Este capítulo expone los principales precedentes de la discusión que dieron lugar a la conformación de la agenda de DSR a nivel global. Tales antecedentes se configuran como guías de interpretación y acción en las unidades de análisis de esta tesis. La agenda global de DSR se construye mediante una revisión de las conferencias temáticas de Naciones Unidas como las de Población y Desarrollo, sobre la Mujer y la de Derechos Humanos, tanto internacional como regional bajo el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La revisión de una parte de la historia en cada una de estas instancias nos permitió identificar aspectos sustanciales que construyen la relevancia del tema, tales como, las desigualdades en el acceso y las garantías de los derechos de las mujeres; la concepción de la familia y su planificación responsable, el aborto voluntario y su vínculo con el desarrollo socioeconómico.

Este recorrido conforme a un criterio cronológico, nos facilita observar posiciones y perspectivas de los actores gubernamentales y de la sociedad civil. Para distinguirlas identificamos dimensiones de análisis en relación a los DSR a partir del enfoque de género y de derechos humanos. Es decir, tomando en cuenta los marcos de referencias de permiten dilucidar la estructura de poder asimétrica basada en estereotipos que determinan las relaciones de género. Señalamos y describimos los procesos durante los años noventa que representan un aporte sustancial respecto a la escisión de la sexualidad y la reproducción, principalmente en los debates y resultados de la Conferencia Mundial de El Cairo en 1994. Seguidamente, observamos cómo las discusiones se trasladaron a nivel regional y a partir de qué actores. Finalmente identificamos la conceptualización de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, las dimensiones de autonomía y libertad que comprenden cada uno y su vínculo con el ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres.

El capítulo lo ordenamos en tres partes, a continuación, presentamos la problemática de fondo que atraviesa la construcción de esta agenda. Es decir, cuáles son las líneas de pensamiento inscriptas en las discusiones y cuáles alcanzaron consensos y para qué. Por lo cual, repasamos sintéticamente las dimensiones referentes a los DSR, especialmente de las mujeres, que se expresan en las memorias de las Conferencias de Naciones Unidas y los estudios académicos que abordan tales instancias. Seguidamente, buscamos señalar el salto cualitativo de los años noventa como el período que consolida un nuevo paradigma en la concepción de la sexualidad desligada de la reproducción, especialmente de las mujeres, que se había inaugurado en las discusiones globales de la década del ochenta (Ciriza, 2002; Brown, 2008). Uno de los elementos paradigmáticos tiene que ver, además de la escisión entre sexualidad y reproducción, es su consideración como parte de los derechos humanos y la introducción de la perspectiva de género, reflejadas en la narrativa de los programas y planes de acción. La delimitación espacial aquí abarca el ámbito interamericano, teniendo en cuenta a la OEA, las Conferencias interamericanas y la Organización Panamericana de la Salud. El tercer y último apartado del capítulo presenta la discusión situada en América Latina y el Caribe, como una región con características propias, heterogénea en múltiples sentidos que al mismo tiempo comparte similitudes respecto a los DSR y, en particular, sobre la disputa por la autonomía reproductiva. Aquí tomamos en cuenta las Conferencias Regionales sobre la Mujeres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), algunas cuestiones de ámbitos subregionales como el MERCOSUR y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). La revisión de estas discusiones en los diferentes ámbitos busca plantear los elementos ligados a la construcción del problema.

Antecedentes de la discusión global de DSR: el enfoque demográfico

La preocupación por el crecimiento demográfico ligado al desarrollo económico y social, estuvo presente en los debates de las Naciones Unidas desde los primeros años, así como también las posturas a favor y en contra de la capacidad de las mujeres para decidir cuándo y cuántos hijos tener.^[1] Desde las primeras décadas del Siglo XX se impulsaron distintos foros internacionales para discutir sobre el crecimiento demográfico, el control de la natalidad y el rol de la mujer en dichos procesos. Siguiendo a Chesler (1992), estuvieron presentes personalidades destacadas y reconocidas como Margaret Sanger (1879-1966) enfermera y activista de la educación sexual, el control de la natalidad y la eugenesia filosófica. Sanger fue una de las mujeres más reconocidas en esos años por promover estos debates que reconozcan la capacidad de las mujeres para tomar decisiones y conocer su cuerpo. Además, fue una de las aprendices de Emma Goldman (1869-1940). Específicamente en 1922 en Baltimore se lleva a cabo la I Conferencia Panamericana de la Mujer que crea la Asociación Panamericana para el Adelanto de la Mujer liderada por feministas estadounidenses. Según la tesis de Wamsley (1998), las negociaciones para llevar adelante estos esfuerzos de unidad estaban cargadas de tensiones por la compleja relación entre las mujeres estadounidenses y las latinoamericanas. Desde su análisis a través del enfoque de la subalternidad^[2], mostró cómo las primeras mujeres, en su mayoría, impartían un “feminismo imperial”^[3] en donde debían liderar la organización ya que sus hermanas de los países coloniales o dependientes estaban “atrasadas” (pp. 13–14). De ahí la importancia del enfoque de la subalternidad, cuya lente habilita considerar al otro -no hegemónico- como agente activo y no pasivo. Más tarde, entre los años 1923 y 1928, en el marco de las Conferencias Panamericanas de Estados, se hizo hincapié en la participación de las mujeres lo que resultó en la creación del primer órgano intergubernamental para asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, que años después sería parte del organigrama de la OEA, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

A partir de mediados de la década del cincuenta, formalmente en el marco de las Naciones Unidas se discuten asuntos de población ligados al desarrollo económico y social del mundo bipolar enfrentado durante la Guerra Fría. Los cuarenta años que separan la primera conferencia mundial de población y desarrollo en Roma (1954) con la de El Cairo (1994) arrojan información relevante para pensar el estado de la situación actual de los DSR y en particular, como veremos más adelante, sobre el aborto voluntario, en términos del quiebre del control de los cuerpos y las relaciones de poder imbricadas. En palabras de Rostagnol, la referencia al aborto voluntario “se corresponde con la forma en que los distintos grupos sociales procesan las relaciones de poder, que caracterizan las relaciones de género a través del control del cuerpo y de la reproducción” (2016, p.11).

Si bien la primera conferencia de Roma ha sido caracterizada más de tipo académico y técnica, con el objetivo de compartir información científica sobre las variables del crecimiento poblacional y sus consecuencias demográficas^[4], en los documentos preparatorios para llegar a la Conferencia recuperan los antecedentes de estos espacios de intercambio sobre población. Existe una concepción de la historia de las conferencias internacionales sobre esta temática que las separa en dos momentos, uno más de tipo científico-académico para el intercambio de información sobre cuestiones demográficas tales como recursos de medición, seguimiento y sistematización de población, correspondientes a las primeras dos en el marco de Naciones Unidas^[5], la de Roma de 1954 y la de Belgrado en 1965, cuyas actas visibilizan dos cuestiones significativas. Se hace referencia a un conocimiento demográfico y las políticas de población más sustancial, en donde se identifican según las palabras del Profesor Ronald Freeman, que

en fecha más reciente las tasas de natalidad han bajado rápidamente en algunos países donde ha sido legalizado el aborto voluntario. Sin embargo, tales decisiones parecen haber ocurrido siempre en respuesta a una demanda o presión popular ya existente, y pueden considerarse como una tentativa de transferir los muchos abortos voluntarios ilegales de antes a instituciones médicas, donde la operación puede llevarse a cabo con más garantías (United Nations, 1966, Vol. I, p. 45)

Esto está vinculado, según palabras del relator representante de la División de Población, Dirección de asuntos sociales de Naciones Unidas, el Sr. M. El-Badry la legalización del “aborto como una medida social necesaria de protección de la salud de la mujer y de respeto al derecho que le asiste a determinar si desea tener un hijo y cuándo” (p.61). Seguidamente se aclara que suele condicionarse este derecho en algunos casos por circunstancias personales y familiares, pero que

(…) el hecho de que en los países que no prohíben el aborto, las mujeres utilicen estos recursos en medida variable y que su influencia en la fecundidad difiera considerablemente, demuestra que el aborto no es sino una de las medidas de control de la fecundidad. En realidad, las políticas que se siguen actualmente a este respecto parecen encaminadas a favorecer los medios anticonceptivos en perjuicio del aborto. (United Nations, 1966, p.61).

En dicho informe, páginas después, el Dr. You Poh Seng^[6] menciona las cuestiones relativas al acceso a la información como derecho de las familias y a la enseñanza requerida para una paternidad responsable, que “abarque también la situación de la mujer en la sociedad” (United Nations, 1966, p. 131). Estas cuestiones ponen de relieve las discusiones alrededor de los años sesenta cuando se comienza a difundir la píldora anticonceptiva como método de planificación familiar. En dicho contexto, muchas mujeres estadounidenses cuestionaron la medicalización como arma de control de los cuerpos y demandaban que los varones también tengan una medida de contraceptivo equivalente, mientras que las feministas del tercer mundo cuestionaban y denunciaban los testeos en poblaciones empobrecidas como por ejemplo de Puerto Rico (Felitti, 2012).

