Desigualdades juveniles y políticas públicas basadas en derechos humanos

Yussef Becher

Introducción

Las desigualdades que atraviesan a las juventudes en Argentina constituyen uno de los fenómenos sociales más persistentes y complejos de las últimas décadas. Lejos de tratarse de expresiones aisladas o coyunturales, dichas desigualdades condensan procesos estructurales vinculados a la reproducción de sistemas de dominación –capitalistas, patriarcales, coloniales y adultocéntricos– que operan simultáneamente sobre las trayectorias de lxs jóvenes y sobre el propio Estado. Su manifestación en indicadores de pobreza, informalidad laboral, deserción educativa, precariedad habitacional, falta de cobertura de salud y amplias brechas de género en el trabajo de cuidados revela no solo la magnitud del problema, sino también su carácter multidimensional e interseccional.

En este escenario, la posición generacional emerge como un eje analítico imprescindible para comprender cómo se producen y naturalizan desigualdades específicas para el colectivo juvenil. El adultocentrismo, como sistema de dominación que organiza jerarquías etarias y delimita accesos diferenciales a bienes y derechos, se convierte en un componente central para explicar por qué las juventudes suelen ser “habladas” desde la mirada adulta, pero pocas veces son escuchadas como sujetos políticos. Al mismo tiempo, la intersección entre edad, género, clase, territorio y racialización evidencia que las desigualdades no solo se acumulan a lo largo de la vida, sino que se transmiten entre generaciones, y así consolidan trayectorias diferenciadas y destinos previsibles.

La relación entre juventudes y Estado se vuelve, de este modo, un terreno de tensiones. Mientras que ciertos gobiernos han implementado políticas que buscaron atenuar estas desigualdades, otros han contribuido a profundizarlas, lo que ha afectado la percepción juvenil sobre la eficacia estatal, la legitimidad democrática y el valor de lo público. Este malestar –nutrido por expectativas incumplidas, crisis socioeconómicas y discursos neoliberales que exaltan la autosuficiencia individual– habilita interrogantes sobre el rol del Estado, la sostenibilidad de la democracia y las formas en que las juventudes reconfiguran sus modos de participación y disputa política.

Frente a este panorama, el presente capítulo se propone analizar las desigualdades socioestatales que afectan a las juventudes argentinas, atendiendo a sus dimensiones estructurales, generacionales y sexogenéricas. Asimismo, busca explorar los límites y posibilidades de las políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, recuperando principios que pueden orientar intervenciones estatales capaces de ampliar ciudadanía, garantizar autonomía y disputar los sentidos que sostienen la desigualdad. En última instancia, este trabajo parte de la convicción de que comprender las condiciones de reproducción de la desigualdad juvenil es indispensable para imaginar formas más democráticas, justas y equitativas de organizar la vida social.

Las juventudes y las “trampas” de la desigualdad

Si se apela a algunos de los indicadores tradicionales de vulnerabilidad social, podemos obtener un panorama general de la situación actual de lxs jóvenes argentinxs. Entre lxs integrantes del colectivo juvenil, la pobreza alcanza el 37 % (INDEC, 2025), mientras que la informalidad laboral es del 63 % (EDIL-IIEP-UBA-CONICET, 2025). En cuanto a la deserción escolar, el 32,7 % no finaliza el nivel secundario, y la tasa de abandono en el nivel superior es del 22 % (UCA, 2024). Respecto a la salud, el 76,4 % no posee obra social (ISEPCI/OSJU, 2021), y en relación con la vivienda, solo el 10 % de lxs jóvenes de entre 18 y 41 años son propietarixs, la gran mayoría por derechos hereditarios (Zonaprop, 2024). En lo que respecta al trabajo de cuidados, la brecha en la distribución por género entre varones y mujeres jóvenes es del 13 %, la más amplia en comparación con otras franjas etarias (ENUT-INDEC, 2022).

