En este capítulo planteamos la utilidad del marco analítico de la gobernanza global para comprender el complejo entramado de interacciones que conforman la política mundial entre diversos actores y niveles de gobierno. La acelerada transformación que produjo la globalización y el sistema multipolar a finales del Siglo XX impuso la necesidad de nuevas herramientas para el abordaje en Relaciones Internacionales. Los estudiosos de la disciplina afirman que el concepto de gobernanza global es útil para estudiar y comprender los fenómenos que ocurren en el contexto internacional contemporáneo. En sintonía, se produce un nuevo debate teórico en la disciplina cuyas discusiones plantean la necesidad de incluir nuevas perspectivas para estudiar la variedad de temáticas emergentes y desatendidas en las discusiones globales y establecer condiciones para disputar reivindicaciones en los foros multilaterales. Ese debate teórico en la disciplina introdujo a las teorías críticas entre las cuales están las teorías feministas que incorporamos en esta tesis para dos propósitos: para aportar a una comprensión del entramado en la política mundial desde una lente frecuentemente en los márgenes de las discusiones; y para caracterizar la cuestión social que atraviesa la agenda de DSR, pues refleja las desigualdades de género en interdependencia con otros sistemas de opresión como el clasismo y el racismo, especialmente cuando se debate la autonomía reproductiva como ejercicio de los DSR.

La primera parte de este capítulo repasa los elementos teórico-conceptuales de la gobernanza como medio para indagar agendas globales. Seguidamente se delimita el marco para estudios de alcance medio como es el nivel regional. El capítulo finaliza con la precisión conceptual en torno a los DSR y los elementos epistemológicos que conforman este conjunto de derechos.

La Gobernanza Global

La provocación planteada por Weiss y Wilkinson (2014), sobre la utilidad y la potencia -poco explotada- de la gobernanza global para “rescatar” del estancamiento a las Relaciones Internacionales^[1], nos facilita la justificación de su uso. Pues, el marco analítico que proponen, otorga la posibilidad de recuperar la razón de ser del campo de estudios como un medio para comprender cómo funciona el mundo, conformar un marco de referencia para reflexionar sobre el papel como agentes de cambio, esto es, aportar propuestas para un mejor y más justo orden mundial (Weiss y Wilkinson, 2014, p. 76). El trabajo de estos autores llama a reflexionar acerca del estado de situación, en el tiempo reciente, de la disciplina, desde una perspectiva tradicional, haciendo énfasis en la forma en que -como estudiosos del campo- aportamos a él para actualizar los debates, ya sea investigando, enseñando y contribuyendo en la formulación de políticas sobre los temas que aquejan a nivel mundial. Proponen una forma de salir de ese estancamiento a partir de una reconceptualización de gobernanza “apta para el siglo XXI”, en la que por lo menos nos invite a pensar “cómo está organizado el mundo, cómo se ejercen el poder y la autoridad, y cómo llevar a cabo ajustes (incrementales, absolutos o de otro tipo) que permitan que el mundo sea un lugar mejor.” (Ibidem, p. 98).

Estas preguntas además de proponer un marco analítico para observar fenómenos complejos de interacción y construcción de consensos, entre diversos y múltiples actores, resultan útiles para la presente investigación en dos sentidos. Por un lado, para enmarcar conceptualmente la gobernanza global como un marco para el análisis de unidades divergentes insertas en la arquitectura internacional y, seguidamente, para ampliar dicha conceptualización desde una perspectiva disidente. En los términos que refiere Arenal (1998) señalando las extendidas crisis que transcurren que requieren necesariamente una reflexión teórica vinculada con la práctica política de las Relaciones Internacionales. Para esta tesis, tomamos en cuenta los enfoques de género y derechos humanos, así como los aportes de los feminismos, en particular a partir de su referencia decolonial de la disciplina. Estas contribuciones se conforman a partir de los últimos años de la Guerra Fría, cuando se plantea una crítica tanto ontológica como epistemológica que inaugura un nuevo debate científico. De acuerdo con Cardinale y Winner (2022) se identifica un proceso de ruptura epistemológica en los años ochenta que se consolida con los atentados de 2001 en Nueva York dada la unilateralidad de la política exterior y de seguridad estadounidense que produjo ese acontecimiento y que se extiende, con ciertos matices, hasta la actualidad.

La literatura describe este momento como el cuarto gran debate de la disciplina^[2], donde la corriente tradicional racionalista es profundamente cuestionada por un conjunto de enfoques y aproximaciones disidentes (Salomón, 2001) o también llamadas reflectivistas (Keohane, 1989) cuyos postulados buscan discutir y refutar el etnocentrismo disciplinar además de trascender el positivismo y ampliar los márgenes de análisis. Es decir, trascender la lógica explicativa de causa-efecto del enfoque hegemónico a partir de miradas que busquen comprender e interpretar, reconociendo el carácter situado del conocimiento (Quijano, 2000) y la inexistencia de neutralidad entre el objeto de estudio y el sujeto que estudia. A partir de estas críticas, cobran un lugar central los significados intersubjetivos^[3] (Cox, 2013) principalmente para entender la heterogeneidad de visiones y, por ende, la construcción de interpretaciones plurales, que implica reconocer que son múltiples y disímiles los mundos que habitamos en contraposición a la pretendida generalidad y universalidad del enfoque tradicional de un sólo mundo (Sodupe, 2003). El racionalismo como enfoque tradicional, incluyendo sus vertientes teóricas del neorrealismo y el neoinstitucionalismo liberal^[4], no sólo funda la hegemonía disciplinar bajo la asunción de un sistema internacional con estructuras dadas, naturalizadas, al igual que las relaciones de poder que constituyen los parámetros del orden existente^[5] (Cox, 2013), sino también la gobernanza global en tanto fenómeno observable e institucionalizado del sistema internacional. Dado que el enfoque hegemónico “tiene como correlato, en el plano de la realidad social, el auge del neoliberalismo como modelo de gestión global, que imprime una forma particular de política y de cooperación internacional” (Cardinale y Winner, 2022, p.14).

Frente a esto, los aportes disidentes van a señalar que las estructuras, lejos de estar dadas y ser inmutables, forman parte de un entramado construido socialmente, en donde el interés en pensar la disciplina sea como agentes para construir conocimiento y generar prácticas que permitan comprender e interpretar la realidad. Desde la perspectiva decolonial el foco está puesto además en evidenciar que tales estructuras que aparentan ser estáticas, están socialmente construidas y sostenidas por prácticas múltiples e interseccionales a nivel económico, político, social, histórico y epistemológico (Blaney y Tickner, 2017).

Bajo este marco de discusiones entre la hegemonía disciplinar y las críticas disidentes, surgen los aportes feministas, también con una amplia gama de enfoques heterogéneos^[6]. Es relevante resaltar que una clasificación estrictamente académica distingue a las teorías feministas de acuerdo al método de investigación utilizado como empirista, del punto de vista y posmoderno, pues su nacimiento en el campo de las Ciencias Sociales se da en un contexto de disputa principalmente por el reconocimiento de igualdad y la erradicación de las violencias y discriminaciones a mujeres y diversidades. No obstante, en la práctica, es inseparable de una visión de mundo y un posicionamiento político (Villarroel Peña, 2007). Siguiendo a Cardinale y Winer (2022), en la última década se destacan tres principales aportes que, conjuntamente, resultan una referencia clave para el abordaje interseccional de las desigualdades. Uno es el giro hacia la micropolítica de la investigación, en donde cobran centralidad la vida cotidiana de los sujetos, el análisis del espacio en términos identitarios y el afecto en contraposición de la razón instrumental. En segundo lugar, la categoría de corporeidad para entender que las relaciones de poder, la economía global y los conflictos atraviesan y se inscriben en los cuerpos. Y, por último, el pasaje metodológico hacia prácticas concretas de las personas que en su singularidad constituyen, sostienen o resisten a los embates neoliberales y de dominación, referidas en la literatura al cambio hacia el practice-turn (p. 17). A pesar que el foco de esta tesis no está puesto en indagar sobre estas cuestiones en particular, nos resulta valioso describir el giro ontológico y epistemológico de la disciplina a partir de estos aportes que enmarcan nuestra adscripción disidente. Sobre todo, para explorar los elementos que subyacen en los procesos de negociación y construcción de consensos políticos sobre el conjunto de derechos sexuales y reproductivos.