Pese a tales tensiones, se avanzó en las discusiones al respecto, pero dentro de las agendas de las mujeres y la problemática de la desigualdad y las violencias como titulares que fueron ganando terreno en las instituciones internacionales y las discusiones globales. Especialmente cuando se realiza la primera Conferencia Internacional de la Mujer en el ámbito de Naciones Unidas en 1975 en la Ciudad de México, recuperando las experiencias pasadas de encuentros sobre el tema^[7]. Previamente, las Naciones Unidas desarrollaron distintas actividades, declaraciones y documentos sobre la situación de la mujer en el mundo, que serán uno de los principales cimientos para la preparación de la conferencia mundial de la mujer décadas después (Grammatico, 2004). A lo largo de la consolidación del sistema interamericano de derechos humanos, se establecieron normativas en sintonía con el consorcio mundial, como la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (1933), las Convenciones Interamericanas sobre las Concesiones de Derechos Políticos y Civiles a las Mujeres (1948) y las resoluciones aprobadas entre 1954 y 1957 sobre derechos económicos y políticos de las mujeres (CIM, 2019).

Fueron estos espacios los que abrieron el debate acerca del rol de las mujeres en los ámbitos políticos multinivel, en concierto con el fortalecimiento de las articulaciones de redes y organizaciones de mujeres, feministas, independientes y ONGs a nivel global. En particular en torno a la cuestión de la anticoncepción y la planificación familiar, cuyos temas en los países centrales generaron importantes desacuerdos. Es decir, entre actores de la sociedad civil con diversos posicionamientos por parte de los representantes gubernamentales, así como entre países y sus administraciones. Según Falquet (2003), esto se vincula con el papel que juegan los países que se configuran como potencias mundiales en marcar las agendas de trabajo, según sus intereses. Es decir, desde un punto de vista crítico del desarrollo, es posible observar contradicciones por parte de las instituciones internacionales cuando se construyen objetivos en pos de la sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Algo que se puede observar, por ejemplo, en la diferencia de posturas en las declaraciones de la delegación estadounidense entre las conferencias de población de Bucarest (1974) y la de México (1984).

En la citada Conferencia de Belgrado en 1965, dentro de las variables demográficas estudiadas y presentadas, se encuentra el análisis de las creencias religiosas en la determinación de la fecundidad de las familias, observando los niveles de devoción de las mujeres y/o de la forma de concebir los embarazos y nacimientos como una bendición más que un deseo y una opción. Estos mensajes frecuentemente se identifican en los credos musulmanes y cristianos y suelen promover la conformación de familias numerosas, sancionando simbólicamente a las que no lo son. En aquella Conferencia fueron referenciadas investigaciones sobre las actitudes en relación al tamaño de las familias en diferentes países y regiones con el fin de construir un panorama global. Entre los argumentos se expone que la oposición a los métodos de planificación familiar, por lo general, se debe a motivos de credo, valores tradicionales y falta de educación e información (United Nations, 1966). En consonancia, otra de las preocupaciones en relación a la variabilidad demográfica en los países industrializados y en desarrollo, era la utilización de la píldora anticonceptiva como el nuevo método contraceptivo moderno. En el informe resumido de la Conferencia, están expresadas dos posturas, por un lado, aquella que defiende la difusión y perfeccionamiento de los nuevos métodos anticonceptivos, mientras que otra postura expresa la preocupación sobre el uso de esos métodos en perjuicio del “curso futuro de la reproducción humana” (United Nations, 1966, Vol. I, p.102). Por último, señalar las posturas en relación a estas discusiones por parte de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). De acuerdo a su planteamiento los factores que determinan la natalidad tienen que ver con las condiciones materiales socioeconómicas y las políticas de Estado que facilitan el acceso y “el empleo de medios anticonceptivos o la interrupción voluntaria del embarazo” dado que se busca abrir paso a la maternidad consciente donde la proporción de la familia es decidida libremente sin trabas estatales donde “el aborto no está prohibido y la venta de anticonceptivos es libre” (Urlanis, 1965 citado en United Nations, 1966, Vol. II, pp. 255-256).

Si bien excede repasar exhaustivamente todas las exposiciones que fueron presentadas durante la Conferencia de Belgrado, resaltamos aquí aquella que busca mostrar la cuestión social en torno al aborto como un factor de variabilidad demográfica sea de aumento o descenso de la natalidad como un aspecto que no puede desconocerse y de algún modo resulta determinante. Es decir, en términos fácticos se reconoce que hay importantes cifras de abortos que, de acuerdo en qué condiciones se realicen, pueden favorecer o perjudicar la cuestión de la población mundial. En términos epistemológicos, las diferencias más notorias se encuentran en las perspectivas para identificar y sistematizar los factores condicionantes, como por ejemplo el rol del Estado, las políticas sociales y de salud, los recursos materiales, culturales, educativos y el acceso a métodos anticonceptivos e interrupciones del embarazo. Y al respecto, las referencias a la situación social de la mujer, los niveles de vida y su papel en la planificación familiar las cuales constituyen uno de los antecedentes que conformarán la agenda global en materia de derechos sobre sexualidad y reproducción.

A partir del año mundial de la población, declarado por Naciones Unidas en 1974, durante la Conferencia realizada en Bucarest, los Estados parte allí presentes propusieron que tales instancias tuvieran un carácter más político con la participación prioritaria de delegaciones gubernamentales y cuyo intercambio no se agote en el análisis de la población desde los aportes de la ciencia demográfica, sino que proponga políticas concretas para resolver los problemas de falta de bienestar derivados del crecimiento y la mayor desigualdad en el desarrollo de los países (Novick, 1999). Este aspecto, además, está estrechamente vinculado con el programa de acción sobre el establecimiento de nuevo orden económico internacional, mediante la declaración con dicho nombre aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas, el primero de mayo de 1974, bajo la resolución número 3201 y el programa de acción para llevarlo adelante con número de resolución 3202. Durante la Guerra Fría de los años sesenta los criterios para fortalecer la cooperación internacional especialmente para los países menos desarrollados también se produce una profundización de los estudios sobre el papel de la mujer en tal contexto. Al calor de esos procesos, por un lado, se estaban desarrollando los preparativos para la Conferencia Mundial de la Mujer en México, en 1975 y por otro, retomando lo hasta entonces discutido en el plano global, para reforzar a nivel regional lo relativo a los mecanismos para el adelanto e integración de la mujer en el desarrollo. Esto se ve reflejado tanto en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas donde se adoptan las recomendaciones del Consejo Económico y Social que sugieren a los Estados que tomen en cuenta los informes de los especialistas y relatores expertos en la materia para la elaboración de sus políticas demográficas y de población. Así como en la lista de recomendaciones que vinculan tales políticas con la promoción de mecanismos para el adelanto de la mujer y su integración en el desarrollo mediante su plena participación en todos los niveles y sectores de la vida social, económica y política (Economic and Social Council, 1974).

Entre las sugerencias también se introduce la enseñanza sobre población en las escuelas de todos los niveles para impartir tanto a los jóvenes que asisten a las instituciones educativas como a los que no asisten. Y finalmente se insta a los Estados miembros a que en sus delegaciones que vayan a la Conferencia Mundial de Población le otorguen representación equitativa a la mujer para darle la participación en la formulación y aprobación de un plan de acción mundial sobre población más amplio y eficaz. En sintonía, se les recomienda a los gobiernos que durante los años internacionales de población y de la mujer, respectivamente,

apoyen y promuevan, en el mayor grado posible, los programas y actividades de las organizaciones no gubernamentales y grupos de acción que contribuyan a crear una mejor comprensión de las causas, la naturaleza, el alcance y las consecuencias de la cuestión del crecimiento demográfico y su relación con la promoción de la condición de la mujer y de la calidad de vida. (Resolución.1854-LVI, 1897a sesión plenaria, mayo, 1974, p.15).

Asimismo, en el último año de la década del setenta se aprueba y en 1981 entra en vigor, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en cuya letra establece la igualdad de derechos para decidir de forma libre la cantidad de hijos y el intervalo, acceso a la información, a la educación y a los medios que permitan ejercer estos derechos (art.16, inc. e). Por primera vez una norma de estas características, es decir en una Convención internacional, establece que el varón y la mujer tienen igualdad de derechos para decidir cantidad de hijos e hijas y cuándo tenerlos. Años después, esta mención establecida en aquel entonces resultará en un instrumento fundamental para disputar una interpretación más precisa y amplia de estos derechos y su consecuente materialización en la práctica.

En el ámbito de las discusiones alrededor de estos años, los temas fueron cobrando mayor protagonismo. Estos procesos tuvieron que ver con la crisis de los Estados de bienestar en los países centrales y la constitución de gobiernos que buscaban promover e instalar políticas de reforma neoliberales en América Latina y el Caribe. El Plan Cóndor implementado en el Cono Sur^[8], es un ejemplo donde el papel de los Estados Unidos fue determinante para comprender las dinámicas globales al respecto, en particular sobre cómo incidieron aquellos países centrales configurados como potencias mundiales en la definición de temas, entre ellos, sobre la planificación familiar, la condición de la mujer y las políticas demográficas.

El gobierno de Reagan (1981-1989) desde sus primeros años da cuenta de esta relación. En 1984 impuso la Política de la Ciudad de México o más conocida como Global Gag Rule^[9] llevada a la Conferencia Internacional de Población realizada ese año en México, marcando una postura radicalmente opuesta^[10] respecto a la concepción de la natalidad y la anticoncepción manifestada en las conferencias precedentes. Su posición consideraba que la planificación familiar era un asunto privado en donde los problemas poblacionales debían resolverse sin intervencionismo estatal ni de los organismos internacionales. Una de las recomendaciones que dictaminaba la declaración de esa Conferencia consideraba al aborto como algo que debía evitarse y “en ningún caso debe ser promovido como método de planificación familiar”, quitando la palabra ilegal como lo remarcó el representante de la delegación sueca. El planteo era que debía prever el trato humano y el asesoramiento para las mujeres que hayan recurrido al aborto, “siempre que fuera posible” como lo dice la Recomendación número 18, inciso (e) del Informe de la Conferencia (1984, p. 21).

