El barrio 21-24-Zavaleta se ubica en el sector sur de la CABA y constituye uno de los asentamientos urbanos de mayor extensión y vulnerabilidad social de la ciudad. Su configuración territorial se caracteriza por una alta densidad poblacional, condiciones de hacinamiento habitacional y un acceso limitado a servicios básicos, como agua potable, saneamiento y suministro eléctrico, lo que incide de manera directa en la calidad de vida de las familias que lo habitan.
Desde una perspectiva socioeconómica, el barrio presenta elevados niveles de informalidad laboral y precariedad en las condiciones de empleo, factores que profundizan la inestabilidad de los hogares y condicionan las posibilidades de sostenimiento de los proyectos educativos. Asimismo, el territorio se caracteriza por una marcada diversidad cultural, producto de sucesivas corrientes migratorias provenientes principalmente de países limítrofes, que conviven con poblaciones históricas del barrio y configuran un entramado social heterogéneo.
En este contexto, las condiciones sociales adversas impactan de manera significativa en las trayectorias escolares de niños y adolescentes, lo que afecta la continuidad educativa y los procesos de aprendizaje. Frente a este escenario, las instituciones educativas del barrio cumplen un rol central como espacios de escolarización y como actores relevantes dentro del entramado comunitario. A través de diversas estrategias institucionales y de articulación territorial, las escuelas buscan sostener la escolaridad y acompañar las trayectorias educativas, estableciendo vínculos con otros actores sociales y estatales del territorio.
Esta contextualización permite situar los casos de estudio en un marco social, histórico y educativo específico, que resulta clave para comprender las prácticas y estrategias desarrolladas en el barrio 21-24-Zavaleta en relación con el sostenimiento de las trayectorias escolares.
Vista aérea y demarcación del barrio 21-24-Zavaleta de Barracas, CABA (fuente: Google Maps).
3.1. Aproximación histórica
A comienzos de los años 2000, el barrio 21-24-Zavaleta experimentaba un rápido crecimiento poblacional. Sin embargo, esta vitalidad contrastaba con una dificultad persistente: la escasez de vacantes escolares. Muchas familias debían salir del barrio para intentar inscribir a sus hijos en instituciones cercanas, donde se encontraban con aulas completas y falta de disponibilidad. En numerosos casos, la única alternativa era trasladarse a la provincia de Buenos Aires para asegurar un lugar.
Los reclamos sostenidos de las familias, que denunciaban la falta de vacantes y exigían soluciones concretas, evidenciaron una vulneración sistemática del derecho a la educación. Este impulso comunitario no solo movilizó la intervención del Estado, sino que también inspiró una propuesta de inclusión educativa que buscaba arraigarse en el corazón del barrio. Como respuesta, el gobierno de la CABA implementó una política pública de gran alcance: la creación del Polo Educativo Barracas. Esta iniciativa implicó la construcción de instituciones educativas dentro del barrio, con el propósito de atender la creciente demanda y subsanar años de postergación estatal, lo que acercó la educación a quienes más la necesitaban.
El terreno destinado al polo fue cedido en comodato por la mutual Flor de Ceibo por un período de cien años, mientras que la organización Vientos Limpios del Sur asumió la limpieza y el acondicionamiento del predio, con el respaldo de subsidios estatales específicos. Desde sus comienzos, el proyecto articuló de manera sostenida los esfuerzos públicos y comunitarios, lo cual evidenció que la transformación del territorio dependía de alianzas capaces de trascender los límites estrictamente institucionales.
Para que la política educativa tuviera anclaje territorial, el gobierno local convocó a quienes mejor conocían el lugar: especialistas, referentes de barrio, curas villeros y trabajadores comunitarios. El espacio logró fundir la planificación estatal con la realidad cotidiana, con la certeza de que las nuevas escuelas debían ser órganos vivos de la comunidad. Se apostó a que los vecinos se apropiaran del proyecto y lo hicieran crecer desde adentro. Este esfuerzo compartido terminó por transformar el paisaje educativo del barrio.
Desde sus inicios, las escuelas que integraron el polo se convirtieron en espacios de convergencia comunitaria y articularon acciones para brindar un acompañamiento integral a la infancia y a la juventud en situación de mayor vulnerabilidad. Con el tiempo, esta alianza devino en una estructura estable de trabajo conjunto, capaz de adaptarse a los cambios del barrio e incorporar nuevas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
De este modo, las escuelas trascendieron su función estrictamente pedagógica para constituirse en dispositivos territoriales clave, donde convergían apoyos escolares, asesorías legales y propuestas culturales. Esta expansión, articulada mediante redes de cooperación, favoreció la circulación de recursos y saberes orientados a fortalecer el tejido social y a sostener las trayectorias de los estudiantes.
