Los procedimientos policiales y procesamientos judiciales descriptos y analizados en este informe han tenido, en la gran mayoría de los casos, profundas consecuencias en la vida de las personas allanadas. Con el objetivo de facilitar la posterior sistematización de los relatos, en las entrevistas se indagó acerca de consecuencias de tipo económico, laboral y/o educativo, en la salud, en los vínculos y en las formas de uso y modalidades de acceso al cannabis. Asimismo, se consultó si las personas habían sufrido situaciones de discriminación. Por otra parte, varias señalaron haber sido víctimas de robos reiterados, mientras que otras manifestaron haberse alejado del activismo tras estos episodios. En función de ello, estas dos cuestiones fueron incorporadas como dimensiones adicionales de análisis.

Tomando como unidad de análisis los casos, se advierte que únicamente en seis oportunidades las personas indicaron que los hechos no tuvieron consecuencia alguna en sus vidas. Cuatro de estos procedimientos fueron ilegales y dos legales (Gráfico 48); y tres involucran a una misma persona, que sufrió un operativo legal y dos ilegales e indicó que ninguno tuvo consecuencias significativas en su vida cotidiana. Por otra parte, al tomar como unidad de análisis a las personas, se advierte que solo tres de ellas indicaron que los procedimientos no les generaron ningún tipo de inconveniente. De hecho, muchxs de quienes sufrieron más de un allanamiento, si bien señalaron que algunos procedimientos no tuvieron consecuencias, atravesaron otros allanamientos que sí afectaron su vida cotidiana.

Gráfico 48. Consecuencias de los hechos por tipo de procedimiento

Fuente: Elaboración propia. Nota: n = 49 casos.

En lo que respecta al tipo de consecuencias, las señaladas con mayor frecuencia fueron las vinculadas con la salud de las personas afectadas (29) y las de carácter económico, laboral y/o educativo (28), seguidas por las consecuencias en los vínculos (23) y en las modalidades de acceso al cannabis (18). Por otra parte, en diez casos las personas indicaron haber sufrido discriminación; en seis, que sus formas de uso se vieron modificadas; en otros seis, que fueron víctimas de robos; y en cinco casos, que los episodios las llevaron a distanciarse del activismo. Asimismo, en dos casos las personas contaron que fueron víctimas de situaciones de violencia mientras se encontraban privadas de su libertad. En uno de ellos, la persona explicó que, tras un intento de fuga de otras personas, le quemaron las pertenencias y fue golpeada por personal de la comisaría; y en el otro, que fue encerradx con personas violentas, a quienes se les dijo que era “narco”, aunque la repercusión mediática que tuvo el caso evitó que los niveles de violencia escalaran. Por último, en otro caso, las personas afirmaron que, al salir en libertad, quedaron “marcadxs por la policía, que te ronda y te vigila” (Gráfico 49).

Gráfico 49. Tipo de consecuencias

Fuente: Elaboración propia. Nota: n = 42 casos. Las categorías no son excluyentes: una misma persona pudo haber identificado más de un tipo de consecuencia para un mismo caso.

Ahora bien, esta tipología, aunque constituye una primera aproximación valiosa para dimensionar las consecuencias de los procedimientos policiales y los procesamientos judiciales en la vida de las personas, poco dice respecto a las características concretas que tienen dichas consecuencias. Para ello, se requiere un análisis cualitativo de los relatos de las personas afectadas.

Consecuencias en la salud

En lo que respecta a las consecuencias en la salud, estas fueron de diversa índole, aunque predominaron las de carácter psicológico. Concretamente, seis personas dijeron tener mucho temor o vivir con miedo constante; cinco contaron que desarrollaron trastorno de estrés postraumático y otras cuatro, cuadros de estrés; cinco atravesaron episodios depresivos –dos de ellas con intentos de suicidio–; y tres manifestaron vivir con una sensación de persecución constante e inseguridad en el propio hogar. Asimismo, dos personas tuvieron ataques de pánico con posterioridad al allanamiento; tres indicaron tener problemas para dormir; y tres refirieron experimentar angustia y malestar constantes asociados a la incertidumbre respecto del devenir del proceso judicial y la posibilidad de acabar en prisión. Además, una persona relató que el operativo le desencadenó un cuadro de psicosis y otra que comenzó a consumir antidepresivos. Por último, cuatro personas señalaron haber sufrido consecuencias psicológicas, aunque sin especificar de qué tipo.