Estas posturas no sólo fueron contradictorias con las elaboraciones de consenso de las conferencias anteriores, sino que además dejaron en evidencia cierto desconocimiento en relación con las recomendaciones realizadas sobre estos asuntos. De acuerdo a la intervención del representante sueco, con referencia a este posicionamiento en la declaración

En opinión de la delegación sueca, la anticoncepción eficaz libera a las mujeres de embarazos no deseados y abortos provocados y mejora considerablemente la salud de madres e hijos. La prevención de los embarazos no deseados debe ser siempre el objetivo principal. Sin embargo, los abortos ilegales practicados en condiciones médicas inseguras representan un grave peligro para la salud en muchos países. La delegación sueca lamenta mucho que se haya aprobado una enmienda para eliminar la palabra “ilegal” de la recomendación 13 (e), tal como propuso el Comité Preparatorio, lo que sugiere que esta Conferencia no ha reconocido la importancia de este gravísimo problema. La delegación sueca desea reiterar que un paso importante hacia la eliminación de los abortos ilegales es proporcionar a todas las mujeres del mundo acceso a abortos legales y seguros. (United Nations, 1984, p. 21)^[11]

Más adelante, en el documento y por parte del mismo representante de Suecia, se alerta sobre los riesgos de la falta de reconocimiento a los servicios de aborto para reducir las muertes evitables a causa de realizar la práctica en condiciones inseguras. De acuerdo con Rosa Conde (1984) lo que estaba en disputa centralmente tenía que ver con las discusiones sobre desarme y asentamientos en territorios ocupados, que implícitamente hacía referencia a Israel. En la contienda verbal clásica entre los Estados configurados en aquellos años como potencias antagónicas, sobre cuál era el mejor sistema económico y político, la URSS propuso un apartado en las recomendaciones sobre “Paz, Seguridad y Población” que Estados Unidos llamó a definir por votación donde sólo éste e Israel se opusieron. En el análisis que hace la autora, resalta que la delegación estadounidense se equivocó de estrategia por no tratar el tema previamente de la Conferencia sumado a que el coordinador en los asuntos de población no había sido incluido debido a posturas divergentes con la política de Reagan, las cuales afectaron sobre todo a las cuestiones que impone la gag rule. Esta situación trasluce “un cambio en la política” no sólo en la delegación (p. 192). En sintonía con esta cuestión se encontraba el posicionamiento de la Santa Sede, presente a través de un mensaje de Juan Pablo II al secretario general de la Conferencia, Rafael Salas, para

condenar totalmente y rechazar con energía cualquier violencia ejercida por las autoridades en favor del anticoncepcionismo e incluso de la esterilización y del aborto procurado. Al mismo tiempo, hay que rechazar como gravemente injusto el hecho de que, en las relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos esté condicionada a programas de anticoncepcionismo, esterilización y aborto procurado. (Juan Pablo II, 7 de junio 1984)^[12]

Tales oposiciones a las posturas hasta entonces construidas en materia de técnica poblacional y demográfica, deben también leerse al calor de un proceso al otro lado del Atlántico, en Ámsterdam se estaba llevando adelante la cuarta reunión internacional sobre mujer y salud (IWHM por sus siglas en inglés) cuyo tema central fue poner la decisión de la mujer por delante en el diseño de las políticas de control poblacional (Bracke, 2023). Esta instancia, como veremos más adelante, resultó clave porque contó por primera vez con feministas latinoamericanas y permitió un escenario de apoyo global para la organización que venían impulsando desde la región con los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe (EFLAC). En esa reunión de Ámsterdam se creó la Red Global por los Derechos Reproductivos (WGNRR en inglés) la cual colaboró con la construcción de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) años después. De acuerdo a Quisbert Vaca (2018), es una de las redes transnacionales feministas que ha incidido en la politización de los derechos sexuales y reproductivos de la agenda global. Se trata de una cuestión que se debate pese a ser controversial, que tiene un sujeto que demanda derechos y se incluye en marcos normativos internacionales como nacionales. Elementos que forman parte del nuevo activismo transnacional (Tarrow, 2005) y la politización del contenido de las necesidades que se demandan desde un conjunto de la población oprimida (Fraser, 2015). En esta línea se comprueba lo que otras investigadoras evalúan en sus estudios sobre los trasfondos en la discusión global de los derechos reproductivos, de tipo políticos, económicos, geopolíticos, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo y, por consiguiente, de las relaciones de dependencia de las regiones y países ubicados en este sentido en la periferia (Sen y Grown, 1987; Corrêa y Reichmann, 1994; Mahon, 2021).

El término derechos reproductivos tiene su origen en estos procesos durante los tempranos años ochenta. De algún modo, condensa la lucha feminista por el acceso a los abortos seguros en los países centrales entre los años sesenta y setenta, que demandaban control sobre sus cuerpos, así como también contra las políticas de población coercitivas impuestas a las mujeres pobres, sobre todo en Asia (Brown, 2008). En esta investigación esto cobra sentido principalmente porque precisamos observar la injerencia que estas discusiones tienen en la construcción de las agendas, especialmente sobre derechos reproductivos, pero también sobre derechos sexuales en las instancias regionales.

Estos procesos de negociación en el ámbito de las Naciones Unidas, especialmente sobre desarrollo económico y social (mujeres, población, derechos humanos, ambiente, pueblos indígenas), tuvieron su correlato en la producción de conocimiento en el ámbito académico. Por ejemplo, entre junio y octubre de 1992, en vistas de los resultados y compromisos de la Conferencia de Población en México, se organizaron reuniones de grupos de expertos convocados por la División de Población de Naciones Unidas del Departamento de asuntos económicos y sociales, en coordinación con el Fondo de Población (UNFPA)^[13], con la presencia de académicos y especialistas en el tema de población y mujeres, de planificación familiar, salud y bienestar familiar invitados a trabajar en conjunto. Incluso en los institutos de investigaciones que la propia organización de Naciones Unidas creó para tal fin como el UNRISD (por sus siglas en inglés)^[14], contribuyeron a comprender el papel de las mujeres en los procesos de desarrollo. A lo largo de los años se logró complejizar el análisis que permitió precisar la existencia de un sistema desigual de género, basado en una construcción social de asimetría de poder en desmedro principalmente de las mujeres. Esta complejización dentro de las Naciones Unidas fue posible gracias a los aportes de los feminismos desde la construcción de datos, así como de su participación en instancias para incluir tales perspectivas en los debates. Ese pasaje y evolución en la conceptualización de la situación social de la mujer dio lugar a un proceso de definición de enfoques para el abordar su lugar en el desarrollo. Fueron enfoques que se denominaron “mujeres en el desarrollo” a llamarlo “género y desarrollo”, más conocido por las siglas en inglés de WID o GAD (Miller y Razavi, 1995).

Dichas producciones de conocimiento significaron un avance para las discusiones en el plano global, otorgando contenido para la disputa en el nivel regional. En la OEA con mayor intensidad en los primeros años noventa al igual que en el Mercosur, particularmente ligado a las participaciones en las Conferencias internacionales y regionales de Naciones Unidas como en torno a los preparativos de la Convención Belém do Pará, se puede observar la presencia de ambos enfoques respecto a la estructura de poder que imprime un lugar desfavorable para las mujeres, así como la concepción o no de un enfoque de género y su articulación con las políticas sobre desarrollo. Por ejemplo, uno de los hallazgos de la tesis precedente, tenía que ver con estas participaciones articuladas en la construcción institucional de las agendas de género que permitió introducir otros elementos para el análisis, el diseño e implementación de las decisiones en cada organización. Ambas comparten rasgos semejantes en relación a la participación de la sociedad civil, que permitió integrar aportes de los movimientos de mujeres y feministas venían demandando hacia sus gobiernos, también en instancias intergubernamentales para incidir en la construcción institucional y en el proceso de gobernanza^[15]. En dicha tesis, precedente a ésta, el estudio se enfocó en describir y sistematizar el recorrido entre 1991 y 2015 para mostrar cómo ambas organizaciones contribuyen a la gobernanza regional de género ya sea adoptando las construcciones globales como generando las propias que aportan a lo global. Tanto en contenido, por medio de consensos y marcos de interpretación para las discusiones al respecto, así como en términos de instrumentos como los mecanismos de participación y regulación (Ferretto, 2021).

Precisamente, a partir de los años noventa, como veremos a continuación, se introduce un enfoque que actualiza y encuadra los derechos reproductivos, la salud sexual y el acceso a abortos seguros, desde la perspectiva de derechos que los Estados deben asegurar. Este proceso está estrechamente relacionado a las discusiones de las Conferencias internacionales y regionales de Población y Desarrollo y sobre la condición de las mujeres en el mundo, especialmente desde la Conferencia realizada en Beijing en 1995. Dado que en aquella instancia reafirmó la consideración e integración de una perspectiva de género como indispensable para el abordaje, diseño y evaluación de políticas públicas a fin de comprender a las mujeres como sujetas de derechos (Chiarotti, 2010) además de agentes activos en el proceso de desarrollo. El Informe y la Plataforma de Acción acordada en dicha Conferencia en Beijing hace explícito ese compromiso al asegurar que las medidas para erradicar la discriminación contra las mujeres, mejorar su condición en la sociedad y promover la igualdad de género “debe basarse en la integración de una perspectiva de género en las políticas generales relacionadas con todas las esferas de la sociedad” (United Nations, 1995, p. 20).

