La dimensión ambiental en el cuidado de la salud: el derecho a la salud ambiental y las persistentes inequidades sociales

Las personas en todas partes están expuestas durante toda su vida a un conjunto casi ilimitado de riesgos para su salud, ya sea en forma de enfermedades transmisibles o no transmisibles, lesiones, por los productos de consumo, la violencia o las catástrofes naturales. A veces poblaciones enteras están en peligro; en otros momentos solo está afectado un individuo. La mayoría de los riesgos se agrupan alrededor de los pobres. Ningún riesgo ocurre de manera aislada: muchos tienen sus raíces en complejas cadenas de eventos que abarcan largos periodos de tiempo. Cada uno tiene su causa, y algunos tienen muchas causas (WHO, 2002:3).

Desde hace décadas la promoción de la salud y la prevención de enfermedades constituyen objetivos prioritarios en la agenda de los organismos internacionales y regionales. Siendo la salud considerada un derecho humano fundamental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala los prerrequisitos económicos, sociales, políticos y ambientales para el desarrollo de la vida saludable en el nivel individual, familiar y comunitario. Atendiendo a las persistentes desigualdades sociales y a la inequidad social generada, la OMS entiende que la promoción de la salud “constituye un proceso político y social global que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual” (OMS, 1998:10). En esta línea, se promueven estrategias intersectoriales bajo un concepto positivo e integral de la salud que, si bien excede la intervención de los servicios sanitarios, asimismo incorpora la promoción y la atención primaria entre las prioridades de las políticas de salud pública (OMS, 1986; 1998; 2011; OPS, 2007; 2013). La estrategia de la OMS marca la agenda de la “nueva salud pública” que enfoca sus acciones en el estilo de vida y en las condiciones de vida de la población y que incorpora nociones de salud pública ecológica en función de los riesgos ambientales persistentes para los grupos sociales más vulnerables (como la falta de acceso al agua potable y segura, la ausencia de conexión a la red cloacal en la vivienda, la contaminación del aire y la exposición a residuos tóxicos industriales) y de las nuevas amenazas de alcance global, como lo es el cambio climático (OMS, 1998:12; Prüss-Üstün y Corvalán, 2006). Para la población urbana, el derecho a la salud ambiental se ubica en el marco más amplio del derecho a la ciudad, tanto en el nivel colectivo como individual (Ugalde, 2015).

La nueva salud pública, que recupera el pensamiento sanitarista de la medicina social europea, lleva la atención a las condiciones políticas, económicas, sociales y comunitarias, así como en las habilidades individuales promotoras de la salud (Freidin, 2017)^[1]. Para desarrollar estas últimas se promueve que los gobiernos implementen campañas de sensibilización de la población y de educación para la salud o “alfabetización sanitaria” (OMS, 1998: 13 y 14)^[2].

La intervención sobre aspectos ambientales modificables a través de políticas sanitarias e intersectoriales es una meta de las directrices internacionales para disminuir la mortalidad y la carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles mediadas por factores del ambiente, atendiendo a su especificidad en los países en desarrollo y en los desarrollados (WHO, 2002; Pruss-Üstün, 2006)^[3]. Los factores ambientales modificables refieren a peligros físicos (incluyendo el ambiente construido, como lo es el trazado urbano), así como químicos y biológicos externos al individuo que afectan directamente la salud, o bien lo hacen indirectamente. Entre estos peligros se encuentran la falta de acceso a agua segura y cloacas —ambas condiciones habitacionales que causan enfermedades infecciosas y parasitarias—, la contaminación del aire —incluyendo la generada en la vivienda y fuera de ella por combustión de materiales tóxicos que producen enfermedades respiratorias— y la falta de parques públicos que impactan negativamente en la realización de actividad física, que es un factor de riesgo para diversas enfermedades crónicas además de favorecer el bienestar emocional (Prüss-Üstün y Corvalán, 2006). La estimación del riesgo ambiental, por sus efectos directos e indirectos sobre la morbi-mortalidad, es compleja y limitada a aspectos cuantificables y a la evidencia científica disponible. Por este motivo, aún no se ha cuantificado la carga de enfermedad producida por cadenas de causación complejas, como lo son la degradación o destrucción de ecosistemas, aunque su impacto negativo sobre la salud sea observable (Prüss-Üstün y Corvalán, 2006:9).

