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2 Una mirada sobre la aceptación de la explotación minera a cielo abierto

El caso de San Julián
y el Yacimiento Cerro Vanguardia

María Gabriela Aguilar

El presente trabajo se propone analizar qué factores mediaron en la no conformación de un movimiento de acción colectiva socioambiental en Puerto San Julián contra la exploración y posterior puesta en marcha del proyecto minero Cerro Vanguardia a mediados de 1990. Éste se constituiría en el primero de explotación a cielo abierto en Santa Cruz, y a diferencia de lo transcurrido posteriormente en otras localidades del país que son zona de influencia de los proyectos y en las que la movilización de ciudadanos fue determinante para el retraso o prohibición de este tipo de minería, en San Julián no sucedería. Para ello se ha realizado un análisis situado de los actores, considerando las relaciones, intereses, conocimientos y territorios que se han movilizado en la puesta en marcha del emprendimiento y durante su explotación. Se ha desarrollado una descripción del contexto socio-político y económico, reflexionando sobre los diversos actores y su desenvolvimiento en cuanto a la participación que tienen o no en la explotación minera. A su vez, se ha abordado la colaboración y posicionamiento de un grupo externo al ámbito local pero con cierta intervención en la confrontación al proyecto minero en San Julián. Para la realización de este trabajo se ha analizado bibliografía y artículos existentes sobre la temática, información periodística, complementándose con entrevistas semiestructuradas realizadas a actores clave.

Introducción

El descubrimiento de oro y plata en Cerro Vanguardia (CV) ocurrió a finales de los años setenta y en 1987 pasó a ser Área de Reserva Provincial. En 1988 el gobierno santacruceño creó Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (FOMICRUZ SE) y una de sus primeras acciones fue poner en marcha la exploración de CV tras procesos de licitación y adjudicación, que en 1992 concluyeron con MINCRUZ UTE (asociación entre FOMICRUZ SE y Minera Mincorp SA). La exploración inicial del yacimiento se extendió desde el año 1992 hasta el año 1996 culminando con el Estudio de Factibilidad y lográndose la estabilidad fiscal por treinta años otorgada por la (generosa) Ley de Inversiones Mineras[1]. Paralelamente se obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental para la etapa de explotación, siendo el primer Informe de Impacto Ambiental aprobado en el país bajo el régimen de la Ley de Impacto Ambiental para la Actividad Minera, sancionada ese año (Cerro Vanguardia, 2021).

A finales de 1996 Minera Mincorp S.A. se reestructuró convirtiéndose en Cerro Vanguardia S.A. incorporando a Fomicruz S.E. con una participación accionaria del 7,5 %, y reteniendo por partes iguales el 46,25% cada una, AngloGold y Pérez Companc. La construcción de la planta e infraestructura comenzó en enero de 1997, y en 1998, ingresó en su etapa de producción. En el año 2002 AngloGold Limited adquirió la participación de Pérez Companc pasando a retener el 92,5 % de CV (Cerro Vanguardia, 2021).

CV opera mediante la explotación a cielo abierto y subterráneo. El sistema de explotación a cielo abierto consiste en la voladura de montañas enteras con explosivos, a partir de lo cual la montaña es transformada en roca, luego se la tritura y es sumergida en piletones que contienen grandes cantidades de agua, a la cual se le agregan diferentes químicos reactivos según el mineral que se quiera extraer (cómo el óxido de zinc, cianuro de sodio, silicato de sodio, sulfato de cobre, etc.), logrando así separar los metales de la roca (cobre, oro, molibdeno, zinc, etc.).

Durante el proceso de explotación se utilizan una gran cantidad de explosivos, agua, y energía, cuyas cantidades varían según las características del emprendimiento. Este tipo de explotación permite el acceso al material minero que se encuentra disperso en la roca y constituye una alternativa de alta rentabilidad para las grandes empresas (Svampa et al., 2009). Por su lado, la empresa describe el proceso señalando que la operación se inicia con la exploración del terreno, lo que permite ubicar las vetas para luego realizar la extracción de la roca mediante los métodos tradicionales de perforación y voladura.

El Yacimiento Cerro Vanguardia se caracteriza por ser un emprendimiento minero de múltiples pits, lo que implica que diariamente se opera en distintos frentes de trabajo. El método que utiliza CV se llama Realce por Subniveles, o también conocido como “Sub Level Stoping”. Consiste en acceder al mineral de manera transversal, a través de las vetas ya identificadas en los pits, por medio de galerías subterráneas. Asimismo, desde hace unos años se encuentra el área de Heap Leaching (HL) que procesa material marginal de baja ley que no puede ser procesado por la planta y sí mediante una operación de lixiviación en pilas. Básicamente consiste en disolver el oro haciendo precolar una solución de cianuro a través de una pila de mineral. Esta operación se realiza en circuito cerrado entre el área de lixiviación y planta actual (Cerro Vanguardia, 2021).

El mineral extraído de los pits y de las galerías subterráneas se transporta hacia la planta, para iniciar su tratamiento, con el objetivo de separar el oro y la plata de la roca.
Una vez lixiviado el metal, se realiza su precipitación y filtración para enviarlo al área de fundición, donde se obtienen las barras de bullón doré, que son lingotes de unos 20 kilos formados por un 8% de oro y un 92% de plata.

Extraídos el oro y la plata, la planta de recuperación de cianuro, es la encargada de recuperar un 90% del cianuro de la solución, que es luego reutilizado en el proceso. La solución con las arcillas del proceso se deposita en el Dique de Colas, que se encuentra en un terreno impermeabilizado y cercado, y es monitoreado con periodicidad semanal, mensual y semestral, lugar donde el cianuro remanente se degrada naturalmente por la acción de los rayos ultravioletas del sol, según la empresa (Cerro Vanguardia, 2021).

Esta información que muestra el proceso por el cual se obtienen los bullon dore finales está publicada en la página oficial de la empresa, lo que no implica que en 1998, en los inicios de la producción, la información fuera tan accesible para todos los ciudadanos; aunque se deduce que cierta parte de la población conocía que en estos procesos, tanto el uso de cianuro y la voladura de cerros, como la utilización de gran cantidad de agua era esencial para la producción, y lo que ello podría implicar para el medioambiente. Así señala Torunczyk (2015: 208) que

los temores de la población en relación a la explotación se expresan bajo la forma de rumor social en cuanto a la posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas con cianuro, la escasez de agua que sufren los productores ganaderos, o la aparición de casos de cáncer en el pueblo.

