunicar por escrito las razones del despido; la jornada diaria no podría exceder las diez horas de trabajo; los menores de 21 años tendrían el mismo ingreso mínimo que el resto de los trabajadores, entre las medidas más importantes.[59] Con estas modificaciones, el gobierno terminó el debate sobre el “perfeccionamiento” del Plan Laboral.

Durante 1985, los signos de recuperación económica y la paz social obtenida a sangre y fuego gracias al estado de sitio hicieron que las actividades del Ministerio de Trabajo se abocaran a reuniones formales con sindicalistas oficialistas y empresarios. Se señalaba que con ellas se iniciaba un nuevo ciclo de “discusiones” para “perfeccionar” otras áreas de la legislación social, como las atribuciones de la Dirección de Trabajo o el posible restablecimiento de los tribunales de trabajo.[60] Tal como en otras ocasiones, los resultados eran en la práctica nulos. De esta manera, terminó un ciclo histórico iniciado a principios de 1979, cuando José Piñera anunciaba la creación de una nueva institucionalidad laboral en Chile. A lo largo del primer lustro de los años ochenta, el principal instrumento de este nuevo cuerpo jurídico, la negociación colectiva, fue capaz de legitimarse a pesar de las severas restricciones que imponía a los trabajadores y a la aguda crisis económica que padeció el país. Sin embargo, su objetivo declarado de crear un nuevo tipo de sindicalismo, dejando atrás la tradicional cultura sindical chilena, no se logró concretar. Protagonista de las primeras manifestaciones de descontento contra la política económica del régimen, el movimiento de los trabajadores en Chile estuvo en la cresta de la ola en 1983 cuando se iniciaron las “Protestas Nacionales”. La paradoja de este período fue la aceptación en la práctica de la negociación colectiva contemplada en el Plan Laboral, por un lado, y el protagonismo en movilizaciones opuestas al régimen, por el otro. Esto permite concluir que si bien el Plan Laboral no pudo crear un movimiento sindical propiamente oficialista y fue derrotado en este aspecto por la cultura sindical, sí fue exitoso, ayudado por la represión, en despolitizar de un modo progresivo un sindicalismo que históricamente había estado ligado con fuerza a las problemáticas políticas del país.

En conclusión, el fracaso del régimen militar de ganarse la adhesión de aunque fuera un sector del movimiento sindical fue uno de los costos que Pinochet estuvo dispuesto a pagar en función del despliegue del proyecto neoliberal. Su apuesta era que se produciría un cambio sustancial (“revolución silenciosa”) en la mentalidad de los chilenos, que con base en su esfuerzo y gestiones individuales, resolverían sus problemas económicos y laborales. La apuesta fue por el crecimiento económico, la flexibilidad laboral y el debilitamiento de los sindicatos, abandonando las tentaciones pragmáticas de relajar las normativas laborales. Aunque esta opción tuvo éxito en imponer el modelo neoliberal en el país, significó granjearse el rechazo de la mayoría del país. De esta manera, las draconianas leyes laborales, institucionalizadas en el Código del Trabajo aprobado por Pinochet en 1987, aseguraron tanto su proyección en el futuro democrático como una irreversible imagen de insensibilidad social del régimen. Hábilmente denunciado por sus opositores, las leyes laborales de la dictadura estuvieron vinculadas al legado más permanente del régimen (el modelo neoliberal), como a sus derrotas electorales en 1988 y 1989. Más tarde, durante el nuevo período democrático, los herederos civiles del régimen también debieron cargar con la responsabilidad de ser avales del “Plan Laboral”. La defensa irreductible que la derecha hizo del Plan Laboral durante la década de 1990 también tuvo altos costos electorales para este sector.[61]

Con todo, la vigencia hasta el día de hoy de esta normativa sigue siendo expresión de la profundidad de los cambios estructurales realizados por la dictadura de Pinochet en Chile y de la deuda social que se mantiene con los trabajadores y trabajadoras desde el retorno a la democracia en 1990.

