Daniel Sandoval Cervantes
Introducción
El presente texto tiene como objetivo analizar la emergencia de los modelos de transición energética justa en el contexto del capitalismo fósil y la crisis ambiental y civilizatoria, estudiando, en particular, la política energética en materia de transición en México en las décadas recientes. Se parte de la metodología de la teoría marxista de la dependencia, así como también de los estudios críticos de la energía.
El trabajo se divide en tres secciones. La primera aborda el tema de la relación entre el régimen de reproducción social capitalista y el modo de producción y consumo de energía dominado por combustibles fósiles, así como su relación con la crisis ambiental y civilizatoria a la cual nos enfrentamos. La segunda sección analiza la disputa por el concepto de transición energética, en particular las características y el contexto de emergencia del modelo de transición de mercado, frente a la emergencia de los modelos alternativos de transición justa. Por último, la tercera sección estudia la política energética mexicana en materia de transición desde una perspectiva de posibilidad de un modelo de transición energética justa, analizando tanto el periodo de política neoliberal como la política energética que ha emergido desde un renovado discurso nacionalista en los últimos ocho años.
1. Capitalismo fósil y crisis civilizatoria
1.1. Capitalismo fósil
El presente trabajo y la investigación parten del hecho de que el modo en que generamos energía y los patrones de consumo de nuestras sociedades están vinculados y determinados de una manera estructural por el régimen de reproducción social capitalista, hegemónico todavía en la actualidad. El término “capitalismo fósil” resalta este vínculo estrecho entre la consolidación del régimen de reproducción social capitalista y la emergencia de los combustibles fósiles como la fuente energética central para nuestra civilización (Malm, 2018; Smil, 2018; Hickel, 2019).
Esta circunstancia deriva en dos cuestiones centrales para el trabajo: la primera es que, para analizar nuestro modo de producción de energía a nivel global, debemos considerar, aunque sea de forma sintética, la lógica general de reproducción del capital; la segunda es que, para vislumbrar y analizar las posibilidades de transformación de nuestro modo de producción de energía, es importante partir de un planteamiento crítico del régimen de reproducción social capitalista, puesto que, debido a su vinculación estrecha, cualquier transformación debe ocurrir en ambos (Urkidi et al., 2015; Tornel et al., 2022).
A partir del término “capitalismo fósil”, analizamos dos características del régimen de reproducción social del capital que estructuran el modo de producción y de consumo de energía. La primera es la lógica de valorización del valor, que está detrás de la reproducción del capital, la cual implica la centralidad que tiene la producción mercantil y la realización de su valor, y se coloca por encima de la satisfacción de las necesidades vitales fundamentales, como el objetivo de nuestro régimen de reproducción social. La segunda consiste en la contradicción capital-naturaleza, la cual se sustenta en la consideración mercantil de la naturaleza y se subsume como insumo a la producción mercantil, de modo que se rebasan los límites de la reproducción de la naturaleza y, en última instancia, se observa una tendencia al agotamiento de la naturaleza (Moore, 2020; Mandel, 1980).
A estas dos características, se suma la tendencia al crecimiento económico infinito sustentado en una matriz energética construida sobre un consumo cada vez mayor, en términos absolutos, de combustibles fósiles, con independencia de las consecuencias producidas en el medio ambiente y la afectación cada vez mayor a los ciclos de la reproducción de la misma naturaleza. Estas condiciones han sido factores importantes para la emergencia de la actual crisis ambiental y determinan también la emergencia de una crisis energética, pues, ante el agotamiento de los recursos fósiles convencionales, sin una fuente energética que los pueda reemplazar de forma efectiva, la producción de energía se encarece y se observa una tendencia hacia la incosteabilidad (Foster, 2000; Mandel, 1980).
En América afro-Abya Yala, así como en otras regiones con economías dependientes, esta contradicción se agudiza debido al patrón primario exportador o manufacturero de nuestros países y a la división internacional del trabajo, que profundizan el carácter extractivista de nuestras economías. A ello se suma una legislación ambiental, comercial y energética que favorece la transferencia de recursos en condiciones desiguales, lo cual produce una tensión socioambiental y socioeconómica mayor (Tornel et al., 2022).