En este sentido el empleo del cianuro se destaca como elemento central de los conflictos socioambientales, junto con sus riesgos nocivos, el excesivo empleo de agua, y su posible contaminación. Estas dimensiones ocasionaron movilizaciones y protestas en diferentes zonas del país en las que estaban dadas las condiciones para la explotación metalífera con estos procesos; sin embargo, en San Julián no fue así. Por ello, este trabajo busca indagar cuáles fueron las razones por las cuales no se conformó un movimiento de acción colectiva contra la minería a cielo abierto y qué actores y procesos allanaron el camino a favor del desarrollo de la actividad.

Marco teórico

Resulta imperioso explicar que se entiende por “acción colectiva”. Olson (1965) establece que

la acción colectiva es el resultado del acuerdo voluntario entre los miembros de un grupo para defender colectivamente sus intereses comunes. El punto de partida es considerar la acción colectiva como resultado de un cálculo racional de costes y beneficios del individuo. La motivación para la acción colectiva a través de la participación social o cooperación entre los individuos se deriva, por tanto, de las expectativas personales de obtener un beneficio o bien de tipo colectivo.

De esta manera, como señala Olson (1985), cada grupo de presión que obtiene un cambio global en la legislación y las reglamentaciones, consigue con ella un bien público o colectivo para todos los que se ven beneficiados por ese cambio.

Tilly (1978) explica que

la acción colectiva es aquella llevada adelante por un grupo de personas que comparten unos intereses comunes, que se organizan en unas estructuras más o menos formales y que ponen en marcha acciones movilizadoras, todo ello bajo una determinada estructura política que facilitará o dificultará su influencia en el poder en función de sus características.

Klandermans (1994) señala que

la percepción de una situación como problemática o injusta es el primer requisito y primer paso para que se dé una acción colectiva de protesta. Por tanto, la movilización social surge de una evolución significativa de la conciencia colectiva de los grupos participantes.

Para relacionar la acción colectiva que conlleva los procesos de movilización tal como se ha descrito y enfocarlos al escenario argentino a nivel subnacional

podemos encontrar a comienzos de los años noventa (1990) movimientos que reclaman justicia; un segundo momento a mediados de esa misma década, en la que ingresan los movimientos piqueteros en Neuquén y Salta por la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y por último, aquellos que están vinculados con las protestas ambientales a partir de la crisis del 2001, donde el escenario político social argentino permitió la incorporación de nuevas demandas económicas, sociales y culturales a la agenda política, que se expresaron mediante las organizaciones de desocupados, asambleas barriales, etc. La experiencia de la movilización en Esquel en 2003 en contra de las actividades de exploración de una empresa minera, sumado a las movilizaciones por las papeleras que pretendían instalarse frente a Gualeguaychú en 2005, generaron un nuevo tipo de movilización social que combinó la defensa del medio ambiente con cuestionamientos a las formas tradicionales de representación política y participación ciudadana (Bottaro y Sola Álvarez, 2011).

Estos movimientos se manifiestan a través de la acción directa y con prácticas de democracia directa. Así los cortes de ruta y la organización asamblearia son rasgos característicos que comparten los movimientos socioambientales, además de una matriz territorial. (Svampa et al., 2009). Asimismo, se identifican tres dimensiones que en los movimientos socioambientales cobran especial relevancia

una importante apelación a la acción institucional (sanciones de leyes y ordenanzas), la generación de un saber contra-experto (resultado de un proceso de indagación y aprendizaje sobre conocimientos técnicos y legales del problema en cuestión) y la multiescalaridad (escalas locales, regionales, nacionales, globales) en la que se desarrollan los conflictos (Svampa, et al, 2009).

Torunczyk (2015; 2016) analiza comparativamente la implantación de la minería en los casos de San Julián y Esquel, considerando la emergencia y la posibilidad de que existan o no conflictos socioambientales, indagando por qué la minería con posibilidades de explotación se desarrolla en unas provincias mientras que en otras no. Así argumenta que la minería trasnacional tendrá mayores posibilidades de desarrollarse en aquellas provincias con una mayor presencia de prácticas autoritarias y una menor articulación de los movimientos socio ambientales en su territorio (sería el caso de San Julián que el autor denomina soberanías en conflicto convergentes), mientras que en aquellas provincias con un grado de mayor de apertura democrática y una mayor articulación de los movimientos socio ambientales, el desarrollo de la minería transnacional será más conflictivo (este es el caso de Esquel con el proceso de soberanías en conflicto antagónicas).

Metodología

Para abordar el objeto de estudio se ha realizado un análisis situado de los actores, considerando las relaciones, intereses, conocimientos y territorios que se han movilizado en la puesta en marcha del emprendimiento minero en San Julián y su actual explotación, y planteando el por qué no se conformó un movimiento antiminero en esta ciudad. Para ello, se ha efectuado una revisión bibliográfica, análisis de fuentes periodísticas y entrevistas semiestrucutradas a informantes clave.

Resultados

Santa Cruz, a lo largo de sus 150 años de inserción en circuitos de acumulación capitalistas, dominados por dinámicas provenientes de los polos mundiales, con su espacio estructurado y orientado en función de la exportación de su abundante dotación de recursos naturales, representa un claro ejemplo periférico de la “maldición de la abundancia”, todavía vigente en versión subtropical y poco poblada (Acosta, 2009). Schweitzer (2013: 52) argumenta que

el escaso peso demográfico de la región se utiliza para justificar las ventajas de la implantación de las actividades extractivas, cuestionando por un lado, la vieja idea del desierto a poblar y por otro el discurso del desarrollo como un camino lineal resultante de la implantación del neoextractivismo y única alternativa para los pueblos de la meseta.

