Francisco González Ayerdi^[1]

Introducción

El sistema político mexicano es tema central para la ciencia política. Es el conjunto de interrelaciones que hacen posible la formación, organización, lógica, funcionamiento, eficacia y legitimidad del poder político, especialmente en cuanto a que sus decisiones sean obligatorias para la sociedad. El concepto proviene de la vasta obra de David Easton, quien sentó las bases de la teoría general de sistemas presente en muy distintas ramas de la ciencia, proponiendo su incorporación a las ciencias sociales, especialmente al estudio de la política. En estas líneas se presentan sus elementos más significativos, que se acompañan inmediatamente con un bosquejo histórico del caso de México. Al principio se traza un mapa teórico de lectura que el lector puede utilizar, o simplemente acceder al despliegue del tema general a partir del tercer apartado.

En su génesis, entre los objetivos centrales del enfoque sistémico destacó la innovación de la investigación en ciencia política para comprender las acciones o conductas propias del poder establecido en la sociedad; poder con capacidad de hacer obligatorios sus actos para todas las personas. El estudio de las conductas políticas es diferente de los ámbitos jurídico, legal o formal que establece la organización del poder político. Enfatiza los recursos teóricos para la distinción del sistema político del resto de actividades sociales, aun si estas mantienen constantes e importantes interrelaciones con la esfera política.

Las interacciones definitorias y por tanto distinguibles del sistema político de la sociedad íntegra no se ciñen a la acción del gobierno, cualquiera que sea su tipo, si bien esa esfera actúa poderosamente en el sistema político. El sistema político estaría formado por elementos tales como las Legislaturas, los gobiernos centrales y locales, los partidos políticos, las autoridades e instituciones judiciales. La pertenencia al sistema político está dada por las interrelaciones significativas para la asignación autoritaria de valores, por lo que forman parte del sistema político los individuos, grupos u organizaciones influyentes en la toma de decisiones políticas, en el sentido más amplio del término.^[2]

La teoría de Easton delimita la especificidad de las interrelaciones o prácticas de carácter político en una sociedad. Se trata de entender (denotar) la capacidad para hacer obligatorias las decisiones públicas a la comunidad social a la cual van dirigidas (connotar); así es posible estudiar, en conjunto y dinámicamente, las acciones relevantes de la autoridad política.

Pretende ser un instrumento útil para metódicamente resolver los problemas consustanciales a explicar cómo y por qué el poder político se orienta en un sentido u otro. Las interrelaciones políticas forman una unidad. La entidad está dada por el tipo, sentido e intensidad de esas interrelaciones políticas. El conjunto solo es entendible a partir de la naturaleza de sus unidades (o subconjuntos), pero estas solo son explicables al formar una unidad más incluyente.

Este enfoque teórico busca proporcionar criterios, definiciones y conceptos para entender las múltiples relaciones entre un sistema político y el ambiente en que se desenvuelve. No está construido para el estudio o caracterización de un sistema político en lo particular. Este objetivo es responsabilidad y resultado de la aplicación del enfoque general a un caso específico.

El enfoque general hace pensar en las características esenciales de todo sistema político: son las interrelaciones comunes a todo sistema político. Se destaca, en primer término, examinar la política como el atributo o función de la distribución autoritaria de valores. El sistema político forma parte de un sistema más inclusivo: la sociedad. En ese ámbito, se cumple el atributo o función de la distribución autoritaria de valores.

Es de gran utilidad para estudiar las fases de construcción del Estado nacional o del poder político.^[3] La aplicación de los conceptos es un medio de conocimiento. Son abordables la descripción y caracterización de las relaciones políticas creadoras del poder político en México en el transcurso de los siglos XX y XXI, es factible discernir sus etapas, reconocer sus características relevantes, señalándolas si integran su formación, consolidación y persistencia o conservación. Además de la utilidad descriptiva, aun si este procedimiento no formó parte del bagaje propuesto por David Easton, con el uso de criterios cualitativos, da lugar a la caracterización del sistema político.

La bibliografía asume que en la mayor parte del siglo XX el sistema político mexicano fue autoritario.^[4] El enfoque sistémico es valioso para identificar el desgaste de este último y su cambio por un sistema político democrático constitucional, liberal, representativo y plural en los últimos decenios. El concepto de sistema político, integrando a él la estructura de poder, las instituciones políticas constitutivas, los medios de acceso y práctica del poder, permite atisbar los riesgos de ruptura de la democracia, al registrar las decisiones políticas en búsqueda de la concentración del poder político y la erosión de los compromisos subyacentes a las instituciones producto de la pluralidad. Síntomas recientes de un proyecto del partido en el poder, desafecto a las instituciones conformantes de la división de poderes, que transita a un sistema de partido hegemónico a partir de 2018 y hasta la fecha.

Añadir a la visión sistémica una reseña de pretensión histórica, antes de caracterizar el sistema político mexicano, responde a que este sistema político posee una historia. Es reconocible un periodo de permanencia del sistema político, y una etapa de cambios en sus características básicas hasta la década de los años setenta del siglo XX.

El sistema político mexicano contemporáneo inicia con la caída del sistema construido y actuante entre 1876 y 1910.^[5] No es el espacio ni la ocasión para examinar a fondo ese periodo, destacamos la creación de un nuevo sistema político al fenecer el poder erigido en torno al presidente Porfirio Díaz.^[6] Reelecto con sucesivas reformas constitucionales, plebiscitado mediante elecciones y con absoluto dominio sobre el conjunto de instituciones y poderes políticos, fue desplazado por un movimiento social y político, inspirado en reformar el sistema reeleccionista. La cerrazón y la dependencia del sistema político de la persona ocupante del Poder Ejecutivo federal condujo en 1910 a una primera fase armada que desplazó la entonces coalición gobernante en torno a Díaz, con la posterior elección presidencial de Francisco I. Madero.

La irrupción violenta del todavía existente ejército federal al asesinar al presidente Madero, legítimamente electo, abrió las puertas a levantamientos locales y campesinos, que, pasando por la lucha de facciones entre 1913 y 1916, permitieron la promulgación de un nuevo texto constitucional. Esta fue la génesis del nuevo sistema político cuyo destino se saldó por la victoria de la coalición encabezada por los Generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que vencieron el liderazgo de Venustiano Carranza y derrotaron las corrientes orozquistas, zapatistas y villistas surgidas de la Revolución.

La Revolución mexicana de 1910 a 1917 estableció condiciones poco comunes para la construcción del Estado, además de un nuevo pacto constitucional. La coalición cívico-militar victoriosa hubo de crear instituciones, leyes, acuerdos, compromisos y disciplina para que el poder político no fuese endeble ante sus desafíos y complejidades, y construyó nuevas estructuras de poder. La tarea central consistió en forjar un nuevo sistema político.

Era indispensable un poder político que modernizara al país y asegurase la estabilidad política; que superase la carencia de un sistema de partidos políticos, recuperara la actividad parlamentaria y restableciera las relaciones internacionales. Los nuevos gobernantes reconocidos por su superioridad militar poseían escasa y limitada experiencia política, de planeación, administración y control. De no tomarse en cuenta estos factores, no sería viable entender el sistema político que emerge de la Revolución.

Se construyó un sistema político no democrático, autoritario. Eficaz en el control político, suficientemente disciplinado para paulatinamente acordar el proceso de substitución en los más altos puestos de representación política tanto federal como local, lo que dio cima a un centro gravitacional en la presidencia de la República.^[7] Un organismo partidario surgió mediante pactos, tensiones y enfrentamientos, primero llamado Partido Nacional Revolucionario (PNR, 1929-1936), después Partido de la Revolución Mexicana (PRM, 1938-1946) y, finalmente, Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1946 a la fecha). Desempeñó diversas e indispensables funciones para el sostén, reproducción y adaptación del sistema político hasta la década de los años setenta del siglo XX.

Ese sistema político lentamente perdió sus atributos, su desgaste hizo necesario y posible un prolongado ciclo de reformas políticas y constitucionales entre 1976 y 2015. Los cambios acumulados hasta la reforma de 1996 fomentaron la certeza del resultado electoral, recrearon el sistema de partidos, abrieron cauce al pluralismo político e ideológico. Se fortaleció el Congreso federal, de modo que se acotó el poder unilateral del titular del Poder Ejecutivo. Y fueron posibles las alternancias en el poder de los partidos políticos, con base en las cuales surgieron los presidentes de la República del periodo 2000-2024.

El enfoque

Teoría y concepto de sistema político son instrumentos probados para el análisis de los procesos políticos. El fundamento de estos vocablos es que la política es una actividad. Actividad o práctica específica, inconfundible, propia de la esfera de las decisiones públicas e influyente en ellas. La actividad del sistema político revela las opciones asumidas por la autoridad o el poder, para encauzar el rumbo general de la sociedad.

La percepción del sistema político implica diferenciarlo de su ambiente. Este es un procedimiento analítico, para reconocer el sistema político como el subsistema social en capacidad de la distribución autoritaria de valores.

El carácter o naturaleza de los valores demandados por la sociedad, su composición y la función distributiva obligatoria atribuida al sistema político hacen que las interrelaciones entre el sistema y su ambiente estén sujetas a tensiones de diverso grado. El sistema político estaría impulsado por procesos creados por actores –individuales, grupales, organizados permanente o temporalmente– identificados por su constante o relevante actuación en la toma de decisiones públicas. Los actores presentan, formulan, articulan demandas, las cuales se propone sean atendidas (procesadas) por el sistema político.

La sociedad tiene demandas que alimentan el sistema político, este genera respuestas que pueden ser satisfactorias o insatisfactorias, suficientes o insuficientes respecto al volumen o naturaleza de las demandas. Esa respuesta reproduce el apoyo o el rechazo al sistema político.

