Lenin Mondol

Introducción

El 3 de enero de 2026, exactamente treinta y seis años después de la invasión a Panamá, vuelve un mismo país a violentar principios fundamentales de derecho internacional al bombardear un Estado soberano en América Latina^[1].

La intervención militar de los Estados Unidos sobre la República Bolivariana de Venezuela es la ejecución de una primera fase para la desestabilización política y el subsecuente control de la mayor reserva de petróleo en el mundo^[2]. Este dato no es menor, pues, en un contexto donde se profundiza una crisis del multilateralismo hegemónico frente al surgimiento de un mundo multipolar en pleno siglo XXI, con China como el país que se proyecta como uno de los principales actores para un cambio de la coordinación económica a nivel global, el control de los recursos energéticos es determinante para la pretensión del mantenimiento de la hegemonía mundial por parte del país norteamericano.

Así, la operación militar para el derrocamiento de un mandatario, dentro de un orden constitucional autónomo y soberano, como el venezolano, tiene una razón estratégica: fortalecer las relaciones de poder de los Estados Unidos en Latinoamérica a partir de una política agresiva, basada en la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional del año 2025 —relanzamiento de la Doctrina Monroe—, con el objetivo ulterior de dominar las principales reservas energéticas del continente.

Aunque el uso de las herramientas políticas y militares para forzar una desposesión de yacimientos en la región no es nuevo, se debe advertir que el tema trasciende la esfera del análisis geopolítico y cuestiona desde la economía política la perpetuación de la transferencia sistemática de valor desde Latinoamérica y el Caribe hacia los países denominados “centrales”.

Es aquí donde resulta pertinente recurrir al marco analítico de la teoría marxista de la dependencia para explicar cómo la nueva intervención estadounidense en América Latina está relacionada directamente con un patrón de reproducción del capital y la forma de inserción de los denominados países del “Sur” Global en los mercados internacionales, derivada de las relaciones de explotación con los países hegemónicos del orbe, que consolidan un modelo estructural e histórico de subordinación a partir del control, en nuestro caso, de los recursos naturales, como pilar de la hegemonía económica estadounidense.

En este sentido queremos problematizar sobre las relaciones que signan la imposibilidad de un desarrollo capitalista autónomo desde las economías dependientes centroamericanas y cómo estas han sido integradas al mercado global en compensación de la crisis de ganancia que sufren las economías “centrales”. Desde la propuesta de Ruy Mauro Marini (1932-1997) y la ulterior discusión analítica del profesor Jaime Osorio (1947-2023), intentamos dar cabida a las siguientes interrogantes: ¿se encuentra Centroamérica frente a un nuevo patrón de reproducción del capital? Y, específicamente, ¿cómo se viene configurando un modelo de inserción dependiente para los países centroamericanos en las últimas décadas?

1. La teoría marxista de la dependencia

Aunque olvidada por la mayoría de las escuelas de pensamiento latinoamericanas, la teoría de la dependencia propuesta por Ruy Mauro Marini sigue siendo un marco teórico sólido para entender las formas específicas de la relación capital-trabajo que se dan en la región, así como las formas de incorporación de las diferentes formaciones histórico-sociales latinoamericanas en un sistema mundial capitalista (Marini, 1974).

El interés exacerbado de Estados Unidos sobre los recursos energéticos y naturales de América Latina responde directamente a la lógica del capitalismo dependiente descrita por Marini. El extractivismo no constituye una actividad técnica para la simple obtención de recursos naturales, sino uno de los principales mecanismos de transferencia de valor desde la denominada periferia a los países centrales.

Esta teoría advierte sobre la espacialidad geoeconómica y su relación intrínseca con la forma valor como relación social en el modo de producción capitalista. De ahí que las territorialidades sean para el capital, fundamentalmente, valores de uso susceptibles a la forma valor, es decir, sensibles a transformarse en mercancías. Dentro de una estructuración subordinada de economías dependientes, las materias primas (commodities) latinoamericanas presentes en esos territorios resultan valores de uso necesarios para la producción de mercancías en los mercados globales, lo cual fortalece un tipo de matriz productiva y un modelo económico regional basado en el extractivismo, que intensifica la relación orgánica entre economías centrales hegemónicas y economías dependientes.

Por eso, la sustracción de los recursos tan solo puede darse mediante una explotación intensiva (lejos de una lógica “sostenible”), pues se rige por el uso extractivo del suelo para la obtención de ganancia en el corto plazo, la superexplotación de la fuerza de trabajo^[3] y el aprovechamiento de las formas de organización de la producción y la intervención del Estado a través de políticas económicas para la disminución de los costes de capital mediante la transferencia de plusvalía social doméstica a los mercados internacionales^[4].

