Una apuesta por el co-cuidado y el pensamiento crítico en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos
Iván Felipe Muñoz Echeverri[2], Camilo Noreña Herrera[3], Paola Velásquez Quintero[4], Susana Vargas Betancur[5], Maria Salomé Mejía Ochoa[6], Manuela Quintero Rivera[7], Lina Marcela Zapata[8] y Diego Alejandro Ossa[9]
Introducción
En Colombia contamos con un amplio marco normativo y político que ubica a la niñez y adolescencia en un lugar privilegiado en cuanto a la protección de sus derechos y la promoción de su desarrollo integral (Constitución Política de la República de Colombia, 1991; Ley 12 de 1991; Ley 1098 de 2006; Gobierno de Colombia, 2018; Ministerio de la Protección Social, 2009). Este bloque de constitucionalidad recoge la aparente voluntad internacional expresada en tratados e instrumentos de política transnacional, como la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (ONU, 1989), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000), ahora de Desarrollo Sostenible (PNUD, 2015), y la declaración y agenda para la acción “Un Mundo Apropiado para los Niños” (UNICEF, 2002), entre otros.
A pesar de los propósitos de este marco político y normativo, la niñez y adolescencia de Colombia afrontan vulneraciones que afectan su desarrollo integral, como: a) retraso en talla y otros problemas nutricionales (Ministerio de Salud et al., 2015); b) embarazo en adolescentes (Ministerio de Salud y Profamilia, 2015); c) los adolescentes son las principales poblaciones víctimas de violencia (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019); d) víctimas del conflicto armado (Gobierno de Colombia, 2018); e) delitos sexuales (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019). Estas condiciones, afectan en mayor medida a las niñas y adolescentes, dado un contexto nacional inequitativo, excluyente y patriarcal, que se exacerba en situaciones de ruralidad, pobreza o en comunidades étnicas.
Estas problemáticas configuran una compleja paradoja entre las intenciones y propósitos de las normas y políticas, y las realidades concretas que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el país. Por ejemplo, en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, pervive un panorama de afectaciones a la niñez, especialmente en vulneraciones de sus derechos y violencias sexuales. Es así como en los últimos años se han incrementado los casos de NNA afectados por vulneraciones de sus derechos; para 2018, el 20% de estas situaciones fueron por violencia sexual, dentro de las cuales se encuentra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes –ESCNNA–. De acuerdo con datos aportados por la Mesa contra la ESCNNA de Medellín, esta problemática ha tenido una tendencia al alza en el período 2016-2019, y ha afectado principalmente a adolescentes del sexo femenino, entre 12 y 17 años (Muñoz-Echeverri et al., 2020).
La ESCNNA es una problemática explicada por tensiones entre procesos vulneradores y protectores que se presentan a nivel de la subjetividad de niños, niñas y adolescentes, como en el entorno familiar, educativo, barrial y comunitario; todo ello determinado por procesos de orden estructural, de tipo social, cultural, político y económico (Muñoz-Echeverri, 2018). Dentro de las fuerzas determinantes de la ESCNNA, se destaca el modelo de desarrollo neoliberal que encarna debilidades en la política social y profundiza las inequidades socioeconómicas y la precarización de la vida de las infancias.[10] Aunado a lo anterior, están los patrones culturales patriarcales, adultocéntricos y que dan prioridad al dinero sobre la dignidad humana. Se suma también la actuación de los grupos y redes delincuenciales que usan a NNA para perpetrar sus ilícitos y ejercen sobre ellos múltiples formas de violencia (Muñoz-Echeverri et al., 2018; Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, 2017).
La respuesta institucional a la explotación sexual comercial
La respuesta del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) para las víctimas de ESCNNA se circunscribe a la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD), el cual busca por medio de actuaciones administrativas y judiciales la materialización del principio de la protección integral y el restablecimiento de derechos. Las acciones en dicho proceso se sustentan en que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a estar y crecer en una familia y a no ser separado/a de ella, salvo circunstancias excepcionales donde la familia no es garante de derechos (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2016). En estos casos la medida tomada es el retiro inmediato del niño, niña o adolescente y la ubicación-internamiento en una institución de atención especializada para el restablecimiento de derechos.[11]
Es en el contexto del PARD –para víctimas de ESCNNA–donde se han enfocado las reflexiones, comprensiones y desarrollos del Grupo Intergeneracional de Investigación (GIDI)[12], el cual surge en 2014 como una investigación participativa donde todos los actores tenemos el rol de investigadores/as, y pretendemos aportar a la comprensión de la ESCNNA para construir propuestas para su erradicación. Sus integrantes son (somos) adolescentes y jóvenes residentes de Medellín, con historias de vida relacionadas con violencias y experimentación de un PARD en programas de atención especializada. Además, estudiantes y docentes de diversas disciplinas de la Universidad de Antioquia u otras universidades, y profesionales de programas de intervención social de la ciudad. Fruto de cinco años de investigación continua, en GIDI señalamos que a pesar de los beneficios esperados de la modalidad de PARD en el medio institucional –o internado–, dicha medida resulta insuficiente, inadecuada e inefectiva por los siguientes argumentos.