En varios libros, David Easton profundizó su reflexión y es efectivamente el principal postulante y referente del enfoque sistémico (Easton, 1969; Blondel et al., 1982; Almond, 1999). En el origen de sus planteamientos destacan: uno, estudiar y explicar la política como una actividad o dinámica; el análisis debe mostrar el rostro, los actos y los efectos reales de la política; dos, contar con instrumentos heurísticos con capacidad de identificar situaciones de poder distintas a las que se consideraban democracias liberales en la década de los años cincuenta y sesenta del siglo XX.

No se pretendía explicar un sistema político específico o concreto. Habría que esperar a un texto fundamental inscrito en las perspectivas anteriores para que otros estudiosos imbuidos del enfoque funcionalista dieran a conocer su uso al comparar la cultura política propia de sistemas políticos distintos (Almond y Verba, 1972).^[8]

El concepto y la orientación para examinar los hechos políticos forman una teoría con grado de abstracción y generalización aptas para aplicarse a casos específicos. El estudio comparado sustenta que un sujeto de estudio comporta características comunes a otros de su especie, pero también cada caso se distingue por rasgos propios e inconfundibles. Esta teoría fundamentalmente expresa las afirmaciones siguientes:

1. Todo grupo, organización, conjunto social o comunidad cuenta con un sistema político donde se construye, forma y sostiene a la autoridad común para el conglomerado.
2. El sistema político es identificable al poseer una función indispensable para toda comunidad social: fundar, establecer, organizar y aplicar la autoridad.
3. Es el único sistema inserto en el todo social (la sociedad es un sistema, el más incluyente de las actividades humanas), cuya función exclusiva es la distribución autoritativa de valores en la sociedad, sean materiales o intangibles. Es la capacidad, cualidad o atributo del sistema político para establecer pautas comunes obligatorias a la sociedad.^[9]
4. El sistema político actúa mediante interacciones o mutuas influencias con el conjunto de sistemas integrantes de la sociedad: la economía, la educación, la cultura, las leyes, la historia, etcétera, sin confundirse con ellas.
5. Las interacciones forman un todo, este no se reduce a sus partes, las partes no se pueden entender sin el todo. El sistema político es un subsistema específico de la sociedad, distinguible por su función cualitativa.
6. “La caja negra” es el núcleo del sistema político donde ingresan, procesan y se convierten las demandas de la sociedad en decisiones públicas. Dirigidas directa o indirectamente, completa o parcialmente, en forma suficiente o insuficientemente, oportuna o tardía en respuesta a las demandas sociales gestadas por la propia comunidad social.
7. Se sostiene por la legitimidad de sus decisiones, pueden ser aceptadas o rechazadas por la sociedad. El sistema político es flexible y abierto, de lo contrario su eficacia es limitada. La legitimidad se forma mediante la capacidad de respuesta del sistema político. Sus decisiones son acatadas por una mayoría, por amplios grupos sociales o por aquellos que poseen poder en el seno de la sociedad. La legitimidad no es estática ni una cantidad física concreta. Es el amplio acuerdo de la sociedad o de sus actores principales sobre la función específica del sistema político: el orden político. El sistema político está bajo presión permanente para desempeñar su función.
8. El sistema político enfrenta la mayor dificultad para su función en su interior. Sus integrantes expresan intereses y actúan en forma divergente en la caracterización de las demandas más perentorias o necesarias, como también divergente es el modo en que son respondidas.
9. Está integrado y dispone de amplios medios para responder a sus retos. Pueden ser enfrentados desde la modificación del régimen, la generación de apoyos difusos o apoyos concretos, y es posible el cambio de los objetivos de sistema o la renovación de las autoridades o responsables de la gestión del sistema político.
10. El reconocimiento de demandas, su procesamiento, materialización en respuestas, productos o resultados solo es posible si cuenta con los canales de obtención y tratamiento de la información concerniente.

La adaptación del sistema político a su entorno permite su reproducción y continuidad, por tanto, su estabilidad (aun si es relativa) y permanencia (reconocimiento y acatamiento por la sociedad). La eficacia y eficiencia del sistema político son indispensables para la solución de los conflictos provenientes de los intereses o las expresiones políticas de los actores sociales. La pérdida de esas cualidades conduce a cambios en el sistema y excepcionalmente a un cambio de sistema.

Formas de entender el proceso

El sistema político es un enfoque con el cual es posible entender mejor y más ampliamente las relaciones entre el poder, la sociedad y los actores tanto sociales como políticos. Es dúctil, con parsimonia admite su combinación con otros enfoques y teorías. Aspectos fundamentales no abordados por la teoría sistémica que es necesario tener en cuenta para una fructífera aplicación son principalmente los siguientes.

El examen de las condiciones conducentes al surgimiento de un sistema político es indispensable para su mejor comprensión. En el caso del sistema político mexicano, es resultado de la substitución operada por la Revolución de los años 1910 a 1917. La formación del nuevo sistema político se advierte entre los años 1929 a 1946. El periodo de su máxima estabilidad e institucionalidad ocurre entre esta última fecha y el año 1976, cuando inicia una larga fase de transformación aún en marcha.

El tratamiento de las instituciones está ausente en el planteamiento de Easton, pues carece de profundización o teorización sólidas al respecto. El análisis institucional ha revelado toda su importancia, el sistema político además de las acciones políticas está integrado también por instituciones como espacio de toma de decisiones. Su fundamento jurídico, las jurisdicciones y funciones atribuidas, así como los recursos y medios a su disposición, condicionan, modulan, limitan o conducen las acciones de los actores políticos.

Todo sistema político está formado por un conjunto de instituciones fundado en leyes y normas, las cuales establecen las atribuciones exclusivas o compartidas para cada organismo. Es imprescindible tratar su naturaleza, el grado de jerarquía y los medios para cumplir la autoridad conferida. Las Constituciones políticas son el cuerpo originario de estas entidades.

Los textos fundadores de Easton no registran un profundo tratamiento del estudio de los protagonistas de las interrelaciones al interior como en derredor del sistema político. La categoría de actores comprende todo aquel protagonista relevante de la política. Easton entiende por ello individuos influyentes políticamente, organizaciones y agrupaciones (se deduce la relevancia de los partidos políticos), representantes políticos e integrantes del gobierno. No hay un tratamiento consistente de todos ellos.

En el caso mexicano, en sus distintas fases, los actores políticos muestran una importancia innegable, pues sus acciones produjeron el sistema o lo condujeron a permanecer o cambiar.

El concepto de actor político es relevante, es el protagonista central de todo sistema político, “introduce” las demandas, las procesa y convierte en decisiones o productos. En situaciones de tensión, los actores ocupan el centro del escenario. El concepto de actor social proviene de la sociología norteamericana, su exponente pionero y principal es Talcott Parsons (1999). El punto neurálgico es acerca de las relaciones y estructuras sociales que son representadas, encarnadas por sus integrantes, la voluntad de estos orienta su acción con el propósito de satisfacer necesidades. La sociología francesa dio un fuerte impulso a estos planteamientos, lo que condujo más adelante al estudio de los movimientos sociales (Touraine, 1979).

El análisis del sistema político cobra una gran relevancia si, a través de él, identificamos a sus principales actores portadores de toda la carga de sostener u oponerse al sistema político. El enfoque insiste en que la unidad en que es pensado el sistema político conduce a no aislar sus partes y, por tanto, a sus integrantes. Los contornos del sistema político están dados por la forma en que actúan sus actores.

Contradicciones

Gianfranco Pasquino en su libro Sistemas políticos comparados, al contrastar democracias pertenecientes al continente europeo, examina la articulación entre la forma de gobierno y el modo de elección de los poderes; amalgama sistema político y régimen, por lo que teoría y concepto de sistema político son medios de estudio de la política comparada. Para Pasquino, el sistema político es el concepto mayor o más incluyente, integra en él tres grandes esferas: los detentores de poder, el régimen político, y la comunidad política y social. Conduce a destacar la categoría de régimen político, que sería, en términos generales, las leyes, normas, reglas, procedimientos y valores conducentes a la formación de la representación política.

El régimen político es una esfera intermedia (o intermediaria) para regular las interrelaciones entre los detentores de poder (las autoridades políticas) y los procesos en torno a la formación de la representación política (la esfera de ingreso, formación y reclutamiento de los actores políticos). La naturaleza del régimen condiciona a los actores políticos, les impone reglas, regula sus acciones, establece límites a sus pretensiones y estrategias. Ofrece condiciones y medios de acción. La interpretación dada a la noción de régimen político lo sitúa en una función y emplazamiento claves para comprender un sistema político. Registramos la tirantez latente o manifiesta cuando en el análisis político hacen presencia las ideas de Estado, régimen y sistema político.^[10]

Al significado original de un concepto se incorporan nuevos contenidos, en un esfuerzo por dotarlo de un significado más preciso y claro. La transformación de la realidad obliga a revisiones constantes de los conceptos. En las obras de Giovanni Sartori destaca el lenguaje pertinente en la construcción del conocimiento. Sartori manifestó alerta sobre la polisemia, los predicados extensos y las dificultades para el cabal entendimiento conceptual. Insistió con vigor en compartir un lenguaje académico común indispensable en la comunicación entre especialistas, como medio también de la universalización de las ideas.^[11]

Las dimensiones connotativas y denotativas de los vocablos Estado, régimen y sistema político no son ni pueden profundizarse aquí. Fuera de nuestro alcance está la historia de estos vocablos; no se ofrece un juicio definitivo sobre su significado y, sin embargo, es inevitable comentarlos.

El Estado es uno de los conceptos fundadores de la ciencia política. Entendido ampliamente como la estructura u organización institucional del poder político, que madura en el periodo histórico de la formación de los Estados nacionales. Los Estados actuales, con cambios históricos profundos que los alejan en dimensión, estructura, funciones del poder político institucional original, disponen de una compleja estructura organizativa, económica, material y de personal humano responsable de su gestión, no obstante, aún pueden identificarse por su autoridad central. Concentran las funciones de gobierno y del uso legítimo de la coerción.^[12] Se integran por instituciones a cargo de la representación política nacional. En la mayoría de los casos históricos, el poder y atributos del Estado se reconocen por el derecho escrito o consuetudinario, en leyes o reglas.