Resumen

El régimen militar encabezado en Chile por el general Augusto Pinochet desarrolló una sistemática política represiva hacia quienes se oponían a su gobierno. Sin embargo, su régimen no basó su prolongación en el tiempo sólo con base en esta variable, sino que también desarrolló fórmulas que intentaban obtener la adhesión popular. En el caso del movimiento sindical, fracasados sus intentos de cooptar a sus dirigentes, creó una legislación que buscó anular su accionar disidente. A través del llamado Plan Laboral, el régimen militar tuvo éxito en crear una legislación neoliberal que redujo drásticamente el poder negociador de los sindicatos. Éstos, debilitados por la represión, no tuvieron otra opción que utilizar esta legislación, gracias a lo cual el régimen militar pudo aplacar en buena medida al otrora poderoso movimiento sindical chileno.

Palabras clave: dictadura militar, legislación laboral, neoliberalismo, movimiento sindical, huelga

Abstract

The military regime headed in Chile by General Augusto Pinochet developed systematically repressive politics towards his opponents. Nevertheless, this regime did not built up its length only on that politics, but also developed strategies which tried to get him popular support. Regarding the trade union movement, after the failing of his attempts to co-opt his leaders, the government settled up a legislation which sought to override their power. Through the so-called “Plan Laboral”, the military regime was successful in setting up a neoliberal legislation, which reduced drastically the negotiating power of trade unions. These unions, also weakened by repression, did not have the choice to skip these laws; so, the military regime could appease to a large degree the once powerful Chilean trade unions.

Keywords: military dictatorship, labour legislation, neoliberalism, union movement, strike


