En el presente capítulo se articulan las definiciones sobre las representaciones sociales de sentido común sobre los problemas públicos y el rol del Estado en su configuración simbólica, reconociendo la segmentación de la escala estatal nacional y local. Asimismo, –dado el peso simbólico como dimensiones transversales a la escala nacional y local–, se propone la noción de liderazgo político como la capacidad de encarnación de la decisión estatal sobre los roles esperados estatalmente significados, y su relación con la identificación política de los ciudadanos. Por otro lado, –por su relevancia en las articulaciones simbólicas de la escala nacional–, se desarrollan las definiciones de los pares significantes que remiten al empleo y la asistencia, que permiten comprender los efectos de sentido sobre las fronteras entre demandas de inclusión y demandas de exclusión y, con ellas, la identificación o el rechazo hacia ciertos posicionamientos políticos vinculados a cada uno. Finalmente, –atendiendo su centralidad para la escala subnacional–, se desarrolla el concepto de espacio urbano y su producción estatal, bajo lo que se denominó como las modalidades locales de un tipo de intervención social y de intervención vecinalista.

En el primer apartado se aborda la dimensión simbólica del Estado en su capacidad performativa de configurar los problemas públicos. Se recuperan las diferentes corrientes teóricas a partir de las cuales se pueden comprender dichos problemas desde un abordaje sociológico y se profundiza en la perspectiva elegida para la investigación. Asimismo, se abordan las investigaciones académicas que forman parte del estado del arte de la sociología de los problemas públicos, justificando la necesidad de avanzar en investigaciones empíricas que comprendan el rol de la capacidad performativa del Estado sobre las representaciones de sentido común.

El segundo apartado se aboca al desarrollo de la definición de las representaciones sociales de sentido común como esquemas de relaciones entre pares categoriales o significantes. Para ello, se adoptan las categorías analíticas de la teoría lacaniana y de la lingüística estructural, en diálogo con la perspectiva laclauniana. Desde esta perspectiva, se exhibe el rol estatal en el proceso de significación de lo demandable y, por lo tanto, se prioriza la noción de representaciones sociales en su acepción estructuralista antes que en su impronta psicosocial.

Por lo anterior, ambos apartados permiten reconocer la configuración de las estructuras elementales sobre los problemas públicos, pero no como una estructura estática, sino que remiten a articulaciones y desplazamientos de contradicción, contrariedad y aserción entre significantes. De tal modo, se realizó el planteo teórico de cómo los significados que configuran las representaciones sobre los problemas públicos remiten a significaciones compartidas por la eficacia simbólica del Estado, que delimitan temas, diagnósticos, modalidades de resolución, sujetos legítimos e ilegítimos de la intervención estatal, el reconocimiento de responsables –de las causas y de las soluciones– y las funciones de los representantes y figuras políticas.

En el tercer apartado se desarrollan las principales perspectivas teóricas sobre las definiciones de representación política, liderazgo político y delegación, entre otras, al tiempo que se reconstruyen los principales antecedentes sobre el lazo representativo y la identificación política en Argentina. De tal modo, las perspectivas teóricas que tuvieron mayor alcance en la ciencia política argentina son problematizadas desde un enfoque que atiende la articulación entre demandas ciudadanas, representación política y roles esperados del Estado, y que reconoce que los liderazgos –tanto en su escala nacional como local– no son fungibles entre sí, en tanto remiten a la capacidad diferencial de encarnar los roles estatalmente esperados en cada una.

En el cuarto apartado se retoman las definiciones sobre el empleo y las protecciones estatalmente reguladas. Estos sentidos adquieren un rol nodal como ordenadores de las significaciones de inclusión y exclusión, en el reconocimiento de sujetos legítimos e ilegítimos a ser protegidos por el Estado, y en su identificación con los liderazgos políticos, principalmente hacia la figura del ejecutivo nacional.

Finalmente, se recuperan las definiciones sobre el espacio urbano como parte de la construcción espacial y simbólica estatal, que definen los límites entre un orden urbano legítimo y uno ilegítimo, como así también sobre los horizontes en los tipos de modalidades de intervención local.

2.1. Sociología de los problemas públicos. La capacidad performativa del Estado

La preocupación en torno a los problemas públicos engloba una extensa trayectoria de estudios que abarca diferentes disciplinas y corrientes analíticas. Entre ellas –y sin pretensiones de exhaustividad– se encuentran los abordajes sobre los procesos de formación de la opinión pública (Noëlle-Neumann, 1995; Habermas, 1998; Capellán de Miguel, 2008), del rol de los medios de comunicación (Castells, 1999) y de las teorías de la Agenda Setting (McCombs, 2006) y el Framing (Entman, 1993). También corresponde destacar los estudios sobre movimientos sociales y la acción colectiva (Melucci, 1994; Touraine, 2006), en Latinoamérica (García Linera, 2001; Tapia, 2009), los enfoques desde los procesos enmarcadores (Chihu Amparán, 2006; Snow y Benford, 2006) y las gramáticas de la acción (Cefaï, 2011).

Por otro lado, cabe mencionar las distintas líneas de indagación desde el campo de las políticas públicas, como las perspectivas clásicas centradas en los ciclos, los actores y las características que asumen en los diferentes contextos socio-históricos y culturales (Villanueva, 1993; Oszlak y O’Donnell, 1995; Tamayo Sáez, 1997; Cortés y Marshall, 1999); los desarrollos vinculados al enfoque de la “nueva administración pública” (López, 2003); y los estudios centrados en aportar diferentes diseños de diagnóstico, implementación y evaluación de los problemas públicos (Ortegón et al., 2005; Grau et al., 2008).

En el marco de esta heterogeneidad de disciplinas, la sociología –y la sociología de los problemas públicos en particular– exhibe una multiplicidad de tradiciones teóricas que han abordado el problema, ya sea a partir del mal funcionamiento entre las regulaciones normativas y las valoraciones subjetivas (Merton y Nisbet, 1976); de las definiciones colectivas y los procesos de etiquetamiento (Blumer, 1971; Goffman, 2001; Becker, 2009); de la construcción a través de las disputas por la definición de los problemas y su condición pública (Berger y Luckmann, 1968; Hilgartner y Bosk, 1988; Gusfield, 2014; Spector y Kitsuse, 2017); del marco de las experiencias, las gramáticas de los actores y la configuración de redes de interacción y significado de los actantes (Boltanski, 1990; Latour, 2001; Cefaï, 2011); o del rol del Estado en la legitimación de los problemas y las políticas públicas (Bourdieu, 2014; Lenoir, 2012; Dubois, 2024).

Entre ellas, la presente investigación retomó al estructuralismo genético (Bourdieu, 2014) como clave interpretativa y analítica. Esta perspectiva, –a diferencia de las otras tradiciones de la sociología de los problemas públicos–, reconoce las capacidades estatales como productoras simbólicas de las definiciones y prácticas que prescriben y legitiman categorizaciones relativas a los problemas públicos, desarrollando un enfoque que retoma las representaciones sociales de sentido común de los agentes en relación a la asimetría simbólica estatal.

Como se anticipó, el libro propone, por un lado, la relevancia de analizar las representaciones de sentido común de agentes que no participan activamente en colectivos organizados. Por otro lado, no se analiza el tratamiento específico de un tema problematizado, sino que se buscó indagar en la heterogeneidad de temas que conforman los problemas públicos de la escala nacional y local.

Así, indagar en las representaciones de sentido común sobre los problemas públicos en ambas escalas permite comprender cuál es la agenda de temas que define lo demandable, los diagnósticos, las modalidades de intervención, los sujetos destinatarios a incluir y a excluir, los responsables, y las funciones de los representantes y figuras políticas. En vistas de este objetivo, analizar la dimensión simbólica del Estado desde el estructuralismo genético resulta el enfoque más adecuado.

Antes de especificar esta mirada, se reconstruyen las diferentes tradiciones teóricas desde las cuales se han abordado los problemas públicos en clave sociológica, a partir de los aportes de algunos de sus exponentes: el estructural funcionalismo (Merton, 1976), el interaccionismo simbólico (Blumer, 1971; Becker, 2009), la tradición constructivista (Gusfield, 2014; Spector y Kitsuse, 2017), y el pragmatismo francés (Boltanski, 1990; Cefaï, 2011, 2014), con el objetivo de, –mediante una comparación teórica–, dar cuenta de la relevancia explicativa que tiene el estructuralismo genético para la especificidad analítica de la investigación.

Asimismo, se revisitan los antecedentes académicos que se enmarcan en la sociología de los problemas públicos, dando cuenta cómo atendieron la tematización de problemas puntuales, a la vez que se concentraron en actores que participan en agrupaciones, movimientos sociales o partidos políticos, o en las definiciones y prácticas burocráticas, institucionales o mediáticas. Los enfoques teóricos que retomaron estas investigaciones tendieron a basarse en perspectivas constructivistas y/o pragmáticas, desde el interaccionismo simbólico, o en la articulación de estas perspectivas.

En el contexto de la emergencia de las clases trabajadoras y las sociedades industriales durante el siglo XIX, la noción de “cuestión social” enmarcó la preocupación por la relación entre la igualdad política y la desigualdad social. Así, este concepto adquirió centralidad en el análisis de cómo las sociedades intentaron gestionar y asegurar la credibilidad del orden político frente a la realidad del orden social (Guerrero Bernal et al., 2018).

Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la cuestión social comenzó a ser abordada de manera más sistemática desde las ciencias sociales –y en particular la sociología– que empezaban a consolidarse como disciplinas científicas. Desde la década de 1920 el enfoque de la Patología Social se centró en identificar y analizar los problemas sociales como enfermedades de la sociedad, buscando causas y soluciones a través de un análisis objetivista (Guerrero Bernal et al., 2018). A partir de la década de 1930 el enfoque de la Desorganización Social abordó los efectos sobre la cohesión social, considerando a los problemas como el resultado de cambios en la estructura social y no solo de condiciones individuales. Ambos abordajes llevaron a la consolidación de una visión funcionalista de los problemas sociales (Guerrero Bernal et al., 2018).

La perspectiva estructural funcionalista de Merton (1976), se interrogó por cómo surgen los problemas sociales, proponiendo como dimensiones analíticas los criterios de reconocimiento, su origen social, los conflictos entre grupos sociales en torno a la definición, la distinción entre problemas manifiestos y latentes, las percepciones sociales, y finalmente el modo en que las creencias acerca de si las situaciones sociales no deseadas pueden o no transformarse. Merton (1976) interpretó que las conductas desviadas y la desorganización social son los dos tipos de aspectos de los problemas sociales, y no dos fenómenos diferentes, resaltando el rol de discrepancias entre elementos de la realidad social y las normas y valores vigentes. Así, la relación entre los componentes objetivos y las definiciones subjetivas de los actores destaca la desorganización de la estructura social normativa que regula los comportamientos y expectativas, dando lugar a expresiones manifiestas del conflicto normativo en las conductas desviadas.

En cambio, el interaccionismo simbólico se centró en la definición de las situaciones problemáticas, dando lugar a un enfoque microsociológico. Siguiendo a Blumer (1971), la emergencia de un problema social está ligado a procesos de movilización y acción colectiva. Los problemas sociales no constituyen simplemente cuestiones técnicas que pueden resolverse mediante intervenciones directas sino puntos focales donde se manifiestan tensiones y conflictos dentro de la sociedad. Los procesos de legitimación que convierten a un tema de ser discutido en la arena pública llevan a la emergencia de lo socialmente problemático. La carrera de un problema público permite analizar su surgimiento marcado por luchas simbólicas, conflictos de intereses y reinterpretaciones subjetivas, que involucran desde la emergencia, legitimación, la movilización para la acción de los grupos que promueven soluciones y diagnósticos, la formulación de políticas públicas, hasta su implementación (Blumer, 1971).

A su vez, la Escuela de Chicago aportó la teoría del etiquetamiento, centrándose en el impacto de categorizaciones sociales en la conducta de los individuos y en la construcción de la identidad. Siguiendo a Becker (2009), el comportamiento desviado no es inherente a un individuo, sino el resultado de la interacción social. Las conductas desviadas no son el resultado de patologías individuales o desajustes estructurales, sino de procesos de definición, clasificación y sanción que se hacen sobre los sujetos etiquetados, –independientemente de prácticas o acciones efectivas de transgresión–, que lleva a los procesos de criminalización, estigmatización o exclusión.

Los enfoques pragmatistas surgieron de la combinación de las filosofías pragmatistas de inicios de siglo con algunos elementos del interaccionismo simbólico, marcando su distancia crítica hacia el estructural funcionalismo, el estructuralismo genético y ciertos aspectos del constructivismo.