Situaciones contemporáneas han comprometido o hecho crisis esas características básicas. La globalización, las estructuras y autoridades pactadas por los Estados nacionales para unificar sus conductas económicas, de seguridad y de orden jurídico, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea, muestran la dificultad de conservar inalterada la definición más aceptada acerca de la realidad que designa el vocablo Estado. Continúa como referente indispensable para distinguir el área central del acceso, retención y pérdida del poder político.

Como lo demuestra el texto de Pasquino, el régimen político es un factor indudable en la conformación de las relaciones políticas. Está formado, integrado y sostenido por instituciones, leyes, reglas, valores y procedimientos. Fundamenta los poderes del Estado, les otorga autoridad (las autoridades personifican el régimen político), su dimensión estructural y prescriptiva muestra la cualidad de designar, describir, delimitar, caracterizar y particularizar la articulación de los actores políticos en el Estado y su relación con el sistema político (Villa, s.f., pp. 12-14). Es una instancia reguladora y orientadora, es condición de contención del poder estatal (Córdova, 1972).

El entendimiento del sistema político nos lleva a percibirlo con un concepto desafiante de los de Estado y régimen político. A diferencia de Villa Aguilera, consideramos que el sistema político no es reducible a las prácticas políticas o a las normas informales de los procesos políticos. Es un concepto pertinente para un estudio integral de la vida política, porque permite pensar la unidad de las actuaciones políticas y sus protagonistas. Es un concepto integrador.

Las condiciones históricas insertas en el régimen político mexicano influyeron sobre el alcance de los actores, estos estuvieron condicionados por factores clave, como el sistema presidencial de gobierno, el Congreso bicameral, la no reelección en los cargos ejecutivos y la no reelección consecutiva en el caso de los Congresos federal y estatal, amén de la estructura federal.

Si entendemos el régimen político como la práctica real del poder, identificando el caso mexicano hasta 1996 como un régimen presidencialista, corporativo, de expresiones autoritarias y con un débil sistema de partidos políticos, podríamos aseverar que el cambio de sistema político de los últimos treinta o cuarenta años modificó, reformó y transmutó el régimen. Conservó en gran parte sus grandes definiciones jurídicas, normativas y de principios, y sin ruptura ni crisis constitucional, sin embargo, en el sistema político se configuró una democracia representativa, lo que repercutió en la naturaleza del régimen y lo reformó en ámbitos trascendentales.

Actores del drama

La construcción y la reproducción del sistema político

Para el cabal estudio y comprensión del caso mexicano, se necesita reconstruir su formación. Existe suficiente evidencia empírica, obra académica, observación y percepción para distinguir la formación del sistema político mexicano contemporáneo en las primeras cuatro décadas del siglo XX.

Las instituciones, leyes, reglas, acuerdos y prácticas que instituyeron la integración y funcionamiento del poder político en México, conformando un sistema político, surgen del cambio revolucionario acaecido entre 1910 y 1917.^[13]

El periodo comprendido de 1914 a 1917 y de esa fecha a 1929 contiene elementos de gestación del sistema político mexicano posrevolucionario. Los años de Venustiano Carranza al frente del Ejército Constitucionalista y encargado provisionalmente de la presidencia de la República hasta su cargo constitucional se consideran como el “periodo preconstitucional”, cuando se generan leyes y disposiciones anticipatorias en parte de la Constitución Política de 1917. De 1917 a 1929, los revolucionarios triunfantes experimentan alternativas para construir el sistema político y, por ende, la organización del Estado. El empeño de Carranza destaca por buscar bases jurídicas sólidas para la reorganización del Estado, así como también extender su liderazgo para cohesionar a las fuerzas triunfantes.

Un esquema del inicio

1. La Constitución Política de 1917 conservó el régimen presidencial, instauró el bicameralismo. Fundó un nuevo pacto federal, se orientó por el voto universal −aunque su verdadera ampliación con el sufragio femenino tardaría varias décadas más−, la elección de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Manifestó el compromiso del país con la construcción de la democracia. Otorgó al Estado, por la vía de la acción del Poder Ejecutivo, poderosos instrumentos de intervención económica y comprometió tanto al Estado como a la nueva coalición dominante con un amplio programa de reformas nacionales. El proyecto enfrentó la creciente hegemonía norteamericana, vivió los preludios y avatares de la Primera Guerra Mundial y experimentó las repercusiones de la gran crisis de 1929; además de la postración, la desvinculación y el deterioro de las relaciones económicas internas.
2. La vida política institucional tardó varios quinquenios. Los Ejecutivos estatales fueron nombramientos extraordinarios, convivieron con antiguos cacicazgos y generaron otros. Gobernadores militares se convirtieron en caudillos políticos locales.
3. Las Fuerzas Armadas eran deficientes en su administración, institucionalización y profesionalismo, su reorganización produjo frutos después de varias generaciones. Hasta mediados de los años cuarenta fueron un factor de poder federal y local de gran influencia. El primer gobierno presidido por un civil inició en 1946.

La sucesión y la institución presidencial

La Constitución Política de 1917 es la primera y más importante institución política surgida de la conclusión de la Revolución mexicana. El liderazgo de Venustiano Carranza se muestra en el proceso legal y organizativo conducente a la elección e instalación del Congreso constituyente (diciembre de 1916-enero de 1917) y se confirma como presidente constitucional en las primeras elecciones federales consagradas en la Ley Suprema de nuestro país.

Esta proveyó amplias facultades y atribuciones al poder público para intervenir en la vida económica y social. El constituyente de 1917 prefigura un Estado fuerte, conduce a un intenso poder confiado al presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de gobierno y autoridad máxima de las Fuerzas Armadas.

El Estado era aún un proyecto político. Era indispensable una autoridad política capaz de ser reconocida, respetada y acatada en todo el territorio nacional y por todos los grupos sociales e individuos componentes del cuerpo social, o al menos de los principales factores de poder. Inviable sin la cohesión del naciente grupo gobernante, este debió dotarse de unidad política y centralización de mando. Compete la instauración a un sistema político capaz de encauzar los conflictos sociales, económicos y políticos de una nación en formación. Requería instituciones, reglas y procedimientos diversos, especialmente los diseñados para la renovación de los titulares del poder político sin recurrir a la violencia o al amago. E integrar o formar cuadros de gobierno, funcionarios públicos.

Las instituciones políticas, el sistema político y sus actores en formación establecieron, ya fuera formalmente, casuísticamente, con ensayo y error y en medio de alianzas y choques internos, reglas y procedimientos para resolver los conflictos y contradicciones surgidas de las relaciones económicas en el campo y la ciudad, entre las fuerzas e intereses regionales. Proceso complejo e incluso cruento resultaron las relaciones entre Estado e Iglesia (1926-1929, con focos regionales aún cerca de 1939). Nuevas bases se establecieron para nuestras relaciones internacionales. De 1917 a 1940 estuvieron a prueba la capacidad, la inteligencia, la destreza y el instinto político de los responsables de construir ese nuevo Estado y su correspondiente sistema político.

El alcance, ritmo y profundidad de las reformas nacionales, en especial el contenido de los artículos constitucionales 3.°, 4.°, 27.°, 123.° y 130.°, fueron motivo de estrategias y decisiones divergentes o contradictorias entre las presidencias de la República de ese periodo (Medin, 2013). Las diferencias en la práctica del mandato constitucional, las demandas y exigencias de los sectores sociales restringidas por la legislación laboral y agraria provocaron fuertes choques en los gabinetes del Ejecutivo y entre sus titulares. Debates álgidos convertidos en grandes choques políticos provinieron de la interpretación y alcance de los artículos en materia religiosa y educativa.

Esos choques, los pactos logrados para resolverlos y la construcción del sistema político posrevolucionario gestaron un gran acuerdo nacional alcanzado finalmente en 1940 y continuado hasta mediados de los años ochenta del siglo XX.

En los orígenes, un punto de no retorno surgió en el efímero éxito del Gral. Álvaro Obregón al reformar la Constitución y establecer la reelección presidencial no consecutiva. El asesinato del Gral. Obregón como presidente electo en el marco de la doble tensión del fin del conflicto religioso y su reelección hizo evidente la ausencia de un pacto aceptado por todas las fuerzas surgidas de la Revolución para una sucesión pacífica e institucional del Poder Ejecutivo.^[14] Las rupturas y crisis habían estado presentes en el choque de las fuerzas leales a Venustiano Carranza y la coalición sonorense al terminar el primer periodo constitucional.

La creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y el fracaso del maximato

La ausencia física del más importante caudillo militar, el encono en la coalición revolucionaria especialmente en las filas obregonistas, los riesgos de sublevación militar, el fin del mandato del presidente Plutarco Elías Calles y el fracaso mismo de la reelección fueron consecuencias evidentes del magnicidio. Esto condujo a convocar a todas las fracciones revolucionarias y crear nuevos medios para institucionalizar la sucesión presidencial y superar la crisis política. En 1929 se funda el PNR. Surge para organizar y unir a los revolucionarios, dar coherencia a los principios de la Revolución, y encargarse de profesionalizar la agencia electoral y parlamentaria. Contribuirá a la unidad ideológica de los revolucionarios, dotará de negociación a las candidaturas federales y locales. Paulatinamente creará mecanismos de control y disciplina de las fuerzas políticas regionales. No obstante el avance, la institucionalización política será precaria. La presidencia de la República –cabeza del Estado, Jefatura de Gobierno y autoridad militar suprema– no encontrará una dimensión coherente con el naciente sistema político.

El Gral. Plutarco Elías Calles, tutor de la institución presidencial, eje de la coalición revolucionaria e impulsor inicial de la institucionalización política, motu proprio o requerido por las fracciones, escenificó desencuentros tanto con la cúpula del PNR como con el presidente interino, el Lic. Emilio Portes Gil. El descontento se amplificó con la designación del Ing. Pascual Ortiz Rubio como sucesor en el Ejecutivo federal. La fragilidad se profundizó en 1932 con la renuncia presidencial aunada a una crisis ministerial. Fue alto el riesgo de la pretensión del Gral. Plutarco Elías Calles de ser el supremo poder.