La actividad más reciente, en este caso, tiene que ver con la minería metalífera a partir del proyecto CV en la zona centro de la provincia (Macizo del Deseado) a mediados de 1990, que ha estado fomentada desde el mercado internacional, proyectada por organismos internacionales tales como el Banco Mundial (Plan de Asistencia al Sector Minero Argentino, PASMA), animada por el cabildeo de las empresas mineras transnacionales al poder ejecutivo y legislativo de ese entonces, y aceptada por éstos[2]; sancionando una serie de reformas y nuevas normas jurídicas que garantizan las inversiones y derechos de las corporaciones transnacionales.

Así el gobierno nacional y en este caso el de Santa Cruz, entre otras provincias, acordaron la promulgación de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, manteniéndose este modelo minero por los gobiernos nacionales sucesorios sin distinción partidaria. Tal es así que en la actualidad, el presidente Fernández expresó que: “las provincias que tienen vedada la minería empiecen a revisar sus legislaciones porque esa actividad económica es clave para el desarrollo de la Argentina”, aunque aclaró que: “los recursos naturales son de cada una de las jurisdicciones en las que se encuentran los recursos” (Clippingminero, 2021).

En Santa Cruz un actor fundamental es uno creado por el Gobierno provincial; Fomento Minero Santa Cruz (FOMICRUZ), que al haberse establecido en 1988, antes del proceso privatizador, cuenta con una amplia cartera de yacimientos minerales y petroleros. Dado que legalmente solo se permite al sector privado (como único autorizado) a explotar este tipo de recursos, el planteo de FOMICRUZ es ofrecer los yacimientos para exploración a las corporaciones y una vez concluida, se asocia con las empresas explotadoras, percibiendo utilidades por ello.

Como actor político gubernamental en este proceso destaca la figura de Néstor Kirchner, que ocupó el gobierno provincial desde 1991 hasta 2003. Cuando Kirchner asumió el poder gracias a la modalidad del doble voto simultáneo (Ley 2052/1988), la provincia se encontraba sumida en una profunda crisis económica, social y política (Sosa, 2018). En este sentido, uno de los integrantes de la Asamblea Ambiental de Río Gallegos refiere de esta manera al contexto económico

-en nuestra provincia no estuvimos ajenos a las situaciones económicas que atravesaba el país por las políticas públicas de privatización que se generaron, lo que provocó fue a su vez un alto nivel de expulsión de mano de obra, por ejemplo gran cantidad de trabajadores que dependían de la minería en YCRT y en YPF […] En Santa Cruz nunca llegamos a los dos dígitos, pero si había gran nivel de desocupación[3]. Se comenzó tanto en la provincia como en los municipios con planes de ayuda social porque teníamos nuevos pobres (EII).

Referente al tema, en prensa local se publicaba

´Comienza 1997: un año lleno de expectativas´ […] vivimos momentos muy difíciles, como en la provincia y como en todo el país. Falta trabajo, los sueldos son bajos y no hay actividad económica que produzca un efecto multiplicador en toda la comunidad. Sin embargo, a pesar de toda la crisis, tenemos esperanzas que en 1997 sea un año mejor. El emprendimiento minero auroargentífero asegura la creación de puestos de trabajo y reactivación (Presencia, 1997a).

Otro de los entrevistados manifestó que

-la situación económica era muy vulnerable. San Julián estaba desapareciendo, la ganadería se venía para abajo, y no había un horizonte. Si no venía la minería ¿qué hacían? La minería fue bien recibida por una cuestión económica, no había otra cosa, era eso o no sé qué iba a pasar con San Julián (EI).

De este modo, el sector ganadero además de verse afectado por el declive de la actividad vinculado con los bajos precios de lana y otros problemas relacionados con la comercialización, las consecuencias de las cenizas el Volcán Hudson en 1991 en los campos fueron catastróficas: gran parte del ganado había muerto y los campos seguían cubiertos con ese material que impedía la alimentación de los animales. Ello provocó que muchos establecimientos cerraran y otros continuaran en la subsistencia prácticamente (Andrade et al, 2011).

En este contexto económico, el ejecutivo local también apoyó la instalación de la empresa y consecuente explotación de los recursos mineros. Así, el Intendente Gardonio en 1995 señalaba que “San Julián es una de las localidades con más futuro, esto compromete aún más, no solo a los dirigentes sino a todos los vecinos, a trabajar mancomunadamente para ser protagonistas de un impulso histórico para San Julián” (Presencia, 1995). Años más tarde, en noviembre de 1999, una vez que ya estaba en marcha la explotación del yacimiento, el intendente continuaba haciendo gestiones para que Mincorp se instalara en San Julián, agotando todas las instancias posibles, ya que consideraba innegable el crecimiento económico que traería la radicación de la empresa (Presencia, 1999).

Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de San Julián y la provincia, con desocupación, otorgamiento de planes, cierre de establecimientos ganaderos, y peticiones políticas a la empresa minera para que se establezca en la localidad; resultaba impensable considerar a la minería como algo perjudicial para la población y consecuentemente expresar un no a la minería. De todo ello, se desprende que estaban dadas las condiciones de licencia social para la instalación de la empresa; resultaba complejo en estas circunstancias que se diera una construcción social del riesgo (ambiental). Así, uno de los entrevistados refiere a que

-este era un terreno muy propicio que buscan quienes explotan la minería, estaba sembrada la situación como para venir solo a sacar el producto de nuestros recursos naturales (EII).

De todas formas, el emprendimiento contaba con su mayor impulso a través de la figura del gobernador Kirchner y su brazo operativo, FOMICRUZ; mediante el cual se ejecutaron las instancias necesarias para su desarrollo. Desde entonces, el gobierno provincial obtiene diversos recursos económicos por la actividad minera: regalías, canon minero, utilidades de FOMICRUZ y en los últimos años, fondos provenientes de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE); no obstante en su conjunto, no se visualiza que estos recursos hayan tenido un buen desempeño vinculados al desarrollo económico y social de Santa Cruz, ya que tras casi veinte años de explotación minera y de administraciones de su propio partido, en 2017 la Gobernadora Kirchner daba a conocer que recibía una provincia quebrada[4].

A modo de ejemplo, durante el año 2018, el Estado Provincial presupuestó entre regalías mineras, canon minero y Fomicruz, la suma de ingresos por $1.131.886.893 (Ley 3590/2018), añadiendo también los fondos de RSE obtenidos mediante el Fondo Fiduciario UNIRSE que para ese año fueron de $548.000.000 (Informe Fondo UNIRSE 2019-2020), se alcanzó una suma aproximada de $1.679.886.893, y considerando el dólar de cierre de diciembre de ese mismo año (tipo de cambio 1US$= $38.85), la suma estimada en dólares de lo obtenido por minería en Santa Cruz para 2018 fue de U$S 43.240.331.

