En este capítulo se señalan los desafíos de la sustentabilidad, analizando las complejidades que se enfrentan en un mundo marcado por la necesidad imperante de equilibrar el progreso socioeconómico con la preservación ambiental. Posteriormente, se centra en la innovación y transformación en el contexto de la industria 4.0, examinando cómo las tecnologías emergentes y la automatización pueden ofrecer soluciones y, al mismo tiempo, presentar desafíos inéditos para la sostenibilidad. También se abordan las implicancias de la globalización y su impacto en las instituciones, explorando cómo las interconexiones globales moldean su entorno político y económico.

Por otra parte, la narrativa explora las contradicciones de una era marcada por las tecnologías y las redes sociales, y su profundo impacto en las relaciones sociales. Se analizan las tensiones sobre el futuro del capitalismo y la emergencia de fenómenos híbridos que reconfiguran las relaciones de poder y propiedad, como el “tecnofeudalismo” (Varoufakis, 2024) y las formas de capitalismo ligadas a modelos de negocio en la nube (Wark, 2022). Estas dinámicas muestran cómo la concentración tecnológica y las plataformas digitales pueden reconstituir jerarquías económicas y sociales, y de ese modo generar nuevas desigualdades y desafíos regulatorios.

Argentina, al entrar en la tercera década del siglo XXI, se enfrenta a una compleja red de desafíos y oportunidades entrelazados. El rápido ritmo del cambio tecnológico, la creciente urgencia de la crisis climática, el cambiante orden global y las persistentes desigualdades sociales y económicas exigen soluciones innovadoras y adaptativas. Este capítulo final busca desentrañar estas complejidades, ofreciendo una hoja de ruta para la resiliencia argentina ante el “Tecnoceno”, una era definida por la profunda y a menudo disruptiva interacción entre la tecnología, la sociedad y el planeta. No basta con adaptarse a estas fuerzas; Argentina debe forjar su futuro de forma proactiva, aprovechando sus fortalezas únicas y abordando sus vulnerabilidades históricas. Esto requiere una reevaluación fundamental de sus instituciones, estructuras de gobernanza y el propio contrato social.

Los desafíos del nuevo siglo

La sustentabilidad y sus retos

El avance de la sociedad ha seguido un curso cíclico a lo largo de la historia, donde los hechos y acontecimientos tienden a repetirse en diferentes contextos. A lo largo de la evolución social, las crisis han surgido como situaciones que desafían el desarrollo económico, social, político o cultural, y son consideradas momentos de ruptura en el funcionamiento de un sistema, con cambios cualitativos en sentido positivo o negativo, según Cantú Martínez (2016). En este aspecto, Brand y Görg (2003) señalan que el neoliberalismo buscó estabilizar la economía mediante medidas como la privatización de empresas estatales, reformas fiscales, desregulación económica, reforma financiera y liberalización del comercio. A pesar de sus promesas, como el crecimiento ilimitado y la reducción de la pobreza, los resultados fueron una concentración geográfica y oligárquica de la riqueza, un deterioro de las condiciones de vida y un aumento de la precariedad laboral.

La implementación de políticas neoliberales, según Gallopín (2003), ha dado lugar, además, a desequilibrios que impiden que se genere un “modelo de desarrollo” equilibrado y sostenible a largo plazo. La desigualdad y exclusión social, lejos de ser fenómenos naturales, son construcciones sociales derivadas de factores estructurales propios del modelo neoliberal. La actual crisis civilizatoria no es solo financiera o económica, sino una convergencia de crisis estructurales, globales y de largo plazo en torno a los modelos de producción y consumo.

Velázquez-Castro y Cepeda-Arellano (2023) argumentan que, en respuesta a esta crisis, se han implementado iniciativas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) surgieron en 2015 durante la vigesimoprimera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y el Acuerdo de París; de esta manera, estos ODS representan un compromiso histórico para abordar no solo la pobreza, sino también la protección del planeta contra el aumento de la temperatura, el efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad.

Los ODS abarcan diversas metas que son cruciales para el desarrollo sostenible. Desde la erradicación de la pobreza hasta la igualdad de género, pasando por la garantía de una vida sana, educación inclusiva, acceso al agua y saneamiento, energía asequible, crecimiento económico sostenible, reducción de desigualdades, ciudades inclusivas, consumo y producción sostenibles, acción climática, conservación de océanos y ecosistemas terrestres, promoción de sociedades pacíficas y el fortalecimiento de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 es una hoja de ruta para un desarrollo global más sostenible e inclusivo. Los ODS no pueden ser considerados de manera aislada, ya que están interconectados e interdependientes. La acción en un área específica tiene repercusiones en otras, lo que destaca la necesidad de un enfoque integrado para abordar los desafíos interrelacionados que enfrenta la humanidad.

Pero el camino hacia la sostenibilidad no está exento de obstáculos. La interconexión de los desafíos subraya la necesidad de abordarlos de manera conjunta, reconociendo la complejidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales. La reducción de la desigualdad, la promoción del crecimiento económico sostenible, la mitigación del cambio climático y la preservación de la biodiversidad son eslabones esenciales que no pueden abordarse de manera aislada.

La postura del presidente Javier Milei frente al cambio climático, la sustentabilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) refleja su visión libertaria y su énfasis en el libre mercado, con marcadas críticas hacia la intervención estatal y las agendas internacionales. Aunque reconoce que el clima está cambiando, cuestiona la influencia humana como causa principal y lo atribuye principalmente a fenómenos naturales. Afirma que las políticas globales relacionadas con el cambio climático a menudo exageran los riesgos y utilizan el tema como excusa para intervenir en las economías.

Considera que las regulaciones impuestas por organismos internacionales afectan negativamente el desarrollo económico de los países, especialmente en economías emergentes como la de Argentina, y sostiene que los problemas ambientales deben resolverse mediante mecanismos de mercado y avances tecnológicos, no a través de controles gubernamentales. Rechaza políticas que considera restrictivas para la producción y el crecimiento económico, con el argumento de que muchas de ellas son ideológicas y no prácticas; en este sentido, entiende los ODS como una forma de imponer restricciones económicas y políticas a los países, lo que considera una violación de la soberanía nacional, puesto que, según él, los ODS promueven modelos de intervención estatal que afectan la libertad económica y obstaculizan el desarrollo de las naciones.

Si bien promueve soluciones de mercado y la innovación tecnológica, su enfoque podría generar controversias tanto a nivel local como internacional, sobre todo en un contexto global donde la acción climática es cada vez más prioritaria. Aunque su enfoque podría atraer apoyo de sectores productivos y empresariales, también plantea desafíos en un contexto global que exige mayor acción climática y cooperación internacional.

En definitiva, la construcción de un futuro sostenible exige un cambio de paradigma en nuestras estructuras económicas y sociales. Es imperativo replantear modelos de desarrollo que han exacerbado la brecha entre ricos y pobres, degradado nuestro entorno natural y comprometido la viabilidad a largo plazo de nuestro planeta. La sostenibilidad, en última instancia, implica una transformación profunda en la manera en que concebimos el progreso y el bienestar.

Sin embargo, esta transición no estará exenta de obstáculos. Como advierte Ferrer (2022), la integración de las consideraciones ambientales en las políticas debe abordar no solo las prácticas industriales, sino también los patrones de consumo y la equidad social. Para lograrlo, las instituciones deben ser más que simples reguladoras; deben convertirse en facilitadoras de la innovación sostenible, deben fomentar la colaboración entre los sectores público y privado.

Tabla 2. Paradigmas contrastantes del desarrollo: Argentina en la encrucijada

Fuente: elaboración propia.