La dicotomía del poder entre el Gral. Calles y las presidencias de Emilio Portes Gil (interinato 1929-1930), Pascual Ortiz Rubio (constitucional 1930-1932), Abelardo Rodríguez (interinato 1932-1934) es resuelta con la férrea voluntad del presidente Lázaro Cárdenas (constitucional 1934-1940) al fortalecer e institucionalizar la presidencia de la República. Frustradas las advertencias al Gral. Calles para su contención, opera la remoción de los poderes en varios estados de la República, substituye determinados mandos militares de zona y recibe el decisivo apoyo del frente de clases organizado en el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP, 1935), lo que le permite finalmente expulsar del país al Gral. Calles y su círculo más íntimo.

Antes de finalizar el sexenio del Gral. Cárdenas, tras la nacionalización de la industria petrolera mexicana, culmina la formación del sistema político y el Estado al transformarse la coalición inserta en el PNR en un partido de organizaciones con la creación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM, 1938).^[15]

La profesionalización del ejército, su regulación y administración, que tardaron varias décadas, eran indispensables. Iniciadas con el gran esfuerzo del Gral. Joaquín Amaro, finalmente el proceso concluye en 1946 con la elección de Miguel Alemán Valdés, primer presidente civil de la República mexicana.

Integración del sistema político mexicano

La bibliografía del sexenio 1934-1940 considera que en esa gestión se consolidan las bases definitivas del sistema político mexicano, que prevalecerá hasta los años setenta y ochenta del siglo XX. Apreciación fundada, primero, en que se dota a la presidencia de la República de todo el poder constitucional y práctico. Segundo, la profunda transformación del PNR, que se convierte en un partido de naturaleza muy distinta: el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), al organizarlo en sectores (obrero, campesino, popular y, por breve tiempo, militar).^[16]

Tercero, la estructura corporativa se conservó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1946); la inclusión de los organismos laboral, agrario y popular permitió, además del control político de las organizaciones al cooptar a sus líderes más prominentes, la relación de mediación entre el titular del Poder Ejecutivo y la amplia base social del régimen.

Cuarto, el intenso reparto agrario del cardenismo y la alianza con las organizaciones obreras impulsaron un largo periodo de estabilidad política, sustentado en la administración de las demandas de los sectores sociales afectados o surgidos por la vigorosa industrialización iniciada en los años cuarenta del siglo XX.^[17]

La gesta cardenista inicia con los debates, tensiones y rearticulación de las fuerzas políticas gobernantes en torno al primer Plan Sexenal. El ascenso no solo fue construido por la trayectoria política del Gral. Lázaro Cárdenas, militar revolucionario, jefe militar de zona, gobernador del estado de Michoacán, presidente del PNR y secretario de Estado.

El aprendizaje político de Cárdenas es a la par de la reorganización del movimiento obrero iniciada desde el año de 1931, culminante en la formación de la Central de Trabajadores de México (CTM, 1936), la nacionalización de la industria petrolera (1938) y la transformación del Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana (1938). El ciclo de 1934 a 1940 es fundamental para el sistema político mexicano, puesto que maduran dos instituciones fundamentales: el presidencialismo^[18] y el partido corporativo.

Las reformas estructurales de ese periodo, la movilización intensa de los movimientos agraristas y obreros, el choque con los grupos empresariales y la política internacional son las condiciones en que el sistema político mexicano adquiere su rostro más conocido.

La expedita transformación del PNR en PRM culmina todo un proceso, que converge con la comprensión del Gral. Cárdenas de las limitaciones del instituto político para dar cabida a las nuevas fuerzas sociales. La movilización obrera que le permitió al divisionario de Jiquilpan, primero, frenar los impulsos intervencionistas del Gral. Calles y, después, su expulsión, con lo cual quebró la espina dorsal de la pretensión continuista, resulta de la efervescencia sindical producto del tardío efecto de la crisis mundial de 1929. El liderazgo de Vicente Lombardo Toledano en el movimiento obrero (dirigente en la primigenia CROM, fundador de la CROM Depurada, inspirador de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGOCM) forma nuevas organizaciones representativas y concita el apoyo de otros liderazgos sindicales y políticos. Estos se coaligan primero en el Comité de Defensa Proletaria de 1935, para poco después formar el primer Comité Ejecutivo de la Central de Trabajadores de México (Basurto, 1984).

El Partido de la Revolución Mexicana

Los estudiosos del periodo, los más especializados en el surgimiento del PRM, advierten lo complejo del proceso de formación de esta columna vertebral del sistema político mexicano contemporáneo.

Con el PRM culmina la formación del sistema político de la posrevolución. La convicción del presidente Cárdenas es que los cambios introducidos en los ámbitos económico, social y político obligaban a contar con un instrumento político distinto al anterior PNR. El proyectado partido cardenista debía agrupar a los sectores sociales protagónicos de la política nacional, dotarles de medios de poder e influencia y reconocer su espacio como aliados del Estado y su base más firme.

La movilización de campesinos y obreros durante el gobierno cardenista amplió las bases de apoyo del Estado, constituyó nuevos actores políticos, estableció un vínculo con el poder presidencial, y así creó las condiciones para que tanto el Estado, el sistema político y el partido reformado en 1938 se conformaran como un estado de organizaciones, de corporaciones. La situación internacional marcada por la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del fascismo convencieron al presidente Lázaro Cárdenas de forjar una gran alianza política por medio del PRM en la cual el ejército debería estar representado. El proceso seguido por la nacionalización de la industria petrolera y el movimiento social que ella generó dieron más cohesión al PRM.

El 30 de marzo de 1938 en el Palacio de Bellas Artes, 100 representantes del sector obrero, 96 del sector agrario, 96 del sector popular y 101 del sector militar firman el “Pacto Constitutivo del Partido de la Revolución Mexicana”. Un estudio más profundo podría conducir a comprender mejor la movilización de las agrupaciones ya cercanas al PNR, los debates internos que protagonizaron, las formas organizativas y de participación para culminar en ese acto magno y simbólico. El amplio acuerdo sumó proyectos, organismos, militantes y líderes.

La estructura, funcionamiento y compromisos de la formación del PRM manifestaron un propósito estratégico. La acción política de los sectores sería exclusivamente en los marcos del nuevo partido, comprometidos a no rivalizar entre sí, cohesionados a cumplir con la disciplina de la dirección nacional, la cual asumió importantes controles sobre la organización territorial y sectorial del nuevo partido político.

Civilismo, autoritarismo, continuidad y estabilidad

En 1946 finaliza el sexenio del Gral. Manuel Ávila Camacho al terminar la Segunda Guerra Mundial. Nuestra política exterior es severamente probada en esta coyuntura e, inmediatamente, experimentará retos inéditos. Integramos la alianza democrática contra el fascismo, el paso siguiente es encontrar y sostener una relación con Norteamérica con efectivas soberanía y autonomía frente a la gran potencia, cuidando al mismo tiempo nuestras relaciones con América Latina.

El primer mandatario sostuvo la política de Unidad Nacional, convertida más adelante en condición indispensable para acelerar la industrialización nacional. El fin de la Segunda Guerra Mundial, la reordenación de la economía global y la visión de acelerar la industrialización conducen a un nuevo pacto social entre los sectores sociales, aceptando el liderazgo presidencial como núcleo del sistema político. Aun en condiciones bélicas mundiales el PRM, al extender su maquinaria política, acotó el poder de los militares.

El triunfo de Miguel Alemán Valdés a la presidencia de la República en 1946, así como la gestión de este gobierno, han sido considerados como un punto de inflexión del sistema político mexicano. El arribo de un nuevo grupo político reveló un profundo reacomodo de la integración del poder político.

La trayectoria de Alemán Valdés, primero gobernador de Veracruz y después secretario de Gobernación en el sexenio previo, fortalecieron sus aspiraciones presidenciales. Se construye una hábil alianza con los gobernadores más influyentes del país (Alemán Valdés fungió como director de la campaña presidencial de Ávila Camacho), incluyendo al estado de Puebla, asentamiento avilacamachista. Su núcleo es el PRM, en el cual actúa todavía un influyente Vicente Lombardo Toledano, quien sostiene la estrategia de la alianza de clases en torno a la figura presidencial (Medina, 1979).

La primera presidencia civil del sistema político mexicano contemporáneo significa una gran alianza política entre los herederos de la Revolución y los nuevos cuadros gestados en la administración pública. El PRM acepta el designio cupular y las Fuerzas Armadas asumen el cambio de época. El gran acuerdo, aun y cuando tuvo ajustes en cada periodo sexenal transcurrido de 1946 a 1976, fue uno de los logros más duraderos del sistema político mexicano, que consistió en el relevo definitivo de los militares al frente de la presidencia de la República.

La actividad política directa para las Fuerzas Armadas quedó vedada a partir de esa fecha. La disciplina de los institutos castrenses al poder civil ha sido uno de los distintivos más singulares del sistema político mexicano.

No obstante, es necesario mencionar que durante el periodo de 1946 hasta 1964, la presidencia del PRI fue ocupada por un militar de carrera. La integración pacífica de las Fuerzas Armadas al sistema político se impulsó con la fundación y mantención del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana entre los años 1954 y 2000, lo cual permitió que actuara en él personal militar ya retirado.

A este inicio de época del sistema político mexicano se le llamó “civilismo”. Entendemos por ello el completo predominio del poder civil sobre el militar, sobre todo, la vigencia de las instituciones políticas en el sistema político mexicano.