Exactamente los mismos indicadores de desigualdad juvenil marcan una diferencia favorable de entre 7 y 10 % para lxs adultxs. Ahora bien, ¿cómo surge tal diferencia entre uno y otro sector poblacional? En los modos de producción y reproducción cultural y social se encuentran presentes tres grandes sistemas de dominación: capitalismo, patriarcado y colonialismo. El primero de ellos opera –desde una visión más acotada– sobre el sistema económico, en tanto que el segundo –basado en la percepción de diferencias jerárquicas entre los sexos, los géneros y la diversidad sexual– oprime toda expresión que se aleja del modelo cishetero y, por su parte, el último conduce a reproducir modos de actuar y pensar del colonialismo moderno europeo intrincados en estructuras desiguales de índole racial, de género y de clase; ergo, los tres sistemas obran de modo conjunto. No obstante, respecto de las juventudes se instaura otro sistema de dominación, también opresor y que podría considerarse como tal respecto de otras etapas vitales: las infancias y las vejeces, que en dicho campo de estudios se denomina adultocentrismo. En ese sentido, el sociólogo chileno Duarte Quapper (2015) afirma que se trata de

… un sistema de dominación que delimita accesos y clausuras a ciertos bienes, a partir de una concepción de tareas de desarrollo que a cada clase de edad le corresponderían, según la definición de sus posiciones en la estructura social, lo que incide en la calidad de sus despliegues como sujetos y sujetas (p. 91).

Junto a ello, señala: “El capitalismo se sirve del adultocentrismo para su propio desarrollo, ya que el hecho de que la adultez sea el modelo a seguir de modo acrítico provoca que las nuevas generaciones asimilen la ideología liberal como producto de su socialización” (p. 198). En definitiva, el adultocentrismo construye una imagen de juventud y la interpela a partir de una concepción del mundo y la sociedad basada en la mirada adulta, de allí que muchxs investigadorxs en nuestra área de estudios declamen que “las juventudes son muy habladas, pero poco escuchadas”.

Otro aspecto a considerar es el género, pues en su intersección con las edades, y en particular atendiendo a la división sexual de los ámbitos público-privado, se advierten sus consecuencias en la configuración de las desigualdades. Por ejemplo, las jóvenes de 14 a 29 años dedican en promedio 6 horas y 7 minutos al trabajo de cuidados, mientras que los varones 3 horas y 30 minutos (ENUT-INDEC, 2022). Por otro lado, la tasa de empleo para mujeres jóvenes es del 34 %, frente al 45 % para los varones, por lo cual la brecha de género es de casi 11 % (EDIL-IIEP-UBA-CONICET, 2025). En ese sentido, desde el campo de estudios en juventudes se propone el concepto de desigualdades generacionales, que parte de reconocer su multidimensionalidad, interseccionalidad y complejidad, enfatizando que todxs lxs jóvenes tienen puntos de partida diferenciales y las desigualdades son acumulativas; es decir, la posición de cada unx ante las estructuras sociales (tales como género, clase, edad, raza) es diferente y muchas de las desigualdades se superponen generación tras generación, lo que marca orígenes divergentes pero finales previsibles. De allí que algunas de las “trampas” de la desigualdad muestren cierta estabilidad histórica entre lxs integrantes del colectivo, aunque siempre a través del prisma de las diferencias territoriales, sexogenéricas, raciales, entre otras.

Este texto apela a dos adjetivos para referirse a las desigualdades, en los cuales se detendrá ahora. Decimos que la desigualdad es una producción socioestatal porque los sistemas de dominación a los que se refirió antes no solo despliegan su dominio respecto de la sociedad y la cultura, sino que también se encuentran en una relación de complicidad estructural con el Estado y sus políticas públicas, por lo cual se trata de una “trampa” que puede acentuar tal ligazón de acuerdo con las orientaciones ideológicas de los gobiernos. Esto implica asumir que el Estado no se construye por fuera del capitalismo, patriarcado, colonialismo y adultocentrismo, pero, sin duda, los gobiernos de corte progresista han contribuido a morigerar sus efectos sobre la desigualdad, mientras que los de derecha los han profundizado.

Sin embargo, y en especial entre las juventudes actuales, asumir tal premisa no ha sido lineal. Entre lxs integrantes del colectivo juvenil, la “trampa” de las desigualdades –es decir, la reproducción persistente de brechas socioeconómicas, educativas y culturales pese a la promesa de movilidad social– caló hondo y generó una profunda decepción respecto del Estado, del sistema democrático y de sus principales actores institucionales. Esta desafección no es un fenómeno aislado, sino que se inscribe en un clima político más amplio caracterizado por la erosión de las expectativas que históricamente vinculaban a la juventud con la democracia como horizonte de progreso. Tal como advierte Vommaro (2023), “la democracia es una noción y una experiencia vital cuestionada en la actualidad” (p. 11), una crisis expresada en malestares, descontentos y frustraciones. Este autor identifica dos dimensiones del problema: por un lado, la percepción de que la democracia se ha mostrado limitada o incapaz de resolver problemas urgentes como la pobreza, la inflación, la precarización laboral o la inseguridad; por otro, el avance de movimientos regresivos –nuevas derechas, corrientes antiderechos, neofascismos o tendencias autoritarias– que buscan debilitar, restringir o incluso erosionar los principios democráticos.

