Debate ideológico y prácticas políticas

Héctor Zamitiz Gamboa^[1]

Introducción

El término narrativa se ha vuelto de uso común. Lo empleamos para descifrar los argumentos que ofrecen quienes buscan legitimarse en la opinión pública. El concepto, entonces, hace posible distinguir las diversas posiciones políticas que se pueden identificar: de izquierda, de derecha, liberales, conservadores, populistas, etcétera (Semo, 2024, p. 18).

Se entiende por narrativa “los artificios, estrategias y convenciones que gobiernan la organización de un relato (de ficción o real) en una secuencia”. Referida usualmente al ámbito literario, la narrativa es también una práctica externa a la actividad de los profesionales de la literatura, pues debe entenderse como una práctica común cuando se ponen en juego dos categorías que forman los artificios y las estrategias de la narrativa: la trama y la narración. La primera se relaciona con la estructura de los hechos narrados; la segunda, con los recursos que emplea el narrador para captar y mantener la atención del receptor. Mientras que la primera está asociada con la sustancia de un relato, la segunda se refiere a la manera en que esa sustancia se da a conocer (IFE, 2003, p. 75).

Las narrativas contienen creencias y nociones que se adoptan de manera irreflexiva, aunque esto no es exclusivo de la narrativa, puesto que una cantidad de discursos no articulados narrativamente operan del mismo modo. No obstante, esta adopción de supuestos es consustancial a tales estrategias. Al relatar una historia se requiere introducir un acontecimiento o un estado de cosas que rompa con lo considerado rutinario o normal.

La narrativa, sea falaz o no lo sea, se dirige a nuestra escasa capacidad de fijarnos en secuencias de hechos sin tejer una explicación o, lo que es igual, sin forzar un vínculo lógico, pues son las explicaciones las que atan los hechos. Hacen que se pueda recordar mejor; ayudan las que tengan más sentido. Al respecto señala Taleb (2013, p. 17) que “el problema de la narratividad aunque ha sido estudiado exhaustivamente por los psicólogos en una de sus versiones, no es tan ‘psicológico’”, algo referente a la forma en que están diseñadas las disciplinas oculta la cuestión de que es más bien un problema de información, aunque para Ilán Semo (2024) la información supone un movimiento contrario al de la narración. Cada día, el lector de periódicos lo que encuentra son noticias intercambiables, fulgurantes y, finalmente, pasajeras, indiferenciadas. “El sentimiento que inducen en él no es el sentido, sino la saturación. Y las derivas inmediatas de la saturación son la indiferencia y el agotamiento” (Semo, 2024, p. 18).

En cuanto al carácter público de las narrativas, la distinción entre los tipos de ambiente en que se cuentan las historias posee interés por dos hechos: primero, porque los “espacios públicos” que se producen en los microambientes se relacionan con formas alternativas de vida pública; segundo, por el potencial que poseen para desarrollar actitudes y hábitos que acaso lleguen a desplegarse en el espacio público político (IFE, 2003, p. 78).

De acuerdo con la línea argumental hasta aquí seguida, las narrativas no consisten en un mero “contar cuentos”, como podría suponerse. A la vez que son constitutivas de aquello que es objeto de narración, también son formativas en el proceso de significación. Pretenden generar interés en la gente para que tome posición sobre lo que se encuentra en disputa en la sociedad política, además de que las narrativas son las que internaliza la gente para participar en estas. Las narrativas, por tanto, ponen en juego un saber común, una integración cognoscitiva y, probablemente, también en el campo de ciertos valores, que a su vez resulta constitutiva de la vida pública, pues alimentan la vida de la polis y configuran el nutriente de la vida cívica (IFE, 2003, p. 78).

En suma, la narrativa muestra su utilidad, pues el discurso se organiza de tal forma que apoya ciertas decisiones que alguien interesado debe tomar. En general, la narrativa aunque dúctil no es suficiente, entonces se tiene que recurrir a un argumento ideológico que la sustenta, aunque este se encuentra en un nivel de elaboración mayor. David Howarth (1995) afirma que a la teoría del discurso le interesa el papel que representan las prácticas e ideas sociales significativas en la vida política. Analiza de qué manera los sistemas de significado o “discursos” configuran la comprensión que las personas tienen de sus propios roles sociales y cómo influyen en sus actividades políticas. Sin embargo, los discursos no son ideologías en el sentido tradicional o estricto de la palabra (o sea, conjuntos de ideas a través de las que los actores sociales explican y justifican su acción social organizada). El concepto de discurso incluye en su marco de referencia todo tipo de prácticas sociales o políticas, así como instituciones y organizaciones (Howarth, 1995, p. 125).

Conforme al tema que nos ocupa, podemos afirmar que, al igual que en muchos otros países, el discurso en defensa de la democracia liberal se enfrenta a otro discurso que manifiesta: “Nosotros también somos demócratas, pero tenemos otra concepción de la democracia”. La distinción del que defiende la democracia liberal es que piensa a la democracia como “controles del poder y, por tanto, límites a la decisión de la mayoría”, frente a otros que dicen que “la mayoría siempre necesariamente tiene que decidir”. El debate tiene que ver con cómo se concibe la democracia: ¿es un fin o un medio para alcanzar una sociedad más justa? Así, se termina cuestionando un relato o una narrativa sobre una concepción abstracta o purista de la democracia, por no haber cumplido del todo con las demandas más urgentes de la sociedad.

La elección de 2018 sacudió la escena política mexicana. El movimiento lopezobradorista pasó de ser oposición a obtener la presidencia de la República y la mayoría en ambas Cámaras. El reacomodo de fuerzas políticas no respondió únicamente a un contexto político-electoral, sino que ha sido una disputa permanente entre dos proyectos políticos. Con la victoria electoral de la Cuarta Transformación, las reformas constitucionales iniciaron una reorientación en sentidos relevantes en el proyecto nacional, como los grandes proyectos de inversión, el rescate de Pemex y la CFE, así como la política social (Delgado Shelley, 2024, p. 23), por lo cual afirmamos que el enfrentamiento entre proyectos de nación diferentes es perfectamente claro.

Han sido muchos los temas que han nutrido un intenso debate en México de 2018 a la fecha, pero hay uno que ha sido transversal y tal vez el más simbólico, enarbolado por la oposición que enfrenta al gobierno de López Obrador: la defensa de la democracia. Conforme se fue acercando la fecha de las elecciones de 2021 y de 2024 se convirtió nuevamente en un tema central de disputa. Conviene volver a hacer la pregunta que desde los años 80 se formuló en nuestro país: ¿a quién interesa la democracia en México?,^[2] a la que deberíamos añadir la siguiente: ¿cuáles fueron los factores de poder interesados en su desarrollo?

Para Andrés Manuel López Obrador –escribió Enrique Calderón Alzati– la democracia significaba conocer a través de una consulta nacional qué pensaría la sociedad mexicana en su conjunto sobre su programa de gobierno, pero sobre todo le permitiría iniciar un programa que facultara a los mexicanos comprender lo que es la democracia y que su logro depende de la participación del pueblo, como del gobierno; “es probable que al principio muchos no comprendan cuál es la esencia de la democracia, pero sé que terminaremos logrando que nuestro país sea realmente democrático” (Calderón Alzati, 2019, p. 15).

El presente capítulo pretende situar las narrativas y contranarrativas de la democracia mexicana a través de reseñar acontecimientos significativos, así como las prácticas políticas que las acompañaron de 2018 a 2024. Consideramos que es importante comprender los términos del debate y comprobar que gira en torno a la construcción y confrontación de dos proyectos políticos,^[3] en el que uno de ellos –el que se encuentra en el poder– es el interesado ahora en impulsar una serie de reformas constitucionales, entre las que se encuentran una reforma al Poder Judicial y una reforma político-electoral.

