La presente tesis se enmarca en los estudios en comunicación y cultura y pretende realizar un aporte en dos campos específicos que se interrelacionan: el de las violencias colectivas y el de la comunicación mediática. Al ser objeto de estudio de esta investigación las representaciones mediáticas sobre hechos de violencia colectiva denominados “linchamientos”, nos encontramos con un entramado amplio de disciplinas y perspectivas teóricas a tener en cuenta. En primer lugar, resulta necesario indagar en torno al rol que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad actual y al mismo tiempo, al preguntarnos por los linchamientos, dar cuenta de la construcción mediática de las violencias colectivas, el punitivismo y los pedidos de castigo de un grupo de la ciudadanía. Así, desde una perspectiva sociológica, intentaremos dar cuenta de las formas en que estos acontecimientos son construidos y representados en los medios de comunicación, en tanto consideramos a estos últimos como instituciones (legitimadas) que hegemonizan las representaciones allí elaboradas y que, al mismo tiempo, construyen realidad social.

Violencias colectivas, castigo e inseguridad

Si bien la(s) violencia(s) como concepto resulta polisémico^[1], a los fines de esta tesis, y dada la problemática que nos convoca, nos referiremos sólo a la violencia que involucra un daño físico. Para esto, trabajaremos específicamente con la conceptualización que de esta hace Charles Tilly (2003), quien además destaca, en primer término, su carácter relacional. La violencia no puede entenderse, según el autor, por fuera de las relaciones sociales, de hecho, ella misma constituye una relación social. Específicamente Tilly, trabajó con el concepto de violencias colectivas, que, desde su perspectiva, engloba a todos los tipos de violencias que tienen en común interacciones sociales episódicas en las que dos o más sujetos infringen daño físico a objetos y/o personas con algún grado de coordinación entre los perpetuadores del daño (Tilly, 2003).

En esta línea, el autor realiza una definición acabada de los mecanismos que propician el surgimiento de un episodio de violencia colectiva, entre los cuales destaca el proceso de polarización social que establece una frontera entre el “nosotros” y el “ellos” como uno de los mecanismos fundamentales que funcionan como condición de posibilidad de un episodio colectivo violento (Tilly, 2003).

El fenómeno de los linchamientos, bajo nuestra perspectiva, es considerado como una de las formas que puede adoptar la violencia colectiva. No sería posible pensar estas acciones dejando de lado el carácter espontáneo de la reunión de personas (conocidas entre sí o no), el daño físico infligido a la víctima, y hasta la aceptación o bajo grado de repudio de estas acciones por parte de la sociedad. Sin embargo, consideramos que existe un elemento más que sirve para comprender este tipo de acciones en nuestro país y es su dimensión punitiva. Durante el modelo económico neoliberal en Argentina se vio incrementada la tasa de delitos (denunciados) y se reforzaron construcciones discursivas que buscaron emplear políticas punitivas y la profundizar mecanismos de control social (Calzado, 2006). De esta manera, cobraron impulso un conjunto de discursos y prácticas sobre la seguridad ciudadana que apelaron al despliegue de un vocabulario moral de la culpa, la responsabilidad y el castigo y que ocuparon un lugar especial en las campañas electorales (Sozzo, 2005). Dentro del campo político, se instaló una nueva forma de tratar con el delito, definida por algunos autores como “populismo punitivo”^[2] (Bottoms, 1995). Éste se consolidó como una política de seguridad incuestionable (Rangugni, 2009), a través del cual se apela a metáforas bélicas de “guerras/batallas contra el delito” que se apoya en una percepción dicotómica entre el ciudadano “común” y el “delincuente” y “peligroso” al que es necesario derrotar (Garland, 2005; Sozzo, 2005).

Sin embargo, el punitivismo no sólo se instala “desde arriba”, sino que también está relacionado con el crecimiento de demandas sociales que exigen un endurecimiento y expansión del castigo. Pratt (2002) afirma que el crecimiento de la punitividad populista puede leerse también “desde abajo”, ya que en el contexto neoliberal “la indiferencia del público está dando lugar crecientemente a la intolerancia y a reclamos de manifestaciones aún mayores de castigo y represión” (Pratt, 2002:182). Esta punitividad por parte de la sociedad que expresa su descontento y tiene la capacidad de influenciar las políticas penales, es alentada y sostenida por los medios de comunicación en su afán de buscar identificar “enemigos” hacia los cuales poner el foco (Matthews, 2016). Garland sugiere que los riesgos a los que se refieren los medios, “se concentran casi exclusivamente en el delito callejero y olvida los serios daños que producen las organizaciones delictivas, los delincuentes de cuello blanco o, inclusive, los conductores de automóviles ebrios” (Garland, 2001:229).