Un aspecto medular problematizado desde la teoría de la dependencia, y subrayado por el académico Jaime Osorio, es cómo se establecen los patrones de reproducción de capital dentro de una lógica de capital dependiente para América Latina.

Las formas que asume la reproducción del capital en momentos históricos específicos son sensibles a repetirse (al menos en sus características fundamentales) de manera cíclica, lo que genera una tendencia: “Tenemos un patrón de reproducción de capital cuando en espacios geoeconómicos y en periodos históricos determinados el capital traza (descubre) un camino específico para reproducirse y valorizarse, el cual tiende a repetirse en sus procesos fundamentales” (Osorio, 2016, p. 217).

Sin embargo, puede identificarse en el extractivismo un mecanismo específico por el cual el capital se ha reproducido y valorizado en el espacio geoeconómico dependiente latinoamericano, sin que ello implique que resulte igual en todos los contextos. En efecto, no es posible generalizar los patrones de reproducción del capital en las economías dependientes, ni siquiera dentro del mismo istmo centroamericano. La tendencia que adquiere la reproducción se determina por las desigualdades y diferencias de las formaciones histórico- sociales (Marx, 1971).

Las distintas formas de desarrollo capitalista (central/periférica) de cada subregión, las diferencias de rol en el entramado de la división internacional del trabajo, la organización del régimen político, así como las “capacidades diferenciadas de apropiación-expropiación de valor”, definen la orientación y velocidad de acumulación del capital (Osorio, 2016, p. 218).

2. La economía dependiente centroamericana

Al menos tres factores evidencian la relación dependiente de las economías centroamericanas con respecto a economías denominadas centrales: a) la persistencia del intercambio desigual; b) una fuerte dependencia tecnológica; c) las relaciones de superexplotación en los mercados laborales dada su matriz productiva.

2.1. Persistencia del intercambio desigual

El tipo de matriz productiva, su diversificación y la dependencia geoeconómica constituyen los indicadores más significativos para analizar la persistencia de una relación estructural dependiente del istmo con base en el intercambio desigual.

El tipo de matriz productiva

En el caso centroamericano, observamos que los patrones de reproducción del capital no han variado sustancialmente: el régimen de acumulación y la subsecuente transferencia de valor desde los países dependientes de la región hacia las economías centrales de Estados Unidos y Europa se produce, en primer lugar, por la persistencia de un tipo de matriz productiva centrada históricamente en la agroindustria y los servicios.

Una observación sobre los principales productos y servicios exportados e importados por parte de los países centroamericanos durante el periodo 2000-2025 refleja una continuidad de la matriz productiva regional y la articulación estructurada con las economías centrales.

La dependencia de la producción agrícola en los países centroamericanos es histórica y refleja el modo de articulación de estas economías al sistema capitalista global.

En Guatemala (zona norte) y Honduras (zona del Caribe), la producción de aceite de palma ha ocupado un lugar central en la matriz productiva durante las últimas décadas, dada una demanda en crecimiento en los mercados internacionales. Esto ha generado en ambos países un desplazamiento de la producción de granos básicos hacia un esquema de monocultivo industrial.

En Costa Rica, la especialización agroproductiva en piña (principal exportador de la fruta a nivel mundial^[5]) responde a una articulación cada vez mayor con la demanda de los mercados europeos y estadounidenses (Camarillo, 31 de diciembre de 2025).

Asimismo, la producción de la caña de azúcar ha alcanzado gran relevancia en países como Guatemala (cuarto exportador mundial), Nicaragua (con un crecimiento anual del 4 %) y Costa Rica^[6]. Respecto al banano, Guatemala, Costa Rica y Honduras siguen siendo los principales exportadores regionales hacia los Estados Unidos^[7].

Esta estructura de dependencia agrícola centroamericana no ha variado, sigue reflejando una subordinación a países desarrollados, que se vincula directamente con el ciclo del capital de aquellos. Mediante la transferencia de valor, principalmente con la superexplotación laboral agrícola (degradación de las condiciones laborales de los trabajadores rurales en toda la región), la plusvalía se transfiere desde las economías locales hacia economías centrales mediante el mecanismo de precios de mercado.

Poca diversificación: dependencia de sectores clave

Otro indicador que evidencia la persistencia del intercambio desigual en las economías dependientes se encuentra en la escasa diversificación productiva, derivada del alto grado de especialización que asumen los países en la dinámica de transferencia de valor hacia las economías centrales.

En el caso centroamericano, el índice Herfindahl-Hirschman revela la concentración de los mercados de exportación.