En primer lugar, el mecanismo de protección en un programa de atención especializada tipo internado tiene similitud con las prisiones, pues las instituciones permanecen cerradas con puertas y rejas, e incluso sus residentes duermen con las habitaciones cerradas y custodiadas por personal institucional. Hay mínimo contacto con la red de apoyo y restricciones al derecho a la ciudad. Además, se viven condiciones de hacinamiento, se presentan tensiones en la convivencia entre los diferentes adolescentes que están en procesos de desintoxicación por uso de drogas y, en algunos casos, reproducen conductas disruptivas y violentas tras haber sido usados por grupos delincuenciales. Es válido entonces replicar para esta modelo institucional el cuestionamiento que se ha dado en otros países: “¿a la niñez se cuida encerrándola?” (Comité de los Derechos del Niño/a, 2018).
Los adolescentes participantes de GIDI denuncian que no se sienten acompañados como seres humanos, sino que perciben un trato en términos de productividad para la institución o, incluso, como un objeto a la hora de facturar servicios ante la entidad gubernamental.[13]
En segundo lugar, planteamos que las normas y estructura del sistema de protección ponen en tensión el derecho a la participación de los NNA, ya que las decisiones frente al proceso (PARD) las toma la autoridad competente sin consultar con ellos o ellas, de modo que prevalece una mirada hacia ellos y ellas como víctimas y sujetos vencidos (Serna-Rendón et al., 2019). Incluso en la cotidianidad de los internados, los equipos psicosociales programan un diario vivir pedagógico con limitada receptividad a las propuestas de los NNA.
En tercer lugar, la mayoría de edad (18 años para Colombia) implica en muchos casos la salida definitiva de los adolescentes de la institución de protección, aunque no siempre de manera inmediata. Este criterio afecta el proceso de restablecimiento de derechos (PARD) puesto que en muchos casos la situación no ha sido superada, y no se cuenta con las habilidades psicosociales, las condiciones económicas dignas y el apoyo de la familia para volver a casa. A nuestro juicio, esto resulta contrario al enfoque de derechos y la doctrina de protección integral, y a la política pública nacional de infancia y adolescencia (Gobierno de Colombia, 2018; Noreña-Herrera, 2019).
GIDI: renacer en consciencia hace la diferencia
Ante el panorama planteado surge GIDI como una iniciativa con calidades y características alternativas al PARD. GIDI, además de un proceso investigativo, es: i) un dispositivo pedagógico, fundamentado en la promoción del diálogo intergeneracional y la potenciación de la participación; ii) un espacio de promoción de los derechos que propende por el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de las capacidades humanas; y iii) un escenario que promueve el pensamiento crítico-propositivo con miras a incidir en el SNBF, mediante estrategias participativas e intergeneracionales de reconocimiento, construcción y apropiación social de saberes plurales.
Dentro de las cualidades más relevantes de GIDI, encontramos:
- Promoción del pensamiento crítico: notamos que la participación de niños, niñas y adolescentes en procesos de investigación dialógica/participativa sobre la ESCNNA ha promovido la desnaturalización de este delito y moviliza la sanción social. Ha favorecido la reflexión subjetiva e intersubjetiva en aras de la transformación de los sujetos y sus realidades. Lo anterior no solo a través de la lectura crítica de la normativa sobre derechos de la niñez, sino por el desarrollo de estrategias culturales, artísticas y académicas que reconocen sus capacidades para auto-agenciar su vida e incidir en las decisiones que los afectan.
- Apuesta por la intergeneracionalidad: la cual apunta a ver las relaciones entre NNA, jóvenes y adultos/as desde otras formas, en las cuales prima el reconocimiento de las singularidades sin discriminación por edad, género, etnia o experiencias de vida. Encontramos en la intergeneracionalidad una salida a la asimetría adultocéntrica (Bustelo, 2012), que ve a adolescentes y jóvenes como inmaduros y dependientes –lo que desconoce sus necesidades y sus potencias–, para entenderlos en cambio como sujetos políticos, sociales y portadores de derechos.