El rol de los medios de comunicación

Esta tesis parte del supuesto de que los medios de comunicación de masas no reflejan la realidad, sino que la construyen (Becerra y Arreyes, 2013; Alsina, 1999). Sostenemos que desarrollan un rol fundamental en los procesos de interpretación y de significación del mundo (Alsina, 1989). Esto es así, debido a que en nuestra sociedad mediatizada (Verón, 2001), los acontecimientos se conocen principalmente a través de los medios masivos de comunicación. Su rol social está institucionalizado y poseen legitimidad para producir la realidad socialmente relevante.

A su vez, se configuran como actores indispensables en las sociedades contemporáneas ya que transmiten y, al mismo tiempo, recrean representaciones^[3] y saberes compartidos por la sociedad de la que son parte. Koziner (2013) argumenta que su importancia no está ligada únicamente al carácter de transmisión de las representaciones hegemónicas, sino también al poder de producción de dichas representaciones. Al ser los medios instituciones que disputan el poder y el sentido en el espacio público, su rol también se relaciona con la construcción y circulación de representaciones sociales en torno al contenido de la información de sus comunicaciones. De este modo, se erigen como uno de los principales productores de discursos sociales y generadores de representaciones (Zalba, 2007) ya sea en la conformación de dichas representaciones, en su reproducción o en su puesta en circulación.

Si comprendemos que los medios de comunicación funcionan como espacios donde se lleva a cabo la lucha por el significado de las representaciones, es necesario no perder de vista su rol como actores políticos y sociales con una inmensa capacidad de influencia (Koziner, 2013; Martini, 2007). Tal como afirma McQuail (1972), los medios: “son en gran medida responsables de la formación de opinión pública, de la rapidez y el volumen del flujo de información en las sociedades modernas y del estímulo al consumo que representa la publicidad actual” (McQuail, 1972: 95).

En este sentido, sostenemos que, lejos de conformarse como actores neutrales que brindan información objetiva sobre la realidad, se constituyen como parte de los grupos económicos más poderosos de la sociedad, por lo que contribuyen a difundir discursos que se corresponden con sus propios intereses (Martini, 2009; Molina, 2015).

Sin embargo, es menester aclarar que los medios no son los únicos “responsables” de las representaciones e imaginarios sociales que circulan en la sociedad respecto de determinados hechos o fenómenos, ya que en la transmisión de la información periodística se ve involucrado un amplio entramado de discursos sociales. En este sentido, lo que aquí nos interesa es dar cuenta de la manera en que se construyen y comunican las noticias sobre linchamientos, y a su vez, indagar en las formas en que los medios representan esas acciones. En cuanto a la construcción de las noticias, sostenemos que la puesta en circulación de temas está vinculado a una práctica mediática de selección y recorte de la realidad. Becerra (2019) sostiene que las comunicaciones mediáticas están organizadas en torno a temas y que el éxito de los medios masivos depende en gran medida de su capacidad para imponer la aceptación de esos temas. La teoría del establecimiento de agenda (Agenda setting) elaborada por McCombs (1972) supone que los medios informativos seleccionan los hechos que serán noticia, dirigiendo la atención del público e influyendo en la percepción de cuáles son los temas más importantes, de este modo, logran la instalación de temas privilegiados sobre los que se habla y se debate en momentos determinados. Ahora bien, consideramos que los medios no sólo seleccionan los temas y ofrecen a través de las noticias un recorte específico de estos, sino que también encuadran, es decir, presentan una visión y un marco para pensar sobre estos temas. Entman (1993) desarrolla esto en su teoría del encuadre o framing, la cual define como el proceso de selección de algunos aspectos de la realidad a los que se les otorgará mayor relevancia en un texto comunicativo, de manera que se promueva una definición del problema determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y se proponen conductas a seguir: “Los encuadres introducen o elevan el énfasis o la aparente importancia de ciertas ideas, activando esquemas que inducen a las audiencias a pensar, sentir y decidir de una forma particular” (Entman, 2007: 164).