Cuadro 2. Centroamérica: Índice de Concentración (IHH) de exportaciones agrícolas por país (periodo 2020-2024)

País	IHH Agrícola (Promedio Est.)**	Principales productos de concentración	Observación
Honduras	0.45 – 0.55	Café, aceite de palma, banano	Alta dependencia; ciclo de capital volcado al exterior
Nicaragua	0.40 – 0.50	Café, carne bovina, oro*, azúcar	Estructura primaria con baja transformación local
Guatemala	0.30 – 0.38	Café, banano, azúcar, legumbres	Mayor volumen, pero producción estancada en bienes de bajo valor
Costa Rica	0.15 – 0.22	Piña, banano, café, dispositivos médicos*	Menor concentración agrícola por giro hacia manufactura
El Salvador	0.25 – 0.35	Café, azúcar, productos de maquila	Concentración moderada, pero con industria dependiente
Panamá	0.50 – 0.65	Banano, camarones, pescado	Concentración muy alta en pocos rubros no canaleros

Fuente: elaboración propia.
* Nota: el IHH de Costa Rica y Panamá es menor dados los servicios (tecnológicos, financieros y turísticos) así como la manufactura especializada. Sin embargo, el rubro agrícola del primero sigue estando altamente concentrado en tres productos clave. Para el caso nicaragüense, la industria agropecuaria pasa a un segundo término con el extractivismo minero del oro. ** Nota técnica: la relación de concentración utilizada para medir la concentración de exportación es el índice de Herfindahl-Hirschman, que da lugar a valores entre 0 y 1. Un valor cercano a 1 (concentración máxima) indica una cartera muy concentrada de mercados de exportación. Por el contrario, valores más cercanos a 0 reflejan una distribución más equitativa de las cuotas de mercado de exportación (Statistics Canada, 2025).

Los rangos de IHH en el istmo durante el periodo 2020-2024 y el grado de concentración se explican en gran medida por la convergencia de la producción agroindustrial en cinco productos: café, banano, azúcar, aceite de palma y piña. El capital generado por este tipo de actividad indica que el ciclo del capital se traslada fuera de la región.

Para los países del triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador), la alta productividad y la dependencia de la exportación de cultivos que no son de primera necesidad en las economías centrales los coloca como economías vulnerables ante la exposición de este sector primario a shocks externos (cambios en la demanda internacional, variación de precios o nuevas políticas arancelarias impuestas por los países centrales para proteger intereses de sus empresas nacionales).

La fragilidad de las economías centroamericanas bajo este esquema agroexportador se vio reflejada en el periodo 2020-2021, durante el contexto de la pandemia mundial por covid-19, durante el cual la demanda de los principales productos de exportación agrícola por parte de los países denominados centrales (Estados Unidos, Unión Europea) disminuyó drásticamente, lo que generó una crisis económica en toda la región. La afectación a la cantidad y los precios de productos como el banano y el azúcar, así como la caída de los precios internacionales del café, tuvieron repercusiones importantes en las economías de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

De igual manera, durante la pandemia, los problemas de logística para el transporte internacional mermaron la capacidad de exportación de productos como el aceite de palma (Honduras), la carne bovina y productos lácteos (Nicaragua y Costa Rica), fundamentales en la matriz productiva de exportación en cada uno de los países.

Si bien las economías dependientes centroamericanas muestran una marcada orientación hacia la concentración en pocos productos agrícolas destinados a la exportación, se deben señalar algunas excepciones en el istmo que han logrado una diversificación significativa de su matriz productiva. Por ejemplo, la economía de Costa Rica, que ha incursionado en la producción de chips y componentes electrónicos, así como en servicios de call centers y business process outsourcing (BPO). Esta transformación de su matriz se originó a finales de los años noventa, con la llegada de INTEL y otras empresas especializadas, momento en que pasó de una economía agroexportadora a una orientada a la industria tecnológica y al turismo de alta demanda.

Otra actividad productiva que ha experimentado un repunte en las últimas dos décadas en la región es la minería. El extractivismo mineral en Nicaragua se ha incrementado, particularmente con el alza de los precios globales del oro. En Panamá, durante el periodo 2019-2023, la exportación de concentrado de cobre se convirtió en la principal actividad económica destinada a los mercados internacionales (mina Cobre Panamá)^[8].

En síntesis, un IHH moderado o elevado en las exportaciones de los países centroamericanos sigue reflejando la falta de diversificación productiva a nivel doméstico para consumo interno, y la subordinación de estas economías a las demandas de los mercados internacionales.

Dependencia de los Estados Unidos

El destino de los productos de la región está determinado por la zona de influencia históricamente establecida por este país norteamericano. La relación de dependencia se ha fortalecido durante los últimos veinte años mediante la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA)^[9]. Este acuerdo ha consolidado un modelo de exportación de commodities para el istmo. Tras su entrada en vigor en el año 2006^[10], la normativa que regula el alcance del DR-CAFTA ha permitido la consolidación de una estructura de intercambio desigual para la región.