La crítica epistemológica de Boltanski (1990) a los marcos clásicos de la sociología crítica, –principalmente contra Bourdieu–, sostiene que los agentes no solo actúan dentro del mundo social, sino que también lo problematizan, lo disputan y lo justifican. Su modelo desarrollado junto con Thévenot, analiza las operaciones de justificación que los actores despliegan cuando critican, defienden sus acciones o intentan alcanzar acuerdos legítimos (Thévenot y Boltanski, 1991). Este marco no pretende ofrecer una teoría totalizante de la sociedad, sino constituir una herramienta empírica para comprender cómo las personas ponen en juego su sentido de la justicia en distintas situaciones. Su propuesta reconstruye los marcos de interpretación, los recursos argumentativos, los regímenes de justificación compartidos, y las convenciones morales que movilizan los agentes, cuando visibilizan y legitiman las situaciones consideradas problemáticas, es decir, las dinámicas de las controversias públicas.

Cefaï (2011), al retomar el programa de investigación de Thévenot y Boltanski (1991), propone estudiar las situaciones problemáticas antes que centrarlas en los movimientos sociales que aspiran al estatus de sujetos colectivos. Este desplazamiento reemplaza la noción de movimientos sociales por la de gramáticas de la acción, reconociendo cómo los actores se orientan entre sí para definir y controlar las definiciones de los problemas públicos configurados en arenas públicas, al tiempo que coloca el foco sobre las puestas en escena donde los actores movilizan sus causas para visibilizar y dotarlas de legitimidad, transmutándolas en asuntos de interés colectivo (Cefaï, 2014). Aunque reconoce el aporte de Gusfield (2014) sobre la propiedad de los problemas y las luchas simbólicas por su definición, Cefaï (2014) cuestiona que el constructivismo aborda parcialmente al fenómeno, relegando las prácticas y experiencias de las situaciones problemáticas que no se constituyen principalmente en la arena pública de disputas por la definición y la administración institucional de los problemas, sino en perturbaciones concretas.

La propuesta de Cefaï (2011) permite desontologizar el concepto de los movimientos sociales –en una crítica a las perspectivas de Melucci (1994) y Touraine (2006)–, reconociendo que remiten a movilizaciones locales y fragmentadas, es decir, sin necesariamente integrar un actor coordinado en su accionar y con una visión condensada de un problema. Los sentidos de pertenencia que vinculan a los sujetos no son ex nihilo: se construyen en el propio movimiento de las interacciones sociales que permiten definir las expectativas que guían la acción (Cefaï, 2011). Para el campo de los estudios sociológicos sobre los problemas públicos, la propuesta de Cefaï (2014) destacó cómo los marcos de interpretación resultan inseparables de los dispositivos que permiten su emergencia y estabilización: antes que, a una racionalidad estratégica, remiten a formas de justificación, de dramatización y de prueba moral desplegadas para construir públicamente los problemas.

En cuanto al constructivismo, la propuesta de Spector y Kitsuse (2017) abandonó la asimilación de que un problema social a una situación negativa que remitiría a condiciones objetivas, para indagar las actividades de reclamo o claims-making. Así, los individuos o grupos formulan y movilizan reclamos o demandas sobre ciertas condiciones supuestamente existentes. Esta dimensión de interacción no se restringe a los actores “afectados” por los problemas, sino que involucra la demanda hacia un otro como lo son instituciones o autoridades en búsqueda de respuestas o soluciones. Por lo tanto, los actores construyen públicamente un problema que merece atención y acción colectiva (Spector y Kitsuse, 2017).

Desde la perspectiva de las arenas públicas, Gusfield (2014) desplazó el énfasis dado por Spector y Kitsuse, a las prácticas y organizaciones de los actores, ateniendo la definición y categorización de ciertas situaciones desde los marcos culturales y normativos que les otorgan visibilidad y legitimidad. Así, se convertirían en problemas públicos aquellas situaciones que se insertan en un sistema de significados que permiten su reconocimiento colectivo e inscripción como objeto de intervención. Gusfield (2014) distingue entre problemas sociales y problemas públicos, es decir, aquellos que son tematizados como demandas dirigidas a instituciones o actores con capacidad de intervención –y, por tanto, con poder de definición–, de las que no logran inscribirse en la arena pública. Así, propone comprender los problemas públicos como configuraciones estructuradas –no por ello permanentes o fijas–, que siguen un patrón en su aparición, tematización y legitimación en la esfera pública, que remiten a un conjunto de reglas, instituciones y recursos simbólicos que organizan el acceso a la definición legítima de lo problemático, y resaltando la desigual posición que ocupan los actores (expertos, políticos, medios de comunicación, organizaciones civiles), –en términos de autoridad y legitimidad–, para imponer las definiciones de los problemas públicos.

En este punto, cabe destacar las adaptaciones que realizó el libro en relación con algunos conceptos de la tradición constructivista (Gusfield, 2014) y del análisis de los procesos enmarcadores en el ámbito de la acción colectiva (Snow y Benford, 2006), como parte de la operacionalización de las dimensiones sobre los problemas públicos. El libro adaptó las categorías de diagnóstico –que involucra la identificación de un problema como tal– y de pronóstico –que remite a las soluciones para resolverlo– (Snow y Benford, 2006). Asimismo, la investigación retomó la propuesta de Gusfield (2014), distinguiendo a los responsables no solo entre quienes se les atribuye la culpa, sino también entre los encargados de las soluciones.

Para ello, cabe retomar la distinción que realiza entre las dos formas de la responsabilidad –la causal y la política–, ya que permite reconocer cómo no siempre quien es considerado causa del problema es a quien se le adjudica la obligación de intervenir para solucionarlo. De tal modo, la sexta dimensión de análisis –representaciones sobre las figuras responsables– se desprendió de la distinción entre responsables de las causas y de implementar soluciones.

Por otro lado, la investigación incorporó como parte de las dimensiones que articulan el sentido común sobre lo demandable a los destinatarios legítimos e ilegítimos de la intervención estatal, y a las funciones de los representantes y figuras políticas según su rol oficialista u opositor. Esta última dimensión se articula con la distinción de Gusfield (2014) entre responsables de las causas y de las soluciones, aplicada según la posición oficialista u opositora de los representantes. En cambio, la distinción entre destinatarios legítimos e ilegítimos de la intervención estatal no encontró un desarrollo equivalente en los antecedentes reseñados, por lo que su incorporación pretendió cubrir ese vacío.

Ahora bien, antes de avanzar en las precisiones teóricas del estructuralismo genético de Bourdieu (2014), cabe destacar que la producción académica de las últimas décadas sobre la sociología de los problemas públicos ha adoptado un enfoque analítico en que predominan las perspectivas del interaccionismo simbólico y de la teoría de las arenas públicas. Empero, más allá del peso de estas corrientes en dicha sociología, para los fines de esta investigación, el enfoque bourdieusiano resulta de especial relevancia para abordar representaciones de sentido común sobre los problemas públicos, en especial de actores que no pertenecen a entramados organizativos.

Las investigaciones que se enmarcan en la sociología de los problemas públicos de los últimos años han tendido a segmentarse en tres tipos de producciones, dos de ellas diferenciadas principalmente por sus enfoques teóricos.

Por un lado, se encuentran los trabajos que han propuesto una revisión crítica de la sociología de los problemas públicos reponiendo sobre los temas centrales y comparaciones entre las diferentes tradiciones, como las investigaciones de Lorenc Valcarce (2005), Nardacchione (2017), Mollericona Alfaro (2021), Neveu (2022), Haefner y Camarena (2022), Paredes y Cáceres (2023). Al interior de este tipo de producciones, se destacan los trabajos coordinados por Guerrero Bernal et al., (2018), y Nardacchione y Paschkes Ronis (2024), que recuperan producciones de académicos latinoamericanos y traducciones inéditas de clásicos de la Escuela de Chicago y la sociología pragmática francesa.

En segundo lugar, se ubican los estudios de casos que atienden problemas puntuales vinculados a diferentes temáticas. En esta línea, se puede observar que entre las principales temáticas analizadas se encuentran la inseguridad en su escala nacional (Kessler, 2013; Mendaro y Souto, 2016; Maldonado, 2020; Romero et al., 2020; Rojana, 2022), provincial (Lorenc Valcarce, 2023) y municipal (Dikenstein, 2021); los conflictos medioambientales (Chiappero Barragán et al., 2022; Geremía, 2024); la corrupción y la violencia institucional (Pereyra, 2009, 2017; Berlochi, 2016); el tratamiento mediático de casos de linchamientos (Gentile, 2022); el acceso al aborto en Argentina (Messore, 2020); o el rol de la co–construcción científica de los problemas sociales (Sosiuk, 2021).

Asimismo, y aunque las revisiones críticas (Nardacchione y Paschkes Ronis, 2024), –y particularmente para Argentina–, han llamado la atención sobre incorporar el enfoque pragmatista frente al predominio de otras perspectivas^[1], se observa que las investigaciones mencionadas se inscriben bajo un enfoque principalmente constructivista y/o pragmático, o desde el interaccionismo simbólico. En este sentido, se ha enfatizado en dimensiones que remiten a construcciones culturales, la tematización ya sea ciudadana o por parte de los medios de comunicación, o desde la comunicación política, o los procesos de luchas por la definición de sentidos, o en sus escenificaciones.

Ciertamente, las perspectivas teóricas reseñadas resultan las más adecuadas para atender las acciones y definiciones de actores organizados– ya sea en agrupaciones, movimientos sociales o partidos políticos–, como así también de las definiciones institucionales o mediáticas, a partir de diseños metodológicos afines a investigaciones etnográficas y estudios de casos que permitan reconocer los contextos de experiencia. En cambio, este libro destaca la relevancia de analizar las representaciones de sentido común de agentes que no participan activamente en la formación de repertorios contenciosos, vinculando esas significaciones a la dimensión simbólica del Estado, para lo cual estructuralismo genético de Bourdieu (2014) representa el enfoque idóneo.

Cabe destacar que la investigación no se concentra en el tratamiento específico de un tema problematizado (inseguridad, medioambiente, corrupción), sino que buscó indagar en la multiplicidad de temas que conforman la agenda de demandas de la agenda nacional y local. Mientras que los problemas públicos pueden ser múltiples y heterogéneos, no por ello son infinitos: se reconoce que la definición (de la agenda nacional y local) por parte del sentido común resalta la capacidad estatal de definir cuáles son los temas incluidos y excluidos como demandables.

En este punto, cabe mencionar un tercer tipo de investigaciones, las cuales han atendido la dimensión simbólica del Estado. Análisis de tipo empíricos como los de Pavcovich (2004) y Amar (2018), retoman al Estado en su dimensión de campo de lucha, que resaltan la posición dominante de los especialistas consagrados en las definiciones oficiales, como las categorizaciones sobre menores (Pavcovich, 2004), o los saberes político-pedagógicos sobre las políticas educativas (Amar, 2018). Así, retoman la noción de campo reconociendo que cada espacio social tiene un funcionamiento relativamente autónomo entre sí, en los que se ponen en juego distintos tipos de capitales y lógicas particulares. Así, bajo una perspectiva teórica que retoma el estructuralismo genético, analizan cómo los agentes disputan la imposición de las definiciones legítimas para establecer normas regulatorias de las prácticas.

Ahora bien, este libro no desconoce la dimensión del Estado en tanto campo de luchas, es decir, –como el producto histórico de la composición de clases, grupos o instituciones, en constante disputa por la apropiación de un capital común–, como ha sido retomado por los antecedentes que se inscriben en la perspectiva del estructuralismo genético. Sin embargo, comprende la necesidad de integrar la tradición bourdieusiana a un análisis que reponga en los sentidos de los agentes como su punto de inicio, pero reconociendo la capacidad simbólica estatal de establecer los significantes y articulaciones que significan los problemas públicos. A su vez, resulta necesario un abordaje que permita reconocer cómo se configura la reformulación de las significaciones por los propios agentes, incluyendo aquellos sentidos que remiten al propio accionar del Estado.

Por lo anterior, cabe destacar que la investigación no interpreta al Estado y su relación en la definición de los problemas públicos como un “actor más” que “toma partido” ya sea por acción u omisión como ha sido propuesto por Oszlak y O’Donnell (1995), como cuestionamiento a los enfoques de los estudios latinoamericanos que han caracterizado al Estado en una posición pasiva que recepción que se ajusta a los inputs de grupos sociales, o aquellos que han abordado los impactos de las políticas estatales. Así, se comparte con Oszlak y O’Donnell (1995) que el rol del Estado no puede ser interpretado bajo una clave administrativo-organizacional, unidireccional, o como una estructura estática o receptor de demandas, pero tampoco como un “actor más” que se encontraría en una especie de igualdad de condiciones con el resto de los actores sociales librado a mediaciones y negociaciones.

