De la transición al presente

Enrique Andriotti Romanin y Carolina Tavano

Introducción

A comienzos de los años 1980, la sociedad argentina asistió a la intensificación de una lucha entre diversos actores sociales, políticos e institucionales acerca de cómo nombrar e interpretar lo ocurrido durante la última dictadura militar (1976-1983).^[1] En simultáneo al retroceso del gobierno dictatorial, en el debate público emergieron significados que se venían gestando con anterioridad y que lentamente irían estructurando modos compartidos de comprender e interpretar lo ocurrido con las miles de personas detenidas-desaparecidas durante aquel período.

Tras la llegada de la democracia, y al calor de distintas políticas impulsadas por el gobierno de Raúl Alfonsín,^[2] comenzaron a configurarse nuevos marcos narrativos memoriales acerca de la dictadura que buscaron confrontar la interpretación oficial propuesta por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para justificar su accionar en aquel período y, al mismo tiempo, impugnaron la versión sostenida por las conducciones de las organizaciones armadas de la década de 1970. Estos marcos se imbricaron con distintas memorias sociales acerca de la represión que, con modulaciones y variaciones, persisten hasta hoy.

En este capítulo nos interesa indagar en uno de los aspectos que consideramos poco explorado por la bibliografía especializada en relación al caso argentino: las transformaciones de los marcos narrativos memoriales y sus vínculos con las luchas por la memoria social acerca del pasado dictatorial en Argentina. En particular, la pregunta que guía este capítulo es la siguiente: ¿qué marcos narrativos memoriales acerca del pasado dictatorial se consolidaron e incidieron en el escenario político y social tras el retorno a la democracia en 1983?

Para la realización de este trabajo se utilizó un abordaje cualitativo, con el objetivo de dar cuenta de las principales características de los marcos y claves interpretativas que se conformaron desde 1983 acerca del pasado dictatorial. Se trabajó con fuentes periodísticas, documentos y discursos públicos.

Memorias sociales y marcos narrativos memoriales acerca de la dictadura

Como punto de partida, recuperamos la noción de memoria social propuesta por Elizabeth Jelin, quien señala que hablar de memoria significa aproximarnos a las maneras en que “los sujetos construyen un sentido del pasado, un pasado que se actualiza en su enlace con el presente y también con el futuro deseado en el acto de rememorar, olvidar y silenciar” (Jelin, 2017, p. 15). El abordaje que propone Jelin no se centra en la memoria en tanto proceso individual sino en términos colectivos, al enfatizar su inscripción en luchas políticas y sociales más amplias por dotar de significado la experiencia pasada, presente y futura. Por ende, la memoria social supone una narrativa acerca del pasado construida desde el presente por actores sociales en escenarios de confrontación y lucha frente a otras interpretaciones, a menudo contra olvidos y silencios, en distintos contextos culturales. Este proceso de construcción implica una selección y una lucha política por el sentido del pasado entre los diversos actores, que pretenden imponer su versión en los escenarios públicos de su actuación apelando también a símbolos y marcas territoriales. Es a través de estas luchas que intentan, en última instancia, volver dominante su narrativa respecto a otras versiones.

En relación a este aspecto, retomaremos la idea de pensar las memorias y, en especial, los marcos narrativos memoriales como elementos claves en las luchas políticas por el sentido del pasado y el presente. Recuperando las propuestas conceptuales de Goffman y Halbwachs,^[3] usaremos el concepto marco narrativo memorial (MNM) para referirnos al conjunto más o menos estructurado de claves interpretativas, creencias y mitos articulados en una narrativa acerca del pasado de violencia política y crímenes. Entendidos como marcos sociales que son producidos por actores en un ámbito específico de relaciones sociales, los cuales organizan sentidos y sentimientos colectivos en relación al pasado y, a la vez, orientan acciones colectivas. En esta línea, son parte del repertorio de disputa y estructuran el sentido de numerosas demandas y prácticas. A su vez, estos MNM –que tienen cierta estabilidad en el tiempo– son el resultado de construcciones colectivas de distintos actores sociales y políticos orientadas a sostener y legitimar su accionar en la esfera pública, a promover su interpretación acerca del pasado y sus significados como una memoria oficial. Los MNM constituyen una parte muy importante de las memorias sociales, pero estas también se nutren de distintos símbolos, prácticas, tradiciones, marcas materiales y elementos de la cultura con las que se entrelazan.

Para abordar el caso de la última dictadura en Argentina, los principales aspectos que estos MNM buscan establecer son: el origen, las causas, las temporalidades y las agencias vinculadas a la violencia política, como también la definición de responsables y víctimas. Todos estos son elementos que forman parte de un entramado de significados, los cuales componen sentidos específicos sobre el pasado dictatorial y contribuyen a la configuración de memorias sociales más amplias, de distinta circulación pública y legitimidad social.

Como veremos en el caso argentino, es posible identificar distintas memorias sociales acerca del pasado dictatorial que contienen MNM específicos. Estas construcciones grupales se fueron conformando de manera paulatina, poniendo en juego un sistema de símbolos e interpretaciones ancladas en las luchas políticas por parte de distintos grupos interesados en asignar un sentido al período dictatorial. El derrotero de las memorias sociales y sus marcos memoriales, las porosidades y negociaciones que suponen a lo largo de más de cuarenta años de democracia, no han sido objeto de una comparación sistemática. En este trabajo pretendemos abordar esta tarea, con el resguardo de intentar no reducir su complejidad, sino más bien anclar un punto de partida para la comprensión del devenir de estas en el presente en un área de acción específica: la política.

