Desde hace más de una década, el activismo cannábico en Argentina registra, realiza un seguimiento y asesora legalmente en casos de detención, allanamiento y procesamiento judicial a personas que usan, cultivan y producen derivados de cannabis. Históricamente, esta tarea fue desarrollada principalmente por integrantes de la revista THC, primera publicación nacional sobre “cultura cannábica”, lo que dio origen a la base de datos del CECCa. No obstante, durante el debate de la Ley de Cannabis Medicinal en el Congreso de la Nación (2016-2017), el tema generó gran preocupación y renovado interés al interior del activismo. No solo por el incremento que se produjo en la cantidad de causas por cultivo de cannabis, sino también porque el proyecto que poco tiempo después se convertiría en ley no contemplaba la autorización del cultivo. En este contexto, las asociaciones organizaron manifestaciones, campañas y concentraciones frente a los domicilios de personas allanadas; recaudaron bienes y dinero para las personas privadas de su libertad por cultivar; crearon sus propias bases de datos para sistematizar información sobre estos casos; y presentaron peticiones, amicus curiae y listados de personas detenidas al Ministerio de Seguridad de la Nación. De esta época datan las bases del FOCA y del colectivo LPPC.

En cuanto a su alcance geográfico, las tres bases tienen carácter federal y se elaboraron a partir de las denuncias y consultas recibidas por las organizaciones que las crearon. Inicialmente, el proyecto del que resulta este informe se propuso completar la información disponible en las bases del CECCa y del FOCA mediante la realización de entrevistas semiestructuradas a las personas allanadas. No obstante, la creación de una tercera base (la del colectivo LPPC), la disolución del Frente y la reiteración de un porcentaje elevado de casos entre las bases llevaron a reemplazar la propuesta original por la creación de una base unificada. El trabajo de integración de las bases se realizó de manera diferenciada atendiendo a las particularidades de cada una de ellas y de las organizaciones que las habían creado.

En el caso del CECCa, se trata de una asociación conformada en 2013 por abogadxs y otras personas del equipo de trabajo de la revista THC, con sede en la CABA. No obstante, su corpus de casos se construyó a partir de las denuncias que, desde 2007, llegan a la redacción de la revista de tirada nacional. Los registros correspondientes al período analizado en este trabajo (2010–2020) se encontraban dispersos en resúmenes de denuncias, notas periodísticas y una precaria base de datos. De modo que, para obtener un listado de casos, se realizó un relevamiento de más de cien números de la revista y una búsqueda en su portal de noticias en conjunto con la persona encargada de dar seguimiento a estos casos y de articular el trabajo con lxs abogadxs de la asociación entre 2010 y 2019. Como resultado de esta tarea, se seleccionaron aquellos casos en los que las personas afectadas no sólo aparecían identificadas, sino que integrantes de la revista o asociación habían establecido alguna clase de contacto o bien realizado algún tipo de asesoramiento o seguimiento del caso. Es decir, se excluyeron los casos en los que la revista reproducía información de otros medios sobre allanamientos a personas cultivadoras con el objetivo de visibilizar el incremento de esta clase de procedimientos, pero sin contar con información de primera mano ni datos específicos sobre las personas involucradas.

En cuanto al corpus del FOCA, se construyó a partir de las denuncias recibidas por su comisión de asuntos legales o por alguna de las 36 agrupaciones que lo conformaban y que tenían presencia en diez provincias y la CABA. La base de datos reúne casos ocurridos entre 2009 y 2019 (año en que se disolvió el Frente), aunque el registro adquiere mayor sistematicidad a partir del año 2017, cuando el FOCA fue creado. En este caso, el trabajo consistió en relevar los campos de información existentes y sumar los casos al listado unificado. En lo que respecta a la base de LPPC, la tarea consistió en entrevistar a una de las personas fundadoras y solicitarle el listado de casos de personas presas, junto con la información que poseían sobre esos casos. Por último, se mantuvo una entrevista con la persona encargada de seguir los casos que llegaban a la revista THC en el período 2019-2020, quien también colaboró en la conformación de LPPC. Esta persona me facilitó un listado de casos del colectivo y corroboró que los casos informados por la revista en el período 2019-2020 se encontraban publicados en el portal de noticias del medio (Cuadro 1).