La prensa gráfica, en particular, se constituye como un gran moldeador de agenda, no sólo para la sociedad en su conjunto sino para el resto de los medios masivos de comunicación (Sánchez, 2014), en este sentido, se presenta como uno de los dispositivos de mayor relevancia discursiva a nivel mediático. A su vez, las representaciones mediáticas de la prensa gráfica cuentan con una retórica propia que se apoya en los discursos escritos y visuales^[4] y proporciona una representación visual en donde convergen los sentidos que se desprenden de esos discursos.

Dentro de las noticias, la noticia o crónica policial cuenta con particularidades propias que a las que debemos atender. La noticia sobre el delito, tal como apunta Martini (2016), comprende el espacio paradigmático de exhibición de la inseguridad en tanto vivencias verosímiles, ubicando el énfasis en la victimización constante. Los modos de presentación de estas noticias en la prensa se dan a través de la espectacularización del crimen, así los medios de comunicación “respaldan políticas públicas represivas, opinan que la gobernabilidad es precaria cuando la vida cotidiana resulta invivible” (Martini, 2016: 1).

La noticia sobre inseguridad en la prensa gráfica argentina se fue configurando como la narración de un caso en el cual se apela a la subjetividad individual para construir “héroes y villanos” (Martini 2007), allí se puede distinguir con claridad la circulación de dos estereotipos: uno, asociado a la ciudadanía “normal”, y configurado como víctima de la inseguridad y el otro, construido como victimario y caracterizado a partir del estereotipo que vincula a la delincuencia con la juventud y la pobreza.

La crónica policial se encargó de representar la amenaza y de reforzar la criminalización del joven pobre, el piquetero, el cartonero, el villero, etc. a través de la visualización de esos sujetos en situaciones y lugares peligrosos, presentados, a la vez, como sujetos a los cuales la sociedad debería temer y ubicándolos como un problema social (Calzado, 2015). Esta operación de estigmatización mediática que tiene lugar con el modelo neoliberal, tuvo un objetivo claro, el de omitir, ocultar y matizar ciertos tipos de delitos que, en términos de Manchado y Morresi (2017), pueden resultar significativamente más perjudiciales que los primeros, como son los delitos económicos, ecológicos, fraudes al Estado, etc.

En la década neoliberal, la crónica policial partió de una constante: la preocupación y el miedo hacia el “otro” representado como criminal. La inseguridad, encarnizada en el temor a estos sujetos, aparece constantemente no sólo como trasfondo de estas noticias, sino como uno de los principales problemas de la vida social y política (Sozzo, 2014) Si bien en la década de 1990 se asistió a un crecimiento del delito como un problema abordable por los medios de comunicación, en la década siguiente, apareció como un tema recurrente en el discurso mediático el “sentimiento de inseguridad” (Kessler, 2009) propio de la población. Su aparición en la prensa gráfica tuvo que ver, en parte, con la percepción social sobre el tema, ya que ocupó el primer puesto en varias encuestas sobre problemas nacionales (Kessler, 2009).

Por otro lado, el “ciudadano común” se convirtió en víctima potencial a partir del denominado “Caso Blumberg”^[5] y los discursos mediáticos lograron ubicarlo en el centro de la escena, a través de la sacralización de su figura como víctima (Alzueta, 2019; Calzado, 2015) Sin embargo, no cualquiera puede configurarse como una víctima visible, ello requiere “ser portador de ciertas características sociales” (Calzado, 2015:84). Asimismo, a partir de las últimas décadas (re)emergió en el discurso político y mediático la categoría de “vecino” (Tufró, 2007) íntimamente ligada a las demandas de seguridad (Hernández, 2013), en las cuales los “vecinos” son representados como víctimas insertas en un contexto de riesgo permanente. Estos discursos sobre la inseguridad habilitan a la vez el delineamiento de “un otro heterogéneo que merodea e invade el barrio” (Hernández, 2013: 57). La inseguridad se configura como un estado de riesgo constante en el cual quienes no comparten el mismo estilo de vida de los vecinos son apuntados como fuente de la peligrosidad (Alzueta, 2019). Allí se insertan las demandas de seguridad ciudadanas enunciadas por “los vecinos” las cuales persiguen, en última instancia, el fin de la exclusión de “los sujetos peligrosos” de la sociedad (Tufró, 2012).

El aumento de los pedidos de castigo por parte de la población impulsados durante los 90, junto con un crecimiento del sentimiento de inseguridad de la población como tema privilegiado en la agenda mediática, y el señalamiento cada vez más notorio del “otro” como sujeto criminal a excluir, conforman un marco necesario, aunque inconcluso, para comprender los hechos de linchamientos en nuestro país. Si bien existen numerosas investigaciones que reponen las características y otorgan una explicación acabada sobre el fenómeno en latinoamérica, consideramos que en Argentina éste adquiere particularidades que lo diferencian, en parte, de esos estudios.