El autoritarismo para designar una categoría que abarque por completo el sistema político mexicano debe incluir la gestión de cada uno de los presidentes de la República, la actuación de las instituciones, las decisiones surgidas de estas y, de manera especial, el tipo de respuestas que el sistema político y su grupo dirigente instrumentó ante la disidencia social, la oposición política y las expresiones de la opinión pública. Todo concepto político se identifica con distintos significados, posee un entendimiento y uso explicativo. El de autoritarismo es aplicado también en forma despectiva. Merece una discusión más amplia, su significado es atribuido al tipo de sistema político mexicano consolidado en los años cuarenta del siglo pasado. Es aplicado para discutir el inicio de la transición política a la democracia y para diferenciarla de su antecesor. Al final de esta parte se regresa al tema con el propósito de discutir la caracterización del sistema político (Molinar, 1993).^[19]

Al final de los años cuarenta el sistema político se acerca a su definitivo diseño y funcionamiento, aun si faltaban algunas piezas o condiciones. El correspondiente sistema de partidos se completó en 1960 al obtener su registro el Partido Popular Socialista (PPS) fundado por Vicente Lombardo Toledano, que se incorporó al elenco ya ocupado por el partido político de oposición histórico, el Partido Acción Nacional fundado en 1939 (Loaeza, 1999).^[20] Este sistema de partidos presenta singularidades sin las cuales el conocimiento y la caracterización del sistema político quedarían truncos.

Los cambios introducidos al inicio del civilismo incluyeron una importante reforma al sistema político, se centralizó la organización de las elecciones y a la vez se instauró un nuevo sistema de partidos.^[21]

El aggiornamento civilista fue precedido por un importante cambio en el partido de los revolucionarios. Modificó su denominación antes de la elección de Miguel Alemán, tomando el nombre de Partido Revolucionario Institucional (PRI). Conserva la estructura por sectores, fortalece su presencia regional, modifica sus documentos identitarios ajustándolos al proyecto del gobierno civilista, concentra facultades, autoridad y mando en su Comité Ejecutivo Nacional, y asume con plenitud su función de organización, sostén de la política del presidente de la República (González Casanova, 2006).

El PRI se instauró como partido hegemónico al garantizar apabullantes triunfos electorales. Bajo sus siglas fueron electos los presidentes de la República hasta el año 2000. Ocupó todas las gubernaturas o representaciones de los Ejecutivos estatales hasta 1995. Antes de 1997 tuvo holgadas mayorías en las Cámaras Legislativas federales y estatales. Los compromisos, acuerdos y vías de acceso al poder político se llevaron a cabo al interior de esta organización. La estructura territorial del partido se combinó con la estructura corporativa, de manera que fue canal de flujo para el reconocimiento y posiciones para los líderes de las grandes centrales sindicales, agrarias y del sector burocrático. La ideología gestada por esta organización –en la cual el pragmatismo y ductilidad eran muy reconocibles– era un manto que cubría a grandes sectores de la sociedad.

Los partidos opositores al PRI contaban con bases sociales restringidas, limitadas a sectores sobre todo urbanos, su presencia electoral y parlamentaria, en particular a partir de la instauración de la primera forma de representación proporcional de 1962, requirió de medidas compensatorias de la Comisión Federal Electoral (CFE, fundada en 1951) para no perder el acceso al Poder Legislativo.

Los partidos minoritarios permanecieron en el sistema político a través de una débil presencia electoral y parlamentaria, contribuyeron a la vida política nacional, pero en una forma testimonial, sin representar un desafío a la contundencia del PRI y de la presidencia de la República (Loaeza, 1999).

El presidencialismo mexicano

Estructura y funcionamiento del sistema político colocan al titular del Poder Ejecutivo en su vértice. El presidente de la República ejercerá a plenitud su carácter de jefe de gobierno, los secretarios de Estado serán nombrados directamente por él y mantendrá su carácter de jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de Estado. El presidencialismo mexicano será ese gran poder depositado en la presidencia de la República, sumado a las atribuciones políticas que Carpizo identificó como facultades metaconstitucionales.^[22]

El titular del Ejecutivo dispone de atribuciones para enviar al Legislativo iniciativas de ley; en el proceso legislativo, la Constitución Política de nuestro país le dio el atributo de vetar total o parcialmente la promulgación de una ley constitucional o secundaria. A su alcance estaba también la emisión de decretos.

El control unipersonal del gabinete, la suprema autoridad sobre las Fuerzas Armadas y el dominio absoluto sobre el gasto y la recaudación de la Federación nutren el sistema nervioso, la musculatura y el genio de quien ocupara la primera magistratura.

El periodo gubernamental no pudo ser modificado por el Poder Legislativo. La máxima constitucional de no reelección en la presidencia de la República ha sido, hasta ahora, el valladar del gran poder presidencial, fin de las quimeras continuistas al término del sexenio.

El gran poder presidencial establecido en la Constitución Política no hubiese sido posible sin el partido fundado en 1946: el PRI. En las décadas pasadas construyó su cohesión sectorial y territorial. La refundación del 46 centralizó aún más sus tareas políticas. Sus bases ideológicas y programáticas se adaptaron sexenalmente a los designios del titular del Poder Ejecutivo. La fuerza partidaria resultaba imbatible en los comicios. La clase política controló las gubernaturas, las Cámaras Legislativas federales y locales, hegemonía extendida hasta la más recóndita presidencia municipal.

Las atribuciones metaconstitucionales complementaron y potenciaron las facultades constitucionales, constituyeron reglas no escritas, cumplidas y observadas, fueron parte de la experiencia política acumulada en el gobierno nacional. El control presidencial sobre el PRI permitió la supremacía de las tesis de gobierno y los postulados ideológicos. El titular del Poder Ejecutivo se reservaba la última decisión sobre la trayectoria, ascenso, caída, promoción y selección de la clase política. El PRI construyó mayorías absolutas en el Congreso federal y las Cámaras locales. La disciplina partidaria fue la regla de oro del trabajo legislativo.

La presidencia de la República era la responsable de la transmisión del poder al final de cada sexenio, la sucesión presidencial hasta 1988 poseyó una naturaleza plebiscitaria.

La Constitución Política instaura un régimen de división de poderes, mandata la integración del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Establece la organización federal del territorio político y se define como democracia.

El Poder Legislativo se integra de dos Cámaras, la de Senadores y la de Diputados, ambos órganos se transformaron profundamente con las modificaciones constitucionales que instauraron la representación proporcional y la reelección consecutiva. Estas reformas son posteriores al sistema político mexicano actuante entre 1946 y 1976. La división de poderes en el régimen y en el sistema político mexicano se consideraba un principio rígido.

En el sistema político mexicano era difícil reconocer los espacios y límites entre el PRI y el gobierno; entre el PRI y los gobernadores, entre el PRI y el Poder Legislativo, entre el PRI y el Estado. Aparentemente eran absolutas la sujeción y la armonía. El presidente de la República fungió como gran árbitro de la coalición política, utilizó su autoridad en conflictos locales, controló el gabinete, sustituyó cuando fue necesario a gobernadores, a presidentes del PRI y a secretarios de Estado.

Los conflictos se escenificaron en torno a luchas de poder entre el Ejecutivo federal y los Estados de la República, mismas que eran tajantemente obturadas por el PRI y su jefe real. La importancia de este gran acuerdo ha sido reconocida por autores que observaron el cambio de sistema político a partir de la mitad de los años noventa del siglo XX. A esta bibliografía nos referiremos más adelante al examinar el cambio de sistema político (Casar, 2002; Medina, 2010; Mirón, 2011).

La reproducción y continuidad se fincaron en fuentes importantes de legitimidad, como la relativa estabilidad política, los logros materiales y sociales del llamado “milagro mexicano”, actuando la poderosa maquinaria electoral, corporativa e ideológica del PRI.

Una parte débil del sistema político fueron las disidencias. Intentos por competir con la fuerza del partido gobernante fueron rápidamente superados. La excepción fue la Corriente Democrática surgida en el PRI ante la pugna por la sucesión presidencial en 1988, que derivó en la campaña electoral del candidato Cuauhtémoc Cárdenas, conduciendo y, más adelante, en la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El PRD se convirtió en el partido gobernante de la capital de la República de 1996 a 2018 y logró presencia significativa en varios estados de la República y en el Congreso federal por un amplio arco de tiempo.

Otro flanco débil lo constituyeron las disidencias sindicales. Los casos más intensos, notorios y mejor organizados los protagonizaron los sindicatos de ferrocarrileros y el magisterio nacional al finalizar los años cincuenta del siglo pasado, así como la disidencia de las clases medias del movimiento médico de 1964 a 1965 (Alonso, 1982; Loyo, 1980; Pozas, 1993). Combinando una fuerte represión con medidas de recomposición, los episodios no tuvieron la capacidad de remover la estructura corporativa forjada en el cardenismo y renovada durante todo el periodo de esplendor del PRI.

La Tendencia Democrática de los Electricistas, movimiento descollante por sus banderas, la amplia solidaridad que lo cobijó, la lucidez teórica y programática de Rafael Galván no fueron suficientes para democratizar las arcaicas pero efectivas estructuras sindicales (Galván, 1990).

Panorama de la estabilidad y permanencia
durante un largo periodo

La Constitución Política no ha modificado el régimen político presidencial.^[23] La formación del sistema político, el amplio acuerdo de la clase política y la práctica asumida tanto por las organizaciones corporativas como por las de carácter empresarial, durante el largo periodo de 1946 a 1976, dieron lugar a un sistema hiperpresidencialista. El poder depositado en la presidencia de la República, aun si el individuo en la dirección del Estado le imprimía un sello particular, dio invariablemente un carácter institucional, compromiso indispensable para el funcionamiento del sistema político.

Su complejidad se muestra en los relevos sexenales con base en el principio de no reelección, que permitieron la continuidad y cambio de la élite política y de sus planes gubernamentales. El sistema político se sostiene en las organizaciones gremiales representativas pertenecientes a los tres sectores del PRI. Control político, pero también mecanismo y reglas de negociación de intereses y de acceso de demandas reguladas. El PRI mantuvo organización nacional, capacidad electoral y canales fluidos de vinculación y disciplina de los poderes locales (Hernández, 2015). Los gobernadores fueron los primeros responsables del control político local, si eran ineficientes en la tarea resultaban destituidos con cierta facilidad o se les obligaba a renunciar. El PRI demostró disciplina ante el presidente de la República, unidad de sus grupos internos y pragmatismo en sus cambios programáticos e ideológicos sexenales.