Territorio y desigualdades sociales en salud: perspectivas teóricas para su abordaje

Desde la sociología médica, la epidemiología social crítica, la salud colectiva latinoamericana y los estudios de la salud de la población (population health) crecientemente se ha puesto el foco en la dimensión territorial de las desigualdades en salud en el espacio urbano. La dimensión territorial permite observar las condiciones objetivas que afectan las desigualdades en la calidad de vida de los grupos sociales que están en estrecha relación con los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado (PSEAC). Así se identifican territorios-población vulnerables en términos de riesgos para la salud y el acceso a infraestructura sanitaria (Blanco Gil y López Orellano, 2007: 114). El concepto de territorio-población refiere a los componentes sociales del proceso de PSEAC y a la vulnerabilidad diferencial socioterritorial en el espacio urbano frente a la degradación, depredación y polución ambiental que genera la economía capitalista globalizada (Breilh, 2010), considerando la articulación específica del conjunto de relaciones, condiciones y procesos de reproducción de los grupos sociales en un ámbito concreto (Blanco Gil y López Orellano, 2007). Desde la perspectiva epidemiológica crítica, se asume la historicidad de la salud de los grupos poblacionales y el carácter dinámico del espacio urbano, con sus múltiples y complejas determinaciones sociales (macro-micro), que operan de manera jerárquica y con contradicciones (Breihl, 2010):

“La salud se desarrolla como un proceso concatenado entre las dimensiones espaciales de lo general, lo particular y lo singular (micro): no se puede comprender, por ejemplo, la lógica de implementación de los equipamientos, la segregación del espacio urbano, el reparto de calidades de vida entre sus barrios o zonas, los ritmos y flujos del vivir, del trabajar, del transportarse sin entender las fuerzas y relaciones económicas del sistema de acumulación global. (…)[A la vez] que los procesos más específicos y singulares tienden a generar nuevas condiciones desde los ámbitos locales (…), las grandes tendencias estructurales de la ciudad se imponen sobre la lógica de los barrios y sus procesos, aunque estos pueden desencadenar procesos contracorriente” (Breihl, 2010:88-89).

Es en los barrios concretos donde desarrollan su reproducción social las distintas clases sociales, cruzadas por las relaciones étnicas y de género; en el entrecruzamiento de esas relaciones se estructuran modos de vida colectivos que resultan protectores o destructivos de la salud (Breihl, 2010: 88-89). En el nivel comunitario, asimismo, se pueden desarrollar capacidades para el empoderamiento y soportes colectivos para mejorar la calidad de vida al tiempo que los estilos de vida —condicionados por los modos de vida— se constituyen a través de prácticas familiares e individuales como formas de vivir que resultan protectoras o perjudiciales para la salud, forjando ­capacidades individuales positivas para el desarrollo personal, o bien vulnerabilidad psicofísica (Breihl, 2010: 90).