La presión que una producción mercantil siempre en aumento coloca en la necesidad de acrecentar la generación de energía ha implicado la necesidad de contar con fuentes energéticas lo más accesibles y baratas posibles, lo cual también ha sido un factor para aminorar el efecto de la tendencia a la tasa decreciente de ganancia. Los sistemas energéticos han hecho frente a esta presión, históricamente hasta la actualidad, a través del dominio en la matriz energética de los combustibles fósiles y, en particular, de los recursos convencionales. Esto ha implicado el predominio de la lógica de valorización del valor en la estructuración de los sistemas energéticos y un papel secundario de la satisfacción de necesidades vitales fundamentales (Newell, 2021; Malm, 2018).
En este sentido, el capitalismo fósil ha definido de manera cualitativa la manera en que se estructuran los sistemas energéticos y también la forma en que nos reproducimos socialmente en términos generales. La relación entre combustibles fósiles y reproducción social ha sido determinante no solamente para la construcción de la infraestructura energética, sino también para la definición de los espacios sociales de reproducción —por ejemplo, la estructura de las ciudades definidas en buena medida por la matriz energética fósil— y la manera en que se satisfacen las necesidades sociales; todas cuestiones que resultan, el día de hoy, impensables sin los combustibles fósiles (Smil, 2018; Newell, 2021).
El capitalismo fósil o el modo de producción energético del capital, por otro lado, también contribuye a profundizar las desigualdades en la división internacional del trabajo generadas por la forma diferenciada en que las distintas economías nacionales se integran al mercado mundial. En este sentido, observamos la división tradicional e histórica entre países productores y exportadores de petróleo y los países consumidores e importadores de petróleo que marcó la política y los conflictos en torno al gobierno mundial de la energía en el siglo XX. En la actualidad, observamos una división paralela entre los países y actores que producen la tecnología para las transiciones energéticas y tienen acceso a las herramientas financieras necesarias para desarrollar proyectos a gran escala y aquellos que no tienen dichas herramientas y que dependen del acceso a estas. Lo anterior determina que existan países que sustentan buena parte de su economía en la exportación de recursos energéticos y, al mismo tiempo, dependan de la importación de energía y otros productos procesados con un mayor valor agregado; es decir, esta desigualdad se traduce en una transferencia de naturaleza y recursos de los países dependientes hacia las economías centrales (Sandoval, 2023; Tornel et al., 2022).
El capitalismo fósil se erige como el factor central de la crisis ambiental en la que actualmente nos encontramos. Existen dos condiciones, ampliamente conocidas, que colocan al modo de producir y consumir energía propio del capital como el principal factor de dicha crisis. Por un lado, el vínculo entre crecimiento económico y consumo material de recursos naturales —conocido como acoplamiento económico—, que significa que todo crecimiento económico se ha sostenido en un mayor consumo de naturaleza (Hickel, 2019). Es un acoplamiento sustentado, principalmente, en el aumento progresivo, en términos absolutos, de combustibles fósiles, a pesar de la emergencia de las energías renovables. Lo anterior resulta importante ante la imposibilidad, en términos de viabilidad económica, de sustituir los combustibles fósiles en sectores claves para la reproducción mercantil, como el sector de transporte masivo y de largas distancias de mercancías y amplios sectores de la producción industrial (Hickel, 2019; Ocampo, 2021).
La segunda condición se articula con lo anterior, puesto que la imposibilidad de sustitución en sectores claves de la reproducción mercantil ha implicado una introducción limitada de energías renovables en la matriz energética mundial. Esta condición ha relegado su introducción a la generación de energía eléctrica enfocada, principalmente, en el consumo comercial y residencial, así como en el transporte público y privado de personas en contextos urbanos. De manera que incluso el creciente aumento proporcional de energías renovables no ha impedido el aumento constante en términos absolutos de la utilización de combustibles fósiles. Esto constituye una condición clave para comprender por qué ha sido imposible detener el calentamiento global a un ritmo capaz de mantenerlo debajo de los 2.5 grados centígrados establecidos en la Agenda 2030, necesarios para evitar una crisis ambiental irreversible (Newell, 2021; Ferrari, 2013).