Ciertamente la propuesta de Oszlak y O’Donnell (1995) resulta fructífera en el campo de las ciencias sociales y ha sido retomado por una multiplicidad de investigaciones que se preguntan por los procesos de formulación de asuntos no resueltos a su relevancia social de cuestión, sin embargo, esta perspectiva resulta adecuada para analizar las políticas públicas como el resultado de proceso de negociación y disputas entre el Estado y la ciudadanía, pero no para el objetivo de la presente investigación.

Ahora bien, siguiendo a Bourdieu (1997), se reconoce que el Estado es poseedor de una especie de metacapital que concentra diferentes tipos de capitales que le permiten reivindicar para sí el monopolio de la violencia física y el dominio del ámbito de la producción simbólica sobre un territorio y su población. Esta dimensión simbólica de lo estatal identifica la capacidad por antonomasia del Estado en definir los principios de clasificación, visión y división de los esquemas de percepción y apreciación de los agentes (Bourdieu, 1997).

El capital simbólico supone cualquier propiedad (cultural, económica, física) que llega a ser percibida y distinguida por conferirle algún valor. Para que este efecto de sentido se produzca, los agentes deben contar con los esquemas de categorías que les permitan reconocer las propiedades como tales. Asimismo, estas categorías son producto de la incorporación de las divisiones que conforman la estructura de la distribución de este tipo de capital (Bourdieu, 1997). Resulta intrínseca a la estructura de las representaciones su configuración a partir de las relaciones entre pares de oposiciones, donde el Estado tiene la capacidad de definir los principios de clasificación y división (Bourdieu, 1997).

Esta conceptualización permite centrarse en la capacidad estatal de producir los principios de clasificación y división que consagran a la vez que excluye prácticas, representaciones, y posiciones (legítimas e ilegítimas), al suturar sentidos y disposiciones compartidas sobre el mundo social (Bourdieu, 2014). El Estado construye y define la teatralización de lo universal y lo oficial para producir y reproducir simbólicamente el orden social sin tener necesariamente que dar órdenes (Bourdieu, 2014). Así, las injerencias del Estado (Bourdieu, 1996) se imponen mediante la sedimentación de estructuras cognitivas que, tanto la historia colectiva como individual, las han inscripto en las disposiciones de los cuerpos y en las estructuras del mundo.

La mirada de Bourdieu retoma ciertas limitaciones de la fenomenología y la etnometodología para indagar las condiciones de la experiencia cotidiana y la formación del sentido común. La eficacia del orden simbólico se sostiene en el monopolio de la dominación dóxica, es decir, el reconocimiento de la categorización legítima en última instancia (Bourdieu, 1996).

Sin embargo, no cabe asumir una reproducción sin alteraciones sobre la enunciación del Estado por los agentes. Más bien, como se desarrolla a lo largo del libro, el Estado estructura un esquema común de significantes y relaciones entre ellos que configuran las representaciones sociales de sentido común, pero los sentidos que emergen de dichas articulaciones exceden a la propia discursividad estatal.

En términos discursivos, el Estado supone una capacidad performativa que puede ser entendida a partir de la reformulación (Bourdieu, 2008) de la teoría de los actos de habla performativos de Austin (1962), reconociendo que las propiedades de enunciación no residen en el discurso en sí mismo sino en la creencia y el reconocimiento de alguien envestido de ejercer los enunciados performativos, es decir, aquellos que tiene la eficacia de producir efectos sobre los pensamientos, sentimientos y acciones sobre su audiencia (Bourdieu, 2008). Desde esta perspectiva, el portador autorizado de hablar en nombre de, representa a quienes lo constituyen a él, en la medida que concentra el capital simbólico reconocido por otros.

A partir de las definiciones sobre el Estado en tanto capacidad de producir sistemas de clasificaciones y divisiones, cabe realizar algunas aclaraciones sobre las herramientas teóricas utilizadas.

Por un lado, la investigación no busca analizar los procesos de socialización de los agentes con el Estado, por medio de los cuales se internalizan los principios de visión y división, sino que asume como supuesto que el Estado, –en su capacidad performativa sobre lo demandable–, participa de la formación de disposiciones de visión y división sobre la realidad social.

A su vez, se llama la atención sobre la necesidad de dar cuenta empíricamente los efectos de la capacidad simbólica estatal sobre la formación del sentido común. Las disposiciones subjetivas que se analizan remiten a modos de vinculación/socialización con lo estatal en tanto memorias y horizontes estatales, es decir, la dimensión simbólica de la intervención estatal. Del mismo modo, no se considera que las disposiciones subjetivas resulten necesariamente acordes con las estructuras objetivas del mundo social, sino que remiten a procesos complejos.

Ahora bien, lejos de las consideraciones de autores críticos a Bourdieu que entienden las disposiciones “como si estuvieran constituidas independientemente de sus relaciones con el contexto” (Lahire, 2017: 6), Bourdieu (2012) reconoce que la autonomía de las prácticas en relación con el contexto inmediato no implica el desconocimiento de los contextos presentes o pasados, así como tampoco desconoce la capacidad de agencia de los agentes de realizar nuevas significaciones de sus contextos.

En relación a la nominación estatal como se indicaba anteriormente, se entiende que la capacidad del Estado de dotar simbólicamente de fuerza performativa excede a los sujetos que encarnan determinadas posiciones que los invisten de legitimidad. Por lo tanto, la fuerza performativa no se restringe únicamente a sujetos de carne y hueso, sino que además se puede reconocer en otros objetos, espacios, prácticas que objetivan la eficacia performativa (como por ejemplo las formas de nominación oficial estatal, documentos públicos, políticas públicas, agentes estatales, o dependencias públicas, entre otras). En este sentido, la investigación propuso que las dimensiones analíticas para comprender las representaciones sobre los problemas públicos –la tematización de lo demandable, los diagnósticos, las modalidades de intervención, los sujetos destinatarios a incluir y a excluir, los responsables, y las funciones de los representantes y figuras políticas– permiten reconocer la dimensión performativa del Estado.

Por lo anterior, si la capacidad simbólica del Estado se encuentra presente en una multiplicidad de objetos y ámbitos, –y no tan solo se restrinja a la enunciación de un portavoz que cuenta con la autorización estatal–, las posibilidades de que se produzca una pluralidad de desplazamientos de sentido que escapen a las definiciones estatales se vuelve más amplia.

Por lo tanto, la estructura simbólica, que se configura a partir de los principios de clasificación y división estatal, se encuentra presente en las representaciones sociales, aun cuando los desplazamientos entre significantes den como resultado significados dispares con el propio Estado. Por ende, no existe una posición última de enunciación. Lo estatal, lejos de perder su capacidad simbólica, está presente en las representaciones sociales de sentido común, pero independizado de los sujetos, en tanto que remite a otras representaciones.

En el siguiente apartado se avanza en la definición de las representaciones sociales en tanto articulaciones y desplazamientos entre significantes, que permiten reconstruir la estructura elemental de los problemas públicos de la escala nacional y local.

2.2. Las representaciones sociales sobre los problemas públicos como desplazamientos significantes

En el apartado anterior se retomó al Estado en su dimensión simbólica (Bourdieu, 2014), es decir, en su capacidad de objetivar determinados sistemas de significaciones de principios de visión, clasificación y distinción que legitiman principios de categorización, para pensar las significaciones sobre lo demandable. Este apartado repone conceptualmente en torno a las representaciones de sentido común, es decir, del conocimiento práctico –en la definición de Jodelet (1986)– a la vez que se aportan otras categorías analíticas provenientes de la teoría lacaniana, laclausiana y de la lingüística estructural, que permitan comprender las representaciones sociales de sentido común sobre los problemas públicos como esquemas de relaciones entre pares categoriales o significantes, exhibiendo el rol estatal en este proceso de significación (Bourdieu, 2014).

Las representaciones sociales tienen un carácter simbólico, significante y constructivo, que permite a los individuos interpretar la realidad cotidiana y orientar su conducta. Los agentes seleccionan y descontextualizan elementos de la realidad, las codifican y recodifican, adaptándolas a esquemas de pensamientos previos. Siguiendo a Jodelet (1986), el análisis de las representaciones sociales supone detectar núcleos de sentidos que se producen mediante dos procesos, el de objetivación y anclaje.

Las representaciones sociales son fenómenos complejos que se presentan en diversas formas, como imágenes, sistemas de referencia, categorías y teorías. Son construcciones colectivas que reflejan la relación de los sujetos con el mundo y con los otros, y están influenciadas por su posición en la sociedad, la economía y la cultura. No son meras copias de la realidad, sino procesos que establecen relaciones significantes entre los sujetos y su contexto social.

El libro analiza cómo el Estado en su capacidad performativa, las escalas estatales, y las identificaciones político-partidarias se ven involucradas en los dos procesos básicos en la construcción de representaciones sociales, la objetivación y el anclaje.

La objetivación se descompone en tres fases –selección, descontextualización y naturalización– e implica la transformación de experiencias y conceptos abstractos en representaciones más concretas y accesibles. A través de la objetivación, las ideas y percepciones se materializan en formas que pueden ser compartidas y comprendidas socialmente.

En la fase de selección se lleva a cabo una elección de los elementos a representar, bajo el influjo de criterios culturales y normativos, eligiendo aquellos elementos que son más relevantes o que se alinean con el sistema de valores del grupo. Luego, la descontextualización permite que los elementos seleccionados sean reinterpretados y recontextualizados en nuevas situaciones, conformando el núcleo figurativo, lo que facilita la creación de representaciones que pueden ser compartidas y entendidas por diferentes grupos sociales. En la tercera fase, –naturalización–, los elementos seleccionados y descontextualizados se integran en la cultura y el sentido común del grupo.

El anclaje refiere al proceso de enraizamiento social de las representaciones y sus objetos, centrándose en la integración cognitiva del objeto representado dentro de un sistema de pensamiento preexistente, lo que permite que las representaciones se utilicen como marcos de referencia para interpretar la realidad y guiar conductas. El anclaje también implica la transformación de las representaciones en función de las experiencias y conocimientos previos de los individuos, asegurando que las nuevas representaciones se integren de manera orgánica en el pensamiento colectivo.

Por lo tanto, comprender las representaciones sociales sobre las demandas implica analizar el proceso de formación de las mismas. Para ello, el libro prioriza el carácter discursivo, relacional y diferencial de la realidad, con el fin de comprender la fijación de determinados significados sobre los problemas públicos.

Ahora bien, cabe enfatizar que en el marco de la investigación, se estudian las representaciones sociales de agentes que no se movilizan para definir la intervención sobre determinadas demandas o que participen en los procesos contenciosos o controversias sociotécnicas. Por lo tanto, se analizan los sentidos en circulación de agentes que no comparten interacciones y experiencias en formatos organizativos, y no cuentan con repertorios y saberes (técnicos, especializados, o expertos aún en un sentido lego) sobre demandas colectivas comunes. Así, sin contar con las representaciones de grupos sociales organizados, sino de sujetos que no tienen este tipo de vinculación, se puede analizar los sentidos en circulación sobre las demandas sin restringirse a un tema en particular o a los intereses particulares que nuclean a los grupos, y por lo tanto acceder a la multiplicidad y heterogeneidad de aquellas demandas que “emergen” en las representaciones de sentido común. De este modo, se busca reconocer los elementos compartidos e invariantes que definen los problemas públicos y explicar las diferencias entre grupos definidos por variables analíticas (voto, edad, lugar de residencia).

Ahora bien, la investigación retoma la perspectiva lacaniana en tanto prioriza al lenguaje en su acepción estructurante, mediado por cadenas significantes (Lacan, 2002). La acepción lacaniana del significante plantea que no hay significado sin significante, ya que los significantes responden y se definen por una estructura diferencial con otros significantes, conformando así una cadena que articula significantes. La acepción lacaniana permite desprenderse de una concepción de interdependencia entre el significado y el significante, que liga el significado a un significante particular. Al mismo tiempo, anticipa la pluralidad de relaciones significantes cuyos deslizamientos (Lacan, 2002) configuran la tematización de problemas públicos. En otras palabras, el énfasis lacaniano en la articulación justifica el foco en la dimensión estructural de las significaciones, sin asumir que ésta se construye por fuera de las relaciones sociales y, específicamente, de la socialización con lo estatal.

En el marco de la tesis, esta inversión permite dar cuenta que las demandas remiten a la interacción entre significantes, y no a una relación con un significado, en tanto que es en la relación-oposición entre significantes lo que produce sentido, reconociendo que el significante es pura diferencia. El estudio de las representaciones en términos de relaciones significantes comprende con mayor especificidad el proceso de anclaje, es decir, el proceso que confiere significado y utilidad a las representaciones. A su vez, resalta el rol del Estado en su capacidad performativa de definir simbólicamente los significantes y sus relaciones entre ellos, pero reconociendo cómo los sentidos resultantes se separan del “contexto original”, dando cuenta cómo las representaciones remiten a otras representaciones, pero cuya fuerza simbólica se sutura por los sentidos sobre lo estatal.