- Nos constituimos desde el vínculo y el apoyo: Serna-Rendón et al. (2019) afirman que uno de los elementos claves para el éxito del PARD es el vínculo empático entre los adultos acompañantes y los NNA. En esta línea, GIDI nos ha permitido generar lazos de afectos sinceros, donde nos sentimos acogidos y reconocidos; es así como los adolescentes y jóvenes expresan que “cuando me preguntan cómo estoy o que hice el fin de semana siento que se interesan por mí, cosas que incluso ni en mi casa preguntan” y “viene a GIDI porque se siente como en casa, como en la segunda familia”. La consolidación de vínculos empáticos y la configuración de GIDI como una red vincular se ha logrado gracias al relacionamiento sincero que ha generado confianza, el reconocimiento de las potencias de los participantes y el ambiente dialógico y participativo. Entendemos la construcción de lo colectivo a partir del reconocimiento afectuoso de la singularidad.
- Co-cuidado como materialización del vínculo empático y solidario: debido a múltiples circunstancias que los participantes hemos afrontado y al proceso mismo de GIDI, hemos aprendido la necesidad de trascender el individualismo para preocuparnos por los compañeros y compañeras. Así, las normas del grupo han cobrado el sentido de co-cuidado –cuidado mutuo–, protección solidaria y respeto intersubjetivo. El co-cuidado se ha tejido como un discurso colectivo que cimienta a GIDI y ha permeado el acompañamiento que hacen los adultos.
- Resistencia colectiva: al igual que hemos aprendido acerca del co-cuidado, entendemos que el grupo nos permite hacer frente-resistir a la instrumentalización que el sistema de protección hace de los espacios participativos y de las y los NNA, como fue expuesto en el apartado anterior. También hemos venido proyectándonos como un dispositivo de resistencia ante las violencias y la precarización de la vida en Medellín. Así, la trayectoria de GIDI ha estado marcada por acciones de incidencia y ejercicios de resistencia en pro de crear entornos protectores que contrarresten las lógicas de poder y dominación, y propongan transformaciones en las realidades materiales y subjetivas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este caminar ha logrado efectos a nivel social, institucional y político –algunos de los cuales no estaban contemplados inicialmente–, lo que nos ha ayudado a cimentar apuestas irrenunciables de orden metodológico, epistemológico y ético-político que configuran la esencia de lo que somos.[14] Como dijimos, la resistencia colectiva se apoya en el discurso de co-cuidado que venimos tejiendo.
Efectos e incidencias de GIDI
Estas calidades y características de GIDI permiten contrarrestar afectaciones en las historias de vida de nosotros los participantes, pero además promover capacidades y proyectos de vida digna-buena. Es así como algunos jóvenes que han hecho parte del proceso por varios años se han apropiado del espacio de GIDI desplegando su liderazgo con sus talentos creativos y capacidades académicas, sociales y políticas, superando las barreras y limitaciones evidenciadas en el ámbito institucional. Se crea entonces la iniciativa de “liderazgo compartido”, la cual consiste en la planeación y ejecución conjunta de los proyectos del grupo, donde participan adolescentes, jóvenes y adultos en una misma línea de poder.
Observamos también que el proceso ha ganado eco en el sistema de protección, especialmente en el plano local, ya que además de las acciones de denuncia sobre la instrumentalización y falta de participación de NNA en las instituciones de protección, el proceso ofrece una alternativa clara, una evidencia de que “otra forma es posible” para el acompañamiento a quienes han sido víctimas de vulneraciones en sus derechos.
Proyecciones y retos
En conclusión, GIDI se configura como un proceso intergeneracional y alternativo de co-cuidado, pensamiento crítico y resistencia colectiva, que contrarresta las afectaciones vividas por NNA víctimas de vulneraciones de derechos y violencias, en especial ESCNNA, y, además, promueve el desarrollo de sus capacidades y de sus proyectos de vida digna.
Aunque ha sido claro que los adolescentes y jóvenes encuentran en GIDI un espacio protector y potenciador de sus capacidades y sentido de vida, el proceso mismo afronta limitaciones, especialmente en lo que respecta a la satisfacción de necesidades básicas, acceso a la educación, a una vida laboral digna y al acompañamiento psicosocial al egresar de las instituciones de protección. Todas estas limitaciones se convierten en incentivos para nuevos ciclos de investigación-acción-participación, pero a la vez, de exigibilidad al Estado[15] y de gestiones, a través de diferentes medios, para sufragar la autogestión de los participantes.