La lectura de la democracia desde la decepción tiene profundas raíces teóricas. Estudios en ciencias sociales han mostrado que cuando las instituciones democráticas no logran materializar sus promesas de bienestar, inclusión y estabilidad, se produce lo que Pierre Rosanvallon (2007) denomina “contrademocracia”: formas de vigilancia, desconfianza y rechazo hacia quienes detentan el poder político. En la juventud, este proceso suele intensificarse porque la transición a la adultez se vuelve especialmente incierta: la falta de empleo estable, el endeudamiento y la dificultad para proyectar un futuro posible minan la credibilidad en el sistema.

En este contexto, la presencia masiva de discursos que asocian el éxito personal con el emprendimiento individual, la meritocracia y el consumo, difundidos tanto por los medios tradicionales como por las redes sociales, opera como un dispositivo que refuerza la percepción de que el Estado es ineficaz o innecesario. Como advierte, entre otros autores, Bauman (2007), el capitalismo financiero y la cultura del rendimiento producen subjetividades que se sienten fracasadas cuando no logran adecuarse al ideal de “vida exitosa” que el mercado propone. Para muchxs jóvenes, la distancia entre estas imágenes aspiracionales y su propia realidad cotidiana intensifica la frustración con las instituciones políticas que no logran ofrecer condiciones materiales que permitan alcanzar ese horizonte.

En Argentina, esta combinación de desigualdad estructural, promesas incumplidas y expansión de imaginarios neoliberales derivó en un apoyo juvenil significativo hacia un liderazgo de derecha que prometía romper con “lo establecido”, encarnado en la figura de Javier Milei^[1]. Su narrativa antiestablishment –centrada en la crítica al “sistema”, a la “casta política” y al rol del Estado– logró interpelar a sectores juveniles desencantados, que encontraron en su discurso una respuesta emocional y simbólica a su experiencia de malestar.

No obstante, los datos recientes de consultoras políticas como Alaska y Trespuntozero indican que ese apoyo inicial comenzó a debilitarse. Mientras que en noviembre de 2024 la imagen positiva entre lxs jóvenes alcanzaba el 64 %, en la actualidad desciende al 51 %, en paralelo a un aumento del rechazo hasta el 48,5 %. Este viraje puede interpretarse a la luz de la bibliografía sobre comportamiento político juvenil, que señala que el entusiasmo inicial frente a liderazgos disruptivos suele desvanecerse cuando las expectativas generadas no encuentran correlato en mejoras concretas de las condiciones de vida (Castro, 2023; Vommaro, Cozachcow y Núñez, 2022).

Asimismo, el análisis por género revela dinámicas diferenciadas: las mujeres muestran una mayor crítica hacia la gestión presidencial, con un rechazo que llega al 59 %, mientras que entre los varones la aprobación se mantiene en el 47,5 %. Esta brecha puede comprenderse en relación con las investigaciones que evidencian cómo los discursos antiderechos y la deslegitimación de las agendas de igualdad de género suelen impactar más negativamente en las mujeres jóvenes, quienes han sido protagonistas de las luchas feministas de los últimos años y tienden a identificar más rápidamente los riesgos de la reacción conservadora. Sin embargo, tal como advierte Vázquez (2025), es un error pensar que lxs jóvenes siempre están a favor de posiciones progresistas; en efecto, dentro de la juventud existen sectores más conservadores o liberales que pueden articular discursos antiderechos. De hecho, para estas juventudes ser militantes es un valor positivo, lo cual supone una valoración política activa de ideas que desafían agendas feministas tradicionales. En otras palabras, el discurso feminista también es resignificado por jóvenes en clave conservadora/liberal, lo que explica por qué ciertas reacciones de derecha no son necesariamente antifeministas, sino otra forma de feminismo que tensiona las agendas igualitarias clásicas.