3.2. Contexto social
Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), para 2018 más del 60 % de las familias de sectores populares del país residía entre la CABA y la provincia de Buenos Aires. En este marco, el barrio 21-24-Zavaleta se destaca como el enclave popular más habitado de la capital, con aproximadamente 55.000 personas organizadas en unas 8.800 familias, concentradas en apenas 60 hectáreas. Estas cifras representan el 1,6 % de la población total de la ciudad y reflejan tanto un crecimiento demográfico sostenido como la persistencia de condiciones de vulnerabilidad que impactan en la vida cotidiana de sus habitantes.
La identidad del barrio 21-24-Zavaleta se ha configurado a partir de sucesivas oleadas migratorias —internas y externas— que dieron lugar a un mosaico cultural complejo. Según los registros disponibles, conviven allí porteños no migrantes (23 %), migrantes internos de diversas provincias (35 %) y comunidades provenientes de Paraguay (38 %), Bolivia (2 %) y, en menor medida, Perú y otros países (2 %). Esta diversidad, además de constituir una riqueza cultural, también refleja distintos niveles de desarraigo y trayectorias de movilidad forzada que influyen en la construcción del capital social del barrio (Suárez, Mitchell y Lépore, 2011).
Uno de los rasgos distintivos del barrio es la presencia sostenida de organizaciones de la sociedad civil que acompañan a los vecinos. Según los registros, existen 65 organizaciones activas: 31 surgidas del propio barrio y 34 provenientes de otros ámbitos. Sus acciones alcanzan a más de 21.000 personas y cubren un espectro diverso: desde la asistencia social (30) y la educación (11), hasta iglesias (7), investigación y derechos humanos (6), y movimientos políticos y sociales (4). Esta pluralidad evidencia un territorio que, aun atravesado por carencias estructurales, ha desarrollado respuestas colectivas a partir del compromiso de múltiples actores (Suárez, Mitchell y Lépore, 2011).
A su vez, la confianza de los vecinos en las instituciones refleja estas dinámicas territoriales. La escuela pública encabeza la valoración (93 %), seguida por la Iglesia católica (78 %), los medios de comunicación (70 %) y el gobierno nacional (70 %). En un nivel intermedio de confianza se ubican la Gendarmería (64 %), Cáritas (61 %), el gobierno de la Ciudad (57 %) y las organizaciones sociales del barrio (48 %). Por último, con porcentajes menores, aparecen la escuela privada (49 %), la Policía (42 %), otras Iglesias (35 %), los sindicatos (32 %) y, en el extremo inferior, los partidos políticos (21 %). Estos niveles de confianza demuestran que, en contextos de fragilidad social, las instituciones que mantienen una presencia territorial constante y vínculos cotidianos son las más valoradas (Salvia y De Grande, 2018).
La participación vecinal en organizaciones también es significativa, aunque varía según el tipo de actividad. Los espacios religiosos —parroquias o templos— encabezan la participación con un 34 %, seguidos por las cooperadoras escolares (28 %) y los comedores comunitarios (15 %). Con menor incidencia se encuentran los grupos de ayuda y las asambleas barriales (5 % cada uno), seguidos por centros culturales, clubes, asociaciones de colectividades y cooperativas de trabajo (4 %). En el extremo inferior se sitúan los equipos de fútbol y grupos artísticos (1 %). En este escenario, los sindicatos han perdido fuerza institucional, mientras que ciertos movimientos sociales mantienen una actividad constante; por su parte, la participación política suele organizarse de manera coyuntural, dado que se activa principalmente durante periodos de elecciones internas (Salvia y De Grande, 2018).
La integración de organizaciones externas en el territorio responde a procesos históricos y sociales específicos. A partir de 1997, con el inicio de la labor pastoral del padre Pepe Di Paola, se consolidó una dinámica de organización comunitaria que logró articular el liderazgo territorial con la acción de diversas ONG y políticas públicas del gobierno de la CABA. Este entramado institucional resultó clave para la canalización de recursos y programas, que fortalecieron las condiciones materiales de vida, la construcción de confianza, la cohesión social y el desarrollo de capacidades colectivas.
Más allá de su función específica —social, política, religiosa o cultural—, las organizaciones del barrio trascienden las categorías formales para constituirse en espacios de reconocimiento, afecto y pertenencia. Este componente emocional robustece los lazos comunitarios y contribuye a forjar una identidad colectiva que, aun en condiciones adversas, motoriza iniciativas, facilita la resolución de conflictos y genera oportunidades en aquellos ámbitos donde la presencia del Estado resulta insuficiente.
3.3. Entorno educativo
Desde una perspectiva normativa, el análisis se enfrenta al desafío de la opacidad de los datos: dado que las estadísticas educativas se publican por comuna y no por institución, la Comuna 4 se convierte en la ventana necesaria para observar la realidad del barrio 21-24-Zavaleta. Esta zona trasciende el recorte geográfico para consolidarse como un territorio que concentra a una de las poblaciones más jóvenes de la CABA. La centralidad del sistema educativo en este contexto es innegable, dado que uno de cada cinco habitantes se encuentra en edad escolar.
