Ficción histórica o verdad política

Sara Magallón Martínez^[1]

Introducción

El propósito de este trabajo es encontrar referentes históricos que nos puedan ayudar a establecer la existencia o inexistencia de un sistema político en México durante el siglo XIX.

El estudio de la historia nos hace reflexionar y comprender mejor la dinámica política que caracteriza las distintas épocas. La concepción que había de la ciudadanía, por ejemplo, no encaja con la que se tiene hoy día. Cada periodo tiene sus propias instituciones, actores, mitos, imágenes y memorias, los cuales, aunque pareciera que se repiten o llegan a asemejarse, nunca serán los mismos; siempre hay variantes en la manera de enfocar el hecho político y conducir la acción. No obstante, resulta inevitable identificar continuidades e intentar empatar tendencias, posturas, conductas y actitudes, lo que, sin lugar a dudas, coadyuva a entender mejor nuestro presente y proyectarlo hacia el futuro.

Los sistemas políticos conjugan varias facetas, que los hacen extremadamente volubles y volátiles. Su persistencia deriva de su creciente capacidad de adaptación, que los ha llevado a trascender, transformarse y reinventarse al tiempo y a las circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales y culturales, combinando dos condiciones a simple vista antagónicas pero complementarias: cambio y estabilidad, que los ha llevado a alcanzar un relativo equilibrio, pese a la sobrecarga en la que se encuentran los gobiernos.

Los estudios académicos en torno al sistema político como concepto y enfoque de análisis (Easton, 2006) son variados y extensos, al igual que aquellos que, específicamente, se encargan del caso mexicano, donde existe un acuerdo generalizado en ubicar su formal institucionalización a partir de la segunda década del siglo XX.

Las instituciones coloniales trascendieron, al tiempo que se crearon nuevas estructuras que, posteriormente, tras décadas de constantes enfrentamientos habrían de abonar en la construcción del sistema político que hoy día tenemos.

Producto de la rutinaria inestabilidad que marcó la historia política mexicana durante el siglo XIX, la mayoría coincide en señalar la ausencia de un sistema político debidamente estructurado. Tal versión es discutible.

Su existencia se reflejó en la gradual y efectiva conquista de espacios de poder, utilizando vías institucionales y no institucionales, como la manipulación electoral, a la que ya desde entonces se recurría. Los sistemas políticos son observables, en la práctica, en los gobiernos. No son patrimonio exclusivo de un solo partido, organización, grupo, corriente de opinión o persona.

En ese sentido, se subraya la trascendencia que tuvieron otros actores integrantes de la comunidad política, como las mujeres. Los análisis recientes se han centrado en distintos aspectos de la participación femenina durante el movimiento de Independencia, el Porfiriato, la Revolución y posrevolución, focalizados en diferentes estados, cruzadas por el género y la clase social.

Aunque en ciernes, y al vaivén de los pronunciamientos y revueltas, se lograron instituir atisbos fugaces de un sistema político, ya fuera federal o centralista, en el cual se privilegiaron los acuerdos entre las élites gobernantes, el ejército y el clero; actores dominantes de aquella convulsa época, momentáneamente legitimados por el respaldo de un pueblo predominantemente analfabeto, invisibilizado, oprimido y explotado, pero animado por el carisma del caudillo y las ansias de libertad.

El reto, entonces, será encontrar espacios comunes en los que confluyan autoridades, normas (reglas del juego) e instituciones efectivas con funciones de dominación y dirección política, un universo abigarrado de grupos sociales en una red de interacciones susceptibles a cambios internos y externos.^[2]

Los primeros intentos

A lo largo del siglo XIX, el debate se centró en dilucidar cuál sería la forma de gobierno óptima que debía establecerse en México, en definir el sistema político más adecuado: ¿cuál era el que más convenía y cuál el que en realidad correspondía? ¿Cuáles serían las instituciones y leyes más funcionales para establecer un gobierno duradero con orden y estabilidad?

Durante las primeras décadas del México independiente, el país atravesó por una creciente y persistente inestabilidad, lo que, en principio, niega la existencia efectiva de un sistema político. Los acuerdos entre los poderes y, por ende, la organización de los diversos órganos de gobierno, eran transitorios; no garantizaban la seguridad, y menos los derechos y obligaciones de la población y el procesamiento de demandas. No había condiciones mínimas de estabilidad y gobernabilidad.

Las sucesivas revueltas, asonadas, golpes de Estado, guerras civiles, invasiones e intrigas internas y externas arrojaron un saldo sumamente negativo. Se pasaba de la federación al centralismo, y de este a los despotismos de las dictaduras militares y viceversa, acompañados de pronunciamientos y planes liderados por los principales cabecillas del ejército, apoyados según conviniera a los intereses, por el clero y los agiotistas, pero también por los pueblos, cuya adhesión era fundamental.

Variantes de estos sistemas fueron ensayados de tiempo en tiempo y, pese a representar intentos fallidos, a largo plazo acabarían por perfilar a las instituciones y actores políticos. La base constitucional fluctuó entre el imperio, el republicanismo federal y central, y la dictadura.

Entre 1824 y 1857 hubo 16 presidentes y 33 gobernantes nacionales provisionales, lo que hace un total de 49 gobiernos. La Secretaría de Guerra cambió de manos 53 veces; la de Asuntos Exteriores, 57; la del Interior, 61, y la de Hacienda, no menos de 87 veces (Costeloe, 2000, p. 48).

Autoridades, normas e instituciones

En la formación del nuevo Estado, la influencia externa predominó a través del reformismo borbónico y los liberalismos gaditano, francés, inglés y norteamericano. La Constitución de Cádiz de 1812 estuvo vigente hasta la elaboración de la primera Constitución Federal de 1824 (Vázquez, 1999, p. 115).

Contrario a lo que se pudiera pensar, el poder recayó predominantemente en el Congreso, el cual legalizó golpes de Estado y, en muchas ocasiones, se adjudicó la solución de casos judiciales. El Ejecutivo estaba vigilado por el Congreso y limitado constitucionalmente; solo podía realizar sus funciones utilizando facultades de emergencia.^[3]

Durante el primer quindenio (1821-1836), encontramos el efímero imperio de Agustín de Iturbide (1822-23); la República federal encabezada por Guadalupe Victoria (1824-1828) y Vicente Guerrero (1829); el centralismo con Anastasio Bustamante (1830-1832); el federalismo con Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías (1833-1835) y la primera y frustrada ola reformista que antecedió a la segunda Constitución Federal de 1857.