La metáfora del pentagrama que aporta Lacan (2009) resulta ilustrativa para comprender cómo se produce la significación, y cómo la misma permite reconocer que la estructura de las representaciones sociales sobre los problemas públicos necesariamente implica pensar en términos relacionales, diferenciales y de desplazamientos. Así como la orientación del sentido, como la disposición de las notas, no supone una linealidad en su interpretación, las representaciones de las demandas tampoco. La lógica del pentagrama vislumbra puntuaciones y temporalidades que dialogan en diferentes planos. Por ende, si una nota sobre una línea no significa nada sin la estructura del pentagrama y sin su relación con otras notas, un significante tampoco representa significación sin su articulación y deslizamiento con otros elementos co-variantes. Para comprender por qué un significante adquiere relevancia simbólica –y no otros, en la multiplicidad de posibilidades disponibles–, cabe señalar que esto se debe a que se encuentra en una posición relacional y diferencial con otros significantes que hacen a la configuración y los desplazamientos del sentido. Por lo tanto, la identificación de qué temas conforma la agenda de los problemas públicos, remite simultánea, relacional y diferencialmente a los diagnósticos, soluciones, responsables y sujetos destinatarios y a ser excluidos, que permiten reconocer cómo se involucra el Estado –en tanto memorias sobre las modalidades de intervención y horizontes de expectativas–, en los procesos de objetivación y anclaje de los mismos.

Aunque la metáfora del pentagrama resulta ilustrativa, sigue presentando limitaciones para poder dar cuenta de la complejidad –más allá del carácter relacional y diferencial– de cómo se mueven las relaciones entre significantes cuyas combinaciones dan sentido a los problemas públicos. Para ello más adelante se retoma el aporte de los cuadros semióticos de la lingüística estructural para poder especificar empíricamente la circulación del sentido común.

Ahora bien, a los fines del análisis, se revisa y discute brevemente la teorización laclausiana para retener la especificidad de las demandas como articulaciones entre significantes, pero, a diferencia de Laclau, se reconoce la capacidad simbólica del Estado en su rol de definir las categorías cuyas articulaciones significan las demandas de sentido común.

Siguiendo a Laclau (2011), se interpreta que las demandas sociales espejan el valor diferencial del significado en su articulación con otras exigencias insatisfechas, que no habrían sido resueltas institucionalmente. En este sentido todo elemento de la sociedad tiene un carácter discursivo que se define por su oposición relacional a otros elementos. Es así que, –a partir de la lingüística saussuriana (Saussure, 1978)–, se entiende que no existe un elemento que se privilegia por sobre los demás, sino que las relaciones entre elementos se definen por combinaciones y sustituciones entre sí.

En La razón populista, Laclau (2011) parte de una situación hipotética para describir cómo surgen determinados problemas (vivienda) que afectan a un grupo de personas y piden soluciones a las autoridades. Una demanda inicialmente puede ser solamente una petición, o convertirse en reclamo. En su perspectiva, la satisfacción, o no, de la demanda y el tiempo que persista, traza y define la capacidad institucional de absorber cada una de manera diferencial. Si la insatisfacción se sostiene, los agentes podrían percibir otros problemas insatisfechos, estableciendo relaciones equivalenciales entre las demandas. En la experiencia de la falta de respuesta institucional, las demandas podrían articularse bajo una lógica equivalencial que formaría una frontera antagónica entre el pueblo y el poder. Por lo tanto, la unificación de estas demandas devendría en un sistema estable de significación una vez que la movilización política alcanza su punto más alto (Laclau, 2011).

Por lo anterior, se podría resumir que el recorrido que realiza una demanda para conformarse como tal tendría su “origen” en el reconocimiento de una falta que es dirigida hacia un otro que debe ofrecer una respuesta institucional, cuya respuesta –satisfactoria o no–, mantiene a las demandas aisladas haciendo de ellas demandas democráticas. Empero, ante la frustración de la petición-reclamo, el reconocimiento equivalencial entre diferentes demandas llevaría a la formación de demandas populares, que se reconocen “imaginariamente” en los afectos, y el afecto con el líder.

Ahora bien, la situación planteada por Laclau tiende a, por un lado, reconocer la emergencia de las demandas de manera cuasi autoevidente por parte de los sujetos de existir insatisfacción, y por el otro, a suponer las respuestas institucionales mantienen aisladas a las demandas entre sí.

En el planteo de Laclau, el reconocimiento de una situación definida como problemática se presenta como autónoma o desprovista de determinados condicionamientos sobre los cuales el presete libro busca llamar la atención, como lo es la eficacia simbólica estatal en la sociabilidad de los agentes. Si para Laclau (2011), el Estado desarticula demandas, operando bajo la lógica de la diferencia, retomando la perspectiva bourdieusiana (Bourdieu, 2014), puede entenderse que el Estado favorece equivalencias simbólicas, en tanto que las demandas remiten a un horizonte estatalmente prefigurado de definiciones sobre la tematización, soluciones y sujetos. En el marco de las representaciones sociales de sentido común, el reconocimiento de situaciones definidas como problemáticas, que devendrían en demandas hacia un otro, surgen de su anclaje con las modalidades de intervención estatal que sedimentaron los esquemas de categorización y división sobre lo que tiene que ser demandado. En términos de lo anterior, las demandas remiten a los problemas públicos definidos y legitimados en la práctica estatal.

Sin embargo, cabe señalar que estas definiciones no tienen que ver con definiciones oficializadas por el Estado en términos de regulaciones, estatutos o normativas, sino a las propias prácticas y desplazamientos que el Estado hace sobre sí mismo. Así, la performatividad del Estado no se encapsula –exclusivamente– en un portavoz o en normativas, sino que se presenta en una multiplicidad de elementos que permiten explicar la multiplicidad de sentidos sobre los problemas públicos, pero no por ellos infinitos ni por fuera de lo estatalmente categorizado.

Así, en la medida que Laclau tendió a relegar de sus análisis el abordaje de la vida cotidiana intersubjetivamente creada, –en tanto proceso de construcción de las representaciones sociales–, aquí se buscó dar cuenta cómo las creencias e imaginarios históricamente sedimentados condicionan las ideas y por consiguiente de las formaciones equivalenciales sobre los problemas públicos.

Ahora bien, reconociendo el carácter relacional y diferencial de las demandas, se recupera la herramienta de los cuadros semióticos propia de la lingüística estructural de Greimas y Rastier (1973), que reconoce empíricamente la circulación del sentido común, y principalmente, cómo los significantes que conforman la estructura elemental de representación remiten a la capacidad de anclaje del Estado en su definición de pares categoriales.

Siguiendo a Greimas y Rastier (1973) la construcción del sentido es un proceso social que se ordena en función de las relaciones y desplazamiento entre pares categoriales –o semas–, cuyas relaciones dan significado a la realidad. Así, cabe considerar que la captación de significación de un sema (S) se encuentra en su término de contradicción con otro sema (S¯). Asimismo, estos semas se articulan en la forma del contenido por dos semas contrarios. Por lo tanto, el sema (S) reúne los semas S1 y S2 en una relación de contrariedad, formando un par categorial, que a su vez implica la existencia de los pares de contrariedad del sema de contradicción (S¯), es decir S1¯ y S2¯, (Greimas y Rastier, 1973).

Los desplazamientos son de: 1) de contrariedad, la diferencia entre categorías; 2) de contradicción, la afirmación y negación de una categoría; y 3) aserción, la implicación entre la afirmación de una categoría y la negación de otra. De tal modo, las articulaciones entre semas se conforman por relaciones de conjunción y disyunción que mantiene unidos y separados a los términos, que constelan seis términos que configuran la estructura elemental de la significación, representada en los ejes y relaciones que se ilustran en el cuadro semiótico:

Figura 2.1: Cuadro semiótico

Fuente: reproducido de Greimas y Rastier, 1973.

Los términos S1 y S1¯ , y S2 y S2¯ mantienen una relación de contradicción (representada por las líneas ( / ). La relación de contrariedad (- – -) articula a S1 y S2, y otra relación de contrariedad a y . Mientras que de aserción (…) se da entre S1 y S2¯, y entre S2 y S1¯ (Greimas y Rastier, 1973).

Dichas concepciones se retoman para analizar las representaciones sociales sobre las demandas y su relación con la capacidad simbólica del Estado, –reconociéndolo como productor de principios divisorios las relaciones entre significantes–, al tiempo que el Estado es objeto de tematización mediante la actualización de memorias –esquemas de pensamientos previos–, es decir, como significado. Así, en su apropiación de los sentidos del Estado, los agentes producen, actualizan y reproducen las posiciones del Estado, pero no linealmente, sino mediante complejas imbricaciones relacionales de contradicción, contrariedad y aserción. Al centrarse en el análisis estatal de las relaciones significantes sobre lo demandable, se puede comprender los efectos performativos que hacen a la construcción e interpretación de los problemas públicos, poniendo en diálogo la formación de demandas como precarias articulaciones simbólicas (Laclau, 2011) con las experiencias y memorias que actualizan prácticas estatales que son definidas, como legítimas e ilegítimas y definen las regulaciones morales (Bourdieu, 2014). Así, el conjunto de creencias y usos que definen los criterios morales sobre las demandas, dialogan con memorias de formas históricas de intervención, que permiten especificar históricamente la formación de demandas, siendo sensibles a los cambios en cómo el Estado opera.

Siguiendo a Jelin (2022) las memorias funcionan como un mecanismo cultural, en tanto que el sentido común de la experiencia cotidiana se compone de rutinas y comportamientos aprendidos, que parten de la evocación de las memorias que las ubican en los marcos sociales que habilitan los sentidos de la interpretación. Así, las representaciones, en tanto memorias que definen las expectativas, permiten reconocer cómo estos son la expresión del acento valorativo que acompaña cualquier contenido (Voloshinov, 1976). Así, cualquier elemento nuevo de la realidad se le adjudica una significación social, a partir del reconocimiento social que lo convierte en tema, pero, no como reflejo, sino refractante y distorsionado (Voloshinov, 1976).

En el marco del libro, la memoria como construcción social implica analizar las representaciones sobre las demandas, reconociendo su inscripción en las modalidades de intervención estatal pasadas. Así, se aborda el acento o peso valorativo (Voloshinov, 1976), como la expresión del anclaje de la capacidad performativa de los discursos estatales (Bourdieu, 2014), sobre la definición de los pares categoriales que significan cuáles son legítimos e ilegítimos a ser demandados, y cómo estos definen las regulaciones morales.

Por lo tanto, a través de las representaciones de sentido común se puede observar cómo ciertos elementos son privilegiados por sobre otros, para significar la complejidad de la cotidianeidad enmarcada por los problemas de la escala nacional y local. A la vez que las representaciones sobre la legitimidad de ciertas demandas parten de la actualización de modelos estatales que los anteceden y se traducen en las definiciones morales de los agentes.

Las definiciones sobre lo representado como legítimo e ilegítimo se vinculan a sentidos morales que remiten a la acción estatal sobre la reproducción material y simbólica de las condiciones de vida, mediadas por los sentidos sobre el trabajo y los liderazgos políticos. Asimismo, en tanto que remiten a las formas de intervención públicas, la escala local involucra otras dimensiones, como la producción del espacio urbano. En los siguientes apartados se desarrolla cómo se presenta dicho puente conceptual entre las demandas y el Estado, con los liderazgos políticos, el trabajo y el espacio urbano.

2.3. Liderazgo político y demandas ciudadanas. Partidos, líderes y Estado

En el apartado anterior se repusieron conceptualmente las definiciones en torno a las representaciones de sentido común, es decir, del conocimiento práctico (Jodelet, 1986), de los problemas públicos (o demandas) como precarias articulaciones simbólicas (Laclau, 2011) y desplazamientos (Greimas y Rastier, 1973), entre significantes (Lacan, 2002), que conforman la estructura elemental de los problemas públicos.

El ilbro se ordena por el supuesto de que las articulaciones entre significantes responden a la capacidad estatal de definirlas performativamente. Empero, aun compartiendo una estructura común de representación, los desplazamientos no reflejan, sino que modifican las categorizaciones del Estado, en tanto que remiten a otras significaciones.

En este marco, se observó que las identificaciones político-partidarias segmentan el tipo de desplazamientos entre las categorías estatalmente oficializadas, reconociendo cómo determinados grupos de votantes se diferencian de otros.