No obstante, varias personas también refirieron consecuencias en la salud física. Una persona mayor indicó que, a sus diagnósticos previos de artritis, artrosis e hipertensión, se sumó el de esclerosis múltiple, que atribuye al estrés generado por el allanamiento; otra relató que tuvo psoriasis; dos personas debieron ser internadas tras descompensarse durante el operativo y una de ellas otros pocos días después a raíz de un colapso renal. Además, tres personas tuvieron que retomar su antigua medicación, lo que les provocó efectos secundarios y, en uno de los casos, el retorno de crisis epilépticas; y otra, al perder la obra social, debió suspender una intervención quirúrgica ya programada. Por último, una persona señaló que los allanamientos reiterados (cinco en total) deterioraron gravemente la salud de su pareja, quien falleció poco tiempo después.

En cuanto a las personas que permanecieron privadas de su libertad, dos relataron haber perdido una cantidad significativa de peso (20 y 30 kilos, respectivamente); otra indicó haber comenzado a presentar síntomas compatibles con cáncer de colon y, pese a contar con antecedentes familiares, no haber recibido atención médica adecuada; y otra contrajo tuberculosis, perdió 17 kilos, desarrolló un cuadro depresivo y dejó de comer, lo que agravó considerablemente su estado de salud y terminó falleciendo.

Consecuencias económicas, laborales y educativas

De los 28 casos en los que las personas señalaron haber sufrido consecuencias de carácter económico, laboral y/o educativo, en diez refirieron haber perdido su empleo o, en el caso de quienes trabajaban por cuenta propia, su fuente de ingresos; y en un caso, haber recibido sanciones en su lugar de trabajo. Asimismo, una de estas personas indicó haberse visto obligada a volver a vivir en casa de sus progenitores; otra, haber pasado a depender económicamente de su hijx; dos manifestaron haber tenido dificultades para conseguir un nuevo empleo por estar con prisión domiciliaria; y cuatro señalaron que eran sostén del hogar y/o tenían familiares a cargo, por lo que la organización doméstica se vio profundamente alterada. En uno de estos últimos casos, la persona sostenía económicamente a su progenitorx enfermx, a su sobrinx y a su hermanx –abocadx a las tareas de cuidado de ambxs–, aunque aclaró que logró abrir un pequeño negocio propio con la indemnización recibida tras el despido. En otro, la pareja de la persona acusada debió ocuparse del negocio familiar y quedó con tres hijxs a cargo, lo que obligó al abuelx a mudarse para colaborar con las tareas de cuidado. En un tercer caso, la persona tenía dos hijxs a cargo y, cuando le otorgaron la prisión domiciliaria, tuvo que ir a residir a la vivienda de su progenitorx, una persona mayor con problemas de salud mental. Por último, en otro caso, al quedar la persona detenida, su progenitorx mayor quedó solx y se vio obligadx a trabajar todos los fines de semana en la feria para generar ingresos.

Por otra parte, una persona refirió haber perdido una oportunidad laboral; otra señaló dificultades persistentes para conseguir trabajo en el pueblo; y una tercera mencionó el temor de la pareja de su hijx a perder su empleo. Asimismo, tres personas que tenían grow shops contaron que perdieron toda su mercadería, y una de ellas debió solicitar un crédito para poder reabrir las puertas de su negocio. Por último, en el caso de lxs cultivadorxs solidarixs, las personas destacaron los costos económicos que implicó perder toda la plantación y tener que comenzar nuevamente desde cero: una pareja tuvo que hacerlo en una oportunidad, otra dos veces, y una tercera en cuatro ocasiones.

Además, en un tercio de los casos las personas indicaron que el pago de los honorarios de lxs abogadxs implicó un gasto significativo que “destruyó su economía” o las endeudó por varios años; y dos personas indicaron haber tenido que incurrir en gastos para reparar sus casas. Por último, dos personas indicaron haber sufrido el robo de importantes sumas de dinero durante el allanamiento; otra contó que no pudo continuar con sus estudios luego del procedimiento; y una tercera relató que tuvo que abandonar el proyecto que tenía de irse a vivir a Canadá, donde contaba con una promesa de estudios y trabajo.

Consecuencias en los vínculos

Los vínculos también se vieron afectados en una cantidad significativa de casos (23). Hubo quienes señalaron que sus amistades se distanciaron o dejaron de acompañarlxs (6); otras personas relataron que tuvieron problemas o no recibieron el apoyo de sus familiares (5) y otras se distanciaron de sus parejas luego del allanamiento o a raíz de la decisión de retomar el cultivo (4). Además, varias personas tuvieron conflictos con la madre o padre de sus hijxs y con las familias de estxs (3), y en uno de estos casos la persona incluso enfrentó dificultades para ver a su hijx.