En 1836, retornó la República centralista con Anastasio Bustamante y las Siete Leyes que instauran un Supremo Poder Conservador como “poder neutro” que defendiera al gobierno de la división de los gobernantes, y a los gobernados de los excesos de la autoridad. Con grandes atribuciones de carácter político y en materia de control constitucional, debía vigilar, regular, limitar, contener e impedir los abusos de los otros tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No era responsable de sus decisiones más que ante Dios y la opinión pública.^[4]

El gobierno no pudo mantener la unidad ni la estabilidad política ante las amenazas externas de Estados Unidos y Francia, y los conflictos domésticos. El centralismo terminó ligado a intereses económicos regionales por el aumento de contribuciones fiscales.^[5]

Una nueva alianza entre federalistas, moderados y centralistas produjo una dictadura con Santa Anna en 1841 y la expedición de Las Bases Orgánicas de la Administración Pública de carácter meramente administrativo, las cuales concedieron una mayor representación ciudadana y disminuyeron los requisitos exigidos para ser congresista. El Ejecutivo recuperó el control del ejército (Costeloe, 1996, p. 276).

En plena guerra con los Estados Unidos (1846-1848), el país pasó del centralismo a un régimen militar que simpatizaba con la monarquía, y ulteriormente a una República federal; gobernarían y contenderían por el poder los cuatro principales grupos políticos: centralistas, monarquistas, liberales puros y moderados.

Los liberales moderados-federalistas promovieron reformas que destacaron las garantías individuales y el fortalecimiento del gobierno y del Ejecutivo. La vicepresidencia se eliminó, se instituyó así un federalismo a la norteamericana. La Constitución Federal de 1824 se reinstauró con algunas modificaciones.

Ante la derrota, liberales y conservadores se insertaron en un estéril ejercicio de reflexión y autocrítica. Dividiéndose todavía más, se enfrascaron en una batalla de mutuas recriminaciones; en la búsqueda de un culpable y el deslinde de responsabilidades. El gran dilema ya no fue la forma de gobierno, sino el anexionismo a los Estados Unidos como consecuencia lógica si se adoptaba el sistema federal. Otras interpretaciones vincularon el sentimiento religioso con el patriotismo: el “principio protestante tratando de invadir el católico romano”: un atentado a la nacionalidad, al orden, a la paz y a la seguridad (Costeloe, 2000, pp. 36-42; La cruz, 12 de febrero de 1857).

En 1853, una nueva revolución realizada por todos los partidos y personas de todas las clases y condiciones, unidos por el rechazo al federalismo, trajo de nueva cuenta a Santa Anna, quien terminó imponiendo una dictadura.

Para consolidar su autoridad personal, Santa Anna se apoyó en un decreto que le otorgaba facultades omnímodas por todo el tiempo que juzgara necesario para la consolidación del orden público, el aseguramiento de la integridad territorial y el completo arreglo de los ramos de la administración, arrogándose la posibilidad de nombrar a su sucesor en caso de fallecimiento o imposibilidad física o moral (Chavero, 1887, p. 387).

La rebelión liberal de Ayutla (1854) cortó de tajo tales pretensiones. El principal objetivo fue la proscripción del monarquismo, el establecimiento de una república ya fuera federal o central y una dictadura provisional que estabilizara al país, en tanto se instituyera un régimen que garantizara las libertades individuales y protegiera la libertad de comercio (Vázquez, 1997).

Con ese fin, se proclamó la Constitución de 1857, la cual no difería en mucho de la de 1824 (adoptó más de 50 artículos). Como principio básico, fincó la indiferencia del Estado respecto de cualquier culto, es decir, la separación Iglesia-Estado. La secularización subordinó los preceptos divinos respecto a los humanos (leyes) (Vázquez, 2000, pp. 841-42; Villegas, 1997, p. 183).

A pesar de considerarse moderada y conciliadora, fue vista como arbitraria e inaceptable para una sociedad eminentemente tradicional. La Constitución de 1857 y las sucesivas Leyes de Reforma dieron lugar a nuevos enfrentamientos, específicamente, la llamada Guerra de Reforma o Guerra de Tres Años (1858-1860) bajo el lema Religión y fueros, a la que se sumaron los altos jerarcas de la Iglesia católica y los convencidos de que la política y la religión no podían ocupar esferas distintas.

La dualidad de poderes −liberal y conservador− desató una lucha por el reconocimiento externo de la legitimidad política. El régimen anticonstitucional conservador la buscó en España (Zuloaga) y Estados Unidos (Miramón), al igual que el liberal republicano constitucional de Juárez.

Terminada la guerra, el gobierno de Benito Juárez tuvo que enfrentar, además del acoso de los monarquistas, la quiebra del erario, por lo que se vio obligado a suspender el pago de la deuda exterior por un periodo de dos años, lo que provocó la incursión de Francia, Inglaterra y España.^[6]

Los conservadores favorecieron la intervención armada francesa y el establecimiento de un Segundo Imperio, adoptaron como forma de gobierno la monarquía moderada hereditaria con un príncipe europeo de estirpe real y principios católicos: el archiduque Maximiliano de Habsburgo (1864-1867). En respuesta a los ataques liberales respecto de la entrega del país a Francia, la facción monarquista y clerical contraatacó con relación a los norteamericanos y su “amago expansionista”, que implicaba esclavitud y ponía en peligro la nacionalidad.^[7]

En una actitud conciliadora, Maximiliano tuvo una política centralista, liberal y progresista encaminada a equilibrar y a obtener la aquiescencia de todas las fuerzas políticas. La reforma liberal fue ratificada, lo que generó disgusto entre algunos miembros del clero, de los conservadores más moderados y militares. El conflicto ya no fue económico, político o administrativo, sino social y moral. El gabinete estuvo compuesto no solo por conservadores, centralistas y moderados, sino también por liberales republicanos y federalistas.^[8]

En 1865, se estableció el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que incluyó una Junta y una Asamblea de Notables. La Ley de lo Contencioso Administrativo reforzó la autonomía y capacidad de acción del Poder Ejecutivo. Al igual que durante la Guerra de Reforma, existieron dos gobiernos paralelos enfrentados en busca de la titularidad y la legitimidad: Benito Juárez, quien encabezaba la defensa de la República, apoyándose en los Estados Unidos y el Imperio, sostenido por armas francesas. La lucha entre facciones distintas y, a la vez, coincidentes en sus fines continuó. El Imperio terminó liquidado, no así el centralismo, presente en los gobiernos, en las políticas autoritarias presidencialistas, en los partidos y en las actitudes de amplios sectores sociales, económicos y políticos.