Además del reto que implica afrontar estas limitaciones, GIDI se ha trazado como metas:
- Estar presentes intergeneracionalmente en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia locales y nacionales. Anhelamos que los participantes de GIDI asuman la potencia de sus experiencias y voces para interlocutar con los demás actores del SNBF, especialmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones de protección.
- Convertirse en un modelo que propone otras formas de relacionamiento al interior del SNBF. En esa misma línea, fortalecer los mecanismos y formas de participación para que i) los adolescentes no sean revictimizados al regresar a sus contextos familiares; y ii) defender la apuesta política de aportar con discusiones de fondo sobre modelos de restablecimiento más afectivos y efectivos.
- Seguir apostándole a investigaciones participativas, que permitan, además, la reflexión sobre la investigación tradicional en salud pública.
- Ahondar en la reflexión conceptual sobre la intergeneracionalidad y su puesta en práctica, pues, aunque procuramos un escenario dialógico y la co-construcción de nuevas perspectivas y actuaciones, lo intergeneracional puede ser motivo de frustración o de idealización, y de tensiones entre las vivencias de los NNA y las expectativas adultas. Asumimos que este principio no es un logro alcanzado, sino una búsqueda constante. Por eso consideramos la necesidad de permanecer alerta sobre las formas inconscientes de verticalidad, a pesar de las aspiraciones de horizontalidad, y así superar las jerarquías en los roles de investigación al interior del grupo.
Finalmente, queremos continuar construyendo otros caminos posibles de la participación, caminos que, como lo expresa Paulo Freire (1980), consisten en el ejercicio de tener la voz y compartirla con otros, de asumir y de decidir en ciertos niveles de poder el derecho a la ciudadanía que permita continuar con la lucha individual y colectiva por una sociedad justa y en paz.
Referencias
Alcaldía de Medellín (2020). Diagnóstico situacional de las niñas, niños y adolescentes de Medellín: una herramienta de planeación para la garantía de los derechos 2020-2023. Medellín: Alcaldía de Medellín.
Bustelo, E. (2012). Notas sobre infancia y teoría: un enfoque latinoamericano. Salud Colectiva, 8 (3), 287-298.
Comité de los Derechos del Niño/a (2018). Informe 2018 Observatorio de Derechos de Niñez y Adolescencia del Uruguay. Montevideo, Uruguay. Visitado en https://cutt.ly/QtYslId.
Constitución Política de la República de Colombia. Gaceta Constitucional N° 116. Bogotá, Colombia, 20 de julio de 1991.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2002). Un mundo apropiado para los niños. Visitado en https://cutt.ly/OtYdCBt.
Freire, P. (1980). Pedagogía del oprimido (24a edición). Ciudad de México: Veintiuno.
Gobierno de Colombia. (2018). Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030. Bogotá, Colombia. Visitado en https://cutt.ly/9tZ4wT1.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] (2016). Lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Bogotá, Colombia. Visitado en https://cutt.ly/1tYa7bH.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] (2020). Portal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Programas especializados y otras estrategias. Bogotá, Colombia. Visitado en https://cutt.ly/NtYd9AF.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [INMLCF] (2019). Forensis 2018: Datos para la vida. Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Bogotá, Colombia. Visitado en https://cutt.ly/etYsdBO.
Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. Diario Oficial N° 46.446 Bogotá, Colombia, 8 de noviembre de 2006. Visitado en https://cutt.ly/KtZ8122.
Ley 12 de 1991. Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Diario Oficial N° 39640. Bogotá, Colombia, 22 de enero de 1991. Visitado en https://cutt.ly/xtZ8BSO.
Ministerio de la Protección Social. (2009). Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019: “Colombia: Niñas, niños y adolescentes felices y con igualdad de oportunidades”. Bogotá, Colombia. Visitado en https://cutt.ly/0tZ4xLV.
Ministerio de Salud y Profamilia. (2015). Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá, Colombia. Visitado en https://cutt.ly/XtYfQgR.
Ministerio de Salud, Departamento Nacional para la Prosperidad Social, Instituto Nacional de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Universidad Nacional de Colombia (2015). Encuesta Nacional de situación nutricional ENSIN. Notas de Política. Bogotá, Colombia. Visitado en https://cutt.ly/ItYsp7j.Editores.
Muñoz-Echeverri, I. F. (2018). La modalidad abierta de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y su respuesta en Medellín, 1990-2016 [Trabajo de grado para aspirar al título de Doctor en Salud Pública]. Universidad de Antioquia.
Muñoz-Echeverri, I. F.; Uribe, O. A.; Santa, J.; Zuluaga, A.; Higuita, O. W.; Muñoz, D. A.; Cobo, N. y Velásquez, P. (2020). ¡Es necesario profundizar en la lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Medellín! Diagnóstico y recomendaciones para la erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Medellín en la administración municipal 2020-2023. Mesa contra la ESCNNA Medellín, Universidad de Antioquia, Minciencias. Visitado en https://bit.ly/38XbcoD.