1.2. Crisis ambiental, crisis energética y crisis civilizatoria
Si bien la crisis ambiental provocada, principalmente, por el modo en que producimos y consumimos energía se constituye como el reto más visible y más urgente de la humanidad en la época contemporánea, desde diferentes perspectivas críticas, no constituye sino una de las caras de una crisis múltiple y estructural, la cual se ha denominado crisis civilizatoria y consiste en una crisis del régimen de reproducción social capitalista, cuya superación implica la necesidad de construir un régimen de reproducción diferente (Bartra, 2013; Rosario, 2024).
En este sentido, la crisis ambiental va de la mano de la crisis energética. La crisis energética se distingue por dos condiciones básicas que derivan en una tendencia a la disminución de la tasa de retorno de las inversiones energéticas. La primera es la creciente necesidad de explorar la extracción de recursos petrolíferos no convencionales ante el creciente agotamiento de los recursos convencionales —es decir, el petróleo de aguas someras, barato y fácil de extraer y de buena calidad energética—. Esto implica que el petróleo es técnica y ambientalmente más difícil de extraer y que el crudo extraído es de menor calidad energética. A esta creciente dificultad técnica y al descenso de la calidad energética, se suma la segunda condición: las crecientes dificultades financieras y económicas para su extracción. Ambos factores derivan en una tasa descendente del retorno de las inversiones energéticas que puede llegar al límite de impedir el desarrollo del régimen de reproducción social si resultan más costosos los insumos que el precio de la mercancía producida (Ferrari y Masera, 2020; Ocampo, 2021).
A la crisis energética se suma la crisis hídrica, provocada de forma parcial por el capitalismo fósil y que implica que las necesidades de consumo de agua superen las posibilidades de su satisfacción. Además, implica una distribución desigual que coloca a millones de personas en una condición de vulnerabilidad, al no poder acceder al agua suficiente para satisfacer sus necesidades vitales. Relacionada con estas crisis se encuentra la crisis alimentaria, que implica la creciente imposibilidad para satisfacer las necesidades alimenticias básicas de millones de personas (Rosario, 2024).
A estas cuatro crisis se les suman otras, como las constantes crisis económicas por sobreproducción, las crisis laborales y de seguridad social, que implican una desigualdad económica y social que coloca en condiciones de peligro y vulnerabilidad a sectores importantes de la población mundial. A pesar de que, en primera instancia, parecen crisis independientes y no conectadas, desde la perspectiva de esta investigación un factor importante de todas ellas se encuentra en la lógica de la valorización del valor, que coloca la reproducción mercantil por encima de la satisfacción de necesidades vitales mínimas para toda la población mundial y que ha provocado una ruptura del metabolismo social que pone en peligro la reproducción social misma (Bartra, 2013; Rosario, 2024).
2. Transición energética, un concepto en disputa
2.1. Transición energética de mercado
En estas condiciones, el cuidado del medio ambiente ha emergido como uno de los puntos centrales de la agenda política y económica a nivel mundial. Esto ha derivado en el sentimiento compartido de la necesidad de construir opciones de crecimiento y desarrollo económico más amigables con la naturaleza. En este contexto, la manera del capitalismo de alinear su modo de crecimiento sin detener su ritmo y su tendencia al aumento infinito se presenta bajo la forma del denominado capitalismo verde y, en particular, bajo la emergencia de la transición energética de mercado (Hickel, 2019; O’Connor, 2002).
Si bien el capitalismo verde y la transición energética de mercado han sido piezas clave para impulsar el desarrollo tecnológico en materia de energías renovables, también es cierto que este impulso ha sido limitado y, al día de hoy, claramente insuficiente y con una orientación a la conservación del modelo de crecimiento inherente al capital, que lo hace inefectivo en términos de detener y revertir la crisis ambiental y el avance del cambio climático (Newell, 2021; Urkidi et al., 2015).