En contra de lo establecido por la Constitución de 1857, Benito Juárez, por decreto del 8 de noviembre de 1865, prorrogó su mandato como presidente hasta su muerte en 1872. Para contener al Poder Legislativo y fortalecer al Ejecutivo, en la convocatoria de elecciones de 1867, intentó una serie de reformas constitucionales mediante un plebiscito. No fue posible por la oposición de la opinión pública, entendiendo por esta la expresada en todos los periódicos. La excepción fue la reforma que restauró el Senado durante la presidencia sustituta de Lerdo de Tejada. Esto permitió controlar los conflictos en la Cámara Baja y los que se daban entre la Federación y los estados.

En 1867, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Porfirio Díaz buscaron implantar un orden republicano que comenzó liberal y terminó siendo conservador. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado fueron ambivalentes. Juárez moderó la política anticlerical, manteniéndose al margen de las decisiones eclesiásticas, con lo que se dio un acercamiento. Ante la presión del grupo liberal radical, Lerdo de Tejada elevó a rango constitucional las Leyes de Reforma. Las disposiciones quedaron registradas en la Ley Orgánica del 14 de diciembre de 1874 (Case, 1975, p. 205).

El liberalismo, los principios del progreso y la Reforma fueron los que terminaron delineando un sistema político secular, laico y liberal, pero también conservador en lo que se refiere al mantenimiento de ciertos valores de índole cultural y moral, de manera que se alcanzó un relativo equilibrio político que subsistió 44 años (Cosío, 1959, p. 1).

No obstante, el debate en torno a la Constitución de 1857 persistió entre los que consideraban que debía reformarse “en un sentido conservador”, adaptarse a la realidad social, para así evitar las constantes revoluciones, o los que creían que debía conservarse en su forma pura, insistiendo en que la “Constitución social” debía ser base de la escrita.

Ante la imposibilidad de reformarla para cambiar la naturaleza de la relación Ejecutivo-Legislativo, y fortalecer la capacidad de acción del Ejecutivo, Díaz estableció una serie de reglas informales, de tratos políticos basados en el reconocimiento de la influencia de los diversos actores individuales y colectivos que permitirían la gobernabilidad, al superar los enfrentamientos y conflictos en la relación entre poderes, entre el gobierno federal y los de los estados, y, en general, entre el gobierno y los actores políticos. Los liberales triunfantes cayeron en el faccionalismo más que ideológico, de orientaciones personalistas (juarismo, lerdismo, porfirismo), funcionó la dualidad: régimen y sistema político (Medina, 2007, p. 280).

La autoridad central se volvió demasiado fuerte: un hombre fue el encargado no solo de realizar la paz y dirigir la transformación económica, sino de neutralizar los despotismos de los otros poderes, los cacicazgos y las tiranías locales. La división de poderes no funcionaba; los diputados eran electos de acuerdo con combinaciones presidenciales.^[9]

“… un ambiente intelectual nuevo, influido en parte por la introducción de la filosofía positivista como mito político unificador” (Hale, 2002, p. 15). La llamada política científica o liberalismo conservador argumentaba que debería utilizarse el método científico basado en la observación y la experimentación para analizar los problemas y las políticas a seguir en el desarrollo económico, la regeneración social y la unidad política (Hale, 1997, pp. 8-9, 15, 48 y 57; Adame, 2004, pp. 15 y 62).

Durante el último tercio del Porfiriato, las reformas constitucionales reforzaron las atribuciones y formas de acción política del Ejecutivo. Sin embargo, ninguna tocó la esencia del régimen, la forma de gobierno. Porfirio Díaz se posicionó como el gran árbitro nacional; integró y dio autonomía a los gobernadores. Tal sistema se desequilibró cuando no pudo resolver su sucesión e inclinarse del lado de “los científicos”.

La prensa nacional empezó a dar cuenta y a denunciar los daños que la gran propiedad causaba: el problema agrario derivado de los efectos económicos que produjeron las medidas de nacionalización y desamortización de bienes de corporaciones y, en particular, el proceso de concentración de la riqueza territorial en pocas manos: el mercantilismo de los extranjeros, la semiesclavitud de los peones indígenas en Yucatán, la represión de las revueltas locales, la corrupción de la justicia, las elecciones ficticias y el atraso de la educación, entre otros problemas. El descontento social concentró todas las tendencias y medios alrededor del movimiento antirreeleccionista y del lema “sufragio efectivo, no reelección”, que terminó desencadenando la Revolución de 1910.^[10]

Actores políticos y sociales; posturas, relaciones y formas de acción

Al inicio, las corrientes de opinión política se nutrieron de las mismas fuentes −la Ilustración−, por lo que coincidieron en muchas temáticas. Las posturas de los actores políticos no eran tan disímiles, convergían en la instauración de un régimen de gobierno republicano fuerte y estable, buscaban restablecer el orden y la tranquilidad pública, la paz interior y exterior, con división de poderes, democracia acotada, una hacienda pública bien organizada, una administración de justicia expedita, con libertad y seguridad; abrir el camino al capitalismo y a la posibilidad de enriquecer al país, fortalecer a la sociedad y darles garantías a los ciudadanos.

Para Edmundo O’Gorman, liberales y conservadores no representaron dicotomías irreconciliables, sino tan solo “la trágica incomprensión” de dos proyectos que perseguían el mismo fin: modernidad y tradición. No cerraban las puertas al progreso, perseguían la prosperidad de la nación. Muy pocos ansiaban destruirlo todo para construir la república desde la nada (O’Gorman, 2002, pp. 39 y 83). Había que edificar sobre los cimientos del orden colonial, lo que implicaba conservar tanto instituciones como rasgos, relaciones, intereses, prácticas y conceptos, e injertarlos sobre el sistema jurídico y político, partiendo del pasado como fuente de inspiración para planear el futuro. La Iglesia y la religión católica como el elemento identitario y unificador de la nacionalidad mexicana.

Hasta la década de 1830, la ideología no se había definido claramente. Nadie tenía ideas, principios, intereses y metas fijas, figuraban en las diferentes facciones o corrientes de opinión, sirviendo a diversos gobiernos. Los grupos políticos y las alianzas se modificaban continuamente; las lealtades personales eran más importantes. No había un sistema de partidos en el sentido moderno del término −organizaciones burocráticas nacionales− capaz de encausar la participación y articular demandas.^[11]

En principio, predominaron las logias masónicas −yorkinos y escoceses−, influenciadas por agentes externos: Estados Unidos y Europa, respectivamente.

