Conocimiento académico y discursos públicos acerca de la última dictadura militar

Ivonne Barragán, Carolina Bilbao y Micaela Iturralde

Introducción

Desde hace al menos cuarenta años, la última dictadura argentina ha sido un objeto de estudio para académicas y académicos tanto locales como internacionales. A lo largo de esta temporalidad, fue analizada con propósitos científicos y, al mismo tiempo, ocupó un lugar central en los debates públicos en los que resultó evocada y reinterpretada de forma continua, en distintos contextos y en razón de diversos intereses y usos políticos. A su vez, durante los primeros veinte años del siglo XXI se consolidaron y estabilizaron campos de estudio con un marcado carácter interdisciplinario, que agruparon conocimientos y reflexiones sobre este período. En primer lugar, emergieron los llamados estudios de la memoria y, poco después, el campo localmente denominado de la historia reciente. Ambos terrenos de indagaciones centraron sus intereses iniciales en la dimensión represiva, sobre la cual cuentan con una profusa producción y han acumulado probados saberes sobre aspectos tales como las experiencias de las personas represaliadas; el papel de agentes y perpetradores que ejercieron la violencia estatal y paraestatal; las colaboraciones y responsabilidades que prestaron amplios y diversos sectores sociales; los dispositivos, circuitos y modalidades de ejecución de la represión en diferentes regiones y temporalidades, por citar algunos de los más destacados. Asimismo, han explorado en profundidad dimensiones históricas y sociales relacionadas con la política económica del régimen, sus formas de gobernanza, sus estrategias de comunicación pública y sus relaciones internacionales, tanto diplomáticas como bélicas, por mencionar solo algunos aspectos.

En este escrito proponemos realizar un recorrido, ciertamente panorámico y fragmentario, sobre las principales orientaciones y dinámicas de construcción de conocimientos sociohistóricos sobre la última dictadura militar que fueron producidos a partir del cambio de siglo.^[1] Para esto, nos centraremos en dos cuestiones significativas. En primer lugar, buscaremos problematizar un conjunto de categorías conceptuales que, surgidas del movimiento de denuncia sobre los crímenes dictatoriales, han sido adoptadas y debatidas por distintas agendas de investigación. Como tales, fueron y siguen siendo utilizadas para nombrar, comprender y caracterizar el accionar represivo. En un segundo momento, revisamos las principales discusiones eruditas sobre la ejecución del plan represivo, en particular en torno a la controversia que pondera la consideración de su carácter excepcional por sobre un análisis que lo inscribe en una perspectiva histórica de mediano plazo.

Tal empresa se aboca a revisar algunas nociones y conceptos que consideramos emergentes de un proceso extenso y flexible mediante el cual se produjeron sucesivas, nunca lineales, intersecciones y dislocaciones entre el saber académico y los sentidos comunes circulantes para interpretar esa etapa histórica. Concretamente, propende a construir una síntesis crítica sobre algunos de los intercambios y bifurcaciones que se presentaron entre diferentes líneas de indagación y los sentidos comunes circulantes a partir de reconocer aquellas categorías que, desde las postrimerías del régimen y hasta la actualidad, permiten explicar las principales experiencias vinculadas al pasado dictatorial.^[2] Nuestra hipótesis sugiere que, a pesar de la constante presencia de estos temas en las agendas públicas, algunas dimensiones y claves interpretativas desarrolladas en los diferentes ámbitos especializados, así como las controversias que estas conllevan, han encontrado dificultades para ser asimiladas en los discursos políticos, en los debates proselitistas y, más en general, respecto de la circulación de representaciones sociales. Si por un lado los resultados de investigaciones específicas presentan modulaciones y matices como rasgo distintivo de sus explicaciones, por otro, como en el jardín de los senderos que se bifurcan, los usos políticos sobre los sentidos de esta etapa apelan en cuantiosas oportunidades a esquemas explicativos en los que persisten visiones esquemáticas, monolíticas y binarias.

La construcción de categorías conceptuales: saberes académicos entre la política y lo político

Desde su conformación, los campos de estudios de la memoria y de la historia reciente en Argentina se caracterizaron por su politicidad, es decir, por la voluntad más o menos explícita de sus investigadores e investigadoras de participar públicamente de las disputas sobre los sentidos en torno al pasado. Lejos de desarrollarse de manera autónoma o aislada, los intereses y las intervenciones producidas desde estos espacios académicos fueron resultado de la interacción con las agendas y los discursos de otros actores de la sociedad que participaron de la construcción de diferentes marcos memoriales, proyectaron representaciones y compusieron legitimidades y posiciones respecto de la violencia estatal. Los diferentes ámbitos académicos –desarrollados en torno a un vasto sistema de universidades nacionales y a una constelación más reducida de agencias públicas dedicadas a la investigación en ciencia y técnica– constituyeron una de las esferas públicas a partir de las cuales se configuraron interpretaciones sobre ese pasado con efectos sobre las discusiones del presente.