La narrativa global está cambiando. El crecimiento económico ya no puede perseguirse sin tener en cuenta sus consecuencias ambientales. La crisis climática no es una amenaza lejana; es una realidad presente que exige acción inmediata. Para Argentina, esto significa adoptar una economía circular, que priorice la eficiencia de los recursos, la reducción de residuos y la regeneración de los sistemas naturales. Como señala Ulgen (2022), el costo de la inacción supera con creces los desafíos de la transición hacia un modelo más sostenible. Argentina, dotada de abundantes recursos renovables, tiene el potencial de convertirse en un líder en energía verde, creando nuevas industrias y empleos, a la vez que reduce su huella de carbono.

Innovación y transformación: la industria 4.0

A lo largo de la historia, el desarrollo tecnológico ha desencadenado transformaciones significativas en los sistemas de manufactura. Tal como señalan Ynzunza Cortés et al. (2017), desde la introducción de la máquina de vapor y la mecanización de los procesos hasta la era de la producción en masa, la automatización y la robótica, la evolución ha sido constante. Sin embargo, en tiempos más recientes, surge la denominada “industria 4.0”, que se posiciona como la “cuarta revolución industrial”, que impacta en la industria de la fabricación con su potencial para la integración, innovación y autonomía de los procesos.

Joyanes (2017) explica que la base de la industria 4.0 se encuentra en el desarrollo de sistemas, el internet de las cosas (IoT) y el internet de la gente y de los servicios, a los cuales se suman otras tecnologías, como la fabricación aditiva, la impresión 3D, la ingeniería inversa, el big data, la analítica, la inteligencia artificial, entre otras. La convergencia de estas tecnologías genera cambios trascendentales no solo en la industria de la manufactura sino también en el comportamiento del consumidor y en la forma de hacer negocios, lo que favorece, al mismo tiempo, la construcción de capacidades que permiten a las empresas adaptarse a los cambios del mercado.

La industria 4.0 representa un enfoque innovador para el desarrollo de nuevos productos y procesos, a través de fábricas inteligentes totalmente integradas en redes de trabajo a lo largo de la cadena de valor. Según Rozo-García (2020), este enfoque propicia nuevas formas de colaboración e infraestructuras sociales.

El concepto de industria 4.0, según Montecinos (2021), surge en Alemania en 2011 como parte de una política económica gubernamental centrada en estrategias de alta tecnología. Este término se caracteriza por la automatización, la digitalización de los procesos y la incorporación de tecnologías de la electrónica y la información en el ámbito manufacturero. Además, se distingue por la personalización de la producción, la prestación de servicios y la creación de negocios de valor agregado. Su esencia radica también en las capacidades de interacción y el intercambio de información entre humanos y máquinas.

La industria 4.0, según Rodríguez-Alegre et al. (2021), tiene su génesis intrínsecamente vinculada al paradigma digital, fundamentado principalmente en la aplicación de tecnología e inteligencia artificial. Este enfoque epistémico se materializa mediante la operacionalización de una combinación de capacidades humanas y mecánicas. Este progreso no es fortuito; más bien, es el resultado de políticas públicas bien estructuradas y aplicadas en colaboración con los ministerios de educación e industria. Según los autores, China se destaca como uno de los países que ha avanzado significativamente en la industria 4.0, impulsado por el desarrollo tecnológico y el comercio digital en el contexto de la globalización del mercado. Estados Unidos, con un enfoque en el sector de manufactura a través de la nanotecnología, también ha contribuido al desarrollo de este paradigma. Otros países, como Japón e Italia, se suman a esta revolución industrial 4.0, lo cual resalta la importancia de la cooperación internacional en la consolidación de este enfoque digital.

El debate en torno a las políticas industriales que conlleva la industria 4.0 ha sido objeto de reflexión para académicos y profesionales. En este contexto, Cimoli et al. (2017) abordan la complejidad del tema, destacando la ausencia de un enfoque único y subrayando la influencia de las condiciones nacionales en la formulación e implementación de políticas industriales. Según los autores, la inexistencia de un “paquete” estandarizado de políticas industriales refleja la necesidad de considerar las singularidades de cada país. La variedad de iniciativas se ajusta a las condiciones y características específicas, lo que desafía la aplicación de soluciones universales.

En este panorama, las intervenciones estatales adoptan diversas formas. Por un lado, existen políticas horizontales diseñadas para impactar de manera uniforme en distintos sectores. Por otro lado, emergen políticas verticales, orientadas al desarrollo o respaldo de un sector o grupo de empresas específicas. Sorprendentemente, la coexistencia de ambas modalidades no se revela como contradictoria; más bien, representa una estrategia pragmática que busca abordar las complejidades del entorno industrial.

Es crucial reconocer que, más allá de las taxonomías de las políticas, la disparidad entre países no radica únicamente en sus elecciones de intervención. Tal como sostienen Basco et al. (2018), la verdadera distinción yace en el grado y la naturaleza de la intervención estatal, así como en las capacidades de las instituciones encargadas de concebir y ejecutar dichas políticas. Esta variabilidad institucional añade una capa adicional de complejidad a la comprensión de los resultados de las políticas industriales.

En la última década, la noción de industria 4.0 ha permeado en nuestro país. Albrieu et al. (2019) ofrecen una perspectiva esclarecedora sobre la evolución en el contexto argentino, destacando la rápida familiarización en las medianas y grandes empresas con la industria 4.0. Se puede advertir el impacto de la industria 4.0 en Argentina, dado que pueden verse avances tecnológicos significativos, particularmente en industrias con inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D). Ejemplos como Tenaris, líder en la producción de tubos de acero, y avances en el sector automotor, con robots y drones, ilustran la adopción de tecnologías 4.0. La transformación digital, aunque aún parcial, ya está alterando la naturaleza de las tareas, subrayando la necesidad de una mayor interacción entre máquinas y habilidades humanas. Los autores señalan además que, aunque la industria argentina ha abrazado la industria 4.0, las pymes enfrentan desafíos significativos. Factores externos, como la situación económica, impactan negativamente, y las variables internas a menudo agravan la situación. La adopción de nuevas tecnologías, si bien prometedora, plantea desafíos relacionados con la infraestructura y las competencias del personal.

La capacitación y la formación emergen como elementos clave para aprovechar las oportunidades de la industria 4.0. La inversión en el desarrollo de habilidades y la adaptación de los programas educativos son imperativos para impulsar la transformación digital de la fuerza laboral y maximizar los beneficios de esta revolución industrial.

Existe una preocupación sobre la pérdida de empleo debido a la automatización, y en este sentido, el informe del Ministerio de Hacienda de 2018 reconoce que los trabajadores de ingresos medios y bajos podrían ser los primeros afectados. Sin embargo, a lo largo de las últimas dos décadas, ha habido un cambio hacia la profundización y capacitación en competencias cognitivas en lugar de las tareas manuales rutinarias. Esto plantea la pregunta de si la preocupación por el empleo es realmente un obstáculo o un avance hacia tareas más especializadas.

Pero, en definitiva, ya para mediados de esta tercera década del siglo XXI, las estrategias del presidente Javier Milei respecto a la industria 4.0 y su impacto en Argentina están enmarcadas en su visión libertaria y su énfasis en el libre mercado con mínima intervención estatal. Si bien Milei reconoce la importancia de la innovación tecnológica, su enfoque hacia el desarrollo de este tipo de industria difiere del modelo convencional de apoyo estatal.