En 1825, algunos federalistas radicales como Vicente Guerrero fundaron la logia yorkina en las provincias del norte. Sus integrantes provinieron de los estratos medios; inclinados por la república federal como forma de gobierno y por la autonomía política regional, buscaron reproducir el modelo democrático norteamericano (la modernidad anglosajona). Favorecieron la manipulación electoral, la movilización popular y la revolución. Tenían una estructura centralizada que les permitió funcionar con una aceptable disciplina política y concertar apoyos a candidatos en elecciones nacionales y estatales. De naturaleza casi secreta, reclutaban a sus miembros en los estados, ofreciéndoles empleo y progreso personal.^[12]

Los escoceses (conservadores y centralistas) impusieron cambios desde el gobierno, utilizando los huecos que les ofrecía la Constitución y la acción de los militares. Añoraban la restauración monárquica, lo que les produjo deserciones. Se identificaron con la parte más tradicional de la sociedad y la continuidad de los privilegios de los grupos de poder (la Iglesia católica y los grandes terratenientes), particularmente con los que monopolizaban la propiedad agraria, el comercio y los empleos públicos. Había que centralizar el poder político y reivindicar el pasado colonial, la defensa del statu quo.

Las diferencias giraron en torno a las maneras y formas de instrumentar las reformas, en el alcance que tendrían, en la rapidez con que los cambios debían desarrollarse; en los medios, mas no en el fin… A finales de 1828, con el pronunciamiento de la Acordada y el motín de El Parián, las logias fueron prohibidas.

La inestabilidad hizo que los conservadores (tradicionalistas y centralistas) y los liberales (radicales y federalistas) atravesaran por una etapa de transformación en sus ideas y prácticas políticas que los llevaron a una intolerancia extrema. De modo que ambas corrientes intentaron imponer su proyecto, así fuera a través de la vía armada.

El enfrentamiento fue inevitable entre los que, por un lado, proponían un centralismo absolutista, la nulidad de elecciones democráticas, la existencia de un ejército fuerte, la permanencia de las tradiciones españolas, los fueros y privilegios del clero, la protección a la industria y la prohibición de las importaciones (conservadores); y por el otro, abogaban por la soberanía popular, la autoridad de los estados dentro de una unión federal, la división de poderes, un Congreso fuerte, límites al poder del gobierno mediante la representación política y el constitucionalismo, la propiedad privada y la libre empresa, el anticlericalismo y la tolerancia religiosa (secularización), la afirmación de las libertades individuales y la oposición a los privilegios (liberales).

En medio, encontramos a los moderados u hombres de bien, quienes intentaron la conciliación, al menos en cuanto a la forma de gobierno; trataron de evitar las tendencias despóticas del partido del orden (Anastasio Bustamante) y frenar las exageraciones del partido radical, las reformas del Congreso de 1833 (Gómez Farías). Se caracterizaron por un centrismo pragmático; planteaban una reforma liberal progresiva que modernizara el país, tomando en cuenta las tradiciones y costumbres. No obstante, su postura política disgustaba a los extremos. En él “… figuraban algunos clérigos, oficiales del ejército, altos funcionarios del gobierno, antiguos escoceses […] en general, todas las clases propietarias y las muchas familias con parentesco español…” (Costeloe, 2000, pp. 233-234).

Entre 1845 y 1848, gobernarían y contenderían por el poder los cuatro principales grupos políticos: centralistas, monarquistas, liberales puros y moderados, quienes se encargarían de decidir, al vaivén de las luchas y las pasiones, el destino nacional. Los moderados fueron acusados de traidores y anexionistas al haber firmado los Tratados de Guadalupe-Hidalgo (1848) que reconocieron la pérdida de la mitad del territorio nacional, tras la derrota en la guerra con Estados Unidos (Rabasa, 1999, p. 26; Hale, 1997, pp. 58-60).

En 1849, Lucas Alamán formó el “Partido Conservador”. Sus ejes principales fueron: “la religión, la propiedad, la familia, la autoridad, la libertad racional y el orden”. A semejanza del Plan de Iguala de 1821, postulaba: “la religión, la independencia y la unión” (O’Gorman, 1986, p. 37).

Sus principales precursores provinieron de diversos sectores políticos, económicos y sociales: diplomáticos, clérigos, profesionistas y propietarios, algunos terratenientes y empresarios industriales; representantes del conglomerado corporativista y eclesiástico dominante. Los líderes solían proceder de familias importantes o económicamente poderosas y su carrera política la hacían participando en las distintas áreas del Poder Ejecutivo. Los militares de alto rango, más por razones estratégicas que ideológicas, cuando las leyes ponían en tela de juicio sus privilegios. Asimismo, no eran pocos los miembros de las clases popular o media baja, incluso algunos jefes y caciques indígenas lo llegaron a apoyar ocasionalmente (Di Tella, 1994, pp. 24-25; Mijangos, 2003, p. 229).

Las posiciones se radicalizaron. La Constitución de 1857 fue obra de un Congreso constituyente con mayoría de moderados orientados a los cambios graduales. En tanto, las Leyes de Reforma integraron el programa radical de los liberales puros, de ideas avanzadas, quienes expresaron una creencia en la eficacia de la ley, en la transformación de la sociedad y el progreso económico.^[13]

La generación de la Reforma se conformó por una abigarrada pléyade de hombres, distinguidos por una especial inteligencia que logró darle al país las reformas que requería y contribuir a la integración y constitución de un Estado nacional.^[14]

Tras el fracaso del Segundo Imperio, los conservadores considerados traidores y reaccionarios quedaron virtualmente marginados de la escena política y de cualquier participación directa en el gobierno. No obstante, lograron reposicionarse al eludir el enfrentamiento y reconocer la inviabilidad de la monarquía. Entre 1867 y 1892, los católicos conservadores observaron, evaluaron y juzgaron el funcionamiento de las instituciones liberales y el comportamiento de sus gobiernos, así como su marco jurídico y congruencia, concluyendo que solo eran un mito: existía una diferencia radical entre la teoría y la realidad social.^[15]

Para 1876, el talante del país había cambiado. Liberal por origen y conserva­dor por ideología, Porfirio Díaz acabó con el conflicto liberal-conservador conciliando ambas corrientes. Fue generoso con los enemigos y adversarios, siempre y cuando no recurrieran a la alteración del orden público como medio para conseguir metas personales o de grupo. Durante su gestión en la presidencia, se extendió un periodo de relativa paz en el que, pese a la vigencia formal de la Constitución de 1857, los postulados conservadores fueron los que predominaron.

La gobernabilidad y la conciliación no se limitaron a los antiguos conservadores y a la Iglesia, se extendieron a todos los órdenes de la vida pública; los pueblos, las mujeres, la prensa, la clase política, el ejército, lo que desencadenó una serie de comportamientos, decisiones y actitudes que coadyuvaron a estabilizar al país.^[16]

A principios del siglo XX, la notable expansión del Estado, principalmente en lo económico y educativo, contrastó con el déficit social y las limitaciones a la libertad política. El desarrollo de grupos intermedios (comerciantes, pequeños empresarios, empleados municipales), de los obreros y mineros en detrimento de las comunidades tradicionales, acabó afectando al régimen porfirista. La disidencia política se organizó alrededor de clubes liberales, bajo la iniciativa de estudiantes e intelectuales.