Tales interlocuciones recuperaron información, conceptualizaciones y problemáticas devenidas de un movimiento de denuncia que aglutinaba diversas agencias sociales (Crenzel, 2025). Tempranamente, antes de que la dictadura llegara a su mitad, un conjunto de sobrevivientes, sus familiares e integrantes de organizaciones de derechos humanos denunció de forma pública y logró demostrar en diferentes instancias judiciales, locales e internacionales la existencia e implementación sistemática de detenciones ilegales y clandestinas; la implementación de torturas y vejaciones de forma indefinida en el tiempo; la aniquilación de personas y la desaparición de sus cuerpos a través de diferentes acciones, como por ejemplo los denominados vuelos de la muerte; la implementación de tecnologías específicas para consumar la desubjetivación de las y los detenidos, como fueron las violencias sexuales y de género; y la privación de la identidad de niñas y niños cuyos nacimientos se produjeron durante las detenciones clandestinas de sus madres, en general posteriormente desaparecidas. También fue reconocida la implementación de esquemas de explotación de saberes y capacidades en el marco de las desapariciones y la comisión de crímenes económicos, como la apropiación de bienes y propiedades. Estas acciones fueron posibles a partir de la instauración en todo el territorio nacional de un sistema de espacios, más de seiscientos, ubicados tanto en edificios públicos –mayoritariamente bajo gestión de las Fuerzas Armadas (FFAA) o Fuerzas de Seguridad (FFSS)– como privados, en los cuales se llevó adelante la ilegalización de la acción represiva.^[3]

Las demandas sociales que sintetiza la consigna “Memoria, verdad y justicia” actuaron como un eje articulador y punto de partida para la expansión de preocupaciones académicas específicas, impulsando a diversos investigadores e investigadoras a dotar de formas y contenidos un objeto de análisis que resultó central en la configuración de los campos de estudio aquí considerados (Iturralde y Pozzoni, 2018). A partir de esta interacción y durante los últimos veinte años, el discurso científico-académico incorporó, revisó y volvió operativas diversas categorías conceptuales que encuentran su origen en consignas políticas provenientes del movimiento de denuncia.^[4] La complejización y ampliación de estas y su tramitación judicial, a partir de la consideración de crímenes no ponderados inicialmente –como los vinculados a las violencias sexuadas y de género– ofrecen un ejemplo de dinámicas de diálogo e interlocución que confluyeron, al menos en parte, en la expansión de las agendas de indagación. Tales articulaciones aportaron al desarrollo de renovadas preguntas y perspectivas de aproximación, ampliaron el rango de los recursos fontanales analizados y vincularon saberes provenientes de diferentes disciplinas sociales y humanas para su tratamiento.

De manera relacional, fueron cuantiosas las transformaciones epistemológicas y el desarrollo de líneas de trabajo que cuestionaron las explicaciones devenidas del régimen de denuncia que, por ejemplo, hacían extensivas las características del dispositivo de desaparición de personas a toda la acción represiva o que extendían los rasgos de los dos primeros años a la totalidad del período dictatorial. Para esto, crecientemente fueron problematizadas las temporalidades y los alcances de la acción represiva, para luego revisar también la traslación acrítica de las dinámicas de los grandes centros urbanos, en particular el capitalino, a la diversidad del conjunto del país.^[5]

En este marco, la búsqueda de una ampliación multidisciplinar de las perspectivas de análisis se orientó, primero, al tratamiento otorgado a los testimonios de sobrevivientes y, luego, a las crecientes posibilidades que brindó el acceso a nuevas fuentes vinculadas, por ejemplo, al hallazgo de fondos documentales o de políticas estatales de desclasificación y acceso a registros burocráticos inicialmente no disponibles. La interseccionalidad señalada posibilitó también que, desde el primer lustro de este siglo, las y los investigadores fuesen convocados –a partir de diferentes modalidades y figuras legales como los llamados testigos de contexto, testigos de concepto, peritos expertos– a participar de los tratamientos judiciales dados a los crímenes que se perpetraron durante la década de 1970. De esta manera, resultados de cuantiosas investigaciones fueron puestos a disposición de la reconstrucción de pruebas –con los límites impuestos por las diferencias específicas en la elaboración de los conocimientos académicos y judiciales–, pero que también abonaron a la recuperación de experiencias y sentidos sobre la violencia estatal y paraestatal.^[6]

Tales inscripciones e intersecciones alumbraron controversias sobre las conceptualizaciones disponibles para comprender las múltiples facetas del plan represivo. En este apartado, consideramos solo algunas de estas categorías: terrorismo de Estado, genocidio y dictadura cívico-militar. Esta selección responde a la doble condición que presentan dichas nociones, por una parte, ser aquellas que promovieron mayores debates en los ámbitos de producción de conocimiento y que, a su vez, presentan gran presencia y vitalidad en las discusiones públicas para explicar la última dictadura.