La memoria de la “guerra” y dos MNM contrapuestos

La primera de las memorias sociales que revisaremos comenzó a tomar forma a partir de una narrativa que, de distintas maneras, se podía rastrear con anterioridad al golpe de 1976. Esta proponía una interpretación de la violencia política que se desataría desde el preludio del golpe militar de marzo de 1976 como una “guerra”. Esta memoria de la guerra era sostenida de manera coincidente por integrantes de las organizaciones armadas insurgentes que habían comenzado a operar en el país desde finales de los años 1970, pero también por las FF. AA. La diferencia principal entre ambas interpretaciones radicaba en los orígenes, la naturaleza y los alcances de esa guerra.

En el MNM de las organizaciones armadas, la dictadura instaurada en 1976 se interpretó inicialmente^[4] como consecuencia de la guerra revolucionaria que sostenían contra el Estado; entendida, a su vez, como expresión de intereses de grupos de poder inscriptos en la lucha de clases.^[5] A pesar de los orígenes y tradiciones diversas, las organizaciones armadas consideraban que en la Argentina había una “guerra” interna que las enfrentaba con las FF. AA. En este aspecto, las FF. AA. eran situadas por estas como un par equivalente, aun cuando en ocasiones reconocían la disparidad de recursos. Así, su accionar en la dictadura se explicaba con claves propias de la guerra: las “caídas”, los “combates”, la “tortura” y los “asesinatos” eran claves que organizaban las interpretaciones sobre las prácticas de las FF. AA. Aunque en su versión más extrema, al referirse a los secuestros y desapariciones de personas, eran señaladas por las organizaciones armadas como crímenes de una naturaleza diferente.

Como contraparte, la interpretación de la “guerra revolucionaria” suponía que el propio accionar de las organizaciones armadas era explicado por un conflicto histórico de larga duración, estructural, entre el pueblo o las clases oprimidas y la oligarquía o la clase burguesa, donde el golpe militar era un punto significativo. Y en su identificación con el interés del pueblo o de las clases oprimidas radicaba el fundamento moral de la legitimidad de su accionar. En este aspecto, su guerra era considerada moralmente buena, como reflejo de la moral revolucionaria.^[6] La dictadura militar era el último escollo antes del desenlace final. Es por esto que, en su interpretación, los combatientes revolucionarios muertos en combate o asesinados eran reivindicados y se les asignaba el carácter de “héroes” o “mártires” de una larga lucha de la clase obrera o del pueblo. Eran considerados militantes que habían realizado un “sacrificio” en aras de resistir en esta etapa, prerrequisito para vencer en un universo binario. En cambio, los miembros de las FF. AA. y fuerzas represivas eran considerados “enemigos del pueblo”, eran objetivos militares y, por ende, merecían ser “ajusticiados”. Un parte de guerra firmado por Montoneros el 10 de noviembre de 1976 condensa distintos aspectos de este MNM:

En esta guerra, en que nuestro pueblo está empeñado contra el imperialismo Yanqui y la oligarquía, no existen términos medios, o se está del lado del pueblo, o se está del lado del enemigo convirtiéndose en blancos de la justicia revolucionaria.^[7]

De esta manera, las organizaciones armadas promovían una lógica binaria de “amigo” y “enemigo”, que les permitía mostrarse a sí mismas como un ejército en guerra, aumentando su importancia y aparente peligrosidad (Calveiro, 1998). Si bien durante buena parte de la dictadura esta interpretación fue promovida y alentada por las cúpulas de las distintas organizaciones armadas, también era sostenida mayoritariamente por sus bases militantes, aunque con tensiones y conflictos.^[8]

Al fragor del ejercicio represivo, con la consiguiente aniquilación de la mayor parte de sus estructuras operativas y de miles de sus integrantes, y los posteriores cambios políticos y sociales que traería aparejada la democracia, los miembros de estas organizaciones transitarían de manera progresiva a la adopción de otros MNM o adoptarían posturas cautelosas, que en gran medida se traducirían en silencios. Estos silencios sobre aspectos de la “guerra revolucionaria” y la adopción de otras modalidades de enunciación en clave humanitaria^[9] o genérica, que solo reconocían tangencialmente algunos aspectos de la interpretación de la guerra, fueron posturas adoptadas por estos grupos en un contexto de impugnación general a la violencia política y de revisión de la experiencia revolucionaria que marcaría los primeros años de la democracia en Argentina (aspecto sobre el que profundizaremos más adelante).

Por su parte, para las FF. AA. también la guerra ocupaba un lugar central en su memoria. Pero en su MNM, esta se concebía como una respuesta al accionar de las organizaciones “subversivas”, catalogadas además como “terroristas”: no era la “guerra revolucionaria” sostenida por las organizaciones político-militares, sino la “guerra antisubversiva” que se libraba a escala nacional e internacional. Esta interpretación se basaba en la construcción de una “amenaza subversiva”, que se comenzó a gestar al interior de las FF. AA. ya desde mediados de los años 1970 pero que cobró renovados significados después del golpe militar de 1976. El prolongado proceso interno de elaboración de un “enemigo para la nación” les permitió rápidamente articular sentidos que justificaban su accionar y que lo inscribían en una larga historia de la nación donde recuperaban un lugar preponderante (Franco, 2012).