En el desarrollo del capítulo anterior nos referimos a las conferencias de Naciones Unidas, en particular las que trataban la cuestión de la mujer y su lugar en las políticas de población y desarrollo. Aquí se presentan dos cuestiones fundamentales ligadas a eso, por un lado, los planteos por parte de los feminismos tuvieron que ver con aspectos vinculados intrínsecamente al cuerpo. Tanto el reclamo por una vida libre de violencias, en los espacios públicos y privados, como el derecho de las mujeres a tener control sobre sus propios cuerpos. Ante estos reclamos, las respuestas tradicionalmente recayeron sobre lo doméstico en su doble sentido, tanto en considerar que dichas aclamaciones pertenecían al fuero íntimo y privado, como en términos diplomáticos cuya decisión es asunto exclusivamente de los Estados y no del ámbito internacional. En esta línea, así como se constituyó la premisa de “lo personal es político”^[7], los aportes de los feminismos a la disciplina permiten afirmar consecuentemente lo enunciado por Cynthia Enloe hace ya algunos años, ‘‘lo personal es internacional’’ (Enloe, 1989). En segundo lugar, la conceptualización institucional donde el discurso dominante refiere sobre “la condición de la mujer” en lugar de hablar de opresión. Mientras que el primero “remite a una explicación naturalista: a una limitación de la naturaleza, realidad exterior fuera de nuestro alcance y no modificable”, la opresión “remite a una elección, a una explicación, a una situación que es política” (Delphy, 1984 en Hooks, 2020, p. 34). Ambas contribuciones abren paso a estudios que permiten hacer hincapié en agendas, como la de DSR, y en actores, como las organizaciones de la sociedad civil además de los Estados, que no son tradicionales en los estudios internacionales.

Por dicha razón, bajo estos debates contemporáneos enmarcamos esta tesis, tomando en cuenta la gobernanza como fenómeno y herramienta para preguntarnos cómo está organizado y funciona, en este caso, una parte del mundo sobre un asunto internacional y qué reflexiones podemos obtener del proceso del conocimiento. Al mismo tiempo, los aportes de los feminismos decoloniales a las Relaciones Internacionales nos otorgan un marco de abordaje interseccional de las desigualdades y opresiones globales.

La investigación en torno a la gobernanza tiene como objetivo descifrar los elementos que la componen, con sus contradicciones y las fuerzas compensatorias que coexisten en el proceso y como fenómeno al mismo tiempo. Pues, siguiendo a Rosenau y Czempiel (1992), en la gobernanza conviven múltiples formas de autoridad, normas formales e informales, interacciones superpuestas y mecanismos de legitimidad que la conforman, sin necesariamente, contar o vincularse per se con una autoridad formal central. Estos autores fueron los primeros en teorizar al respecto en Relaciones Internacionales, a propósito del contexto de surgimiento conceptual, cuyo período fue durante la última década del siglo XX para dar cuenta del proceso de pérdida de la autoridad estatocéntrica en los países centrales. Como mencionamos, una de las consecuencias al final de la Guerra Fría, junto al neoliberalismo como modelo victorioso de la contienda, implicó repensar teóricamente lo que produjo el efecto de la globalización y la multiplicación de actores en juego, es decir que los Estados ya no son el único actor, destinatario e interlocutor en el sistema que define la política mundial. Es la época de mayor proliferación de actores bloque, tanto de procesos de integración y cooperación intergubernamental, así como de redes transnacionales de incidencia.

La proliferación de procesos de integración intergubernamental se da en un contexto donde por un lado la Unión Europea refuerza una institucionalización delegativa de soberanía, cuyo proceso de descentralización de la autoridad nacional, se dirige hacia una gobernanza multinivel mancomunada (Dür y Mateo González, 2004). Por otro lado, los Estados Unidos refuerzan la primacía del modelo de desregulación y privatización consolidado bajo la doctrina del Consenso de Washington. Modelo mediante el cual, las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario (FMI) y el Banco Mundial (BM), fueron garantes de la difusión, aplicación y supervisión de sus principios rectores. Desde entonces, la difusión de este modelo como de “buena gobernanza” fue impregnando en mayor o menor medida en todas las sociedades y Estados (López-Vallejo Olvera, 2013).

En este sentido, analistas de la disciplina, así como de las diferentes acepciones y configuraciones de este concepto, afirman que, teóricamente, la formulación de la gobernanza, en el contexto de la Guerra Fría, buscaba instalar conceptos y enfoques de tipo liberal para hacerle frente al predominio del realismo político (Krahmann, 2003; Weiss, 2000). No obstante, a la concepción globalista en el origen del término, otro grupo de analistas, han utilizado a la gobernanza como marco para ampliar la capacidad explicativa de los estudios sobre regionalismos (Acharya, 2016 y Börzel, 2016). Sus aportes proponían a la gobernanza como alternativa ante el cuestionamiento de las teorías convencionales de integración y cooperación regional, cuyas categorías analíticas eran insuficientes para el abordaje de procesos en otras latitudes por fuera de Europa occidental. Puesto que se producía un doble sesgo, por un lado, se consideraban a los Estados como los únicos y principales impulsores del regionalismo y, consecuentemente, centradas en los procesos de construcción de instituciones formales (Börzel, 2016), cayendo en una lógica contraproducente, para explicar y caracterizar la proliferación de procesos de integración y cooperación, que escapaban de los patrones y las fórmulas europeas. Esto, a su vez, evidenciaba tanto la faja que significaba el sesgo etno y eurocéntrico de los marcos analíticos, como la necesidad de construir conceptos que puedan viajar sin caer en un estiramiento, ambigüedad o elusividad semántica en los términos que refiere Sartori (1970). La gobernanza es uno de los conceptos que ha mostrado tener la capacidad de hacerlo. De acuerdo con Villamar Nava (2017), se distinguen al menos tres perspectivas complementarias del concepto de gobernanza global desde sus primeras definiciones en los albores de la discusión disciplinar hasta la fecha. La primera reside en el uso para describir un conjunto de fenómenos que verifican la realidad internacional. La segunda como perspectiva analítica del campo de las relaciones internacionales y la última, como proyecto político de orden global (p. 136). Ésta última se relaciona con el enfoque hegemónico racionalista, cuyo correlato en el plano de la realidad social está ligado, como señalan Cardinale y Winer (2022), al auge del neoliberalismo.

Para el estudio propuesto en esta tesis, utilizamos principalmente las dos primeras acepciones, sobre todo la segunda y reconocemos que la tercera acepción influye en las primeras. Pues tomamos en cuenta la información que otorga dicha acepción al momento de describir los fenómenos y analizar las interacciones en torno a una cuestión social como los DSR que involucra actores, variables y dimensiones internacionales. Recordemos que la coyuntura durante la conceptualización de gobernanza, y su revisión desde las relaciones internacionales, estuvo atravesada por una nueva era de globalización y un contexto de crisis. Cuyas configuraciones trajo aparejados procesos de transformación en el plano económico, tecnológico y académico. Fue un período donde se produjo una complejización de la esfera internacional, con el ingreso de nuevos actores, niveles de negociación y procesos de delegación de soberanía. Esta época estuvo signada por los regionalismos multidimensionales, que se ocupaban de varios asuntos políticos y no de procesos de tipo económico-comerciales exclusivamente. La creciente institucionalización del plano global, se produjo en concierto con la ampliación de agencias del sistema de Naciones Unidas, en un contexto de expresión de un nuevo multilateralismo, auspiciado por el cambio de roles entre potencias posterior a la caída del Muro de Berlín. Cabe destacar la caracterización que ofrece Botto (2012) sobre las instituciones del sistema de Naciones Unidas, con mayor y menor peso en la política internacional, que ayuda a comprender de qué manera ciertos asuntos -y mecanismos- logran una capacidad de incidencia más efectiva sobre el nivel nacional. Y por consiguiente una capacidad de injerencia en las dinámicas de gobernanza, como es el caso de los organismos de naturaleza económica. El BM, el FMI y la Organización Mundial del Comercio (OMC) “se erigieron como principales sostenedoras del orden global a través de su capacidad de injerencia sobre los países en desarrollo” (O´Brien et al, 2000; Woods, 2006, citados en Botto, 2012, p.34). Entre las razones que explica la autora, se destaca aquella que tiene que ver con un factor más pragmático, donde las organizaciones económicas tienen un bien global priorizado muy definido y jerarquizado, a diferencia de las organizaciones de carácter social. En el caso de las primeras, además, cuentan con el interés del sector privado cuya influencia define el establecimiento de prioridades. Las organizaciones de carácter social, en cambio, siguiendo a Botto (2012), padecían una fragilidad en su poder de injerencia, debido a la incapacidad de establecer eficazmente las prioridades entre los diferentes bienes globales que debían manejar. Esa incapacidad tampoco permitía establecer jerarquías para la asignación de recursos y tampoco las dinámicas decisionales colaboraban. Eran exclusivas de los Estados miembros, careciendo de una mínima diversidad de actores (e intereses) que pondere una visión sobre otra. Este aspecto, no sólo implica una demora del tiempo por la extensión de las negociaciones para lograr consensos, sino que además se alejaba de la posibilidad de mecanizar los acuerdos una vez alcanzados.