Dentro de este modelo rentístico, los habitantes de la provincia dependen en gran parte del empleo público[5], a pesar de la publicidad que se hace respecto de la generación de puestos de trabajo en la minería. Según datos del presupuesto provincial (Ley 3526/2017), el pago salarial conlleva el 44.71% del total del presupuesto y el 57.80% sobre los ingresos que realmente tiene la provincia. A su vez, gran parte de los habitantes reciben beneficios como la entrega de vivienda pública subsidiada y otro tipo de ayudas sociales. Este entramado ha generado la consolidación de una base capaz de asegurar votos y la reproducción del poder político provincial; siendo una de las variables que sumado al doble voto simultáneo[6] ha hecho que el Partido Justicialista (PJ) gobierne desde 1983.

Considerando esta estructura económica y la inexistente alternancia política en la administración santacruceña, es conveniente mencionar la argumentación de Svampa (2008), quien diferencia entre aquellas provincias que cuentan con una matriz social jerárquica, poco diversificadas desde el punto de vista productivo, y en un entorno donde abunda el empleo estatal y los gobiernos suelen ser gobernados por un mismo partido durante varios períodos; de las provincias más diversificadas, con un tejido social fuerte y alternancia partidaria en el gobierno; ya que en las de este último tipo los movimientos de acción colectiva ambientalistas resultaron exitosos en relación con las leyes sancionadas en contra de la minería, mientras que en las del primer tipo, como en Santa Cruz, no ha sido posible.

Con relación al empleo público, el municipio de San Julián no fue ajeno a la ampliación de la nómina de trabajadores, que prácticamente se ha duplicado; ya que en 2003 había 345 empleados municipales (Torunczyk, 2015), llegando en 2020 a los 700 (Santa Cruz en el Mundo, 2020). Por su parte, desde la llegada de Cerro Vanguardia, el control del gobierno local, al contrario del provincial, si ha tendido a variar entre las administraciones de la Unión Cívica Radical (UCR) y del PJ. Durante el proceso de exploración y comienzo de explotación del Yacimiento, la administración local estuvo a cargo de la UCR. Según análisis de fuentes periodísticas locales se desprende que la minería fue apoyada y avalada por el gobierno local, considerándola como fuente de progreso y trabajo, y pareciera no haberse cuestionado los efectos medioambientales. Tal es así que el intendente Gardonio en diciembre de 1998, explicaba que

durante 1998 San Julián vivió un año realmente bueno con la radicación de la empresa Cerro Vanguardia que asegura ocupación a numerosas familias y la radicación de nuevos vecinos. La explotación de oro y plata han brindado una importante salida laboral en esta difícil coyuntura que vive Santa Cruz y el país (Presencia, 1999).

El acceso a los aportes económicos para la administración local ha variado según la afiliación partidaria de los intendentes, tanto si han sido afines o no con el partido gobernante en la provincia o la nación, aunque los ingresos estables están fijados por algunas tasas que controla el municipio (impuesto inmobiliario y patentes) y por los ingresos de coparticipación nacional que reparte la provincia según el número de habitantes.

Por ello resulta relevante tener en cuenta el crecimiento poblacional en la localidad, provocado por las migraciones internas y limítrofes con la puesta en marcha de CV. Las comparaciones intercensales dan cuenta del incremento según datos del INDEC (1991, 2001, 2010), pasando de poco más de 5.000 habitantes en 1991 a más de 6.200 en 2001 y a 9.200 en 2010. Las estimaciones más recientes realizadas en un relevamiento de la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA) sitúan la población en alrededor de 17.000 habitantes en 2018 (Andrade, 2018); circunstancias que conllevan mayores demandas en infraestructura, servicios y atención social para el gobierno local; mientras que los ingresos por coparticipación que concede la provincia los continúa ejecutando en función de los 9.200 habitantes del último censo. De las regalías mineras el gobierno provincial no coparticipa a los municipios, haciéndolo solamente en un 7% del total de lo que recibe por gas y petróleo (Cravacuore, 2016; González y Lodola 2019).

La empresa que lleva la explotación minera es la sudafricana AngloGold Ashanti que cuenta con el 92.5% del capital accionario y la estatal FOMICRUZ con el 7.5%. Las compañías mineras, la gran mayoría de origen transnacional, han constituido la Cámara Minera Santa Cruz (CAMICRUZ), mientras que las empresas del sector PYME y de capital local-provincial se encuentran representadas en la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA); algunas de ellas también son propiedad de funcionarios del gobierno santacruceño (empresas de transporte[7], perforadoras, construcción, hotelería, ferreterías, etc.). Todas estas últimas buscan y reclaman al gobierno que la gran empresa (Cerro Vanguardia) y otras mineras en la provincia realicen compre local, y no recurran a empresas foráneas.

En cuanto a la ocupación laboral que brinda la empresa, según datos de Cerro Vanguardia SA, los trabajadores en su proyecto en el año 2020 alcanzaban los 1.126, de los que residentes en la localidad eran 499 (un treinta por ciento menos que los empleados que tiene el municipio), siendo un 75% de residentes en Santa Cruz y un 25% del resto del país. Los trabajadores están representados por los gremios Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y Sindicato del Personal Jerárquico Minero (SIJEMIN). La actuación gremial es afín partidariamente al gobierno provincial; en este sentido el dirigente sindical provincial del gremio AOMA participó en las últimas elecciones como precandidato a intendente de San Julián de la mano del partido PJ, el Frente de Todos en la lista de la actual gobernadora Alicia Kirchner (si bien la misma no prosperó por errores en la presentación de lista), dejando entrever la presencia de una serie de intereses compartidos[8].