Sostiene que la innovación y el desarrollo tecnológico deben ser impulsados por empresas privadas, incentivadas por la competencia y las demandas del mercado. Se opone a subsidios, planes estratégicos dirigidos por el gobierno o políticas industriales que favorezcan sectores específicos, argumentando que generan distorsiones en el mercado, y propone eliminar barreras regulatorias que dificulten la adopción de tecnologías de la industria 4.0, como impuestos elevados, restricciones laborales y trabas burocráticas.

En la visión de Milei, la industria 4.0 puede tener un impacto positivo en Argentina siempre que se implementen reformas estructurales para liberar el potencial del mercado. Estrategias como la adopción de tecnologías avanzadas podrían incrementar la eficiencia en sectores clave como la agricultura, la manufactura y los servicios.

La postura de Milei contrasta con modelos de desarrollo tecnológico promovidos por otros países, donde el Estado juega un papel central en la financiación de la investigación, el desarrollo de infraestructura tecnológica y la capacitación de la fuerza laboral. Sin embargo, Milei considera que estos modelos no son aplicables a Argentina debido a la ineficiencia estructural del Estado. Visualiza la industria 4.0 como una oportunidad para modernizar la economía argentina, pero su enfoque descarta la intervención estatal directa. En su modelo, la desregulación, la competencia y el liderazgo del sector privado son los motores clave para impulsar la adopción de tecnologías avanzadas.

La industria 4.0 no solo implica la adopción de tecnologías avanzadas, sino un cambio cultural y educativo que debe abordarse de manera integral. La colaboración entre sectores público y privado, así como entre la academia y la industria, se presenta como fundamental para navegar con éxito hacia un futuro industrial más avanzado y competitivo.

La cuarta revolución industrial presenta increíbles oportunidades y posibles obstáculos. Tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica avanzada pueden revolucionar las industrias argentinas, impulsando la productividad y la competitividad.

Como señalan Albrieu et al. (2019), algunos sectores ya han comenzado a adoptar estas tecnologías, pero su adopción generalizada requiere una inversión estratégica en infraestructura, educación y desarrollo de la fuerza laboral.

El desafío clave reside en garantizar que los beneficios de la industria 4.0 se distribuyan equitativamente. A medida que la automatización transforma el mercado laboral, Argentina debe abordar proactivamente el potencial de desplazamiento laboral. Esto exige centrarse en programas de reciclaje y perfeccionamiento de habilidades, así como en la creación de nuevas redes de protección social para apoyar a los más vulnerables. El objetivo debe ser aprovechar el poder de la tecnología para crear una sociedad más inclusiva y próspera, no para exacerbar las desigualdades existentes.

Globalización y el impacto en las instituciones

La globalización, un término acuñado por el profesor Theodore Levitt en 1983, ha trascendido las fronteras de las disciplinas académicas para convertirse en un referente ineludible en diversas áreas del conocimiento. La globalización, entendida como un proceso multidimensional, ha permeado de manera profunda y extensa la actividad humana, y ha dejado su huella en la economía, la política, la cultura, la ecología y otros aspectos fundamentales de la sociedad. Como proceso histórico, se encuentra arraigada en las raíces mismas del surgimiento del capitalismo europeo, con sus primeros indicios visibles en la Edad Media y el Renacimiento. La expansión del capitalismo ha sido un fenómeno genuinamente global. La interconexión de los mercados, la movilidad de capitales y la necesidad de establecer vínculos en todas partes han sido impulsadas por la dinámica del capitalismo desde sus primeros días.

Tal como señala Robles Carrillo (2023), el despegue formal de la globalización se vincula con la primera Revolución Industrial, en el siglo XVIII en Inglaterra, momento que marca un hito en avances tecnológicos, energéticos y de transporte. La explotación colonial y la acumulación originaria fueron factores cruciales en el surgimiento del capitalismo europeo, por lo que la segunda mitad del siglo XIX presenció un nuevo impulso con la introducción del petróleo, la electricidad y avances en la industria química, siderurgia y alimentos enlatados. La globalización sufrió un declive entre las guerras mundiales, solo para resurgir en la década de 1940 y marcar una nueva fase con la creación de instituciones internacionales y la expansión del comercio entre países desarrollados.

La Organización Mundial del Comercio (OMC, 2008) divide la globalización en episodios, destacando el crecimiento acelerado del comercio y la producción en dos fases: la primera, desde mediados del siglo XIX hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y la segunda, desde la posguerra hasta el presente. La Cepal (2002) complementa esta visión, delineando una tercera fase consolidada a finales del siglo XX, caracterizada por la generalización del libre comercio, la presencia de empresas transnacionales y la homogeneización de modelos de desarrollo, junto con restricciones persistentes a la movilidad de mano de obra.

Con respecto a la fase actual de la globalización, Raffo López y Hernández García (2021) sostienen que se encuentra marcada por el uso generalizado de tecnologías de información, comunicación y nuevos procesos de producción, se sustenta en cambios profundos en la organización de la producción, el transporte y la comercialización. A su vez, los autores identifican que el impacto actual de la globalización se manifiesta en fenómenos como la especialización flexible, que se adapta a las nuevas realidades del mercado mediante la producción de bienes diferenciados, y la flexibilidad financiera, que ha contribuido a la inestabilidad de los mercados de capitales y al auge de la especulación global. En este contexto, las nuevas tecnologías de información y comunicación, incluyendo Internet y sus derivados, han transformado radicalmente las formas de organización económica, cultural y política.

La globalización, lejos de ser un fenómeno aislado, se manifiesta como un proceso interrelacionado que afecta de manera simultánea y entrelazada a las instituciones en su conjunto. Su influencia se refleja en la dinámica de las organizaciones, en la formulación de políticas, en la configuración de identidades culturales y en la gestión de recursos naturales. En este contexto, es imperativo analizar cómo las instituciones se adaptan y responden a los desafíos de un mundo cada vez más interconectado, en el cual la globalización se presenta como un fenómeno omnipresente que configura la realidad y las dinámicas sociales a nivel global.

Saskia Sassen (2007) plantea desafíos fundamentales para las ciencias sociales al abordar los procesos transnacionales, especialmente la globalización en sus dimensiones política, económica y cultural. La complejidad de estos fenómenos exige una reconsideración de las concepciones tradicionales sobre la relación entre lo global y lo nacional. Según la autora, lo global no se confina únicamente a la esfera de las instituciones exclusivamente globales, sino que, de manera significativa, permea los territorios y las instituciones nacionales.

Esta perspectiva desafía dos supuestos fundamentales de las ciencias sociales. En primer lugar, cuestiona la concepción del Estado-nación como el único contenedor de los procesos sociales, y así evidencia que lo global coexiste y, de alguna manera, se aloja en el interior de lo nacional. En segundo lugar, pone en tela de juicio la correspondencia automática entre el territorio y las características nacionales de un fenómeno social. Es decir, la simple presencia de un proceso o fenómeno en una institución o territorio nacional ya no implica necesariamente su naturaleza nacional. Ambos supuestos, que históricamente han mantenido su vigencia, están experimentando una desarticulación gradual pero intensa en la contemporaneidad. En este sentido, la globalización redefine la manera en que comprendemos y abordamos la relación entre lo local y lo global en el complejo entramado de las instituciones.

En el intento de definir el significado de “globalización”, Sassen (2007) distingue dos dinámicas claramente diferenciadas. Por un lado, se encuentran los procesos y las instituciones explícitamente globales, ejemplificados por entidades como la Organización Mundial de Comercio, los mercados financieros internacionales, el nuevo cosmopolitismo y los Tribunales Internacionales de Crímenes de Guerra. Estas entidades operan a nivel global y representan formaciones concretas y novedosas en el ámbito global.