En este aspecto, su MNM también se inscribía en un proceso de larga duración y retomaba mitos y creencias acerca del lugar de las FF. AA. en la construcción de la nación. La guerra les permitía inscribir su actuar en una dimensión profesional y alimentaba también la lógica binaria que compartía con las organizaciones armadas. Así como la idea de “salvar” la nación justificaba su accionar, era su fundamento último, su inscripción de esta lucha en los “valores occidentales y cristianos” contra un enemigo “terrorista” que los negaba reforzaba aún más su sentido moral.

En este MNM no había mención alguna de las causas estructurales o de las condiciones sociales como explicación de la violencia política. En este sentido, el denominado por las FF. AA. Proceso de Reorganización Nacional fue concebido por estas como el último eslabón de una lucha “a todo o nada”, donde los responsables de lo sucedido eran las organizaciones armadas, pero más ampliamente los “subversivos terroristas” a quienes se les imputaba defender intereses extranjeros, ser “apátridas”, “amorales” y desarrollar una “guerra sucia”. El MNM centrado en la guerra antisubversiva situaba a los militares muertos por la subversión como “héroes de la patria”, asesinados en el cumplimiento de su deber por las “bandas de delincuentes terroristas”.^[10]

El accionar en la “guerra antisubversiva” había sido justificado internamente con documentos y órdenes, y públicamente mediante discursos de los principales referentes de las distintas FF. AA., que presentaban ambivalencia u omisión acerca de lo sucedido con las personas detenidas-desaparecidas. A su vez, el principio de validación de su accionar se basaba en el resultado de la guerra: las FF. AA. se presentaban como victoriosas frente al derrotado enemigo subversivo. Sin embargo, tras la derrota en la guerra de Malvinas en 1982 y la creciente visibilidad de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, las FF. AA. buscaron clausurar las disputas públicas por el sentido de lo ocurrido, reforzando su MNM y la memoria social de la guerra.

La interpretación del periodo fue presentada en el Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, denominado Documento Delta, leído en cadena nacional en abril de 1983. Este documento formaba parte de un plan más amplio de comunicación, que buscaba reforzar la imagen institucional de las FF. AA. En este documento, las FF. AA. justificaban la legitimidad y legalidad de su accionar en la “guerra antisubversiva” señalando que estas “actuaron en defensa de la comunidad nacional cuyos derechos esenciales no estaban asegurados”, a la vez que asumieron que en ese “marco casi apocalíptico, se cometieron errores […] como sucede en todo conflicto bélico” (Junta Militar, 1983). De este modo, las FF. AA. presentaban una memoria que situaba el proceso político y social en la antesala de la dictadura como una situación de conflicto bélico, gestado durante décadas y que exigía una respuesta contundente para evitar la disolución de la nación. La mención a “excesos” y “errores” refería, sin nombrar, a las eventuales víctimas colaterales de la guerra, que contemplaba “bajas” de ambos lados. Sin embargo, mostraba la particular dificultad de las FF. AA. para referirse a lo sucedido con las personas detenidas-desaparecidas, a quienes en el Documento Delta ya se consideraban como “muertos”.

La memoria de las violaciones a los derechos humanos: los MNM del terrorismo de Estado y de la teoría de los dos demonios

La existencia de miles de personas detenidas-desaparecidas constituyó la base para la emergencia de otra memoria social acerca de la dictadura, centrada en las violaciones a los derechos humanos. Esta se gestó al calor de la represión dictatorial, con la aparición de distintas organizaciones que conformarían el llamado Movimiento de Derechos Humanos (MDH). Surgido a finales de 1977, desde sus orígenes se conformó como un colectivo heterogéneo integrado por una diversidad de organizaciones^[11] con distintas metas y estrategias de acción que variaron a lo largo de su trayectoria y que, junto a otras organizaciones de denuncia, irían cuestionando el accionar represivo posibilitando el reconocimiento de lo ocurrido.^[12]

Durante los primeros años de la dictadura, integrantes de las organizaciones del MDH utilizaron distintas interpretaciones (en ocasiones, contradictorias) para explicar lo que sucedía con las personas detenidas-desaparecidas. Inicialmente apelando a valores tradicionales, las y los familiares libraron una lucha plagada de tensiones, dudas y conflictos. Rechazando el discurso de la guerra, apelaron a la narrativa humanitaria para demandar por la vida de las personas desaparecidas y denunciar la violación de los derechos humanos, y afianzaron su legitimidad en términos de vínculos familiares. De este modo, tempranamente las organizaciones del MDH fueron elaborando un MNM mediante el cual catalogarían lo ocurrido durante la dictadura como terrorismo de Estado.^[13] Este MNM impugnaba en simultáneo, aunque por distintos motivos, la memoria social de la guerra y los MNM de la guerra revolucionaria o antisubversiva.

Con el avance de la década de 1980, esta mirada se fue transformando en dominante pues señalaba el carácter novedoso del accionar del Estado entre 1976 y 1983. Al remarcar el carácter disruptivo de la dictadura, la desvinculaba de otros procesos históricos y, en cierta forma, operaba deshistorizándola. Para el MDH, el “terrorismo de Estado” expresaba una diferencia cualitativa y cuantitativa con otros golpes militares que habían tenido lugar en Argentina, pero también en otros países de América Latina. Cualitativamente, por las formas que habían adquirido la violencia ilegal y el dispositivo represivo. Cuantitativamente, por su magnitud.^[14] El accionar de las FF. AA. era asociado al despliegue de una metodología criminal de miles de secuestros y desapariciones forzadas, que se originaba en 1976 y que lo colocaba a distancia de cualquier otro caso, por más que se hubiesen aplicado también altas cuotas represivas.