Por lo que se refiere a la renta minera, la captación de ésta por parte de los sectores sociales y entes estatales ha derivado en un tipo de demarcación diferencial en la localidad; por un lado, están los que participan directamente de la apropiación de la misma: Estado provincial, empleados mineros, empresas proveedoras, gremialistas, e indirectamente y con salarios desvalorizados, los empleados públicos y, por otro lado, los que no obtienen participación de la renta minera o es escasa: aquellos que se dedican a otras actividades secundarias vinculadas a sectores menos dinámicos, tales como la ganadería, pesca, comercios, y trabajadores vinculados a esos rubros. En este sentido, estos últimos han visto cómo los precios se han encarecido con el estilo de vida que pueden permitirse los mineros[9].

Por último, actores que han sido claves en el anterior ciclo de explotación, son los propietarios de establecimientos ganaderos; ellos asumen dos roles diferenciadores: de una parte, los que se quedaron produciendo y en contexto riesgoso ante el proceso de desertificación, vaciamiento de pozos de agua y la reaparición de especies depredadoras como el puma y el zorro y, de otra parte, los que han vendido o alquilado los campos para la explotación minera, logrando rentabilidad de los mismos, aunque incrementando la vulnerabilidad ecológica y el riesgo ambiental de estos territorios, afectados desde hace varias décadas por el proceso de desertificación.

Respecto a los ganaderos, uno de los miembros de la Asamblea señaló que

-la mayoría de los campos no sé si por una cuestión de la minería, se secaron. Las napas de agua bajaron un montón, donde había manantiales no hay más. Para mi debe haber sido de todo un poco, el cambio climático, por un lado, más la minería que chupa un montón de agua, por otro. Debe incidir todo eso. Los manantiales, aguadas que había normal, ahora son todas lagunas secas”.

En este aspecto, según el Plan Ganadero Ovino de la provincia de Santa Cruz (2016) las actividades de las empresas mineras sobre extensas áreas de la Meseta Central utilizan recursos hídricos subsuperficiales que pueden generar impactos a una escala mayor que el predio asignado.

Por otro lado, en 2012 el entonces ex intendente de San Julián, Gardonio, también ganadero, en una entrevista señalaba cierto tipo de disputa entre ganaderos y empresas, básicamente por la forma de hacer cateos en sus campos:

Yo ganadero te conté que tengo campo desde el año 1939, el día de mañana una empresa minera -y esto pasó en San Julián- va y escribe cateos en la Secretaria de Minería de la provincia de Santa Cruz, y automáticamente le dan la autorización y te mandan a vos una notificación bros propietario (término legal) y te dan plazo de 15 días para presentar oposición. Para presentar oposición tenés que ir a Río Gallegos o presentar un escrito con un abogado, demostrando vos que sos propietario del campo. Y presentando 50.000 papeles y documentación demostrando que vos sos el titular, el propietario y el dueño del campo cuando realmente saben porque el catastro de la provincia que está en Rio Gallegos, tienen quién es el propietario de esa estancia. A vos te piden 50.000 cosas para presentar oposición a esa empresa para que no se meta en tu campo, hacer montones de cosas, y a la empresa minera no le controlan nada (Torunczyk, 2015: 184)

Como se ha visto con relación a los bienes naturales, la mayor parte de las actividades en la zona de los diversos ciclos de extracción se ha dado en el espacio rural, constituyéndose en el receptor de las inversiones. El espacio puntual es el Macizo del Deseado o Meseta Central con una extensión de 75.000 km²; el 32% de la superficie provincial. (San Martino et al, 2018). Las localidades que se encuentran en el área pero muy alejadas de las zonas de explotación y entre ellas son San Julián, Puerto Deseado, Tres Cerros y Gobernador Gregores. En este sentido, la escala territorial del yacimiento Cerro Vanguardia se ubica a 150 km de San Julián, y fue disputada con Deseado como cabecera de la empresa; por lo que el gobierno local de 1996 tuvo que ceder entre otras cuestiones, la venta de terrenos fiscales con vistas al mar (que no estaban a la venta ni para los locales).

En 1995 el intendente local señalaba: “tengo prevista una audiencia con la gente de Mincruz para evaluar las necesidades de la empresa en relación con nuestra localidad. Es un gran aliciente que Mincruz ya solicitara terrenos en San Julián” (Presencia, 1995). Para 1997 ya estaban cerradas las ventas de los terrenos municipales que están cerca de la costa y en el predio que ocupaba el canal de televisión local, y habían logrado la aprobación del Concejo Deliberante para la subasta pública de la parrilla municipal, que confiaban que fuera comprada por la empresa minera. El municipio esperaba así obtener fondos para la construcción de la costanera (Presencia, 1997b). De todo ello se desprende que desde el gobierno local hubo disposición a que la empresa minera se instalara en la localidad, atendiendo a los requerimientos solicitados por la misma.

En la provincia, a partir de este emprendimiento se promovieron otros; actualmente existen ocho minas en producción, 108 proyectos en etapa de exploración y 43 proyectos en etapa de prospección en la provincia según el Ministerio de la Producción (MINPRO 2021). Para el año 2019 el principal rubro de exportación fue piedras y metales preciosos, que representó el 65,5% del total provincial (INDEC, 2019), lo que implica una alta dependencia de este recurso, poca diversificación productiva y vulnerabilidad ante las empresas y los mercados internacionales, no obstante, la minería a cielo abierto se ha convertido en el pilar del modelo de desarrollo político económico de Santa Cruz, que se basa en apropiación gubernamental de la renta a través de la explotación de los recursos naturales, y la distribución que se hace de ella para afirmar sus bases electorales.

El bien natural en disputa es el agua, que siempre ha sido un bien escaso para la zona, tanto para los ganaderos como para los pobladores locales que dependían del agua que suministraban los manantiales, hasta que en los años noventa se realizó una obra de acueducto que vincula el río Santa Cruz a San Julián (si bien puntualmente sufre interrupciones por roturas), que ha solucionado los problemas de antaño vinculados a la insuficiencia de agua corriente en los hogares. De este modo los que habitan la ciudad no visualizan problemáticas que vinculen la necesidad de agua con el uso que hace de ella la empresa Cerro Vanguardia en sus procesos, que utiliza entre 3.000 m³ y 3.600 m³ por día, y 90.000 a 110.000 m³ de agua por mes (Asamblea Ambiental, 2009)[10]; no obstante, la actividad ganadera si continúa requiriendo de este recurso, que con la desertificación y la insuficiencia de lluvias se ha hecho apremiante. Es decir, el agua como bien natural, según el punto de vista de los actores parece estar sujeta al uso que se le dé (si es para actividades ganaderas, para el consumo de los sanjulianenses o para la actividad minera) sin que se hayan generado controversias al respecto.