Las significaciones sobre la figura del liderazgo político (dirigentes políticos, y en particular el ejecutivo nacional y local) forman parte de la estructura elemental de significación, transversalmente a las significaciones sobre los problemas y soluciones a las escalas nacional y local. Así, su estudio permite observar la capacidad performativa del Estado para consagrar diferencialmente las demandas, y los roles esperados frente a las mismas que deben encarnar los representantes.

El presente apartado resume las principales perspectivas teóricas y antecedentes académicos que abordaron la relación entre demandas ciudadanas, partidos, dirigentes políticos y Estado, enmarcadas en las definiciones conceptuales de representación, identificación y liderazgo político. Por un lado, se describen las discusiones clásicas en torno a las nociones de delegación, autonomía y deliberación (Pitkin, 1985, Urbinati y Warren, 2008), las propuestas que reponen en la dimensión performativa vinculada a la performance de líderes (Saward, 2006), las transformaciones en los partidos políticos (Mair y Katz, 1997), el liderazgo como capacidad de nominación (Laclau, 2011), y los liderazgos de audiencia y proximidad (Manin, 1998; Rosanvallon, 2007, 2020).

Una vez revisitadas las perspectivas teóricas sobre la representación y el liderazgo político, se propone comprender que la representación política (en el marco de las representaciones de sentido común), implica afirmarse y ser afirmado por otros con la capacidad de hablar y actuar en “nombre de” (Bourdieu, 1988, 2005), pero como encarnación estatal de capacidad de decisión.

En términos de lo anterior, se reconstruyen los antecedentes sobre los liderazgos políticos en Argentina que abordaron las transformaciones sobre la representación política. Entre ellos se destacan aquellos que abrevaron en la metamorfosis de los liderazgos de las democracias de masas hacia las de audiencias (Palermo y Novaro, 1996; Cheresky, 1996, 2006; Levita, 2011; Annunziata, 2011), y los que enfatizaron en las transformaciones sobre las identificaciones partidarias (Aboy Carlés, 2001; Mauro, 2010, 2011, 2012b, 2021), en relación a la crisis de representación política y las transformaciones en la conducta electoral (Mustapic, 2002; Torre, 2003), como así también la emergencia del liderazgo y el electorado libertario –contemporáneo al trabajo de campo desarrollado–, como rechazo hacia el Estado (Semán y Welschinger, 2023; Torcal y Carty, 2023; Nazareno y Brusco, 2023; Caruncho, 2024), que habrían configurado un vínculo político no a partir de la identificación partidaria positiva, sino negativa en rechazo a un otro (Brusco, 2023; Cavieres et al., 2025). Asimismo, se explicitan las definiciones sobre la política y los liderazgos subnacionales (Behrend, 2011; Lodola, 2017), que los caracterizaron a partir de un tipo de capital personal y territorial (Ortiz de Rozas, 2017a).

A partir de la reconstrucción de cómo estos antecedentes tendieron a coincidir en que la corrosión de las identidades sociales tendría su correlato en la crisis de representación, y con ella la emergencia de líderes de audiencia y proximidad, se propone recuperar la dimensión simbólica del liderazgo imbricada al Estado, retomando la noción de Bourdieu (1988, 2005) y perspectivas inspiradas (Collado-Campaña et al., 2016).

En El concepto de la Representación, Pitkin (1985), parte de la definición general de la representación como hacer presente algo que de hecho no está. Ante la paradoja de esta dualidad, reconstruye diversas perspectivas semánticas y etimológicas de la representación en torno a cuatro grandes concepciones –formalista, descriptiva, simbólica y sustantiva– que permiten reflexionar en torno a los representantes en clave de mandato o autonomía frente a los representados. La representación política supondría que se “actúa por” en el nivel público, conllevando la obligación de buscar el interés público y ser sensible ante la opinión pública. Por tanto, para Pitkin (1985), la representación democrática debe conciliar la tensión entre autonomía y control, y acción independiente y responsabilidad.

En otra línea, Urbinati y Warren (2008) resaltaron la dimensión deliberativa de la representación en su crítica a las concepciones que la entienden como delegación o como un mecanismo para limitar la participación popular. La democracia representativa conformaría, para los autores, más que un sistema electoral, o la mera presencia del pueblo a través de sus delegados, conteniendo una dimensión deliberativa como reflexiva, y que involucra instancias de vigilancia, crítica y la formación de juicios públicos.

Mair y Katz (1997) analizaron la representación política a partir de la evolución histórica de los partidos y su papel en la articulación entre sociedad civil y Estado, diferenciando diacrónicamente entre partidos de masas, atrapa-todo y el partido cartel. El partido de masas (finales del siglo XIX y principios del XX), se habría organizado a partir de una vinculación orgánica y jerárquica con sectores sociales específicos, como sindicatos, campesinos o movimientos religiosos, con una presencia territorial y militante extensa, expresando intereses colectivos, mediando entre demandas sociales y la toma de decisiones estatales. Los partidos atrapa-todo habrían surgido como efecto de la erosión de las identidades sociales tradicionales. En este contexto, la representación no expresaría los intereses de un colectivo en particular, sino que su objetivo sería ampliar la base electoral a través de la moderación programática, la profesionalización y mediatización de sus dirigentes. El partido cartel se caracterizaría por la simbiosis entre partidos y Estado, y su desvinculación de la sociedad civil. Según los autores, la creciente profesionalización y dependencia de los partidos hacia los recursos del Estado, llevarían a la cooperación mutua entre partidos y Estado para regular la competencia electoral y garantizar la estabilidad del sistema, transformando a la democracia en un mecanismo de gobernabilidad y gestión, en detrimento de la movilización y deliberación ciudadana.

Por otro lado, otros autores han indagado en una acepción de performatividad diferente a la que aquí se retoma en asociación a los liderazgos. Saward (2006) la vincula a la performance entendida como una puesta en escena. Lejos de una relación espejada entre ciudadanos y dirigentes, la representación supondría un acto performativo que se desarrolla en un espacio determinado. Este proceso implicaría una “reivindicación representativa”, que involucra la construcción narrativamente de la representación de sí, y del grupo a quienes espera representar (sus intereses o demandas) como si hablaran en su nombre, reivindicando para sí el lugar legitimante que puede ser aceptado (o no) por una audiencia. El representante no se limitaría a canalizar los reclamos sociales, sino que participaría en su definición, reformulación y visibilización.

En la obra laclausiana, la figura del líder (Laclau, 2011) adopta un rol fundante en la relación entre demandas y ciudadanía, al ser quien nomina la operación hegemónica que permite articular equivalencialmente las diferentes demandas. Para que su investidura sea representativa, Laclau reconoce que es necesario que esté articulado con la fuerza que le da el afecto hacia el líder.

Así, la constitución de las identidades populares se da en la medida en que una demanda particular, en su diferencia, asume la representación de la totalidad inconmensurable. En esta operación hegemónica (Laclau y Mouffe, 2015), una diferencia, sin dejar de ser particular, deviene en el orden del significante vacío. Así, el pueblo no conformaría una expresión ideológica, sino una relación entre agentes que exhibe la operación hegemónica de una demanda particular que asume la representación de la totalidad inconmensurable.

Así, en la medida que la identidad de los agentes no se encuentra sujeta a su inscripción de clase, el campo político no podría ser interpretado en tanto representación de intereses. El proceso de formación de las identidades deviene constitutivo de la representación, en tanto que responde a la articulación (precaria) de las variadas posiciones que ocupan los sujetos. En este sentido, que los sujetos se identifiquen (exitosamente) con la interpelación forma parte del proceso hegemónico articulatorio por lo que la identidad solo se constituye en actos de identificación. Asimismo, la división del espacio que articula equivalencialmente las demandas y las diferencia de otras, requiere del cierre relativo del mismo para la construcción discursiva antagónica. De esta manera, la constitución de un grupo es relacional, en tanto que la interioridad requiere de la exclusión de un otro para constituirse como totalidad (Laclau, 2000). Por tanto, el exterior (una alteridad) haría posible la emergencia del interior, a la vez que lo amenaza, haciendo que el grupo se constituya políticamente.

De manera semejante a las periodizaciones realizadas por Pitkin en torno al concepto de representación, y por Mair y Katz sobre las transformaciones de los partidos políticos, Manin (1998) y Rosanvallon (2007) se preguntaron por las transformaciones del lazo representativo, diferenciándolo del tipo de representación de las democracias de masas del siglo XX, y asumiendo la pérdida de representación entre los intereses de clase y su correlato con un determinado partido. El desencanto democrático y de los programas partidarios, habrían llevado a una mayor personalización de la política o, en otros términos, de “reencarnación del Estado”, que se apoya en la figura individual del dirigente, en su carisma, en la construcción de una identidad política singular y en la visibilidad mediática (Rosanvallon, 2020).

Manin (1998) se centró en la metamorfosis hacia las democracias de audiencia, organizadas en torno a la figura de los líderes, y cuya reconfiguración del lazo representativo se basa en la proximidad y en la presencia de candidatos en medios de comunicación como un nuevo tipo de legitimidad de la representación. Para Rosanvallon (2007), la noción de contrademocracia repone en las prácticas de control y vigilancia de la ciudadanía, entendiendo que la legitimidad no se reduce al mandato formal, sino en cómo se expresa la confianza y la proximidad en las democracias representativas contemporáneas. Mientras que la representación política se organizaría bajo la lógica de la distinción (cualidades excepcionales) y la identificación (cercanía, familiaridad, compasión), los líderes actuales serían valorados en su presencia ordinaria y cotidiana, entendida como proximidad, empatía y sensibilidad hacia las experiencias particulares (Rosanvallon, 2007).

Ciertamente, las propuestas de Rosanvallon y Manin se inscriben en los diagnósticos que desde fines del siglo XX se han focalizado en el tránsito hacia la denominada modernidad tardía (Giddens, 2008), que permitiría describir las articulaciones que reconfiguraron el modelo de acumulación capitalista. Entre los principales efectos que han caracterizado a la modernidad líquida (Bauman, 2003), reflexiva (Giddens, 2008), postindustrial (Touraine, 2016), o individualizada (Beck, 2006), se encuentran las formas de subjetivación de los agentes en contextos de desinstitucionalización e individualización de las experiencias. Se presenta un diagnóstico compartido por diferentes autores para pensar una escala global donde la proximidad se volvería la principal característica demandada y esperada de los representantes y el Estado, deviniendo en la nueva forma de legitimidad de la política contemporánea. Por lo tanto, frente a la crisis de representación, el Estado se reencarnaría en los líderes en los que adquiría un cuerpo visible como mecanismo de cercanía entre representantes y representados (Rosanvallon, 2020).

Más adelante, a partir de los emergentes en torno a lo estatal que se presentan en la investigación, se reformula la noción de “reencarnación” de lo estatal y sus efectos de sentido sobre las nociones de proximidad y de atención a la individualización de las experiencias, teorizadas por Rosanvallon (2007, 2020).

Ahora bien, en cuanto a los antecedentes sobre las transformaciones del lazo representativo en Argentina, las nociones de crisis de representación y de liderazgo carismático han tenido una relevancia central. Cheresky (1996, 2006) retomó la perspectiva de Manin en torno a la reconfiguración del vínculo representativo desde retorno de la democracia, señalando el declive, debilitamiento y desagregación de las viejas mediaciones corporativas y de los partidos políticos, en pos de una competencia política que pasa a estar cada vez más en manos de los liderazgos de popularidad (Cheresky, 1996). Así, la ciudadanía adquiría un carácter autónomo y fluctuante en su comportamiento electoral, que ya no respondería a pertenencias partidarias o corporativas estables como anclaje de las identidades políticas. Frente a estas transformaciones en el electorado, los líderes se verían obligados a sostener su autoridad frente al escrutinio permanente de la opinión pública y de una ciudadanía que se expresa tanto en encuestas como en protestas o acciones directas (Cheresky, 1996).

Palermo y Novaro (1996), destacaron que el liderazgo menemista introdujo un modelo político basado en la centralidad de la figura presidencial, en el cual la representación dejó de estructurarse principalmente en torno a partidos y organizaciones intermedias. Levita (2011) también identificó que la democracia Argentina, –al igual que otras democracias contemporáneas–, se vincula a un proceso de creciente personalización de la política bajo liderazgos individuales, la mediatización del vínculo representativo y el debilitamiento de las mediaciones colectivas tradicionales. Mustapic (2002), de manera semejante, remite al concepto de personalización del voto, para indicar que las figuras de los candidatos adquieran mayor visibilidad y peso propio en cada elección, en desmedro de los partidos. En tanto, Torre (2003) atendió el colapso del sistema de partidos tras la crisis de 2001, enfatizando que el electorado ya no se movilizaría en torno a identidades partidarias sólidas, sino que se vuelve más volátil, fragmentado y pragmático, generando inestabilidad en la competencia política.