Si nos detenemos en una de las más utilizadas, terrorismo de Estado, resulta menester destacar que su origen se encuentra en la noción de Estado terrorista, acuñada por Eduardo Luis Duhalde en 1983, durante su exilio en España. Como tal, fue la acepción más referida desde la transición democrática para dar cuenta de las principales características del funcionamiento estatal a partir del 24 de marzo de 1976. En particular puso énfasis en la ilegalización y clandestinización de la violencia estatal respecto de etapas previas. La denominación “terrorista” presentaba, según el autor, diferencias cualitativas y sustanciales en relación a otros regímenes políticos, especialmente respecto de la dictadura inmediatamente anterior, la autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973). Esa experiencia autoritaria, también en el marco de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), había desplegado diversas acciones de persecución de la oposición política y de control del conflicto social, pero su instrumento principal fue la prisión política.^[7] De modo tal que esta conceptualización se centró en la faceta oculta y no visible del plan represivo e hizo hincapié en uno de sus rasgos novedosos, la capacidad de instalar un “terror expansivo” sobre toda la sociedad, con el objetivo de desarticularla.

La categoría de terrorismo de Estado no solo alcanzó mayor difusión, sino que incluso fue y es utilizada como equiparable, intercambiable y susceptible de identificar por sí misma el periodo histórico que se extendió de 1976 a 1983. En la última década, resultó problematizada con el objetivo de analizar críticamente sus usos, sentidos, limitaciones e incluso señalar algunos elementos que tensionan su capacidad explicativa (Garaño, 2019).

En primer lugar, estos estudios se refirieron a la indefinición que supone el término terrorismo, formulado y utilizado en el pasado por los propios militares para referirse a las personas destinatarias de la represión. Su laxitud –al igual que la categoría de subversivo– posibilitó contener bajo esta figura una multiplicidad de participaciones e involucramientos sociales y políticos, que excedían con creces aquellos vinculados a la acción armada, pero que fueron eje de la persecución dictatorial.^[8] En segundo lugar, las críticas al concepto se enfocaron en el carácter bifronte que caracterizó el comportamiento estatal durante la última experiencia dictatorial, a partir del cual se ha comprobado la coexistencia de la clandestinización represiva con una faz pública y comunicacional del régimen, a la cual inicialmente se le prestó menor atención. La construcción de un acercamiento en clave dicotómica que diferenció y opuso ambas dimensiones resultó en un obstáculo para explicar prácticas que difícilmente puedan circunscribirse a una de estas dos facetas. Las investigaciones empíricas que situaron su observación en diferentes espacios locales y regionales del país han permitido reconocer la existencia de solapamientos y límites más difusos entre lo “visible” y lo “clandestino”, entre la búsqueda de legitimación por parte del régimen y su ocultamiento (Águila, 2018).

Por su parte, esta categoría implicó una representación de la sociedad en tanto “víctima”, identificada como un conjunto homogéneo que se mantuvo inerte e inmóvil frente a un Estado que monolíticamente aplicó el terror.^[9] Sobre esto último, diferentes estudios invitaron a problematizar la idea de Estado como ente uniforme, omnisciente y autoconsciente. En cambio, propusieron perspectivas orientadas a pensar su desarrollo en clave histórica, que hicieran lugar a sus expresiones polifónicas, en el marco de las cuales se relacionaban y expresaban grupos, cuyas prácticas implicaron conflictos y disputas (Garaño, 2019; Bohoslavsky y Soprano, 2010). Esta renovación analítica orientó estudios empíricos sobre las diferentes agencias represivas, los cuales advirtieron la existencia de grados de autonomía diversos, tanto para la identificación y construcción de objetivos por perseguir como respecto de la gestión de los circuitos represivos. Por último, otro de los cuestionamientos a la viabilidad explicativa de la categoría “Estado terrorista” refiere a que esta refuerza el sentido excepcional del período 1976-1983, soslayando las continuidades con la etapa previa, reflexión que se enlaza con una profusa discusión sobre las temporalidades sobre la cual nos detendremos en el siguiente apartado (Barragán e Iturralde, 2019).

Otro de los conceptos disponibles es el de genocidio. Este ha sido, hasta la actualidad, el concepto elegido por muchas de las organizaciones de derechos humanos para denunciar un conjunto vasto de delitos que, sin embargo, otorgan también un lugar preeminente al señalamiento de la implementación sistemática de la desaparición forzada. Su elaboración remite a las experiencias y modelos teóricos construidos para interpretar las experiencias de violencias extremas planificadas del siglo XX, principalmente el Holocausto. Dicha categorización organizó las narrativas volcadas a los discursos públicos y políticos de una diversidad de denunciantes de la dictadura, desde las y los exiliados hasta los organismos de derechos humanos y, en menor medida, permeó las estrategias y los resultados –con significativas diferencias entre unas y otros– en el ámbito judicial.^[10] En el plano de la denuncia dictatorial, la elección de este término no resultó ajena a un proceso –propio de la década de 1980– de despolitización de las víctimas, que fueron presentadas como personas inocentes sobre las cuales se había ejercido una violencia desmedida y generalizada por parte del Estado (Alonso, 2015).