Por otra parte, hubo quienes señalaron que sus amistades y familias se vieron profundamente afectadxs por su detención (5). En dos casos relataron que sus hijxs enfrentaron problemas en la escuela y/o madurativos; en dos casos, que sus padres y madres envejecieron o quedaron muy angustiadxs y traumadxs con la situación; y en otro, que la prisión domiciliaria en el hogar familiar agravó los problemas de salud preexistentes de sus hermanxs, generando una situación que, según la persona entrevistada, acabó “desbordando”. Por último, una persona manifestó que su pareja tuvo problemas con su propia familia, que la acusaba de “salir con un narco” y le prohibía ver a sus hermanxs; mientras que otra indicó que algunas personas a las que ayudaba con aceite de cannabis, luego del procedimiento, comenzaron a criticarla y la acusaron de querer enriquecerse.

Modificación en las modalidades de acceso y de uso del cannabis

Las modalidades de acceso (18) y de uso (6) del cannabis también se vieron modificadas con frecuencia a raíz de los procedimientos. En lo que respecta al acceso, en la mayoría de los casos las personas indicaron que dejaron de cultivar, aunque por períodos de tiempo muy diversos. En dos casos dejaron de cultivar por un año; en otro, por un año y medio; en un tercer caso, por tres años; en otro, por cinco; y en un quinto caso, por aproximadamente ocho o nueve años. Además, una persona indicó haber dejado de cultivar “por mucho tiempo”; tres, “por un tiempo”; otra, “hasta el sobreseimiento”; y otra, “hasta que le salió el REPROCANN”. Asimismo, dos de estas personas relataron que, tras abandonar el cultivo, otras comenzaron a cultivar por ellas (2); y otras dos, que empezaron a comprar cannabis.

Por otra parte, cuatro personas dejaron de cultivar –una de ellas, incluso con REPROCANN vigente– y explicaron que, desde entonces, “dependen de terceros”, aunque sin especificar si el cannabis les era provisto de forma gratuita o lo adquirían mediante la compra. En otro caso, si bien las personas no abandonaron la práctica del cultivo, sí modificaron las reglas del cultivo colectivo con el objetivo de evitar quedar como únicas responsables de las plantas de un conjunto de personas que, como les había sucedido anteriormente, podían no hacerse cargo de las mismas ante un eventual operativo policial. Por último, una persona prefirió no explicar cómo se vio modificada su forma de acceso al cannabis, debido a que se encontraba a la espera del juicio.

En cuanto a quienes refirieron modificaciones en las formas de uso, en todos los casos hacían un uso terapéutico-medicinal del cannabis y debieron interrumpir su consumo por un tiempo. En consecuencia, la salud de todas estas personas y, en dos casos, de las terceras personas a quienes éstas les suministraban cannabis con fines terapéutico-medicinales se vio afectada. Incluso tres de ellas –como ya fue señalado– debieron retornar a antigua su medicación, lo que les provocó efectos secundarios y, en uno de los casos, el retorno de crisis epilépticas.

Situaciones de discriminación

En la mayoría de los casos, las personas reportaron haber sufrido situaciones de discriminación por parte de vecinxs, del barrio, del pueblo o de lo que denominaron “la sociedad local” (7). En uno de estos casos, la persona explicó que, a raíz de ello, dejó de salir de su casa. En otro, la persona afectada señaló que los allanamientos reforzaron la discriminación que ya sufría por ser artista callejerx y “no pegar con el estilo de vida del pueblo”. En un tercer caso, la persona relató que fue estigmatizada por la “sociedad local”, para la cual –aunque no estuvo detenida ni un solo día– había “estado presa”; y, en otro caso, las personas indicaron que sufrieron mucha discriminación en el pueblo “hasta que se hace público el caso y sus características y comienzan a recibir respaldo”. Por último, en otros dos casos la discriminación provino de vecinxs y del entorno barrial. En uno de ellos, la persona explicó que se trató principalmente de rumores y chismes –por ejemplo, decían que su vecinx, con quien mantenía una relación de amistad, tenía un almacén porque “vendían droga”–; mientras que, en el otro, indicó que luego de la sanción de la Ley de Cannabis Medicinal en 2017, parte de ese mismo entorno volvió a acercarse para pedirle tintura y aceite.