En conjunto, estos elementos sugieren que la relación de la juventud con la democracia y con los liderazgos políticos contemporáneos se encuentra atravesada por tensiones profundas: la necesidad de respuestas materiales urgentes, la influencia de narrativas individualistas, la persistencia de desigualdades estructurales y la disputa entre proyectos democráticos e impulsos autoritarios. Comprender estas dinámicas resulta clave para analizar las transformaciones del campo político juvenil y los desafíos que enfrenta la democracia en el escenario actual.

Propuestas desde un enfoque de derechos

A partir del panorama antes descripto, es posible pensar en algunas intervenciones socioestatales que, desde un enfoque de derechos humanos, podrían contribuir a disminuir las desigualdades juveniles. Dicho enfoque fue aceptado y sugerido como un imperativo a incorporar en las estrategias de desarrollo por parte de los Estados integrantes de las Naciones Unidas (ONU), el cual se objetivó a través de la Declaración del Milenio (2000) y continuó por medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015). El enfoque de derechos humanos consiste en un marco jurídico-operativo que debe guiar las políticas públicas de los Estados (Pautassi, 2023). En ese sentido, el punto de partida para las políticas de juventud está constituido por los estándares en materia de derechos humanos, es decir, aquellas definiciones jurídico-legales que permiten determinar el contenido y alcance de los compromisos internacionales asumidos por los Estados, agregando las particularidades de cada sector poblacional. En efecto, a continuación, se señalarán algunos principios que se considera que tendrían que guiar la formulación, diseño e implementación de políticas dirigidas a las juventudes:

• Participación/empoderamiento: escuchar las voces de lxs jóvenes emerge como una necesidad y demanda para toda acción estatal dirigida al colectivo. Desde una perspectiva territorial, incluir la mirada juvenil también supone atender a las características culturales, políticas y sociales de cada provincia, por lo que, tal como se viene advirtiendo desde hace algún tiempo en el campo de estudios sobre juventudes, ello conduciría a superar aquella antigua construcción en torno a “centro y periferia” que existe entre el nivel nacional y el subnacional. La relación entre ambos niveles de gobierno no solo resulta problemática en la implementación de las políticas locales –autóctonas de cada provincia– sino, en particular, cuando se trata de acciones estatales nacionales que impactan en territorios subnacionales, entre las que se destacan como principales dificultades el financiamiento, la gestión de recursos humanos, la coordinación intergubernamental, etc. Por otro lado, respecto a la participación, un aspecto central es el acceso a la información pública acerca de las políticas que ejecuta el Estado, como también la rendición de cuentas para su monitoreo y evaluación por parte de la ciudadanía. Junto a ello, favorecer la participación de lxs jóvenes es el principal mojón de su empoderamiento, el cual es entendido como el poder jurídico-político de reclamar al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, siendo fundamental para ello superar la concepción de beneficiarixs de las políticas por la de titulares de derechos.
• Universalidad o derechos especiales (igualdad vs. diversidad): una de las principales tensiones que atraviesa la implementación de políticas es la de universalidad/focalización. Este último concepto ha sido fuertemente estigmatizado como consecuencia de las políticas sociales de los 90, cuyo estricto direccionamiento hacia sectores poblacionales pobres dejaba afuera –por excesivas formalidades– incluso a aquellos a quienes se dirigía, los que no solo debían demostrar sus propias carencias, sino que se “merecían” la ayuda del Estado. En el contexto del enfoque de derechos humanos, se reconoce la importancia de garantizar un piso mínimo de derechos para todxs lxs ciudadanxs de manera universal, el cual se basa en el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). A partir de ello, se identifica la relevancia de considerar que existen ciudadanxs que por sus características particulares, por ejemplo: lxs jóvenes, requieren de tal garantía a través de la regulación de “derechos especiales”; este concepto es transformador de la lógica universalismo/focalización porque interseca ambas formas de diseño de políticas sociales, dejando atrás las huellas de los 90 y aceptando que la igualdad no es real sino parte de la diversidad. Esto implica la aplicación del principio de derechos humanos que pregona la igualdad y la no discriminación, diferenciando entre igualdad formal (establecida en las normas) e igualdad material (atravesada por las múltiples desigualdades sociales); en definitiva, el enfoque de derechos humanos debe ser acompañado de una perspectiva que en lugar de insistir con la universalidad “a ciegas” acepte la diversidad, heterogeneidad y complejidad que es propia de los escenarios sociales actuales donde las juventudes, entre otros colectivos, despliegan sus trayectorias vitales.
• Políticas de cuidado y transformación cultural: el cuidado es una dimensión del bienestar que ha sido históricamente ocultada, por cuanto la división sexual del trabajo confinó a las mujeres al interior de los hogares y propulsó a los varones al espacio de lo público: el mercado de trabajo, la política, el ocio. No obstante, la crisis de los cuidados motivada por la inserción de las mujeres en el empleo remunerado, el crecimiento sociodemográfico y la pandemia pusieron a los cuidados en el centro del debate académico y de las políticas de algunos países. Como se mostró antes, la mayor brecha de género en la distribución sexual del cuidado se ubica en la etapa biológica joven. En ese sentido, la inversión en políticas del cuidado tiene un impacto sobre las desigualdades generacionales. La clasificación de tales políticas comprende servicios (fundamentalmente, educación y salud), infraestructura (centros de desarrollo infantil, residencias para adultxs mayores), tiempo (licencias laborales), dinero (transferencias monetarias tales como la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, AUH) y transformación cultural. Un estudio desarrollado por nuestro equipo de investigación en la provincia de San Luis detectó que, en cuanto a los servicios educativos, el porcentaje de cobertura en las edades más intensas de cuidado de las niñeces (nivel inicial: 45 días a 5 años) no supera el 25 %, frente al 90 % del nivel primario y secundario, una tendencia que se reitera a nivel nacional. Por su parte, la licencia para padres carece de regulación en el ámbito del empleo público y, en la práctica, a los varones que optan por ella se les otorgan diez días; mientras que se otorga una licencia denominada binomio madre-hijo, la cual permite a las madres permanecer con sus hijxs hasta los 4 meses, lo que refuerza las desigualdades de género en torno al ejercicio de la responsabilidad parental. Las transferencias monetarias como la AUH reproducen sesgos de género al imponer específicas obligaciones de cuidado para las mujeres madres a través de sus condicionalidades, las cuales suponen el cumplimiento de controles de salud y asistencia a centros educativos para acceder a la suma de dinero. Por último, las políticas de transformación cultural constituyen la auténtica posibilidad de transformar la desigualdad estructural basada en el género y lograr la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados. Las políticas de este tipo implementadas en San Luis desde la ex Secretaría de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad se objetivaron en campañas de sensibilización y difusión por medios de comunicación, las cuales enfatizaron en las violencias de género en sus modalidades y ámbitos tradicionales sin reparar en el trabajo de cuidados y sus implicancias sexogenéricas (Becher, 2022, 2024). En rigor, es importante que desde el Estado se adopte una estrategia comunicacional que apunte a “desarmar” los imaginarios sociales de cuidado que lograron instalar en la cultura la idea de las mujeres como cuidadoras predilectas y predestinadas a hacerse cargo de dicho trabajo. El cuidado ha sido reconocido recientemente, y de modo explícito, como derecho humano autónomo e interdependiente de otros derechos (económicos, sociales, culturales y ambientales, civiles y políticos), y abarca tres dimensiones: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado (Opinión Consultiva OC 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
• Exigibilidad: todo derecho comprende la posibilidad de reclamar su cumplimiento al Estado, por lo que se pone en juego el acceso a la justicia. Este es definido como la facultad de someter la decisión acerca de un litigio a un órgano imparcial y que no sea parte del proceso para que exija el cumplimiento de los derechos o imponga las sanciones o reparaciones que correspondan. El acceso a la justicia no entraña solo una obligación negativa para los Estados (no impedirlo), sino también positiva; es decir, deben adoptarse todas las medidas necesarias para que lxs ciudadanxs satisfagan sus pretensiones judiciales ante las instancias respectivas. El Comité del PIDESC fijó estándares específicos en materia de acceso a la justicia: a) remover todos aquellos obstáculos económicos que la impidan o dificulten; b) debido proceso, que supone procesos donde se respeten los principios y garantías constitucionales y convencionales; c) tutela judicial efectiva, la cual conlleva remedios y medidas judiciales que resguarden los derechos y sean expeditivos en su cumplimiento. Vale aclarar que el acceso a la justicia no solo abarca los ámbitos del Poder Judicial, sino también los administrativos; de allí que ante reclamos por la denegatoria de alguna prestación social se puedan interponer recursos administrativos, que deben regirse por los estándares antes desarrollados. Junto a ello, el estándar de acceso a la justicia también incluye la fiscalización, evaluación y monitoreo de las políticas, pues ante situaciones irregulares en la implementación de acciones estatales se puede promover su judicialización para lograr que estas cesen. No obstante, los sentidos construidos en torno a la justicia nos muestran que sus límites son cada vez más porosos. Un estudio reciente, realizado por un integrante de nuestro equipo de investigación, mostró que entre jóvenes titulares de viviendas sociales las modalidades de configuración del acceso a la justicia se articulan principalmente mediante la formulación de reclamos en medios de comunicación y ante el órgano estatal de mayor proximidad –el municipio–, aun cuando este carezca de competencias para la resolución del conflicto. Paralelamente, los imaginarios vinculados a la justicia y a sus operadorxs se estructuran en torno a percepciones de ineficacia, elevados costos y corrupción, asentadas en un marcado desconocimiento respecto de vías de acceso más próximas o de carácter gratuito. En este marco, el estudio propone la implementación de postas ciudadanas en los barrios, destinadas tanto a brindar información sobre los dispositivos disponibles para el acceso a la justicia como a desarticular prejuicios y favorecer la construcción de nuevas representaciones, a partir de una mayor cercanía y sensibilidad en el vínculo de lxs ciudadanxs con el sistema de justicia (Pérez Ranieri, 2025).