Las Conferencias Internacionales en los años noventa y su correlato regional: enfoque de género y derechos humanos

Decíamos que la Conferencia de Población y Desarrollo realizada en El Cairo, en 1994, fue el escenario que buscó afianzar un cambio de paradigma conceptual y cualitativo para concebir el desarrollo más allá de un control poblacional. Allí se dejó asentado que el desarrollo humano debe pensarse desde la salud reproductiva y el ejercicio de derechos humanos, especialmente desde el empoderamiento de las mujeres (León, 1996). Es decir, el consenso de abordar las políticas de población y desarrollo, donde la salud sexual y reproductiva como derecho humano estuviera en el centro y se pueda comprender de forma integral. De esta forma, se precisaron los derechos reproductivos como aquellos que

abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. (United Nations, 1995, p. 37)

Podemos ver aquí dos precisiones interpretativas significativas, por un lado, corresponde resaltar la escisión entre sexualidad y reproducción y, consecuentemente el reconocimiento como derechos, plasmados en los 16 capítulos que constituyen el Programa de Acción aprobado, como resultado del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Población y Desarrollo en El Cairo (United Nations, 1994). En otras palabras, constituye un avance fundamental en la manera de abordar estos temas, al hacer explícito el reconocimiento de derechos humanos, ampliando la discusión ya no sólo como una mera cuestión de control demográfico.

Es importante señalar también que el escenario regional estuvo interpelado particularmente por un movimiento diverso y organizado desde principios de los años ochenta^[16], de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe para aportar a las discusiones en los foros globales, pues históricamente se ha destacado al movimiento en su heterogeneidad como impulsor de estrategias internacionalistas, es decir con propuestas de acciones coordinadas transnacionalmente. El caso más emblemático y referenciado en todo el mundo es la articulación regional a partir de la organización de los EFLAC desde 1981 (Chen, 2004). Estos espacios de intercambio y construcción colectiva tienen hasta la actualidad el objetivo de afianzar alianzas y esfuerzos comunes para el avance de múltiples demandas. En relación a la demanda de los derechos reproductivos, el quinto EFLAC realizado en Argentina en 1990, concluyó con acuerdos en referencia a las luchas por la despenalización y legalización del aborto que han sido el impulso de importantes estrategias de acción colectiva y otros logros. Entre los cuales, podemos destacar principalmente tres, la conformación de la Campaña 28 de septiembre “por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe”, la instalación de la fecha 28 de septiembre, con el mismo nombre que contemporáneamente también se la suele nombrar como el “día de acción global por el aborto legal y seguro”^[17] y, años más tarde, en 2017 el establecimiento de un símbolo y un color común como identidad colectiva, que es el pañuelo verde.

Los efectos de tales articulaciones de activistas y organizaciones, pueden verse en distintos contextos, sobre diversas y complementarias agendas. Otro ejemplo clave fue durante el contexto del cambio de siglo, donde las organizaciones de mujeres y las nuevas dinámicas norte-sur impulsaron estudios que robustecieron la defensa del rol de mujeres y feministas organizadas en la construcción de la región, institucional e identitaria. Las protestas de las mujeres contra el ALCA (León y León, 2002) y el análisis desde las perspectivas feministas de las escalas de acción de los movimientos sociales, que van “más allá de las naciones” (Keck y Sikkink, 1999; Jelin, 2003; Cabezas González y Pinheiro Machado Brochner, 2019) sirven de valiosos ejemplos. Cuya novedad no es tanto la inclusión de variables y perspectivas de género o el estudio de los feminismos, que se desarrollan desde principios y más a mediados del siglo XX, sino la consideración de la interdependencia constitutiva entre la diversidad de actores e instituciones, involucrados en un mismo proceso de negociación de reglas que no es lineal ni automático. Sino que conlleva un largo camino de trabajo para materializar aquello que el enfoque de género permite modificar en prácticas para la toma de decisiones y a su vez, que sean sostenibles en el tiempo. Estos aspectos logran ser incluidos a partir de la trayectoria de las redes de mujeres y feministas presentes en las discusiones y en los espacios de organización social, gracias a la incidencia en los distintos niveles de gobierno con el propósito de incluir dicho enfoque dentro de las demandas planteadas. Proceso que también implica sobrellevar las reacciones opositoras a la agenda feminista en ámbitos institucionales a nivel regional.

En este sentido, de acuerdo a Jelin (2003), fueron las Conferencias Internacionales de los años ochenta y noventa, la plataforma de presentación de esas articulaciones regionales y redes para incidir desde el nivel regional a lo local. Por ejemplo, al compás de los preparativos de las Conferencias Mundiales en Viena (1993), El Cairo (1994) y Beijing (1995), en América Latina y el Caribe se estaban llevando adelante los múltiples eventos y encuentros además de los EFLAC para discutir qué llevar de forma organizada a esos espacios de negociación multilateral, así como la organización de instancias específicas como las que dieron lugar a la aprobación de la Convención Belém do Pará en el plano interamericano. La participación y organización de activistas defensoras de los derechos humanos y promotoras de la igualdad de género fueron fundamentales para ampliar los marcos de interpretación en la negociación sobre qué es urgente y nodal para avanzar de forma conjunta a nivel global (Celiberti, 2003; Sikkink, 2003).

En la Plataforma de Acción de Beijing se incluye un capítulo sobre las esferas de especial preocupación, entre las cuales una sección corresponde a la salud. Esta sección hace hincapié entre varias cuestiones de acceso a recursos básicos de salud sin discriminación ni violencia, pues es un ámbito donde los estereotipos de género a menudo se perpetúan sin considerar “las diferencias socioeconómicas y otras diferencias entre mujeres, ni se tiene plenamente en cuenta la falta de autonomía de la mujer respecto de su salud” (United Nations, 1995, p. 36). En este sentido es donde se reconoce que existen circunstancias tanto socioeconómicas como políticas que impiden el ejercicio de la autonomía por parte de las mujeres, limitando consecuentemente sus derechos. Es decir, los resultados de las Conferencias Mundiales tanto de Derechos Humanos (1993), como de Población y Desarrollo (1994) y sobre la Mujer (1995) sientan las dimensiones de forma explícita que son necesarias de atender para promover la autonomía de las mujeres, así como reforzar las medidas que los organismos de gobierno en los diferentes niveles deben implementar para lograrlo. En sintonía con estos resultados, el programa de acción definido en El Cairo, dispone medidas para lograr los objetivos asumidos en el campo de la población y el desarrollo durante veinte años; especificando los derechos de las personas, las responsabilidades de los Estados y los asociados a la cooperación internacional. Especialmente sobre esta cuestión, dentro del programa de acción, en los capítulos números 7.2 y 7.3, definen a la salud reproductiva como un estado de bienestar psicofísico y social en todos los aspectos relativos a la reproducción, sus procesos y funciones y no la mera ausencia de enfermedades. Del mismo modo, especifica lo relativo al disfrute de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como también la capacidad de procrear en libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. El programa remarca, además, que es preciso contar con la información de calidad como el derecho primario para la toma de decisiones seguras.

Los planes y programas que resultan de las Conferencias se traducen en instrumentos de interpretación y orientación para el accionar por parte de los Estados miembros, pese a los desacuerdos sobre algún punto que, quedan plasmados bajo el recurso de reservas mediante pie de página. Según lo que entienden y consideran (o no) que son los derechos reproductivos y sexuales y/o los esfuerzos para avanzar en el desarrollo y en políticas de población, hubo posturas disidentes sobre el lenguaje, a pesar de establecer explícitamente que la implementación se enmarca en el derecho y las leyes de cada país. Expresaron reservas sobre este punto, específicamente en relación a los derechos reproductivos, para oponerse al aborto, los representantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Perú (United Nations, 1994, pp. 126–140). En todas, las reservas se hacen a determinadas cuestiones específicas que rechazan incluir al aborto o las interrupciones del embarazo en estos derechos; así como también quienes se opusieron en algunos casos a la unificación de la familia en inmigración internacional, el matrimonio homosexual, las familias diversas, entre otros (Galdos Silva, 2013).^[18] Por ejemplo, Paraguay expresa su reserva para manifestar que acuerdo a la Constitución “el derecho a la vida es inherente a todo ser humano desde el momento de la concepción” y que acepta toda forma de planificación familiar mientras no se considere la “interrupción del embarazo” como parte del concepto de regulación de la fecundidad, dado que reconoce la “necesidad de trabajar en la salud reproductiva de la población como forma de ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de la familia” (United Nations, 1994, pp. 129-130). Argentina por su parte expresa que acompaña el acuerdo general alcanzado, manifestando reservas sobre la inclusión y respeto del derecho a la vida desde la concepción, que la familia “en ningún caso puede alterar su origen y fundamento, que es la unión entre varón y mujer, de la cual se derivan los hijos” y que “no puede admitir que en el concepto de salud reproductiva se incluya el aborto ni como servicio ni como método de regulación de la fecundidad” (Ibidem, 1994, pp. 131-132).