Por otra parte, una persona relató que su hijx sufrió discriminación en el ámbito escolar; otra, que fue estigmatizada en su lugar de trabajo, donde la llamaban “charutín” y “amigx de la marihuana”; y una pareja que sufrió discriminación al interior del activismo. Concretamente, explicaron que en foros virtuales como Cannabiscafé, muy activos al momento del allanamiento, gente que lxs conocía lxs trataba de “narcos” y circulaban frases de tipo: “cómo van a tener tantas plantas” o “seguro que venden y se hacen pasar por activistas”. No obstante, aclararon que estas actitudes no fueron generalizadas y destacaron que, luego del allanamiento, nunca les faltó “porro”. Por último, una persona indicó que fue estigmatizada, aunque sin brindar mayores detalles.

Robos

En seis casos, las personas relataron que luego de los allanamientos fueron víctimas de robos de plantas, aunque tanto la cantidad de hechos como las reacciones frente a ellos resultaron muy variables. En dos casos, las personas sufrieron un único robo. En respuesta, una adoptó la estrategia de suspender el cultivo por un tiempo; la otra, en cambio, se dispuso a realizar la denuncia por el robo de plantas en la comisaría del pueblo. No obstante, relató que no se la tomaron y le indicaron que se dirigiera a una dependencia policial especializada en drogas, cuyo jefx, a su vez, le explicó que el caso era competencia de la comisaría local. Allí, nuevamente no le tomaron la denuncia y le indicaron que debía radicarla en fiscalía. Sin embargo, si bien allí lx recibieron, le solicitaron que regresara la semana siguiente. De todas formas, pese a su insistencia, la denuncia no pudo ser realizada.

En el resto de los casos, las personas fueron víctimas de más de un robo (4). En uno de ellos, la persona explicó que, luego de ser allanada, pasó a ser conocida “por toda la delincuencia” y que, además de sufrir reiterados robos de cogollos, en una oportunidad incluso le tocaron la puerta haciéndose pasar por “ratis [policías]” para “sacarle flores”. En otro caso, la persona sufrió cuatro robos; y en otro, indicó que fue víctima de “cogolleros” en varias oportunidades. En ambos casos, las personas decidieron mudarse de sus hogares, aunque en uno de ellos la decisión también estuvo relacionada con la recurrencia de procedimientos policiales ilegales.

Distanciamiento del activismo

Asimismo, en cinco casos las personas indicaron que a raíz de estas experiencias decidieron alejarse del activismo (5). En tres de ellos, se trataba de militantes históricxs y referentes del activismo cannábico en su ciudad o pueblo. Es decir, se trataba de socixs fundadorxs de la primera asociación local que habían participado en la organización de la primera Marcha Mundial de la Marihuana de la localidad. No obstante, explicaron que se alejaron tanto de su agrupación como del activismo en general para evitar la exposición mediática y por cansancio, aunque también mencionaron diferencias con integrantes de sus agrupaciones y la necesidad de resguardar y proteger a sus familias.

Por último, en un caso las personas afectadas manifestaron “no querer saber más nada con el activismo”; mientras que, en otro, la persona, que recién se iniciaba en la militancia –había asistido a dos reuniones de la agrupación local y a una marcha–, decidió desvincularse porque consideró que, de continuar, iba a ser más perseguida.

El vaso medio lleno

Algunas personas, pese a haber sufrido consecuencias negativas, rescataron algunos aspectos positivos que se produjeron a raíz de estas experiencias, algunos de carácter colectivo (3) y otros de índole más bien personal (3). En lo que respecta a las repercusiones de carácter colectivo, un familiar de una persona allanada contó que fue nombrada ciudadanx ilustre y que el 31 de agosto pasó a conmemorarse el Día del Cannabicultor, en su honor. Asimismo, destacó que, a partir de su caso, se configuró un activismo jurídico local que logró intervenir de manera efectiva en diversas oportunidades, incluso consiguiendo en algunos casos la restitución de plantas y otros materiales secuestrados. Según explicó, este activismo se inició luego de una reunión entre unx ayudante de fiscalía e integrantes de una agrupación de la ciudad, que resultó en la creación de lo que denominó como “una especie de REPROCANN local informal” y cuyo funcionamiento describió de la siguiente manera,

[La persona ayudante de fiscalía] después se cansó, trataba de estar los fines de semana, que es cuando más surgían casos. Ahí ordenaba que, si había un caso con marihuana, lo llamaran. Por ejemplo, le encontraban a alguien cinco plantas y la suegra estaba con tratamiento oncológico y decía, “váyanse a lo de la suegra, hablan con ella y, si quieren, me la ponen al teléfono”. Cuando veía que la suegra efectivamente estaba en tratamiento, desactivaba [el operativo policial]. Les decía que se fueran. De hecho, empezó a ver cómo ingresaban causas por persecución de presuntos delincuentes, búsqueda de elementos robados, etc. Por eso armó una reunión con fiscales y, sobre todo, entiendo que con la policía, y les dijo, “no le saquemos las plantitas al abuelo, afilemos porque esto no se aprueba más”.