Desde comienzos de 1983 este marco se comenzó a encontrar en distintos documentos y manifestaciones públicas de referentes del MDH, pero su uso compartido se cristalizó pocos días antes de las elecciones de octubre de ese año. En una solicitada firmada por las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la APDH, el CELS, la Liga, el SERPAJ, Familiares y el MEDH, estas organizaciones sostenían que:

Miles de detenidos desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, no podrán ejercer sus derechos ciudadanos […], es indispensable que todos los argentinos pensemos en ellos. El tiempo de la mentira y la injusticia deben acabar. El pueblo sabe que estas personas padecieron las más atroces violaciones a los derechos humanos, y exige el fiel cumplimiento de los principios del derecho a la vida, la libertad y la justicia, puntales sobre los que asienta un país civilizado. Exigimos a las Fuerzas Armadas, responsables de esta trágica y aberrante situación la aparición con vida e inmediata libertad de los detenidos desaparecidos. E instamos a los futuros gobernantes a que hagan suyas estas exigencias. (“¿Cómo y dónde votarán los detenidos desaparecidos?”, 1983)

Así, el MDH demandaba conocer la verdad acerca de las desapariciones y pedía “justicia” (aunque sin mayores precisiones acerca de los alcances que podía tener), mientras formulaba una explicación sobre el carácter sistémico y planificado de la represión orquestada por las FF. AA. durante la dictadura. Como se mencionó antes, la memoria social en la que este MNM se inscribía era la de las violaciones a los derechos humanos. Esta memoria refería a la violencia sufrida por personas “comunes” (en cierta forma, “angeladas”) por parte del Estado y resaltaba el sufrimiento de sus familiares y seres queridos. En ella, se diluía el conflicto social, sus causas estructurales y políticas, erigiéndose a partir de una impugnación general a la violencia.

La definición de terrorismo del Estado suponía una operación sustantiva: definía a las personas detenidas-desaparecidas como “víctimas inocentes”, inertes ante el accionar militar durante el período 1976-1983. Evitando, mayormente, la referencia a sus militancias en organizaciones armadas o sus posicionamientos políticos previos al golpe militar y situando los motivos de su ausencia como un interrogante sin respuesta, las organizaciones del MDH denunciaban al Estado y señalaban la continuidad de una situación de impunidad. Aunque algunas y algunos sobrevivientes y organizaciones restituían parcialmente la militancia política de las desaparecidas y los desaparecidos como el motivo que explicaba la causa de su secuestro y desaparición, o incluían la idea de “genocidio” como una manera de asignarle un carácter político a la violencia estatal, la postura mayoritaria^[15] del MDH durante los primeros años de la democracia fue otra, llegando incluso a cuestionar la legitimidad de tomar la palabra por parte de los primeros.

La victoria de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales de octubre de 1983 generó expectativas en gran parte del MDH, pues este se había comprometido a dar respuesta a las demandas de “verdad y justicia”. La interpretación del nuevo gobierno democrático sobre el pasado dictatorial promovió una lectura que tendía a equiparar la violencia política de las organizaciones armadas y de las FF. AA., la cual recuperaba discursos y posiciones que circulaban en los años 1970 y que con el tiempo se denominó como “teoría de los dos demonios”.^[16] En disputa con otras interpretaciones, esta lectura estructuró la base de un nuevo MNM que enfatizaba las violaciones a los derechos humanos y el accionar represivo del Estado, pero las vinculaba causalmente con la violencia política previa. A pocos días de asumir, el presidente electo expresó esta interpretación:

tenemos que comprender que lo que nos ha ocurrido es precisamente que desde diversos sectores se proclamó a la violencia como único camino para resolver problemas. Unos pocos iluminados hicieron sentir a la juventud movida por ansias de justicia que este era el camino. Y otros pocos también dieron la respuesta en el marco de la violencia, llevando esa situación a muchos […], dije que se había pretendido combatir al demonio con el demonio, y en definitiva habíamos convertido el país en infierno. Parecieron exageradas esas palabras, pero ahora nos estamos dando cuenta de todo este horror y es necesario que todos aprendamos la necesidad de superar todo esto. Yo creo que debemos pensar en términos de reconciliación, directamente vinculada con la verdad y la justicia. Estoy persuadido que no podemos responder a la impiedad con la impiedad. (Alfonsín, 1984)

Alfonsín situaba la oposición entre la violencia de los dos “demonios” como la causa del horror desatado desde 1976, pero la impiedad era asignada a uno de ellos: las FF. AA. En conjunto, la historia política previa y la dictadura quedaban subsumidas a la idea de la “violencia” y el “infierno”. De este modo, ambas eran equiparadas y, en simultáneo, impugnadas y deshistorizadas. La dictadura era explicada por la violencia previa de unos “iluminados”, presentada como irracional, al igual que los crímenes ocurridos durante ella. Sin embargo, el objetivo central de esta equiparación no era la condena de la violencia de las organizaciones insurgentes,^[17] sino de la violencia estatal. Frente a este pasado, el presidente proponía un límite simbólico, basado en la oposición entre justicia y verdad.