Lo anterior se debe, en el fondo, a las características sistémicas que adopta el modelo de transición energética en aras de mantener el ritmo y las condiciones del modelo de crecimiento económico propio del capitalismo contemporáneo. En términos generales, esta pretensión fundamental de reorientar la forma de crecimiento económico sin cuestionar ni el modelo ni el ritmo de crecimiento ha determinado la emergencia de un modelo de transición energética no transformador, el cual es limitado a la hora de plantear alternativas efectivas para solucionar la crisis ambiental (Urkidi et al., 2015; Geocomunes, 2021).
En este sentido, la transición energética de mercado se construye sobre una premisa fundamental que lo estructura: la integración de medidas y mecanismos de cuidado del medio ambiente y la naturaleza centrados en las energías renovables, siempre y cuando su introducción se presente en términos de competitividad y viabilidad económica en el mercado. Es decir, siempre y cuando dicha introducción no implique una alteración en precio o en cantidad de la generación o producción de energía y, por tanto, siempre y cuando no modifique ni la forma ni el ritmo en que se construye el crecimiento económico en el régimen social de reproducción capitalista (Sandoval, 2023).
De esta forma, los imperativos que sostienen el modelo de crecimiento económico se erigen como los criterios fundamentales para determinar la viabilidad, dentro del régimen capitalista, de los modelos de transición. La centralidad determinante de dicho modelo de transición o bien se encuentra en el abandono del uso de combustibles fósiles en el corto plazo y en la esperanza de que los avances tecnológicos provean condiciones económicamente viables para reemplazar dichos combustibles por energías renovables, o bien en mejorar las condiciones en que se pueda mantener su consumo aminorando la contaminación y el daño ambiental que producen, por ejemplo, a través de las tecnologías de captura de carbono. Estas condiciones resultan en la incapacidad de que, dentro de este modelo, se puedan plantear formas urgentes de corto y mediano plazo de sustitución de combustibles fósiles, que permitan detener y revertir la crisis ambiental actual. Se trata de una imposibilidad de carácter político que no permite analizar de manera rigurosa el problema y, por tanto, construir soluciones efectivas. Lo anterior explica por qué, a pesar de la urgencia percibida, no ha sido posible reducir, en términos absolutos, el consumo de combustibles fósiles. Mientras el modelo de transición esté determinado por la conservación de las condiciones de reproducción mercantil y el modelo de crecimiento dominante, resultará imposible construir soluciones efectivas (Newell, 2021; Malm, 2018; Urkidi et al., 2015).
Por otro lado, el modelo de transición centrado en la reproducción del modelo de crecimiento económico dominante también es refractario a la posibilidad de introducir cuestiones de justicia social y equidad en el desarrollo como condiciones clave para construir un modelo redistributivo. Al contrario, el modelo de transición de mercado favorece de manera casi absoluta la planeación y desarrollo de megaproyectos energéticos, tanto renovables como fósiles, enfocados más en la producción mercantil bajo la lógica de la valorización del valor que en la satisfacción de necesidades básicas fundamentales para la reproducción de la vida (Geocomunes, 2021).
Además de lo anterior, el modelo de transición de mercado se constituye como un factor que profundiza las brechas entre las economías y actores económicos más fuertes —como empresas transnacionales— y las economías dependientes y actores con menores capacidades de acción dentro del capital —como las comunidades huéspedes de los megaproyectos energéticos—, situación que propicia un desarrollo desigual del sistema energético mundial. Esto se debe a que, en las condiciones actuales, la centralidad de la tecnología implica una profundización de la dependencia de las economías menos desarrolladas y, por tanto, la profundización de la desigualdad en la construcción de herramientas y condiciones en dichas economías para edificar transiciones energéticas soberanas centradas en las necesidades vitales propias de su población, lo que las obliga a construir sus sistemas energéticos orientándolos a la satisfacción de las necesidades energéticas de las cadenas transnacionales de valor y de las economías más desarrolladas (Sandoval, 2023; Geocomunes, 2021).