Esta categoría fue recogida por una corriente dentro de los estudios de la memoria, cuya principal referencia la constituye el sociólogo Daniel Feierstein (2007), quien desarrolló un esquema interpretativo que tiene como eje la instrumentación de lo que denomina “prácticas sociales genocidas”. Desde esta clave, las FFAA tuvieron como objetivo exterminar a una parte de la sociedad y destruir el tejido social del “grupo nacional argentino”. Esta interpretación enfatiza la dimensión colectiva de una serie de prácticas sociales secuenciadas, mientras que cuestiona la utilización de categorías jurídicas como “crímenes de lesa humanidad”, las cuales considera que operan en el plano del individuo (Franco, 2018). En distintos ámbitos académicos, este concepto ha sido reiteradamente discutido. Entre los argumentos críticos esgrimidos se destaca el desplazamiento del carácter eminentemente político de los crímenes en el caso argentino, razón por la cual existen serias dificultades para incluirlos en la categoría de genocidio establecida en las convenciones internacionales, que no consideraron tal dimensión entre las razones por las cuales tal figura sería considerada pertinente y operativa. Por su parte, la condición de práctica social, no atinente a sujetos específicos y a los diversos modos de ejecución de la violencia estatal por agentes de una diversidad de agencias y con disímiles incumbencias, soslaya dos aspectos de relevancia. Por un lado, aquel que indica que la acción represiva fue selectiva. Por otro lado, la diversidad existente entre las víctimas, en relación a sus militancias, identidades políticas y religiosas, trayectorias, edades, profesiones, etc. En este sentido, Crenzel (2025) considera que, en el caso argentino, la idea de grupo nacional se contrapone a su politización y condición de militantes. A su vez, la conceptualización no profundiza el conocimiento sobre los victimarios, dejando de lado todo interrogante sobre la heterogeneidad de los perpetradores y la consideración de sus proyectos políticos y sociales, sus matrices culturales, lo que obtura la posibilidad de analizar los intereses en disputa dentro del grupo ejecutor de la violencia (Alonso, 2015).

Otra de las categorías utilizadas en los estudios sociohistóricos para caracterizar al régimen dictatorial y construir explicaciones sobre su funcionamiento refiere a la noción “dictadura cívico-militar”. Esta conceptualización ganó centralidad en el contexto de desarrollo de políticas de memoria durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y también en interlocución con procesos judiciales que consideraron paulatinamente las responsabilidades de agentes y profesionales empleados por el Estado y civiles. En este sentido, durante los últimos años fueron prolíficas las discusiones en torno a las maneras de conceptualizar las participaciones de diversos actores sociales, sus vinculaciones con el ejercicio de la violencia estatal y la persecución política. Como tales, contienen tanto características atribuidas al régimen político en general como a actores particulares, por ejemplo, en los casos de las variantes dictadura-cívico-eclesiástica-militar, complicidad empresarial o responsabilidad empresarial. Sus formulaciones buscaron identificar y jerarquizar los roles que desarrollaron en la comisión de violaciones a los derechos humanos o en la construcción de sus condiciones de posibilidad, pero también señalar los apoyos que diversos actores sociales y políticos prestaron a un conjunto más amplio de acciones del régimen, como lo fueron, por ejemplo, el diseño y la implementación de algunas de las políticas económicas.

Sobre este último aspecto, una interpretación ampliamente difundida sobre la dictadura sostiene que los objetivos principales del régimen se orientaron a la transformación de la estructura económica argentina a partir de la imposición de un nuevo modelo de acumulación centrado en la valorización financiera (Basualdo, 2010). Esta lectura, en la que los propósitos económicos adquirieron preeminencia sobre aquellos de carácter político y represivo, alcanzó gran influencia en los debates públicos, a partir de ponderar la “trama civil” de la dictadura. En particular, consagró el interés de las corporaciones empresarias y sus iniciativas como el verdadero leitmotiv de la etapa (Canelo, 2016). Tal interpretación, relegada a posiciones no consagradas durante la década de 1990, encontró condiciones de amplificación a la luz de la crisis política, económica e institucional iniciada en el año 2001 y alcanzó mayor impacto a partir de resultados judiciales, que consideraron las “responsabilidades empresariales” en causas vinculadas a la represión de sectores de la clase obrera y dirigentes sindicales (Basualdo, 2017). De modo tal que modulaciones específicas de articulación entre pesquisas e investigaciones, procesos políticos y sociales de configuración y visibilización de responsabilidades y resultados judiciales echaron luz sobre roles de agentes judiciales, personal médico, corporaciones empresariales, medios de comunicación, burocracias estatales específicas e incluso, a partir de la incorporación de una perspectiva de género, la visibilización, por primera vez, de mujeres como perpetradoras.

Sin embargo, el uso de la categoría de dictadura cívico-militar también concitó una serie de recaudos. Marina Franco (2018) advierte sobre la opacidad devenida de la noción de “cívica”, en razón de cierto riesgo de equiparar, al menos discursivamente, responsabilidades que fueron disímiles. De hecho, entre ciertas imágenes circulantes sobre la dictadura se desliza la idea de unos militares “títeres” de los intereses económicos de los principales grupos de poder de la sociedad civil nacional e internacional. Tal interpretación soslaya el proyecto refundacional que pretendían llevar a cabo las FFAA en sus dimensiones institucionales, políticas y culturales, a la vez que oculta los profundos desacuerdos existentes entre estas y sus distintas facciones respecto de la orientación económica y sobre un modelo de desarrollo para el país (Canelo, 2016). En este marco, los estudios sociohistóricos han dado cuenta de articulaciones en las diferentes instancias institucionales; por ejemplo, las carteras ministeriales de Economía y Educación fueron conducidas durante todo el período por profesionales, así como algunos sectores del Estado en los que el personal requería de capacidades técnico-administrativas muy específicas (Franco, 2014).