En este sentido, la utilización de la gobernanza en clave analítica nos permite encontrar a qué otras razones responden las dinámicas de negociación, en particular sobre agendas sociales del ámbito internacional. En ese camino, tomamos en cuenta el marco teórico disidente de las Relaciones Internacionales (Lagar y Porcelli, 2022; Salomón, 2001), específicamente las teorías feministas desde los aportes decoloniales (Abbondanzieri, 2022; Villarroel Peña, 2021 y 2018; Chakraborty, 2017). De esta forma, esta primera caracterización sobre las instituciones internacionales que enmarca la construcción conceptual de la gobernanza, otorga una aproximación para conocer el peso que tienen, en particular al identificar los actores en la construcción de las agendas globales y, por consiguiente, comprender el papel que juegan en el concierto mundial. En sintonía con las conclusiones que presenta Botto (2012), mientras que las instituciones económicas, aumentaron su capacidad de injerencia y poder (especialmente en los países en desarrollo) y con una clara hegemonía estadounidense^[8], con el paso del tiempo, los organismos de agendas sociales fueron inversamente perdiendo la capacidad para disputar bajo las mismas condiciones. De acuerdo con Mayntz (1998a), se puede caracterizar este proceso, como el resultado de un déficit decisorio, frente al cual surge como respuesta la inclusión de nuevos actores, aunque no con capacidad decisional o ejecutiva. Es decir, a través de la conformación de espacios multiparticipativos como las cumbres o conferencias de Naciones Unidas, se habilitó la posibilidad de “aggiornar agendas y activar la discusión entre los países miembros” (Botto, 2012, p. 34). Sin embargo, los resultados alcanzados en dichas instancias, que representan una conciliación de posturas y la construcción de estándares a partir de las visiones compartidas sobre problemas comunes y metas para lograr soluciones, no cuentan con dispositivos que dispongan los acuerdos en mecanismos vinculantes. En síntesis, no son resultados que cuenten con aplicación obligatoria.

Con esta descripción de las instituciones multilaterales y la conceptualización de la gobernanza como herramienta analítica, el marco teórico que proponemos cobra sentido en, al menos, dos direcciones complementarias. Para dar cuenta cómo las dinámicas de los organismos multilaterales, influyen directamente en los procesos de gobernanza. Y, por otro lado, para indagar sobre los factores que condicionan la construcción y avance (o no) de agendas de cambio social como son los DSR. Para ello, recuperamos de Smouts (1998), la definición de gobernanza global como “los esfuerzos para aportar nuevas respuestas, más ordenadas y fiables, a cuestiones sociales y políticas que van más allá de las capacidades de los Estados para abordarlas individualmente” (p.82). Si bien la autora hace referencia a los procesos que habilitan una mayor apertura para la participación de otros actores, entre los cuales está la sociedad civil, también tenía que ver con causar un efecto de tipo paradigmático para el desarrollo humano, donde los derechos humanos y el bienestar social se ubiquen en el centro. Es decir, teniendo en cuenta la visión de los destinatarios de las políticas, programas y medidas alcanzadas. A partir de esta ampliación participativa y de perspectivas, por ejemplo, se difundió el compromiso de incluir la perspectiva de género, promoviendo la participación diversa de mujeres, el estudio e investigaciones sobre el tema y el diseño de políticas de desarrollo que incluyeran dicho enfoque, siguiendo los aportes de Razavi y Millier (1995) que mencionamos en el capítulo precedente. En este aspecto y a nivel regional, la inclusión sobre el papel de la sociedad civil en dichos estudios, de acuerdo con Reverter Bañón (2012), será clave para comprender el vínculo entre el fenómeno y el proceso de gobernanza con agendas ligadas al compromiso con la igualdad de género y los derechos humanos. Pues, como veremos a continuación, la participación de la sociedad civil organizada en distintas formas contribuye en la producción de conocimiento y construcción de consensos políticos.

Gobernanza a escala regional y los aportes feministas decoloniales

A partir de las precisiones conceptuales previas, introducimos el concepto de gobernanza a nivel regional para especificar el nivel de análisis de las dinámicas. En este sentido, Herz (2013) recupera la definición clásica de Rosenau (1995) sobre gobernanza, como aquel proceso de coordinación más allá de la autoridad centralizada del Estado. Y adhiere, que la variedad de actores estatales y sociales se involucran en interacciones continuas a escala regional, cuyo nivel ubica a las organizaciones intergubernamentales en el centro de este proceso. Dado que son dichas organizaciones las que se conforman como los principales vehículos para la generación de reglas y consensos comunes. Así pues, aquella que busca una regulación de políticas de igualdad de oportunidades y de trato, mediante la distribución equitativa de los beneficios del mercado entre varones y mujeres, representa la dimensión social y de género de la gobernanza regional (Van der Vleuten, 2016).

El proceso de institucionalización y complejización global, como señalamos, condujo a la proliferación de organizaciones regionales, con diferentes objetivos, estrategias y alcances y también produjo una agitación teórica y metodológica en el campo de estudios. Encaminada a profundizar la capacidad de adecuar o crear conceptos para realidades regionales, sobre todo, periféricas. Fueron las contribuciones del regionalismo comparado que brindaron nuevas herramientas para estos abordajes. Aspecto que se deriva de los primeros debates de los postulados clásicos de las teorías de integración regional, basadas en el caso europeo, entre el funcionalismo y el intergubernamentalismo, entre los años sesenta y setenta (Hoffmann, 1966). Mientras que el primero defendía la delegación de soberanía a instituciones supranacionales, cuyo paso en áreas económicas generaría automáticamente un efecto derrame (spillover) sobre las demás agendas (Haas, 1968). El segundo grupo de teorías, también a favor de las instituciones supranacionales, pero considerando a los Estados nacionales como los principales “cuidadores” de los propios intereses (gatekeeper) mediante el poder de veto (Moravcsik, 1995). Este mismo debate, se profundizó hacia teorías más micro del caso europeo, durante la profundización del proceso de integración de la Unión Europea a fines de los años ochenta y principios de los años noventa. El debate aquí estuvo puesto entre racionalistas, que privilegian a las instituciones supranacionales como principal llave del éxito, por sobre las ideas y valores supranacionales de la unión como bloque, como plantean los constructivistas^[9]. Estas últimas, han sido ampliamente desarrolladas y forman parte de las teorías críticas de las Relaciones Internacionales, en tanto rompen con los axiomas tradicionales de la disciplina al preponderar las ideas, valores y actores de los procesos que hacen a la construcción del poder, compartido con los Estados nacionales (Wendt, 1992).

Otro grupo de autores como Söderbaum (2012) y Börzel (2016), enmarcados en una crítica hacia el eurocentrismo para los estudios sobre regiones, sostienen que la capacidad del enfoque de la gobernanza es la que permite captar las diferentes formas en que los actores estatales, de mercado y de la sociedad civil se relacionan y conforman diferentes redes y coaliciones (formales e informales), para alcanzar bienes comunes. Estos estudios sobre la nueva etapa que asumen los regionalismos, se presentan como una categoría útil para comparar marcos institucionales, en donde diversos agentes, de distintos sectores, coordinan sus acciones. Ya sea en un marco formal multinivel o de redes informales. Mayntz (1998) dirá que son modos institucionalizados de coordinación, a través de los cuales se adoptan y aplican decisiones colectivamente vinculantes.