Desde el enfoque de la salud de la población (population health), en los últimos años se ha privilegiado el estudio de los contextos espaciales y sus efectos para la salud, tanto en su dimensión física como social. El ambiente físico del área residencial —sea el barrio o unidades más pequeñas— incluye también aspectos construidos relativos al diseño urbano y los espacios públicos y el acceso a recursos tales como lugares de provisión de alimentos saludables y oportunidades recreativas, mientras que el ambiente social refiere a las relaciones interpersonales, los niveles de seguridad y violencia y a otras dimensiones de la organización social local (Diez Roux y Mair, 2010: 128). Factores que hacen a la composición étnica y social, así como aspectos socioculturales e históricos, también impactan en la salud mediante acciones de ayuda mutua y otras formas de capital social y recursos colectivos (Carpiano et al., 2008). Son las comunidades económicamente más desfavorecidas las que sufren mayor carga de inequidad ambiental y cuentan con menores recursos colectivos de calidad de vida, como parques y espacios abiertos recreativos (Auyero y Swistun, 2008; Ross, 2011; Evans y Kantrowitz, 2002). La desigualdad socio-ambiental incluye el mayor riesgo de victimización por episodios de violencia interpersonal en los barrios vulnerables de la periferia urbana, afectando la salud física, emocional y mental de sus habitantes (Kilanski y Auyero, 2015; Evans y Kantrowitz, 2002). Así es que, desde una perspectiva de justicia ambiental, los grupos marginalizados sufren una doble inequidad: la individual por su desventaja estructural y la derivada de su localización en peores ambientes físicos y sociales (Frohlich y Abel, 2014; Diez Roux y Mair, 2010). En esta perspectiva analítica se presta especial atención a los procesos sociales, económicos y políticos que conducen a las poblaciones vulnerables a vivir en espacios perjudiciales para su salud (por ejemplo, la desigual inversión pública y privada en infraestructura local y en otros aspectos del ambiente construido) (Pearce, 2012). Lo opuesto sucede con los lugares con mayores ventajas territoriales, en los que las casas, los edificios públicos y los caminos resultan de procesos de acumulación de capital y los cuerpos de sus habitantes y el capital comunitario reflejan los beneficios colectivos de la riqueza adquirida a lo largo del tiempo (Tunstall et al., 2014: 7). Se enfatiza de este modo el efecto acumulativo e interactivo de los múltiples factores ambientales y estresores sociales que afectan la salud de los grupos sociales más vulnerables (Morello-Frosch, 2011).

Dado que el lugar en el que las personas viven constituye la base para las prácticas de salud, éstas se ven limitadas o facilitadas por distintos aspectos del territorio: el ambiente físico, las expectativas culturales sobre los comportamientos apropiados y las experiencias sociales (Frohlich y Abel, 2014). Es en este sentido que adquiere centralidad teórica el concepto de lugar (place); mientras el espacio refiere a la localización geofísica, el lugar describe lo que significa esa localización, lo que lleva la atención a las interrelaciones entre las personas y los espacios que habitan o transitan (Annandale, 2015: 99). Annandale (2015) señala, sintetizando los hallazgos de estudios internacionales, la importancia de analizar cómo se construyen estas interacciones por su influencia sobre la salud, y cómo distintos grupos conciben las desigualdades territoriales en términos de buenos y malos lugares para vivir, teniendo en cuenta las características del área, pero también los comportamientos de sus residentes. La relación entre privación material, riesgos y comportamientos relacionados con el cuidado de la salud asimismo está influenciada por la capacidad de los sujetos de construir una identidad personal positiva pese a la desventaja territorial, que incluye procesos de categorización para diferenciarse de “otros” a los que atribuyen responsabilidades por problemas que los afectan.

Paralelamente, desde la sociología urbana y ambiental y la geografía humana, se remarca la importancia de incluir la estigmatización territorial para dar cuenta de la experiencia subjetiva y colectiva de la segregación socio-territorial y su impacto en la salud psicofísica (Pearce, 2012). Retomando la teoría del poder simbólico de Bourdieu y la conceptualización de Goffman sobre el manejo de identidades dañadas (spoiled identities), el concepto de estigmatización territorial fue desarrollado por Wacquant con el propósito de incluir el lugar (place) en el proceso social, político e institucional de creación de estigma sobre la base del descrédito y el poder simbólico (Slater, 2015). Un interrogante que orienta los estudios empíricos es observar de qué modo la estigmatización territorial genera privaciones específicas para las poblaciones afectadas y cómo agrava las ya existentes (Kessler, 2012). Slater (2015: 12-13) sostiene que la creciente literatura epidemiológica sobre los “efectos del barrio” se ha centrado en dinámicas que operan en sus límites territoriales, descuidando los efectos de la mirada negativa de los otros sobre él y sus habitantes. El concepto de estigmatización territorial busca subsanar esta omisión al incorporar las estructuras simbólicas en la producción de desigualdades y marginalidad en las áreas relegadas del espacio urbano producidas desde “arriba” (discursos científicos, del periodismo y los funcionarios, etc.) y desde “abajo” (las representaciones que circulan en las conversaciones y encuentros cotidianos), permitiendo avanzar en el conocimiento de este proceso social, así como también reorientar políticas sociales e implementar formas efectivas de activismo comunitario (Slater, 2015: 5; Wacquant et al., 2014). Citando a Wacquant (2008), Pearce (2012: 1922-23) remarca que los barrios son construcciones políticas e históricas que representan procesos sociales y económicos de distinta escala que se acumulan a lo largo del tiempo. Cuando la salud está en juego, la estigmatización territorial afecta negativamente las relaciones sociales y las identidades individuales, además de generar marginación y aislamiento (Pearce, 2012).