Tampoco parece correcto plantear que la articulación entre militares y civiles constituyó una novedad de la última dictadura. Por el contrario, todos los regímenes autoritarios del siglo XX argentino tuvieron su fundamento en una alianza con sectores sociales y elencos políticos específicos, por lo que resulta incorrecto interpretar la convergencia cívico-militar como un bloque homogéneo que respondió a los mismos intereses en los diferentes momentos históricos (Canelo, 2011). Al mismo tiempo, en oportunidades los usos acríticos de esta categoría oscurecen las reflexiones sobre las variaciones en los grados y niveles de consenso social que logró construir el gobierno dictatorial a lo largo de los siete años que se mantuvo en el poder (Montero, 2022).

Las discusiones y controversias hasta aquí revisadas se asientan en una acumulación de conocimientos sociohistóricos sobre la última dictadura cimentados en diálogos, solapamientos y tensiones con las interpretaciones construidas sobre este momento del pasado por los movimientos de denuncia y los procesos de judicialización de las violaciones a los derechos humanos. Lejos de encontrar un punto de saturación, exigen aún permanentes esfuerzos de revisión del herramental teórico-metodológico del que se sirve.

La problematización de las temporalidades y escalas: fases y disputas en una dictadura no homogénea

La dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976 constituye uno de los períodos más visitados del pasado nacional (Águila, 2023). Este lapso histórico, inicialmente considerado un momento opaco, cuenta hoy con vastos consensos respecto de su carácter y singularidad histórica. El ideario que proyecta una imagen de la dictadura como un tiempo oscuro anidó en diferentes aspectos, entre los que se destacan la clandestinización e ilegalización del accionar estatal, lo que derivó en la imposibilidad de arribar a un conocimiento pormenorizado sobre, por ejemplo, los destinos de gran parte de las víctimas. La manifiesta voluntad de ocultamiento por parte del régimen, que ordenó el borramiento y la destrucción de huellas y registros burocráticos, implicó una imposibilidad inicial de acceso a fuentes documentales.

Superados largamente los impedimentos inaugurales para su estudio, existen en la actualidad indagaciones sistemáticas que han construido amplios acuerdos en torno a la implementación de un régimen represivo que, por su naturaleza, dimensión y modalidades, presentó características inéditas (Águila, 2014). De manera novedosa, durante los siete años que duró el gobierno autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), las tres fuerzas militares desplegaron un ejercicio represivo de forma coordinada y conjunta a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, un conjunto de estudios también indica que este accionar mantuvo una estrecha articulación con el período previo, expresada en un conjunto de continuidades (Franco, 2012b).

Respecto de la dimensión represiva, los estudios sociales y la historiografía actual coinciden en señalar la existencia de un continuum autoritario que abarcó desde las primeras décadas del siglo XX hasta la de 1980 (Bohoslavsky y Franco, 2020). Destacan a su vez la unidad que presenta el período inaugurado en 1955 a partir del derrocamiento del gobierno del general Perón. Dicha etapa se caracterizó por la interrupción democrática y la inestabilidad política, la creciente autonomización de las FFAA del control civil, la proscripción política del peronismo y condensó un momento de profunda tensión respecto de las funciones de los instrumentos de defensa y seguridad, en razón de la intervención de las instituciones marciales en el escenario social interno, el recrudecimiento de la legislación represiva y el acrecentamiento del aparato autoritario del Estado (Pontoriero, 2022).

En este sentido, la noción de “excepcionalidad”, reiteradamente asociada a la última dictadura, ha sido objeto de revisión crítica. Diversos estudios propusieron análisis de largo plazo que permitieron articular el conocimiento disponible sobre la violencia estatal durante los gobiernos democráticos y dictatoriales previos, lo que facilitó identificar prácticas y discursos tanto por parte del actor castrense como de los diferentes elencos políticos (Águila et al., 2020). El énfasis puesto en las continuidades permitió identificar procesos que impulsaron la sanción de legislación de excepción o de emergencia y que, desde 1955, de acuerdo a las diversas aproximaciones disponibles, configuraron un “estado de excepción” (Franco, 2012a), promovieron la militarización del orden interno a partir de la incorporación de una clave contrainsurgente o motivaron el desarrollo de una “legalidad autoritaria” (D’Antonio, 2016). Tales aproximaciones resultan complementarias e indican que las modalidades represivas desplegadas por el Estado en este período estuvieron influenciadas por la doctrina de la guerra revolucionaria francesa (DGR) primero y, a partir de la década de 1960, por la creciente influencia doctrinaria de los militares estadounidenses, que requirió el alineamiento de los gobiernos dictatoriales del continente con la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).