Annunziata (2011), –retomando las perspectivas de Rosanvallon y Cheresky– propuso el concepto de “representación de proximidad” como una de las transformaciones centrales de las democracias actuales, y particularmente para el caso argentino. Frente a la aparición de liderazgos altamente personalizados y el rechazo masivo hacia “la clase política”, la representación de proximidad se caracterizaría por la búsqueda de los dirigentes de presentarse como “personas comunes”. La autora vincula esta forma de representación con un tipo de identificación anticarismática, es decir, líderes cuyos atributos exhibiría la capacidad de escucha y daría lugar a la espectacularización de la intimidad. En este sentido, los liderazgos ya no se construirían como el líder carismático teorizado por Weber, es decir, en figuras extraordinarias, heroicas o salvadoras, sino que enfatizarían atributos ordinarios y familiares que logren reflejar los problemas cotidianos de los ciudadanos.

Por su parte, Aboy Carlés (2001) revisitando la perspectiva laclausiana, ha señalado que la representación en la Argentina se ha articulado alrededor del clivaje peronismo y antiperonismo que, lejos de ser simples reflejos de la sociedad, responde a construcciones políticas sedimentadas en prácticas de movilización, discursos y liderazgos carismáticos. El liderazgo, no se explicaría solamente por rasgos personales o por un “estilo”, sino por la capacidad de articular y sostener esa frontera, instituyendo una representación que no remite a identidades preexistentes sino a la producción de un “nosotros” popular, que se basa en la operación performativa que articula demandas heterogéneas en una cadena equivalencial y produce la identidad como efecto de esa articulación.

Mauro (2011), en una línea similar a la de Aboy Carlés, pero enfocado en la coyuntura Argentina post crisis del 2001, no se limita a señalar una crisis de representación, sino que busca mostrar la mutación de las formas de identificación que sostienen la vida política contemporánea. En lugar de identidades con anclajes sólidos, señala la emergencia de formas más volátiles de identificación, observando la emergencia de formas más directas e inestables en la relación entre representantes y representados, que se construyen a partir de coyunturas específicas (Mauro, 2010). Los liderazgos individuales, el impacto de la opinión pública, el rol de los medios de comunicación y la acción directa de la ciudadanía conformarían elementos decisivos en la configuración del espacio democrático (Mauro, 2012a). En este marco, destaca la centralidad del liderazgo presidencial ya no apoyado en estructuras partidarias estables, sino en la capacidad del presidente de construir legitimidad de manera inmediata y continua, respondiendo a demandas ciudadanas cambiantes. Este proceso no implica la desaparición de los partidos, pero sí una transformación en su función, en tanto ya no son los principales organizadores de la representación, sino que adquieren un rol secundario frente a la capacidad de los líderes de establecer un vínculo directo con la ciudadanía (Mauro, 2011).

Por otro lado, el caso de la emergencia del liderazgo de Javier Milei y el electorado libertario –que enmarcó los relevamientos cualitativos realizados–, los antecedentes indicaron que no se trata de una subjetividad política plenamente constituida, sino una identificación negativa (Cavieres et al., 2025) sostenida en el rechazo a “la casta política”, a los partidos tradicionales y a ciertas instituciones estatales, y de apoyo a sus propuestas de contenido económico neoliberal (Nazareno y Brusco, 2023; Brusco, 2023). En cambio, otros autores (Torcal y Carty, 2023) enfatizaron que los votantes de LLA se caracterizaron principalmente por una fuerte afinidad intragrupal, es decir, de sentimientos positivos hacia su propio partido y sus seguidores, más que por la hostilidad intergrupal que de hecho marcó una disminución en los sentimientos negativos hacia los votantes de los otros partidos, reforzando así la polarización afectiva (Torcal y Carty, 2023). En otro sentido, Caruncho (2024) indicó que el liderazgo propio de la “derecha radical” de Javier Milei conjugó rasgos carismáticos, mesiánicos y antipolíticos que, en contexto electoral, recurrió a discursivos y escenificaciones que combinaron la retórica del outsider con la épica del héroe y el lenguaje apocalíptico. De manera similar, Semán y Welschinger (2023) señalaron que Milei se presentó como un actor que encarna la denuncia de la “casta” y la promesa de liberar al individuo de las ataduras estatales, cuyo liderazgo se caracterizó por la centralidad de su performance política, conectando con las experiencias subjetivas de precariedad y frustración, al traducirlas en claves morales y políticas.

En cuanto a la política y el liderazgo de escala subnacional, Behrend (2011) definió a la política subnacional como el conjunto de dinámicas políticas que se desarrollan en unidades federales que poseen cierto grado de autonomía. No se trata de espacios administrativos de descentralización, sino de arenas que, cuando logran constituir lealtades y prácticas específicas, influyen en los procesos de desnacionalización del sistema político. Asimismo, Lodola (2017) ha indicado que los liderazgos subnacionales no solo dominan electoralmente sus distritos, sino que también manejan recursos fiscales y ejercen control sobre las carreras políticas de otros dirigentes. Así, la política subnacional surge de la propia configuración federal del Estado, que habilita márgenes de autonomía en la gestión de recursos y en la construcción de poder territorial (Lodola, 2017). En cuanto a los liderazgos locales, el autor llama la atención sobre los atributos sociales, las trayectorias de los gobernadores y sus lazos familiares o sociales vinculados a élites políticas ya establecidas.

Desde otra perspectiva, Ortiz de Rozas (2017a) ha concebido al liderazgo político subnacional como una construcción fuertemente vinculada a la capacidad de los actores de articular poder territorial y legitimidad política en contextos provinciales heterogéneos. En este marco, la noción de capital territorial refiere al control de recursos territoriales, institucionales, políticos y personales, que se nutre de redes clientelares como del manejo de recursos estatales. La autora enfatiza en los atributos individuales como el carisma, la trayectoria política, la capacidad de construir lealtades y de generar identificación con el electorado, como los elementos que le permiten movilizar apoyos y negociar con otros niveles de gobierno (Ortiz de Rozas, 2017a).

Ahora bien, las teorías y los antecedentes académicos sobre el caso argentino resultan esclarecedoras para reconocer las transformaciones de los liderazgos y la representación de las últimas décadas. Si bien la investigación no buscó indagar en las razones del voto del 2023 por el ejecutivo nacional y los locales, ni de los procesos de identificación política, si buscó reconocer cómo segmentaban los desplazamientos significantes en las representaciones sobre los problemas públicos. Se reconoció –a la par de los antecedentes–, que no resulta adecuado referirse a las identidades políticas, en tanto lealtades duraderas y afiliaciones partidarias, sino a la identificación política (Mauro, 2011), reconociendo la mayor fragmentación y volatilidad en la elección de los representantes. Para ello, siguiendo a Aguilar López (2008), se tuvo en cuenta que la continuidad en el comportamiento electoral (voto pasado), permite reconocer cierta estabilidad, y suponer un determinado vínculo de pertenencia con los valores e intereses hacia un partido, que no se sostienen, por ejemplo, con la simpatía, preferencia o la intención voto (Aguilar López, 2008). Así, el análisis retomó de modo operativo al concepto de identificación partidaria o posicionamiento político-partidario, como variable de corte que permitió dar cuenta las diferencias entre desplazamientos significantes, pero no como variable que estructura o determina agendas polares sobre los problemas públicos o sobre los roles esperados de quien ocupara el ejecutivo nacional o local.

A partir de los antecedentes académicos señalados sobre la representación y los liderazgos a nivel nacional y local en Argentina, se observa que los mismos repusieron en el carácter individualizado de la personalidad de los líderes y en los atributos de proximidad, mientras que del electorado enfatizaron el debilitamiento de las identidades partidarias, además de una creciente polarización de las demandas ciudadanas cuyo principal antagonismo, en el caso del representante libertario y sus votantes, estuvo en el Estado.

Ahora bien, aunque ciertamente los representantes enfatizan una dimensión personalizada de su liderazgo, en el marco del sentido común –por lo menos en los casos analizados– el tipo de liderazgo demandado en la coyuntura electoral argentina del 2023 dio cuenta de un carácter despersonalizado, en la medida en que la legitimidad no se concentraba ni en los atributos personales de los candidatos, ni en la demanda de atención a la particularidad y a la presencia, marcada por una creciente individualización de la ciudadanía, ni en una lógica de distinción signada por cualidades excepcionales de los representantes, ni tampoco en su capacidad articuladora de nominación de la figura del pueblo.

En las significaciones estudiadas, la tematización del liderazgo estuvo anclada a las expectativas de que quien ocupe el ejecutivo logre encarnar la capacidad de decisión del Estado frente a un espacio representado –en aquella coyuntura– como un lugar vacío. El significante de la ausencia permitió reconocer el fundamento legitimante de la representación política, el cual se basaba en la actualización de sentidos sobre el cumplimiento de los roles esperados de intervención estatal –diferenciados según el nivel estatal– antes que en una voluntad individual magnificada. Por lo anterior, el libro propone comprender el concepto de representación política como encarnación estatal, pero como capacidad de decisión sobre los roles esperados.

Esta acepción teórica que se propone en el libro busca profundizar en las representaciones sociales sobre las figuras que ocupan los ejecutivos, apartándose de los antecedentes que ya han analizado carreras dirigenciales (Rotman y Varetto, 2017; Lodola, 2017; Rodrigo, 2018), discursividades políticas (Retamozo y Fernández, 2010) y estrategias de comunicación electoral o de gobierno (Canel, 2006; Amadeo, 2016). Así, antes que, en las prácticas de los dirigentes o su desempeño en los comicios, se colocó el foco en cómo las representaciones sociales de sentido común exhiben el rol de los representantes que ocupan el ejecutivo (nacional o local) como capacidad de decisión sobre determinadas categorías simbólicas.

Por lo anterior, este libro llama la atención sobre la necesidad de abordar la dimensión simbólica del liderazgo y la representación política anclada al Estado, más allá de los abordajes en el carácter micro o individual de los sujetos, o en el carácter macro de los contextos (Collado-Campaña et al., 2016). En este marco, la encarnación estatal no se daría en el sentido individualizado de la definición propuesta por Rosanvallon (2020), ya que, bajo la lógica de la identificación y la legitimidad de proximidad, el Estado resultaría simbólicamente subordinado a la figura de los líderes y dirigentes, pero tampoco se encontraría bajo la lógica del partido cartel teorizado por Mair y Katz (1997).

Siguiendo esta línea, el “hablar y actuar en nombre de” que hace a la representación no remite necesariamente a una relación metonímica donde los representados y sus intereses esperan ser encarnados por el representante. Es así que en este libro se entiende la representación política en tanto delegación (Bourdieu, 1998, 2005), pero la delegación de cumplir con los roles esperados del Estado, y no una libre atribución de autonomía e independencia por parte de los representantes, sino la de encarnar la capacidad de decisión del Estado, a partir de las definiciones sobre las legitimidades e ilegitimidades a ser atendidas.

Por tanto, se propone un abordaje que no encapsula los análisis de la representación y los liderazgos a la personalidad o cualidades de sujetos puntuales. Así, aunque estos enfoques resultan esclarecedores para reconocer múltiples dimensiones del liderazgo –como la construcción discursiva sobre sí mismos, sus prodestinatarios, sus adversarios y el electorado asociado en tanto contradestinatarios (Verón, 1987), el rol de las relaciones socioculturales que habilitan que algunos discursos y prácticas de los representantes tengan efecto sobre el electorado (Alexander, 2017)–, no priorizan cómo los líderes logran legitimarse y obtienen el reconocimiento en la práctica social, como parte del entramado de prácticas simbólicas y discursivas estatalmente legitimadas (Collado-Campaña et al., 2016).

El enfoque del libro resalta que la legitimidad de los liderazgos se sostiene en la capacidad de los representantes de encarnar los roles esperados del Estado, es decir, en las significaciones sobre las modalidades de intervención estatal que funcionan de anclaje para las representaciones sobre la tematización y jerarquías de los problemas públicos, diagnósticos, resoluciones esperadas y criterios de legitimidad de beneficiarios. Por lo tanto, la relación entre demandas ciudadanas y representantes no se reduce a una transferencia directa de intereses o negociaciones (más o menos desde posiciones asimétricas), sino que remite a marcos interpretativos que definen qué demandas son relevantes y cómo deben ser atendidas. Esta interpretación de la noción de liderazgo, por lo tanto, permite comprender otras dinámicas, a las que se podría arribar bajo las nociones de líder-órgano u hombre-pueblo conceptualizadas por Rosanvallon (2020), quien retoma y se apoya en la obra de Laclau para analizar los liderazgos populistas, que quedan subordinados, o despersonalizados, frente a su encarnación de pueblo, cuya soberanía se concentra en la relación emocional con el pueblo que dice representar.