En el análisis de los mecanismos de la estigmatización territorial se aborda el “nexo tríadico” del espacio simbólico (divisiones mentales que estipulan categorías), el espacio social (distribución de recursos eficientes entre estas categorías) y el espacio físico en el territorio más marginado del espectro urbano (Wacquant et al., 2014: 1271). Desde el enfoque relacional de Bourdieu (2018: 108), el espacio social se inscribe en las estructuras sociales objetivadas y en la subjetividad de las estructuras mentales, que son, en parte, el producto de la corporeización de esas estructuras objetivadas. En el nivel comunitario, la internalización de la estigmatización territorial puede socavar la solidaridad de clase y la acción colectiva; el estigma, sin embargo, puede resistirse colectivamente y tener un efecto positivo de autoafirmación y orgullo por el lugar (Slater, 2015: 11-12). Mientras que, en el nivel individual, Wacquant et al. (2014) señalan que las personas pueden desarrollar distintas estrategias para afrontar el estigma territorial: aceptarlo y reproducirlo —incluyendo prácticas de micro-diferenciación y distanciamiento— o bien resistir la categorización impuesta, dependiendo de las distintas trayectorias en el espacio físico y social.

Siguiendo estos lineamientos teóricos y a partir de un estudio cualitativo que llevamos a cabo con mujeres de un barrio de clase popular del conurbano norte de Buenos Aires, en los siguientes capítulos analizamos sus percepciones sobre los riesgos ambientales a los que están expuestas ellas y sus familias y la atribución de responsabilidades por las condiciones ambientales, físicas y sociales en las que viven. Partiendo de sus experiencias e interpretaciones, también analizamos cómo operan algunos mecanismos de estigmatización territorial y las desventajas espaciales que crean y reproducen desigualdades sociales en salud, especialmente en las zonas más relegadas del barrio y a partir de los cuales se erigen y resisten identidades colectivas e individuales deterioradas.

Procesos de segregación socio-territorial en el conurbano de Buenos Aires e implicancias para la salud de los grupos sociales

Siguiendo los trabajos de Torres (1992, 1998), Svampa (2001: 50-51) sintetiza cómo los procesos de sub-urbanización en Argentina han sido el producto de la correspondencia lógica entre la ocupación socio-espacial y el modelo general de desarrollo. Durante la primera etapa del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones que hasta los años ’60 se correspondió con una política redistributiva, el patrón de ocupación de la periferia se orientó a la incorporación de sectores populares, con un gran aporte de población migrante. Esto se tradujo en la sub-urbanización masiva de amplios sectores de trabajadores urbanos mediante una política de loteos económicos y créditos para la vivienda subsidiados por el Estado^[4]. Este proceso también se acompañó, especifica Svampa, con la consolidación de barrios precarios, autoconstruidos, con escasa o nula presencia de infraestructura y servicios. En la década siguiente se afianzó este proceso de apropiación del espacio en el conurbano, con la expansión de la red ferroviaria y el desarrollo de centros comerciales en las principales estaciones (Suárez, 2011: 41). El cambio del modelo de desarrollo con una orientación neoliberal que se inicia a mediados de los ´70 y se consolida durante la década del ´90, revirtió el proceso de industrialización anterior y las políticas redistributivas del ingreso e incrementó la desigualdad social, con el deterioro de la calidad de vida de los sectores populares y amplias franjas de la clase media. Esta dinámica fue acompañada de procesos de segregación socio-espacial urbana en un contexto de creciente globalización del capital. Con las transformaciones estructurales de los años ’90 se consolida en América Latina —y en Argentina— una creciente influencia del capital privado como agente ordenador del territorio (Ciccolella, 2012).