El discurso sobre el gobierno de AMLO y su narrativa sobre la Cuarta Transformación

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en julio de 2018, el país empezó a vivir una etapa particularmente confusa y un momento enormemente crispado. El México visto desde el discurso de las élites tecnocráticas que durante tanto tiempo dominó nuestra conversación pública perdió su predominio monopólico casi de un día para otro, pues irrumpieron en la escena nacional una nueva constelación de fuerzas y un líder político que sacudió las certezas, los lenguajes, la concepción del gobierno y su relación con la sociedad (Heredia y Gómez Bruera, 2021, p. 17).

La llamada Cuarta Transformación del régimen político mexicano se convirtió en una narrativa y en un ejercicio de interpretación en sí misma, al ser un claro ejemplo de un interrogatorio con el pasado desde el presente, desde un proyecto de nación de izquierda que buscó modificar instituciones y prácticas muy arraigadas. Señala Meyer (2021, p. 37) al respecto: “La historiografía política, como la realidad de la que se nutre –el ejercicio de poder– es, entre otras cosas, un campo de batalla. Los hechos históricos mismos son inmodificables, pero no su narrativa y su interpretación”.

No obstante, el triunfo colosal de López Obrador con 53 por ciento de los votos generó un entusiasmo nacional poco común, que se hizo extensivo a buena parte de la izquierda mexicana, incluso a la que provenía del extinto Partido Comunista. Y aunque no dejó de preocupar a buena parte de los ricos y poderosos, pronto varios de los más acaudalados y famosos se integraron a un nuevo Consejo Asesor Empresarial del presidente.

Ahora bien, afirmó González Casanova (2019) que a pocos días del nuevo gobierno, la historia de sus contradicciones surgió, y si en la izquierda gubernamental se arguyó con la lógica de que no se podía ir más lejos, en la banca y las corporaciones por su parte se acentuaron medidas de presión tanto con los valores financieros como con la moneda, la gasolina y el petróleo, que parecieron retar al nuevo gobernante a confirmar su firmeza o a negociar lo no negociable.

Como es bien sabido, la primera respuesta del presidente pareció que los actos de gobierno confirmaban su firmeza al anular un proyecto de aeropuerto en Texcoco, lugar próximo a la Ciudad de México, que no solo había sido considerado inviable por diferentes expertos, sino al que se habían opuesto, una y otra vez, los pueblos aledaños, con tenacidad y valentía impresionantes.

La crítica de la derecha a la cancelación de la obra no se hizo esperar, lo que le valió al presidente todo tipo de ataques por cuanto medio pudieron lanzar los inversionistas afectados y sus cómplices, quienes tacharon de irresponsable al presidente al no tomar en cuenta que ya se habían invertido cientos de millones de pesos que él tiraba por la borda, como si todavía estuviera en la campaña electoral y no se diera cuenta de su responsabilidad de gobernar.

Fue así como empezó a darse abiertamente –en las palabras y las decisiones– la lucha por definir al nuevo gobierno. En ella pareció ir triunfando el verdadero poder de la derecha, no sin escollos oficiales que frente a crecientes presiones el presidente luchó por vencer. La destreza con que enfrentó ese y otros problemas planteados pareció advertirse en las concesiones que hizo a uno y otro embates, entre críticas y asentimientos con que fue respondiendo a los ricos y poderosos y a la izquierda que lo acompañaba (González Casanova, 2019).

El presidente López Obrador se autoidentificó como de izquierda y nombró a sus críticos y adversarios conservadores. El referente general a partir del cual categorizó a las fuerzas políticas es una interpretación de la historia nacional en la que su presidencia representa una ruptura radical con el pasado. Sin embargo, afirma Soledad Loaeza (2020) que los temas que fracturan hoy a la sociedad son distintos de los que sostuvieron la oposición izquierda-derecha durante la mayor parte del siglo XX y las líneas de definición de este antagonismo se han borrado; en consecuencia, no solo falta claridad en la definición, sino también precisión. “Andrés Manuel propone una renovación de la izquierda mexicana, pero en realidad su oferta política contiene buena parte de lo que antes ofrecía la derecha” (Loaeza, 2020). Un ejemplo es el Estado laico, que era una bandera de la izquierda, pero hoy quienes se acogen a ella cierran oídos y ojos a sus pronunciamientos religiosos y su apoyo a las iglesias evangélicas.

Luego entonces, a partir de la llegada de la Cuarta Transformación con un gobierno centralizado en la toma de decisiones, personalista en muchos sentidos y poco acostumbrado a un debate con reglas democráticas, lo primero que hubo que reflexionar fue: ¿cómo entiende la democracia López Obrador? Evidentemente el presidente de la República entiende la democracia en forma diferente al consenso que se había observado en sexenios anteriores; en el sentido de que ahora se ejerce de “abajo hacia arriba”, como lo mencionó en repetidas ocasiones en sus discursos.

Al inicio de su gobierno, el contenido de la Cuarta Transformación era para muchos un enigma, pero tenía una premisa política indudable, la concentración del poder político en el Ejecutivo federal y en la persona del presidente, pues de eso dependía la gobernabilidad del nuevo régimen, frente a los problemas que enfrentaría, aunque el centralismo que se avecinaba

… era un intento mucho más radical de control directo, mediante una pequeña red que respondiera personalmente al titular del Ejecutivo. La Cuarta Transformación, suponía, también una reorganización del gobierno, nuevas medidas de política económica, un ajuste drástico en el gasto gubernamental y la creación de nuevos programas sociales (Escalante Gonzalbo, 2018).

Asimismo, también se vislumbró que dicho cambio no sería fácil y llevaría tiempo, pues se enfrentaría a restricciones económicas, políticas, legales y a las resistencias de los afectados. Es importante destacar que López Obrador llegó con un liderazgo social y político fuera de duda, tenía las condiciones para ser exitoso en su gestión; aunque, víctima de su triunfo, terminó por entrar al esquema de la “restauración del presidencialismo hegemónico”. Buscaba pasar a la historia y la ventaja legislativa con la que llegó al poder podía significar la puerta para que su gobierno adquiriera un corte social, controlar a quienes ejercían el poder y se corrompían (Carrasco Araizaga, 2018, p. 18).

Entender en su inicio la llamada Cuarta Transformación no fue tarea sencilla, como tampoco lo fue descifrar el tipo de juego político –si acaso un nuevo régimen– que se inauguró en México a raíz de las elecciones de julio de 2018.^[4] Aunque uno de los objetivos centrales parecía ser resquebrajar el orden oligárquico –el cual debe ser entendido como neoliberal–, que caracterizó la transición y la democracia existente. Para algunos autores, durante el primer año de gobierno no se había logrado esclarecer el tipo de orden político –y económico– que López Obrador estaba buscando configurar, mucho menos el que de facto se estaba edificando.

Estuvimos, en este sentido, ante un juego en construcción, un rompecabezas que se fue armando sobre la marcha, con muchas dificultades, vacilaciones e incertidumbres. No fue sencillo entender lo que se encontraba en marcha, en parte, porque, en sus inicios, la autoproclamada “Cuarta Transformación” se encontraba en marcha. El único vocero e interprete autorizado es la misma persona que llevaba las riendas de la operación cotidiana del aparato gubernamental, es decir, el propio López Obrador (Heredia y Gómez Bruera, 2021, p. 18).

Por otra parte, tanto el lopezobradorismo como el movimiento de regeneración nacional contaron, en un inicio, con una producción intelectual limitada para darle sustento, en el sentido de que no ha existido un cuerpo sólido de carácter doctrinal. Por otra parte, el análisis que nos ofreció la mayor cantidad de los intelectuales públicos, comentaristas y periodistas detractores de su gobierno recurrió como punto de partida a la descalificación o a la extrema caricaturización de López Obrador.

Cabe señalar, sin embargo, que cuando empezó a referirse a la prensa fifí (medios “conservadores” y “neoliberales”) como los “enemigos del régimen”, expresión reiterada en sus discursos, es decir, a “los que se oponían a sus proyectos”, “a los que no tenían llenadera”, “a los que querían mantener un régimen corrupto”, fue señalado como populista, que al igual que otros gobernantes, había decidido señalar a los medios independientes como sus enemigos (Sarmiento, 2019, p. 10).