Linchamientos

En pos de comprender estos actos en profundidad, consideramos necesario revisar sus orígenes como práctica y su posterior desarrollo en nuestra región, haciendo un repaso de las construcciones teóricas y reflexiones que estos hechos suscitaron.

Basándose en las tradiciones de las ejecuciones públicas, en donde se reunían cientos, y a veces miles, de espectadores que presenciaban y observaban diversas formas de tortura, los “linchamientos”^[6], como práctica, comenzaron a incrementarse drásticamente hacia finales del siglo XIX en Estados Unidos, tras la Guerra Civil (Wood, 2009).

Tal como sostienen varios autores (Wood, 2009; Di Filippo y Rigat 2018; Manchado, Morresi y Veliz, 2019, entre otros) el linchamiento nace como un acto con una fuerte dimensión espectacular. Observar, mirar, presenciar una tortura y la posterior ejecución la convierte en un acontecimiento público. De tal modo, Wood (2009) sostiene que la figura central de las ejecuciones públicas, y de los linchamientos, no son los linchadores o los linchados, sino el espectador. El linchamiento, según la autora, amplió su rol al permitir que estos se convirtieran en verdugos (Wood, 2009). Las ejecuciones públicas, no podrían entenderse por fuera de esta lógica. Sin embargo, como argumenta Wood (2009) estas prácticas fueron moviéndose hacia el ámbito privado, ya sin público, y al interior de las cárceles de manera paulatina. En este sentido, la autora relata que las ejecuciones públicas que tenían lugar en las calles y que eran comúnmente avistadas por ciudadanos de a pie, fueron lentamente prohibidas al ser consideradas por las clases altas como “muestras caóticas de las sensibilidades rebeldes de la multitud” (Wood, 2009:27).

En el primer “linchamiento moderno”, que tuvo lugar al final de siglo XIX en Estados Unidos, el espectáculo estuvo ligado no sólo a la presencia de multitudes expectantes, sino a la presencia de fotógrafos e incluso de los medios públicos: “los periódicos comenzaron a proveer detalles de los últimos momentos de los condenados, creando un espectáculo que no terminó con la preocupación de las elites” (Wood, 2009:28).

A partir de allí, las imágenes de estos eventos comenzaron a cobrar relevancia, tal es así que proliferaron una cantidad considerable de fotografías, muchas de las cuales actualmente son de público acceso. Éstas comenzaron a circular como souvenir del evento y funcionaban como una suerte de trofeo o un premio, por haber estado allí (Sontag, 2004). Las fotografías de linchamientos, a modo de bien de consumo, terminaron por normalizar y hacer aceptable, incluso estéticamente, la brutalidad del linchamiento (Wood, 2009).

Desde ese entonces hasta hoy la experiencia de las violencias colectivas continúa compartiendo rasgos similares. El linchamiento aún conserva esa esencia, es prácticamente inescindible de lo público y de la producción de imágenes. Di Fillippo y Rigat aseguran que “en los casos contemporáneos, la función de la imagen para espectacularizar el acto [del linchamiento] no se ha perdido, sino que se acrecienta y acelera su circulación social.” (Di Filippo y Rigat, 2018). El linchamiento guarda una relación particular con la espectacularidad desde sus orígenes como práctica hasta nuestros días. Los medios de comunicación permiten que las imágenes y discursos sobre estos hechos lleguen masivamente a toda la región. A su vez, a partir de la creciente concentración de los medios, su capacidad para instalar agenda se agudiza, imponiendo una visión casi unívoca acerca de estos fenómenos. En ese sentido, se profundiza la acción de los discursos mediáticos sobre los imaginarios de la sociedad tanto por su capacidad de llegada al público como por el creciente rol de éstos a nivel político en tanto disputa por el poder (Contursi, 2015).

La mayor parte de las investigaciones contemporáneas sobre el fenómeno tienen lugar en el escenario latinoamericano, y dentro de ellas podemos encontrar distintos tipos de reflexiones. Por un lado, hallamos conceptualizaciones como las de Vilas y Rodríguez Guillén en México. Vilas (2005) sostiene que los linchamientos se pueden explicar como un mecanismo de apropiación ilegal, por parte de sectores populares, de la coacción física que no está siendo garantizada por el Estado. Los linchamientos, en esta concepción son una expresión (ilegal) de la crisis de autoridad del Estado. Rodríguez Guillén (2012) también se inscribe en esta visión y sostiene que lo que funciona como detonante de estas acciones es el “estado de indignación moral” por parte de la población frente a hechos de injusticia y corrupción. En cierta forma, para estos autores, el problema de los linchamientos recae principalmente en el Estado y sus instituciones que no son capaces de garantizar el orden social.