Además, relató que estx ayudante de fiscalía iba con frecuencia al depósito policial a verificar que los materiales secuestrados estuvieran conservados y que no faltara nada; y que, posteriormente, logró que las plantas incautadas fueran enviadas a investigadorxs del CONICET, quienes las utilizan hasta el día de hoy en sus pesquisas. Ello dejó asentado, a nivel local, el precedente de “no destruir” el material vegetal y, por ende, desde el sistema judicial provincial comenzaron a remitirse las plantas incautadas a investigadorxs del organismo. No obstante, estxs últimos se negaron a recibirlas, no sólo porque el material no les resultaba útil para su estudio –concentrado en unas pocas cepas–, sino también porque desconocían su procedencia y no querían apropiarse de cultivos ajenos. Esta misma respuesta fue replicada por investigadorxs de otras localidades cuando recibieron material vegetal proveniente del sistema judicial.

De manera similar, otro familiar de una persona allanada señaló como aspecto positivo el haber conocido mucha gente, así como la reunión que mantuvieron desde el activismo local con la máxima autoridad de la intendencia de la ciudad, la cual resultó en el cese de detenciones policiales por consumo de cannabis. Por su parte, una tercera persona destacó que el allanamiento de cuatro integrantes de la red de usuarixs y cultivadorxs que integraba les permitió “salir del closet cannábico” y, si anteriormente habían logrado que el municipio fuera pionero en la creación de un registro de cultivadorxs y habían colaborado con más de veinte municipios y consejos deliberantes en la sanción de ordenanzas similares adaptadas a las particularidades locales, tras el operativo y el respaldo recibido por parte del pueblo sintieron que ya no debían “dar explicaciones de nada” y que podían “redoblar la apuesta”. No obstante, admitió que algunas personas de la red, de entre 60 y 88 años, tuvieron miedo luego de lo sucedido.

Por otra parte, en lo que respecta a las repercusiones positivas a nivel personal, en un caso la persona indicó que aprovechó la situación para realizarse intervenciones quirúrgicas pendientes y que la exposición pública la volvió una persona conocida y referente del cultivo en la ciudad, lo que posteriormente le resultó de utilidad para iniciar un emprendimiento de jardinería cannábica. En otro caso, la persona señaló que la experiencia le sirvió para romper el tabú con su familia, logrando incluso que unx de sus progenitorxs se involucrara en el activismo. Y, finalmente, en un tercer caso las personas relataron que la experiencia les permitió conocer más gente y recibir apoyo de cultivadorxs reconocidxs, quienes lxs invitaron a conocer sus cultivos y lxs incentivaron a iniciar nuevamente el propio.

En síntesis, el análisis de las consecuencias de los procedimientos policiales y los procesamientos judiciales permite afirmar que, en la gran mayoría de los casos, estos tuvieron profundos efectos negativos en múltiples aspectos de la vida de las personas allanadas y, en algunos casos, también de sus familiares y amistades. Las consecuencias económicas y laborales, los impactos en la salud –especialmente en la salud mental–, las rupturas y tensiones en los vínculos afectivos, las modificaciones forzadas en las modalidades de acceso y uso del cannabis, las situaciones de discriminación, los robos y, en algunos casos, las violencias sufridas durante situaciones de encierro dan cuenta de que estos episodios tuvieron efectos que exceden el momento puntual del allanamiento, extendiéndose por amplios períodos de tiempo. Por otra parte, estos efectos no se distribuyeron de manera homogénea: fueron más frecuentes en aquellos casos en los que las personas quedaron privadas de su libertad o con prisión domiciliaria, así como entre quienes ocupaban roles de cuidado o eran sostén económico de sus hogares. Del mismo modo, la reiteración de procedimientos y la ausencia o debilidad de redes de acompañamiento profundizaron, en algunos casos, el impacto subjetivo y material de estas experiencias.

No obstante, en un número acotado de casos, las personas pudieron rescatar algunos aspectos positivos, tanto en el plano individual como colectivo. Así, ciertos allanamientos funcionaron como disparadores para el fortalecimiento del activismo local, la generación de estrategias jurídicas informales y la apertura de instancias de diálogo con actores del sistema judicial y político; mientras que, en otros, las personas rescataron como aspecto positivo, sobre todo, la ampliación de vínculos al interior del activismo.