La crítica al populismo del gobierno de López Obrador fue permanente en el ámbito académico, periodístico y en los medios de comunicación electrónicos.

En marzo de 2023, apareció publicado el libro El pueblo y yo, de Enrique Krauze, en el que escribe su querella con el populismo latinoamericano –en particular el venezolano–, y en el que considera un deber desenmascarar al populismo como “mutación de los totalitarismos del siglo XX, que utilizan a la democracia para acabar con ella”. Para Krauze (2023), el ensayo El Mesías tropical, en el que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, había resultado profético desde 2006 y lo confirmó el resultado de 2018, cuando este último llegó al poder.

Se puede afirmar que dicho ensayo marcó el inicio de la discusión sobre el populismo en México. Al respecto, escribe Víctor M. Toledo (2021, p. 14) que este texto circuló profusamente en los medios, además de que terminó siendo enviado por el gerente de Banamex a sus decenas de miles de clientes.

Durante la gestión de la pandemia, varios académicos plantearon que el fenómeno de salud pública había revelado un patrón de modelos de gobernabilidad, en un continuo que iba desde un extremo autoritario hasta otro democrático y, en medio, diversos modelos híbridos que adoptaron una variedad de combinaciones, algunas más autoritarias, otras más democráticas. En su afán por demostrar que, durante los periodos más críticos de la pandemia, se desprotegieron derechos sociales, políticos y civiles, pero también económicos y culturales, Aguiar y Barrientos (2021) se preguntaron: ¿qué podemos esperar de Estados cuyas instituciones y actores no toman con seriedad los cambios sociopolíticos reclamados por la pandemia?

Interesados más en cuestionar al gobierno de López Obrador y sin estudios comparativos sistemáticos que destacaran los factores que diferenciaban la gestión gubernamental de la pandemia, lo calificaron como líder populista, entre otros gobernantes, como Jair Bolsonaro (Brasil) y Donald Trump (Estados Unidos) (Aguiar y Barrientos, 2021).

Por lo que respecta a algunos de los libros publicados, mencionaremos el de Israel Covarrubias (2023), La fascinación del populismo. Razones y sin razones de una forma política actual, en el que este autor dedica un capítulo para discutir algunos rasgos principales que caracterizan la performance de Andrés Manuel López Obrador, específicamente las bases simbólicas que soportan su figura en la política nacional mexicana, donde su liderazgo de tipo carismático y su retórica antagónica son uno de sus atributos centrales para considerarlo populista.

Se publicó también el libro colectivo Populismo y el México de hoy, que intenta hacer un recuento del populismo en su dimensión teórica, en las causas que lo generan y que ofrece un primer balance de sus resultados en México (Pérez y Hernández, 2023).

No debemos dejar de reseñar la serie documental Populismo en América Latina, dirigida por Amara García y Orellana (2018), disponible en Amazon Prime, pues dicho documental se puede considerar el punto de partida de la narrativa en la que, desde el inicio de la campaña presidencial, se señaló a López Obrador como líder populista. A lo largo de la serie de cinco capítulos se aborda el tema del populismo desde sus orígenes en la antigua Rusia hasta su expansión en América Latina, principalmente en Argentina, Brasil, Venezuela y México.

Por lo que respecta a la revista Nexos, hicimos una revisión de 75 números publicados entre enero de 2017 y diciembre de 2023, e identificamos 34 artículos que tratan sobre el populismo. En algunos de ellos, las y los autores reflexionan en torno a las concepciones y críticas que se tienen sobre el término. De los 34 artículos identificados, 19 abordan el tema del populismo y catalogan a López Obrador como un líder populista, lo comparan con algunos otros líderes que comparten características similares a las del tabasqueño en su ascenso al poder y en la orientación de sus decisiones políticas.

Es importante destacar que parte de estos artículos aborda la situación que experimentan países de Latinoamérica y Europa frente al ascenso de líderes populistas en las democracias contemporáneas. Asimismo, observamos que con la pandemia de covid-19 se recrudeció la confrontación en el discurso político entre “enemigos comunes”, “pueblo vs. élites” o “neoliberalismo vs. populismo”, es decir, ciudadanos alineados a los líderes populistas contra los ciudadanos y actores políticos que no comulgan con sus posicionamientos. Es importante destacar que parte de la narrativa del populismo se incrementó significativamente con el arribo de Donald Trump en su primera gestión a la presidencia de los Estados Unidos en 2017.

En relación con el periódico La Jornada, Paxman (2024) señala que los críticos de López Obrador le dieron mucha importancia al hecho de que el periódico había recibido más publicidad oficial que cualquier otro medio de comunicación, salvo Televisa y TV Azteca, lo cual era evidencia de que el diario se había convertido en un órgano de propaganda del sexenio de López Obrador; sin embargo tal caracterización no es del todo acertada, pues si bien el periódico publicó artículos que refutaron la narrativa del populismo lopezobradorista, publicó también artículos de voces críticas.

Aunque los autores se multiplicaron y los libros y artículos relacionados cobraron sentido de pertenencia en distintas disciplinas, no se tiene aún una definición acabada de populismo, tampoco de todos y cada uno de los elementos que lo componen. No obstante, hacemos referencia aquí a la siguiente definición:

En términos muy generales, el populismo tiene como sustantivo la recuperación de un sujeto social. El marxismo tenía como centro del análisis las clases sociales. Y había una clase trabajadora que creaba la riqueza y que se significaba porque era explotada, y la riqueza que producía el trabajador se la quedaba el capitalista, y entonces el trabajador era el centro, era el creador, era el universo a partir del cual se movía lo esencial de la sociedad. […] Con el tiempo esa clase ya no tuvo la misma consistencia porque aparecieron las clases medias, porque el valor lo puede crear un prestador de servicios, como puede ser un fontanero o puede ser un albañil, y entonces esos sujetos que tienen su propio negocio ya no caben en la clase obrera y cada vez son más numerosos […]. Entonces se perdió eso y analíticamente dejó de concebirse con precisión cómo interactuaban los sujetos de la sociedad, y lo que hace el populismo es crear un nuevo sujeto que se llama pueblo. El pueblo es el pueblo bueno, el pueblo creador, el pueblo trabajador, y los otros son otra cosa, no son pueblo, son corruptos o son lo que sea, en este caso (Pérez, 2024).

Las bases discursivas y programáticas del cambio de régimen

Consideramos que es importante recuperar lo que se podría denominar las bases discursivas y programáticas de la Cuarta Transformación, toda vez que le dan sentido al ejercicio de gobierno, no ausente de un cariz autoritario y muchas veces contradictorio, debido a que resultaba relativamente sencillo entender los objetivos explícitos del gobierno, pero no la forma para alcanzarlos.

Si revisamos el mensaje a la nación pronunciado por el presidente López Obrador en su toma de protesta el 1.º de diciembre de 2018, encontramos lo siguiente: “Por mandato del pueblo iniciamos hoy la Cuarta Transformación política de México, puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político” (López Obrador, 2018).

En dicho discurso, López Obrador establece los siguientes postulados:

• La crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal, aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en dicho periodo de la corrupción pública y privada.
• El distintivo del neoliberalismo es la corrupción, mientras que la privatización ha sido un sinónimo de corrupción.
• El poder político y el poder económico se nutrieron mutuamente e implantaron como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación.
• Regenerar la vida pública de México requiere no solo condenar al régimen neoliberal señalando su manifiesto fracaso y su evidente corrupción, sino hacer todo lo posible por abolir a dicho régimen.

En el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) (PND) observamos un diagnóstico del país que elaboró dicho gobierno, así como una serie de propuestas que integran su proyecto de nación, en el que se señala como elemento principal: construir un nuevo pacto social capaz de contener y remontar la crisis existente en el país. ¿Realmente el gobierno de López Obrador buscaba construir un nuevo pacto social?