2.2. La transición energética justa
Los modelos de transición energética justa han emergido como una respuesta al modelo de transición de mercado descrito en la sección anterior. En términos generales, tienen como objetivo construir transiciones que no solamente sean aditivas de fuentes renovables, sino más bien transformativas del sistema energético mundial; es decir, que generen la sustitución urgente de los combustibles fósiles por energías limpias. En este sentido, los modelos de transición energética justa plantean una doble transformación: la primera, la energética, pero al mismo tiempo y vinculada de forma importante y como condición necesaria, la transformación del modo de reproducción social (Rátiva, 2021; Urkidi et al., 2015).
Esta perspectiva doblemente transformadora permite a estos modelos plantearse objetivos y soluciones que un modelo de transición energética aditiva y conservadora no puede concebir. En primer término, los modelos de transición energética justa se plantean la pregunta de para qué se produce o genera energía, cuestionan la necesidad de producir un número cada vez más amplio de mercancías y servicios, especialmente de consumo suntuario. Ello sugiere la necesidad de enfocar la producción o generación de energía en la satisfacción de necesidades vitales fundamentales (Rátiva, 2021).
Lo anterior se relaciona con una segunda pregunta fundamental que se plantean los modelos de transición energética justa: el cómo se produce la energía. Centrarse en la satisfacción de necesidades vitales permite también replantearse la escala de generación energética y favorecer proyectos energéticos de menor escala centrados en las necesidades de las comunidades locales y de los amplios sectores poblacionales que sufren de pobreza energética. La posibilidad de proyectos comunitarios también fortalece la capacidad de las personas y de los sujetos comunitarios de participar de manera activa en la determinación de las necesidades a satisfacer a través de la generación de energía, así como la forma y escala de producirla (Rátiva, 2021).
El planteamiento de estas dos preguntas y, sobre todo, las respuestas enfocadas en la satisfacción de necesidades vitales básicas de la mayoría de la población mundial permiten introducir con claridad y énfasis dos cuestiones que, hasta ahora, juegan un papel secundario. La primera cuestión es la justicia energética, a través de la cual se plantea una redistribución de los beneficios de los sistemas energéticos con la intención de incluir de manera central las necesidades energéticas básicas de los sectores mayoritarios de la población mundial sujetos actualmente a pobreza energética. La centralidad de la justicia energética implica el reconocimiento de la existencia de capacidades y necesidades energéticas diferenciadas, en virtud de lo cual existen amplios sectores de la población mundial que deben aumentar su consumo energético para poder estar en condiciones de satisfacer sus necesidades energéticas básicas y para ello deben construir capacidades para comprender y gestionar comunitariamente proyectos energéticos o participar de forma activa en la determinación de proyectos de escala mayor. Por otro lado, existe un sector minoritario de la población que debe disminuir su consumo energético, especialmente aquel centrado en la adquisición de mercancías y servicios no vinculados a la satisfacción de necesidades vitales básicas (Rátiva, 2021; Urkidi et al., 2015).
Lo anterior también implica el reconocimiento de responsabilidades diferenciadas, lo que significa que hay sectores poblacionales, principalmente la clase dominante, que tienen mayor responsabilidad en la emergencia de la crisis ambiental, al ser también el sector poblacional que más energía consume y, por tanto, quien mayor contaminación produce. En sentido contrario, existe un amplio sector poblacional que, al consumir una cantidad cualitativamente menor de energía, tiene una menor responsabilidad en la emergencia de la crisis ambiental (Tornel et al., 2022; Bertinat y Chemes, 2020).
En todo caso, el enfoque de justicia energética y su carácter transformador se relacionan con la introducción de una segunda característica de los modelos de transición energética justa: la democracia energética. Democratizar la energía significa, en un sentido amplio, socializar el diseño y la gestión de los sistemas energéticos contemporáneos, lo cual se traduce en una construcción conjunta de capacidades y herramientas para que la población y las comunidades como sujetos colectivos puedan participar de forma activa e informada en la determinación de las decisiones que estructuran los sistemas energéticos y determinan las características de los proyectos energéticos a través de los cuales se construyen (Urkidi et al., 2015).