En este sentido, la gobernanza se compone por un doble proceso consecutivo y recíproco. Son las normas las que construyen la estructura, que se logra a partir de la negociación entre actores. Proceso que involucra tanto las complejidades de los regionalismos, como el dinamismo subyacente entre las diversas lógicas interactuantes. Por lo dicho, a partir del intercambio social y político entre la integración, las instituciones y la propia identidad que se le quiera asignar, es que los regionalismos tienen la capacidad de producir políticas comunes complejas, y no sólo permanecer en un lugar de meros instrumentos de los intereses estatales (Hurrell, 2007). Al respecto de la capacidad que tienen las instituciones regionales, se le adhiere la funcionalidad para la construcción de gobernanza, en tanto vehículos privilegiados para las interacciones entre la pluralidad de actores (Herz, 2013). Sin embargo, “la literatura sobre las Relaciones Internacionales todavía no ha logrado trascender el marco tradicional de pensamiento, para hacer de la gobernanza una herramienta específica para las nuevas cuestiones” (Smouts, 1998, p. 82). Para esta tesis, representa una oportunidad para aportar en esa línea, a fin de enriquecer la capacidad analítica de la gobernanza con perspectivas disidentes, feministas y decoloniales que la potencien. Como mencionamos en el apartado previo, son estos aportes teóricos los que permiten una lectura en profundidad sobre las instituciones y las interacciones entre diversos actores en la construcción de consensos y sobre los elementos que subyacen en tales procesos.

En consecuencia, el postulado de gobernanza regional, estuvo signado por su adscripción a un espacio más allá de los estados nacionales y, la incorporación de actores no estatales en la producción de soluciones conjuntas (Herz, 2013). Los actores no estatales en los que se centra la literatura mainstream, priorizan a los actores privados, empresariales y corporaciones autónomas más que a las organizaciones de la sociedad civil. Estas últimas, cuando se mencionan, en mayor medida sólo es para referirse a la presencia de organizaciones no gubernamentales (ONG), sin detenerse en el rol que ocupan en las dinámicas de gobernanza y los aportes que realizan en su vínculo y articulación con movimientos sociales. En cambio, sí existen vastas producciones sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil en estudios que indagan experiencias de regionalismos particulares como, por ejemplo, en el Mercosur (González, 2018) o en la OEA (Cantore, 2018). Estos estudios aportan al campo a partir del estudio sobre la acción colectiva y las redes transnacionales de incidencia.

Desde el marco analítico de la gobernanza, los estudios sobre las regiones suelen diferenciar entre los procesos de regionalización y regionalismo, donde los primeros remiten a las interacciones económicas y sociales del espacio delimitado políticamente y, los segundos refieren a los proyectos políticos que están dirigidos por los Estados con el objetivo de promover la colaboración intergubernamental. Esto es, que puede implicar la construcción de una identidad regional y una comunidad política en dicho nivel. El enfoque de la gobernanza, por tanto, es aquel que envuelve ambas tendencias en un proceso más amplio, en el cual intervienen múltiples actores y la autoridad está descentralizada y deslocalizada en varios lugares. La virtud de la idea de gobernanza se vuelve relevante para comprender la complejidad de las normas en dicho contexto, es decir, aportar una categoría analítica para la organización tanto de la realidad práctico-política como del conocimiento teórico, recuperando a Herz (2013). Esta autora resume el camino de precisión conceptual de la gobernanza regional en una pregunta muy simple: ¿quién gobierna qué y desde qué base social? respecto al contexto de auge de los regionalismos multidimensionales, como causa y efecto de la complejización del multilateralismo neoliberal de la gobernanza global. Por eso, las organizaciones regionales intergubernamentales se configuran como los principales centros de interacción de la gama de actores en juego y como vehículos para la negociación de acuerdos.

Las perspectivas teóricas que debaten sobre la gobernanza regional fueron principalmente dos, el institucionalismo liberal y el constructivismo, que la literatura tiende a dejar que coexistan en los análisis y se informen mutuamente (Börzel, 2016). Dado que, aunque es necesario ver el proceso histórico de las interacciones sociales que provocan dinámicas de producción de ideas, identidades y normas, entre los distintos actores e instituciones, el enfoque de los intereses del Estado y la producción de procesos políticos y sociales más complejos, sigue siendo central en la literatura tradicional. Este aspecto supone un vínculo entre los niveles de gobernanza, particularmente entre el ámbito global y el regional. De acuerdo a Hurrell (2007) los procesos de gobernanza regional deben comprenderse en relación con factores sistémicos del orden internacional. Es decir, por ejemplo, cabe destacar la segunda oleada^[10] de integración y cooperación regional, que trajo aparejado una agitación conceptual y producción de teorías, que han abarcado experiencias diversas especialmente entre países en desarrollo o bien, nuevas alianzas norte-sur, como el caso del tratado de libre comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), entre Estados Unidos, México y Canadá. Así, se elaboran explicaciones en el campo de los llamados nuevos regionalismos. Los postulados de dicha corriente se focalizan en el estudio de las regiones y los posicionamientos de los gobiernos, quienes tienen el poder de tomar las decisiones. Sin embargo, tales decisiones, en mayor o menor medida, dependen de la influencia de los mercados y la incidencia de la sociedad civil para que sean eficaces y cuenten con legitimidad democrática (Botto, 2006; Hettne, 2002; Smouts, 1998; Söderbaum y Shaw, 2003). En la misma línea la literatura también reconoce la complejidad de estudiar estos procesos, que experimentan nuevas dinámicas y en un contexto cambiante, en donde se involucran instituciones y actores que no sólo son los formalmente institucionalizados, sino que, al incorporar una dimensión social en los análisis regionales, también se deben considerar actores e instituciones de carácter informal que crean mayor o menor condicionamiento para la toma de decisiones (Bøås et al., 2003).

Durante estas dinámicas que complejizan la arena internacional, con las consecuencias de la globalización y el nuevo multilateralismo, la sociedad civil defensora y promotora de la salud de las mujeres y de los derechos reproductivos, se consolida transnacionalmente como mencionamos en el capítulo anterior al referirnos a la red global de mujeres por los derechos reproductivos. Cuando cobran visibilidad y un importante protagonismo en las conferencias internacionales del sistema de Naciones Unidas, discusiones en diversos ámbitos y el correlato de eventos a escala regional, sobre todo en la década de los años noventa. Para el caso de América Latina y el Caribe fueron las Conferencias regionales sobre las mujeres particularmente y más adelante también sobre población. El aspecto más destacado de las dinámicas en torno a la sociedad civil y sus acciones colectivas transnacionales, tuvo que ver con la realización de las cumbres y foros paralelos con el objetivo de canalizar la enorme participación y aportes al momento de negociar consensos de derechos humanos, fundamentalmente (Medici y Rial, 2018). Tales participaciones y visibilización de demandas penetraron en las discusiones oficiales habilitando la incorporación de perspectivas y argumentaciones que antes se consideraban mucho menos o simplemente no estaban presentes. En la misma línea y quizás con mayor intensidad en la última década, la dimensión transnacional de los movimientos y luchas sociales ha cobrado una relevancia notoria, particularmente para el movimiento de mujeres y feministas que retomó repertorios de acción colectiva coordinados en torno a una fecha, una consigna y estandartes comunes en distintos puntos de todo el mundo. Organizadas y articuladas por medio de encuentros y redes regionales, percibieron a las regiones como una plataforma provechosa para llevar demandas e incidir, considerando un espacio intermedio entre las instancias globales y los canales o posibilidades nacionales para generar presión. Acontecimientos que impactaron en el desarrollo de teorías de las Relaciones Internacionales, particularmente a partir de la publicación del libro de Enloe en 1989 “Bananas, Beaches and Bases” se inaugura, incipientemente, la conformación de las teorías feministas de las Relaciones Internacionales. El desarrollo de los postulados feministas en la disciplina, implicó su precisión, pues no son homogéneas ni absolutas y su teorización va de la mano con la acción colectiva y política de los movimientos sociales que abarca. Esto involucra una forma de teorizar particular, puesto que, como la palabra movimiento lo indica, el desarrollo es continuo, dado que no sólo hay una intención de interpretar el mundo sino, sobre todo, de transformarlo (Dietz, 2003). En la actualidad, permanecen al margen de la disciplina, especialmente las perspectivas más críticas, cuyos postulados son contrapuntos de los axiomas epistémicos tradicionales del norte global (Di Giorgio et al., 2021). En consonancia, aunque comparten en muchos sentidos preocupaciones semejantes, las corrientes feministas en Relaciones Internacionales no son homogéneas, como tampoco lo es el amplio movimiento social y político que va de la mano de las discusiones disciplinares.