La pretensión de avanzar en la búsqueda de justicia por parte del nuevo gobierno se concretó inicialmente mediante los decretos n.º 157/83 y 158/83 del Poder Ejecutivo nacional, que ordenaban enjuiciar a las cúpulas de las organizaciones armadas que actuaron en los años 1970 y a los jefes de las juntas militares por la lucha “antisubversiva”. Mientras que la pretensión de generar una versión oficial de los hechos, una “verdad”, se concretó inicialmente a partir de la labor de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Creada también por decreto presidencial, desarrolló sus tareas entre el 15 de diciembre de 1983 y el 20 de septiembre de 1984 y fue una iniciativa ilustrativa y pionera en su tipo. La postura de la CONADEP de revisar el pasado represivo en torno a las personas desaparecidas, recopilando testimonios y pruebas acerca de qué les había sucedido y en qué circunstancias, produjo una verdad que confrontó la versión sostenida por las FF. AA. como verdad oficial, reforzando distintos aspectos de la memoria que promovía el nuevo gobierno.

El informe de la CONADEP presentó a la sociedad argentina como ajena al conflicto social y agredida por dos violencias. A su vez, demostró el estado de indefensión de las víctimas de la represión y el carácter sistemático y clandestino del accionar de las FF. AA. En simultáneo, caracterizaba el accionar represivo como crímenes de lesa humanidad y a la desaparición como un crimen atroz ejecutado sobre miles^[18] de víctimas inocentes (en especial jóvenes y niños) arrasadas por la violencia militar, e imputaba a las FF. AA. como principales responsables del terror. Como señala el informe:

Tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje, […] todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas [CONADEP], 1984, pp. 1-2).

Las personas desaparecidas no eran caracterizadas por su militancia política, sino por su edad, género y ocupación; resaltando sus historias personales, vivencias cotidianas y un compromiso social que los alejara de la sospecha de participación en las organizaciones armadas o la violencia política de los años setenta. Eran presentadas, mayormente, como personas que habían visto resquebrajada su vida cotidiana y su ausencia era presentada como algo incomprensible e injustificado. La idea de “víctimas” de un crimen atroz permitía nombrarlos mediante una clave interpretativa de lesa humanidad, propia del paradigma del derecho humanitario internacional. También resulta de interés remarcar que el periodo delimitado por la CONADEP, después de debates, fue el 1976-1983. Así se asoció la noción de terrorismo de Estado a la de dictadura, dejando fuera la indagación de los crímenes previos. De este modo, el informe contribuyó a darle un contorno mayor a distintos aspectos del MNM que promovía el gobierno para consolidarlo como marco dominante. Tras la amplia difusión del informe, publicado bajo el título Nunca Más, y en un contexto de creciente legitimidad de la demanda de justicia, a finales de 1984 se produjo el avocamiento del Poder Judicial penal, dando inicio a un ciclo de persecución punitiva contra los principales responsables del ejercicio represivo.

El primero de los procesos judiciales que se desarrolló en la justicia penal fue la causa 13/84, conocida como “Juicio a las Juntas”. Realizado a partir de lo establecido en el Decreto 158/83, y tomando como base documental la labor de la CONADEP, su puesta en marcha supuso un importante desafío que podía poner en cuestión la incipiente democracia (Sikkink, 2013). Con base en los preceptos establecidos en el derecho nacional, y tras la negativa de las FF. AA. a revisar su actuar, el juicio se inició el 15 de abril de 1985 en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (CNACCFCF). Tras varios meses de audiencias, el juicio permitió la producción de una verdad fáctica acerca de los hechos y proyectó hacia la sociedad la imagen de un Poder Judicial robusto que podía erigirse como un resguardo de derechos. En las audiencias, mediante el uso de la palabra, la narración de las víctimas sobrevivientes permitió reforzar la interpretación de las violaciones a los derechos humanos, mediante una narrativa centrada en los vejámenes que habían sufrido a partir del accionar represivo desplegado por las FF. AA. y nombrando su experiencia como “el horror”, “algo macabro” e “inhumano” o “una tragedia”. Estas memorias individuales se articulaban con la memoria social que impugnaba las narrativas heroicas de la “guerra revolucionaria” y también la desplegada por las FF. AA., fortaleciendo la memoria social acerca de las violaciones a los derechos humanos y, como veremos, en parte el MNM promovido por el gobierno.

El 9 de diciembre de 1985 la CNACCFCF dictó una sentencia histórica donde condenó penalmente a algunos de los otrora poderosos integrantes de las Juntas a distintas penas, constituyendo un hito a nivel mundial pues por primera vez un tribunal civil condenó en base a normativa nacional a militares por crímenes cometidos al amparo del Estado. En la sentencia, los jueces replicaron distintos aspectos del MNM de los dos demonios y agregaron nuevas claves para comprender los hechos y el ejercicio criminal desplegado desde el Estado:

Se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como guerra revolucionaria. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes se subordinó a persona u organismo alguno. Se han establecido los hechos que como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas; y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas. (Cámara Federal de Apelaciones en lo Correccional y Criminal de la Capital Federal, 1984, pp. 300-301)

Según los jueces, como respuesta a la “guerra revolucionaria” llevada adelante por organizaciones subversivas, el período que se inició en 1976 y se extendió hasta 1983 se caracterizó por el despliegue de una forma represiva inédita en la totalidad del territorio nacional. Aunque reconocían el carácter de la “guerra revolucionaria” como la causa del golpe militar de 1976, el énfasis no fue justificatorio sino más bien condenatorio de lo que vino después. Durante el periodo 1976-1983, los agentes de las FF. AA. cometieron crímenes tipificados en la legislación penal mediante un “modo ilícito” e “ilegal”, “violento” y “clandestino” puesto en marcha para reprimir a personas pertenecientes a organizaciones subversivas y a personas ajenas a ellas. De este modo, en la sentencia, el accionar de las FF. AA. fue definido como “criminal” y su carácter procedimental expresó una planificación previa, un plan que involucró al Estado, ampliamente superior en términos cualitativos y cuantitativos al “terrorismo” de las organizaciones que realizaron la “guerra revolucionaria” y que las FF. AA. decían combatir. La idea de los “dos demonios” se presentaba, pero de manera diluida. Con todo, las FF. AA. fueron situadas como victimarias, las ejecutoras de un ejercicio represivo “deleznable”, “aberrante”, de una “intensidad brutal” que tuvo como principal objeto a la sociedad en su conjunto y donde no hubo “errores” ni “excesos”.