Conclusión

El análisis desarrollado evidencia que las desigualdades que afectan a las juventudes argentinas no son simples efectos secundarios del funcionamiento social, sino el resultado directo de un orden político-económico que reproduce de manera persistente sistemas de dominación –capitalistas, patriarcales, coloniales y adultocéntricos– profundamente arraigados en el Estado y en sus instituciones. Las “trampas” de la desigualdad juvenil que se describieron no solo estructuran los recorridos vitales de lxs jóvenes, sino que también funcionan como dispositivos de disciplinamiento que limitan su capacidad de agencia, participación y disputa por el sentido de lo público. En este marco, los indicadores de pobreza, precariedad laboral, deserción educativa, falta de acceso a salud y vivienda, así como la amplia brecha de género en el trabajo de cuidados, no pueden ser leídos como contingencias: son expresiones materiales de decisiones políticas, históricas y contemporáneas.

En este contexto, la creciente desafección juvenil con el Estado y la democracia –alimentada por promesas incumplidas, desigualdades persistentes y una ofensiva cultural neoliberal que celebra el éxito individual y desacredita lo colectivo– debe entenderse como un síntoma de crisis, pero también como un llamado de atención político. La adhesión inicial de sectores juveniles a proyectos de derecha radical evidencia que el malestar social puede ser capturado por fuerzas regresivas que se presentan como antisistema, mientras profundizan desigualdades y erosionan derechos. Que el apoyo juvenil reciente haya comenzado a disminuir muestra, a la vez, que la percepción crítica se reconfigura en función de la experiencia concreta con políticas que afectan sus condiciones de vida. Este proceso abre un interrogante decisivo: ¿cómo reconstruir un vínculo democrático con quienes más padecen las desigualdades y, al mismo tiempo, constituyen el núcleo de cualquier transformación social?