Así, el contexto internacional impuesto por la llamada Guerra Fría supuso la reconfiguración de las políticas de seguridad interna en el continente americano, que se orientaron a combatir al comunismo primero y a otras ideologías e identidades políticas después. Ambas influencias plasmaron transformaciones en los marcos interpretativos para combatir la conflictividad social y política, que comenzaron a ser leídas en términos de una “lucha contrainsurgente” o de una “guerra revolucionaria” (Mazzei, 2002). De este modo, la extendida idea de la dictadura como un momento absolutamente disruptivo en la historia argentina fue puesta en tensión con la identificación de continuidades doctrinarias –en el caso de las FFAA– y también jurídicas, en tanto se consolidó un andamiaje legal que habilitó la persecución de la oposición política bajo la figura del “subversivo” (Franco, 2012b). Asimismo, los estudios sociohistóricos se orientaron a reconstruir persistencias respecto de tecnologías y prácticas represivas, tales como las vinculadas a los procesos de adecuación y especialización del sistema de reclusión legal para la prisión política, la incorporación de miembros de los grupos paraestatales a los grupos de tareas coordinados por las FFAA y la utilización de instrumentos probados en el período inmediatamente anterior, como los centros clandestinos de detención (CCD) y la desaparición de personas. Finalmente, exploraron también dimensiones simbólicas y discursivas que supusieron la construcción de un entramado de elementos que dieron forma al ideario represivo y que contribuyeron a la generación de consensos en torno a la llamada lucha antisubversiva.

Sin embargo, el énfasis en las continuidades no implicó el abandono de la búsqueda de mayor conocimiento sobre las innovaciones, en particular, aquellas referidas al diseño operativo de la violencia estatal, específicamente respecto de la instauración y sistematización de un plan represivo cuyo despliegue territorial se basó en la descentralización de la acción represiva y la existencia simultánea de dos circuitos: uno legal y público y otro paralegal y clandestino. Así, hoy conocemos, con un alto nivel de precisión casuística, cómo las FFAA diseñaron y ejecutaron, en forma conjunta, un programa sistemático y masivo de eliminación de la oposición política. Como se indicó previamente, la represión adquirió también una dimensión pública y visible del ejercicio de la violencia que combinó prácticas criminales, como las detenciones ilegales y secuestros a plena luz del día frente a testigos o la ejecución de los llamados “enfrentamientos fraguados”, con otras amparadas en marcos jurídicos específicos, como el sometimiento de las personas detenidas a la justicia marcial.

Los estudios sobre la memoria, así como aquellos inscriptos en el subcampo de estudios de la represión, han consagrado mayor atención a conocer y dilucidar las características e implicancias de la clandestinización del plan represivo y sus principales instrumentos: la desaparición forzada de personas y los CCD. Al mismo tiempo, los sentidos comunes que circularon acerca de la violencia estatal que desplegó la última dictadura desde el retorno a la vida democrática hasta la actualidad fueron construidos no solo en torno a los esfuerzos por conocer aquello que el régimen ocultó, sino que se cimentaron y expresaron en torno a imágenes y representaciones emblemáticas, muy específicas y acotadas, como la devenida de las detenciones clandestinas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La dualidad del plan represivo no ocupa un lugar relevante en la mayor parte de los discursos públicos que ponen el foco en su faceta clandestina y no incorporan las experiencias coercitivas desarrolladas de manera pública, ni consideran las continuidades que se pueden reconocer en relación a ciertas prácticas y discursos represivos de gobiernos anteriores, tanto dictatoriales como democráticos.

En síntesis, las aproximaciones que concibieron a la dictadura a partir de sus elementos excepcionales han tendido a representarla como un bloque temporal homogéneo, sin fisuras ni subperíodos diferenciados. Esta visión, que persiste en muchas de las representaciones sociales más extendidas, resulta históricamente inexacta: entre 1976 y 1983 coexistieron diversos proyectos que expresaron tensiones y desacuerdos dentro del elenco gobernante. La idea de una dictadura monolítica, predominante en las evocaciones públicas de ayer y hoy, invisibiliza los recambios en los cuadros de gobierno –producto de la sucesión de cuatro juntas militares– y sus implicancias en términos de planes políticos. La centralidad atribuida a la primera Junta, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, así como la figura protagónica de Videla como símbolo representativo de todo el período, ha obstaculizado una lectura más matizada de las distintas etapas que se sucedieron con los cambios en el Poder Ejecutivo. En particular, ha relegado la consideración de las disputas entre las FFAA y dentro de cada una de ellas, proyectando una imagen engañosa de cohesión y unidad del régimen.

En lo que refiere a la dimensión política, las principales síntesis históricas coinciden en otorgar un peso decisivo a la disputa entre la Armada y el Ejército en la explicación del proceso de desintegración y deslegitimación experimentado a partir de 1979. Así, una de las expresiones más connotadas de la “interna militar” fue la oposición en los modos de conducción entre el comandante en jefe de la ARA, Emilio Eduardo Massera, y el presidente de la Junta, el general Jorge Rafael Videla, la cual se manifestó tanto en el ámbito represivo como en lo vinculado a la política económica y constituye una pieza central dentro del enfoque explicativo predominante sobre el conjunto del período. De manera complementaria, los esfuerzos académicos se orientaron crecientemente a elaborar una periodización que permitiera diferenciar fases al interior de la experiencia dictatorial en función de diferentes aspectos, tales como los planes de institucionalización del poder militar, los intentos de apertura y de convergencia con los actores políticos o los cambios en el humor social respecto de la dictadura (Quiroga, 2004).