Esta manera de interpretar el accionar de las FF. AA. construía judicialmente una categoría de víctima del accionar represivo encarnada por personas mayormente ajenas a las organizaciones subversivas, en cierta forma, definidas como inocentes (Crenzel, 2008). Subsidiariamente, el fallo sostuvo la idea de responsabilidad extendida al conjunto de las FF. AA., señalando su compromiso en todos sus niveles con el ejercicio represivo.^[19] Este fallo tradujo a un lenguaje jurídico el accionar de las FF. AA. y la denominada por estas como “guerra antisubversiva” fue transmutada en delitos tipificados en el código penal y presentados como violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.

Esta operación tuvo efectos inmediatos en las posibilidades de procesar la experiencia dictatorial para una gran parte de la sociedad argentina y contribuyó a desplazar la memoria de la guerra y, en particular, el MNM de la guerra antisubversiva y de los “errores” o “excesos” cometidos por los miembros de las FF. AA., predominante hasta entonces. Aquella lectura en clave de “guerra antisubversiva” siguió siendo sostenida únicamente por las FF. AA. y algunas organizaciones afines. A su vez, la verdad producida en el escenario judicial impugnaba la posibilidad de reivindicación del actuar de las FF. AA.; pues, para quienes lo defendían, no resultaba sencillo explicar la secuencia de secuestro, torturas y desaparición clandestina, las aberraciones contra niñas y niños, hombres y mujeres de todas las edades y, en especial, el robo de niñas y niños. En este aspecto, la verdad judicial contribuyó a fortalecer el MNM que se estructuró en torno a considerar los crímenes cometidos por las FF. AA. como violaciones a los derechos humanos, afianzando la noción de terrorismo del Estado, pero, también, la interpretación sostenida por el nuevo gobierno que explicaba los crímenes como resultantes de dos violencias, aunque estas fueran asimétricas. En este aspecto y por distintos motivos, si bien la sentencia no dejó conforme al MDH, al gobierno ni a las FF. AA., sus fundamentos expresaron un momento de cristalización de las transformaciones que se suscitaron en la memoria social marcando el conflicto entre memorias rivales y MNM diferentes.

La sanción de los indultos^[20] por parte del gobierno de Carlos Saúl Menem buscó instalar una política de olvido, basada en la idea de superar las heridas producidas por la violencia entre argentinos (encarnados en las FF. AA. y las organizaciones armadas), para avanzar en la “pacificación”, la “reconciliación” y la “unidad nacional”. Sin embargo, dichas medidas no clausurarían el debate sobre el pasado. Como veremos, en los años siguientes, este asumirá nuevas formas.

Los MNM en el tiempo: metamorfosis, alquimias, reenmarcamientos y nuevas disputas

La consolidación de la memoria social acerca del pasado centrada en las violaciones a los derechos humanos y el MNM del terrorismo de Estado intensificó un largo ciclo de disputas que continúa hasta la actualidad. Desde entonces, se produjeron enormes modulaciones y transformaciones que mostraron un rasgo común en las interpretaciones acerca del pasado: su dinamismo y sus cambios en el tiempo. Nuevas alquimias, marcadas por la permeabilidad y articulación de los distintos MNM entre sí, sumadas al diálogo con nuevas claves interpretativas en el contexto de cambios políticos suscitados a nivel global, permitieron el reenmarcamiento, la reformulación y elaboración de nuevos MNM por parte de actores sociales que continúan con la disputa acerca del sentido del pasado.

Si los últimos años de la década de 1980 y la primera parte de la década de 1990 estuvieron marcados por el cierre de la pretensión punitiva del Estado y la consagración de la impunidad de los militares, esta clausura jurídica no se trasladó a las maneras de interpretar el pasado. Es así que, desde mediados de los años 1990, asistimos a importantes transformaciones de los MNM acerca del pasado, algunas de las cuales esbozaremos a continuación, y otras serán retomadas en los siguientes capítulos de este libro.

Una de las primeras metamorfosis del MNM de terrorismo de Estado comenzó a producirse a partir de la segunda mitad de los años 1990. Esta se caracterizó por la centralidad que alcanzó entre los integrantes del MDH y distintos actores sociales y políticos el concepto de genocidio, para otorgarle sentido específico a lo ocurrido durante la experiencia dictatorial y, en consecuencia, diferenciarlo del terrorismo de Estado. Aunque, como consignamos anteriormente, la palabra genocidio ya era utilizada a los pocos meses del golpe militar por exiliadas y exiliados, sobrevivientes e incluso mencionada en documentos públicos de gran trascendencia (como la carta a los argentinos de Rodolfo Walsh), durante los años 1980 su uso había quedado mayormente subsumido dentro del MNM de terrorismo de Estado. Muchas veces utilizada como sinónimo de este, a mediados de los años 1990 y en cercanías a la vigésima conmemoración del golpe militar comenzó a adquirir un contenido específico y se consolidó como dominante entre familiares y víctimas sobrevivientes. Por entonces, mediante la apelación al genocidio los integrantes del MDH encontraron una manera de presentar el pasado dictatorial interpelando de manera más amplia a la sociedad argentina acerca de su experiencia durante esos años. Y, al mismo tiempo, politizar el debate acerca de la vinculación entre la represión estatal contra grupos políticos nacionales y el intento de imponer cambios económicos y sociales estructurales.