El corporativismo, centralismo, flexibilidad ideológica y disciplina imperantes en el PRI permitieron la difusión, socialización y legitimación de una supuesta continuidad de la Revolución mexicana a lo largo de los periodos sexenales. Eficaz en su facultad de inclusión de los grupos de la clase política regionales, corporativos, generacionales e ideológicos. Formador, reclutador, promotor o expulsor de la clase política.

El control sobre el comportamiento del partido se constata en las repetidas remociones de la dirección nacional del PRI o en los procesos de modificación de sus documentos básicos.^[24] Cada uno de estos casos merece un estudio más a fondo para discernir las tensiones subyacentes. En la hegemonía del PRI resulta difícil percibir las fronteras entre el partido político, el sistema político y la propia presidencia de la República, casos de una simbiosis funcional.

El control presidencial en el sistema político se sostuvo en un vasto aparato de agencias económicas del Estado, lo que permitió la cohesión y rotación de los puestos de responsabilidad. La extensión y control de la clase política incluyó la designación de los responsables de los poderes locales y del Congreso federal. La inclusión o exclusión en el gabinete y en el servicio diplomático fueron recursos del poder presidencial para mantener y renovar la cohesión de la clase política.

De regreso a los conceptos

Los conceptos admiten significados distintos. Estado, régimen político y sistema político conducen al estudio del poder político con distintos enfoques. El entendimiento de estos términos es fundamental, pero su contenido no impide su renovación y combinación si están racional y metódicamente fundadas.

Exponer el proceso de formación y consolidación del sistema político mexicano muestra las continuidades y cambios de la integración del poder político en México, periodo transcurrido entre 1917 y 1976. En esa circunstancia se encuentran las unidades integradoras del sistema político: la Constitución Política, el régimen político, la presidencia de la República, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los poderes de los estados. La interacción entre estas unidades mantuvo una relación formal, legal y legitimadora con el marco constitucional, pero en cada uno de los periodos se muestran cambios significativos.

La presidencia de la República, debido al gran poder conferido por la Constitución y ampliado por las llamadas atribuciones metaconstitucionales, ha conducido a una personalización excesiva en la explicación de las decisiones definitorias de una gestión sexenal. El peso del individuo en la conducción del poder político mexicano es calibrado en el libro de Liébano Saénz (2006), cuyo título expresa un enfoque poco usual en el estudio de los periodos sexenales.^[25]

La responsabilidad de cada presidente de la República por las grandes decisiones asumidas es innegable. El problema es explicar por qué fueron asumidas y cómo fueron instrumentadas. En el texto de Sáenz, la variable de la trayectoria personal del presidente en turno es central, es decir, su pertenencia a una corriente política, la formación intelectual y su temperamento, entre otras circunstancias. El individuo, no obstante, actúa en un sistema político el cual le brinda medios de acción, pero también restringe sus opciones.

En un periodo tan amplio las circunstancias fueron complejas y cambiantes, por lo que es difícil homologar todas las presidencias de la República, cabe entonces establecer el contexto en que se actuó, para explicar mejor el porqué de ciertas decisiones. Requisito para la crítica al poder presidencial es mostrar la responsabilidad ética y política de cada gestión. La democratización del sistema político en gran medida ha sido el reclamo ante las expresiones presidenciales omnímodas.

En el continuum PNR-PRM-PRM hay importantes diferencias. La movilización electoral, la estructura, la relación entre el liderazgo central y las secciones estatales, el contenido de las bases doctrinarias y programáticas evidencian las diferencias entre un organismo político sustentado en partidos locales y personalistas y la estructura corporativa conservada hasta los años ochenta del siglo pasado. Su larga presencia, su paso de alianza entre partidos locales a partido corporativo, con estructura nacional y liderazgos locales, así como su preeminencia en el sistema político matizan su entendimiento, pues ha transitado de partido dominante a partido hegemónico, partido mayoritario y partido de oposición.

La cabal comprensión de la capacidad de mutación del PRI a partir de los años cuarenta del siglo XX desafía interpretaciones esquematizadas. Esta cuestión es de particular importancia para percibir el largo deterioro de las condiciones favorables al dominio del PRI a partir de los años ochenta.

La fragmentación del poder en posesión del presidente de la República y de su partido es correlativo y asociado al cambio de sistema político.

El término autoritario incluye un vasto conjunto de regímenes o sistemas políticos, entre los cuales se incluyen el autoritarismo simple, la dictadura y el totalitarismo. La especie autoritaria se identifica por la unilateralidad de las decisiones políticas, es decir, la centralización del poder en un individuo, un grupo, una institución o varias instituciones. Otro gen es la exclusión de grupos sociales importantes en la actividad política y los derechos; el uso de la violencia es también identidad de esta clase, así como también la imposición ideológica. El análisis y la caracterización deben dar cuenta de la intensidad y extensión de esas prácticas, su generalización, permanencia e instrumentación.

Para el caso que nos ocupa, la significación no es tan sencilla ni transparente. La vigencia de la Constitución Política con un importante relativismo estuvo presente. La rotación de los altos mandos del poder político, siendo restringida con mecanismos impositivos, estuvo activa. El uso de la represión y coacción en las coyunturas de 1958, 1959, 1966 y su cúspide en 1968 fueron selectivas, temporales y restringidas (Guevara, 2004; Álvarez et al., 2008). Sin embargo, la libertad en los medios de comunicación fue limitada por el uso discrecional de presupuestos y suministros de medios de impresión a través del monopolio estatal Productora e Importadora de Papel Sociedad Anónima (PIPSA), lo que fue infranqueable para la crítica de las decisiones estatales.

¿Por qué y cómo cambió el sistema?

El enfoque sistémico diferencia cambios en el sistema y cambio de sistema. Lo primero indica transformaciones consecuencia de las dificultades de procesar decisiones en respuesta a las demandas exigidas. Son necesarias para preservar el sistema o proporcionarle continuidad, eficiencia y eficacia.

Lo segundo es la sustitución como resultado probable ante posibles condiciones. La primera, una situación extrema de impedimento mayor para cumplir la función central de distribución autoritativa de valores. En este caso, la autoridad carece del poder para hacer obligatorios sus actos, en los hechos ha sido anulada. La segunda, deterioro severo o pérdida de legitimidad o no aceptación extensa de la comunidad social o política hacia el sistema político. Se ha perdido el reconocimiento y aceptación de la comunidad política. Carente de eficiencia y eficacia, no procesa las más profundas diferencias de intereses y visiones de cómo debe ser conducida la sociedad.

El reemplazo puede obedecer a situaciones como la pérdida de soberanía ante una potencia dominante. Las crisis económicas o sociales pueden conducir al relevo, condiciones todas excepcionales. Empero, el sistema político no es inerme ante las tensiones. Sus responsables, dirigentes o autoridades disponen de medios para afrontar los más serios desafíos vividos en la toma de decisiones. Pueden modificarse elementos sustanciales del sistema político en lo que se refiere al ámbito del sistema, la estructura, los procesos, los objetivos, las reglas de conducta y la propia condición de los integrantes del sistema (Easton, 1969, p. 126). Es decir, se cuenta o se diseñan opciones para su renovación, continuidad o reproducción.

Los cambios también pueden provenir de otras dos importantes fuentes. La primera, la modernización económica o social que transforma la estructura social y cambia, a su vez, el género de demandas exigidas ante el sistema político. La segunda puede operar paralelamente o como consecuencia de la modernización: la exigencia de acceder al sistema político por parte de nuevos grupos.

De mayor envergadura es la sustitución del régimen político, el concepto asume doble significado. El primero, el tipo de Estado vinculado al tipo de sociedad. El segundo, la forma de instaurar el poder político, los medios de acceso y práctica del poder. La experiencia mexicana de transformación del sistema político como consecuencia de las sucesivas reformas tanto políticas como electorales, al instaurar las elecciones como medio de acceso al poder, estableció un pujante pluralismo político y modificó la representación política. Pero dista mucho de experiencias históricas significadas por la substitución de monarquía por república, o el desplazamiento de dictaduras, tal como se experimentó en el continente europeo en el transcurso de los años setenta a noventa del siglo pasado (Sakwa, 2004).^[26]

El cambio de sistema político en México no fue súbito, sin crisis política o constitucional de ruptura. La evidencia acumulada sobre los aspectos más sobresalientes del cambio de sistema político apunta a que ocupó un vasto periodo. Respondió a demandas de democratización del sistema político-electoral, especialmente las formuladas como certeza del registro de electores, autenticidad y exactitud del voto ciudadano, equidad en la contienda electoral, institucionalidad e imparcialidad en la organización y calificación de los comicios (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000).

El régimen político no se substituyó, adquirió un contenido distinto. En la transición política el régimen presidencial se mantuvo con importantes redefiniciones y alcances de su poder. La representación parlamentaria continuó bicameral, el Poder Legislativo asumió más plenamente sus funciones representativas, de discusión pública, control y revisión (Peschard, 2006); tanto en la relación entre Cámaras, al ser una de ellas la de origen y otra la revisora, así como también en el tratamiento de las iniciativas presidenciales. El régimen previsto por la Constitución Política de una rígida división de poderes pasó de normativa a sustancial.

El periodo del cambio político

Inicia en 1977 con la decisión del gobierno federal de convocar y llevar a la práctica una reforma política (Reyes Heroles, 1977). La transición política está asociada a una coyuntura política identificable: el término de un sexenio y el inicio de un nuevo ciclo presidencial en el año de 1976.