En el Gran Buenos Aires, la descentralización de las normas urbanísticas favoreció que los municipios más pobres y con menor “voluntad” o capacidad de fiscalización y, especialmente, los ubicados en la segunda “corona” flexibilizaran su código con el objeto de atraer grandes proyectos inmobiliarios de barrios cerrados para los sectores sociales con mayor capacidad adquisitiva, incrementando la polarización social (Prévôt-Schapira y Cattaneo, 2008: 76-77). Otro factor que favoreció la fragmentación del espacio urbano en esta jurisdicción fue la territorialización de la cuestión social con la focalización de los programas sociales en los sectores más perjudicados por las políticas neoliberales, fenómeno que reforzó la escala local de la intervención política y el clientelismo, con la creación de nuevas fronteras y fenómenos de competencia entre los suburbios (Prévôt-Schapira y Cattaneo, 2008: 77).

El proceso de sub-urbanización de los sectores sociales más acomodados representó modos de gestión privados del hábitat, de los servicios de infraestructura y un avance del espacio privado, apoyándose en el cerramiento físico y la vigilancia, motivados por la percepción de otros grupos sociales como peligrosos (Robert, 1999). La clase media-alta que se relocaliza en los suburbios busca trasladar las comodidades de la cuidad al nuevo entorno “bucólico”, exigiendo la pavimentación de las calles, red de cloacas y gas natural, demandas de infraestructura que incrementan los contrastes de los nuevos desarrollos inmobiliarios con las condiciones de vida de los sectores populares residentes en las zonas linderas (Svampa, 2001: 55). Se generan de este modo procesos de micro-segregación por la coexistencia de estas nuevas urbanizaciones cerradas con barrios populares o asentamientos (Di Virgilio et al., 2015: 95). Las modificaciones en la apropiación del espacio suburbano también implicaron la aparición progresiva de una red de centros comerciales orientados al consumo de los sectores medios y altos, articulados a través de redes de autopistas y del transporte privado y áreas de servicios (incluyendo la educación y la salud) vinculadas a los fenómenos de segregación residencial (Maceira, 2012: 4; Ciccolella, 2012). “Como tendencia resultante —especifica Maceira— la región transformó su morfología radial-concéntrica, de urbanización continua, con sistemas y jerarquías convergentes, que predominó durante un siglo” en favor de “un modelo disperso fragmentario, de urbanización discontinua y con sistemas y jerarquías divergentes” (Ministerio de Infraestructura 2006, citado en Maceira, 2012: 4). En este contexto, junto a las medidas de desregulación económica y financiera, las menores oportunidades de empleo industrial para los sectores populares implicaron una pérdida del rol integrador del trabajo, traduciéndose territorialmente en la concentración espacial de la pobreza y de desventajas acumulativas y tendiendo a la homogeneización y consolidación de la pobreza (Bayón, 2008).