Así la demanda de agua dulce superficial y subterránea de las empresas, como los impactos y pasivos ambientales que suponen las actividades previas de prospección y exploración y, las de explotación en minería a cielo abierto por las técnicas empleadas y por la utilización de sustancias peligrosas (cianuro) en el procesamiento del mineral extraído, seguramente generaron algún tipo de preocupación, pero tal percepción del riesgo, no llegó a expresarse por parte de la sociedad sanjulianense en ámbitos públicos, existiendo solamente en comentarios o rumores, según se desprende de entrevistas realizadas (EI y EII); y no percibiéndose a la situación como problemática, elemento básico para la conformación de un movimiento de acción colectiva según Klandermans (1994).

En relación con ello, Beck (1986) señala que los riesgos no aluden a daños acontecidos, son una virtualidad real que está entre la destrucción y la confianza/seguridad. La clave es como se perciben estos riesgos, y como ante una situación, una sociedad los clasifica como tales (Beck, 2010). El riesgo se debate en torno a algo que no sucede pero que podría suceder, son consecuencias no deseadas. Por otro lado, Luhmann (1991) puso en evidencia que a las discusiones normales sobre el cálculo, percepción, evaluación y aceptación de riesgos era necesario añadirle el problema de la selección de riesgos. Esto es, problematizar aquellos eventos que eran (o no) considerados como tales destacando la presencia de los factores sociales que guían dicho proceso de selección.

Douglas (1985) explica que el riesgo no se basa en razones prácticas o en juicios empíricos, sino que se apoya en nociones construidas culturalmente que enfatizan algunos aspectos del peligro e ignoran otros. El riesgo es una construcción social que varía incluso según al grupo social en el cual se encuentren los actores en una comunidad determinada, dado que ellos van a tener un sistema de clasificación de esos riesgos (hechos) particular. Una comunidad utiliza su acumulada experiencia compartida para determinar qué perdidas previsibles son las más probables, qué probables pérdidas serán más perjudiciales y qué daños se pueden prevenir. La clave para para entender el riesgo está en el sistema de clasificaciones que tiene esa comunidad. (Douglas, 2007). En este sentido, parece no haber indicios de que se haya producido una construcción social del riesgo de la minería para la sociedad de San Julián.

En la Encuesta de Impacto Ambiental realizada para la instalación de Vanguardia se señala que

los habitantes de San Julián manifestaban cierto entusiasmo por el impacto económico positivo que tendría el proyecto. Sin embargo, al mismo tiempo, expresaban cierta preocupación en relación a la contaminación del aire y el agua, conflictos que podrían generarse por un aumento de la población y futuros puestos de trabajo otorgados a foráneos. Por el lado del agua, la empresa ideó un ´ Plan Participativo de toma de agua´ abierto a la comunidad, aunque se desconoce con exactitud la existencia o no de contaminación del aire y del agua ante la falta de informes públicos independientes de aquellos realizados por Cerro Vanguardia (Torunczyk ,2015: 188).

Referente al uso del cianuro Cerro Vanguardia sostiene que el empleo en el proceso de producción se realiza bajo estrictos controles, y termina en un dique de cola (Cerro Vanguardia, 2021). En este sentido, en otras provincias el uso de cianuro ha sido prohibido ante la conformación de asambleas y grupos de acción colectiva medioambiental; sin embargo, en Santa Cruz, no ha existido grupo productivo, económico o de ciudadanos que hayan influenciado en la oposición al uso del mismo. Desde el mismo Estado nacional y provincial, en conjunción con la empresa se ha empleado el discurso de la no toxicidad[11], y se ha apelado al análisis del agua que realiza la misma empresa.

Así es que, en San Julián, la única controversia hacia la actividad, fue externa a la localidad. Después de trece años de explotación, en 2009, la Asamblea Ambiental de Río Gallegos, en compañía de un ciudadano local, accedió al Yacimiento para conocer el circuito de explotación mineral. En su informe final mencionan entre otras cuestiones alarmantes que

Son escasos o nulos los controles por parte del Estado provincial, socio de la empresa multinacional; lo que resulta insuficiente para controlar una actividad de esta magnitud, en donde se exponen operarios, recursos naturales y medioambiente. En este caso, se observan y gigantescos cráteres abiertos (open pit) donde se extrae el material y luego se abandona, dejando escombreras; que no tienen interés económico, pero si alta contaminación. Con relación al dique de cola donde permanece el cianuro de sodio señalan que no se constataron controles de los contaminantes que se dirigen al dique de colas por parte de autoridad competente (OPI, 2019).

Por otro lado, en las entrevistas realizadas con los integrantes de la Asamblea, surgió como posible causa de la no conformación de un movimiento de acción colectiva local de tipo ambiental, la variable económica, es decir, la mala situación económica de la localidad cuando a mediados de los años noventa la empresa comenzó con la exploración y explotación (desempleo, privatizaciones, falta de pago de salarios a empleados públicos, y el declive de la ganadería). Todos estos condicionantes económicos resultaron determinantes en la aceptación de la actividad, que al mismo tiempo fue bienvenida, y no fue cuestionada; ya que indicaron que en la localidad es difícil exteriorizar posicionamientos contrarios, señalando que no existió un debate de “minería sí o no”; habiendo obtenido la nueva actividad el impulso y apoyo desde el gobierno local y provincial, y por académicos de la Universidad. (Entrevistas I y II).

Tras varios años de explotación, la empresa en el año 2010 dando un giro en su vinculación con la comunidad (hasta ese entonces solo colaboraba en el sector salud y educación) con el apoyo del gobierno local y provincial, fundó una Agencia de Desarrollo Local, que fue diseñada pensando en el 2020 como año estimado de cierre de la mina, y con el objetivo de generar actividades económicas sustitutas de la minería y desarrollo endógeno (Mansilla, 2014). Esta institución público-privada de la que participan desde el gobierno local y provincial hasta la Universidad, entre otros actores; anualmente realiza una entrega de aportes de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), que es destinada a gran parte de la sociedad sanjulianense, distribuidos entre todo tipo de instituciones, clubes, y gobierno; generando por una parte dependencia económica de estos aportes y por otra, aval social hacia la actividad.