El ejército

Al haber jugado un papel fundamental en la consumación de la Independencia, el ejército de origen miliciano se erigió en un actor político legítimo y garante del nuevo pacto. El primer ejército fue reorganizado y dirigido por la clase política. El militarismo creció y adquirió peso e influencia. El fuero lo colocaba en una situación de excepción, con sus propios procedimientos e instancias jurídicas. Los comandantes actuaban con plena libertad frente al poder central (Sordo, 1985).

El ejército era una corporación jerárquica y una institución tradicional. Al mismo tiempo, desestabilizadora y principal responsable de todos los vaivenes políticos de la época. La acción militar de ambiciosos oficiales era el cauce normal de expresión del disentimiento o el cambio de las políticas que se tradujeron en una larga lista de planes, revueltas o pronunciamientos, como formas de acción política corporativa.

En la década de los 20, jugó la carta de los equilibrios. Durante los 30, buscó ganarse el apoyo popular para sus causas, concitar adhesiones principalmente de los pueblos, comunidades y ayuntamientos o, en su defecto, propiciar desafecciones. En el Congreso y en los gobiernos de los estados, tuvo un propósito más político que militar: sustituir al titular de la presidencia, la defensa de lo que consideraba sus derechos, el apoyo y promoción de la república ya fuera centralista o federalista, de la dictadura y el Imperio, lo que debilitaba, aún más, las de por sí endebles instituciones republicanas.

Al eliminar las milicias estatales y sustituir a la burocracia hacendaria, el centralismo fortaleció al ejército. A partir de 1837, los comandantes generales fueron nombrados visitadores de las oficinas de hacienda en los departamentos, para supervisar los cobros de impuestos. Posteriormente, los conservadores trataron de resolver el control del militarismo y la integración de los intereses regionales en un proyecto nacional, a través de un ejército profesional y sujeto a leyes y responsabilidades, lo que no fue del agrado de muchos de los militares más influyentes.

Paradójicamente, el apogeo del ejército marcó el inicio de su decadencia, la guerra con Estados Unidos sorprendió con un ejército regular altamente politizado.^[17] La milicia se perfiló como una organización democrática, tendencia que se profundizó a partir de la Ley de 1847, que estableció la Guardia Nacional y sentó las bases de las alianzas locales y regionales como un todo colectivo y comunitario (ediles, vecinos o milicianos).

Porfirio Díaz reorganizó y profesionalizó al ejército. Entre 1879 y 1893, desmovilizó a la Guardia Nacional pasando a un segundo plano a la mayoría de generales, jefes y oficiales, que quedaron bajo estricto mando federal, con funciones de seguridad pública en las entidades federativas. Las amenazas serias a la paz pública, como la revuelta o la sedición, fueron competencia casi exclusiva del ejército federal, previo cumplimiento de los trámites de solicitud del gobernador y autorización al presidente, de las Cámaras del Congreso. No obstante, el doble arreglo del ejército federal −permanente y auxiliar− no fue del todo exitoso. Los jefes y oficiales remitidos al ejército auxiliar no dejaron de tener ambiciones y relaciones políticas, pero este quedó prácticamente anulado (Medina, 2007, pp. 292-293).

Si bien Porfirio Díaz no aplicó en todos los casos las mismas reglas, se puede identificar una tendencia general. En las gubernaturas aceptó a los hombres fuertes regionales, militares forjados en la Guardia Nacional y que le habían apoyado en la revuelta de Tuxtepec. Al concluir sus periodos constitucionales, los relevó y sustituyó por caudillos menores con arraigo e influencia, neutrales y leales. Con este fin utilizó el principio de “no reelección”, lo que equilibró las diversas corrientes políticas. Para impedir rebeliones, el desplazamiento no significó exclusión total. A partir de 1884, la pérdida de poder político fue compensada por el gobierno federal con tolerancia a negocios y acumulación de riqueza, usando al ejército y a los jefes de zona. De este modo, al inicio del siglo XX se había concretado la casi total desmilitarización de las gubernaturas.

Mujeres, entre la represión y la acción

En el siglo XIX, las mujeres se encontraban invisibilizadas, supeditadas y oprimidas por el hombre, la Iglesia y la ley civil. Independientemente de la clase social, no eran valoradas, sino discriminadas o rebajadas a un nivel de objeto sin voz ni voto.

La lucha por sus derechos comenzó en las regiones, previo a la Constitución de 1824, algunas mujeres de Zacatecas enviaron una carta para exigir el reconocimiento de su participación en la lucha de Independencia y su derecho a ser ciudadanas con capacidad de acción política (Galeana, 2010).

El sistema de elección por sufragio universal era impracticable y excluyente (mujeres y clérigos no tenían derecho al voto). De una población de 8 millones, 5 millones eran indígenas y solo cerca de un millón se interesaban en la política. La mayoría de los electores eran ignorantes y rudos, fácilmente manipulados a través de una amenaza, un poco de aguardiente o unas monedas (Adame, 1980, pp. 358-59).

Tuvieron que pasar poco más de 30 años para que se abordara el papel de las mujeres y de la familia en los ámbitos civil y político. Durante los debates del Congreso de 1856-1857, liberales como Ignacio Ramírez, Francisco de Paula Cendejas, José Antonio Gamboa y Ponciano Arriaga pugnaron por reconocer su superioridad moral e importancia en la sociedad (Galeana, 2017, pp. 49-50). En general, la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma y el Código civil de 1870 abordaron, entre otros aspectos, la definición jurídica de la mujer.^[18]

No obstante, se siguió considerando a las mujeres como menores de edad, carentes de personalidad jurídica, excluidas de la posibilidad de acceder a la ciudadanía y ejercer derechos políticos. Para el sector conservador, ello podía llegar a destruir sus virtudes innatas. Las ideas religiosas del catolicismo también representaron un dique para el progreso de las mujeres. Únicamente, se formalizó el matrimonio para proteger a la mujer y a los hijos, y se legalizó el divorcio por infidelidad o abuso.

La etapa liberal se caracterizó por la implementación de leyes, que comenzaron a cambiar la condición de vida de la sociedad. Los primeros pasos hacia el mejoramiento social de la mujer se dan en materia educativa, y con el surgimiento de los primeros grupos feministas y asociaciones políticas con fundamentos humanistas y patrióticos.