El punto de partida de las teorías feministas se halla en concebir que los postulados mainstreams funcionan “como un dispositivo para el mantenimiento de un orden político que subordina y excluye la posibilidad de que las mujeres sean conocedoras o agentes del saber” (de Oliveira y Valdivieso, 2022, p. 359). Es decir, los feminismos denuncian el orden de género basado en las relaciones de poder asimétrico, cuya desigualdad resulta en desmedro de las mujeres, dada las prácticas discriminatorias, vulneración de derechos y, por ende, las violencias sistemáticas que dicho orden sostiene y reproduce. Desde la referencia decolonial, la denuncia únicamente hacia el orden de género resulta insuficiente, pues no es el único orden constitutivo de relaciones asimétricas de poder, por el contrario, apunta a desentrañar el sostenimiento del orden racial, la división social y sexual del trabajo, imbricado en el pensamiento y práctica universalista de la que se funda la tradición disciplinar dominante. De este modo, las diferencias entre las perspectivas o referencias de posicionamiento entre las corrientes teóricas feministas, tienen que ver con aspectos epistemológicos, conceptos de relaciones de género y enfoques normativos del mundo político (True, 2010). En este sentido, la referencia que adscribimos en esta tesis toma la crítica a la colonialidad del poder y del saber (Lander, 2000; Quijano, 2000) para indagar sobre los elementos subyacentes y menos explorados en la construcción de conocimiento en Relaciones Internacionales. Cabe destacar que la perspectiva decolonial confluye en ciertos aspectos con las vertientes de estudios poscoloniales, así como los llamados estudios desde los feminismos subalternos o del tercer mundo (Ballestrin, 2017), pues comparten la crítica y la denuncia hacia las opresiones del sistema y el pensamiento colonial. No obstante, hay importantes diferencias entre estos grupos de estudios que se deben al tiempo y espacio de conformación^[11] cuyos aspectos construyen conocimiento situado, el cual otorga una visión de abordaje no unificable. En términos epistemológicos comparten la propuesta de construcción y pensamiento crítico, emancipado de las teorías dominantes del norte global (Suárez Navaz y Hernández Castillo, 2008).

Es por eso que el enfoque de género y la perspectiva decolonial, resultan herramientas teóricas y analíticas sustanciales para comprender la interseccionalidad estructural entre el orden de género, el de raza, el de clase, el de lugar de origen y la geopolítica que constituyen esas relaciones de poder asimétricas en la forma que percibimos, estudiamos y construimos conocimiento sobre el mundo. Bajo esta premisa, entendemos que el aporte principal de estas perspectivas analíticas en el campo de las Relaciones Internacionales tiene que ver en comprender cómo, esas relaciones de poder que se entrecruzan en el plano público y privado de la vida cotidiana de las personas, se plasman en la realidad internacional y viceversa. En palabras de Cardinale y Winner, lo personal es político y es internacional dado que “las relaciones de poder, la economía global y los conflictos atraviesan y se inscriben en los cuerpos, condicionando incluso físicamente las vidas y prácticas de las personas” (2022, p. 16). El sistema internacional responde a un modelo liberal construido por estructuras contradictorias que reproducen la desigualdad, discriminación y dominación. Las cuales, asimismo, necesitan comprenderse multidimensionalmente, puesto que no se trata sólo de un sistema de opresión sobre los cuerpos de las mujeres, en particular de mujeres y feminidades bajo ciertas condiciones. Sino del ejercicio de esa opresión con apariencia legítima e imposible de desarticular porque quienes la detentan no se lo cuestionan. Para ello, una perspectiva interseccional a partir de los aportes críticos de la teoría feminista decolonial resulta imprescindible, para descifrar las dimensiones de discriminación que producen las estructuras de desigualdad y violencia que son transversales al análisis aquí planteado.

Puntualizar sobre estas cuestiones que entrañan las teorías críticas feministas, ayudan a complejizar el enfoque de género, no sólo como variable sino como dimensión analítica interseccional que permita abordar en profundidad la cuestión social sobre DSR. Es decir, incipientemente, los planteamientos hacia la disciplina en Relaciones Internacionales, tenían que ver sobre dónde estaban las mujeres, qué lugares ocupan y cómo se las consideraba. El libro de Enloe (1989) retrata eso. Más adelante, la lupa se puso sobre cuáles son los factores que condicionan los lugares donde las mujeres estaban y más recientemente, sobre las condiciones y oportunidades entre las propias mujeres. Cuáles de esas mujeres accedían a la educación superior, enseñan, investigan, escriben y publican y cuáles no y a qué se debía el privilegio que sólo algunas tenían la posibilidad de tener. Tales aspectos son de utilidad para la lectura del siguiente apartado que busca profundizar la conceptualización de la gobernanza regional desde los aportes que hacen a la disciplina las teorías feministas en su referencia decolonial. Especialmente para el desarrollo sobre la disputa por la autonomía reproductiva como uno de los ejercicios centrales de los DSR.

Relaciones de género y la agenda de DSR en la gobernanza regional

Los análisis de la gobernanza también incluyeron la dimensión transversal de género (Reverter Bañón, 2012), para examinar los procesos regionales, sin embargo, no todos utilizaron un abordaje interseccional. La especificidad de los estudios sobre la gobernanza regional social y de género (Deacon, 2014; Van der Vleuten, 2016), nos aportan dos cuestiones clave. Por un lado, el supuesto y confirmación de que, las consecuencias de la globalización y el carácter neoliberal de los regionalismos durante su proliferación en la década de los noventa, produce desbalances y desigualdades distributivas de los beneficios económicos entre varones y mujeres -además de profundizar otras entre la diversidad de mujeres-. Por otro lado, y estrechamente vinculado, la comprobación de que se necesitan mecanismos que logren contrapesos, ya que la gobernanza global y regional -estrictamente focalizada en la dimensión económica- por sí sola no podría alcanzar en relación al desarrollo social. Bajo este marco, Van der Vleunten (2016) define a la gobernanza de género, como una dimensión de la gobernanza social, cuyo elemento central es la transversalidad, pues el género no está escindido de las políticas sociales, económicas y mucho menos de las agendas de desarrollo. Sobre esto, cabe cuestionar cuáles son los factores que producen esa desigualdad distributiva para diseñar mecanismos que la reviertan (Phillips, 1977) así como también, las características y configuraciones que asumen las instituciones. En este sentido, Van der Vleuten (2016) clasifica y distingue cuatro regímenes de gobernanza social y de género de los cuales sólo recuperamos el que enmarca a las unidades de análisis bajo estudio.

En el caso de la OEA, describe la autora, se trata de un proceso de regionalismo dentro del tipo de régimen basado en derechos individuales, sin una misión de integración comercial, cuyo involucramiento central en la gobernanza es para el establecimiento de normas con toma de decisiones fundamentalmente intergubernamental. Es decir, no interfieren en la soberanía de los Estados, pero sí cuentan con instrumentos de supervisión y canales donde los individuos pueden hacer llegar sus reclamos. En el caso del Mercosur, según la autora, forma parte de un régimen regulatorio liderado por el mercado, en donde las organizaciones -como el Mercosur- tienen una misión integracionista, cuyas políticas se presentan más ligadas al ámbito laboral. En última instancia, el aporte general respecto al desarrollo de la gobernanza social y de género es el carácter de su configuración, en gran medida condicionada por los intereses económicos y políticos de la hegemonía regional. No obstante, dentro de los regímenes mencionados y en ambas experiencias de regionalismos particulares como OEA y Mercosur, se destaca la participación de redes transnacionales de defensa de la igualdad de género propulsoras de la extensión de derechos para las mujeres (2016, p. 411).

Por otra parte, además de aportar elementos para caracterizar la dimensión específica de gobernanza y en particular desde los casos que aquí estudiamos, el trabajo de la autora clasifica las restricciones institucionales que limitan el desarrollo de esta gobernanza y tienen que ver principalmente con las cuestiones en torno a la soberanía. Los Estados se mantienen reacios a una mayor apertura para el acceso a actores no estatales en la formulación de políticas sociales; la debilidad de las instituciones regionales para avanzar en instrumentos vinculantes sin socavar la soberanía nacional, sino potenciando y fortaleciéndose, lo que supone necesariamente, un Estado de derecho en cada uno de los países integrados. De acuerdo con la autora, es un pendiente en la literatura sobre regionalismos ahondar sobre la perspectiva de género y los mecanismos para contrarrestar los efectos negativos del mercado en la distribución de beneficios entre varones y mujeres, especialmente desde la gobernanza como categoría analítica para estudiar a los regionalismos con una estrategia comparada, así como para encuadrar a los nuevos regionalismos en el contexto de multilateralismo neoliberal.