Por otra parte, David Held (2000) resalta el surgimiento de grandes instituciones globales y regionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). La ONU, a pesar de sus limitaciones, se presenta como un innovador sistema de gobierno global que ofrece servicios públicos internacionales esenciales, desde el control del tráfico aéreo hasta la gestión de telecomunicaciones y la protección de recursos ambientales. La UE, en un periodo relativamente corto, ha transformado la dinámica europea desde el caos de la posguerra hasta la coordinación de soberanías en áreas comunes. El autor enfatiza que estas instituciones representan formas novedosas de gobernanza que desafían la noción convencional de la globalización como un proceso exclusivamente neoliberal. Además, destaca el espectacular crecimiento en el siglo XX del alcance y contenido de las leyes internacionales, que abordan desde cuestiones de guerra hasta crímenes contra la humanidad, medio ambiente y derechos humanos. Estas leyes establecen un marco emergente de legislación cosmopolita, dado que limitan el poder político de cada Estado y sirven como ejemplo de cómo lo global puede restringir la acción nacional.

Continuando con la segunda dinámica planteada por Sassen (2007), se identifican procesos que, aunque no necesariamente pertenecen a la escala global, forman parte integral de la globalización. Estos procesos están arraigados en territorios e instituciones mayormente considerados nacionales en todo el mundo, aunque existan variaciones en algunos casos. A pesar de su localización nacional o incluso subnacional, estos procesos son parte de la globalización debido a su incorporación de redes o entidades transfronterizas que conectan diversos actores locales o “nacionales”. Ejemplos notables son las redes transfronterizas de activistas comprometidos con causas locales específicas, como organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente o de los derechos humanos. Asimismo, ciertos aspectos de la labor de los Estados nacionales, como las políticas monetarias y fiscales impuestas por el FMI y los Estados Unidos en la constitución de los mercados financieros internacionales, se integran en la globalización.

Es interesante destacar que, en la actualidad, la globalización abarca incluso ámbitos donde los tribunales nacionales utilizan instrumentos internacionales para resolver cuestiones que anteriormente se habrían abordado exclusivamente con instrumentos jurídicos nacionales. Además, emergen condiciones más difusas, denominadas por Sassen (2007) como “globalidades no-cosmopolitas”, que comprenden actividades políticas e imaginarios centrados en causas y problemáticas locales pero que, al mismo tiempo, forman parte de redes globales orientadas a objetivos comunes. Estas modalidades de lo global se desarrollan horizontalmente, sin participación en jerarquías mundiales verticales, a diferencia de organizaciones como la Organización Mundial de Comercio.

Sinan Ulgen (2022) destaca varias preocupaciones, entre las que se incluye el aumento de la desigualdad tanto entre países como dentro de ellos. La concentración de riqueza en el percentil superior de ingresos, especialmente en las economías avanzadas, ha exacerbado las disparidades económicas. La competencia global ha afectado negativamente a los trabajadores menos cualificados en los países desarrollados, lo que contribuyó a la disminución de empleo y salarios.

Además, Vélez Vinasco (2023) señala que la distribución desigual de los beneficios del libre comercio se ha convertido en un tema crítico. Los países más ricos, especializados en productos y servicios de alto valor añadido, han cosechado mayores beneficios, mientras que algunos países en desarrollo se han visto limitados en su capacidad para beneficiarse plenamente de las cadenas globales de valor. La aparición de China como una potencia manufacturera global ha planteado desafíos para las economías en desarrollo, que a menudo quedan atrapadas en una “trampa de valor bajo”, luchando por mantener su cuota de mercado.

Asimismo, Robinson (2017) sostiene que la crítica se extiende a la pérdida de autonomía nacional y a la creciente influencia de las grandes corporaciones multinacionales en la toma de decisiones políticas. Los críticos argumentan que los acuerdos comerciales y las estructuras legales asociadas limitan la capacidad de los gobiernos para aplicar políticas que respondan a sus necesidades específicas. Esto ha llevado a una “carrera a la baja” en regulaciones y fiscalidad, donde los gobiernos compiten por atraer inversiones y evitar la reubicación de empresas.

Además, Fernández y Trevignani (2015) han destacado la falta de representación de los países en desarrollo en los debates globales y la imposición de normas diseñadas para economías más maduras. La globalización financiera también ha exacerbado las crisis de endeudamiento en los países en desarrollo, lo que ha contribuido a la imposición de políticas de austeridad y programas estructurales de ajuste.

Finalmente, Ferrer (2022) plantea que las preocupaciones medioambientales han surgido como una crítica fundamental a la globalización. El aumento de la actividad industrial, la expansión de las redes de transporte y cambios en la explotación del suelo han llevado a una degradación ambiental significativa, que pone en peligro la capacidad de la Tierra para renovar recursos y absorber residuos.

La globalización ha transformado radicalmente el orden mundial, creando una red de interconectividad que trasciende las fronteras nacionales. Para Argentina, esto presenta tanto oportunidades como desafíos. Si bien el acceso a los mercados globales y a la inversión puede impulsar el crecimiento económico, también expone al país a shocks y presiones externas.

Como destacan Fernández y Trevignani (2015), esto exige un enfoque estratégico de las relaciones internacionales que priorice los intereses nacionales y fomente la colaboración y la cooperación en desafíos compartidos, como el cambio climático, el comercio y la seguridad.

El auge de bloques regionales, como los BRICS, y la creciente asertividad de los países del Sur Global ofrecen a Argentina nuevas vías para diversificar sus alianzas y avanzar hacia un mundo más multipolar. Aceptar este nuevo panorama requerirá un cambio de mentalidad, alejándose de un enfoque puramente occidentalista y adoptando una visión más inclusiva y colaborativa de la gobernanza global.

Desde una perspectiva de sistemas complejos, esta tensión no es solo una cuestión de política económica, sino un desafío fundamental para el tejido social. El auge de estos “señores feudales” digitales exacerba las desigualdades existentes, puesto que crea un sistema de dos niveles donde unos pocos privilegiados controlan los medios de producción y distribución, mientras que la mayoría lucha por adaptarse. Esta dinámica exige un cambio en nuestra comprensión del poder, que trascienda las nociones tradicionales de propiedad de la tierra para abarcar el control de datos, algoritmos e infraestructura digital. Es fundamental mantener un marco institucional adecuado.

La perspectiva de Javier Milei añade una capa adicional de complejidad a esta ecuación. Dado que él, como defensor del libre mercado y de una intervención gubernamental limitada, considera la globalización como una fuerza impulsora de la liberalización económica y del aumento de la competencia. Desde esta perspectiva, las barreras al comercio y la inversión deberían eliminarse para que las empresas argentinas prosperen en el mercado global. Sin embargo, este enfoque plantea inquietudes sobre la posibilidad de una mayor desigualdad y la erosión de la soberanía nacional, en particular frente a las poderosas corporaciones multinacionales.

Equilibrar la integración de Argentina a la economía global con la necesidad de proteger sus intereses nacionales y promover la equidad social presenta un desafío significativo. La clave desde el enfoque del pensamiento complejo reside en fomentar instituciones robustas y adaptables que puedan responder eficazmente a la dinámica cambiante de la globalización. Esto requiere no solo adoptar la innovación y la tecnología, sino también desarrollar una sólida red de protección social, promover la educación y el desarrollo de habilidades y garantizar que todos los argentinos tengan la oportunidad de participar y beneficiarse de la economía global. Solo mediante un enfoque holístico e inclusivo puede Argentina aprovechar el poder de la globalización y, al mismo tiempo, mitigar sus riesgos potenciales. Por lo tanto, sigue siendo necesario contar con un marco institucional adecuado que, si bien sea flexible, garantice la sostenibilidad, la equidad y el comercio justo.