• La premisa del PND es que los diversos sectores de la sociedad mexicana necesitan objetivos nacionales distintos que los instaurados por el neoliberalismo, una nueva ruta para alcanzarlos y un nuevo conjunto de reglas explícitas e implícitas de convivencia.
• Para el titular del Ejecutivo la elaboración del PND (2019-2024) “recoge el cambio de paradigma aprobado en las urnas el 1.º de julio de 2018 y ese cambio incluye el del concepto mismo de desarrollo” (DOF, 2019).

Para algunos analistas, López Obrador obtuvo la presidencia de la República no solamente por aspectos circunstanciales, como haber tendido una estrategia de comunicación efectiva o el hartazgo del electorado ante la corrupción de Enrique Peña Nieto. Por el contrario, su triunfo se incubó en razones sistémicas: un electorado cansado de un modelo económico e institucional que no daba suficientes resultados para la mayoría y, sobre todo, en la capacidad de López Obrador para traducir y diagnosticar que esa falta de resultados se debía, en gran medida, a la existencia de una élite económica y política; es decir, grupos en el poder que han capturado beneficios económicos superiores al resto de la población a partir del aprovechamiento de un marco institucional formal que los favorece, los cuales habían sido sus adversarios de siempre en su larga carrera política (por ejemplo, determinados empresarios).

Algunos empresarios se preguntaban que, si bien el foco de su gestión estaría puesto en los resultados de sus políticas públicas, al ser un gobierno de “ruptura” se preguntaban si estarían ante un nuevo régimen político, toda vez que, dentro de los múltiples cambios, uno de los más evidentes se refería a las relaciones del poder público con el dinero. Leopoldo Gómez escribió: “La influencia del capital en el gobierno se ha desdibujado y el empresariado ha quedado a la expectativa y sin la ascendencia que tenía en el pasado” (Gómez, 2019).

No obstante, desde su inicio, se tuvo la impresión de que los partidos opositores no habían logrado comprender este diagnóstico ni las razones por las cuales López Obrador tenía esa atracción política; su discurso lo han clasificado como un argumento demagógico, simplista y autoritario, cometiendo el error de equiparar la crítica a las élites con un burdo antipluralismo y un peligro para la democracia. Algunos incluso creyeron que la narrativa era solo una estrategia de persuasión, un discurso sin fundamento abanderado por votantes “ignorantes, manipulados o resentidos”, en pocas palabras, “quienes se opusieron retóricamente a López Obrador lo hicieron desde la renuncia a entender y traducir los agravios que le daban fuerza” (Ríos, 2021, p. 80).

Ya avanzado su gobierno, el “poder del discurso”, así entendido, se manifestó con peculiar claridad en el debate político en el país. En efecto, el ámbito político es por definición la arena donde se lucha incesantemente por incorporar sentidos diferentes –y a veces contrapuestos– a la realidad económica o social; por definir polémicamente las prácticas y las metas sociales en términos valorativos; por hacer prevalecer determinado sentido de los orígenes y de la historia de una determinada formación social; por imponer determinada idea o proyecto de nación.

Para Meyenberg (2023), no fue solo un discurso de campaña el que llevó a López Obrador al poder, sino también los años de relatos que inventó para ajustar su personaje, sus estrategias políticas y su intención persuasiva a las circunstancias del momento. Una de las fuentes de inspiración de la narrativa de López Obrador es decidir qué queda dentro de su interpretación de la historia de nuestro país, además de quiénes son, a su juicio, los personajes que han escrito de ella los capítulos más trascendentes.

Uno de los marcos que forman parte de la narrativa es el populismo. “Como todo buen populista, López Obrador considera al pueblo el actor protagónico del cambio, por eso tiene un amplio repertorio de frases para referirse a él y, en el sentido contrario, también para señalar a sus enemigos” (Meyenberg, 2023, p. 13). Asimismo, Morena, el partido-movimiento que llevó a López Obrador al poder, es importante entenderlo como una organización, a través de la cual ejerce el control sobre la agenda proselitista y sobre la acumulación del capital político, lo cual le permitió gobernar, en poco tiempo, dos tercios de los estados de la República.

Meyenberg (2023) afirma que entender la narrativa de su poder e identificar su carácter particular implica reconocer que López Obrador cuando se siente más cómodo es confrontando al statu quo, en el que el pilar de comunicación del Palacio Nacional es la conferencia de prensa matutina, cuyo vocero es el propio presidente. “Esta es el instrumento que se usa para mantener viva la causa”. Más que un ejercicio de rendición de cuentas, la convocatoria matutina es el mecanismo que usa para ofrecer la versión oficial de la realidad:

… lo que resulta irónico, destaca la autora, es que haya encontrado una fórmula para mantener vivo el conflicto a través de un retruécano al que acude siempre: desvanecer la línea divisoria entre pasado y presente para poder seguir señalando a los vencidos como culpables de lo que él no ha podido resolver (Meyenberg, 2023, p. 15).

Los ejercicios democráticos impulsados por el gobierno de AMLO

Después de las elecciones intermedias celebradas el 6 de junio de 2021, en la agenda política presidencial se encontraba una consulta popular sobre el posible enjuiciamiento a los expresidentes de la República, con el fin de “preguntar al pueblo” sobre un asunto inédito y de trascendencia nacional.

Para algunos académicos, la consulta popular era la prioridad política inmediata del presidente Andrés Manuel López Obrador previa a la revocación del mandato, pues de este ejercicio de participación no solo dependía la continuidad de su gobierno, sino también la fortaleza con la que su partido llegaría a la sucesión presidencial en 2024.

Es pertinente señalar que López Obrador durante su gestión ya había promovido tales ejercicios (con respecto a la construcción del aeropuerto en Texcoco, la planta eléctrica de Huesca, Morelos, una cervecera en Mexicali y el Tren Maya, así como la inclusión en la Carta Magna de las consultas regulares de revocación de mandato).

Sin embargo, la consulta popular solicitada por el jefe del Ejecutivo para llevar a juicio a los expresidentes de la República fue revisada constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organizada por el INE (órgano electoral que gestionó de diversas formas recursos económicos específicos que no le fueron otorgados), en la que potencialmente 93 millones de ciudadanos podrían haber participado para opinar sobre una pregunta cuya redacción modificó.

Para su realización, el Congreso federal adecuó las leyes en la materia y la oposición al gobierno de López Obrador participó e incidió en los cambios y adiciones a la ley, en particular separar la consulta popular de la fecha de las elecciones federales para la renovación de la Cámara de Diputados, lo cual evitaría costos adicionales, así como que estas influyeran en la preferencia de los votantes; lo cual seguramente hubiera sucedido. Así, al disociarla de la jornada electoral general, inició un cierto debilitamiento como instrumento de legitimación de una decisión gubernamental del régimen político que buscaba la participación política de la ciudadanía.

Por esto, desde que López Obrador hizo explícita su propuesta de enjuiciar a los expresidentes de la República hasta la fecha de su realización, pasaron aproximadamente tres años, el contexto cambió y la iniciativa pasó por una serie de intermediaciones que limitaron sus alcances. En este sentido, se puede afirmar que la ley reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobada con los contrapesos existentes en el Congreso general.

No obstante, debemos considerar que la consulta popular del 1.° de agosto de 2021 se registrará como una consulta nacional con sustento legal del México moderno, la cual, como iniciativa presidencial, perdió fuerza en su convocatoria cuando en octubre de 2020 experimentó un segundo debilitamiento, pues fue aprobada por una cerrada votación entre los ministros (seis sufragios a favor contra cinco) para darle carácter constitucional a la propuesta y, luego, por ocho votos contra tres, para reformular la pregunta que expresamente planteaba legitimar una acción de justicia contra cinco expresidentes citados con nombre y apellido.

Empero, volvió a debilitarse cuando el INE solicitó suficiencia presupuestal y al no conseguirla, la campaña de promoción que asumió el órgano electoral fue casi imperceptible por la población, pues presentó, entre otros problemas, que la ciudadanía no ubicara con facilidad el lugar de la mesa receptora de su voto.^[5]

El propio López Obrador, con las limitaciones que le imponía la ley electoral, invitó a votar durante los 15 días establecidos para su difusión, pero también contribuyó a que perdiera empuje su propuesta, pues manifestó su decisión de no participar en la consulta.