Al calor de las transformaciones internas del MDH con la llegada de una segunda generación política y con las discusiones en torno al terrorismo a escala global (en especial, tras los atentados de 1992 y 1994 en Argentina a la Embajada de Israel y la AMIA, respectivamente, y los atentados del año 2001 en Estados Unidos) como telón de fondo, el concepto de genocidio permitió articular nuevos sentidos, denunciar la impunidad y rediscutir la temporalidad y sentidos de las violencias cuestionando también el MNM de los dos demonios. Por estos motivos, esta reformulación del MNM del terrorismo de Estado impactó en los debates académicos,^[21] jurídicos y políticos, como también fue clave a la hora de establecer una vinculación causal entre la dictadura, la instauración del neoliberalismo en Argentina con sus efectos y crisis como la del 2001. En los años posteriores, se sumarían nuevas claves interpretativas a este MNM, consolidándolo como una de las maneras de interpretar más dinámicas y en pugna con otras visiones del pasado.

La segunda de las transformaciones del MNM del terrorismo de Estado se produjo durante los primeros años del siglo XXI, con el cuestionamiento estatal de la teoría de los dos demonios instrumentado por los gobiernos kirchneristas.^[22] Este se formalizó en el prólogo de la nueva edición del informe de la CONADEP publicado en 2006. Firmado por la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Eduardo Luis Duhalde, allí se propuso un cuestionamiento a las lógicas implícitas en la versión original de 1984 que, sumado a otros gestos anteriores del gobierno^[23] y a la reivindicación discursiva de la militancia política de los años 1970,^[24] buscaron marcar un nuevo rumbo respecto a la interpretación acerca del pasado.

Como expresión de la política oficial, buscó destacar el lugar del gobierno de Néstor Kirchner en el tratamiento de crímenes y sus diferencias con los anteriores gobiernos democráticos. En él se estableció que aquel pasado, en relación al cual hay que evaluar el presente, ya no es solo la dictadura, sino que lo constituyen todos los gobiernos que lo anteceden en la democracia. Allí se sostuvo que lo realizado por el gobierno es “excepcional” y “fundante”. Desde este lugar, se pretenden establecer algunos puntos básicos que lo diferencian del prólogo anterior:^[25] en primer lugar, el nuevo prólogo postuló que “es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como un juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares” (CONADEP, 2006, p. 8). De esta forma, cuestionó la explicación dominante desde 1983, formulada desde el primer prólogo al informe de la CONADEP, y lo situó como una justificación del terror de Estado. En segundo lugar, en sus páginas evitó condenar el accionar de las organizaciones armadas y las desvinculó causalmente de la implantación del terrorismo de Estado. Aunque esto no significa que en el nuevo prólogo se haya revalorizado la épica revolucionaria. Por el contrario, el prólogo mantuvo la imagen de “inocencia” de los desaparecidos, incorporó la cifra de 30.000, mientras omitió toda referencia a la lucha armada y condenó exclusivamente como ilegítima e ilegal la violencia del Estado. En tercer lugar, estableció una lectura homogénea acerca del accionar del pueblo argentino respecto de la búsqueda de memoria, verdad y justicia acerca de los crímenes a lo largo de los últimos treinta años. De este modo, el pueblo, las organizaciones del MDH y el gobierno fueron presentados con un interés común que se representó en una tríada de claves interpretativas que otorgaron sentido al accionar de los actores a lo largo del proceso histórico, “Memoria, verdad y justicia”, y donde la sociedad toda fue la víctima del terrorismo de Estado. Finalmente, la nueva interpretación repuso a la violencia estructural como el fundamento del golpe militar. De allí se desprende que solo es posible avanzar en la democracia si se logra romper con los intereses y con los actores que avalaron el terrorismo de Estado, pero también con las causas estructurales.

En esa línea, se produjeron novedosas alquimias que permitieron reenmarcar otros aspectos del accionar de las FF. AA. como parte del terrorismo de Estado y ampliar en las características del ejercicio represivo a otros periodos de la historia argentina. Las denuncias judiciales y políticas que buscan tratar a los vejámenes cometidos en la guerra de Malvinas como crímenes de lesa humanidad son un ejemplo de cómo esta guerra fue presentada por actores sociales con un nuevo ángulo para comprender los efectos del terrorismo de Estado en Argentina. A su vez, la inscripción como crímenes de lesa humanidad en distintas masacres cometidas por el Estado a lo largo del siglo XX^[26] permite observar una dislocación en las temporalidades y sentidos de terrorismo de Estado.

Como respuesta, a principios de los años 2000 comenzó a producirse una tercera metamorfosis que consiste en la aparición de una versión “recargada”^[27] del MNM de los dos demonios, como manera de legitimar la “guerra antisubversiva” sin hacer referencia a ella. Sostenida por sectores vinculados a las FF. AA., por organizaciones de “memoria completa” que discuten y disputan las políticas de juzgamiento y memoria –como el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) y la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA)–, pero también actores de la política. Tributaria de las interpretaciones que desde la década de 1980 reivindican la “guerra antisubversiva” y recuperando la demanda de una “memoria completa” que los sectores castrenses y sus allegados impulsaron desde la segunda mitad de los años 1990, esta nueva versión emergió con mayor fuerza durante la primera mitad del siglo XXI.