Las contradicciones de una época digital

El tecnofeudalismo en Argentina

El “tecnofeudalismo” es un término que ha sido popularizado por algunos economistas y pensadores contemporáneos, como Yanis Varoufakis (2024), para describir una posible estructura socioeconómica que podría surgir en la era digital y tecnológica. En este modelo, las grandes corporaciones tecnológicas y los actores poderosos de la economía global adquieren un control desproporcionado sobre la infraestructura, los datos y las plataformas digitales, lo que les permite ejercer un poder similar al de los señores feudales del medioevo. Este poder se basa no tanto en la propiedad de la tierra, sino en el control de las tecnologías, los datos y las infraestructuras de comunicación.

En el contexto de Argentina, el concepto de tecnofeudalismo puede tener implicaciones significativas. El país ha experimentado una profunda transformación económica, social y política en las últimas décadas, marcada por crisis recurrentes, altos niveles de deuda externa, inflación y desigualdad. A la par de estos problemas, la digitalización de la economía, la globalización y la concentración de poder en manos de grandes multinacionales tecnológicas (como Google, Amazon, Facebook, etc.) se han convertido en factores claves de la estructura económica. Estas multinacionales, en particular, tienen un gran poder sobre los mercados argentinos, a menudo sin pagar impuestos proporcionales o contribuir de manera directa al bienestar económico del país. La tecnología y el control de datos se están convirtiendo en los nuevos “territorios” que determinan las relaciones de poder, tal como lo haría la tierra en el feudalismo.

En este modelo, mientras que una pequeña élite global y local, los nubelistas (Varoufakis, 2024), se beneficia de la concentración de poder digital, gran parte de la población se ve atrapada en un sistema económico que no favorece el crecimiento interno ni la redistribución de la riqueza. Esto se traduce en una desigualdad creciente entre quienes controlan la tecnología y los recursos digitales y aquellos que no tienen acceso o capacidad de competir. La falta de control sobre los recursos digitales, la infraestructura y los datos implica que las políticas locales se ven limitadas por la influencia de actores globales que operan sin tener en cuenta las necesidades y prioridades locales.

El “tecnofeudalismo” también se caracteriza por una creciente brecha digital que divide a las clases sociales y a las regiones del país. La falta de acceso a la tecnología de punta y la infraestructura digital adecuada puede dejar atrás a grandes segmentos de la población, y así generar un nuevo tipo de exclusión social.

El concepto de tecnofeudalismo en Argentina refleja las tensiones entre el crecimiento de las corporaciones tecnológicas globales, la concentración del poder económico en manos de unas pocas élites y la creciente desigualdad social. Los “nubelistas” serían, entonces, los representantes de ese grupo privilegiado que aprovecha la tecnología y las nuevas formas de control económico para consolidar su dominio sobre la economía y la sociedad, sin una distribución equitativa de los beneficios.

Este fenómeno plantea importantes preguntas sobre la soberanía, el poder y la justicia social en la era digital, sugiriendo que, al igual que en el feudalismo histórico, un pequeño grupo de actores tiene la capacidad de controlar recursos vitales (en este caso, datos y tecnología) y explotar a la mayoría.

En este contexto, “los nubelistas” (Wark, 2022) podrían interpretarse como un fenómeno local que hace referencia a los actores que, de manera similar a los que Varoufakis (2024) identifica a nivel global, se ven beneficiados por este tipo de concentración tecnológica y económica. El término “nubelista” podría derivar de la idea de que estas empresas o grupos se aprovechan de “la nube” (cloud) y las nuevas tecnologías digitales para centralizar el poder, controlar mercados y obtener enormes ganancias, a veces sin una contribución significativa al desarrollo económico o social del país. En este sentido, los nubelistas representarían los nuevos actores económicos que controlan los flujos de datos y la infraestructura digital, en lugar de ser actores tradicionales de la economía argentina.

El término “nubelistas” en el contexto de la Argentina de Javier Milei podría hacer referencia a ciertos grupos de poder o actores económicos que, en el marco de las políticas neoliberales del presidente, tienen la capacidad de beneficiarse de las nuevas estructuras tecnológicas y digitales que dominan la economía global. En este contexto, los nubelistas podrían ser interpretados como aquellos actores (tanto locales como internacionales) que se benefician de la globalización digital y las políticas de desregulación impulsadas por el gobierno.

Desde una perspectiva de sistemas complejos, esta tensión no es solo una cuestión de política económica, sino un desafío fundamental para el tejido social. El auge de estos “señores feudales” digitales exacerba las desigualdades existentes, dado que crea un sistema de dos niveles donde unos pocos privilegiados controlan los medios de producción y distribución, mientras que la mayoría lucha por adaptarse. Esta dinámica requiere un cambio en nuestra comprensión del poder, que trascienda las nociones tradicionales de propiedad de la tierra para abarcar el control de los datos, los algoritmos y la infraestructura digital.

Desde una perspectiva compleja, estamos obligados a mirar más allá de las narrativas simplistas de ganadores y perdedores. Si bien algunos pueden beneficiarse desproporcionadamente del auge del tecnofeudalismo, la interconexión de la economía digital implica que el bienestar de todos los argentinos está, en última instancia, entrelazado. Ignorar las necesidades de las comunidades marginadas o no invertir en alfabetización digital no solo exacerbará la desigualdad, sino que también frenará la innovación y el crecimiento económico, lo cual creará una sociedad menos resiliente y dinámica en general. Esa es la razón del desarrollo de los marcos éticos.

El énfasis de Milei en la desregulación y la mínima intervención gubernamental complica aún más este panorama. Si bien puede argumentar que estas políticas liberan el potencial innovador del mercado, un análisis desde los emergentes y complejidades de dichas políticas desregulatorias sugiere que se podría exacerbar la concentración de poder en manos de los “nubelistas”. Sin marcos regulatorios sólidos y un compromiso con la equidad social, estas políticas corren el riesgo de crear un Salvaje Oeste digital donde un pequeño número de actores domine la economía y deje atrás al resto.

En última instancia, el desafío clave reside en encontrar la manera de aprovechar el poder transformador de las tecnologías digitales y, al mismo tiempo, mitigar sus posibles desventajas. A medida que las estructuras tradicionales del Estado-nación se ven cada vez más desafiadas por las fuerzas económicas y tecnológicas globales, Argentina debe desarrollar nuevas formas de gobernanza que sean ágiles y responsables. Adoptar un enfoque de sistemas complejos, que reconozca la interconexión de los factores sociales, económicos y tecnológicos, es esencial para navegar en este panorama complejo y en constante evolución. Esto requiere un enfoque multifacético que incluye: invertir en educación y desarrollo de habilidades, promover la soberanía digital, fortalecer las empresas locales y establecer marcos regulatorios sólidos para proteger a los consumidores y garantizar una competencia justa. En esencia, Argentina debe esforzarse por crear un ecosistema digital innovador e inclusivo, que empodere a todos los ciudadanos para que participen y se beneficien de la era digital.

Los “nubelistas” en una Argentina de desregulaciones

Los “nubelistas” podrían estar representados por las grandes empresas tecnológicas globales que operan en Argentina, como Google, Amazon, Microsoft y Meta (Facebook). Estas compañías, bajo un modelo de capitalismo digital, poseen un control significativo sobre el flujo de datos, la información y las plataformas digitales.

En el gobierno de Milei, que promueve una desregulación del mercado y la eliminación de barreras para las empresas extranjeras, las grandes multinacionales tecnológicas podrían tener aún más libertad para operar y expandir su influencia, lo cual favorecería sus intereses sin una supervisión adecuada del Estado.