Entre los principales mecanismos de transferencia de valor derivados del TLC destacan los siguientes: a) la inclusión de un apartado para la protección de la propiedad intelectual que favorece a las grandes farmacéuticas estadounidenses, puesto que limita la entrada de medicamentos genéricos en la región; b) la desgravación arancelaria impositiva otorgada a productos agrícolas, que se produce en detrimento de la competitividad de las empresas centroamericanas frente a las transnacionales de capital norteamericano; c) la desgravación unilateral concedida a productos industriales y de consumo demandados por la economía doméstica estadounidense; d) la restricción impuesta a la industria textil centroamericana para producir exclusivamente con insumos provenientes de los socios del Tratado y no de países asiáticos, dado que EE. UU. es un exportador neto de suministros para dicho sector (regla Yarn Forward).

Tal como puede observarse en el cuadro 3, el perfil exportador de la totalidad de los países centroamericanos tiene como principal referente a los Estados Unidos, país hacia el cual se dirige la mayor proporción de sus exportaciones de bienes y servicios.

Cuadro 3. Centroamérica: proporción de las exportaciones e importaciones hacia y desde los EE. UU. (en miles de US$, año 2023)

País	Proporción de la exportación hacia los EE. UU. (%)	Proporción de las importaciones desde los EE. UU. (%)
Guatemala	32,33	30,31
Honduras	45,03	35,35
El Salvador	36,00	28,74
Nicaragua	50,24	24,77
Costa Rica	46,09	38,21
Panamá	4,52	18,91

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos World Integrated Trade Solution (WITS), 2024.

En cuanto a las importaciones, Panamá mantiene una proporción sustancial (18,91 %) proveniente del país del norte, pero destaca por su mayor diversificación de socios comerciales. Durante 2023, cerca del 42 % de las importaciones del país canalero provinieron de cinco países: Estados Unidos (18,91 %), China (12,14 %), México (4,31 %), Costa Rica (3,43 %) y Colombia (2,89 %). Análogamente, Nicaragua registra casi el 70 % de sus importaciones procedentes de seis países: Estados Unidos (24,77 %), China (12,65 %), México (9,35 %), Honduras (9,19 %), Guatemala (7,81 %) y Costa Rica (6,19 %) (Banco Mundial, 2024).

La dependencia del sector agroindustrial de los países del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) no ha variado durante el presente siglo. Las exportaciones de azúcar (Honduras, El Salvador) y banano (Guatemala) se dirigen hacia el mercado estadounidense, y este sector es uno de los principales generadores de divisas.

De modo inverso, los alimentos procesados provienen principalmente del país norteamericano. En este rubro, Estados Unidos mantiene su posición como el principal socio comercial para Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.

La trayectoria del balance comercial entre la mayoría de los países centroamericanos y los Estados Unidos ha sido consistentemente negativa, lo que refleja un diferencial entre precios de bienes y servicios exportados e importados con transferencia de valor neto hacia los países centrales. En otras palabras, por cada unidad adicional de productos manufacturados (como tecnología) o servicios digitales especializados importados, se requiere exportar cada vez una mayor cantidad de materias primas hacia las economías centrales (intercambio desigual). Así, la ganancia de la producción destinada al mercado interno depende de la demanda externa y evidencia la necesidad de importar bienes de capital y de consumo (principalmente de Estados Unidos y China), lo cual permite fortalecer una estructura de dependencia económica.

Cuadro 4. Centroamérica: exportaciones e importaciones a Estados Unidos (en miles de US$, año 2023)

País	Balance comercial (en miles de US$)	Exportación valor del comercio (en miles de US$)	Importación valor del comercio (en miles de US$)
Guatemala	-4.566.193,63	4.610.996,49	9.177.190,12
Honduras	-1.855.321,25	3.228.891,05	5.084.212,31
El Salvador	-2.157.399,17	2.339.341,09	4.496.740,26
Nicaragua	1.003.461,06	3.706.839,78	2.703.378,72
Costa Rica	-256.648,31	8.344.832,02	8.601.480,33
Panamá	-2.593.341,57	152.263,57	2.745.605,14

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos World Integrated Trade Solution (WITS), 2024.

2.2. La dependencia tecnológica y energética

La matriz productiva de la región evidencia, por el lado de las importaciones, la dependencia económica en áreas que revelan una subordinación estructural hacia bienes y servicios (de mayor valor de mercado) provenientes de las economías centrales. Un ejemplo paradigmático lo constituye la alta inversión que realizan las economías de los países centroamericanos para mantener o modernizar su matriz productiva.