El transcurso y el cierre de la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976) mostraron las crecientes contradicciones del modelo económico instaurado desde 1946. También, las crecientes dificultades del sistema político. Esa presidencia de la República dio acceso a nuevos cuadros de la administración pública, dio cabida a un diagnóstico crítico sobre la economía nacional y los retos a enfrentar. Trató de subsanar la crisis de legitimidad heredada por la presidencia anterior al sofocar violentamente la protesta democrática de 1968. En el transcurso de este sexenio el sistema político fue fuertemente sacudido (Huacuja y Woldenberg, 1988).

La sucesión presidencial de 1976 transcurrió en un escenario inédito. El candidato presidencial del PRI, José López Portillo, fue único participante con registro legal en los comicios. Paralelamente se desarrolló una campaña presidencial protagonizada por el Partido Comunista Mexicano (PCM), carente de reconocimiento legal desde el año de 1949. Pese a todo, el candidato opositor recorrió el país sin enfrentar restricciones severas.

Con un solo candidato registrado, la transmisión del poder perdió legitimidad e hizo evidente la necesidad de reformas. La intensidad de los conflictos y el desgaste del mecanismo de transmisión del poder presidencial hicieron necesaria la reforma política. Fue presentada y dirigida por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, quién convocó a todas las fuerzas políticas nacionales para su construcción, instaló foros de consulta y debate, lo que desembocó en cambios importantes en el sistema electoral y marcó el inicio del cambio democrático del país.

La conclusión del cambio gestada en la transición de 1976 es una inflexión destacada que derivó en la substitución del partido en el gobierno en 2000; fue una dilatada transformación del sistema político. No implica que, en el transcurso de esos años, no hubiese cambios políticos significativos que modificaran las reglas, las instituciones o los procedimientos en el sistema político. Particularmente, en materia constitucional, electoral o partidaria. El año 2000 cifra la pérdida de la presidencia de la República ostentada durante más de setenta años por el PRI a favor del PAN. La alternancia es previsión constitucional y proceso característico de toda democracia, ello ocurrió por primera vez en la política nacional, como consecuencia de la voluntad mayoritaria del electorado, de la competencia entre distintas opciones programáticas asegurada por las leyes e instituciones adquiridas en la transición.

El proceso no estuvo exento de tensiones y desacuerdos entre los dirigentes del Estado y las fuerzas promotoras del cambio político. Esa dialéctica de exigencias, presiones, acuerdos, desencuentros fue conducida institucional, política y legalmente (Peschard, 2006). Se trató de un conjunto de cambios en la ley superior del país, transformaciones en la Ley Electoral, adecuaciones, reformas, fundación y recreación de instituciones.

La fase posterior de cambio abarca los años 2000 a 2018. Incluye dos presidencias emanadas del PAN y una con el retorno del PRI como partido gobernante. La elección presidencial con la cual inicia el sexenio por concluir en 2024 es parte del ciclo de alternancias en el poder político, entendiendo por ello la substitución del partido o coalición política como titular del Poder Ejecutivo.

Nuestra transición política se caracterizó, además, por la condición inédita en periodos anteriores, expresada por la mayoría de los analistas políticos como gobierno dividido, entendiendo por ello que ninguno de los partidos políticos, incluyendo entre estos al triunfador de la justa presidencial, estuvo en posesión de la mayoría legislativa (Casar, 2013). Tal situación se advirtió desde el año 1997 cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara Baja, si bien la conservó en la de Senadores.

La alternancia política se repitió en muchos de los Congresos estatales y tuvo verificativo en los cargos de gobernador de los estados.

Reformas político-constitucionales

El cambio de sistema político requirió un vasto conjunto de transformaciones de fondo a la Constitución Política y a las leyes aplicables al sistema electoral, el sistema de partidos, las instituciones representativas, lo contencioso electoral y los derechos políticos (Córdova, 2008).^[27]

El ingente cúmulo de reformas puede diferenciarse por su amplitud, el sentido, propósito y área de los cambios buscados y resultados obtenidos en el corto y largo plazo. Es importante subrayar, nuevamente, que las novedades en nuestro sistema político por la vía legal e institucional condujeron a modificar el sistema político. Son identificables casos en que una reforma derivada de este tipo de negociaciones retrotrae parte de lo avanzado. Las restauraciones fueron efímeras, superadas por la capacidad de los portadores del cambio para entablar la condición de negociación y acuerdo entre las partes (Prud’homme, 1996).

Se debe ser cabalmente consciente de esta valiosa herencia, desechada por el anterior y el actual gobierno (2018-2025), su partido y las voces proclives del avance de una demolición de la institucionalidad democrática.

El primer tramo reformista proporcionó un nuevo marco legal y novedosas medidas para ampliar la representación política. Las más importantes son conocidas, pero conviene citarlas, aunque sea de manera escueta. Nueva ley electoral que reconoce las funciones y derechos de los partidos políticos, establecimiento de registro condicionado para las agrupaciones con insuficiente número de militantes exigido por la ley, a confirmar con el resultado de las elecciones, e introducción de la representación proporcional de la Cámara de Diputados.

Estas condiciones condujeron al registro y acción de nuevos partidos políticos, lo que sembró la semilla para futuras transformaciones, las cuales fueron impulsadas por las tensiones, conflictos y crisis en torno a los procesos electorales, en especial en las sucesiones presidenciales.

Las sucesivas reformas político-constitucionales se convirtieron en garantes de las elecciones. Establecieron robustos medios de impugnación electoral. Impulsaron las condiciones de equidad electoral. Fructificaron en el desarrollo y profesionalización de los partidos políticos, lo que tornó más competitivas las elecciones, y fijó un nuevo derrotero con la reforma electoral de 1994. A diferencia de las anteriores, esta se caracterizó por provenir de los partidos políticos y por ser discutida ampliamente por el Poder Legislativo, lo cual dio lugar a la creación de una autoridad electoral sin intervención del gobierno, con una integración colegiada de Consejeros Ciudadanos propuestos por el Ejecutivo federal y designados por la Cámara de Diputados por elección calificada. Los partidos políticos continuaron con presencia en las deliberaciones del nuevo órgano electoral, el Instituto Federal Electoral, sin que sus intervenciones calificaran como votos en las decisiones del Instituto.

Esta estructura reforzada con la figura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autoridad a la cual más adelante le fue conferida la calificación de las elecciones, dio certeza a los resultados electorales. Organizó los comicios hasta el presente, ahora bajo la figura del Instituto Nacional Electoral, condujo procesos complejos, como las alternancias en el poder presidencial y las gubernaturas de los estados, sostuvo la intensa pluralidad del acceso al poder y es una institución central de la democracia en nuestro país.

Las reformas a la Constitución y de los sistemas electoral y partidario establecieron condiciones para el fortalecimiento de los partidos políticos, lo que incrementó su presencia electoral, parlamentaria y regional, con base en una renovación y mayor intensidad de sus estructuras y medios electorales. La dinámica opositora apuntó a cambios cada vez más amplios y de fondo en las condiciones de la contienda electoral, se fortalecieron las instituciones responsables del proceso y calificación de las elecciones, de modo que se equiparó la fuerza opositora a las del gobierno.^[28]

Entre los procesos de reforma político-electoral del cúmulo registrado desde 1976 hasta la fecha, merecen ser destacados por su impacto en el sistema político los siguientes: la reforma que instauró la eventualidad de los gobiernos de coalición en el gabinete presidencial, la reelección consecutiva de los legisladores federales y locales, así como de otros cargos locales, la instauración de la Iniciativa Legislativa Ciudadana y la Consulta Pública.

El régimen político establecido por la Constitución Política no se ha modificado. Se trata de un régimen presidencial, con rígida división de poderes a través de un principio bicameral, organización federal, independencia de la ahora conocida como Fiscalía General de la República (en sustitución de la anterior Procuraduría General de la República). En uno de los centros neurálgicos de este cuerpo político se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha asumido plenamente su rol de autoridad en materia de constitucionalidad y, con un esforzado y difícil empeño, se ha constituido como garante de libertades y derechos ante las estrategias autoritarias del presidente de la República y el partido gobernante.^[29]

Se advierte, entonces, una mayor complejidad de las relaciones entre el régimen político, el sistema político y sus actores. El actual gobierno ascendió al poder a través de un sistema democrático, con institucionalidad, lo que le permitió una mayoría parlamentaria amplia, fortalecida con las gubernaturas bajo su poder. La apuesta autoritaria y regresiva ominosamente se confirmó en 2024 con los medios y condiciones creadas por esa mayoría en el proceso de aprobación de los cambios constitucionales en materia del Poder Judicial (Correa, 2024; Cosío, 2024).^[30] La centralidad de la presidencia de la República puede orientarse con responsabilidad o con propósitos destructivos (Aguilar, 1994).

Política y economía

Durante todo el proceso de cambio político operó paralelamente una reconversión drástica de la economía. La forma de entender y evaluar estas relaciones entre política y economía han sido un punto álgido de discusión académica, política e ideológica.

Lo primero a resaltar es el conjunto de factores del profundo reajuste de la economía y de la política económica en un periodo tan prolongado. Los exámenes más ponderados muestran la incapacidad de dos gobiernos consecutivos para restablecer el dinamismo y el sustento del modelo económico seguido de 1946 a 1976. Si se incluye el periodo presidencial de 1970 a 1976, los sucesivos gobiernos hasta el año de 1982 se vieron agobiados por el peso de la deuda externa, la insostenibilidad de una paridad peso-dólar inamovible y el rezago de la inversión privada para ampliar el aparato productivo. No obstante, en periodos puntuales de cada una de estas gestiones sexenales se dieron importantes expansiones económicas, sin que ello modificase sustancialmente la desigual distribución del ingreso per cápita, lo cual convirtió la desigualdad social y la pobreza en datos estructurales de la economía. Dos fechas señalan claramente las enormes dificultades de la economía mexicana, el año 1982 con la nacionalización de la banca privada y 1994 con la crisis financiera.

Los malos resultados en la economía nacional tuvieron un fuerte impacto en el sistema político. Muy destacable es la profunda reforma económica ocurrida en México en los sexenios de 1988 a 1994 (Tello, 1979). Las divisiones en la élite política se acentuaron por divergencias profundas en el diagnóstico de los problemas a afrontar, el malestar social favoreció a los partidos políticos opositores, se incrementaron sus posibilidades de triunfo electoral y de acceso al poder al ser portavoces de los reclamos.