Cuadro 1. Bases de datos del activismo cannábico

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de esta labor se obtuvo un listado de 115 casos y se procedió a contactar a las personas afectadas para concertar una entrevista semiestructurada. Entre 2022 y 2023 se realizaron 42 entrevistas en las que participaron 43 personas y se recabó información sobre 49 casos. En lo que respecta a los 66 casos restantes, en 57 no se logró obtener un número telefónico vigente ni localizar perfiles en redes sociales, lo que fue particularmente frecuente en los casos correspondientes al primer quinquenio del período estudiado. Por otra parte, en cuatro ocasiones las personas no respondieron a la solicitud de entrevista; en cuatro casos mostraron interés en participar, pero la entrevista no pudo concretarse; y, por último, una persona manifestó no querer ser entrevistada. Las entrevistas tuvieron una duración de entre 30 y 150 minutos y se desarrollaron por Zoom o videollamada de WhatsApp, con excepción de cinco que se realizaron de manera presencial. En todos los casos se contó con el consentimiento informado de las personas para grabar la entrevista. Asimismo, durante su desarrollo se tomaron notas en planillas que replicaban los campos de la base unificada, con el fin de facilitar la posterior compleción.

Además, se complementó la realización de entrevistas con el relevamiento de notas periodísticas sobre los casos en medios de comunicación locales y nacionales y la consulta de expedientes judiciales. En total, se relevaron más de 260 notas, se analizaron tres expedientes y 30 documentos judiciales^[1] (Cuadro 2). Por último, es importante destacar que la carga de datos en la base implicó un proceso de revisión y ajuste de las categorías inicialmente creadas, con el objetivo tanto de simplificar el registro como de precisar campos y criterios para reducir ambigüedades.

Cuadro 2. Entrevistas realizadas y documentos analizados

Fuente: Elaboración propia.

Sobre los hechos y las personas entrevistadas

Las entrevistas fueron realizadas a personas que sufrieron allanamientos por cultivo de cannabis, sus familiares y/o representantes legales entre 2010 y 2020 (Gráfico 11), en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta y Santa Fe y la CABA (Mapa 1). Los 49 casos relevados involucran a un total de 59 personas, de los cuales 30 involucran a una sola persona, 16 casos a dos personas, un caso a tres personas y dos casos a cuatro personas (Gráfico 12).^[2] Por otra parte, ocho personas entrevistadas sufrieron más de un allanamiento: en cuatro casos, dos allanamientos; en tres casos, tres allanamientos; y una persona fue allanada en cinco oportunidades, durante el período que comprende este trabajo. De modo que, si bien son 59 las personas que sufrieron un procedimiento policial, dado que varias de ellas fueron allanadas en más de una ocasión, en términos absolutos se registra un total de 73 personas allanadas.

Gráfico 11. Cantidad de procedimientos policiales por año

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 1. Cantidad de allanamientos por provincia

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 12. Cantidad de personas involucradas por caso

Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta al género y edad de las personas al momento del allanamiento, se trató principalmente de hombres (40), de entre 25 y 39 años, con un promedio de 37 años de edad; mientras que, en el caso de las mujeres (19), la mayor parte tenía entre 40 y 50 años, con una edad promedio de 46 años (Gráfico 13). Por otra parte, al momento de sufrir el allanamiento, dos tercios de las personas se encontraban empleadas (52 de 73 personas) y un tercio tenía hijxs u otrx familiar a cargo (25).

Gráfico 13. Género y cantidad de personas involucradas por caso

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al destino del cannabis, 64 personas dijeron cultivarlo para uso propio; aunque, entre ellas, 40 señalaron que, además, parte de la producción estaba destinada a unx hijx u otrx familiar, a terceras personas o bien a unx hijx u otrx familiar y terceras personas.^[3] Respecto a la frecuencia de uso, la mayoría manifestó que hacía un uso diario (49); y, en relación con la antigüedad, 11 personas dijeron consumirlo desde hace menos de cinco años, 14 entre cinco y diez años, y 35 desde hace más de una década. Por último, en 12 casos no se dispone de datos y en un caso la persona no hacía uso de cannabis.