De esta forma, la sustitución de combustibles fósiles por energías limpias y renovables, en los modelos de transición energética justa, se enfoca en el replanteamiento del régimen de reproducción y el modo de producir y consumir energía, los cuales deben centrarse en la satisfacción de necesidades vitales básicas para toda la población mundial y no en la producción de mercancías. Lo anterior se basa en un esquema que pone el acento en la justicia y la democracia energética y que permite, de forma paralela, revertir la crisis ambiental, pero también la desigualdad y la exclusión energética que se observan en la actualidad. De manera que se trata de modelos que implican una transformación energética y social profunda.
Estos modelos plantean una transformación y superación del capitalismo fósil y, por tanto, del régimen de reproducción social capitalista. Se apoyan en la necesidad de construir un crecimiento estratégico que priorice la satisfacción de necesidades vitales fundamentales, lo cual implica plantearse estratégicamente el crecimiento económico en los sectores poblacionales que no pueden realizarse de manera adecuada y relegar la satisfacción del consumo suntuario a un papel secundario. Lo anterior no significa dejar de crecer sino crecer de otra manera bajo objetivos diferentes. En estos modelos de crecimiento también se plantea el uso estratégico de los combustibles fósiles tanto por razones medioambientales como por razones de escasez. Se trata de utilizar los combustibles fósiles no para producir un mayor número de mercancías ni preservar las cadenas de producción de valor existentes, sino para priorizar la construcción de las capacidades, herramientas, bienes y servicios necesarios para permitir su reemplazo por energías renovables de una manera acelerada (Hickel y Kallis, 2019; Martínez-Alier et al., 2010; Kallis, 2019).
Por último, estos modelos de transición energética justa se sustentan en un cambio en la manera en que se consideran los recursos energéticos, pues se requiere pasar de pensar en ellos en términos productivos mercantiles, es decir, como mercancías que sirven de insumo y de condición básica para otras mercancías cuyos beneficios, a pesar de ser producidos colectivamente, son apropiados privadamente y de forma altamente concentrada dentro de la población mundial, para considerarlos como bienes comunes, es decir, como un conjunto de condiciones necesarias para la reproducción de la vida y que, por tanto, no deben ser apropiadas de forma privada sino gestionadas de manera común (Tornel et al., 2022; Bertinat y Chemes, 2020).
3. Horizontes de la transición energética en México
3.1. La política energética neoliberal y la transición energética
En este apartado analizaremos someramente la política energética mexicana de la última década del siglo XX y las primeras del siglo XXI, marcada por un contexto de consolidación de la política energética neoliberal y una tendencia a la integración mundial desigual en los mercados energéticos. En este sentido, la política mexicana se caracterizó por una tendencia a alinear el diseño y la construcción del sistema energético mexicano a los mercados internacionales y a las cadenas de producción de valor dominantes.
En cuanto a la política internacional y regional en materia energética, este periodo observa una tendencia cada vez más clara a la integración regional y mundial subordinada y desigual al capitalismo fósil contemporáneo. Por un lado, el abandono de criterios de diversificación de las exportaciones y de las importaciones energéticas, a través del establecimiento de porcentajes máximos, en ambos casos provoca el predominio de la relación con una sola economía estatal. Dicha política de diversificación iba de la mano con otra de neutralidad internacional frente al conflicto fundamental que estructuró y sigue estructurando —atravesado por la reconfiguración de los patrones de consumo y la emergencia de las energías renovables y su competencia tecnológica liderada por China— el gobierno y la regulación mundial de la energía: los intereses antagónicos irresolubles entre los países exportadores de petróleo (principales productores) y los países importadores (principales consumidores). Esta neutralidad se traducía en la ausencia de membresía de México a las dos organizaciones internacionales que agrupan cada uno de los dos intereses anteriores: México no pertenecía ni a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo ni a la Agencia Internacional de Energía (Rodríguez, 2018; Puyana y Rodríguez, 2020).