En Guatemala, las importaciones de maquinaria y equipo con carácter tecnológico se enfocan en sostener la competitividad de la producción de commodities agrícolas (generadores eléctricos, maquinarias agrícolas). Nicaragua, que ha volcado su producción al extractivismo minero, demanda maquinaria especializada en la extracción de oro. Por su parte, el modelo costarricense, centrado en la producción de dispositivos médicos y de precisión, importa maquinarias de alta presión (equipos de computación, servidores y herramientas industriales). En Panamá, la inversión se centra en la expansión de la infraestructura logística y de servicios, así como en el mantenimiento y ampliación de las operaciones del Canal.

En general, el sector agroexportador ha incrementado su inversión en maquinaria y equipo agrícola, herramientas industriales para procesamiento, sistemas inteligentes de riego, servicios biotecnológicos (principalmente ligados a mejoramiento de fertilizantes y abono agrícola), así como en bienes y servicios computacionales.

Este incremento de capital constante se produce mediante la inversión tecnológica en medios de producción para la exportación de commodities (consolidación de la agroindustria), la creciente formación bruta de capital fijo derivada de la inversión de empresas transnacionales para el mejoramiento de los procesos productivos y el estancamiento del salario real para el pago de la fuerza de trabajo manual^[11], que aún no ha sido desplazada por la automatización técnica de procesos productivos agrícolas. Estos fenómenos revelan un crecimiento de la composición orgánica del capital en la región centroamericana. Asimismo, el istmo mantiene una dependencia casi total respecto de insumos energéticos para la producción, como los hidrocarburos (petróleo y derivados), que constituyen uno de los rubros de mayor peso para las economías centroamericanas.

Básicamente, la concentración de la matriz productiva en el sector primario para la exportación consolida un patrón de reproducción del capital al mantener la transferencia de valor desde los países centroamericanos a los países centrales, principalmente a aquellos que mantienen el monopolio tecnológico.

2.3. Superexplotación laboral

Para sostener relativamente los márgenes de ganancia en el sector agrícola ante la variabilidad de precios, los capitalistas nacionales deben generar patrones de superexplotación laboral dada la composición orgánica de capital para este sector. Es decir, la superexplotación se traduce prácticamente en el uso intensivo de la fuerza de trabajo (mayor productividad por el mismo pago), mientras se mantienen mecanismos de extracción de plusvalía absoluta, puesto que en áreas de la agroindustria no se ha realizado una inversión en bienes de capital para aumentar la tecnologización de los procesos productivos (al menos en los principales productos de exportación agrícola de la región).

En consecuencia, cabe señalar que en Centroamérica las formas de explotación de la fuerza de trabajo asociadas a las tareas de producción agrícola destinadas al mercado externo no promueven el consumo interno de las economías; por el contrario, el deterioro constante de los salarios reales provoca que el poder adquisitivo se degrade también.

La brecha entre los salarios reales recibidos y el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es creciente. El aumento de los precios de productos de la CBA supera la capacidad de consumo.

Cuadro 5. Centroamérica: salarios mínimos en US dólares (año 2023)

País	Límite inferior	Límite superior
Guatemala	390,0	423,8
Honduras	329,0	637,1
El Salvador	243,5	365,0
Nicaragua	142,2	318,2
Costa Rica	541,2	1374,3
Panamá	290,0	747,2

Fuente: tomado de SIECA, 2024 (p. 62).

La persistencia del deterioro del poder adquisitivo durante el periodo 2000-2024 se evidencia en la relación entre el crecimiento del salario nominal y el costo de la Canasta Básica Ampliada. Para el año 2023, el salario mínimo tan solo cubría alrededor del 35 al 40 % de dicha canasta.

En Costa Rica, los altos salarios no han logrado compensar el incremento desproporcionado del costo de vida. En El Salvador la dolarización estabilizó los precios, pero la inflación durante el periodo 2022-2024 limitó el consumo. Análogamente, la inflación afectó a Panamá, que, posteriormente al año 2020, vio afectada su matriz productiva con una alta tasa de desempleo (LATAM, 2025; Cardoce, 2 de marzo de 2024).

Este impacto en la brecha entre salarios reales y la capacidad de consumo (básico) constituye una consecuencia directa de la superexplotación laboral en los sectores claves de la economía. Como fuerza de trabajo, en tanto capital variable, es el componente que más ha perdido su valor. Las economías dependientes centroamericanas han empleado la reducción salarial como un mecanismo estructural de compensación ante la pérdida de competitividad y caída de la tasa de ganancia doméstica.

Por otra parte, el mantenimiento de formas de enclave en la producción de banano, aceite de palma o piña ejemplifica un sistema socioeconómico predominante en el esquema exportador centroamericano desde finales del siglo XIX^[12].

Siguiendo a Ruy Mauro Marini, la superexplotación ha demostrado ser un mecanismo fundamental en la reproducción del capital en las economías dependientes (Osorio, 2016, p. 219). En Centroamérica la dependencia de esquemas agroexportadores ha generado una deriva particular de incorporación subordinada de la región en la economía mundial.