De este modo el cuestionamiento de los ciudadanos en torno a la actividad minera y sus consecuencias medioambientales resulta difícil de concebir; es decir, por un lado gran parte de los habitantes requieren de los fondos recurrentes que la empresa Cerro Vanguardia a través de la Agencia de Desarrollo destina a la localidad (ya sea a instituciones de las que son parte o en forma de créditos personales), y por otro; muchos de ellos son empleados o esperan poder serlo, tanto de Cerro Vanguardia como de otras mineras; desautorizando así cualquier tipo de cuestionamiento social hacia el modelo minero.

En este sentido, se produce una situación tal como lo argumentado por Olson (1985), quien señala que el principal determinante del comportamiento social es el individuo que actúa racionalmente buscando una maximización de utilidad. Los individuos participan en acciones colectivas siempre que exista una racionalidad básica basada en el hecho de que los “costos” de su acción tienen que ser siempre menores que los “beneficios”, y es este cálculo de costos y beneficios lo que confiere un carácter racional al comportamiento.

Sin embargo, cabe preguntarse por qué en la ciudad de Río Gallegos si se conformó una asamblea ciudadana medioambiental en el año 2007. Así es que solo después de que en ese año gran parte de los docentes formaran la carpa blanca por atrasos y desajustes salariales, se constituyó la Asamblea Ambiental de Río Gallegos que comenzó a interpelar a partir de estos reclamos el modelo rentístico de Santa Cruz, que sucedía con los beneficios económicos, cuál era el destino que el gobierno daba a los mismos, y desde allí se cuestionó el modelo de explotación de los recursos naturales vigente, mediante la conformación de este movimiento de acción colectiva. Así lo relata una de sus integrantes

-en 2007 cuando se produce esta cuestión de que Santa Cruz no tiene plata y que de pronto los docentes en particular comenzaron a reclamar que la cifra que se les pagaba de presentismo que representaba el 70% de su salario se lo incorpore a un básico y que pedían aumento, es como que se comenzó a cuestionar todo. ¿Qué pasa con los recursos de Santa Cruz? ¡Que se los llevan y en definitiva no queda nada para nosotros!. Y ¿cómo podía ser que una provincia que había recibido 630.000.000 de dólares de las petroleras más otros 600.000.000 por las regalías mal liquidadas no tuviera dinero para poder aumentar a sus docentes?[12](EII)

Reflexión final

El proceso de desarrollo minero en San Julián ha estado avalado y fomentado desde el Estado nacional, y provincial mediante la sanción de leyes correspondientes a las inversiones mineras, que obedecieron a los capitales extranjeros, y por impulso del gobierno provincial a este tipo de explotaciones. También fue promovido por el gobierno local y por parte del sector académico, y se dio en un contexto de crisis económica y social que atravesaba la localidad, sumado al gran deterioro que presentaban los campos con la pérdida de ganado para los productores, que hasta ese momento se había constituido como la principal actividad económica de la zona. En ese entonces con la idea de territorio desierto sin más posibilidades de desarrollo económico, ni iniciativas partidarias de otro tipo de políticas públicas, la comunidad sanjulianense asistió a la implantación de la opción ofrecida como válida en pos del desarrollo y progreso local, auspiciada por las acciones implementadas desde los sectores de poder político en todas sus escalas y por el cabildeo empresarial: la minería a cielo abierto.

Reproduciendo procesos, territorialmente la explotación de los bienes naturales ha estado espacialmente marcada por el uso de los campos, distantes de la ciudad; repitiendo el ciclo atravesado por la ganadería ovina extensiva y actualmente por la minería; posicionando asimétricamente a los ganaderos que detentaron durante muchos años el poder social y económico de la región; y al capital minero que ahora extrae oro y plata de gran parte de esos campos, y del que participan de la captación de esa renta generada solo algunos sectores sociales y políticos.

Referente a la convivencia de estos sectores productivos, se ha observado que mientras los campos presentan serios procesos de desertificación y los ganaderos se ven apremiados por las sequias y escasez de agua para mantener sus producciones; la empresa minera en ese mismo espacio territorial mediante el uso de tecnología tiene autorizado por el gobierno el consumo de 100.000 m³ mensuales, si bien la empresa aclara que utiliza 65.000 m³ por mes y que lo abona a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos en forma de canon, y que la explotación de agua subterránea no afecta desde ningún punto de vista las manifestaciones de agua superficial ni en calidad o cantidad. (Tiempo Sur, 2009). En este sentido, resulta importante señalar que según parte del informe de la Asamblea Ambiental de Río Gallegos del año 2009 expuesto en periódicos provinciales, las funciones de control gubernamental que deben ejercer las distintas secretarías u organismos santacruceños sobre la actividad en el Yacimiento y sus repercusiones medioambientales resultaron ser evaluadas tras su visita como insuficientes o inexistentes (Tiempo Sur, 2009; Opi, 2019)

La minería trajo consigo la puesta en escena de nuevos actores que como se ha descrito conviven con los antiguos. Si bien no se ha producido un conflicto de posicionamientos o divergencias ideológicas respecto a la explotación de los bienes de la naturaleza ni a los riesgos que conlleva la misma, ni se ha formado un grupo de acción colectiva medioambiental en torno a la actividad; lo que si se evidencia por un lado, es que la reconfiguración económica que permite la minería ha formado diferencias entre los que se apropian de esa renta y los que no, estableciendo una nueva categoría económico social entre los que habitan San Julián.

Por su parte, la empresa ha generado legitimidad social, sustentada en la distribución anual de aportes económicos que realiza a la casi totalidad de entes de la localidad; y por el otro, el gobierno provincial en estos treinta años de modelo económico extractivo ha logrado la consolidación política de sus bases a través de los mecanismos de distribución de la renta que obtiene de la explotación de los bienes naturales (entre ella minera), si bien no ha conseguido el desarrollo económico y social de los santacruceños.