El profundo giro de la economía mexicana se inició en el gobierno de 1982 a 1988. La administración subsiguiente profundizó aún más el cambio estructural, condujo este a la reducción del sector estatal de la economía, a la transferencia de importantes empresas estatales al capital privado, notablemente en el caso de la telefonía y la banca. Incluyó una gran promoción al sector exportador y el inicio de un amplio y profundo acuerdo comercial de nuestro país con Estados Unidos y Canadá. Los resultados de la substitución de modelo y de pauta económica de ese periodo se han discutido mucho; no obstante la intensidad y controversias del debate, la economía en ese sexenio logró un importante ritmo de crecimiento y la firma del TLC con sus posteriores adecuaciones, versiones y conflictos son parte sustantiva de la economía nacional.

El profundo cambio en la economía mexicana en las postrimerías del siglo XX respondió al agotamiento del modelo económico sustentado en el proteccionismo al mercado interno, la insuficiencia crónica de nuevos campos a la inversión privada y el sostenimiento deficitario de las bases estructurales de la economía (producción agraria, infraestructura, servicios, etc.). Fueron patentes los límites a la inversión pública y la captación de divisas (balanza comercial) con base en la producción y exportación de petróleo crudo. Agotado el modelo económico, México se vio obligado a compromisos con organismos internacionales de financiamiento líquido, lo cual restringió el margen de maniobra de la política económica y forzó a profundos reajustes para cumplir el equilibrio fiscal exigido por las nuevas obligaciones financieras externas.

El costo de tan profundo ajuste económico fue el desgaste paulatino del sistema político. Las políticas gubernamentales de 1970 a 2000 condujeron al descenso del ingreso y de las condiciones materiales de sectores importantes de la sociedad, particularmente clases medias, trabajadores del sector industrial y de servicios, así como pequeños y medianos productores agrarios. Si el PRI conservó el poder político federal hasta el año 2000, experimentó una permanente erosión de sus bases electorales, exigió de los sectores integrantes de su estructura severas limitaciones a sus demandas, lo que cuarteó su unidad interna y entorpeció su maquinaria electoral, de modo que perdió disciplina en torno a la figura presidencial (Mirón, 2011).

Las crisis fueron sorteadas durante tres sexenios, 1982 a 2000, pero los resultados no lograron restablecer el apoyo y la legitimidad de los gobiernos emanados del PRI; si bien en este periodo, además del “ajuste económico”, los pactos entre los sectores de la producción a largo plazo reconstituyeron las bases productivas, el rendimiento no fue lo suficiente para remontar importantes rezagos sociales.

El cambio en el modelo de crecimiento modernizó la economía, fortaleció la capacidad competitiva e impulsó su sector externo. Pero resulta paradójico que México, ubicado como economía de importancia mundial, al mismo tiempo desplazó a grupos empresariales importantes no aptos para la modernización y restringió los medios reguladores y redistribuidores del Estado (Loaeza, 2010). Además, la modernización e internacionalización de la economía mexicana no revirtió la profunda deuda social.

Aún sigue sin respuesta la pregunta: ¿qué política económica se requiere para remontar los altos niveles de pobreza y la carencia de amplios sectores de la población en materia de servicios y de prestaciones sociales? Las dimensiones son vastas y complejas, su volumen es difícilmente atendible en el corto plazo. Nuestra economía está inserta en un bloque mundial potente. Las exportaciones alcanzan índices espectaculares, regiones y sectores de la economía nacional manifiestan en varios rubros indicadores positivos. El mercado interno se ha expandido. No obstante, el crecimiento económico es raquítico, la infraestructura es insuficiente, el desempleo se mantiene en altos registros. Nuevos problemas se añaden, como el rezago educativo de cobertura y calidad, la fragilidad del Estado de derecho, la inseguridad y los grupos delincuenciales en dominio de poblaciones.

La transición política fue insuficiente para enfrentar eficazmente esta miríada, pero en la actualidad, sin democracia será aún más difícil e incluso imposible de resolver.

El sistema político mexicano en el siglo XXI

El sistema político mexicano en el periodo 1996 a 2018 muestra profundas transformaciones (Camacho, 1977).^[31] Transcurrido un largo ciclo de cambios constitucionales, creación de instituciones, forja de normas electorales y partidarias, modificación profunda del sistema de partidos políticos, la composición plural de los Congresos federales y locales producto de un régimen mixto mayoritario y proporcional, la nueva relación entre los estados de la República y la Federación, sobresaliendo especialmente la conformación de un electorado activo y cambiante, son signos de transformaciones profundas. Pese a todo, persiste ante estas evidencias la renuencia ideológica de considerar la condición democrática del actual sistema político.^[32] No existe democracia perfecta, no existe una democracia sin problemas ni contradicciones. Incluso las democracias más avanzadas y consolidadas muestran debilidades o riesgos amenazantes de su cualidad de acceso y alternancia del poder por medios legales, pacíficos, institucionales y legítimos (Sartori, 1988; Bobbio, 2022).

En el transcurso del periodo señalado, el sistema político presenció la modificación del alcance y dimensión del poder presidencial (Escamilla, 2014). El poder de la presidencia de la República se reconfiguró como consecuencia de las atribuciones e intervención normativa de una constelación de organismos constitucionales autónomos. Se le restaron atributos e injerencia directa en materia económica, técnica y jurídica, entre otros. La autonomía del Banco de México; la constitucionalización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Consejo Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) integran un conjunto abocado a normar y regular importantes actividades, esferas, intereses y actores de relevancia económica y social. Disminuyeron la intervención presidencial directa en aspectos decisivos de la vida nacional, el Poder Ejecutivo tuvo que entablar otro tipo de relaciones con el sistema político al actuar estas instituciones.

Fuerte relevancia en el sistema político tienen dos garantes de la libertad política: el Instituto Nacional Electoral (INE, antes Instituto Federal Electoral, IFE) y el Tribunal Electoral del Poder de la Federación.^[33] Fueron instaurados en la Constitución Política mediante complejos, difíciles y tensos procesos de negociación y acuerdos entre todas las fuerzas políticas del país y sucesivos gobiernos (Nacif, 2007). Dos instituciones que han asegurado la organización y realización puntual de todas las elecciones, desde los cargos municipales hasta la presidencia de la República y los Congresos federales y estatales. Con ello también contribuyeron a la diversidad y fortalecimiento de los partidos políticos, y a las alternancias de los poderes del Ejecutivo federal y de los estados.

El cambio institucional tan profundo del sistema político se evidencia con la integración plural de los Congresos federal y estatales, la asunción en estos de las funciones de contrapeso y supervisión. El cambio institucional se verificó también en la decisiva importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional.^[34] Las modificaciones experimentadas en el sistema político han hecho mutar al régimen político para conducirlo a una más sustancial división de poderes, y ha impuesto límites importantes al presidencialismo mexicano.

Cada uno de los procesos seguidos por la innovación del entramado constitucional significó desconcentrar el poder político, lo cual afectó particularmente al añejo presidencialismo mexicano. No se debe ocultar o desdeñar el proceso seguido en cada uno de los casos. Las condiciones favorables para cada una de las innovaciones advertidas en la disposición o resistencia del poder presidencial, las propuestas y capacidad reivindicativas o de presión o veto de cada una de las fuerzas protagonistas del sistema político, el camino legal seguido por cada una de las reformas e innovaciones institucionales.

En nuestra democracia electoral es elevado el número de reformas constitucionales y legales que han tenido efecto entre 1976 y 2015. Cabe destacar la vigencia de ese magno sistema constitucional ante los planes de sustitución, siendo la palabra más adecuada demolición, cumplida por el gobierno entre 2018 y 2024 (Aguilar, 2014). Asimismo, el carácter regresivo sustentado en el intento de reformas a las leyes secundarias en materia electoral durante el mandato de López Obrador está debidamente documentado.^[35] El resultado catastrófico de la próxima elección popular de jueces y magistrados está a la vista, lo mismo que la improvisada reforma que la actual administración obtuvo en las Cámaras para suprimir la reelección inmediata al Poder Legislativo y la obstrucción de la línea parental para acceder a candidaturas (El Sol de México, 25 de febrero de 2025).^[36]

Para finalizar: el desconcertante electorado

En las últimas dos elecciones presidenciales se registraron estos datos.

• 2018: habitantes: 123,520,000; registrados en el INE: 89,332,031; votantes: 56,611,272; participación: 63.43 %. Votos del candidato López Obrador: 30,113,483, 53.19 % (PT: 11.28 %; Morena: 83.63 %; ES: 5.08 %).
• 2024: habitantes: 129,477,554; registrados en el INE: 98,468,994; votantes: 60,115,184; participación: 61.05 %. Candidata Claudia Sheinbaum: votos: 35,924,519, incrementó en 19.3 % la mayoría presidencial.

El comportamiento del electorado es un tema merecedor de un estudio profundo. Nos restringimos a observar que la tasa de participación es notable, lo cual da legitimidad al proceso y sus resultados.

Es altamente significativo el respaldo electoral a la continuidad del partido en el gobierno, confirmado en la integración del Poder Legislativo. En perspectiva, deben recordarse los resultados de anteriores elecciones presidenciales con mayorías menores, salvo el caso de la elección presidencial de 1994. En votaciones de los años transcurridos entre 2000 y 2018, el electorado optó por dividir sus votos entre tres opciones (PAN, PRI y PRD), lo que dio lugar a los llamados “gobiernos divididos”. Actualmente estamos en las antípodas, sorpresa mayúscula de tenerse en cuenta los resultados negativos en muchos rubros de la agenda nacional, destacando el crecimiento económico por su negativo comportamiento y la generalización de la violencia en todo el territorio nacional. El sistema político se encuentra ante graves y pesarosos desafíos.

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