3. El modelo de inserción dependiente para Centroamérica y el extractivismo hídrico

El extractivismo hídrico, definido como la extracción y uso intensivo de agua para actividades económicas, se manifiesta en la región mediante la captura de agua principalmente destinada al riego de monocultivos agrícolas para la exportación, la generación de energía hidroeléctrica (Plan Mesoamérica) y la producción de componentes para la industria tecnológica transnacional (Méndez, 2013).

Esta transferencia de valor hacia las economías denominadas centrales se produce mediante la incorporación de la forma no-valor del agua —como recurso natural— a los procesos productivos, sin que se restituya dicho coste a los territorios explotados de un país. En el caso centroamericano se observa una relación directa entre la persistencia del patrón de reproducción del capital en el régimen de economías dependientes y el extractivismo hídrico.

Las condiciones geográficas de Centroamérica la posicionan como una de las regiones con mayor disponibilidad de agua^[13]. Dispone de 23 cuencas transfronterizas y 18 sistemas acuíferos compartidos; el acervo hídrico abarca 191.449 km². La cuenca del río San Juan (Nicaragua-Costa Rica) es la más extensa de la región (Méndez, 2013; GWP, 2017).

Esta riqueza, en tanto patrimonio hídrico de la población centroamericana, se ha reducido drásticamente en las últimas cinco décadas. Según la Asociación Centroamericana Centro Humboldt, dicho patrimonio se ha reducido en la región en un margen entre el 50 % y hasta en un 76 %^[14], según territorio o país (ACCH, 2023, p. 14).

Cuadro 6. Centroamérica: reducción de la disponibilidad del recurso hídrico (periodo 1965-2020)

País *	1965 (m³/hab/año)	2020 (m³/hab/año)	Reducción de disponibilidad del recurso. Periodo 1965-2020 (%)
Guatemala	26.266,42	7.139,60	72,81
Honduras	39.285,34	9.305,16	76,31
El Salvador	8.206,01	4.050,13	50,64
Nicaragua	79.540,47	25.134,82	68,39
Costa Rica	70.942,42	22.182,45	68,73

Fuente: elaboración propia a partir de Asociación Centroamericana Centro Humboldt (2023).
* El estudio no abarca Panamá.

La reducción y el agotamiento del recurso hídrico se produce porque la proporción del uso del agua para el riego intensivo de grandes extensiones de cultivos y el incremento de la producción hidroeléctrica para el comercio, así como para la producción industrial (maquila, minería y de dispositivos tecnológicos) en el corto plazo, supera la tasa de regeneración o reposición del recurso hídrico en el mediano plazo.

Para los países centroamericanos, al igual que en otras latitudes de América Latina, el extractivismo hídrico se asocia directamente a un modelo de exportaciones basado en la explotación intensiva de recursos naturales.

Desde la lógica de la dependencia, el extractivismo hídrico sostiene la tasa de ganancia de las empresas transnacionales y algunas domésticas, que —ante la crisis capitalista de renta global y la escasa inversión tecnológica— utilizan gratuitamente el agua como insumo productivo para mantener competitividad en precios.

3.1. Impacto en el sector agroindustrial

El extractivismo hídrico se orienta principalmente al fortalecimiento de un modelo agroexportador basado en el uso intensivo del agua, particularmente para el riego. La disponibilidad de agua es proporcional a la capacidad productiva que se necesita para aumentar los volúmenes de producción (palma africana, piña, banano) demandados por los mercados de los países centrales.

El patrón de explotación hídrica en la región es similar al del resto de las economías dependientes: el uso de los recursos hídricos para la agricultura está alrededor del 70 % (DESA-ONU, 2024). Esto ha dado lugar a la problematización del agua como un insumo “invisible” en la producción agroindustrial. A partir del uso del agua para el riego intensivo y la producción de energía barata, se subsidia la tasa de ganancia de las empresas agrícolas transnacionales, que no compensan la reposición del agua para las generaciones presentes y futuras. En efecto, se exporta “agua virtual” como parte de la transferencia de valor en los productos enviados a los países centrales.

Los principales cultivos de exportación en Centroamérica, tales como banano, plátano, piña, café o palma de aceite, requieren de una importante cantidad de agua azul (de acuíferos y ríos). Por ejemplo, para la producción de banano y plátano (Guatemala, Honduras, Panamá —en menor medida—) se estima una huella hídrica promedio de 183 m³ por tonelada en el año 2023. Además, el requerimiento de humedad en suelos tropicales utilizados para el cultivo de banano exige un riego siempre intensivo^[15]. El Salvador, dada su limitación por el estrés hídrico, ha optado por una producción menor.