Esta nueva política energética internacional se consolidó a través de la firma de tratados comerciales regionales e internacionales —principalmente, el TLCAN y el T-MEC, que lo sustituyó— que solidificaron la paulatina integración energética regional subordinada. Esta política avanzó de la mano de una tendencia a la reforma regulatoria interna, la cual abrió paulatinamente paso a la inversión extranjera directa y a la integración del sector energético nacional a las condiciones de competitividad de mercado. El punto culminante de esta política energética se presentó con la reforma constitucional y legal de 2013-2014, que redefinió el carácter de área estratégica del sector energético e impuso de manera total las condiciones de competitividad de mercado, caracterizadas por un papel regulador de la competencia del Estado nacional y el establecimiento del arbitraje internacional como arena de resolución de los conflictos dentro del sector. El arbitraje se constituye, además, como un factor de conservación de la regulación de mercado a través de la posibilidad de indemnizaciones por expropiaciones directas y, sobre todo, indirectas, es decir, aquellas sustentadas en la afectación a la tasa de retorno de inversión esperada surgida por las reformas regulatorias que modifiquen el marco normativo de la inversión (Rodríguez, 2019; Cárdenas, 2015).
En este contexto, se consagró una integración regional subordinada a los intereses y necesidades económicas de los Estados Unidos y, en general, de las cadenas mundiales de reproducción de valor, dentro de la cual la economía mexicana ocupa un papel de manufactura orientado por un modelo primario exportador. En términos de integración energética, ha abarcado no solamente el nivel de infraestructura y el comercial, sino también una tendencia a la homogeneización regulatoria. Esta integración ha ido acompañada de la consolidación de una doble dependencia del sector energético mexicano frente al estadounidense; por un lado, una dependencia comercial y económica derivada de la concentración de las exportaciones del crudo mexicano y la concentración de las importaciones estadounidenses en productos energéticos claves, como la gasolina y el gas natural. Por el otro, una dependencia regulatoria marcada por las limitaciones al margen de transformación legal y constitucional que implican el marco regulatorio del comercio internacional y la posibilidad de imponer indemnizaciones millonarias derivadas de las expropiaciones indirectas que pueden derivar de las reformas legales y constitucionales. De manera que esta doble dependencia estrecha los márgenes de la posibilidad de una transformación estructural tanto en el sentido material-productivo como en el sentido regulatorio, lo que dificulta la existencia de una política independiente o soberana orientada a la satisfacción de las necesidades vitales de la población (Rodríguez, 2018).
En este contexto, emergió en México una política de transición energética centrada en la introducción de energías renovables enfocadas en la integración subordinada, como país maquilador de mercancías, en las cadenas globales de producción de valor. En este sentido, se introdujo un entramado de política y regulaciones energéticas que, por primera vez en la historia de manera explícita, tenía como objetivo desplegar a una escala mayor energías renovables en nuestro país. Sin embargo, el enfoque también se encontraba sustentado en el papel central de la inversión extranjera y en la orientación de los proyectos a las necesidades de los mercados internacionales y no a la satisfacción de necesidades vitales de la población. Estas condiciones derivaron en un despliegue de megaproyectos de energías renovables que provocaron un aumento importante en la conflictividad socioambiental e implicaron afectaciones a diversas comunidades (Geocomunes, 2021).
3.2. La incertidumbre del discurso nacionalista
En los últimos 7 años, a partir de la llegada al gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el discurso en torno a la política energética y a la transición energética se ha transformado de manera importante, hasta llegar a su punto más alto con la Reforma Energética publicada el 18 de marzo de 2025. Sin embargo, no ha alcanzado el nivel de reforma constitucional, la única manera en que se podría transformar estructuralmente el sector energético mexicano.
El punto de partida del nuevo discurso de la política energética consiste en la recuperación del control del sector energético por parte del Estado nacional. De modo que sus puntos centrales se encuentran en una regulación más concentrada en el Estado, una recuperación de la integración vertical de las empresas públicas del sector (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) y la reorientación de la producción del sector a la satisfacción de la demanda interna de combustibles (Hernández y Bonilla, 2020; Sandoval, 2023).