El que la consulta popular y después la revocación de mandato se hubieran puesto en práctica para López Obrador era un objetivo importante, al ejercer ambos mecanismos de democracia directa –a pesar del porcentaje de votación que se requiere en el texto constitucional para que se consideren vinculantes: 40 % de votos–.

Cabe señalar que los partidos de oposición y un sector significativo de la población criticaron la revocación de mandato por haber sido una iniciativa del presidente y no de la población, por ello se consideró como una justificación de su mandato, y no como un ejercicio de posible revocación de este.

La edificación de la democracia mexicana

Es importante considerar la importancia del debate público en nuestro país en el periodo de transición a la democracia y, después, en el tránsito hacia su consolidación. ¿Realmente existió un debate democrático en muchos de los ámbitos del espacio público con el poder antes de 2018?

Conviene recordar que la edificación de la democracia mexicana fue un empeño compartido por casi todas las fuerzas y corrientes políticas, por la prensa y por la sociedad civil. Las reglas esenciales que establecieron el pluralismo llegaron en un momento de expansión económica que favoreció el arreglo institucional. Las mutaciones políticas y sociales que vivió el país durante el último cuarto de siglo, afirma Ricardo Becerra, fueron vistas como un resultado no de la visión de personajes estelares, de un diseño “integral”, ni de un gran pacto fundacional que lo redefinió todo, aunque, después,

… la vida democrática de México se había nublado y había perdido su breve aura; una sucesión de acontecimientos, decisiones políticas, reacciones y circunstancias a lo largo de los últimos años complicaron el funcionamiento democrático y crearon una atmósfera de inconformidad y de agrio malestar entre capas cada vez más amplias de nuestra sociedad (Becerra, 2017a).

En México, se ha dicho muchas veces, construir la democracia significó establecer reglas electorales limpias y confiables y, paralelamente, construir auténticos partidos nacionales. Ambas cuestiones definieron la agenda de la democratización y la expresión transición democrática se convirtió en el concepto clave para la lucha política que resultó útil para entender el proceso político centrado en la lucha por instituciones electorales fiables, aceptadas por los contendientes y sin grandes modificaciones a la Constitución (Becerra, 2017b, p. 33).

En 2021, Soledad Loaeza afirmó que añoraba los días en que se discutían las reformas electorales, confiados en que eran un insustituible instrumento de cambio, puesto que serían un agente de la formación de partidos, de conductas cívicas, de un personal político, más educado, más profesional, pero el destino de los treinta años de reformismo político parecía sellado por la voluntad presidencial de liquidar el sueño pluralista que impulsó el desmantelamiento de la hegemonía del PRI.

No obstante, Loaeza afirma que el presidente había expresado una y otra vez el poco aprecio que le merecen los partidos (incluso el suyo y todos a los que ha pertenecido), pero sería un exceso atribuirle el fracaso del pluralismo, ya que muchos factores intervinieron antes que él en el proceso político que nos ha traído adonde hoy estamos. Sin embargo, el presidente se había limitado a aprovechar la debilidad de los partidos, para colocarse en el centro del monolito que estaba construyendo en el espacio que le corresponde a la presidencia de la República (Loaeza, 2021). La reflexión de Loaeza es acompañada por la siguiente crítica puntual:

Desde principios de los años noventa algunos llamábamos la atención a los riesgos que implicaba la debilidad de los partidos que no habían logrado construirse un electorado firme, demasiado ocupados estaban en resolver pleitos personales, disputas menores y altercados. Hoy es lo mismo, a los políticos profesionales lo único que les interesa son los otros políticos profesionales. Habría que exigirles que defiendan con más determinación los últimos treinta años de nuestra historia política, el pluralismo, el voto (Loaeza, 2021).

Discurso en contra del que no reconoce el periodo de transición hacia la democracia

Mauricio Merino (2023) participa en este debate e invita a dignificar las palabras o al menos, con modestia, discutir su significado para evitar que cada una de ellas abandone para siempre lo que alguna vez quisieron decir y se vuelvan en contra de sí mismas o, peor aún, que se conviertan en arma arrojadiza de unos contra otros. En primer lugar, afirma que hoy estamos en la necesidad e, incluso, la obligación de reconocer que el proyecto democrático que le otorgó sentido a los últimos años del siglo XX, y que orientó la reflexión y la acción política durante los primeros lustros del actual, ya no funciona más.

Merino afirma que el presidente López Obrador sabe de sobra que hubo una transición democrática y que es imposible suponer siquiera que lo ignora.

Sin embargo, ha preferido acallarla y ha creado una realidad imaginaria, según la cual todo lo sucedido no fue sino la continuación del viejo régimen, además de decir que las instituciones electorales que lo cobijaron para ganar las elecciones hicieron fraude siempre. Montado sobre esa negación de los hechos que él mismo protagonizó, ha decidido destruir la obra colectiva, desconocer la transición para borrarla del lenguaje y de la memoria pública para intervenir con desenfado en la organización electoral (Merino, 2023, p. 17).

En otro sentido, Jorge Zepeda Patterson (2024) se pregunta: ¿democracia para quién?, y afirma que no es honesto hablar de democracia sin abordar los muchos saldos que el proceso de transición política dejó de cara a las grandes mayorías empobrecidas en los últimos años. Pero en un país que opera de manera tan desigual en favor de los privilegiados, da la sensación de que se abocó mayormente a los aspectos formales, pero no al fondo; es decir, la transición sirvió como ámbito de negociación entre las propias élites, pero dejando intocado el malestar de las grandes mayorías. Lo cual termina siendo una manera de legitimar el orden vigente. “En todo caso, defender acríticamente tales instituciones como si fuesen el santo grial es más propio de una actitud doctrinaria que de una conciencia crítica como la que se atribuyen los abajo firmantes” (Zepeda, 2024).

La crítica a la democracia creacionista

Como se dijo desde un inicio, la historia de nuestra transición, desde la reforma política de 1977, pero particularmente después de las controvertidas elecciones de 1988, se centró en construir, a partir de nuevas reglas, procedimientos e instituciones, la confianza que permitiera elecciones creíbles y que jugaran el papel de legitimación política a partir del voto libre. Durante ese periodo ocurrieron múltiples reformas electorales que configuraron un sistema de partidos plural y cada vez más competitivo, comicios con crecientes condiciones de equidad, autoridades electorales autónomas y procedimientos que garantizan la certeza de que cada voto cuente y se cuente bien.

Por esa razón, Córdova y Núñez (2021) consideran que

… asumir una visión creacionista considerando que la democracia comenzó en algún momento determinado de nuestra historia como resultado de un determinado suceso (como si la democracia surgiera por generación espontánea) es a todas luces una postura falaz y dogmática que borra de un plumazo una serie de esfuerzos y de logros conseguidos a lo largo de décadas. Frente a esas posturas resulta indispensable reivindicar una visión evolucionista que, con una base empírica y a partir de un elemental sentido histórico, permita explicar el desarrollo de nuestra democracia como producto de cambios articulados a lo largo de décadas. Ésa es y ha sido la lógica que ha inspirado estas páginas. En ese sentido, la elección de 2018 no constituye el arranque de nuestra democracia, sino la consecuencia de los esfuerzos y logros de al menos un par de generaciones de actores políticos, luchadores sociales, académicos, periodistas y de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos que apostaron por democratizar al país (Córdova y Núñez, 2021, p. 591).

Córdova y Núñez subrayan que la democracia no es obra de un solo grupo, partido u hombre, o producto de un solo momento electoral, no afirmar lo contrario es desconocer que nuestro sistema político-democrático es un proyecto que ha convocado al mayor número de esfuerzos políticos y sociales del México moderno.