Muñoz-Echeverri, I. F.; Velásquez Escobar, J. P.; Colorado Vélez, A.; Betancur Hernández, V.; Echeverry Campuzano, M.; Toro Henao, J.; Herrera Naranjo, J. M.; Gil Yepes, J. A.; Monsalve López, J. G.; Flórez Jaramillo, M. I. y Piedrahita Puerta, J. (2018). Opciones de vida, paz y convivencia juvenil en los territorios: uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales organizados. Medellín: Universidad de Antioquia.
Noreña-Herrera, C. (2019). Políticas públicas para la garantía de no repetición a niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneración de derechos en Medellín, Antioquia 2006-2019 (ensayo). Medellín, Universidad de Antioquia.
Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín (2017). La ESCNNA como renta criminal en Medellín. Visitado en https://cutt.ly/atYsl9L.
Organización de las Naciones Unidas [ONU] (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Visitado en https://cutt.ly/stYd2fi.
Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2000). Declaración del Milenio. Visitado en https://cutt.ly/RtYdVI0.
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Visitado en https://cutt.ly/TtYdCYN.
Serna-Rendón, M.; Muñoz-Echeverri, I. F. y Lenta, M. M. (2019). Representaciones sociales del proceso de restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial en la ciudad de Medellín, Colombia, en tres grupos del sistema de protección de infancia y adolescencia (en evaluación) [Tesis de Maestría.]. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología (inédito).
UNICEF (2002). Un mundo apropiado para los niños. Visitado en https://cutt.ly/OtYdCBt.
Uruguay. Comité de los Derechos del Niño/a (2018). Informe 2018 Observatorio de Derechos de Niñez y Adolescencia del Uruguay. Visitado en https://cutt.ly/QtYslId.
- Agradecemos el apoyo financiero del Comité para el desarrollo de la investigación [ CODI ] de la Universidad de Antioquia, a través de la convocatoria programática 2016 para el área de ciencias sociales, humanidades y artes.↵
- Docente investigador de la Universidad de Antioquia. Correo: ivan.munoz@udea.edu.co.↵
- Docente investigador de la Universidad de Antioquia.↵
- Joven talento profesional MinCiencias- investigadora de la Universidad de Antioquia.↵
- Investigadora de la Universidad de Antioquia.↵
- Joven talento profesional MinCiencias – investigadora de la Universidad de Antioquia.↵
- Joven investigadora de la Universidad de Antioquia.↵
- Estudiante investigadora de la Universidad de Antioquia.↵
- Investigador de la Universidad de Antioquia.↵
- Hay que señalar que durante 2017 se registró que el 14% de los/as habitantes del área urbana de Medellín se encontraba en situación de pobreza moderada, es decir, no contaban con los “ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes que representan un estándar mínimo de vida”; de esta población, el 25,2% correspondía a menores de 17 años (Alcaldía de Medellín, 2020).↵
- La autoridad administrativa en el marco de un PARD podrá tomar una o varias de las siguientes medidas provisionales: 1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico, 2. Ubicación inmediata en medio familiar, 3. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no proceda la ubicación en los hogares de paso, 4. La adopción, 5. Cualquier otra medida que garantice la protección integral de los niños, niñas y adolescentes (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2020).↵
- Desarrollado en el marco de los proyectos de investigación: “El derecho a la participación en víctimas de explotación sexual comercial: Investigación participativa con niños, niñas y adolescentes afectados o con historias de vida relacionadas con la ESCNNA en Medellín, 2017-2018”; “Promoción de la participación, el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de las capacidades humanas con y para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en situación de vulneración de derechos en Medellín, 2017”. Ambos financiados por la Universidad de Antioquia, Colombia.↵
- En el sistema de protección a la infancia colombiano, el Estado subcontrata los servicios de atención, como los programas de atención especializados, con terceros privados. El pago de los servicios está mediado por la figura de “cupo de atención” que, en síntesis, consiste en el pago de un valor fijo mensual por la atención de un NNA en tal institución; en caso de que esta atención no se brinde porque el NNA egrese del programa, este valor mensual es menor.↵
- Estos irrenunciables son el diálogo, la participación, las relaciones horizontales, la potencia y las subjetividades, el enfoque de derechos y lo intergeneracional. ↵
- Lo que implica las luchas por el derecho a la salud, la educación y el trabajo digno.↵