Estas tres orientaciones básicas se centraron, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en el rescate y potenciación de las empresas estatales dentro del sector, así como también en un conjunto de acciones que intentaron fortalecer, en particular, el área de exploración y producción de petróleo y la producción de gasolina nacional. Si bien en el Plan de Desarrollo del Sector Energético, marco general de la política energética gubernamental, se incluían cuestiones como una agenda para la construcción de una transición energética soberana estructurada sobre la generación de tecnología propia, el combate a la pobreza energética y la inclusión de la democracia energética, estas tuvieron un lugar secundario en el despliegue concreto de la política energética, lo cual llevó a que existieran lagunas en los instrumentos de política energética que se anunciaron. Es notable, por ejemplo, la ausencia de la Agenda para la Soberanía Científica y Tecnológica en el Sector Energético, anunciada en el Plan sectorial como el fundamento de una transición energética soberana (SENER, 2020; SENER, 2020a).
En el segundo gobierno de MORENA, a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, se profundizó el discurso de transformación del sector energético y su viraje a un renovado nacionalismo para revertir años de política neoliberal. A diferencia del primer gobierno, durante el gobierno actual, las autoridades han realizado un conjunto de reformas legales que han modificado de manera importante, si bien no de forma estructural —lo cual implicaría una renegociación o cancelación de múltiples tratados y acuerdos comerciales internacionales y regionales, así como una reforma constitucional—, el sector energético. Dentro de esta transformación, el tema de la transición energética ha cobrado mayor relevancia, sin llegar a ser un tema central en la política energética (SENER, 2025; Moreno, 2025).
Por un lado, el rediseño y la creación de nuevos instrumentos legales, como la promulgación de la Ley de Planeación y Transición Energética y del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, han permitido una mayor concreción en el diseño de una transición energética desde el Estado, pero todavía se conserva una matriz dominada por los combustibles fósiles, sin una claridad sobre temas centrales. No existe aún un diseño estratégico de sustitución de renovables por combustibles fósiles. Por otro lado, el diseño general de la transición se centra en la mayor participación del Estado en su implementación —lo cual revierte, en cierto modo, el dominio de la inversión privada planteado en la política neoliberal—, pero no implica el diseño de programas y políticas públicas diseñados para construir una transición energética con mayor justicia y democracia. En todo caso, lo que es claro es que la intención está en rediseñar la política de transición con una mayor participación estatal, pero sin abandonar las limitaciones que la integración comercial regional y mundial han impuesto (Moreno, 2025).
Conclusiones
El capitalismo fósil ha sido un factor clave para la emergencia y profundización de la crisis ambiental y civilizatoria en la que nos encontramos. De esa manera, la transformación del modo de producción y consumo energéticos dominantes resulta un tema fundamental para hacer frente a dichas crisis. Lo anterior ha colocado el tema de la transición energética al frente de la agenda política mundial; sin embargo, la centralidad de los modelos de transición energética de mercado ha limitado la posibilidad de diseñar e implementar una transformación efectiva y capaz de revertir la crisis ambiental. En este contexto, la emergencia de modelos de transición energética justa ha impulsado la renovación de los planteamientos, centrándose en la necesidad de un cuestionamiento tanto del modo de producción y consumo energético como del régimen de reproducción social capitalista. A partir de lo anterior, se plantea la necesidad de una transformación estructural profunda que permita superar el capitalismo fósil como el inicio de la solución a la crisis ambiental.
En el contexto de la política de transición energética mexicana, nos encontramos en un proceso de cambio que parece indicar una adopción de una renovada perspectiva nacionalista, la cual, sin embargo, no permite pensar que una transición energética justa, democrática y centrada en las necesidades vitales básicas de la población se encuentre próxima. La centralidad de los combustibles fósiles y del control estatal permanecen como las características de la política energética y de la transición energética en nuestro país, lo cual hace necesario el diseño y la implementación de políticas públicas en materia de transición energética que promuevan y otorguen mayor relevancia a proyectos energéticos comunitarios, con el fin de fortalecer el trabajo que ya existe en la sociedad civil y potenciarlo.
Referencias
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