Por tal motivo, defienden una visión evolucionista de la transición, la cual permite identificar las estaciones clave que propiciaron un sistema que hoy ha dado como resultado cuatro (con la de 2024) alternancias en la presidencia de la República, por lo que reconocen que

… la alternancia no es lo que condiciona la calidad democrática de un sistema político. Lo que lo hace democrático es que existan condiciones reales (jurídicas y políticas) para que, si así lo deciden los electores con su voto, pueda haber alternancia. En ese sentido, el hecho de que haya habido un índice de alternancia tan alto es la mejor prueba de que esas condiciones ya estaban garantizadas (Córdova y Núñez, 2021, p. 591).

La oposición a la reforma electoral y la defensa del INE

Desde finales de 2019, las autoridades del INE –en voz del consejero presidente Lorenzo Córdova– identificaron algunas propuestas relevantes de una reforma electoral –que no consideraban necesaria–, como era la eliminación de los organismos públicos locales, la creación de consejos estatales con consejeros nombrados desde la Cámara de Diputados, la reducción del 50 por ciento del financiamiento público a los partidos políticos, la disminución de legisladores de representación proporcional, que la Secretaría de Gobernación dispusiera del padrón electoral a cargo del INE, la revocación del mandato y las consultas populares, temas que fueron considerados por la oposición como retrocesos democráticos, pero que se mencionaban entre los posibles cambios.

Por su parte, las autoridades del INE manifestaban, por lo que respecta a la austeridad que proponía el gobierno federal, que esta era bienvenida y que la eventual reforma era viable si se cuidaban cuatro aspectos:

• Autonomía de las autoridades
• Certeza del sistema electoral
• Pluralismo
• Equidad

De forma que para perfeccionar el sistema electoral y frente a cualquier cambio se debía tener en la mira: hacer más eficiente el modelo e incrementar derechos de las y los ciudadanos, así como contar con el consenso de las fuerzas políticas posibles (Córdova, 2019). Sin embargo, la disputa entre narrativas entre el INE y López Obrador tuvo distintos momentos durante el sexenio. Comenzó durante el proceso electoral de 2021, cuando el consejo general del INE, con 6 votos a favor y 5 en contra, retiró las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, lo cual fue avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Como respuesta, el presidente López Obrador señaló la necesidad de un órgano electoral “verdaderamente autónomo, con gente íntegra, honesta, intachable”.

Lo que fue considerado por observadores electorales internacionales como preocupantes “fricciones entre el gobierno federal y el INE” (Olivares, 2021, p. 9) fue una larga confrontación del INE con el gobierno federal; asimismo constatamos un nivel de conflictividad, tanto en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República que de nuevo reeditó la confrontación entre el titular del Ejecutivo, Morena y algunos consejeros del INE, como en la revocación de mandato del propio López Obrador, que se convirtió en una batalla por los recursos para su realización. Fue una confrontación de dos visiones o dos posiciones:

1. quienes sostenían que se encontraba en riesgo la autonomía del INE, mediante la presunción de que la Cuarta Transformación se apoderaría de dicha institución autónoma, con lo cual se debilitaría su soberanía y habría una peligrosa regresión democrática, y
2. quienes consideraban que la defensa de la autonomía del INE equivalía a no aceptar que, sin subestimar sus importantes funciones, debía buscar ejercer su autoridad al parejo de aminorar su excesivo gasto electoral mediante un ajuste a su funcionamiento.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados se reactivó la discusión (iniciada al principio del sexenio) sobre una reforma electoral inmediata, por lo que un conjunto de diputados se reunió con el Consejo General del INE. Los diputados de Morena plantearon que pretendían coincidir en dos cosas: buscar consensos y no vulnerar la certeza en las elecciones, pero “derivado del proceso electoral del 2018, la principal exigencia de los ciudadanos es la austeridad, por lo que se puede revisar y hacer ajustes al INE y a los partidos” (Hernández, 2019, p. 5).

Los consejeros electorales, por su parte, señalaron deficiencias en la legislación, así como las áreas en las que podía reducir el gasto y aquellas en las que no estaban dispuestos a renunciar. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, insistió en que no estaban en contra de una modificación al sistema electoral. El planteamiento al que en todo momento y en todo foro hizo referencia fue que no estaba en contra de las reformas electorales, pero sí de aquellas que fueran producto de la ocurrencia, pues a la distancia de la reforma electoral de 2014 se conocía qué aspectos tenían eventualmente que modificarse, aunque el contexto no era favorable para refundar el sistema, sobre todo cuando “hay problemas a los que se debe dar prioridad, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción o la impunidad”; y advirtió que, si no se ampliaba el presupuesto del INE, se colocaría al órgano electoral en una zona de riesgo, en la que podría no cumplir sus obligaciones legales (Redacción, 2019, p. 11).

Luego entonces, el INE fue acusado de resistirse a someterse a la austeridad del gasto público; el Instituto Electoral respondía en voz de su consejero presidente, insistentemente, en que requería de recursos suficientes para preservar las condiciones de autonomía, equidad y respeto al pluralismo de la democracia mexicana (Zamitiz, 2022, p. 64).

La iniciativa presidencial de reforma electoral (redactada por Pablo Gómez y Horacio Duarte) tenía entre otros objetivos una modificación del esquema tradicional de INE y del TEPJF, no solo en cuanto a reducción de presupuestos, sino, sobre todo, a la eliminación de las cuotas partidistas como método para integrar el Instituto y el Tribunal.

Lo sustancial del proceso en el momento en que se presentó fue que como reforma constitucional necesitaría mayoría calificada (dos terceras partes de los votos emitidos) que Morena y sus aliados no reunían. Los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo advirtieron riesgos de la posible reforma. Para el primero, la democracia en México “caería”, y el segundo alertó acerca de que “los populismos en América Latina que debilitan la democracia pueden derivar en dictaduras” (Salazar, 2022, p. 8). La noticia de la iniciativa de reforma política se defendió como un alarmante plan del gobierno que podría marcar el fin de la democracia en el país, “iniciativa presidencial para desmantelar la muy respetada institución autónoma que regula las elecciones mexicanas” (Oppenheimer, 2022, p. 16). López Obrador, por su parte, aclaró que la reforma electoral propuesta no pretendía la desaparición del INE ni del TEPJF, sino “eliminar el control del conservadurismo de estos órganos para evitar el riesgo de menos fraudes” (Urrutia y Olivares, 2022, p. 12).

El envío de la reforma electoral al Congreso ocasionó que cámaras de empresarios, partidos políticos, agrupaciones de la sociedad, medios de comunicación y opinadores defendieran a la institución en una forma polarizante. La narrativa puede sintetizarse en la siguiente frase: “el presidente trata de someter al INE a sus designios que, por lo demás y como resultado obligado, lo destruirá” (Linares, 2022, p. 20).

La intensa discusión pública, como venía sucediendo en otros temas sustanciales en el país, afirmó Julio Hernández López, “se aferró a puntos preconcebidos y a la feroz búsqueda de predominancia de una postura sobre otra, aunque la materia del debate pudiera estar distante de lo que las partes alegaban” (Hernández López, 2022, p. 16).

La intensa discusión pública se volcó a las calles en que cada proclama defendió su postura. El presidente López Obrador atizó sus críticas contra los opositores a su reforma electoral, a quienes calificó de rateros, racistas, deshonestos e hipócritas, y arremetió contra los organizadores de la movilización convocada para el domingo 13 de noviembre (Guerrero y Baranda, 2022, p. 1).

El discurso de confrontación y la narrativa de descalificación de la mencionada marcha se mantuvo. Por su parte, los expertos señalaron que el Plan B de AMLO no podría realizarse a través de reformas a las leyes secundarias, lo cual iniciaría litigios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La inviabilidad de algunos puntos de la propuesta fue reconocida por el presidente López Obrador.

Frente a esta situación, el titular del Ejecutivo convocó a una marcha para el 27 de noviembre de 2022, que él encabezó y a la que se sumaron legisladores de Morena y del PT. Aunque era una suerte de “contramarcha”, precisó que esta no era por la reforma electoral, sino “para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar logros” (Enciso y Urrutia, 2022, p. 5), con lo cual dio un giro a su estrategia orientándola a realizarla en el contexto de su Cuarto informe de gobierno.