Esta presión demográfica se traduce en un mapa de 177 establecimientos, según el Relevamiento Anual de Establecimientos Educativos de la CABA (2022). En el nivel inicial, la responsabilidad se reparte casi equitativamente entre el sector público y el privado. Al avanzar hacia la escuela primaria, el Estado asume un protagonismo mayor, administrando aproximadamente dos tercios de las escuelas disponibles. Sin embargo, al llegar al nivel secundario, el escenario se fragmenta nuevamente y la gestión estatal alcanza el 47,4 %. Este despliegue institucional representa algo mucho más profundo que una cifra estadística; se erige como el soporte fundamental de un territorio donde la escuela actúa como el garante principal de derechos en una comunidad mayoritariamente joven.
En los últimos años, la asistencia escolar en la Comuna 4 para el grupo de 5 a 17 años registró un incremento del 3 %, y así alcanzó el 97,5 % (Relevamiento Anual de Establecimientos Educativos, 2010-2022). Si bien esta cifra no reemplaza la medición directa del abandono escolar, constituye un indicador fundamental para describir el acceso y la permanencia en el sistema. Al expresar la proporción de niños y jóvenes que asisten regularmente a un establecimiento —independientemente del nivel cursado—, este indicador pone de manifiesto la capacidad de inclusión y sostenimiento del sistema educativo en el territorio.
Si bien la Comuna 4 continúa presentando niveles de asistencia escolar inferiores al promedio de la ciudad, estos valores deben ser analizados en función de su contexto sociodemográfico. El barrio 21-24-Zavaleta concentra una alta proporción de población infantil y juvenil, una realidad que ha impulsado una demanda sostenida de servicios educativos durante las últimas décadas. Este fenómeno ha sido acompañado por un aumento progresivo de la matrícula escolar, lo que refleja un esfuerzo constante por ampliar el acceso en un territorio de alta complejidad.
Las trayectorias escolares presentan comportamientos dispares: mientras que la repitencia en el nivel primario ha descendido hasta el 2,4 %, en el nivel secundario las cifras se mantienen estables. Esta disparidad revela que el tramo medio sigue representando un núcleo de dificultad persistente para el sistema educativo en el territorio (Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, 2010-2018).
A nivel nacional, el abandono escolar entre jóvenes de 16 y 17 años alcanza el 10,3 % en los principales aglomerados urbanos. En contraste, la CABA registra una tasa general del 1,24 % para la población de 5 a 17 años, aunque este promedio oculta disparidades territoriales. En la Comuna 4, el abandono escolar entre los niveles primario y secundario promedia el 2,5 %; sin embargo, al desglosar por niveles, se observa una brecha crítica: mientras que en el nivel primario la tasa es del 0 %, en el nivel secundario asciende al 9 % (Relevamiento Anual de Establecimientos Educativos, 2022). Estas cifras sitúan a la comuna por debajo de los valores nacionales, pero la posicionan como una de las jurisdicciones con mayores tasas de abandono dentro del contexto porteño.
3.4. Conclusiones del capítulo
El Polo Educativo Barracas presenta un rasgo singular: su modelo de cooperación se gestó en un escenario donde las divergencias sociopolíticas podrían haber obstaculizado la acción conjunta. Frente a este riesgo, las organizaciones del barrio adoptaron una lógica pragmática que priorizó la colaboración sobre la competencia, lo que permitió optimizar recursos y fortalecer su arraigo comunitario. Este enfoque resulta disruptivo en barrios populares urbanos, donde suelen predominar dinámicas sociales y políticas fragmentadas.
En este proceso, el gobierno de la CABA desempeñó un papel central mediante el aporte de financiamiento, la creación de cargos docentes y la ejecución de programas de apoyo escolar. Esta gestión se articuló con el trabajo de ONG especializadas, cuya intervención amplió la oferta educativa y recreativa. El resultado es un modelo híbrido en el que el Estado y la sociedad civil trabajan de manera integrada, de modo que potencian el impacto de sus acciones sin que ningún actor centralice el protagonismo.
La caracterización social del barrio 21-24-Zavaleta, enmarcada en el panorama educativo de la Comuna 4, ofrece una visión integral de los desafíos que enfrentan estudiantes y docentes. La vulnerabilidad económica, la densidad demográfica escolar y las brechas estructurales en el acceso a recursos evidencian la urgencia de un abordaje territorial que vincule el conocimiento del lugar con la acción directa. Solo a través de una presencia comprometida en el campo es posible desentrañar la cotidianeidad de las problemáticas educativas y proponer soluciones sostenibles.
Por ello, resulta fundamental descender al campo de investigación y analizar casos concretos que permitan contrastar y validar las hipótesis planteadas. Estas experiencias ponen de manifiesto la interacción entre las dinámicas sociales del barrio y las estrategias pedagógicas desplegadas; muestran, en definitiva, cómo la cooperación entre escuelas, organizaciones sociales y políticas públicas contribuye a transformar las condiciones de vida y aprendizaje en contextos de alta vulnerabilidad.