Estos casos nos sirven para evidenciar la incongruencia entre lo construido en la Conferencia, los puntos acordados para aprobar el programa de acción y las legislaciones nacionales. En lugar de realizar alguna propuesta alternativa entre las distintas posturas en relación a la interpretación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, la objeción por parte de los mandatarios o representantes estatales se hace contra el aborto, en cualesquiera circunstancias. Esto deriva en un desconocimiento de los datos producidos sobre las consecuencias que se derivan de las legislaciones restrictivas para el acceso a abortos seguros. Como contraparte tampoco se propone una alternativa para el acceso a la salud integral de las mujeres, niñas y adolescentes que prevenga abortos, como puede ser la educación sexual integral y el acceso universal y oportuno a métodos anticonceptivos. Es decir, las posturas compartidas por varios países de América Latina y el Caribe, reflejan la oposición sobre la cuestión del aborto supeditado a las decisiones y legislaciones de cada Estado. Al mismo tiempo que trasluce los desafíos persistentes en general sobre salud sexual y reproductiva, aún sin querer tocar el tema del aborto, allí donde los gobiernos se oponen y tienen por delante para avanzar en el camino del desarrollo. Sin necesariamente hacer foco exclusivamente sobre el tema del aborto. En estos años the gag rule había sido revocada por el entonces presidente demócrata Clinton^[19] y la declaración su vicepresidente, el Sr. Al Gore, durante la Conferencia en El Cairo, revela esa posición al reconocer que

todos tenemos plena conciencia de que las opiniones acerca del aborto difieren tanto entre las naciones como entre las personas. (…) Nosotros creemos que, facilitando los mejores servicios de planificación de la familia y de atención médica, se respetará la voluntad de las mujeres de evitar embarazos no deseados y, al mismo tiempo, se reducirán el crecimiento demográfico y la tasa de abortos. (..) los Estados Unidos no pretendemos instaurar un nuevo derecho internacional al aborto y tampoco creemos que deba fomentarse éste como método de planificación de la familia. Asimismo, pensamos que la adopción de políticas en esta materia debería ser competencia de cada gobierno, con arreglo al ordenamiento jurídico y a las circunstancias de su respectivo país y de conformidad con las normas de derechos humanos ya convenidas. En ese sentido, rechazamos y condenamos el empleo de la coacción en relación con el aborto o con cualquier otra cuestión ligada a la procreación. Creemos que, en los lugares donde se permita el aborto, éste debería practicarse en condiciones de seguridad médica, y que el aborto peligroso es un problema de la salud de la mujer que debe encararse. (United Nations, 1994, p. 171).

Párrafos más arriba de la exposición del mandatario, hace énfasis sobre la importancia de redoblar esfuerzos para un abordaje holístico del problema del desarrollo y la cuestión de la población, abordando los factores y las causas de forma conjunta. Y destaca la interdependencia de los países desarrollados con los que están en vías de serlo y de la necesidad de dar una respuesta global “en el que se conjuguen la democracia, la reforma económica” (Ibidem, p. 170) entre otras cuestiones como la liberalización y apertura de los mercados nacionales. Cuestiones que sólo aparecen en la Conferencia por la declaración del representante de Estados Unidos.

El cambio sustantivo que representan los intercambios, posturas y definiciones de las Conferencias que venimos repasando tiene que ver, por un lado, en términos cualitativos con el abordaje de las políticas de población. Cuyo objetivo, lejos de ser sólo una cuestión demográfica y meramente de control poblacional, pasa a explicitar la centralidad de promover el adelanto y la autonomía de las mujeres, para el desarrollo humano, progresivo y sostenible. Mediante la adopción de medidas socio y macroeconómicas en interdependencia con todos los sectores y actores, en pos de alcanzar las metas acordadas en un plazo de veinte años para afrontar los “problemas fundamentales población, salud, educación y desarrollo” (United Nations, 1994, p. 6).

Por el otro lado, la cuestión social del aborto que aparece, se plantea y se debate en primer plano y como parte integral en la discusión sobre la universalidad del acceso a la salud sexual y reproductiva. Al repasar brevemente algunas reservas o declaraciones de las delegaciones, vemos quiénes se opusieron al consenso mayoritario al respecto. De acuerdo a León, era “el mundo contra la Santa Sede” (1996, p. 102) y sus pocos seguidores como Argentina, El Salvador, Malta, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Perú que se oponían al acuerdo aprobado por la gran mayoría. Si bien, la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo disponen como cuarto principio que “la mujer controle su propia fecundidad ya que es considerada la piedra angular de los programas de población y desarrollo y que son los derechos humanos de las mujeres, niñas y muchachas” (United Nations, 1994, p. 10) y la importancia de la “plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en la vida socioeconómica, civil, cultural y política a nivel nacional, regional e internacional” (Ibidem, p. 11); fueron cuestiones que estuvieron bajo el foco de la tensión sobre quiénes eran los sujetos de los derechos sexuales y reproductivos, si los individuos, las parejas o las familias^[20]. Sobre este punto, por primera vez el catolicismo y el islam estuvieron de acuerdo. León (1996) recupera las reflexiones de una teóloga católica que participó de la Conferencia de El Cairo y se preguntó sobre qué es lo que une a estas religiones y su respuesta fue

no es la despenalización del aborto, como tampoco el problema del aborto inseguro, porque en este tema el islam estuvo con el consenso mundial, lo que los une, básicamente, es la presencia y el poder que muestran las mujeres organizadas que se atreven a desafiar las religiones patriarcales. (León, 1996, p. 103).

Estas expresiones tanto de los balances posteriores como de la letra de la declaración también demuestran lo construido hasta ese entonces. Recuperando las discusiones y acuerdos de las conferencias previas como fundamentales para complementar y proseguir con el objetivo de trazar horizontes en relación a medidas que mejoren la calidad de vida de la población en el marco del desarrollo. Éstas son, la conferencia que examinó y evaluó los avances durante el decenio de Naciones Unidas “Igualdad, Desarrollo y Paz” sobre la situación de la mujer: (Nairobi, 1985); la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, 1990); la conferencia sobre ambiente y desarrollo (Río de Janeiro, 1992); la Conferencia sobre nutrición (Roma, 1992); la de Derechos Humanos (Viena, 1993); el año internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1993); la Conferencia sobre desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en Desarrollo (Barbados, 1994) y el año Internacional de la familia (1994).

El correlato de estas conferencias muestra la actualización de los debates y de las acciones que conlleva alcanzar los objetivos, con centralidad como vimos, en mejorar la calidad de vida de mujeres, niñas y adolescentes por su condición de género debido a las desigualdades estructurales que impiden acceder a derechos. Así como también qué intereses se ponen en juego cuando se busca avanzar en consensos de este tipo. De acuerdo con Brown (2020) la Conferencia de Nairobi reafirmó la idea de que sean las mujeres quienes tuvieran la posibilidad de controlar su fertilidad como basamento para el ejercicio y goce de otros derechos. Cuestión que ya se había reconocido en la Conferencia de Población y Desarrollo en Budapest en 1974, lo que nos permite comprender el recorrido que llevan estas discusiones. En otras palabras, también nos permite ver el reconocimiento de la existencia de barreras basadas en estereotipos sexistas para el acceso a la salud reproductiva por ejemplo, que aseguren la educación sexual integral o también conocida como educación integral en sexualidad con el fin de incorporar en las currículas educativas herramientas que permitan conocer y cuidar el propio cuerpo, respetar los ajenos y deconstruir lógicas de pensamiento que reproduzcan esa división sexual de los roles sociales de género que vimos. Si bien las formulaciones inicialmente estuvieron ligadas a una educación en salud para la prevención, especialmente del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que estaba en plena propagación, el marco de educación para la salud desde los estudios de la sexualidad permitió la generación de un marco para incluir las múltiples dimensiones de lo que implica (Pecheny, 2008).

Por otra parte, el acuerdo para darle seguimiento a las metas propuestas en el Programa de Acción consensuado en El Cairo fue con rondas de evaluación cada cinco años a cargo de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas. A partir de entonces, las rondas de evaluación se denominan El Cairo+5 y así sucesivamente, es decir, en 1999 a los cinco años, en 2004 por diez años, por quince años en 2009 y por los veinte años en 2014. En este sentido, se configura como una herramienta que guía la interpretación de las condiciones que implica el aseguramiento de los derechos a la salud reproductiva y sexual. Y, por consiguiente, es también fundamental para incidir en los distintos niveles de gobierno para que elaboren políticas en la misma línea. En este sentido el Programa insta a los gobiernos, los organismos intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales interesadas, los organismos de financiación y de investigación, que “prioricen la investigación sobre el vínculo entre la condición social y jurídica de la mujer y los procesos demográficos y de población”, así como también redoblar esfuerzos para la cooperación internacional en la materia que permita afianzar capacidades para llevar adelante los objetivos del programa (United Nations, 1994, p. 84-85). En relación al aborto, si bien quedó plasmado que es un tema en tensión y que cada Estado deberá decidir cómo afrontar la problemática de los abortos inseguros, de acuerdo al informe, es claro el consenso en relación con el acceso a la información, educación, métodos anticonceptivos y servicios de planificación que permitan mejorar la calidad de vida, especialmente en los países de economías en desarrollo o en transición. Por ejemplo, al observar el énfasis puesto sobre la importancia de realizar esfuerzos para fortalecer los servicios de atención primaria que incluya a la salud reproductiva al alcance de toda la población “a más tardar para el año 2015” (Ibidem, p. 38). Así como también, cuando se explicitan los riesgos alrededor de la falta de atención que prevenga embarazos precoces o abortos inseguros por la falta de información y servicios que sucede en el 90% de los países, que

representan el 96% de la población mundial, tienen políticas que permiten el aborto en diversas situaciones jurídicas para salvar la vida de la mujer. Sin embargo, una proporción significativa de los abortos son inducidos por las propias mujeres o se efectúan en malas condiciones, y son la causa de un gran porcentaje de los fallecimientos de las madres o de lesiones permanentes en las mujeres afectadas. (…). Una mayor atención a las necesidades de salud reproductiva de las jóvenes adolescentes y las mujeres jóvenes podría reducir notablemente la morbilidad y mortalidad maternas mediante la prevención de los embarazos no deseados y de los abortos posteriores realizados en condiciones deficientes. La maternidad sin riesgo, ha sido aceptada en muchos países como estrategia para reducir la morbilidad y mortalidad maternas. (United Nations, 1994, p. 54).