La defensa de la democracia, las instituciones electorales y la división de poderes

En este contexto de disputa política, el domingo 13 de noviembre de 2022 el colectivo Unidos, conformado por 51 organizaciones vinculadas a grupos de oposición al gobierno de López Obrador, convocó y organizó una marcha para defender al INE de cara a la propuesta de reforma electoral enunciada por el Poder Ejecutivo. Esta marcha fue el inicio de una serie de protestas que ampliaron significativamente su concurrencia y que a continuación se reseñan. Es pertinente en este recuento recuperar la importancia del mensaje de los discursos.

El primero de ellos, “En defensa de la democracia”, fue el de José Woldenberg (primer consejero presidente del Instituto Federal Electoral –IFE– autónomo de 1996 a 2003), pronunciado en el monumento a la Revolución el 13 de noviembre de 2022, el cual se inició con la iniciativa ciudadana en defensa de la institucionalidad e integridad democráticas y de la preservación de la autonomía de las autoridades electorales (Woldenberg, 2022).

Woldenberg hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios que conforman las Cámaras del Congreso Federal y de los 32 Congresos de las entidades federativas para defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que han permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad políticas, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades; “a defender lo edificado en materia democrática y evitar conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada: la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo” (Woldenberg, 2022).

El segundo discurso correspondió al ministro en retiro José Ramón Cossío, “Marcha en defensa del INE y en rechazo al Plan B electoral” pronunciado el 26 de febrero de 2023 en el Zócalo de la Ciudad México, en el cual señaló:

… asistimos al intento deliberado y consciente del actual Gobierno y de sus mayorías parlamentarias para hacerse, desde la Constitución, con el sistema electoral […] el gobierno y sus legisladores generaron el Plan “B”, un mero eufemismo con las mismas intenciones, aprobado de mala manera […]. Desconocer el papel de la justicia, tal como lo prueba la Constitución y argumentar la mera prevalencia de la política, de un proyecto político, de un hombre que considera que su proyecto político nos puede ser impuesto a todos, implica ponerse fuera del orden jurídico que sustenta el propio cargo que ahora ocupa, así de simple, así de claro (Cossío, 2023).

En ese mismo acto, la periodista Beatriz Pagés afirmó:

Somos demócratas ejerciendo la democracia para defender la democracia. Unidos para hacer frente a una emergencia nacional, para hacer un muro de contención ante la destrucción del País y el desabastecimiento y la devastación de sus instituciones. Unidos para plantar cara a los enemigos de la Constitución, a quienes se burlan de la legalidad y la división de poderes, hoy inicia aquí y en más de 100 ciudades del territorio nacional, la construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 2024 (Pagés, 2023).

La tercera marcha y manifestación por la democracia se verificó el 18 de febrero de 2024. El orador fue Lorenzo Córdova (exconsejero presidente del INE) y en su discurso planteó tres logros democráticos que se encontraban en riesgo y que deberían defenderse. En primer lugar, las reglas y condiciones que permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas; en segundo lugar, las instituciones de la democracia y, en tercer lugar, la Constitución, “es decir, la expresión del arreglo político que nos permite sentirnos, sin excepciones, parte de la nación mexicana” (Córdova, 2024).

El discurso de Lorenzo Córdova por su contenido y significado, a nuestro juicio, buscó “deconstruir” el discurso oficial, pues señala, entre otras cuestiones, que desde hace años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos:

… como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros, como si en México sólo unos tuvieran cabida y los otros salieran sobrando. Esa polarización que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, no sólo es falsa y artificial, sino que es profundamente autoritaria (Córdova, 2024).

El 19 de mayo de 2024, 160 organizaciones de la sociedad civil convocaron a una movilización que se denominó “marea rosa” (por el color que vistieron sus asistentes). En el Zócalo de la Ciudad de México y en pleno proceso electoral se pronunciaron cuatro discursos. Guadalupe Acosta Naranjo señaló que además de la Plaza de la Constitución en más de 100 ciudades de todo el país

… millones de personas nos dimos cita […] para defender nuestra democracia, nuestras libertades, nuestra Constitución, la República […] derrotamos su plan “A”, derrotamos su plan “B” y ahora derrotaremos su plan “C”. Esta movilización y energía ciudadana no es un accidente, no será una anécdota más en nuestra historia. La insurgencia ciudadana llegó para quedarse. Esta batalla no es entre izquierda y derecha, la disyuntiva histórica es entre demócratas y autoritarios, y los demócratas somos más (Acosta Naranjo, 2024).

La candidata de la coalición “Va por México” (PRI, PAN y PRD), Xóchitl Gálvez, hizo uso de la palabra y agradeció a las ciudadanas y ciudadanos defender la democracia y el voto libre, además de levantar la voz contra el autoritarismo, y manifestó que “apoyada por una coalición amplia, estoy dando la batalla para defender tres valores fundamentales: vida, verdad y libertad” (Gálvez, 2024).

El candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la misma coalición, Santiago Taboada, señaló que la ciudadanía ahí reunida era quien había decidido luchar por las libertades, por la democracia, y que sin importar su punto de partida, su historia, su agenda, sus causas, “tenemos un destino común, la firme convicción de construir un México unido” (Taboada, 2024).

Una última oradora del evento de la marea rosa fue Ana Lucía Medina, quien reclamó democracia, justicia y libertad. Aseveró que la gente reunida en torno a esa movilización era la fuerza democrática ciudadana más importante de los últimos años que primero salió a marchar por una sola demanda: “El INE no se toca”, con el fin de defenderse contra el autoritarismo; después exigió con firmeza y vigor “mi voto no se toca”, pero frente a los intentos que continuaron por destruir la democracia, ahora tenían que alzar la voz al grito de “Voto libre”, para dar la batalla definitiva el 2 de junio (Medina, 2024).

La discusión sobre la democracia en el contexto de la sucesión presidencial de 2024

El divorcio de López Obrador con buena parte de la sociedad, incluidos muchos periodistas y académicos, profundizó el debate sobre la democracia. Desde su victoria electoral en 2018, la comunidad intelectual ha dedicado al mandatario varias cartas con títulos como “Contra la deriva autoritaria y en defensa de la democracia”, firmada por 650 académicos y escritores en julio de 2020, “En defensa de la libertad de expresión”, publicada en septiembre de 2020, así como “En defensa del Instituto Electoral (INE)”, firmada por casi 2,400 nombres entre los que encontramos a Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, José Woldenberg, Roger Bartra, José María Yázpik, Daniel Giménez Cacho y Marta Lamas, entre otros (Nexos, 2021; Valdés Ugalde y Bartra, 2020a, 2020b).

La intelligentsia supone un reducto cultural donde anidan una conciencia vigilante y una mirada crítica y sus representantes son también responsables de crear y reproducir los argumentos, discursos y narrativas. Su participación a través de lo que publican ha sido fundamental para “construir” su propuesta y “deconstruir” el discurso de sus oponentes. Algunos tienen la capacidad de agitar y animar el debate aunque este no solo sea por la defensa de convicciones o posiciones ideológicas, sino por su relación con el poder político (Nuncio, 2024). Entre los críticos directos del gobierno de López Obrador encontramos a Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Roger Bartra, Jesús Silva Herzog y María Amparo Casar.

En relación con los firmantes de la última carta, López Obrador se refirió a ellos como los mismos que “avalaron el fraude en 2006”, y se dijo en desventaja respecto a quienes “acapararon todos los medios convencionales”. Según López Obrador, el movimiento que encarna solo estaba apoyado por un pequeño grupo “porque el resto fue cooptado con becas y contratos jugosos” desde la época de Carlos Salinas. López Obrador redujo los apoyos de la clase pensante a un puñado de “intelectuales de renombre” que han sido “consecuentes” y citó trece nombres, entre ellos, Elena Poniatowska, el historiador Lorenzo Meyer, los columnistas de La Jornada Enrique Galván y Pedro Miguel, el productor Epigmenio Ibarra, el director de cine Luis Mandoki, los actores Damián Alcázar y los hermanos Bichir, el escritor Fabrizio Mejía y los dibujantes Rafael Barajas El Fisgón, José Hernández y Antonio Helguera (García, 2021). Aunque consideramos que a esta lista se debe añadir a Paco Ignacio Taibo II, Álvaro Delgado, Sabina Berman, José Blanco, Lenia Batres, Marx Arriaga, Epigmenio Ibarra y, al principio de su gobierno, John M. Ackerman.