Asimismo, la producción de la piña (destinada principalmente a los mercados europeos y estadounidense) constituye uno de los cultivos más demandantes de agua^[16]. En Costa Rica, principal productora mundial de esta fruta, existen áreas para el cultivo que consumen cinco veces más la cantidad de agua concesionada (Hidrokeeper, 2020). Este alto requerimiento de humedad ha situado esas áreas siempre cerca de mantos acuíferos y cuencas con buen acervo hídrico. También en Honduras, la producción de piña para exportación utiliza intensivamente grandes extensiones de tierra y volúmenes de agua, lo que incrementa la huella hídrica.

La palma africana requiere humedad continua y, en periodos secos, una alta demanda de agua para su riego. Generalmente, la siembra de la palma se da en grandes extensiones (hectáreas), como en Honduras, donde se necesitaron cerca de 200.000 hectáreas de cultivo para cubrir la demanda externa. Para el año 2023, la producción de 1,1 millones de toneladas de palma africana implicó el uso de 287 millones de m3 de agua (azul)^[17].

Respecto a la producción de café, particularmente en geografías medianamente altas o altas, el uso del agua de riego es menor, lo cual reduce el peso relativo del extractivismo hídrico. En países con mayor tradición exportadora de este producto —El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua— la superexplotación laboral constituye el principal mecanismo de transferencia de valor.

En todos los casos, se constata una serie de consecuencias inmediatas derivadas de la explotación hídrica. En primer lugar, se incrementa la contaminación mediante la persistencia de métodos tradicionales de riego que, aunados a una gestión ineficiente del agua en cada país, bajo un modelo de uso intensivo, terminan contaminando ríos y acuíferos.

En Guatemala y El Salvador, países con una amplia oferta hídrica, el uso intensivo del agua a nivel agrícola e industrial afecta la disponibilidad doméstica del agua. Cerca del 90 % y el 70 % del agua (respectivamente) presenta niveles de contaminación. Esta situación tiene un efecto búmeran sobre las economías centroamericanas puesto que conduce a un estrés que limita la ampliación de los cultivos dada la disponibilidad de agua. Incluso países como Costa Rica, cuyo acceso al agua es amplio, presentan problemas en el tratamiento de aguas residuales (Estrategia y Negocios, 24 de marzo de 2025).

Además, aumenta la huella hídrica y surge el riesgo de estrés hídrico en regiones específicas del istmo. La sobreexplotación del líquido mediante pozos ilegales en plantaciones de exportación acelera el estrés hídrico (la demanda de agua en el corto plazo es mayor a la cantidad de la cual se dispone para el mediano o largo plazo en un territorio concreto).

Durante la época seca, la extracción de agua azul afecta el caudal de ríos y acuíferos locales. Las altas huellas hídricas de los productos de exportación generan mayor presión sobre los recursos hídricos. El “corredor seco” centroamericano, afectado por las nuevas condiciones climáticas y la deficiente gestión del agua, afecta a más del 40 % de la población dedicada a la agricultura en esos territorios áridos.

El extractivismo hídrico orientado a los esquemas agroexportadores tiene un impacto en la equidad hídrica. Afecta directamente la calidad de vida de poblaciones marginalizadas (campesinas, indígenas y afrodescendientes) vía usurpación del acceso al agua como valor de uso. La mercantilización del recurso hídrico en las economías dependientes devasta el patrimonio de la diversidad sociocultural y humana. Asimismo, la desigualdad del acceso al agua se manifiesta en el rezago que tienen las pequeñas organizaciones agrícolas frente a las grandes agroindustrias transnacionales.

3.2. Mercantilización de la energía hidroeléctrica

En el año 2000, los mandatarios centroamericanos y de México acuerdan el Plan Puebla Panamá (PPP) para la explotación y mercantilización de recursos naturales hídricos. Basados en la plataforma del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) —creado en 1986— y en el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central de 1997, se abrió un mercado extractivista de energía hidroeléctrica integrado con una propuesta de participación público-privada.

Dado el impacto medioambiental y socioeconómico de los proyectos hidroeléctricos, en el año 2008 el PPP se renombró como Proyecto Mesoamérica, e incorporó componentes de inversión ambiental (bajo el paradigma de sostenibilidad ambiental) así como de inversión social focalizada (Mondol y Valton, 2024, pp. 140-141).

No obstante, el extractivismo hídrico para la explotación de energía en Centroamérica genera un impacto territorial y social concreto mediante el despojo hídrico de comunidades (principalmente campesinas e indígenas) y la priorización de las necesidades corporativas. Ante esto han surgido movimientos sociales cuyo alcance llega a ser histórico.