Sin embargo, las representaciones predominantes sobre las FFAA durante la última dictadura suelen proyectar una imagen estereotipada de sus distintas facciones, frecuentemente reducidas, desde ciertos discursos políticos actuales, a una dicotomía entre la fuerza de mar y los jefes de los cuerpos del ejército en tanto “halcones” y “palomas”, en referencia a los sectores vinculados al “videlismo”. Esta interpretación simplificadora omite el conocimiento empírico disponible, que da cuenta de la existencia de sectores diferenciados, incluso dentro de cada una de las fuerzas, que, como en el caso del Ejército, sostuvieron posturas divergentes respecto del plan represivo, los vínculos con los partidos políticos o el programa económico implementado por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz (Canelo, 2008).

Del mismo modo, esta operación analítica de homogeneización reproduce una cierta indiferenciación territorial, al extender las dinámicas observadas en los grandes centros urbanos al conjunto del territorio nacional, sin atender a las especificidades locales o regionales. Sobre estos aspectos, un conjunto de indagaciones priorizó una perspectiva analítica centrada en la escala de análisis subnacional y demostró que, en numerosos casos, los objetivos represivos fueron definidos a partir de lógicas preeminentemente locales (Barragán e Iturralde, 2019). Estos trabajos no solo ampliaron las primeras reconstrucciones memoriales e históricas sobre los desempeños del Ejército o, para el caso de la Armada, la Fuerza de Tareas 3 con sede en la ESMA, sino que construyeron, en algunos casos de manera aún incipiente, aproximaciones sobre los desempeños de las FFSS subordinadas, tales como la Prefectura Nacional, la Gendarmería y las Policías provinciales (Águila, 2018). Asimismo, la problematización del carácter “excepcional” de la última dictadura ha sido considerada a partir de una serie de investigaciones que proponen analizar la historia reciente argentina desde una perspectiva transnacional. La inscripción del “caso argentino” en un mapa regional signado por experiencias dictatoriales –tanto en el Cono Sur latinoamericano como en el contexto iberoamericano– invita a revisar el carácter intempestivo y de ruptura radical que amplifican los discursos políticos a partir de la construcción de nuevas claves explicativas y la complejización de las miradas superadoras del “nacionalismo metodológico” como perspectiva predominante para el estudio de los fenómenos represivos y sus consecuencias (Lastra, 2018; Franco y Pontoriero, 2024).

Así, la diversificación de las escalas de análisis y la problematización de las temporalidades permitieron matizar el carácter rupturista tradicionalmente asignado a la última experiencia dictatorial. La validez explicativa de los cortes temporales vinculados a los cambios institucionales, como los sintetizados en las emblemáticas fechas 24 de marzo de 1976 y 10 de diciembre de 1983, fue sometida a numerosos cuestionamientos por parte de los saberes expertos. En este sentido, investigaciones más cercanas en el tiempo marcaron la necesidad de deconstruir la fecha de advenimiento de la democracia como otro parteaguas. Así, la historiografía reciente construyó periodizaciones específicas para pensar el proceso de “transición democrática”, ubicando su inicio en los últimos años de la dictadura, en torno a 1981, y extendiendo su duración hasta al menos los dos primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, a partir de la consideración de diferentes dimensiones como las denuncias públicas sobre la represión, el fracaso de la política económica, la movilización sindical y la derrota en la guerra de Malvinas, que fueron centrales en la configuración de un clima antidictatorial (Franco, 2017).

En comparación con el conocimiento construido sobre la última dictadura militar, este período evidencia un caudal menor de revisiones sistemáticas, y la mayor parte de los análisis disponibles pusieron el foco en el conocimiento de las formas específicas que fueron tomando las demandas de justicia, prestando menor atención a otros procesos políticos, sociales y culturales que tuvieron lugar en el período. Sin embargo, los abordajes disponibles permiten identificar que durante aquellos años se consolidó una matriz interpretativa –ciertamente preexistente– que todavía ofrece un repertorio de categorías y conceptualizaciones, incluso revitalizadas en la agenda pública actual, para explicar de manera sintética y con sentidos dicotómicos los procesos de radicalización política y de represión estatal de la década de 1970. Dicha matriz se encuentra expresada en figuraciones tales como la denominada teoría de los dos demonios, a partir de la cual encontraron anclaje otras configuraciones narrativas que contemplaron elementos tales como la comisión de excesos en el accionar de los diferentes grupos operativos, la guerra interna o guerra sucia, el espiral de violencia subversiva, la noción de víctimas inocentes, los chicos de la guerra, entre otras.