  1. Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical en el Régimen Militar chileno. 1973-1981, Santiago, ILET, 1984. Un estudio de caso que demuestra la inutilidad de la huelga legal contemplada en el Plan Laboral, en Joel Stillerman, “Continuidades, rupturas y coyunturas en la transformación de los obreros de MADECO S.A. 1973-2003”, en Política, vol. 44, Santiago, 2005.
  2. Manuel Barrera, Helia Henríquez y Teresita Selamé, Sindicatos y estado en el Chile actual, Santiago, UNRISD-CES, 1985.
  3. Jaime Ruiz-Tagle, El sindicalismo chileno después del Plan Laboral, Santiago, PET, 1985; J. Samuel Valenzuela, “El movimiento obrero bajo el régimen militar”, en Francisco Zapata, Clases sociales y acción obrera en Chile, México, El Colegio de México, 1986.
  4. Patricio Frías, El movimiento sindical chileno en la lucha por la democracia, Santiago, PET, 1989; Manuel Barrera, “La demanda democrática de los trabajadores chilenos”, en Documento de Trabajo, CED, núm. 15, junio de 1984.
  5. Rodrigo Baño, Lo social y lo político. Un dilema clave del movimiento popular, Santiago, FLACSO, 1985.
  6. Sobre la pugna al interior del gobierno, Verónica Valdivia, El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. 1960-1989, Santiago, Lom, 2003. Sobre la rearticulación del movimiento sindical, Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical…, op. cit.
  7. Una versión del entonces ministro del Trabajo, en José Piñera, La revolución laboral en Chile, Santiago, Zig-Zag, 1990.
  8. Hemos desarrollado estos temas en Rolando Álvarez Vallejos, “¿Represión o integración? La política sindical del régimen militar. 1973-1980”, en Historia, vol. 43, núm. 2, Santiago, 2010, pp. 325-355.
  9. Existen numerosos textos que explican sus contenidos. Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical…, op. cit.; Elizabeth Lira y Hugo Rojas, Libertad sindical y Derechos Humanos. Análisis de los informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT (1973-1990), Santiago, Lom, 2009; Alberto J. Armstrong y Rafael Águila, Evolución del conflicto laboral en Chile. 1961-2002, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006, y Colección Estrategia, La negociación colectiva en Chile y sus perspectivas ante las reformas laborales y los desafíos de la nueva economía, Santiago, Publicaciones Editorial Gestión-Universidad Las Condes, 1997.
  10. Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical…, op. cit., p. 145.
  11. Rodrigo Baño, Lo social y lo político…, op. cit., pp. 70 y 71.
  12. Véase, por ejemplo, Gremios, núm. 5 y núm. 7, ambos de 1979. En ellos, junto a los artículos de corte nacionalistas, se encuentran declaraciones y entrevistas a Piñera y a su subsecretario, José Tomás Hurtado.
  13. La Segunda, Santiago, 7 de febrero de 1979, p. 3.
  14. La Segunda, Santiago, 3 de enero de 1979, p. 5, y del 21 de marzo de 1979, p. 3.
  15. La Segunda, Santiago, 21 de marzo de 1979, p. 3.
  16. José Piñera, La revolución…, op. cit., p. 138.
  17. La Segunda, Santiago, 6 de noviembre de 1979, p. 3.
  18. La Segunda, Santiago, 20 de octubre de 1979. De acuerdo a informaciones oficiales, hacia marzo de 1980 se habían firmado 1.653 convenios colectivos, de los cuales sólo el 3,1% había pasado por una huelga legal. De acuerdo al gobierno, más de cuatrocientos mil trabajadores se habían visto favorecidos. La Segunda, Santiago, 1 de marzo de 1980, p. 3.
  19. Sobre los primeros resultados de la negociación colectiva, véase Mario Alburquerque, Balance de dos años de negociación colectiva, Santiago, Vicaría de Pastoral Obrera, 1981; Barrera, Henríquez y Selamé, Sindicatos y estado…, op. cit., y Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical…, op. cit.
  20. Declaraciones de Rodrigo Álamos, jefe del gabinete del ministro del Trabajo José Piñera, en La Segunda, Santiago, 7 de diciembre de 1979, p. 3.
  21. Francisco Zapata, “La acción sindical en la Gran Minería del Cobre: ¿continuidad o ruptura?”, en Francisco Zapata, Clases sociales…, op. cit.
  22. La Segunda, Santiago, 1 de febrero de 1980.
  23. La Segunda, Santiago, 4 de diciembre de 1989, p. 2.
  24. Véase Guillermo Campero y José A. Valenzuela, El movimiento sindical…, op. cit., pp. 307 y 308.
  25. La Segunda, Santiago, 14 de agosto de 1981, p. 4.
  26. La Segunda, Santiago, 5 de febrero de 1981.
  27. La Segunda, Santiago, 27 de abril de 1981.