Durante el periodo 2000-2024, las acciones de resistencia han sido múltiples en toda la región. En Guatemala las comunidades indígenas se han opuesto radicalmente a la instalación de hidroeléctricas dentro de sus territorios: las luchas contra la Hidroeléctrica Pasabién (Río Hondo, Zacapa), el complejo Oxec (liderado por la comunidad indígena maya q’eqchi’), los proyectos Pojom II y San Andrés (por comunidades mayas Chuj, Q’anjob’al, Akateko y Popti’) ejemplifican esta insumisión a un modelo de explotación basado en recursos naturales.

Asimismo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) desempeñó un papel fundamental en la lucha contra las hidroeléctricas en este país, particularmente contra la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca (río Gualcarque)^[18]. En El Salvador, la comunidad indígena náhuatl lucha contra los intentos de reactivación del Proyecto Hidroeléctrico Sensunapán.

Más al sur, las comunidades de Quimistán, en el Valle de Sula de Honduras, mantienen una lucha contra la Represa El Tablón (Valle de Sula / Quimistán) y las comunidades de la cuenca del Río Grande de Matagalpa y del Caribe se han alzado en contra de la creación del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín (Río Grande de Matagalpa). También en Nicaragua el pueblo miskitu se ha levantado contra la posibilidad de generar concesiones para estudios de explotación hídrica en la Cuenca del Río Coco (Wangki) y el Proyecto Hidroeléctrico Boboké. Los pequeños campesinos de Matagalpa se han opuesto al Proyecto Hidroeléctrico Mojolka (Río Tuma) denunciando el uso del agua para abastecer grandes empresas agroindustriales.

En menor medida, en Costa Rica la lucha social y jurídica de las poblaciones indígenas de Térraba, Rey Curré, Ujarrás y Boruca terminaron por soterrar el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) en 2018.

En Panamá, la población indígena ngäbe-buglé mantiene un conflicto abierto contra el proyecto de Barro Blanco (cuenca del río Tabasará), impuesto en el año 2017 y que generó daños ambientales permanentes y el desplazamiento de comunidades enteras. Destacan además la lucha contra la apertura de nuevas hidroeléctricas en Chiriquí (región donde se concentra la mayoría de hidroeléctricas de Panamá) y la lucha por la seguridad jurídica de las tierras emprendida por la comunidad Majé Emberá Drua contra la hidroeléctrica del Bayano.

En suma, la reproducción del capitalismo dependiente a partir de la explotación del recurso hídrico en Centroamérica, que se ve reflejada en el Plan Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá), revela contradicciones fundamentales en la noción de “desarrollo” promovida por los gobiernos y, en última instancia, fundamenta la transferencia de valor hacia países centrales.

3.3. Extractivismo hídrico para la industria tecnológica y el Canal

Las matrices productivas de Costa Rica y Panamá han incorporado la industria tecnológica como un sector estratégico para su posicionamiento global como economías dependientes.

Las empresas transnacionales que producen dispositivos médicos o microchips y semiconductores (como el caso de Intel^[19]), aun con mecanismos de eficiencia y mitigación en el uso del agua por los altos volúmenes de demanda, siguen generando estrés hídrico territorial. La presión sobre mantos acuíferos y cuencas hídricas en el tratamiento para obtener agua ultrapura ha implicado el aseguramiento de un flujo constante del líquido.

Igualmente crítico es el caso del manejo de agua dulce en el Canal de Panamá. Durante la última década, los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela han perdido capacidad hídrica por los millones de galones de agua dulce requeridos para las esclusas. Además, la calidad del agua potable decae por la infiltración paulatina de agua salada.

Una vez más, el extractivismo hídrico responde a una lógica de “desarrollo” determinado exógenamente, donde la industria tecnológica transnacional y los servicios para el transporte marítimo internacional tienen prioridad sobre las economías dependientes locales.

Conclusiones

Como se ha expuesto, la región centroamericana mantiene patrones de reproducción del capital basados en la transferencia de valor hacia países centrales, principalmente hacia los Estados Unidos.

La persistencia de un tipo de matriz productiva poco diversificada, con rezago tecnológico en el sector primario, explica en gran medida la desigualdad en los términos de intercambio entre la región y las economías denominadas “centrales”.

Desde la teoría de la dependencia, el istmo ha profundizado su relación estructural de dependencia a partir de su especialización como economías proveedoras de materias primas y sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Durante las últimas tres décadas, el extractivismo hídrico ha sido fundamental para la transferencia de valor de las economías dependientes centroamericanas a los países hegemónicos/centrales. La incorporación del agua como insumo gratuito en la industria tecnológica y energética ha permitido mantener la tasa de ganancia relativa de las empresas (transnacionales y domésticas) mediante la reducción de costos de los insumos variables (fuerza de trabajo) y subsidio de recursos naturales.

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