En contraposición a las transformaciones del MNM del terrorismo de Estado promovidas por el kirchnerismo, esta nueva versión tiene como objetivo no confesable contribuir a una negación del pasado criminal de terrorismo de Estado. Para ello, construye argumentos y resignifica sentidos circulantes socialmente. Su punto de partida consiste en poner énfasis no en una defensa de la “guerra antisubversiva”, sino en la equiparación de las víctimas, como manera de relativizar o minimizar la condena a la violencia represiva del Estado. El objetivo principal de esta operación es restituir la legitimidad del ejercicio de la violencia estatal, rompiendo el acuerdo implícito construido desde 1983 acerca de la ilegitimidad de la violencia represiva estatal y el límite al accionar del Estado que ello trae aparejado. Con esa premisa, esta nueva versión opera en distintos niveles.

Por un lado, busca revertir la empatía hacia las víctimas de la violencia estatal, planteando un manto de sospecha sobre ellas a partir de mostrar “otras víctimas”. Estas son presentadas como inocentes a partir de casos emblemáticos, que demuestran que entre las supuestas víctimas del terrorismo de Estado hay también “asesinos”. Para ello recuperan hechos previos a la dictadura, y los catalogan como asesinatos y actos de “terrorismo”. La demanda de justicia para las “otras víctimas” busca llevar al plano de equivalencia las responsabilidades. Si unos fueron juzgados, los otros también deben serlo. Si unos no pueden ser considerados responsables, los otros tampoco. De esta manera, las víctimas de ambos bandos son la puerta de entrada para una equiparación de violencias que, mediante una verdad pretendidamente “completa”, permita el revisar el accionar de los sobrevivientes y, eventualmente, juzgarlos por sus crímenes. Al mismo tiempo, busca abonar a una relegitimación y revisión del accionar de los represores, que permita morigerar sus responsabilidades o conducir a una reconciliación basada en el reconocimiento de lo sucedido por ambas partes.

Por otro lado, junto a este esquema se presentan cuestionamientos que, de manera complementaria, buscan debilitar el conjunto de elementos simbólicos y claves de interpretación que caracterizaron a la lucha contra la impunidad. Un claro ejemplo es el cuestionamiento público de la cifra de 30.000 desaparecidos, a la que se oponen otras cifras oficiales y se señala como una muestra de la falsedad moral del MDH. Las acusaciones buscan cuestionar la integridad moral de los referentes del MDH, señalando que “los 30.000 fueron un invento, fueron un gran negocio el de los desaparecidos” (Casa Rosada, 2024), que “no hubo 30.000 desaparecidos” (“En el debate Victoria Villarruel sacó a relucir su negacionismo: ‘No fueron 30 mil desaparecidos’”, 2023), o afirmando la existencia de “bandas” que presuntamente falsificaban documentos y testimonios para hacer pedidos de indemnizaciones relativos a las leyes de reparación por desapariciones o nacimientos en cautiverio (Dolabjian, 2024), entre otras. Estas acusaciones forman parte de una estigmatización más amplia hacia las organizaciones del MDH y su lucha, que provienen desde distintos sectores^[28] y que se articulan con acusaciones de corrupción hacia funcionarios de los gobiernos kirchneristas. Así, referentes u organizaciones del MDH son asociadas a la idea de “curro”,^[29] de tener motivaciones e intereses personales basados en una identidad política partidaria, el kirchnerismo, o de buscar beneficios económicos inmorales en nombre de los derechos humanos.^[30] De esta manera, su lucha es impugnada y deslegitimada bajo la idea de “corrupción”. Los elementos que nutren esta nueva versión recargada de los “dos demonios” se anclan en memorias sociales más amplias y construcciones binarias que atraviesan a nuestra sociedad.

Estas metamorfosis que hemos señalado no son las únicas. Son más bien la expresión de un proceso en curso de construcción, reenmarcamiento y disputa por los significados del pasado que se articula con las luchas políticas y sociales por el poder que atraviesan a la Argentina actual. Por ende, no deberían verse como procesos escindidos.

La llegada al gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) permitió observar la incipiente puesta en marcha de políticas estructuradas en torno a la versión recargada del MNM de los dos demonios, como parte de un proceso más amplio de reorganización social. Pero sin dudas fue con la llegada de Javier Milei en 2023 que esta línea se profundizó. Desde entonces y bajo el argumento de “la búsqueda de una verdad completa” o “una verdad inclusiva” se pusieron en marcha distintas políticas orientadas a disputar desde el Poder Ejecutivo las visiones de gobiernos anteriores acerca del pasado dictatorial y desarticular numerosas políticas estatales existentes. El desfinanciamiento y desmantelamiento de los programas de acompañamiento de víctimas del terrorismo de Estado, de las distintas áreas vinculadas al programa Memoria, Verdad y Justicia, el vaciamiento de los sitios de memoria a lo largo del país o la producción de dispositivos audiovisuales oficiales que cuestionan la mirada estatal construida a lo largo de los distintos gobiernos posdictatoriales son señales de esta nueva época, que se comprenden como parte del proyecto de reorganización social regresiva que el experimento libertario propone. Con todo, y a pesar de los esfuerzos del gobierno, numerosos actores de la sociedad civil aún muestran su resistencia a estos discursos y políticas. No es posible saber cómo terminará esta lucha, pero una cosa es clara: lo que está en juego no solo es el pasado sino también el presente y, sobre todo, el futuro de nuestro país.

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