La educación no estaba prohibida en su totalidad, pero había muchas trabas. Una mujer preparada podría convertirse en un problema y restarles poder a los hombres. “Al no tener la capacidad intelectual para desenvolverse igual, o interactuar y compartir temas de interés social, no podían compartir el mismo espacio que el de los hombres”. Por tanto, el rol fundamental que debía cumplir era el de ser amante-esposa y madre perfecta, formadora de ciudadanos y soporte de la unión familiar. Las mujeres debían seguir a pie juntillas los estereotipos que una sociedad patriarcal subordinada a costumbres, ideales y tradiciones les marcaba. Su acción política estuvo cobijada o disimulada tras el ejercicio de las virtudes consustanciales al llamado bello sexo, fe, esperanza y caridad en defensa de la religión. Caso contrario, eran expuestas a fuertes críticas y sanción social.

En 1867, se dictó una ley que buscó favorecer la educación y cultura para las mujeres. Benito Juárez fundó la Escuela Secundaria para Señoritas (1869), se impartió Pedagogía (1875) y se formó la Escuela Normal de Profesoras (1888). Asimismo, Justo Sierra propuso ante el Congreso, su acceso a la universidad. Las primeras mujeres profesionistas se concentraron en la atención de la educación y la salud: profesoras, parteras, dentistas, enfermeras y médicas.

En el contexto de la República restaurada, se multiplicaron las publicaciones, sobre todo, en Veracruz y Yucatán. Hacia 1869-1870, bajo el impulso de El Renacimiento, surgieron incontables publicaciones, la revista de Mérida (Rita Zetina), la Biblioteca de señoritas, las Violetas de Veracruz (Soledad Manero y Gertrudis Tenorio), el Álbum Literario (León), La Ilustración Potosina, El Pensamiento (Julia Montero y Luisa Gil), Semanario Siempreviva (Gertrudis Tenorio) (Parcero, 1992, pp. 98-99).

Las primeras manifestaciones por el voto femenino y la igualdad jurídica, intelectual y de oportunidades se dieron entre 1884 y 1887, cuando una revista para mujeres, Violetas del Anáhuac, y, posteriormente, Mujeres del Anáhuac (1887-89), fundada y dirigida por Laureana Wright, planteó la demanda del sufragio para la mujer. En las asociaciones, los sindicatos y la prensa, se escuchaba y leían alegatos en defensa de la mujer y sus derechos fueron incrementándose hacia el final del siglo XIX. El Correo de las señoras (1883-94) y el Álbum de la mujer (1883-90) incluían artículos en pro de su liberación, entre otras cuestiones.

Las mujeres se involucraron en la Revolución de 1910, uniéndose a Madero. Más allá de la figura de soldaderas, formaron parte de los clubes políticos como propagandistas (Las Hijas de Cuauhtémoc). Protestaron por el fraude en las elecciones y demandaron participación política. Cuando Madero resultó presidente, le exigieron apegarse al texto constitucional de 1857, que no especificaba el sexo que debían tener los votantes. Pero sus voces no fueron escuchadas.^[19]

Es a partir de 1916 cuando se obtuvieron los primeros logros con relación a la igualdad político-electoral de la mujer. Si bien la Constitución de 1917 no les negó la ciudadanía, ni el derecho a votar, ni a ser elegidas, tampoco les otorgó expresamente el voto.^[20]

Democracia y elecciones

La Constitución de 1824 retomó, con algunas adaptaciones, el principio de representación mediante elecciones indirectas contemplado en Cádiz, vigente por poco más de 100 años. Era de tres grados (parroquia, partido y provincia), con un escalonamiento geográfico administrativo (Tena, 1998, pp. 95-97). Los ayuntamientos tenían el control absoluto del proceso electoral: la instalación de casillas, el personal de las mesas y la distribución de la papelería. La Constitución de 1857 la redujo a dos grados.

Aunque coincidían en la necesidad de un gobierno fuerte sustentado en los principios de la representación, la separación de poderes y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, las fuerzas políticas rechazaban la democracia como forma ideal. No excluían la religión, la familia, la propiedad individual, la autoridad, la paz pública, la felicidad y la independencia nacional (Andrews, 2009, p. 122).

El sufragio universal había dado lugar a Congresos llenos de legisladores “irresponsables”, autores de “terribles desaciertos” que habían hecho de la conquista de los puestos públicos un modus vivendi. Lo que debía hacerse era desechar la “ficción metafísica de la voluntad general” y restringir los derechos a votar y a ser electo para ocupar un cargo público.^[21]

El miedo no era a las masas sino a la anarquía, a los cambios violentos, a la división, al desorden, a la falta de autoridad, a los pueblos y las posibles alianzas que estos pudieran establecer con otros actores, como la Iglesia o los mandos del ejército, en la defensa de sus derechos territoriales (Bulnes, 1972, p. 503).

Casi todos coincidían en que la participación debía estar limitada a los ciudadanos responsables, es decir, a aquellos que por poseer un mínimo de propiedad tendrían interés en la estabilidad. El derecho al voto debía restringirse a los más capacitados para elegir gobernantes aptos. El sufragio estaba acotado a los hombres, lo cual no quería decir que se excluyera al resto, podían quejarse ante las autoridades, resistirse a pagar impuestos… Función de los gobernados sería respetar la autoridad y obedecer la ley.^[22]

Curiosamente, la participación política de los pueblos en la vida municipal no fue un punto que figurara en el programa del partido liberal, siendo las constituciones centralistas y los gobiernos conservadores los que se preocuparon por organizarlos.

Los sufragantes elegían directamente a los electores. El gobernador tendía a separar al votante primario del representante, y abría amplios tramos de coexistencia y acomodo para todos los intereses políticos. En todos los Congresos, casi siempre estuvieron representadas las principales tendencias que dividían a la clase política civil, excepto el que acompañó a la fórmula Santa Anna-Gómez Farías (1833-1834), donde los hombres de bien decidieron no participar, luego de la deposición de Anastasio Bustamante.

En 1858, el distrito se estableció como unidad electoral federal básica, lo que fraccionó el territorio y le permitió al Ejecutivo estatal influir en la elección de electores a nivel primario. Aunque buena parte de la preparación del proceso quedaba en manos de los presidentes municipales, el gobernador pudo tener el control vía jefaturas políticas (instancias intermedias entre el municipio y el gobierno local).^[23]

La elección indirecta, y no las limitaciones al sufragio vía censataria, fue el artificio de los liberales ilustrados para otorgar el control electoral a las élites y limitar al máximo el efecto de las masas en la integración de la representación nacional. Los colegios electorales a nivel estatal que eran presididos por los gobernadores se constituían en pequeños Parlamentos transitorios en los cuales las diversas corrientes políticas privilegiaban la negociación sobre la manipulación. En torno a las diputaciones, se desalentó la formación y permanencia de facciones al haber poco que negociar, y se daban apoyos mutuos para integrar las planillas de diputados federales (Medina, 2007, p. 294).