En este sentido, el informe y el programa resultado de la Conferencia de El Cairo, si bien reconocen las tensiones en torno al aborto también arroja evidencia científica sobre las consecuencias de no atenderlo, de la falta de información, de acceso a métodos anticonceptivos y a prácticas seguras como un factor de riesgo que debe prevenirse y esforzarse por erradicarse a favor de mejorar la salud de las mujeres. A razón de eso, se plantearon medidas en esos términos, de los cuales los gobiernos -incluso hasta la actualidad- deben continuar redoblando esfuerzos para su atención. Pues, las rondas de evaluación de los veinte, veinticinco y treinta años de la implementación del Plan de Acción de 1994, siguen remarcando obstáculos para la promoción de los DSR con políticas integrales. De acuerdo con la información de la Base de Datos que sistematiza la División de Población de Naciones Unidas, en 2017 se realizó una encuesta para recolectar información sobre las políticas de población mundial centrada especialmente en consultar sobre programas, políticas y leyes relacionadas al aborto en todos los países “y una evaluación cuidadosa de los documentos legislativos, realizada conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud durante 2016-2017”. Los resultados resaltan los esfuerzos todavía pendientes para mejorar la salud sexual y reproductiva, así como reducir las complicaciones y consecuencias producidas por falta de políticas al respecto. América Latina y el Caribe en 2017 registró que el 84% de gobiernos cumplía con al menos una de las tres medidas principales para avanzar en este desarrollo. Esas medidas simplificadamente tenían que ver con elevar la edad mínima para contraer matrimonio, la escolarización en nivel secundario de niñas y la educación sexual en las escuelas. (United Nations, 2017 p.8). No obstante, los esfuerzos para reducir la mortalidad materna, siendo el aborto inseguro una de las principales causas, tuvo un menor progreso, aun siendo considerado por la mayoría de los países como una cuestión muy importante, persisten medidas a implementar para eso (Ibidem, p.9).

Conforme a tales debates e información que resultan de las conferencias y los procesos alrededor de ellas, es importante señalar la centralidad que, desde finales de los ochenta y hasta la actualidad, tienen los temas y la perspectiva de género en la agenda internacional para hacerle frente a los desafíos del desarrollo sostenible, en particular erradicando la violencia contra las mujeres para asegurar el ejercicio de sus derechos, autonomía, el acceso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la eliminación de las barreras a los abortos seguros. En ambas instancias, tanto en El Cairo como en Beijing, se opusieron a estos contenidos la Santa Sede y un pequeño grupo de países, entre los cuales estaban de América Latina y el Caribe, Argentina. Honduras, Perú, República Dominicana y Venezuela (United Nations, 1995, pp. 186–209) con posturas semejantes a las repasadas anteriormente en ocasión al Plan de Acción de El Cairo. Lo que resulta claro, además de contraponerse al aborto, es la centralidad de la familia tradicional como el principal sujeto de derechos. Es decir, así como mencionamos previamente en relación con la tensión que surgía para consensuar lo relativo al capítulo de salud sexual y reproductiva, en la Conferencia de Beijing se sostiene la oposición a revertir el vínculo asimétrico de la mujer en sociedad por su capacidad de gestar como una condición biológica determinante (Rostagnol, 2016) y negando lo que las feministas en 1990 declararon en la Ciudad de San Bernardo sobre la maternidad forzada o involuntaria como una forma de esclavizar a las mujeres (Burton, 2022).

Por su parte, el correlato de estas conferencias en el ámbito regional se realizan desde 1977^[21], por medio de la comisión regional de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la CEPAL, cuya estructura cuenta con dos órganos subsidiarios correspondientes a las conferencias regionales sobre la mujer, mediante la cual cuenta con una División de Asuntos de Género, y las conferencias regionales sobre población y desarrollo mediante el trabajo del centro latinoamericano y caribeño de demografía (CELADE) que desde 1997 funciona como la División de Población de la Comisión. En 2013 por medio de este órgano, se convoca a la primera reunión de la conferencia regional sobre esta agenda^[22], de población y desarrollo, cuyo resultado fue la firma del Consenso de Montevideo, el primer acuerdo intergubernamental para dar seguimiento al programa de acción de la Conferencia Internacional de El Cairo después del vigésimo aniversario en 2014 y para el proceso que examina la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible^[23].

El Consenso de Montevideo, incluyó dentro de los acuerdos

Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos (CEPAL, 2013, p. 43)

En sintonía, cabe destacar que, según el informe, en esa primera reunión sobre Población y Desarrollo, expresaron sus posiciones a favor de la despenalización del aborto, las delegaciones de Cuba, República Dominicana y de Guyana, haciendo referencia al aborto seguro (CEPAL, 2013, pp. 10-11). El Consenso de Población y Desarrollo también deja ver que los derechos sexuales y reproductivos son uno de los ejes principales e impostergables para la inclusión efectiva de la población al desarrollo, especialmente de la mujer y su autonomía para avanzar en la igualdad de género, retomando los compromisos asumidos regional y globalmente en Beijing, El Cairo y sus respectivas rondas de evaluación.

Desde entonces estas Conferencias regionales aúnan a las altas autoridades encargadas de velar por políticas de igualdad de género y de población y desarrollo, manteniendo una periodicidad no superior a tres años. El objetivo primordial es identificar la situación regional y subregional de los derechos y el estado de la población en relación con el desarrollo, en cuyo caso la situación de las mujeres tiene capítulos específicos con el fin de establecer recomendaciones, cuyos resultados son aprobados por los Estados parte de la CEPAL. En los noventa, se aprobó en el ámbito regional sobre la mujer el Programa de acción para las mujeres de América Latina y el Caribe, luego de la Conferencia en Mar del Plata, en 1994. Como veremos, esta instancia fue sumamente valiosa para las organizaciones de mujeres y feministas que buscaban incidir llevando sus demandas a las plataformas internacionales, además de ser la instancia para trabajar sobre los preparativos de la Conferencia de Beijing. A esta altura de 1994, las mujeres de la región ya contaban con la aprobación de la Convención de Belém do Pará, con los acuerdos de la Conferencia de El Cairo y de varios Encuentros Feministas regionales. Esto se refleja en la letra del Programa donde se llama a reconocer el aborto como un problema de salud pública, dentro de la acción estratégica número II.5.h bajo los términos del capítulo correspondiente del Plan de Acción de El Cairo (CEPAL, 1994, p. 32). En dicho programa regional, se muestran las posturas de oposición a los derechos reproductivos, cuando esto signifique incluir el aborto, de los países que mencionamos en las instancias anteriores también se repiten como Argentina, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

Otra cuestión que merece destacarse tiene que ver con las cuestiones sobre la carga de las tareas del trabajo reproductivo y productivo de las mujeres, repercutiendo en su bienestar económico, físico y social a lo que Estados Unidos reservó su posición. Tres años después, en 1997 en Santiago de Chile, las Conferencias sobre la mujer pasaron a hacer rondas de seguimiento mediante la aprobación de Consensos. Así, se aprobaron los Consensos de Santiago en 1997, de Lima en el año 2000, de México en 2004, de Quito en 2007^[24], de Brasilia en 2010, de Santo Domingo en 2013 y en 2016 se aprueba la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030. Esta estrategia fue resultado de la décimo tercera conferencia regional sobre la mujer de la región, en la cual se sintetiza los compromisos de los gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres, en la que se incluyen los DSR y los servicios de aborto seguro en los países que lo permiten (CEPAL, 2016)^[25]. En paralelo a estas Conferencias regionales sobre la mujer26, como decíamos, también se llevaron adelante reuniones sobre población y desarrollo, como una de las estrategias de internalización en las Américas de los consensos de Naciones Unidas mediante propios acuerdos y consensos regionales.

En el caso de El Cairo+5 o CIPD +5 se realizó mediante dos períodos de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999, teniendo en cuenta las evaluaciones de la Comisión de Población y Desarrollo, donde se refuerza la importancia de tomar medidas urgentes que potencien la autonomía de la mujer y el mejoramiento de su situación política, social, económica y de salud para el logro del desarrollo sostenible. Además, se insta a la participación de la sociedad civil en el plano nacional y regional para alcanzar las medidas adoptadas (United Nations, 1999). En 2014 se realiza la Conferencia de Población y Desarrollo en New York, para presentar el segundo informe de seguimiento luego de veinte años del plan estipulado en El Cairo+20, donde se establece una edición actualizada del programa de acción, la cual destaca que, si bien hubo un notable progreso en varias esferas, continúan siendo desiguales el acceso a derechos en particular debido a la discriminación y la relación inequitativa de consumo y distribución de recursos. Lo más relevante tuvo que ver con el examen operacional de la ejecución del programa que estableció un nuevo marco de población y desarrollo para alcanzar después de esos veinte años de la Conferencia. Dicho examen fue solicitado por la Asamblea General en base a datos proporcionados a partir de los informes previos, encuestas mundiales, las instancias regionales y los aportes de la sociedad civil en las rondas preparatorias, así como en otras conferencias internacionales como la de Derechos Humanos^[26] (United Nations, 2014).