Así se cristaliza desde los ´90 una territorialidad diferencial a través de la sub-urbanización parcial de las elites y de los sectores medios y la segregación residencial estructural en asentamientos informales y otras formas de hábitat popular (Maceira, 2012). Estos patrones resultan en una estructura geográfica basada en la intensificación espacial del privilegio y la pobreza (Bayón, 2008). En este sentido, la desigualdad social no se agota en cuestiones de ingreso y patrimonio, sino que también está dada por el acceso desigual al suelo urbano y a bienes y servicios públicos esenciales, es decir, en el derecho a la ciudad (ODSA, 2017). Suárez (2011: 43) especifica que la nueva dinámica socio-espacial ha sido caracterizada por distintos autores como dualización, segmentación, polarización o fragmentación, aunque las diferentes conceptualizaciones concuerdan en la profundización de las desigualdades sociales en el acceso a bienes materiales y simbólicos dentro de los barrios y distintas unidades territoriales y la consolidación de múltiples fronteras que restringen la movilidad espacial de los residentes en los suburbios. Los sectores populares del conurbano bonaerense viven en barrios con profundas carencias en la dotación de infraestructura pública y servicios y dependen para su movilidad, fundamentalmente, de la red de transporte público —precario y deteriorado—, siendo sus circuitos de satisfacción de necesidades de consumo los cercanos a su lugar de residencia. Se observa el deterioro de los barrios tradicionales de los sectores populares de clase baja y media, con un gradiente en las condiciones residenciales y con enclaves de pobreza estructural (Suárez, 2011: 42). Se documenta, de este modo, cómo el lugar donde las personas viven crea oportunidades de vida diferenciales, así como aspiraciones y disposiciones, que tienen un impacto más marcado en los sectores más pobres por su reducida movilidad para superar desventajas territoriales, reproduciéndose de este modo patrones de inequidad social (Ward, 2012):

“Vivir en determinados espacios residenciales puede conducir a importantes resultados en términos de acceso a la educación, bienes y recursos económicos, disposiciones y aspiraciones y, en términos más generales, a las oportunidades que cada uno tiene en la vida. Esta situación se aplica especialmente a los pobres y a los grupos de menores ingresos que tienen menor movilidad para superar las externalidades negativas de su posición social. El espacio residencial no es sólo el medio para la separación socioeconómica, mediado por un mar de heterogeneidad, sino que también conduce tanto a la segmentación entre grupos en un área residencial como a la reproducción de la inequidad social” (Ward, 2012: 74).

Por su parte, Segura (2017) señala que la persistencia de los patrones de urbanización en el conurbano bonaerense anteriormente descriptos ha mitigado los efectos de las políticas de redistribución del ingreso durante la última década, dado que la producción social del espacio condiciona la reproducción de desigualdades tanto a partir de la calidad y la ubicación de la vivienda como de las oportunidades de acceso a distintas dimensiones de la vida social. La encuesta nacional realizada anualmente por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA, 2017: 35) muestra para el período 2010-2016 mejoras moderadas en algunos indicadores del hábitat urbano (tenencia irregular de la vivienda, vivienda precaria y déficit en el servicio sanitario), especialmente en los sectores bajos más integrados socialmente que se beneficiaron con políticas públicas de acceso al crédito y por posiciones más estables en el mercado de trabajo. Estos sectores evidenciaron mejoras en el acceso a la red cloacal y de agua, mientras que los sectores bajos localizados en urbanizaciones informales, por el contrario, mostraron un deterioro en gran parte de los indicadores y, en términos relativos, menor avance en el acceso a la red de agua corriente y trazado cloacal, además de mayor exposición a diversas fuentes de riesgo ambiental por la cercanía a basurales y a industrias contaminantes (ODSA, 2017: 36). Respecto del conurbano bonaerense, si bien evidenció importantes mejoras durante el período, continuó muy postergado en términos de infraestructura de servicios de saneamiento respecto de otras regiones del país (ODSA, 2017: 36).

Características del barrio donde realizamos el estudio y aspectos metodológicos del trabajo de campo

El barrio donde llevamos a cabo el trabajo de campo se ubica en el norte del segundo cordón del conurbano bonaerense, en una zona donde conviven urbanizaciones cerradas con diversas modalidades de hábitat popular. Al oeste, está limitado por una autopista y, casi en su límite norte, el barrio está atravesado de punta a punta por una ruta nacional; más allá, quedan una o dos cuadras edificadas y, luego, un descampado de propiedad privada. Al este, el barrio está circundado por el río Reconquista y, al sur, el límite es un cerco de alambre que circunda un muro levantado por un barrio cerrado. De este modo, el barrio se encuentra delimitado como una pequeña área de trazado urbano residencial rodeado en gran parte de cercos y zanjas. A su vez, de este a oeste, el barrio está atravesado por un canal que desemboca en el río Reconquista y que fue parcialmente entubado hace unos años.