Por otro lado, Castillo Claudett (2000), quien estudia los hechos de violencias colectivas en Guatemala, Perú y Ecuador, comprende el fenómeno como expresión de la “legalidad popular” o de un sentido de justicia propio de los sectores populares, constituyendo de esta manera una manifestación más de la pluralidad cultural y jurídica. El autor formula la hipótesis de que la incapacidad del Estado para imponer sus propios sentidos en torno a la idea de justicia, junto con la debilidad de las organizaciones populares para mantener los suyos, genera un vacío de sentido que es llenado por las violencias colectivas (Castillo Claudett, 2000). Siguiendo esta línea, desde Ecuador, Santillán (2008) plantea que el linchamiento es una forma de violencia ilegítima, pero con un alto nivel de aceptación por su pretensión de “hacer justicia”. El fenómeno es explicado por “la experiencia objetiva y subjetiva de la desprotección social” (Santillán, 2008: 59).

Para Fuentes Diaz (2005) los linchamientos no pueden entenderse como prácticas tradicionales de los sectores populares, por el contrario, es necesario examinarlas a partir de sus características contemporáneas. En este sentido, el autor plantea que se trata de una acción colectiva y punitiva que puede darse de manera espontánea u organizada, la cual recae sobre sujetos que, se presume, han violado una norma^[7]. A su vez, Fuentes Diaz, al igual que Rodríguez Guillén, observa que en estos actos hay una persecución por el orden y una búsqueda de justicia en situaciones en las que se considera que “la justicia oficial no cubre las necesidades sociales de un grupo específico” (Fuentes Diaz, 2018:403), sin embargo, Fuentes Diaz comprende que este tipo de prácticas violentas y punitivas, son consecuencia, también, de las sucesivas crisis económicas y políticas de reajuste del régimen neoliberal.

En Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, los linchamientos no son prácticas institucionalizadas, por lo tanto, no existe una gran cantidad de investigaciones que brinden explicaciones diversas sobre el fenómeno. Sin embargo, el trabajo de González, Ladeuix y Ferreyra (2012) propone la construcción de un marco interpretativo de los linchamientos y otras acciones violentas que tienen lugar en Argentina. En pos de dicha caracterización, introducen el concepto de “Acciones colectivas de violencia punitiva”, por el cual se entiende a acciones violentas llevadas a cabo por familiares, amigos y/o vecinos de una víctima de cierto delito, a través de la figura de “muchedumbre”. Estos, a su vez, pretenden castigar al/los sujeto/s señalado/s como victimario/s. Estas acciones poseen, según los autores, un carácter punitivo y violento cuyo objetivo principal es vindicar a la víctima agredida (González, Ladeuix y Ferreyra, 2012).

Junto con Gamallo (2014) sostenemos que en el caso argentino los linchamientos pueden definirse como acciones colectivas de violencia punitiva que son impulsadas fundamentalmente por robos y agresiones físicas a personas, pero que por lo general, y a diferencia de la concepción de González, Ladeuix y Ferreyra, el grupo de los “linchadores” no se conforma a partir de conocidos de la víctima del robo, sino que se compone de personas que, al transitar por la calle y observar el hecho, se ven interpelados a actuar en defensa de la víctima a través del uso de la violencia, provocando una “represalia colectiva” (Gamallo, 2014: 31). Aquí, la relación entre linchadores y linchados es fundamental, ya que se adscribe a las tensiones preexistentes vinculadas al “sentimiento de inseguridad” (Kessler, 2009) de la población que están presentes en los medios, como mencionamos con anterioridad. Del mismo modo, resulta fundamental la participación de los medios de comunicación en la exposición de casos de linchamientos ya que la mediatización del fenómeno tiende a magnificar los intentos de linchamientos. Señalan González, Ladeuix y Ferreyra que: “un discurso que constantemente señala la ineficacia estatal y la inoperancia judicial, podría estar contribuyendo de este modo a la sensación de “impunidad” que recurrentemente sirve de argumento para las acciones aquí estudiadas.” (González et al., 2012:175)