La definición de ciudadanía se hizo con base en el género, la edad y la vecindad, no en función de derechos y obligaciones. La Constitución otorgó amplias facultades a las juntas parroquiales para decidir sobre todos los incidentes, siendo la única instancia capaz de determinar quién era vecino y quién no. Tales juntas estaban dominadas por los criollos, que dejaron sin efecto las limitaciones constitucionales al sufragio. La única vía disponible para lograr estabilidad y participación era aprovechar la naturaleza indirecta de la elección para manipularla, lo que requirió el desarrollo de una serie de conductas, medios y usos informales que se perfeccionaron después de la restauración de la República en 1867.

Benito Juárez se reeligió dos veces sin mayor problema, gracias al prestigio adquirido, además de contar con el apoyo de la mayoría de los gobernadores, y Lerdo de Tejada, una en 1875. Los porfiristas se quejaron de compra de votos y de que los gobernadores habían maniobrado para eliminar la candidatura de Díaz de las boletas de electores.

Juárez solicitó el voto para el clero y permiso para que sus miembros pudieran ser elegidos en la Cámara de Diputados. Aunque se mantuvieron las restricciones que los excluían de ocupar cargos públicos, se les concedió derecho a votar (Case, 1975, p. 205).

Algunos conservadores contendieron para puestos federales o estatales en las elecciones de 1877, que llevaron a Porfirio Díaz al poder, lo que dividió a los liberales. El resultado contradijo un posible resurgimiento; pocos lograron ocupar un asiento en la Cámara de Diputados. Sus nombres no fueron fácilmente olvidados, desprestigiados por haber apoyado el Imperio y las políticas reaccionarias.

La práctica política sorteó la polarización de las élites, Porfirio Díaz logró convertirse en un factor de unidad. La regla de trato y relación política entre el gobernador y el presidente quedó establecida desde 1876, a través de un compromiso que se obtenía en el momento mismo de la designación de los candidatos, a cambio de respetar la autonomía en asuntos regionales. La representación federal al Congreso debía colaborar con el presidente y, sobre todo, estar dispuesta a votar su reelección. En los estados existían declaraciones de sitio; si los candidatos oficiales no triunfaban se suscitaban insurrecciones hasta que eran puestos los indicados por el centro (Case, 1975, p. 230).^[24]

A partir de 1867, se eliminó la vecindad como requisito para ser candidato y serlo en cualquier estado, lo que facilitó las designaciones, pues otorgaba al presidente amplios márgenes de maniobra. Muchas veces se proponían para la reelección diputados o senadores en funciones, lo que dejaba un cierto número de suplencias para ser llenadas por el mandatario local, al que se daba absoluta libertad para hacer las listas de candidatos a diputados al Congreso estatal y al Tribunal Superior de Justicia.^[25]

Poco a poco, se fue implantando una maquinaria orientada a diluir a la oposición y las luchas faccionales, conformada por instancias federales, estatales y agentes intermediarios locales, lo que inició una cultura política basada en la amistad. Aunque vio con renuencia la formación de partidos políticos que le disputaran el poder, Porfirio Díaz requirió de la organización de efímeros clubes políticos y en su momento de la Unión Liberal para legitimarse (Guerra, 1988, pp. 37-58). Estos acuerdos se observaron claramente a partir de 1884 y se consolidaron con la reforma constitucional de 1888, que permitió la reelección consecutiva del presidente y los gobernadores.^[26]

El federalismo

Cuando la independencia se consumó, existía un fuerte regionalismo: intereses en pugna, al margen y en oposición al centro político. El conservadurismo se materializó en los gobiernos locales, puesto que la única institución capaz de controlar la mayor parte del territorio era la Iglesia a través del dominio que ejercían las parroquias y sus representantes eclesiásticos (Annino, 1996, pp. 129-140).

El fracaso monárquico puso en peligro la unidad; las provincias estaban descontentas por la representación corporativa y desproporcionada en el Congreso y los intentos de centralización fiscal. Los conservadores postularon a los municipios como base orgánica y, en cada prefectura, los ayuntamientos tomaron el rango de “asambleas territoriales” con la facultad de aumentar sus bienes con contribuciones directas (Vázquez, 1997).

El federalismo no apareció como la coexistencia de territorios con cierto grado de autonomía, sino como un sistema de feudos que propició una clase política regional y caciquil, ociosa e inútil, revolucionaria y propiciatoria del desequilibrio político nacional.^[27]

Para atender las necesidades e intereses locales, el gobierno nacional emanado de la República centralista de 1836 pudo imponer su autoridad y mantener el control en las regiones. La centralización jurídica, política y administrativa trató de revertir el poder de los pueblos, vulnerando la soberanía de los estados al convertirlos en departamentos, distritos y partidos. Los centralistas intentaron poner fin a las soberanías locales, aunque no a las particularidades de cada provincia.^[28]

Cada departamento tenía una junta con funciones legislativas, consultivas y de promoción educativa y económica. Tuvieron amplias atribuciones, entre las que destacaron: las elecciones de presidente de la República, de los miembros del Supremo Poder Conservador, senadores e integrantes de la Suprema Corte de Justicia y Marcial, además de proponer la terna al gobierno general para el nombramiento de gobernador, con facultades ejecutivas sujetas al control de las autoridades nacionales.^[29]

Pese a que lo regional se subordinó a lo nacional, el grupo federalista moderado obtuvo algunas concesiones para los intereses locales, como la participación de las juntas elegidas por la población en los nombramientos de algunos funcionarios claves y las modificaciones en lo relativo a los ayuntamientos. En tanto, los federalistas radicales desarrollaron su carrera pública, lo que revela que no hubo un gran choque ideológico.

El gobierno de las Siete Leyes terminó ligado a intereses económicos regionales, por el aumento de contribuciones fiscales. A consecuencia de los constantes fracasos políticos, se produjo una fase separatista en Sonora, Yucatán y las Californias, que abonaron los persistentes levantamientos federalistas y revoluciones internas. La pérdida de Texas subrayó la falta de control político, económico y social del vasto territorio. Ni la monarquía, ni la república federal, ni la central habían logrado la unidad. Los territorios vulnerables jurídicamente y sumidos en la incertidumbre y el caos político no acababan de integrarse, identificarse y reconocerse con los distintos regímenes políticos, gobiernos e instituciones (Costeloe, 2000, pp. 150-153 y 179).