Según estudios de terreno y de encuesta con muestras probabilísticas realizados en los últimos años en distintas zonas del barrio, se trata de un barrio de clase popular con heterogeneidad interna en términos socio-territoriales^[5]. Se distinguen distintas áreas según el tipo de viviendas (la mayoría con paredes y pisos de material pero algunas de ellas son precarias, tipo casilla) y el trazado urbano (algunas pocas calles aún no están asfaltadas ni señalizadas y algunas pequeñas áreas no cuentan con trazado de manzanas ni numeración postal de las viviendas). Algunos terrenos bajos son inundables, especialmente los más cercanos al río Reconquista y a la urbanización cerrada. Se trata del segundo río más contaminado del país — luego de la cuenca del río Matanza-Riachuelo— que recibe contaminantes de origen domiciliario e industrial (Curutchet et al., 2012: 3). Las distintas zonas del barrio también se diferencian por el acceso diferencial de las viviendas a la red de gas natural, aunque comparten el hecho de no tener cobertura de red cloacal. Los residentes varían en términos sociodemográficos en cuanto a educación formal, inserción en el mercado de trabajo, acceso a cobertura de salud, ser beneficiarios de planes sociales y su condición migratoria. El barrio se distingue por contar con una importante historia de organización comunitaria en torno a diversas problemáticas locales y demandas de salud para mejorar la calidad de vida de los vecinos. A partir de la red barrial que nuclea a estas organizaciones se crearon postas sanitarias y comedores comunitarios ubicados en las zonas de mayor vulnerabilidad socio-sanitaria y también se han desarrollado actividades de salud comunitaria “extramurales” coordinadas por el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que tiene al barrio en su área programática.

Para realizar el trabajo de campo en el barrio nos contactamos inicialmente con el CAPS, el cual trabaja con una concepción integral de la salud y una orientación de medicina comunitaria con un fuerte anclaje territorial. Tras varias reuniones para interiorizarnos en la problemática socio-sanitaria del barrio y del trabajo del CAPS y de las postas, la dirección y los médicos residentes que colaboraron con nuestro estudio nos pusieron en contacto con promotoras de salud y referentes de distintas organizaciones barriales (comedor comunitario, bachillerato popular, postas de salud, y talleres de oficios y un centro de estimulación temprana nucleados por una ONG religiosa). El CAPS tiene una larga trayectoria de trabajo en conjunto con estas organizaciones y participa de la red comunitaria que las aglutina. Los y las referentes contactados nos facilitaron ingresar a dichas organizaciones para realizar allí grupos focalizados.

Presentamos en este libro el análisis de los datos referidos a la problemática socio-ambiental en el barrio que reunimos en seis grupos focalizados que realizamos durante los años 2015 y 2016. Participaron de los grupos 39 mujeres de entre 18 y 60 años. Los grupos estuvieron compuestos por entre cinco y diez participantes. De manera complementaria, incluimos aquí los testimonios de referentes barriales y promotoras de salud que entrevistamos a medida que íbamos realizando los grupos y posteriormente concluido el trabajo de campo, en el año 2017. Debido a cómo fue realizada la convocatoria para participar de los grupos y dónde realizamos los encuentros, la mayoría de las participantes vivían en la parte del barrio que se considera el lado “peor”^[6]. En términos geográficos, corresponde al lado sur, delimitado por el zanjón principal y el río Reconquista. El arroyo parcialmente entubado que lo atraviesa a lo largo, como veremos en los distintos capítulos, divide y estratifica el barrio en términos socio-territoriales en cuanto al ambiente físico y construido (riesgo de inundaciones, presencia y recolección de la basura, calidad de los terrenos, cercanía al río Reconquista, oferta comercial). El arroyo también separa lugares y personas simbólica y moralmente, lo que contribuye a la estigmatización territorial de los que viven del lado “peor”. La estigmatización territorial opera tanto por parte de los vecinos del lado “mejor”, que categorizan negativamente a los otros, como por parte de las personas “externas” al barrio (por ejemplo, remiseros). Como veremos, del lado “peor” también hay importantes diferencias en las calidades de vida de los vecinos y en los procesos internos de categorización de unos y otros, siendo los “carreros” (personas que generan ingresos por la recolección de cartones y materiales reciclables utilizando para ellos carros desplazados por caballos) los más discriminados por sus condiciones de vida degradadas y su contribución al deterioro ambiental del barrio. Si bien por la modalidad de la convocatoria no participaron de los grupos mujeres que trabajaban o que tenían miembros de su hogar trabajando como “carreros”, sí lo hicieron vecinas que viven en zonas más y menos vulnerables en términos socio-ambientales del lado “peor”, así como unas pocas que vivían del lado “mejor” del zanjón y en un barrio de una localidad lindera. Esta diversidad nos permitió observar tanto condiciones de vida y problemáticas propias de la comunidad seleccionada como otras que eran comunes a localidades cercanas. Asimismo, tratándose de un barrio heterogéneo en cuanto a las condiciones materiales de vida de los vecinos, la exposición a riesgos ambientales y a formas más o menos abiertas de discriminación social y violencia, la heterogeneidad residencial de las participantes ayudó a que estas problemáticas emergieran de manera recurrente en las conversaciones.