A modo de cierre, en este recorrido se ha procurado reflexionar sobre cada uno de los actores desde su rol y trayectorias, las relaciones de poder existentes, conectados por los resultados que ha traído el desarrollo minero en el territorio, y por la configuración de la vida social con las condiciones político sociales y ambientales que la han estructurado a partir de la minería y antes de ella, considerando el agua como bien natural en disputa aunque no se haya exteriorizado la misma, ya que aparentemente no existe una construcción social del riesgo sobre la minería y no se ha problematizado o se han ignorado las consecuencias que conlleva para el medioambiente. La construcción del riesgo se asume desde una perspectiva económica. El problema real y tangible para la sociedad es económico; es decir, la falta de trabajo y las posibilidades de progresar a partir de la minería adquieren protagonismo; ésta es la clasificación de riesgos construida en la que se subordina o ignora el potencial e intangible riesgo de contaminación de la explotación minera; lo que marca la asimetría existente entre el poder del gran capital transnacional y las relaciones establecidas con las poblaciones a donde se dirige.

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Entrevistas citadas

Entrevista I: Funcionario público Municipalidad de Puerto San Julián. Julio de 2021, Puerto San Julián

Entrevista II: Profesora Universidad Patagonia Austral. Miembro de la Asamblea Ciudadana Ambiental Río Gallegos. Agosto, 2021, Río Gallegos.


  1. A través de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, las provincias tienen derecho a establecer regalías entre el 1 y el 3% del valor de las ventas. Además, las provincias se reservan el derecho de dictar las Autoridades de Aplicación de la legislación minera, en lo referido tanto a la cuestión de regalías como al impacto ambiental. Se concede a los inversores mineros una estabilidad fiscal durante treinta años (a partir del estudio de factibilidad), se otorgan beneficios respecto del impuesto de las ganancias (deducción del 100% de los montos invertidos), y se exime a las empresas del pago de derechos a la importación. También se promulga en 1995, la Ley de Actualización Minera (24.498), eliminándose con ella tanto la exclusividad del Estado para la explotación del recurso como las áreas de reserva para empresas públicas. (Huwiler et al., 2015).
  2. Referente a las reuniones de funcionarios en foros internacionales con inversores, en el tratamiento de la Ley en el Congreso el Diputado Gómez Centurión expresó: “Hace poco concurrí a un congreso realizado en Australia donde con sorpresa vimos el interés desusado que tienen los inversores. No escapa al conocimiento de los señores diputados que estoy hablando de un país que cuenta con 18 millones de habitantes y que exporta 55.000 millones de dólares por año, además de poseer una infraestructura minera que está deseando venir a la Argentina. Por ello entre las “promesas” que hicimos quienes concurrimos a este congreso acompañando al Señor Subsecretario de Minería y al Señor Secretario de Relaciones Internacionales, Doctor Guadagni, estaba la de la pronta sanción de esta iniciativa” (ver en: https://bit.ly/3RQtLBB).
  3. Según el INDEC en el año 1991, la desocupación llegaba al 5.27% en la localidad (INDEC, 1991).
  4. Más información en: https://bit.ly/3BvYTks.
  5. El Ministerio de Hacienda mostraba en un informe sobre sectores productivos, que en 2016 -contemplando en 329.499 la población que habita Santa Cruz, según INDEC -Censo Nacional de Población 2010-, cada 1.000 habitantes, 138,5 son trabajadores del sector público provincial (sin incluir a empleados de municipios ni nación), siendo la media en Patagonia de 93.5 cada 1.000 habitantes (Ministerio de Hacienda, 2018).
  6. El Doble voto simultáneo es un mecanismo por el cual un mismo partido (lema) presenta varias candidaturas para el mismo cargo (sublemas). El sufragio es doble y simultáneo debido a que, cuando el ciudadano vota por uno de los sublemas (candidaturas o listas), automáticamente vota a favor del lema al que pertenece el sublema. A la vez, este sufragio es acumulativo porque los votos obtenidos por todos los sublemas de un mismo lema se suman para determinar cuál es el lema ganador (Reinoso, D. 2004).
  7. https://bit.ly/3qpozJt.
  8. Para más información sobre el intento de la candidatura a la intendencia de San Julián por parte del dirigente de AOMA ver: https://bit.ly/3d4tgFu.
  9. En abril de 2021 un trabajador de la categoría 1 (la más baja) en minería Santa Cruz cobraba $163.000 https://bit.ly/3RS9uM9, mientras que el salario de un docente inicial en un cargo (media jornada) en el mismo periodo se ubicaba en $33.370, 40. https://bit.ly/3QwePI2 y un empleado de comercio a jornada completa de similar categoría rondaba los $56.000 https://bit.ly/3ROmJ0k.
  10. La empresa consume a diario tres veces más de lo que consume la capital provincial diariamente con 113.267 habitantes según el Censo 20210 (INDEC, 2010). Ver: https://bit.ly/3quqixc.
  11. Observemos el discurso que Cristina Kirchner dio cuando era presidente en el año 2012 en una visita a Cerro Vanguardia: “la verdad que siento que estoy frente un hijo, aquí en Cerro Vanguardia, porque este modelo de asociación entre Estado, con una empresa estatal, como es Fomicruz y una empresa privada, como es quien explota esto es un modelo único, que comenzó aquí en Santa Cruz con el Gobierno del entonces gobernador Néstor Kirchner […] Y me hubiera gustado – yo no sé si lo habrán tomado las cámaras – los grupos de guanacos, que hay en la mina como una encuentra perros en cualquier obra en construcción – los guanacos se pasean amigablemente y constituyen hoy, además debemos decirlo, una plaga en la provincia de Santa Cruz. Pero ¿por qué digo esto? Tenemos también los avestruces, que nosotros les decimos los choiques, que da una idea de la calidad ambiental con que se está trabajando. Es claro que estos animales toman agua aquí, y me estaba comentando recién – esto es bueno para desmitificar – las cosas se pueden hacer siempre bien o mal. Y tengo el orgullo de decir que en Cerro Vanguardia se han hecho muy bien cuidando el medioambiente, en una minería sustentable”. En: https://bit.ly/3xd3vcU.
  12. Sobre el uso de esos fondos puede verse: https://www.clarin.com/politica/final-anunciado-us-630-millones-fondos-santa-cruz-solo-quedan-us-9-607_0_VZYk2IYK6.html.


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