En cada uno de esos acuerdos, se puede identificar la permanencia de una agenda de DSR que no es estanca. Sino que profundiza la complejidad e interrelación con los múltiples aspectos del desarrollo de una vida digna, y argumenta las razones de por qué es necesario promover la garantía de dichos derechos, para el desarrollo de las sociedades en la región. Esto supuso no solamente esfuerzos para revisar una estructura de siglos a partir de la materialización de una herramienta como la transversalidad de una perspectiva, sino enfrentar a los sectores reaccionarios. La presencia de estos sectores conservadores, ligados a fundamentalismos religiosos que defienden la familia tradicional, las mal llamadas terapias de conversión gay, contrarios al aborto, al matrimonio homosexual y de las personas trans, se intensifica posterior a las Conferencias como vimos previamente con la conformación narrativa de la “ideología de género”. Según Vega, corresponde a una nueva retórica, con esquemas ya conocidos respecto a los elementos que distinguen tanto pastorales como doctrinales. Postulan una “renaturalización privatizadora de lo social” y defienden la diferencia sexual ontológica, basada en una moral absoluta, cuya misión es desenmascarar la visión del género como una agenda colonizadora, donde “el papel de la teología sería defender la naturaleza de ese ejercicio de colonización apelando a lo que Ratzinger llamó la Ley Natural” (2019, p. 53). Estos mismos sectores, son los que se oponen a la Educación Sexual Integral (ESI) o Educación Integral en Sexualidad (EIS) y difunden en la región la campaña “con mis hijos no te metas”, considerando que dicha educación es la difusión a una promiscuidad y de valores contrarios a los de la familia heteronormada y tradicional (Vega, 2019).

Pese a las reacciones construidas desde los sectores opositores a la igualdad de género, las dinámicas regionales dan cuenta de muchos avances. En términos institucionales, el logro más destacado es el proceso en torno a la Convención de Belém do Pará. Si bien su elaboración fue previa a las Conferencias^[27], hubo un antes, durante y después que se destacó a nivel global. Uno de los aspectos más valiosos, tuvo que ver con que, su logro corresponde a la articulación de diversos sectores sociales como la academia, el activismo del movimiento de mujeres y feministas, las organizaciones no gubernamentales y la trayectoria de la Comisión Interamericana de Mujeres, entre otros. Y que se instala a nivel mundial como un hito que, además de reconocer la labor de los actores y las actrices que la construyeron y promovieron, también sirvió de aporte para llevar a las Conferencias mencionadas, así como para las siguientes Conferencias regionales. De este modo resultó un puntapié para impulsar otras iniciativas como la Campaña por una Convención de DSR^[28] a nivel interamericano que abordaremos más adelante. Más tarde, en la Cumbre de Nairobi, CIPD+25, celebrada en 2019, organizada por el Fondo de Población y el gobierno de Kenya, la cual reunió a las agencias de Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones del sector privado, redes de mujeres y jóvenes, se acordaron iniciativas para seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos del programa de acción. Se reafirmó y renovó el compromiso mediante una Declaración durante la 52° sesión de la Comisión de Población y Desarrollo con título “adelantando la promesa” recuperando el informe de la encuesta mundial^[29] organizada por el Fondo y considerando el plan estratégico establecido para el periodo 2018-2021. Esta declaración expresa la importancia del programa de acción en el marco de la Agenda 2030 como guía para la elaboración de políticas y ejecución de acciones para su implementación plena. Y, por consiguiente, una guía de interpretación de lenguaje, así como recomendación de políticas para trasladar al plano regional.

Estos procesos si bien han permitido lograr importantes avances en las discusiones, también remarcan la necesidad de continuar trabajando por los pendientes que quedan por delante. Entre los avances, podemos señalar el reconocimiento del activismo de mujeres y feministas a favor de los derechos sexuales y reproductivos y de la igualdad de género en la política mundial, plasmado en el Informe de Desarrollo Humano el cual afirma que “los países con menos movimientos feministas tienen mayores prejuicios contra la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer” (UNDP, 2022, p.205). Frente a esto, surge el interrogante sobre los significativos avances en materia de acuerdos y reglas de la gobernanza de género en América Latina y el Caribe, y los desafíos que persisten en relación a los derechos sexuales y reproductivos. De acuerdo al informe del Fondo de Población Naciones Unidas, son considerados de los derechos más complejos de garantizar en términos legislativos para una atención integral y universal (UNFPA, 2022), cuyas repercusiones también imprimen una dificultad especial en los espacios de discusión internacional sobre todo en relación con el acceso a abortos seguros. Pues, en la mayoría de los países, está parcialmente penalizado bajo excepciones específicas, siendo una minoría los que han legalizado y despenalizado la práctica y, muchos otros Estados, penalizan y criminalizan el aborto en cualquier circunstancia (Bearak et al., 2020; CEPAL-OIG, s/f; Kulczycki, 2011; Ramos y Gómez López, 2015). Estas cuestiones dan cuenta del trabajo que todavía guardan estos asuntos para lograr mejores resultados que son condiciones de vida para la población y el desarrollo. En este sentido, podemos destacar algunas declaraciones más recientes, expresadas durante la 57° sesión de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD57) en abril de 2024. Por ejemplo, del Estado de Canadá, quien advierte que ante las crisis mundiales que se presentan, los derechos de las mujeres, niñas y otros grupos marginados suelen ser los primeros ignorados y desatendidos. Razón por la cual el trabajo continúa para que la atención y los servicios de salud sexual y reproductiva, sean prioritarios. Sobre todo, eliminando las barreras para el acceso a la educación y la información oportuna, libre de estereotipos y discriminación, a los métodos anticonceptivos, al aborto seguro y la atención postaborto (CPD57, 2024, s/p)^[30]. En sintonía, la CEPAL también resalta que a pesar de los avances logrados persisten enormes desafíos que requieren acciones urgentes en relación con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos bajo políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos, interculturalidad e interseccionalidad. Desafíos que continúan señalando la hoja de ruta del trabajo que se lleva adelante en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo (Declaración CEPAL, 2024)^[31].

Antecedentes de la discusión en OEA y MERCOSUR

A continuación, veremos cómo estos procesos que hasta aquí repasamos sientan precedentes en los organismos bajo estudio. En el caso de la OEA, la perspectiva de abordaje que permitió avanzar en las discusiones es desde el tratamiento de la violencia de género y el principio de no discriminación. En el MERCOSUR, en cambio, las discusiones se enmarcaron bajo las políticas de salud y de derechos humanos sobre todo a partir de la incorporación los lineamientos globales de políticas de género y de salud sexual a nivel nacional en países como Argentina y Uruguay.

En la OEA un aspecto notorio como antecedente crucial para la construcción de esta discusión en el organismo, tuvo que ver con los canales institucionalizados de participación de la sociedad civil. Muchas de las organizaciones que repasamos en el apartado previo, venían participando de distintas instancias como en los foros, seminarios y otras plataformas habilitadas para determinadas ocasiones relativas a estos asuntos. Por ejemplo, todo el proceso en torno a la Convención Belém do Pará, colaboró en una suerte de sinergia con el trabajo que se venía llevando adelante a escala global. Las organizaciones de la sociedad civil que participaron, estuvieron presentes para incidir en que la Convención fuese aprobada, así como también habían estado incidiendo en las Conferencias Internacionales mencionadas anteriormente.

De algún modo resultó una suerte de punto de contacto entre los niveles globales y regionales, donde se podía aprovechar la apertura que les otorgó la agenda internacional a los procesos institucionales a nivel regional y local para que las organizaciones sociales también pudieran ver una oportunidad de ampliación de derechos mediante la incidencia en esos ámbitos. En este sentido, la OEA construye o refuerza contenido en la materia por medio de la trayectoria de la CIM, la Convención Belém do Pará y el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención (MESECVI) bajo el trabajo del Comité de Expertas (CEVI). La Convención a su vez cuenta con una Conferencia de los 32 Estados parte que han ratificado la norma. Por otra parte, se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca velar por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, quien establece su competencia para recibir peticiones ante denuncias o quejas de violación de derechos humanos por algún Estado parte (art. 44). A partir de 1994 cuenta con la Relatoría de Derechos Humanos de las Mujeres que asiste a la Comisión en la temática específica.

Ambas Comisiones elaboran informes hemisféricos de evaluación y seguimiento a partir de cuestionarios por lo general que envían a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil que están inscriptas en el registro de la OEA. Si bien los instrumentos y mecanismos de trabajo son distintos, uno en común es el diálogo con organizaciones de la sociedad civil que, como veremos en el siguiente capítulo, responde a las prácticas de la buena gobernanza. En algunos casos alertan a través de informes sobre áreas temáticas especial preocupación, las dimensiones críticas y necesarias de atender para avanzar en la igualdad de género y la erradicación de las violencias. Sin embargo, los principales antecedentes de la discusión sobre DSR en OEA, se enmarcan en denuncias de vulneración de derechos a partir de las peticiones que recibe la CIDH y en algunos casos es elevada ante la Corte. Es decir, el marco de estas construcciones corresponde al ámbito contencioso del sistema interamericano y no de una negociación intergubernamental para alcanzar consensos, no obstante, lo que resulta de las decisiones de la CIDH y las sentencias de la Corte es utilizado como referencia de interpretación y orientación para los demás Estados parte que han ratificado la competencia de estos órganos. En este sentido, cabe recordar la historia de Paulina que denuncia a México por obstaculización de aborto en caso de violación (CIDH, 2007)^[32] cuyo acuerdo de solución amistosa estableció la responsabilidad internacional del Estado quien lo reconoció públicamente y se comprometió a estudiar y abordar la situación del aborto en el país. Por otra parte, las historias que fueron elevadas ante la Corte como las medidas provisionales otorgadas para “B” responsabilizando al Estado de El Salvador durante 2013, para habilitar un aborto por cuestiones terapéuticas (Corte IDH, Asunto “B” v. El Salvador)^[33]. Al igual que la historia de Artavia Murillo y otros contra el Estado de Costa Rica en 2012, cuyo fallo estableció la diferencia entre concepción y fecundidad tanto in vitro como intra-corpóreos (Corte IDH, caso Artavia Murillo y otros v. Costa Rica)^[34]. La Corte en esta oportunidad expresó que no se puede decir que el derecho del feto es absoluto y que la decisión de ser o no ser madre o padre es parte del derecho a la vida privada. Dentro de los argumentos expuestos hacen referencia a la salud reproductiva definida en la Conferencia Internacional sobre población y desarrollo de 1994. Otro caso similar es el de la niña de Mainumby contra el Paraguay en 2015 (CIDH Res.22/2015)^[35], donde la Comisión otorga medidas cautelares para garantizar interrupciones de embarazo por riesgo de vida y salud. En todos los casos, tanto la Corte como la Comisión exhortan a los Estados que preserven y protejan la integridad personal de las solicitantes, apelando a un amplio marco de derechos vulnerados.