El trabajo colaborativo con el equipo de salud del CAPS fue indispensable para planificar y llevar adelante el trabajo de campo. Ellos aportaron el conocimiento de la red de organizaciones del barrio y nos ayudaron con la logística para convocar a los grupos. También con miembros del equipo de salud revisamos la guía de temas y el material visual con el que trabajaríamos para moderar los grupos focalizados. La guía de pautas que utilizamos fue semiestructurada con temáticas y fraseo tentativo de preguntas que revisamos varias veces antes de iniciar el trabajo de campo y que fuimos ajustando a medida que realizábamos los grupos. El tema de la problemática ambiental, aunque contemplado en la guía de pautas, emergió espontáneamente en todos los grupos al hablar, al inicio de los encuentros, sobre qué consideraban importante hacer para cuidar la salud. Posteriormente, profundizamos en las distintas dimensiones y en los niveles de responsabilidad individual, colectiva y estatal de los problemas específicos identificados por las participantes.

Las discusiones grupales tuvieron una duración aproximada de dos horas y fueron grabadas digitalmente y desgrabadas verbatim. La moderación estuvo a cargo de la directora de la investigación. Los integrantes del equipo la asistieron tomando notas de la dinámica grupal, los contenidos de la conversación y aspectos contextuales, e intervinieron retomando temas y planteando preguntas para complementar la tarea de moderación. Los grupos focalizados son conversaciones colectivas alrededor de un tema o conjunto de temas (Morgan y Krueger, 1993). Su dinámica difiere sustancialmente de la entrevista cualitativa individual, por el rol que desempeña tanto el/la investigador/a al conducir el grupo como las personas que se convocan para participar del mismo. La tarea del “moderador/a” o “facilitador/a” consiste en guiar y promover la conversación para favorecer el intercambio de puntos de vista y de experiencias entre los participantes. Mediante el “efecto del grupo” se busca alcanzar una comprensión más rica que la que podría lograrse mediante entrevistas personales (Johnson, 1996; Freidin, 2016).

Utilizamos el programa de análisis de datos cualitativos ATLAS.ti para la codificación de las transcripciones y elaboramos memos y síntesis de cada grupo a medida que avanzábamos con el trabajo de campo. Posteriormente, realizamos matrices temáticas y diagramas conceptuales para facilitar la tarea analítica y conceptualización de los datos (Freidin, 2017).

Para preservar el anonimato de las participantes de los grupos focalizados en el análisis aquí presentado, cambiamos los nombres y eliminamos referencias a otras personas mencionadas, así como también a organizaciones, establecimientos y calles que permitieran su identificación y/o la del barrio. De igual modo, anonimizamos los testimonios de las referentes barriales entrevistadas. Este procedimiento se garantizó en la carta de consentimiento informado que entregamos a todos los que participaron del estudio.

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