Los nubelistas, en este contexto, también podrían ser aquellos actores económicos que logran acumular grandes fortunas a través del control de sectores clave de la economía digital, sin necesariamente generar un desarrollo económico equitativo en el país. En una economía donde se promueve la competencia desmedida y la flexibilidad laboral, los actores más grandes pueden tener la capacidad de acaparar recursos, y así crear una creciente brecha de desigualdad.

La promesa de Milei de atraer inversiones y aumentar la competitividad puede, de hecho, profundizar las disparidades económicas y sociales, favoreciendo a los más poderosos (los nubelistas) en detrimento de la mayoría. Su modelo económico propone una mayor integración de Argentina en la economía global a través de la apertura comercial, el libre mercado y la menor intervención estatal. Esto puede hacer que Argentina dependa aún más de las grandes corporaciones tecnológicas internacionales, es decir, de los nubelistas, quienes controlan la infraestructura digital global, las plataformas de e-commerce y las redes sociales. En este escenario, Argentina podría perder parte de su soberanía económica y digital, con un impacto negativo sobre las industrias locales y los trabajos tradicionales.

Milei ha sido un crítico de la intervención del Estado en la economía, y ha buscado reducir el tamaño del aparato público. Esta postura podría facilitar que los nubelistas continúen operando sin las restricciones que podrían haber sido impuestas por políticas estatales orientadas al bienestar social. Si el Estado se reduce en su rol de regulador y redistribuidor, las grandes empresas tecnológicas podrían actuar con mayor libertad, sin que exista una supervisión adecuada de los impactos económicos y sociales de sus actividades.

A medida que las economías se digitalizan, surgen nuevas formas de poder y control, según el concepto mencionado de “tecnofeudalismo” de Varoufakis, que destaca los peligros de concentrar el poder económico y político en manos de unos pocos gigantes tecnológicos. Estas empresas, que controlan vastas reservas de datos e infraestructura crítica, ejercen una inmensa influencia sobre individuos, empresas e incluso gobiernos.

En Argentina, a medida que las empresas locales dependen cada vez más de las plataformas globales para el comercio y la comunicación, corren el riesgo de quedar subordinadas a estos poderosos actores. Argentina debe desarrollar políticas que promuevan la soberanía digital, fomenten la innovación local y garanticen una distribución equitativa de los beneficios de la economía digital.

Esto podría incluir el apoyo a las tecnologías de código abierto, la promoción de regulaciones sobre privacidad de datos y la inversión en programas de alfabetización digital para empoderar a los ciudadanos y permitirles navegar con confianza en el panorama digital. El control y el acceso a los datos son un derecho fundamental.

Tabla 3. El panorama tecnofeudal de la economía digital argentina

Fuente: elaboración propia.

Desde la perspectiva de sistemas adaptativos complejos, los “nubelistas” representan un cambio significativo en la dinámica de poder de la economía argentina, dado que operan como redes complejas y descentralizadas, capaces de adaptarse y evolucionar en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado. Su capacidad para acumular grandes cantidades de datos, controlar infraestructura clave y moldear el comportamiento del consumidor les otorga un nivel de influencia que los marcos regulatorios tradicionales difícilmente pueden abordar.

Además, el pensamiento complejo subraya la importancia de los ciclos de retroalimentación y las consecuencias imprevistas. Si bien la desregulación puede, en un principio, atraer inversión extranjera e impulsar el crecimiento económico, también podría conducir a una concentración de poder en manos de los “nubelistas”, quienes podrían entonces explotar su dominio para extraer rentas, sofocar la competencia y marginar aún más a las empresas locales.

Para evitar este escenario, Argentina debe fomentar un ecosistema de innovación que apoye el desarrollo de líderes digitales locales, promueva la privacidad de los datos y empodere a los consumidores para que tomen decisiones informadas.

El desafío para Argentina no es simplemente controlar a estos actores, sino comprender y gestionar sus complejas interacciones con el resto de la economía. El enfoque debe centrarse en crear igualdad de condiciones donde tanto los actores globales como los locales puedan prosperar, lo que contribuiría a una economía más resiliente y equitativa. La sociedad actual necesita seguridad y un plan económico de apoyo que pueda favorecer el crecimiento constante.

Mercado Libre y los “nubelistas” en Argentina

Mercado Libre es una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de América Latina, y su papel en Argentina es central. En el contexto de las políticas neoliberales impulsadas por Javier Milei, las grandes plataformas como Mercado Libre podrían ser vistas como ejemplos de “nubelistas”, ya que controlan una porción significativa del comercio digital, los flujos de dinero y los datos de los usuarios, sin estar necesariamente sujetas a las mismas regulaciones que las empresas locales tradicionales.

Mercado Libre actúa como una suerte de intermediario en el comercio digital, al permitir que miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) vendan productos a través de su plataforma. Sin embargo, la plataforma tiene un control absoluto sobre las reglas del juego: decide qué productos se pueden vender, cómo se realiza la publicidad, y tiene una posición dominante en términos de control sobre los precios y las comisiones que cobra a los vendedores. En este sentido, se comporta como un actor con un poder de mercado comparable al de los señores feudales en el contexto digital, ya que los vendedores dependen completamente de la plataforma para llegar a los consumidores.

Bajo el gobierno de Milei, que promueve un modelo económico de libre mercado y una desregulación del sector privado, Mercado Libre, al igual que otros actores globales, se beneficiaría de un entorno donde las barreras regulatorias son mínimas. Esto podría implicar menos control sobre las comisiones que la plataforma cobra, la protección de los datos personales de los consumidores y la forma en que los vendedores locales pueden competir con empresas extranjeras. Este “libre mercado” favorecería aún más a las grandes plataformas digitales, dado que consolidaría su poder sobre las pequeñas empresas y limitaría el desarrollo de una economía digital local independiente.

Mercado Libre, como muchas plataformas digitales, posee una gran cantidad de datos sobre el comportamiento de los consumidores, sus preferencias, hábitos de compra y más. Esta información le otorga un poder considerable, ya que la plataforma puede personalizar las ofertas, dirigir anuncios de manera más eficiente y maximizar sus ganancias. Este control sobre los datos también le otorga una ventaja competitiva frente a otros actores económicos más pequeños o tradicionales.

Si bien Mercado Libre permite a muchas pymes acceder al mercado digital, estas empresas a menudo se ven atrapadas en un modelo que les da poco margen de maniobra, ya que deben cumplir con las políticas de la plataforma, pagar comisiones y competir en un entorno donde las grandes marcas o los vendedores con más recursos tienen una ventaja. El modelo de negocio de Mercado Libre está muy integrado a la economía global, especialmente a las grandes cadenas de suministro y a los pagos internacionales. Esto genera una dependencia de los flujos de capital globales y limita las posibilidades de un desarrollo económico local independiente. En este sentido, las políticas de Milei, que buscan una integración aún mayor en la economía global, podrían beneficiar todavía más a plataformas como Mercado Libre, lo cual consolidaría la posición de los “nubelistas” en Argentina y dificultaría la soberanía económica local.

En la Argentina, los “nubelistas” como Mercado Libre representan a aquellos actores que, al igual que en el concepto de tecnofeudalismo, tienen un control dominante sobre sectores clave de la economía digital. A través de su influencia en el comercio electrónico, la recolección masiva de datos y su posición como intermediarios entre consumidores y vendedores, estas plataformas tienen un poder similar al de los señores feudales: dictan las reglas del mercado y acumulan grandes ganancias, mientras que los actores más pequeños o locales quedan a merced de su control.