La última dictadura militar: clivajes y usos de un pasaje emblemático de la historia argentina

El primer cuarto del siglo XXI fue testigo de un proceso de expansión, consolidación y normalización de los saberes sociohistóricos sobre las experiencias autoritarias del siglo XX argentino, en particular sobre la última dictadura militar. A lo largo de este capítulo, propusimos un recorrido crítico por las formas en que se construyó ese conocimiento académico desde el cambio de siglo, centrándonos en dos ejes: por un lado, las categorías conceptuales que emergieron de los movimientos de denuncia y fueron apropiadas, reelaboradas o debatidas en el campo académico; por otro, las discusiones en torno a las temporalidades y escalas analíticas empleadas para interpretar la experiencia dictatorial.

Nuestra propuesta buscó visibilizar los modos en que el saber experto sobre la represión, su planificación y sus efectos sociales se desarrolló en diálogo –aunque no sin fricciones– con los discursos públicos y los sentidos comunes forjados en torno a las demandas sociales por la memoria, la verdad y la justicia. La consolidación de los campos de estudios de la memoria y la historia reciente favoreció abordajes interdisciplinares que permitieron profundizar en el conocimiento del dispositivo represivo, al tiempo que habilitaron nuevas preguntas sobre actores, escalas, modalidades represivas y disputas internas dentro del régimen.

En ese marco, examinamos críticamente la trayectoria de nociones como terrorismo de Estado, genocidio o dictadura cívico-militar que, si bien han ganado centralidad en el ámbito judicial y en el repertorio político y mediático, también han sido objeto de revisión por parte de la historiografía reciente. Estas revisiones apuntaron a complejizar sus alcances, cuestionar sus presupuestos y señalar sus implicancias normativas y políticas. Asimismo, destacamos cómo la imagen de la dictadura como un bloque homogéneo y excepcional ha sido disputada por investigaciones que enfatizan las continuidades con etapas anteriores, la diversidad de proyectos en pugna dentro del régimen, las especificidades territoriales de la represión y las transformaciones del período de transición.

En conjunto, tales líneas interpretativas han contribuido a erosionar representaciones monolíticas del pasado y a disputar sentidos cristalizados en torno a la dictadura, como los propuestos por la teoría de los dos demonios o por las narrativas militares de la “lucha antisubversiva”. También han tensionado las categorías elaboradas por los propios actores sociales que protagonizaron la etapa histórica, muchas de las cuales aún conservan notable vitalidad como organizadoras de las interpretaciones más extendidas. En este sentido, conceptos como terrorismo de Estado, genocidio y, en menor medida, “guerra civil” o “lucha antisubversiva” continúan operando como claves explicativas dominantes, atribuyendo responsabilidades a determinados actores –en especial, militares y militantes armados– a partir de esquemas dicotómicos y arquetípicos que eluden tanto los matices empíricos como los desarrollos teóricos más recientes.

Esta persistencia no es ajena a la eficacia de ciertas definiciones forjadas en el clima político y jurídico del primer lustro democrático, que ofrecieron relatos sintéticos y polarizantes del pasado reciente. Esos relatos, aún vigentes, han permitido la circulación pública de sentidos que, al simplificar las responsabilidades y omitir las asimetrías entre víctimas y victimarios, cuestionan incluso los resultados judiciales y desestiman la producción de conocimiento académico.

En este contexto, este escrito se inscribe en un esfuerzo por indagar los niveles de permeabilidad entre el saber académico y los discursos políticos –en particular, aquellos de carácter proselitista– que disputan sentidos sobre la última dictadura. Lejos de desarrollarse en un plano autónomo, los campos de investigación dialogan, confluyen y también divergen con otros actores sociales que intervienen activamente en la construcción de saberes y legitimidades. Precisamente, los discursos proselitistas se asientan sobre la reproducción de imágenes cristalizadas del período y en evocaciones que reponen lecturas simplificadas y polarizantes del período dictatorial, ya sea mediante la reafirmación del carácter excepcional de la última dictadura, del énfasis en la faceta clandestina de la represión o bien mediante la relativización de las responsabilidades de los ejecutores. A pesar de la actualización constante del conocimiento experto, persisten en el espacio público usos indistintos de categorías centrales para la interpretación de la dictadura, presentadas muchas veces como equivalentes e intercambiables. Estas operaciones suelen producir síntesis reductoras del pasado que invisibilizan las tensiones internas del régimen, borran los matices entre actores civiles y militares y proyectan imágenes empobrecidas del accionar represivo del Estado.

En suma, el capítulo se propone dar cuenta de un campo de producción de conocimiento atravesado por disputas conceptuales, metodológicas y políticas. A su vez, poner de relieve que las categorías analizadas y las formas de periodización no operan como meras herramientas técnicas, sino como artefactos cargados de sentido que orientan modos de inteligibilidad para explicar el pasado, modelando los contornos de un tipo de producción historiográfica, de asignar responsabilidades y de delinear horizontes de justicia. En un presente en el que las memorias del pasado reciente siguen siendo objeto permanente de controversias, resulta indispensable revisar críticamente los saberes disponibles, sus modos de circulación y las formas en que se articulan –o se dislocan– con los usos y discursos públicos.

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