Las teorías feministas han zanjado una trayectoria en el campo de las Relaciones Internacionales, sin embargo, a menudo están concentradas en la gobernanza global y en términos regionales observando a países por separado de una misma región (Bøås et al., 2003). Las corrientes disidentes, en especial los aportes feministas desde su referencia decolonial, como decíamos, poco han sido utilizados en las investigaciones sobre regionalismos, sin embargo, ha ganado un lugar reconocido en los últimos años en abordajes de Relaciones Internacionales sobre agendas sociales (Fonseca y Jerrems, 2012). Una de sus contribuciones más destacadas son las herramientas teórico-conceptuales que ofrece para problematizar las construcciones institucionales en el auge del neoliberalismo, cuyo correlato persiste en la actualidad y se vinculan con los elementos que enmarcan las discusiones sobre la autonomía reproductiva imbricados en la política regional y global (Villarroel Peña, 2018). Aspectos que forman parte de los actuales debates disciplinarios (Lagar y Porcelli, 2022) y que impulsan nuevas agendas de investigación en el campo de estudio sobre regionalismos, agendas y actores sociales en los procesos de construcción (González y Perrotta, 2021), incluyendo el enfoque de gobernanza.

En este sentido, tomando en cuenta el desarrollo teórico, conceptual y analítico que aquí proponemos, las dinámicas de construcción de consensos políticos sobre DSR en OEA y MERCOSUR están atravesadas por relaciones de género e instituciones con relaciones de género que deben ser abordadas de modo interseccional para comprender mejor de qué modo se logran los resultados. Cabe aclarar que el contexto histórico y la producción de conocimiento en torno a la gobernanza se diferencia en gran medida del contexto histórico y la producción de conocimiento de las teorías feministas. Aunque los dos discuten con la tradición dominante de la disciplina y ambos proponen un marco para comprender el sistema internacional contemporáneo, la conceptualización de gobernanza no se separa del tradicionalismo universalista o globalista de las corrientes racionalistas, mientras que la perspectiva disidente de los aportes feministas, en particular decoloniales, sí lo hacen. No obstante, la perspectiva analítica de la gobernanza que aquí se utiliza no se configura de forma excluyente para pensar por fuera de ese tradicionalismo (Acharya, 2016) sino lo que permite es, a partir de un cuestionamiento, ampliarlo. Por ello, lejos de generar una contradicción analítica, lo que nos permiten ambos elementos en complementación es complejizar conceptualmente para profundizar el abordaje mediante la interpretación y explicación de los procesos de construcción de consensos políticos, sobre una cuestión social que requiere un abordaje de estas características. Puesto que, como desarrollamos a continuación, los DSR conforman una cuestión social con dimensiones globales cuyos elementos remiten a estructuras, instituciones y lógicas que las Relaciones Internacionales no son ajenas.

La disputa por la autonomía reproductiva desde las teorías feministas en RI

La sexualidad y la reproducción son aspectos diferentes de la vida de las personas pero que se presentan relacionadas dado que los derechos reproductivos deben tener en cuenta la realización de la sexualidad y las relaciones de género. Es decir, son derechos y aspectos estrechamente relacionados, que suelen abordarse y tratarse de forma conjunta. Los derechos sexuales tienen que ver con el ejercicio de las personas a elegir una vida sexual saludable sin discriminación ni violencias por expresión, identidad de género y orientación sexual. Vida sexual saludable refiere a la salud sexual que, según la Organización Mundial de la Salud es

un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales. (2018, p.3).

En este sentido, los derechos sexuales

abarcan ciertos derechos humanos reconocidos en los documentos internacionales y regionales pertinentes, en otros documentos de consenso y en las legislaciones nacionales. Los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes a la sexualidad y a la salud sexual. Protegen el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la salud sexual, con el debido respeto por los derechos de los demás, dentro de un marco de protección frente a la discriminación. (Ibidem).

Los derechos reproductivos refieren a la capacidad de las personas “de decidir si quieren o no tener hijos y, en su caso, cuándo, con qué intervalo de tiempo y cuántos hijos tener” (Álvarez Medina, 2017, p. 147). Definición que se basa en la establecida por la CEDAW (1981) y en los programas y planes de acción acordados en El Cairo (1994) y Beijing (1995). En la plataforma resuelta en este último, el punto 7.3 dice que

Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. (United Nations, 1995).

Es decir, para su ejercicio pleno debe anteceder el derecho a la información y a la salud sexual. Como desarrollamos en el primer capítulo, las conceptualizaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos lograron un punto de llegada y de partida en dichas Conferencias mundiales. Dado que, de acuerdo con Sonia Montaño, fue gracias a “un largo camino sembrado de encuentros y desencuentros entre el desarrollo, los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” (1996, s/p). Trayecto que permitió en primera instancia, la escisión conceptual entre sexualidad y reproducción, sobre todo para el desarrollo de la vida de las mujeres; en segundo lugar, el rechazo en materia de coacción y violencia para el acceso a la salud y a la información; y en tercer lugar el tratamiento de los derechos reproductivos como una problemática de derechos humanos cuando no se aseguran mecanismos y condiciones para su pleno ejercicio (Montaño, 1996). Sobre estas cuestiones emergen y se visibilizan aún más los sectores e intereses contrarios a tales conceptualizaciones que liberan a la sexualidad (Montaño, 1996) -o buscan hacerlo- de las relaciones de poder asimétricas y estratégicas que fundan el sistema patriarcal y el orden de género. De acuerdo con Brown (2020), el punto de partida de aquellas conferencias permitió comprender dos cuestiones centrales, por un lado, que los DSR se enmarcan en las voluntades y decisiones de las personas en tanto derechos individuales y en donde los sujetos de derechos en algunos casos son las parejas y en otros las mujeres. Y, por otra parte, la autora señala que tales acuerdos consagrados en Naciones Unidas no incluyeron aspectos relativos a las sexualidades no heteronormativas y al aborto, “aunque este último fue considerado un grave problema de salud sobre el que se instaba a los Estados miembros a intervenir de diversas maneras” (s/p) ya sea con atención humanitaria o la recomendación enfática de actualizar los marcos legales.

Dentro de estas conceptualizaciones sobre DSR y salud sexual y reproductiva se encuentra una dimensión central para el análisis propuesto de esta tesis: la autonomía en general y la autonomía reproductiva en particular como ejercicio de los DSR. Dimensión que se disputa desde los años noventa en el escenario internacional a partir de la articulación de mujeres y feministas en redes transnacionales para instalar la agenda e incidir en el lenguaje sobre derechos reproductivos, abarcando el derecho a procrear como a decidir no hacerlo. Esta disputa abarca el cuestionamiento y el rechazo a dos posicionamiento extremos que son, por un lado, los que plantean que las mujeres no pueden decidir si tener hijos, ligado a las corrientes ortodoxas neo-malthusianas que abordan la fertilidad de las mujeres “como una causa de la pobreza y un obstáculo para el desarrollo que debe controlarse” y, por el otro extremo, aquellos posicionamientos provenientes del fundamentalismo religioso con discursos que han predominado en la comunidad internacional del desarrollo “…(especialmente la católica), que generalmente se oponen a la idea de que el acceso a la educación sexual, la anticoncepción y el aborto sean aspectos integrales del desarrollo.” (Reilly, 2009, p 84 citado en Álvarez Medina, 2017, p. 147). Sobre el papel de la iglesia católica en las dinámicas, debates y procesos institucionales en el ámbito internacional, Sonia Montaño señala que,

por su parte la preocupación por el aborto está relacionada con el hecho de que la Iglesia Católica, actor de fundamental importancia en todo este debate ha centrado su atención en este tema, que le permite desarrollar el concepto teológico del comienzo de la vida asociado al embrión. La Iglesia Católica, desde su perspectiva, convirtió el aborto en la madre de las batallas. La defensa que de los llamados “no nacidos” ha hecho la Iglesia, a lo largo de la historia, es incomparablemente más apasionada y profunda que la realizada, por ejemplo, contra la pena de muerte o los derechos sociales de los nacidos. Los argumentos esbozados, que pertenecen más al campo de la teología han buscado colocar en la balanza del poder el grado de influencia de la Santa Sede sobre gobiernos e instituciones

Con las Conferencias especializadas de Naciones Unidas de la década del noventa, como vimos, se lograron nuevos marcos y avances de la agenda al integrar los DSR como parte de los derechos humanos básicos. No obstante, permanecieron en una enunciación enfocada al ámbito de la salud, dejando en un segundo plano de reconocimiento otras dimensiones sobre las cuales los DSR repercuten, dado que aluden a un conjunto de derechos con múltiples dimensiones, aspectos y condiciones para el desarrollo de la vida que están interrelacionados.