En este escenario, la desregulación promovida por Milei favorece aún más a estos “nubelistas”, consolida su poder en la economía digital y dificulta la competencia y el crecimiento de las empresas locales. Entender este panorama exige una visión estratégica que equilibre el atractivo de la integración global con el imperativo del desarrollo económico local. El desafío no radica en demonizar plataformas como Mercado Libre, sino en garantizar que su dominio no se produzca a expensas del emprendimiento y la innovación argentinos. Esto requiere fomentar un marco regulatorio sólido que promueva la competencia justa, proteja los datos de los consumidores y empodere a las empresas locales para prosperar en la era digital. Argentina debe esforzarse por construir una economía digital abierta e inclusiva, que aproveche el poder de la tecnología para crear oportunidades para todos, no solo para unos pocos privilegiados.

Implicaciones del tecnofeudalismo y el impacto en las instituciones

En el marco de las políticas neoliberales de Milei, la concentración del poder digital en manos de grandes corporaciones internacionales podría tener efectos tecnofeudales en la sociedad argentina, donde una pequeña élite económica, en gran medida vinculada a las grandes empresas tecnológicas globales mencionadas más arriba como nubelistas, ejercerá un control significativo sobre el mercado y los recursos digitales, mientras que el resto de la población enfrentará mayores dificultades económicas. Este modelo podría fomentar una dependencia digital, creando un sistema donde los actores locales pierdan poder frente a los intereses globales. Estas empresas tendrían aún más poder, mientras que las pequeñas y medianas empresas locales, así como los ciudadanos más vulnerables, verían cómo se profundizan las desigualdades en un sistema cada vez más dependiente de la tecnología global.

El impacto del tecnofeudalismo y la economía digital en las instituciones fundamentales, como la propiedad privada, el Banco Central de la República Argentina y la Corte Suprema de Justicia, es profundo y plantea desafíos estructurales para su funcionamiento.

El concepto de propiedad privada, eje central del sistema económico tradicional, enfrenta tensiones en el contexto digital y tecnológico a partir de algunas transformaciones clave en la propiedad de los datos, en los activos digitales y en las economías de plataforma.

Acerca de la propiedad de los datos personales, este es sin lugar a duda el activo más valioso de la economía digital, de la cual no tienen una titularidad clara. Las grandes plataformas (como Meta o Google) los explotan, lo que deja a los ciudadanos y al Estado con escaso control.

En cuanto a los activos digitales, bienes como criptomonedas, NFT y contenido digital abren y generan nuevos debates sobre su titularidad y las garantías legales.

En cuanto a la economía colaborativa de plataformas, como Airbnb o Uber, diluye los límites de la propiedad privada, dado que fomenta modelos de acceso y uso en lugar de posesión directa.

Estos elementos tienen sus implicancias e impacto institucional, ya que los marcos legales tradicionales no están preparados para garantizar derechos sobre bienes digitales o para abordar disputas relacionadas con el uso de datos. De esta manera, se generan tensiones sobre los derechos de expropiación o control de bienes intangibles por parte del Estado en un entorno digital.

Asimismo, se verifica un fuerte impacto en el BCRA. Esta institución, como guardiana de la política monetaria y financiera, enfrenta desafíos significativos debido a la irrupción de tecnologías disruptivas y plataformas digitales. La creciente adopción de Bitcoin, Ethereum y demás criptomonedas reduce la relevancia del peso argentino como medio de intercambio y reserva de valor, lo que afecta el control monetario del BCRA.

Las empresas como Mercado Pago y Ualá transforman la intermediación financiera, puesto que operan fuera del sistema bancario tradicional y escapan parcialmente a la regulación del BCRA.

De esta manera, las criptomonedas facilitan la fuga de capitales, lo que agrava los problemas de falta de reservas internacionales y, como contrapartida, las plataformas digitales crean ecosistemas financieros alternativos que compiten con el sistema formal.

Ante estos escenarios, se hace necesario crear normas específicas para fintechs y criptomonedas para integrarlas al sistema formal sin sofocar la innovación. Sería adecuado evaluar la emisión de una moneda digital del BCRA para modernizar el sistema financiero y competir con activos digitales privados y, al mismo tiempo, coordinar esfuerzos con otros países para regular transacciones transnacionales basadas en criptomonedas.

Por otra parte, en cuanto a la institución de la división de poderes, con el imperio de la Corte Suprema como intérprete supremo de la Constitución, enfrenta desafíos complejos derivados de los conflictos legales que surgen en la economía digital.

En este sentido, en cuanto a la privacidad y protección de datos, las disputas relacionadas con el uso y control de datos personales por parte de plataformas tecnológicas generan casos judiciales que requieren definiciones constitucionales. Un ejemplo de esto lo constituyen las prerrogativas acerca de cómo proteger el derecho a la privacidad en un entorno donde los datos son el principal activo económico.

En cuanto a los derechos laborales digitales, los trabajadores de plataformas (Uber, Rappi) demandan reconocimiento de derechos laborales. La Corte debe decidir sobre la relación laboral en un contexto tecnológico que redefine las reglas del empleo. Estas decisiones tienen un impacto directo en la regulación de la economía digital y en la jurisprudencia laboral.

Una temática central de un escenario tecnofeudal y nubelista lo constituyen los monopolios tecnológicos y la competencia, dado que ciertas empresas, como Mercado Libre, enfrentan acusaciones de prácticas anticompetitivas. La Corte podría intervenir para regular el poder de mercado de estas plataformas. Es decir que la interpretación del derecho comercial y de la competencia debe adaptarse a la economía digital.

Estos escenarios nos involucran, además, en conflictos transnacionales, dado que muchas plataformas tecnológicas tienen sedes fuera de Argentina, lo que genera problemas de jurisdicción y la necesidad de decidir cómo aplicar el derecho argentino en casos con actores extranjeros.

Por estas razones, la Corte enfrenta la necesidad de capacitarse en tecnologías emergentes para entender los conflictos derivados de ellas y debe definir jurisprudencia en temas nuevos, como activos digitales, privacidad de datos y economía de plataformas, para establecer precedentes que impactarán en otros niveles del sistema judicial.

La fuerza disruptiva del tecnofeudalismo no se limita a los cambios económicos; golpea la esencia misma de las instituciones que sustentan el orden social y político argentino. Los roles tradicionales de los derechos de propiedad, el BCRA y la Corte Suprema se ven desafiados por el auge de las tecnologías digitales, el poder basado en datos y las nuevas formas de control económico. Comprender estos impactos es crucial para afrontar los complejos desafíos que se avecinan.

El concepto de derechos de propiedad, antes definido por activos tangibles, ahora se enfrenta al mundo intangible de los datos y los activos digitales. ¿Quién es el propietario de nuestra información personal? ¿Cómo protegemos la propiedad intelectual en la era de la copia y la distribución fáciles? Estas preguntas exigen nuevos marcos legales que equilibren la innovación con los derechos individuales. Argentina requiere una ética sólida en la definición de propiedad.

Tabla 4. La tríada del impacto institucional: propiedad, Banco Central y corte suprema en la era tecnofeudal

Fuente: elaboración propia.

La capacidad del Banco Central para gestionar la economía se ve socavada por el auge de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi). A medida que más argentinos recurren a estos sistemas financieros alternativos, el BCRA corre el riesgo de perder el control sobre la oferta monetaria y el flujo de capital. Es fundamental conocer el uso que las personas le dan a la economía, para lo cual es necesario controlarla, pero la tecnología es compleja de manejar.