Con la vuelta al federalismo en 1846, los estados recuperaron su autonomía, reasumieron en mayor o menor grado su soberanía, pero al hacerlo, cada estado se percibió como nación independiente. Frente a la guerra con Estados Unidos, combatieron por el resguardo de su propio territorio. Factores tan cambiantes como la relación política de cada gobernador con el presidente, el balance de poder o la disponibilidad de hombres y dinero determinaron su intervención.^[30]

La falta de contacto entre el centro y las zonas periféricas, el proceso de fragmentación y regionalización del poder político, la diversidad étnica y, sobre todo, la permanencia de fuertes intereses económicos locales y regionales limitaron la capacidad del gobierno para integrar a la población (Reséndez, 1997, p. 431). El resultado fue consecuencia lógica de la anarquía, la ausencia de identidad nacional, la falta de cohesión en las clases dirigentes y la primacía de los intereses de partido por encima de los problemas nacionales.

Un lustro más tarde, en 1853, Santa Anna regresó al poder con Las bases para la administración de la República, que desaparecieron a los estados como entidades políticas, y suprimió sus Legislaturas.

La República restaurada también redujo la autonomía de los estados, a partir de la centralización en la esfera federal y la descentralización política. Como no hubo apoyo en los gobiernos locales, lo tomaron de los municipios, recurriendo a prácticas conservadoras contrarias a la Constitución de 1857. Los liberales buscaron fortalecer el federalismo para someter a las élites conservadoras locales.

Durante el Segundo Imperio (1865-1867), el territorio se reorganizó en 50 departamentos de proporciones similares y las fronteras de los estados se suprimieron (Merino, 2005, p. 180; Carmagnani, 1993, p. 175).

La década de 1880 a 1890 implicó una traslación de responsabilidades electorales de la Federación a los gobiernos de los estados. El federalismo habría de representar la única posible respuesta para mantener la unidad y propiciar la integración y cooperación política. Porfirio Díaz desmovilizó a los poderosos clanes locales; a los hombres fuertes regionales los favoreció económicamente y les permitió conservar alguna influencia social y política. En los límites de la acción política, todo podía ser tolerado salvo la sedición y la revuelta, o su amenaza. La resolución de conflictos por la vía judicial o con medidas policíacas quedó en manos de los gobernadores, quienes debían garantizar la paz, la tranquilidad pública y la estabilidad, sin hostigar innecesariamente a ninguna corriente política o grupo de ciudadanos.

En la práctica, se resolvió la tensión entre el centro y la periferia. La autonomía formal se vio consagrada con el reconocimiento de sus ámbitos de competencia. Un proceso limitado si se compara con la centralización que habría de llevarse a cabo después de la Constitución de 1917.

Conclusiones

Los sistemas políticos encuentran su razón de ser, funcionalidad y viabilidad a partir de los acuerdos que establecen los diferentes actores políticos y sociales (reglas informales), para procesar demandas y generar respuestas oportunas.

El siglo XIX estuvo marcado por múltiples intentos para unificar y vincular a una sociedad tradicional eminentemente patriarcal, heterogénea y antagónica en la que persistían rutinas, costumbres, procedimientos, hábitos o estilos de decisión heredados de 300 años de colonización.

Las mujeres tuvieron una activa participación en asuntos políticos, destacaron en la lucha armada y, por ende, fueron objeto de represión; ya fuera en el movimiento de Independencia de 1810, la guerra de Reforma (1858-60), la segunda intervención francesa (1863-67) o en la Revolución (1910-1920). Los ejércitos liberal y conservador estuvieron acompañados en distintos momentos por mujeres que ejercieron funciones de vivanderas o soldaderas, que sirvieron de mensajeras y enfermeras; como proveedoras, organizándose para recaudar fondos; o como espías, seduciendo al enemigo. Unas, apoyando a los liberales (Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario, Margarita Maza, Rita Zetina, Hermila Galindo), y otras, a los conservadores y al Imperio (la emperatriz Carlota, Concha Miramón), solo por mencionar algunas. Tal es el caso del movimiento Frente Único Pro Derechos de la Mujer (1935), que agrupó no solo a revolucionarias, sino también a conservadoras y sinarquistas. Todas con un objetivo en común: mayores márgenes de participación política, de libertad e igualdad de oportunidades.

Tendría que transcurrir alrededor de medio siglo de enfrentamientos políticos y sociales −internos y externos−, para que los actores llegaran a un acuerdo sobre la forma de gobierno que habría de integrar un país, culturalmente diverso y dividido…, a tratos políticos que mantuvieran la estabilidad en las regiones y entre los caudillos, y otro medio siglo para que el sufragio femenino fuera reconocido a nivel municipal (1947) y federal (1953). Tres Constituciones federales (1824, 1857, 1917), tres centralistas (1836, 1843, 1853), además de un Reglamento y un Estatuto que regularon las dos intentonas por establecer un imperio (1823, 1865).

Al menos hasta la década de 1880, la existencia real de un sistema político en México resulta cuestionable, dadas las persistentes condiciones de inestabilidad en que se encontraba el país, asolado interna y externamente. Si bien estaban presentes todos sus componentes, es decir, había autoridades, instituciones y normas, así como una comunidad política en constante interacción, el ambiente no era el más adecuado…

La autoridad cambiaba intermitentemente al compás de revueltas y pronunciamientos. En consecuencia, las normas e instituciones eran olímpicamente ignoradas o usadas a conveniencia para favorecer intereses particulares de políticos, militares, alto clero, terratenientes, propietarios y agiotistas inescrupulosos. Tenemos, entonces, una sociedad desigual compuesta por una minoría privilegiada, un sector femenino invisibilizado y oprimido, y una opinión pública limitada, pues en aquel tiempo la mayoría era analfabeta.

La construcción del sistema político comienza a darse una vez alcanzada la paz con la restauración de la República en 1867, aunque resultaría interrumpida de manera momentánea por la revuelta de Tuxtepec en 1876. Sería durante el Porfiriato cuando comienza a concretarse a partir del proyecto de progreso emprendido (obras de infraestructura, ferrocarriles, caminos) que unió y comunicó al país. La paz finalmente había llegado y perduraría alrededor de 40 años, hasta que nuevamente el orden sería perturbado con el movimiento revolucionario de 1910.

Por todo lo expuesto, en la memoria histórica legada por nuestros antecesores es posible atisbar los orígenes e incipientes rasgos de un sistema político. Sin embargo, no fructificó del todo al perderse en la vorágine de ambiciones e intereses personalistas y caudillescos. La teoría de un progreso lineal hacia un futuro radiante y esplendoroso se ha ido agotando en el tránsito de nuestras luchas y disputas internas, pasadas y actuales. Seguimos siendo un país dividido y desigual, pese a los contradictorios y retóricos llamados a la unidad que emanan desde las cúpulas del poder.

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