En particular, los derechos reproductivos merecen una comprensión cabal para su análisis, entendiendo las dimensiones estructurales como libertad y autonomía que permiten el ejercicio pleno de estos derechos. De acuerdo con Álvarez Medina (2017) el ejercicio de la libertad reproductiva se conforma por dos vertientes, una positiva, es decir el derecho a elegir procrear, -cómo y cuándo hacerlo- y el acceso a métodos de reproducción asistida; y la vertiente negativa, el derecho a prevenir embarazos no deseados y a evitar procrear en caso que suceda. Esto incluye derechos como el acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de aborto seguro. Sobre la base de esta conceptualización de libertad reproductiva en términos más abstractos, se debe comprender la autonomía. La misma es, según la autora, la capacidad que pueden tener las personas para hacer algo, pero puede variar de acuerdo a diversos factores, condiciones internas y externas, entre las cuales se puede señalar la racionalidad^[12], en tanto capacidad de reflexionar y elegir entre deseos y preferencias desarrollados previa e internamente, es decir, que implica un proceso subjetivo. Cuyo desarrollo será condicionado a partir de los recursos, conocimientos y saberes que constituyen el papel de agencia de una persona. En los términos que proponen Brown, Pecheny, Gattoni y Tamburrino (2013) quienes problematizan el concepto de autonomía, cuando se habla de sexualidad y reproducción en el ámbito de la salud, las dimensiones para abordarla deben considerar cuestiones referidas al manejo de la información, del cuerpo y con la participación que pueda y se quiera tener en los procesos de toma de decisiones relativas a los tratamientos.

Ligado a estos aspectos se encuentra la condición de independencia que, a diferencia de la condición anterior, ésta se desarrolla en un “terreno dual”, dado que refiere tanto a un componente interno de la aptitud de la persona a distanciarse de influjos ajenos, como a componentes externos condicionados por la posición que ocupa la persona en su entorno y del tipo de relación que tiene con quienes interactúa, es decir el contexto y las relaciones (Álvarez Medina, 2017, p. 150). Sobre estos componentes que atañen al contexto y a las relaciones es que el abordaje interseccional cobra un sentido esencial, dado que muchos aspectos de la vida de las personas están condicionados por circunstancias ajenas a la decisión o revisión del sujeto, como por ejemplo las jerarquías y asimetrías de las relaciones de género, raciales, de clase, étnicas, entre otras cuestiones que permiten evaluar la extensión que abarca la condición de independencia y del campo de decisión de la persona. Esta dimensión relacional de la condición de independencia tiene que ver con la última condición necesaria de la autonomía que son las “opciones relevantes”, conceptualización de Joseph Raz (1986) que la autora retoma. Estas opciones relevantes refieren a tener a disposición una variedad de opciones que permitan ejercer la autonomía, definida “no por los resultados sustantivos de su ejercicio sino por las condiciones sustantivas para su ejercicio” (Álvarez Medina, 2002, pp. 158-159). Este último aspecto de precisión conceptual acerca de la autonomía, se conecta intrínsecamente con el término de justicia reproductiva, acuñado por primera vez en los años noventa por un grupo de mujeres negras de Estados Unidos que se conformaron para asistir a la Conferencia de Población y Desarrollo de 1994. La articulación “Women of African Descent for Reproductive Justice” buscaban defender los derechos reproductivos con una perspectiva de justicia social. El objetivo principal era ampliar el marco de garantías para el ejercicio de derechos que no quede restringido a quienes contaban con condiciones de privilegio^[13] para acceder a ellos, sino que pudieran acceder todas las personas teniendo en cuenta las diversas condiciones sociales existentes debido a la interdependencia de opresiones. En palabras de Marji Gold, la justicia reproductiva “se basa en la comprensión de que las opresiones inherentes a raza, clase, género e identidad sexual, así como otros factores, funcionan simultáneamente, produciendo el paradigma de interseccionalidad” (2019, p.62).

Tomando en cuenta las críticas y cuestionamientos a la teoría política clásica, plasmadas en las obras de Millet (1970) y Pateman (1995) al respecto del contrato social -y los contractualistas- la cual funda la relación moderna entre estado y sociedad bajo derechos y deberes, sustentado, según Pateman en un contrato sexual de libertad para los varones y uno de sujeción para las mujeres (1995, p. 11). Cuyo resultado constituyó el sistema de dominación masculino, blanco, burgués y heteronormativo en los términos que lo plantea Bourdieu (2000), que conforman las dualidades entre atributos de privilegio y de opresión naturalizadas socialmente^[14]. El contrato sexual subyacente al contrato social de la modernidad impide a las mujeres pactar en condiciones de igualdad lo que condiciona el desarrollo de su autonomía. Si a la diferencia sexual le adherimos además las diferencias de clase, raza, orientación sexual u otros podemos comprender la intersección de opresiones que operan y condicionan el ejercicio y goce de derechos sexuales y reproductivos.

Aquí cabe remarcar dos aspectos relevantes, primero la tipificación conceptual de la autonomía económica, física y para la toma de decisiones que aporta el Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe de la CEPAL. Y, en segundo lugar, lo que esto representa dado que los datos del Observatorio se conforman a partir de la información enviada o publicada por los Estados, es decir que éstos asumen la conceptualización e indicadores establecidos, siendo un resultado clave de los acuerdos de las Conferencias. La conceptualización establecida para la autonomía económica considera la división sexual del trabajo y la desigual organización social del cuidado y refiere a la capacidad de las mujeres para “acceder, generar y controlar ingresos propios, activos y recursos productivos, financieros y tecnológicos, así como el tiempo y la propiedad” (OIG, s/p). La autonomía física remite a la “capacidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas en su diversidad, de vivir una vida libre de discriminación, prácticas nocivas y violencias y ejercer sus derechos sexuales y derechos reproductivos en condiciones adecuadas para ello” (Ibidem) y, por último, la autonomía en la toma de decisiones apunta a la plena participación en los distintos ámbitos de la vida pública y política de las mujeres en igualdad de condiciones. A su vez, cada una de estas categorías de autonomía fija una serie de indicadores^[15] que permiten conocer el estado de situación al respecto, entre los cuales se encuentran dentro de la autonomía física, el indicador de necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.

En consecuencia, estos componentes son intrínsecos de la cuestión social de los DSR, en particular de la disputa por la autonomía reproductiva, puesto que atañen a la dignidad humana en toda su expresión. Ahora bien, entendiendo que uno de los temas controversiales^[16]dentro de la cuestión social de los DSR y de la disputa por la autonomía reproductiva es el acceso al aborto seguro como derecho a decidir interrumpir una gestación no deseada, caben aclarar algunos aspectos. Por una parte, de acuerdo con Brown (2016) existen una suerte de “umbrales de tolerancia del patriarcado” los cuales permiten abordar los DSR siempre y cuando no incluyan la cuestión del aborto y las sexualidades no heteronormativas, “porque ello implicaría transformar el contrato sexual sobre el que se asienta el contrato social que, con retoques, todavía sigue vigente” (p. 20). Por otra parte, y estrechamente vinculado, cuando nos referimos al aborto hacemos hincapié en el hecho social, pero sin desconocer que además es un evento obstétrico y/o una práctica médica. Mientras que el evento obstétrico remite a que puede producirse de forma natural o inducido, para el idioma español o portugués a diferencia del inglés, se adjetiva para asignarle significado y diferenciar a la práctica e identificar si ésta fue espontánea (se produjo naturalmente una interrupción), en inglés miscarriage o bien, si fue una práctica inducida (la interrupción fue provocada, abortion). Ésta última, puede ser voluntaria (hubo un poder de decisión de la mujer) o forzada (se llevó a cabo en contra de la voluntad de quien gesta). La práctica médica se enmarca en el acceso a una práctica segura, a un servicio de salud que remite a la garantía y el ejercicio de derechos.