El abordaje de las representaciones permite reconocer empíricamente la capacidad performativa del Estado para consagrar diferencialmente las demandas, y los roles esperados frente a las mismas que deben encarnar los representantes.

Ahora bien, las categorías empleadas por el sentido común no son cualquier tipo de temas demandados, ni son las mismas para la escala nacional y local. En el entramado de expectativas en torno al Estado nacional argentino del 2023, y su encarnación como capacidad de decisión del ejecutivo, se reconoció una estructura común de representación sobre los problemas públicos y de los roles esperados de los dirigentes sobre estos. Las categorías del trabajo en tanto empleo típico, su articulación con la asistencia, y las protecciones vinculadas al estatuto del empleo y la crisis económica, estructuraron las significaciones de sentido común. Estos significantes se situaron en un valor diferencial y jerárquico en relación con otros, invistiendo al trabajo de una centralidad simbólica de legitimación por sobre los demás.

Por lo anterior, si bien las teorías de la representación se alejaron de la capacidad articuladora del empleo –en tanto las identidades no se definen por la posición en la estructura de clase, y ni el voto ni la identificación con un partido o líder se desprenden linealmente de dicha posición–, la investigación abordó cómo las representaciones sobre el empleo y la asistencia funcionan (al menos para la coyuntura analizada) como la frontera divisoria entre representaciones de ciudadanos legítimos e ilegítimos y, con ellos, la representación de determinados posicionamientos políticos vinculados a cada uno. En este sentido, se reconoció algo que resulta contraintuitivo. Grupos de identificaciones político-partidarias diferentes se constituyen de manera interna a partir de la exclusión de otro, incluso cuando no se definen como tal por una pertenencia partidaria, pero comparten una misma estructura simbólica sobre quiénes son los grupos significados como antagónicos y, por tanto, como parte de los problemas. Es en este punto donde, lejos de presentarse demandas ciudadanas polarizadas, se reconoció que los agentes, según la identificación partidaria, realizan diferentes desplazamientos de sentido.

2.4. La centralidad simbólica de la condición salarial

En el marco de las representaciones de sentido común sobre los principales problemas a nivel nacional, el empleo, en tanto categoría analítica, tuvo un peso estructurante en las operaciones de significación. Como elemento significante, se reconoció que su significación se configuraba a partir de su relación con las representaciones sobre las protecciones sociales, la asistencia y la crisis económica, como una parte de la estructura de los problemas públicos, que simultáneamente definía las fronteras entre diferentes tipos de ciudadanos legítimos e ilegítimos de recibir (o no), las protecciones estatales vinculadas al trabajo. Por lo tanto, la relación con el empleo y su par significante asistencia demarcaban las demandas de inclusión y exclusión de determinados grupos. Asimismo, estas definiciones dieron cuenta de dos operaciones simbólicas. Por un lado, remitían a las modalidades de intervención estatal. Por el otro, los desplazamientos entre significantes y el peso simbólico dado a cada uno, varió según el posicionamiento político-partidario, exhibiendo de tal modo un tipo de identificación partidaria.

Por lo tanto, por su relevancia en el marco de las representaciones sobre los problemas públicos y su articulación con los sentidos sobre los roles estatales, se desarrolla la definición de la categoría de “trabajo” desde sentido común, retomando la noción de estatuto del empleo de Castel (2010). En el marco de las representaciones de sentido común, las significaciones sobre el empleo cargan de significación a la cotidianeidad de los sujetos, actualizando, en ese proceso, la distinción entre modalidades típicas y atípicas de trabajo (De la Garza Toledo, 2009). Por otro lado, aun reconociendo la necesidad de enfatizar en la dimensión simbólica del empleo para comprender las significaciones ciudadanas, cabe señalar las propuestas de otros autores como Beck (2006), Touraine (2016), Bauman (2008), Manin (1998), que relativizan la dimensión simbólica del trabajo, en tanto permite contextualizar teóricamente la relevancia de la perspectiva aquí desarrollada.

Castel (2014) señala que el trabajo, en su concepción inicial dentro del capitalismo moderno, se reducía a una relación puramente mercantil. El trabajador “alquilaba” su fuerza de trabajo a través de un contrato civil que lo situaba en condiciones de gran vulnerabilidad frente al empleador, quedando expuesto a la precariedad cotidiana y a la incertidumbre sobre su subsistencia. En la primera mitad del siglo XX, la organización de la sociedad salarial implicó el pasaje del trabajo al empleo. El trabajo, transmutado jurídicamente en empleo, se caracterizó por dejar de ser una simple transacción mercantil para constituirse en un estatuto protegido por derechos sociales y laborales. El empleo se definió entonces como una relación dotada de garantías no mercantiles, entre las que se incluyen el derecho a un salario mínimo, las normas de protección del derecho laboral, la cobertura frente a accidentes o enfermedades y el derecho a la jubilación o retiro (Castel, 2014). La condición salarial implicó disponer de una base de recursos y de garantías que permiten a los individuos gobernar su presente y proyectarse hacia el futuro. Por lo tanto, la sociedad salarial se sostuvo por la cobertura de protecciones sociales construidas sobre el trabajo, que otorgan acceso a una forma de ciudadanía social, al consolidar el estatuto del trabajo como pilar de integración (Castel, 2014).

Castel (2010) define a las protecciones como el conjunto de dispositivos que buscan neutralizar la inseguridad inherente a las sociedades modernas, sin constituir garantías absolutas ni de condiciones permanentes, sino de construcciones históricas, sociales y jurídicas. Así, las protecciones sociales corresponden al Estado social, buscando asegurar a los individuos frente a los principales riesgos sociales (Castel, 2010).

Como resultado, el Estado asume una dimensión central frente a la erosión de las antiguas formas de pertenencia como la familia, linajes y corporaciones, asumiendo la tarea de proveer un entramado de garantías civiles y sociales. En consecuencia, la seguridad no surge de la autosuficiencia del individuo, sino de la articulación de derechos e instituciones públicas, que otorgan un horizonte de previsibilidad y un soporte material (Castel, 2014).

En La metamorfosis de la cuestión social Castel (1997), define a la asistencia como una de las formas de respuesta frente a la vulnerabilidad social que, a diferencia de las protecciones asociadas a la condición salarial, se dirige a quienes se encuentran fuera del mercado de trabajo o en situaciones de desamparo extremo. Así, la asistencia interviene donde los mecanismos de integración por medio del empleo resultan insuficientes o fallan, conformando en las sociedades contemporáneas, una suerte de periferia frente a la centralidad del estatuto del empleo. La asistencia guarda la ambigüedad de ser una respuesta necesaria frente a la exclusión y la pobreza, evitando la ruptura total del lazo social, al tiempo que se trata de ayudas condicionadas, sujetas a criterios de elegibilidad, y de control, que tienen un efecto estigmatizante. Castel (1997) analiza el presente como un período de desestructuración del empleo estable y de debilitamiento de las protecciones que habían definido a la sociedad salarial. El empleo, que había funcionado como el eje organizador de la cohesión social y soporte de los sistemas de protección, atraviesa un proceso de fragmentación, donde la asistencia aparece como un complemento necesario pero incapaz (Castel, 1997).

Ahora bien, en el marco de la investigación, el análisis de las representaciones sociales permitió dar cuenta que, –aunque efectivamente existe una erosión del empleo protegido y una fragilización de las protecciones sociales (Castel, 2010) –, el Estado, bajo la forma del estatuto del empleo, guarda la capacidad de establecer anclajes simbólicos en las representaciones ciudadanas sobre las protecciones sociales y la garantía de derechos sociales, conformando un elemento predominante de la estabilidad cotidiana (Castel, 2010), demandado, a su vez, como un rol esperado. En esta línea, el libro aborda esta definición del empleo como categoría analítica –aunque en las representaciones de sentido común se lo nomine como trabajo–, porque permite dar cuenta cómo las significaciones articulan sentidos en torno a legitimidades y estigmatizaciones que se desplazan entre representaciones sobre las protecciones, los trabajadores y los beneficiarios de asistencia.

A su vez, cabe advertir que la investigación no se inscribe en un análisis sobre el trabajo que aborde la segmentación de las representaciones sociales a partir de la posición que ocupan los sujetos en la estructura ocupacional. De la misma forma, si bien constituye un interrogante central en el campo de la política social y la sociología laboral (Castells y Portes, 1989), entre otros, tampoco busca reconocer la capacidad del trabajo como integrador social, y en particular para distintas facciones de sectores populares. Finalmente, este libro no repone en un abordaje sobre el régimen contractual del trabajo para abordar la constitución del derecho del trabajo o de las protecciones sociales. Por lo tanto, aunque estos ejes de análisis son abordados transversalmente al objeto de la investigación, esta se focaliza en cómo se configuran simbólicamente los problemas públicos en el marco de las representaciones de sentido común.

El empleo, como demanda en el marco de las representaciones de sentido común, conforma un elemento simbólico que estructura las fronteras entre tipos de ciudadanos, según sea su relación con el Estado y el mercado de trabajo. Para ello, retomando la capacidad performativa del Estado (Bourdieu, 2014) y especificándola teóricamente a partir de los aportes de Castel (1997, 2010, 2014), se entiende que el Estado “hace lo social” mediante la regulación entre el capital y el trabajo, así como a través de distintas políticas destinadas a la población que no tiene acceso al empleo.

Al mismo tiempo, la significación del empleo supone ciertas expectativas y distinciones en torno a sus tareas. El trabajo típico (De la Garza Toledo, 2009) supone su semejanza a la concepción de un tipo de trabajo ideal caracterizado por ser un empleo asalariado regulado bajo un contrato por tiempo indeterminado asegurando estabilidad, subordinado a una relación laboral con un patrón, a tiempo completo y afín a la producción industrial y a la fábrica mecanizada. Este modelo sirvió como base para construir conceptos centrales como mercado de trabajo, control del proceso laboral y regulación de las relaciones obrero–patronales (De la Garza Toledo, 2009). Por contraposición, el trabajo atípico es un tipo de trabajo que no está subordinado a una relación bilateral con un patrón, y si bien necesariamente no es precarizado, sí está desprotegido y bajo condiciones más flexibles y fragmentadas, como los trabajos por horas, estacional y el freelance. Ambas conceptualizaciones suponen núcleos de sentidos invariantes, representadas como modalidades legítimas e ilegítimas del trabajo. Asimismo, si bien el trabajo atípico no constituye un ideal, marca distinciones frente a otras formas representadas como ilegítimas como los beneficiarios de políticas sociales de transferencias de ingresos. Estos sujetos conforman una semejanza representacional de los “individuos por defecto” de Castel (2010), es decir, personas que no están integradas al mercado de trabajo, no cuentan con el sistema de protecciones fundadas en el trabajo, y se encuentran asistidos por dispositivos de prestaciones condicionadas para hacer frente a las carencias del desempleo, la precarización y el pluriempleo.

Así, los sentidos sobre el reverso entre trabajo y asistencia, –en el marco de las representaciones sobre los problemas públicos–, resultan centrales para el libro, en tanto que construyen criterios de inclusión y exclusión, y tematizan modalidades de intervención estatal, al igual que los roles esperados del ejecutivo nacional en tanto encarnación estatal.

Si bien aquí no se analiza la capacidad que puede tener el trabajo como base de las identificaciones partidarias, o de la cohesión social, o la segmentación de representaciones a partir de la inscripción de clase de los sujetos, sí cabe repasar distintas perspectivas que han marcado la aparente falta de poder explicativo del empleo y el Estado en su dimensión simbólica, y de las identificaciones partidarias como ordenadoras de los desplazamientos entre significantes.

Entre las propuestas teóricas que cuestionaron el papel del trabajo como ordenador simbólico de los sujetos que permite articular las experiencias ciudadanas se encuentran los abordajes de Bauman (2008), Touraine (2016), Beck (2006) y Manin (1998).

Bauman (2008) enfatizó que las responsabilidades antes asumidas por el Estado recaerían ahora sobre cada persona, en el marco de una tendencia creciente de “individualización”. Este proceso lleva a que cada individuo resuelva sus desafíos de manera autónoma. Sin la intervención de instituciones que puedan ofrecer apoyo, esta dinámica puede intensificar la desigualdad y la diferenciación social (Bauman, 2012). En este contexto, el consumismo se presenta como una forma de satisfacer deseos y aspiraciones, ofreciendo a los individuos la posibilidad de construir su identidad a través de las elecciones de consumo, reemplazando al trabajo como estatuto. Así, Bauman (2003) enfatiza que las diferentes esferas de la vida de los agentes, desde las relaciones personales hasta las estructuras sociales y políticas, podrían ser caracterizadas como líquidas.