De acuerdo a la revisión de los casos mencionados, en cada uno de los informes de las peticiones que se realizan y de aquellos que son elevados a la Corte, suelen representar a las víctimas letradas y letrados que forman parte de redes regionales. Integradas mayoritariamente por activistas defensoras de los derechos humanos, en particular de las mujeres, con una gran trayectoria en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Por ejemplo, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Comité de

Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujer (CLADEM), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), entre otras. De acuerdo a la sistematización realizada por el GIRE^[36], se puede observar en qué medida los derechos reproductivos como derechos humanos, no son igualmente reconocidos. Si bien hace referencia a casos específicamente de niñas y mujeres que no han podido acceder a la justicia en los Estados de México, trasluce las consecuencias de la falta de un reconocimiento más sólido de tales derechos. En otras palabras, son derechos que, si bien integran derechos ya reconocidos en normativas como pactos, tratados y convenciones, no son igualmente considerados, como es, por ejemplo, el derecho a la vida privada, a la integridad física o el acceso a la información, por nombrar algunos.

Frente a eso, en los primeros años del cambio de siglo, los esfuerzos de estas redes y organizaciones preocupadas por contar con instrumentos más fuertes para la protección y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, se plasmaron en la iniciativa de unir fuerzas en una Campaña para una Convención Interamericana que precise y proteja a estos derechos. La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) y el CLADEM fueron las principales impulsoras y promotoras de la articulación entre organizaciones y redes para presionar sobre esta agenda de derechos. La Campaña se planteó construir una propuesta de Convención con los aportes de las distintas organizaciones y personas expertas que apoyaban la iniciativa y que fueron parte. La propuesta contó con cuarenta y dos artículos divididos en siete capítulos con el objetivo de presentarlo ante las delegaciones gubernamentales, sumar apoyos y sobre todo que sea una iniciativa que pudiera presentarse en una Asamblea General para su discusión y aprobación. Esto último no se pudo lograr, ya que ningún país quiso tomar la propuesta para impulsar dentro de la Asamblea. Por otra parte, también dicha Campaña por una Convención de DSR buscó juntar adhesiones, llevando la propuesta a diferentes instancias como, por ejemplo, algunas de las reuniones del Mercosur como fue la de altas autoridades de derechos humanos (RAADH).

En este sentido, el MERCOSUR no está ajeno a los procesos mencionados dentro de la OEA y al mismo tiempo en la propia estructura subregional se van habilitando canales para ampliar marcos de interpretación en sintonía con lo construido a escala global. Por ejemplo, con la incorporación de la perspectiva de género con objetivos específicos de monitorear y mejorar la condición de la mujer. Fue a través de esta herramienta de la perspectiva de género que el bloque mercosureño logra un importante avance institucional cuando acuerda, en consonancia con la plataforma de Beijing, la inclusión de la perspectiva de género en todos los programas, iniciativas y políticas del organismo, desde principios de los 2000 a partir de tres resoluciones transversales del órgano ejecutivo del bloque, el Grupo de Mercado Común (GMC). La resolución número 37/00^[37] que autoriza a la entonces Reunión Especializada de la Mujer a realizar un trabajo de Investigación en la Secretaría Administrativa, a efectos de relevar los programas, medidas y proyectos con incidencia sobre las mujeres en la subregión. La número 83/00^[38] sobre integración y armonización metodológica de los bancos de datos existentes, con el fin de generar indicadores regionales como base para la formulación de políticas públicas sobre la condición de la mujer. Y la número 84/00^[39] en la cual se requiere que las instituciones del Mercosur incorporen una perspectiva de género, en todas sus actividades. Estas resoluciones, además, establecen específicamente la necesidad de construir una base de datos sobre la situación de la mujer en el proceso de integración. De acuerdo a Ribeiro-Hoffmann (2020) estas resoluciones forman parte del impacto que ocasionaron las movilizaciones para los eventos preparatorios de la Conferencia Beijing+5, en el año 2000, ya que se observa en la letra la consonancia que tienen tanto con la Declaración como con los compromisos en la plataforma de acción de Beijing. Sobre los derechos sexuales y reproductivos, el Mercosur comenzó a tratarlos como asuntos de salud, para reducir los índices que comprometían el progreso hacia los objetivos de desarrollo. Se creó en 2003 mediante acuerdo N.º 13/03, la Comisión Intergubernamental para promover una política integrada de Salud Sexual y Reproductiva en la Región del MERCOSUR (CISSR)^[40].

También cabe mencionar el proceso de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que tuvo implicancias para el Mercosur especialmente durante su coincidencia en los primeros diez años del siglo XXI. Pues se trató de un proceso que promovió la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil en espacios institucionales. Como es el caso del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAG) y el consejo de salud suramericano (CSS) de la UNASUR. Ambas se constituyeron en pos de lograr una mirada conjunta para pensar y aplicar políticas sanitarias comunes y estratégicas en América del Sur. El CSS cuando se acordó su conformación en la Cumbre Extraordinaria de jefes y jefas de Estado en 2008, propuesta que hicieron los ministros de Salud del Mercosur se estableció como mecanismo regional para consolidar un espacio de integración que contribuya a la salud y al desarrollo de toda la población sudamericana. En calidad de estatuto y con el fin de incorporar e integrar los esfuerzos y logros subregionales de los procesos en marcha dentro de la región sudamericana como el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS CONHU), el área de salud de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Mercosur (Narea & Benzi, 2021).

El ISAG, creado bajo el estatuto aprobado en 2011 como centro de investigación y promoción de políticas de salud a nivel regional, ha tenido un posicionamiento llamativo en comparación con otros procesos, principalmente para generar consensos entre todos los Estados miembros, de los cuales también implicaba al Mercosur. El ISAG desde 2016 se interiorizó en los asuntos de la desigualdad sexual y reproductiva y consideró al aborto seguro desde un enfoque de derechos, esto es tomando en cuenta al aborto seguro como parte de la salud reproductiva y la necesidad de prevenir y reducir los embarazos en la adolescencia. Lo interesante de esta iniciativa es que en términos sudamericanos busca conciliar la heterogeneidad de posturas con los estándares sobre el tema a nivel global en el marco de la Organización Mundial de la Salud (Leone, 2019). Sin embargo, a pesar de las potencialidades que tenía esta iniciativa, a la fecha se encuentra inactiva y desarticulada debido a la retirada del acuerdo de la Unión de gran parte de los países miembros y líderes (Barrenengoa, 2020).^[41] Y, además, coincide en el tiempo con un proceso de debilitamiento de estos temas en el Mercosur.

No obstante, considerando estos aspectos institucionales de las organizaciones y, tomando en cuenta los compromisos expuestos en los programas de El Cairo y Beijing, se refuerzan las recomendaciones para lograr las metas y objetivos, especialmente hacia los gobiernos “en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, sector privado, donantes, entre otros actores interesados” (United Nations, 2014, pp.48-291). Aquí, cabe observar aquellos actores y actrices de la sociedad civil que fomentan la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos, en particular la despenalización y legalización del aborto como nudo crítico del sistema desigual de género.

A partir de estos antecedentes, podemos considerar que se produce un marco de estructura de oportunidades políticas para los movimientos sociales en sus diversas formulaciones (Sikkink, 2003). Y en una escala regional la OEA y el MERCOSUR se configuran como “un lugar de la política” (Tapia, 2006) que es posible disputar en tanto espacio de producción -y reproducción- del orden social. En sintonía con los enfoques críticos de las teorías feministas en Relaciones Internacionales (Cardinale y Winer, 2022; Manzano, 2019; Salomón, 2001), observar actores y agendas no convencionales en el marco de la construcción global y regional sobre DSR forma parte de una revisión de las matrices de producción de conocimiento que, por un lado, amplía la visión analítica más allá del estado-centrismo disciplinar. Y así comprender de qué manera esos actores, por su función social, participan según la escala y el mecanismo de inclusión que tengan, ya que el sesgo estado-céntrico puede reproducirse en las múltiples instancias transnacionales (Jelin, 2003). Por otra parte, aportar al análisis de una agenda estrechamente vinculada a la política mundial pero poco explorada desde la disciplina de las Relaciones Internacionales, donde las teorías feministas y la centralidad de los procesos regionales colaboran en problematizar y conceptualizar la cuestión social que representa la agenda de DSR.