Camino al 2 de junio de 2024, nos encontramos con una verdadera lucha de hechos y creencias; una lucha por la credibilidad política de México, entre dos versiones de lo que ha pasado. Una de las posiciones señala que la elección se partió en dos grandes fuerzas, la alianza absolutista de la candidatura oficial, Claudia Sheinbaum, y la alian­za democrática de la opositora, Xóchitl Gálvez. Esto significa una disyuntiva central de las elecciones: presidencialismo sin restricciones o presidencialismo con contrapesos.

Esta posición, como vemos, señala Aguilar Camín que desde que Sheinbaum asumió el proyecto absolutista de López Obrador, forzada por su presidente, es cambiar el régimen constitucional mexicano para ponerlo a su servicio como presidenta constitucional absoluta de México (Aguilar Camín, 2024, p. 38).

A esta posición se suma también Jesús Silva-Herzog (2024), que considera también que estamos ante un nuevo régimen. “Un régimen incipiente tal vez, un régimen que no ha logrado su consolidación definitiva, pero que va en camino de la solidificación hegemónica” (Silva-Herzog, 2024, p. 46), por lo que el resultado de la elección de junio tendría un impacto definitivo en el proceso de consolidación autoritaria en que se encuentra.

La otra posición afirma que, en 2018, la Cuarta Transformación de la vida pública nacional (4T) puso en marcha su proyecto de cambio en la naturaleza de la estructura del poder por la vía democrática, pero la respuesta de varios de los intelectuales que hoy se consideran ofendidos y marginados, como resultado de los cambios en el statu quo, ha sido calificar al proyecto y al espíritu de la 4T como antidemocrático, y optaron por movilizarse en apoyo a las candidaturas propuestas por los partidos del pasado: PAN-PRI y PRD. Su estrategia ha sido:

… convertir la defensa de la democracia en causa nacional. Esa defensa funciona, a su vez, como una amalgama de intereses (no uniformes, por cierto) que aglutinan sentimientos revanchistas y otras ansiedades sociales contra un enemigo común, con lo cual justifican su cruzada contra la 4T (Meyer y De la Fuente, 2024).

Frente a los marcados contrastes entre los contendientes, la crítica de los intelectuales de la “Cuarta Transformación” señala que es difícil suponer que la visión de los inconformes resulte aceptable para las mayorías que siempre han vivido en una esfera muy distinta a la habitada por las minorías privilegiadas, de las que proceden el grueso de las manifestaciones de inconformidad, y afirma: pero así es la democracia. Hay mayorías y hay minorías. Por eso resultan tan importantes las elecciones, pues nos permiten definir, entre otras cosas, dónde se ubica cada uno.

Es claro que hay dos proyectos distintos: el que intenta consolidar un cambio de régimen sin ruptura, dando continuidad a los principios de un humanismo que tiene como objetivo principal la prosperidad compartida, y el que lo descalifica, sin ofrecer realmente una alternativa programática (Meyer y De la Fuente, 2024).

Claramente, la disputa electoral de 2024 demostró lo que se percibió desde el inicio del sexenio de López Obrador, que existen concepciones distintas de lo que significa un régimen democrático. Ello refleja que, como en muchas otras partes del mundo, los acuerdos fundacionales de la democracia se están cuestionando para, en su caso, modificarse. Sin embargo, las democracias constitucionales, afirma Magaloni (2024, p. 9), nacen con un propósito central: terminar con el ejercicio despótico del poder propio de las dictaduras y los regímenes autoritarios del siglo XX. Se trata de que las minorías y opositores políticos, así como las personas en lo individual, puedan protegerse ante la imposición arbitraria de las mayorías electas. Para que ello sea posible en este régimen político, el poder se divide en tres ramas: el objetivo es que unos y otros se vigilen y frenen entre sí, pues lo más importante en este segundo componente del régimen democrático es que sea posible que las normas jurídicas acoten y limiten el ejercicio del poder. Sin ello, el régimen ya no es una “democracia”. “Así lo que subyace a la discusión en torno a la democracia en México es la tensión entre el poder que proviene de las urnas vs. el poder que proviene de la ley” (Magaloni, 2024, p. 9).

Conclusiones

¿Las elecciones de junio de 2024 podrían significar el cambio de régimen? El fin de la democracia ocurriría si el partido en el poder ganara la presidencia y una mayoría legislativa tal que le permitiera concluir la anunciada tarea de desarmar el entramado institucional democrático. Afirma José Antonio Aguilar Rivera (2024) al respecto:

… es posible que nos encontremos en una coyuntura así. La democracia mexicana fue una transición progresiva en la cual el pluralismo se instaló paulatinamente. El proceso de reversión, en cambio, ha sido mucho más acelerado. Si construir la democracia llevó décadas, desmontarla ha sido cuestión de seis años (Aguilar Rivera, 2024, p. 16).

¿En esta coyuntura, la sociedad civil sería capaz de poner un freno a cualquier intento de acabar con la democracia? Afirma Aguilar Rivera que aunque se piense que la sociedad mexicana ha probado ya las prácticas y los valores de la democracia y difícilmente renunciaría a ellos, aunque se piense que el autoritarismo no es una opción porque creen que la gente que vive en democracia siempre desea preservarla, esto es un razonamiento equivocado:

… la esperanza movimientista es ingenua porque cree que la democracia puede sobrevivir en las calles, sin partidos vigorosos y sin columna vertebral de instituciones liberales vigorosas. Éste es un argumento miope porque lo único que conocen los votantes más jóvenes es nuestra democracia de baja calidad. Su experiencia –o su falta de experiencia bajo un régimen autoritario– les hace pensar que no podrían estar peor (Aguilar Rivera, 2024, p. 16).

En esta situación, seguramente, seguiremos coexistiendo con discursos donde cada una de las partes se aferrará a unos argumentos que descalifican totalmente a quienes tienen una visión distinta. ¿Cómo se podrá seguir diseñando una realidad desde distintas posiciones, si el resultado de las elecciones de junio de 2024 nos demuestra que muchas personas están contentas, esperanzadas con su resultado y quieren seguir por uno de los caminos?

La cuestión es que también una democracia requiere de una serie de mecanismos que garanticen que el ejercicio del poder esté acotado, y se precisa que la división de poderes y el diálogo sean los instrumentos privilegiados para resolver las diferencias y escuchar todas las voces, pues conviene recordar que en septiembre de 2023 como un pase de estafeta simbólica, López Obrador entregó un bastón de mando a Claudia Sheinbaum, con el objetivo de traspasar el liderazgo del movimiento político que ha encabezado hace más de tres sexenios, pero en los hechos, durante el proceso electoral de 2023-2024 –y aún fuera del periodo temporal oficial de las campañas políticas–^[6], no solo no dejó de hablar de su proyecto político, sino que lo promocionó –el llamado a votar por el Plan C es un claro ejemplo de esto–, además de que llegó a referirse a dicho proyecto como “un referéndum sobre los resultados de su administración”, además de pedir a los ciudadanos tener cuidado con los “mapaches de pedigrí” y poner “mucho ojo” sobre a quién entregarían su voto (Guerrero et al., 2024, p. 4).

Frente a este escenario se suman voces que consideran que ejercer el poder con mesura será el principal reto del gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que significaría, por convicción, el ejercicio del poder con diálogo y sin mayores desequilibrios, pues “será muy relevante que cada poder viva democráticamente la función que se le ha confiado y renuncie a la tentación de ejercer el poder sin espíritu democrático” (Núñez Pliego, 2024).

Este es el dilema en el que se encuentra la democracia en México como resultado de la jornada electoral del 2 de junio de 2024.

Fuentes de consulta

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