En este sentido, el enfoque de derechos humanos no es solo un marco normativo, sino una posición política que interpela directamente al Estado. Implica reconocer a las juventudes como sujetos de derecho, disputar los sentidos adultocéntricos que las silencian y asumir que la igualdad requiere políticas que tomen en serio las desigualdades estructurales y la pluralidad de trayectorias. Las propuestas señaladas –participación y empoderamiento real, reconocimiento de derechos especiales, ampliación de políticas de cuidado, fortalecimiento del acceso a la justicia– representan un programa político para democratizar el Estado desde adentro y garantizar condiciones materiales y simbólicas que permitan a lxs jóvenes vivir vidas dignas y autónomas. Junto a ello, se agrega el estándar de utilización al máximo de los recursos disponibles (art. 2.1 del PIDESC), el cual no supone que los Estados deban implementar todos los derechos de una sola vez, sino que deben emplear todos los recursos de los que disponen y adoptar las medidas necesarias para el uso del presupuesto con enfoque de derechos; de modo tal que no basta con afirmar que “no hay plata”, pues es preciso evidenciar el financiamiento con que se cuenta y planificar su uso en función del cumplimiento de derechos. Otro aspecto comprendido por este estándar conlleva resguardar y no comprometer derechos ante empréstitos contraídos con organismos financieros internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por consiguiente, la restricción directa a los derechos que implican los pagos de deuda extranjera y limitaciones a la política económica que derivan de tales créditos violan compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Transformar las desigualdades socioestatales que atraviesan a las juventudes supone, en definitiva, disputar el proyecto de país. Es una tarea que requiere voluntad política, recursos y una redefinición profunda de las prioridades del Estado; pero también exige desarmar imaginarios que naturalizan privilegios y jerarquías. Escuchar a lxs jóvenes, incorporar sus saberes y reconocer sus diversidades no es solo un imperativo ético, sino una condición para revitalizar la democracia y construir horizontes de justicia social que no queden atrapados en las promesas vacías del neoliberalismo. Si la desigualdad es política, su transformación también debe serlo.

Referencias bibliográficas

Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL). Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Informe Panorama del Empleo Informal y la Pobreza Laboral, junio 2025. Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Recuperado de https://tinyurl.com/ck6uwpe4.

Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. México: Fondo de Cultura Económica.

Becher, Y. (2022). Políticas de cuidado para niñxs y adolescentes a nivel subnacional: la provincia de San Luis (Argentina) (pre y durante la pandemia). Socio Debate-Revista de Ciencias Sociales, 8 (11), 90-122.

Becher, Y. (2024). Juventudes y cuidados: desigualdades e intersecciones. En G. Castro e Y. Becher (comps.), Juventudes: protagonistas sin ficciones (107-124). Buenos Aires: Grupo Editor Universitario.

Castro, G. (2023). Vidas juveniles cruzadas por la pandemia. En G. Castro et al., Juventudes de provincia. Tramas de pandemia (13-36). Buenos Aires: Grupo Editor Universitario. Recuperado de https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/250286/1/Juventudes-provincia.pdf.

Duarte Quapper, C. (2015). El adultocentrismo como paradigma y sistema de dominio. Análisis de la reproducción de imaginarios en la investigación social chilena sobre lo juvenil. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado de https://www.tdx.cat/handle/10803/377434#page=1.

Ecofeminita (2025). Ecofeminita/EcoFemiData: Informes ecofemidata. Zenodo. Recuperado de https://tinyurl.com/y5t95jvx.

Instituto de Investigación Social, Económica y Ciudadana (ISEPCI)/Observatorio Social de Juventudes (OSJU) (2021). Encuesta Nacional de Juventudes. Recuperado de https://isepci.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/informe-ENAJ.-2021.pdf.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2022). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021. Recuperado de https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/enut_2021_resultados_definitivos.pdf.

Pautassi, L. (2023). De la polisemia a la norma. El derecho humano al cuidado. Buenos Aires: Fundación Medifé.

Pérez Ranieri, M. (2025). Vivienda digna y vulnerabilidades. Acceso a la justicia para su concreta efectivización en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Tesis de especialización (inédita). Universidad Nacional de San Luis.

Rosanvallon, P. (2007). La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires: Manantial.

Stefanoni, P. (2021). ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Universidad Católica Argentina (UCA). Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA). Jóvenes universitarios. Diferencias en el acceso a los estudios universitarios según características personales y regionales (2010 y 2023). Autorxs: Donza, E. R., Cicciari, M. R., Jara Álvarez, R. Recuperado de https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18269.

Vázquez, M. (2025). Es un error pensar que los jóvenes siempre están a favor de posiciones progresistas. Entrevista brindada a La Tinta. Recuperado de https://latinta.com.ar/2025/04/16/melina-vazquez-jovenes-posiciones-progresistas/.

Vommaro, P., Cozachcow, A. y Núñez, P. (2022). Percepciones juveniles sobre la política: la participación en la escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Foro de Educación, 20 (1), 64-87. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/187283.

Vommaro, P. (2023). Prólogo. En Vommaro, P. y Pérez, E. (2023) (coords.), Juventudes, democracia y crisis. Pandemia, post-pandemia y después (9-14). Buenos Aires: Grupo Editor Universitario.

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