La Corte Suprema, como máxima intérprete de la Constitución argentina, debe afrontar una nueva ola de desafíos legales relacionados con la privacidad de datos, el sesgo algorítmico y el poder de las plataformas tecnológicas. La necesidad de comprender e incorporar la ética y su aplicación es relevante en estos tiempos.

La erosión de las estructuras tradicionales de poder puede derivar en que surjan entidades cada vez más poderosas, lo que pone a la nación en una situación difícil en cualquier juicio o asunto.

Pero sin lugar a dudas, otras instituciones se ven afectadas por estos escenarios tecnofeudales: las instituciones educativas, nuestro sistema recaudatorio y los gobiernos locales y regionales.

La educación pública enfrenta dificultades para preparar a los estudiantes para un mundo laboral digitalizado, lo que incrementa la brecha de oportunidades; es urgente, entonces, una modernización curricular para fomentar competencias tecnológicas.

Por otra parte, las plataformas digitales, muchas veces domiciliadas en el extranjero, complican la recaudación de impuestos. Se hace imprescindible, así, el diseño de un marco impositivo que capture las ganancias de los nubelistas, lo cual es crucial para sostener el gasto público.

Esto nos lleva a pensar que la infraestructura tecnológica y el acceso a Internet están concentrados en áreas urbanas como Buenos Aires, lo que amplía las desigualdades regionales; es necesario, por lo tanto, fortalecer la conectividad y la digitalización en provincias menos desarrolladas.

El impacto del tecnofeudalismo y los nubelistas no solo plantea desafíos, sino también oportunidades para modernizar las instituciones argentinas en la búsqueda de una regulación a estas plataformas, lograr más educación y capacitación para estos escenarios, fomentar la soberanía tecnológica y proteger los datos personales de los agentes económicos.

Para lograr estos propósitos, sería necesario establecer un marco normativo para equilibrar innovación tecnológica con derechos sociales y económicos, invertir en habilidades tecnológicas desde la escuela primaria para reducir la brecha digital, incentivar el desarrollo de plataformas locales que compitan con gigantes globales e implementar una legislación robusta que regule el uso de datos y preserve la privacidad de los ciudadanos.

El inexorable avance de la economía digital plantea a Argentina un conjunto único de desafíos que amenazan con socavar las instituciones tradicionales y exacerbar las desigualdades existentes. El concepto de “tecnofeudalismo”, con sus ecos de poder concentrado y acceso limitado, proporciona un marco sólido para analizar estas disrupciones. La siguiente matriz (tabla 5) describe los ámbitos clave afectados por este fenómeno, los desafíos específicos que enfrentan y las posibles respuestas adaptativas para mitigar los riesgos y promover un futuro más equitativo.

En el ámbito digital, la propia definición de propiedad es controvertida. Los datos, algoritmos y activos digitales desafían las nociones tradicionales de propiedad, lo que genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a la explotación. Para contrarrestar esto, Argentina debe desarrollar marcos legales claros para la gobernanza de datos, promover la alfabetización digital para empoderar a los ciudadanos respecto del control de sus datos y apoyar modelos innovadores de propiedad colectiva.

El Estado debe promover un modelo operativo transparente, justo y confiable, pero la capacidad del BCRA para gestionar la economía y el valor de Argentina se ve comprometida debido a las prácticas tecnofeudalistas del mercado. El Estado debe centrarse en crear modelos de monedas digitales que compitan y promuevan una mejor economía para el país. Si bien el poder reside en el pueblo y es un derecho que se refleja en las leyes que organizan el país, vemos que las acciones de los gobiernos, las grandes corporaciones y los individuos son determinantes para el éxito de las formas democráticas. Por lo tanto, los programas sociales son necesarios para promover la integración de más personas al mundo moderno.

Tabla 5. Matriz de disrupción institucional y respuestas adaptativas

Fuente: elaboración propia.

La erosión de la información personal constituye una amenaza central para la convivencia democrática: incluye la manipulación deliberada de datos, la desinformación organizada y prácticas de vigilancia y explotación comercial que socavan la privacidad, inhiben la libertad de expresión y erosionan la capacidad ciudadana de deliberar con autonomía e información fiable.

Desde la perspectiva de los sistemas adaptativos complejos, el auge del tecnofeudalismo plantea a Argentina un desafío singular: navegar en un panorama global donde el poder reside cada vez más en redes descentralizadas de algoritmos y datos, en lugar de las jerarquías tradicionales de gobierno e industria.

Este cambio exige una nueva comprensión de la resiliencia institucional, que va más allá de la simple adaptación de las estructuras existentes para abarcar la capacidad de anticipar y responder a disrupciones imprevistas, aprovechar las oportunidades emergentes y fomentar un ecosistema digital más ágil e inclusivo. Esto requiere un cambio fundamental de mentalidad, pasando de un enfoque de gobernanza puramente reactivo a un modelo más proactivo y adaptativo, capaz de aprender y evolucionar en respuesta a la dinámica cambiante de la era digital. Además, es necesario contar con un sólido código ético de acción para evitar caer en un nuevo tipo de desequilibrio que se pueda dar a propósito de los sesgos algorítmicos, la privacidad de los datos y las asimetrías emergentes a partir de las brechas tecnodigitales.

La concentración de poder en manos de unos pocos “nubelistas” podría generar un círculo vicioso, donde su dominio afianza aún más su control sobre los datos, la infraestructura y el acceso al mercado, lo que en última instancia sofoca la competencia y la innovación.

Para evitarlo, las instituciones argentinas deben promover activamente la soberanía digital, impulsando un sector tecnológico local dinámico que pueda competir con gigantes globales y dotando a la ciudadanía de las habilidades y el conocimiento necesarios para desenvolverse con confianza en el panorama digital. El compromiso con la privacidad de los datos, las tecnologías de código abierto y los modelos de gobernanza descentralizada es esencial para garantizar un futuro digital más equitativo y democrático.

En última instancia, el desafío para Argentina reside en aprovechar el potencial transformador de las tecnologías digitales y, al mismo tiempo, mitigar los riesgos del tecnofeudalismo y el auge de los nubelistas. Esto requiere una estrategia multifacética que abarque la política económica, la reforma educativa, la innovación social y la gobernanza ética.

Al fomentar la alfabetización digital, promover la competencia, salvaguardar los derechos ciudadanos e invertir en una sólida red de seguridad social, Argentina puede crear un ecosistema digital que empodere a todos sus ciudadanos para prosperar en el siglo XXI.

Para enfrentar estos retos, las instituciones argentinas deben modernizarse, equilibrando el progreso tecnológico con la protección de derechos fundamentales y la equidad social.

Se deben actualizar los marcos legales, incluir nuevos tipos de bienes digitales y garantizar derechos en un entorno tecnológico, reformar la regulación financiera e integrar las criptomonedas y las fintechs al sistema formal sin perder soberanía monetaria, así como fortalecer la jurisprudencia digital y dotar a la Corte Suprema de las herramientas necesarias para interpretar derechos fundamentales en el marco de la economía digital.

Estas instituciones tienen un papel clave en garantizar que la transición hacia la digitalización sea inclusiva, equitativa y respetuosa de los derechos constitucionales.

Para concluir, en este capítulo de desafíos y contradicciones del nuevo siglo, vimos que la globalización ha sido un fenómeno de múltiples caras, con beneficios y desafíos; a partir de las críticas presentadas por diversos académicos, se destaca la necesidad de abordar las desigualdades, proteger la autonomía nacional, considerar los impactos medioambientales y garantizar la representación equitativa en los debates globales. La globalización, en su forma actual, se enfrenta a desafíos significativos que requieren una cuidadosa reflexión y posiblemente reformas para abordar las preocupaciones legítimas planteadas por sus críticos.