  28. J. Samuel Valenzuela, “El movimiento obrero…”, op. cit.; Manuel Barrera, Helia Henríquez y Teresita Selamé, Sindicatos y estado…, op. cit.; Patricio Frías, El movimiento sindical…, op. cit.
  29. La labor de Jiménez durante la década de 1960 la hemos descrito en Rolando Álvarez Vallejos, “¿Represión o integración? La política sindical…”, op. cit.
  30. Una versión detallada de la intricada trama existente detrás del asesinato de Tucapel Jiménez en Aldo Signorelli y Wilson Tapia, ¿Quién mató a Tucapel?, Santiago, Editorial Ariete, 1986.
  31. La Segunda, Santiago, 13 de agosto de 1981, p. 7.
  32. La Segunda, Santiago, 5 de junio de 1981, p. 2.
  33. La Segunda, Santiago, 25 de septiembre de 1981, p. 5.
  34. Las reacciones de los gremios de los trabajadores portuarios pueden seguirse en La Segunda, Santiago, 29 de septiembre de 1981.
  35. La Segunda, Santiago, 10 de agosto de 1982, p. 22.
  36. Véase Eduardo Silva, “La política económica del régimen chileno durante la transición: del neo-liberalismo radical al neo-liberalismo ‘pragmático’”, en Paul Drake e Iván Jaksic (eds.), El difícil camino hacia la democracia en Chile, 1982-1990, Santiago, FLACSO, 1993.
  37. Analizamos esta aparente paradoja en Rolando Álvarez Vallejo, “¿Represión o integración? La política sindical…”, op. cit.
  38. La Segunda, Santiago, 7 de septiembre de 1981, p. 2.
  39. Declaraciones de Juan Vergara Gallegos, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Inspección de Santiago de Ferrocarriles del Estado, en La Segunda, Santiago, 25 de abril de 1980, p. 25.
  40. La Segunda, Santiago, 21 de abril de 1980.
  41. Véase Patricia Arancibia Clavel y Francisco Balart, Sergio de Castro, el arquitecto del modelo económico chileno, Santiago, Biblioteca Americana, 2007.
  42. La Segunda, Santiago, 23 de octubre de 1982, p. 2.
  43. La Segunda, Santiago, 6 de diciembre de 1982, p. 2. El convenio fue aceptado por el 72% de los 3.764 trabajadores.
  44. También figuró con protagonismo el entonces secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Construcción, el también comunista Sergio Troncoso. La Segunda, Santiago, 22 al 24 de noviembre de 1982.
  45. Cronología del conflicto en La Segunda, Santiago, 26 de febrero de 1983, p. 2.
  46. No existe una monografía sobre esta prolongada huelga, considerada la antecesora directa de los movimientos de “Protestas Nacionales” iniciados en mayo de 1983. Nos hemos basado en La Segunda desde enero a abril de 1983.
  47. La Segunda, Santiago, 9 de febrero de 1983, p. 3.
  48. Nos hemos basado en la prensa periódica de febrero a abril de 1983.
  49. Falta un catastro de las movilizaciones sindicales previas a la primera protesta. Sobre la necesidad de legitimar la movilización de la mano del “apoliticismo”, Manuel Espinoza, el tesorero del Sindicato N.° 1 de Trabajadores de MADECO, señalaba “no nos mueven móviles políticos […] Nuestro conflictos es gremial. Sólo queremos defender nuestros derechos adquiridos”, en La Segunda, Santiago, 30 de enero de 1983.
  50. Sobre la reunión de Pinochet y los sindicalistas y los anuncios del ministro Mardones, La Segunda, Santiago, 30 de marzo y 21 de abril de 1983.
  51. La Segunda, Santiago, 9 de mayo de 1983.
  52. La Segunda, Santiago, 16 de mayo de 1983, p. 3.
  53. La Segunda, Santiago, 29 y 30 de junio de 1983.
  54. Las opiniones del ministro Gálvez en La Segunda, Santiago, 19 de agosto de 1983; del 21 de febrero y 6 de agosto de 1984.
  55. La Segunda, Santiago, 6 de febrero de 1984, p. 4.
  56. La Segunda, Santiago, 30 de agosto de 1984, p. 2.
  57. La Segunda, Santiago, 25 de agosto de 1983, p. 10.
  58. Para un análisis de la crisis en el cobre, véase La Segunda, Santiago, 14 de marzo de 1984. La huelga de hambre de mayo de 1984 fue profusamente cubierta por toda la prensa nacional.
  59. La Segunda, Santiago, 17 de diciembre de 1984, pp. 8 y 9.
  60. La Segunda, Santiago, 30 de abril de 1985.
  61. Sobre la oposición de la derecha a las reformas laborales durante la década de 1990, véase Rolando Álvarez, “Gran empresariado, poderes fácticos e imaginarios políticos. El caso de la transición democrática chilena (1990-2000)”, en Marcelo Mella (ed.), Extraños en la noche. Intelectuales y usos políticos del conocimiento durante la transición chilena, Santiago, Ril Ediciones, 2011.


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