Explicitamos las acepciones referidas sobre aborto para situar dicha información geopolíticamente en América que concentra 35 Estados independientes de las subregiones de América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. América Latina y el Caribe está conformada por 33 Estados independientes^[17], todos ellos a excepción de Cuba forman parte de la Convención Belém do Pará por haber ratificado la norma. De los 35 Estados, 31 cuentan con al menos un mínimo marco de despenalización del aborto a través de una o diversas excepciones que permiten acceder legalmente a la interrupción del embarazo.^[18] Mayoritariamente en casos donde existe un riesgo de vida de la mujer o persona gestante o, si el embarazo fue el resultado de una violencia sexual. Este marco normativo es lo que se considera una despenalización parcial. Es decir, el aborto está penalizado salvo ciertas circunstancias excepcionales, bajo consentimiento de la persona que gesta. En la mayoría de los casos el ordenamiento jurídico establece penas muy altas, como la cadena perpetua en el caso de Dominica y, una serie de requerimientos que obstaculizan el acceso oportuno, representando barreras de acceso a la salud preocupantes. En otros casos como Surinam, si bien está permitido para salvaguardar la vida de la mujer, la práctica está naturalizada de forma privada para quien pueda acceder a ella (Viloria y Frías Estrada, 2018).

En menor medida, se encuentran los países que legalizan -además- la práctica de forma voluntaria por plazos gestacionales determinados. En Uruguay hasta la semana 12 (2012), en Argentina, hasta la semana 14 (2020), en Colombia hasta la semana 24 (2022) y en México mediante fallo de la Corte Suprema que despenaliza el aborto a nivel federal (2023) complementando el marco regulatorio que algunos Estados de México ya habían logrado despenalizar con plazos específicos hasta la semana 12 de gestación^[19]. Aún hoy 4 Estados se ubican en un extremo de legislación que prohíbe absolutamente y en cualquier circunstancia el aborto como son Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana.^[20]

En la actualidad continúan las denuncias y exigencias en la mayoría de los Estados para eliminar el estigma del aborto y ampliar las garantías del acceso a servicios de salud integral. Desde los movimientos feministas se formulan diversas estrategias^[21] para hacerle frente a un problema común, pese a las diversidades normativas en cada país, la restricción y los límites para el ejercicio de los DSR, en particular, la autonomía reproductiva, puntualmente el acceso a abortos seguros en su vínculo con el respecto por las elecciones de vida que incluyen las sexualidades no heteronormativas.

Si bien las posturas disímiles dentro del movimiento, son complementarias y se consideran medios para objetivos comunes de mayor envergadura como mejorar las condiciones de posibilidad para quienes sus derechos están limitados, en este caso de mujeres, niñas, adolescentes o cualquier persona con capacidad de gestar y de abortar. Así también, están aquellas posturas más radicales, cuyo planteo está por fuera de la regulación estatal, puesto que no son los cuerpos gestantes ni las decisiones de la propia vida un objeto que deba estar reglamentado por instituciones. En cualquier caso, el trasfondo en la disputa no es unidimensional, por el contrario, y como venimos desarrollando, acoge cuestiones que atañen a la calidad de vida de las personas, con capacidad de gestar en particular pero que interpela a la sociedad en su conjunto. Ejemplos de la multidimensionalidad se expresan en la vinculación y articulación de demandas por los DSR como la educación integral en sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención de embarazos adolescentes, la prevención de abusos sexuales en las infancias, la prevención de maternidades forzadas, por nombrar algunas.

En este sentido, tomando en cuenta la tesis de Rostagnol (2016), la criminalización del aborto como posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado, es el resultado de las relaciones desiguales de poder que existe entre mujeres y varones. O entre quienes pueden -y quieren gestar- y buscan hacerlo por fuera de mandatos socioculturales y, quienes se amparan bajo tales mandatos, que norman y estigmatizan a quienes los cuestionan. Estos mandatos normativos, asignan roles de género que determinan funciones sociales. El cuestionamiento de tales mandatos y roles sociales, no anula el deseo de querer respetarlos, sino que da la posibilidad de otros destinos. Cuando la maternidad se impone como un fin para las mujeres -niñas y adolescentes- se coarta la posibilidad de otras experiencias de vida que no queden acotadas exclusivamente a eso. Esto se relaciona con la iniciativa impulsada a principio de los 2000, la Campaña por una Convención Interamericana de DSR, quienes propusieron en su proyecto de norma, una definición de autonomía reproductiva que recupera los postulados de la CEDAW y el Programa de Acción de El Cairo, estableciendo que

Todas las personas tienen el derecho a tomar decisiones de manera libre y responsable en relación con su reproducción; incluyendo el derecho a decidir si tener o no tener hijos biológicos o adoptados; a decidir libremente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos; a no procrear y a constituir diversas formas de familias (Art. 17, Cap. IV)^[22].

Por tal motivo, la cuestión ligada al hecho social del aborto se configura como parte integral de los derechos reproductivos. Dado que, la concepción del acceso al aborto seguro como un derecho humano entrecruza varios aspectos de la estructura de reglas que moldean nuestras sociedades. Y que tiene que ver, como hemos desarrollado, con prácticas profundamente arraigadas de la cultura patriarcal en interdependencia con el colonialismo y el sistema capitalista (Bellucci, 2014; Federici, 2010) que divide a las personas según atributos, condiciones, recursos otorgando o restringiendo condiciones de posibilidad. Aquí, cuando la voluntad de abortar se ubica en relación con un derecho como el ejercicio de la autonomía para decidir sobre esa interrupción, dicha estructura de opresión, sobre los cuerpos normativamente y simbólicamente tutelados, se pone en jaque. En este sentido, abortar como acto de ejercer un derecho debe entenderse desde esta complejidad de interacción de los diferentes ámbitos donde se producen relaciones asimétricas. De acuerdo con Sanseviero,

Definimos el aborto, en primer lugar, como un hecho social denso y complejo que ocurre en el contexto de relaciones de poder de distinto tipo: de género, económicas, legales-jurídicas; conlleva elementos del campo de la salud, de la sexualidad, de la moral y la ética, de los significados de la maternidad. Su complejidad está dada porque no se trata de la sumatoria de planos y relaciones, sino que el aborto ocurre en la intersección y articulación de esos diferentes planos y sistemas de relaciones. (2003, p. 18).

Por consiguiente, la práctica del aborto no debe reducirse a una cuestión del ámbito privado o un asunto individual ni a un abordaje exclusivo desde la salud, dado que, en el proceso social del aborto, se ponen en evidencia las múltiples violencias que van desde el plano material al simbólico simultáneamente. De acuerdo con la recomendación general número 35 sobre violencia de género elevada por el Comité de CEDAW, determinó que las barreras a la salud sexual y reproductiva, como la criminalización del aborto, pueden derivar en tratos crueles, inhumanos y degradantes^[23] que constituyen una forma de violencia por razones de género (Comité CEDAW, 2017, párr. 18).

Desarticular la dicotomía entre lo público y lo privado para reivindicar que “lo personal es político” -y en este análisis también es internacional- habilita la comprensión del carácter político en tanto control a la que se somete a los cuerpos, el ejercicio de la sexualidad, así como de la maternidad (Campagnoli, 2021). Reconocer la penalización y criminalización del aborto como una violencia sexual, entonces, implica ese reconocimiento social de que el hecho ya no es privado, sino que es privativo de las libertades bajo la regulación pública. Es decir, pone en el centro de la discusión la desigualdad sexual estructural e interseccional que existe entre varones, mujeres y otras identidades no binarias. Esta desigualdad es consecuencia de un sistema de prácticas históricamente arraigadas, que reproducen la cultura de dominación de unos cuerpos sobre otros. Estas prácticas están, a su vez, institucionalizadas bajo reglas y normas, formales e informales, configuradas como dispositivos de control para mantener dicho orden (MacKinnon, 1995).

Este es el marco, por tanto, para el análisis de la agenda de los DSR y en particular el ejercicio de la autonomía reproductiva, dado que envuelve una cuestión social relevante para analizar desde las Relaciones Internacionales. Especialmente con enfoques heterodoxos y poco explorados que nos permitan comprender el trasfondo de los procesos que analizamos y el lugar que ocupa en las dinámicas de negociación y los consensos políticos construidos.