Por su parte, Touraine (2016) indicó que las estructuras estatales, que alguna vez fueron vistas como representantes de la voluntad colectiva, devienen percibidas como entidades distantes y a menudo desconectadas de las realidades cotidianas de los ciudadanos. Este proceso genera un desencanto con la política y una crisis de legitimidad en las instituciones democráticas, alimentando el desinterés por la participación y el activismo social. Es así que la idea de “sociedad” se ve amenazada por la homogeneización cultural y la mercantilización de las relaciones humanas (Touraine, 2016).

Asimismo, enmarcado en un contexto global de riesgo y de la erosión del trabajo como articulador e integrador social, Beck (2006) llamó la atención sobre el “vacío político” de las estructuras políticas tradicionales. Gobiernos y partidos políticos serían incapaces de garantizar un mínimo de estabilidad y proyección a futuro. Siguiendo esta línea, Bauman (2008) indicó que la firmeza que demuestran los políticos frente a la búsqueda de seguridad conformaría la principal evaluación ciudadana sobre ellos. El electorado tendería a valorar a los dirigentes en función de la severidad y eficacia demostrada frente a amenazas inmediatas y difusas, antes que en la capacidad estatal de asegurar derechos sociales ni en la construcción de bienestar colectivo.

Desde los análisis sobre la representación y liderazgo político, se ha acompañado a este tipo de diagnóstico sobre la relación entre el electorado y la dirigencia política, llegando a conclusiones en torno al declive de la clase trabajadora como colectivo organizado. Manin (1998) planteó que la clase trabajadora habría perdido centralidad como sujeto de representación política. Así, la legitimidad de los liderazgos se configuró en la emergencia de representantes centrados cada vez más en su imagen individualizada (Manin, 1998).

Por tanto, estas propuestas teóricas han enfatizado que el Estado por su incapacidad de garantizar un mínimo de estabilidad y proyección a futuro (Beck, 2006) ya no formaría parte del horizonte en las expectativas ciudadanas, siendo reemplazada la ética del trabajo por la estética del consumo (Bauman, 2008), y el desencanto de la política (Touraine, 2016), favoreciendo la emergencia de liderazgos centrados en su dimensión personalizada (Manin, 1998). Frente a esta línea, el libro llama la atención sobre los efectos de sentido en torno a las demandas ancladas en las representaciones sobre el empleo, el Estado y la identificación política.

Por tanto, se interpreta que los sentidos sobre el empleo tienen una capacidad simbólica ordenadora de las representaciones ciudadanas sobre las fronteras entre prácticas y sujetos que se demandan que sean incluidos y excluidos, como parte de los problemas y soluciones de la agenda nacional, a ser atendidos por el Estado. Por lo tanto, el Estado ocupa un lugar central como horizonte de demandas, instituido como el único responsable con la capacidad de controlar, asegurar y estabilizar las relaciones entre el empleo, la asistencia, las protecciones sociales y la economía. El empleo resulta articulado a las significaciones señaladas, al tiempo que el carácter ordenador de lo estatal exhibe su capacidad de anclaje a través de distintas modalidades de intervención sobre el empleo y la asistencia. Como resultado, los sentidos sobre los roles esperados del ejecutivo nacional dan cuenta de una demanda de encarnación de la capacidad de decisión estatal. Las diferentes combinaciones de desplazamiento que se dan entre estos significantes en torno al Estado, el empleo, la asistencia y la decisión de funcionarios elegidos varían según el tipo de identificación, dando cuenta sobre la estrecha relación entre las demandas de inclusión y exclusión de determinados grupos y su identificación con determinados partidos.

Por lo anterior, y siguiendo a Castel (2010), cuando el trabajo se inscribe en un sistema de derechos y deberes, es decir, se vuelve estatuto del empleo, participa fuertemente de las formas legítimas de reconocimiento social. El estatuto del empleo otorga los instrumentos jurídicos contra la precariedad del empleo y la arbitrariedad patronal, imponiendo regulaciones generales y homogenizando situaciones dispares. Castel (2010) repone en la dualidad del trabajo como alienación y subordinación de la relación salarial, y basamento de reconocimiento. Esta misma característica resulta una clave interpretativa de peso para las representaciones de los problemas públicos de la escala nacional, como así también el desacoplamiento entre trabajo y protecciones frente a las condiciones de precarización, el pluriempleo y salarios que no logran alcanzar una estabilidad económica cotidiana.

En este sentido, los nuevos riesgos remiten al debilitamiento de las protecciones colectivas que expulsa a los trabajadores de los circuitos productivos (inempleables), el trabajo atípico, y la consecuencia de que el empleo clásico ya no constituye la base de las protecciones sociales. La sobrevaloración y apología del trabajo por parte de una ideología liberal en el plano político (Castel, 2010) combinan la estigmatización sobre quienes se sospecha sean desocupados voluntarios, y sobre quienes se exigen mayores controles y presiones para que acepten cualquier trabajo, señalados como malos pobres que viven a costa de quienes trabajan (Castel, 2010).

La demanda de empleo involucra una serie de reconocimientos de derechos, en los que se articulan las demandas de inclusión y exclusión de sectores de la población. Así, los sentidos sobre los problemas públicos y sus soluciones no dan lugar a articulaciones lineales entre el empleo y los diagnósticos sobre la economía, la asistencia, las protecciones y la dirigencia política, sino que se remiten a diferentes desplazamientos y jerarquías simbólicas.

En resumen, la centralidad simbólica del empleo y su relación semántica con las protecciones, establece un carácter moral del trabajo, que remite a los rasgos del trabajo típico por su inscripción en el mercado de trabajo, como socialmente legítimo. En relación con lo anterior, las demandas no sólo problematizan temas –entre ellos destacando el trabajo– y moralidades, sino también a quiénes implementan el rol esperado del Estado, bajo la figura de los liderazgos políticos.

2.5. La producción estatal del espacio urbano

En el apartado anterior se desarrolló cómo las definiciones de los pares significantes empleo y asistencia primaban jerárquicamente en la estructura elemental de los problemas públicos de escala nacional. Así como el empleo adquirió una centralidad simbólica en la estructura elemental de los problemas públicos de la escala nacional, el espacio urbano lo fue para la escala local.

A continuación, se desarrolla cómo la estructura elemental de la escala local se configura a partir de las representaciones sobre los ámbitos de intervención de la gestión municipal, que definen roles esperados del Estado especialmente en la producción del espacio urbano.

El análisis de las representaciones en los municipios estudiados permitió dar cuenta cómo, en unos se demandaba un tipo de intervención social, en otros de tipo intervención vecinalista. En términos de definiciones operacionales, la primera supone principalmente la ejecución de políticas de empleo y vivienda a escala local. La intervención vecinalista remite al mantenimiento de espacios de usos públicos, y la provisión de infraestructura urbana y servicios básicos.

En este apartado se retoma la dimensión del espacio urbano como elemento estructurante de las representaciones sobre la escala local, para lo cual se vuelve necesario interrogar la capacidad performativa del Estado (Bourdieu, 2014) para producir representaciones sociales que, en términos de Jodelet (1986), configuran sentidos comunes ampliamente compartidos sobre lo que debe entenderse como el espacio urbano legítimo e ilegítimo. En efecto, dichas representaciones no solo organizan los sentidos acerca de los usos, los límites y los actores autorizados en el espacio público, sino que instituyen fronteras simbólicas y materiales que condicionan las posibilidades de inclusión, participación y reconocimiento social.

Siguiendo a Bourdieu (1999), el espacio constituye una de las formas más sutiles de ejercicio de la violencia simbólica. La estructura del espacio social se organiza a partir de la distinción entre posiciones sociales, de modo que el espacio habitado no solo refleja, sino que simboliza y materializa esas jerarquías y distinciones sociales. La ubicación territorial no es neutral sino que se integra en el espacio social reificado, cristalizando las jerarquías de la dominación material y simbólica que condicionan la cercanía o lejanía respecto de bienes socialmente escasos o valorados (Bourdieu, 1999). De tal modo, la diferenciación y la relación entre el espacio físico y el espacio social permiten dar cuenta de efectos del lugar.

El acceso a un espacio físico exige cumplir con las condiciones tácitas definidas por sus ocupantes legítimos (Bourdieu, 1999). Así, las zonas céntricas, al concentrar a los grupos con mayor capital, son representadas como prestigiosas, mientras que las periferias o barrios degradados agrupan a quienes están desposeídos. La desigual distribución de servicios y bienes como el acceso a la vivienda, instalaciones educativas, sanitarias y de ocio favorece a las zonas prestigiosas, y refuerza los estigmas de las zonas periféricas (Bourdieu, 1999).

En este proceso el Estado no se limita a administrar recursos: participa activamente en la construcción del espacio, al controlar factores como el mercado del suelo, la vivienda y el trabajo (Bourdieu, 1999), moldeando las posibilidades de acceso a ellos por parte de distintos grupos sociales.

El planteo de Lefebvre (2013) amplía y complejiza este enfoque al proponer una concepción tríadica de la producción del espacio. Desde esta perspectiva, el espacio es simultáneamente producto y productor de relaciones sociales y económicas; no se trata de un objeto pasivo ni meramente receptivo, sino de una construcción social activa que se configura y reconfigura en función de disputas materiales y simbólicas. Los espacios vividos, percibidos y concebidos condensan y cristalizan tensiones en torno a las definiciones legítimas del espacio, expresando así conflictos sociales más amplios (Lefebvre, 2013).

En este marco, la espacialidad moderna puede comprenderse como una producción estatal. El Estado ordena, describe, prescribe y, por lo tanto, instituye la integración de los signos, códigos, significaciones y saberes que conforman el sentido común, actuando como dispositivos de legitimación de un orden social que se inscribe en un sistema de significaciones urbanas (Lefebvre, 2013). El territorio es estatalmente producido como homogéneo, fragmentado y jerarquizado (Lefebvre, 2013). Este proceso de organización espacial no solo valida y consolida un determinado orden social, sino que además contribuye a instaurar y reproducir formas de hegemonía (Lefebvre, 2013).

En un nivel más específico, Duhau y Giglia (2016), permiten comprender al Estado como un actor central en la producción, regulación, control y gestión del espacio urbano. La definición jurídica del espacio urbano remite a cómo el Estado establece un conjunto de normas formales que organizan el espacio público y privado. Estas abarcan desde la planeación y regulación del uso del suelo hasta el funcionamiento de los servicios urbanos, que definen los límites y usos permitidos, buscando ordenar la vida colectiva. Por lo tanto, el Estado no tan solo regula, mediante las políticas de vivienda, infraestructura y planeación urbana, sino que participa activamente en la producción del espacio urbano (Duhau y Giglia, 2016).

Las normas de planeación y producción urbana abarcan la regulación sobre el uso del suelo, la construcción, la infraestructura y el equipamiento, así como los derechos de propiedad. Mientras que las normas de orden reglamentario urbano incluyen aspectos vinculados a las prácticas sociales cotidianas, como los reglamentos de tránsito, la regulación del transporte público, el cuidado de parques, plazas y mobiliario urbano, la limpieza de veredas y calles (Duhau y Giglia, 2016). En tanto que el Estado atraviesa múltiples dimensiones de la vida urbana, también está permanentemente tensionado por los usos sociales del espacio, que a menudo desbordan, adaptan o confrontan la normativa estatal, generando conflictos que redefinen el orden urbano (Duhau y Giglia, 2016).

Por lo anterior, la morfología urbana resulta un elemento central en la representación estatal del espacio y en su significación por el sentido común, integrándose fuertemente en la definición de la calidad de vida urbana. Así, se entiende que la morfología urbana se compone por el tejido y el entramado urbano (Jacobs, 2020). El tejido urbano está compuesto por la disposición y distribución de espacios y elementos físicos (red de calles, plazas, el sistema parcelario y el edilicio) que definen las formas y regularidades de la ciudad o el área urbana. Mientras que la definición de entramado urbano (Lynch, 2008), además de contemplar los elementos que hacen al entorno de la estructura física del espacio urbano, abarca a su vez la dimensión de las relaciones sociales que se producen en y por las interacciones en el entorno. Siguiendo a De Mattos (2024), la imagen de las ciudades responde a nuevos patrones de urbanización donde coexisten múltiples ciudades. La heterogénea diferenciación socio-residencial responde a la configuración de diferentes formas de segregación que conforman periferias deterioradas y relegadas, frente a áreas céntricas dominantes.

Siguiendo a Duhau y Giglia (2016) se entiende que el espacio de uso público supone un espacio destinado al uso colectivo, de libre acceso y que admite la presencia de otros. En el marco de la investigación, se entiende por espacios de usos públicos a los espacios verdes, plazas y parques. En tanto que su especificidad radica en ser el espacio no privado que pone en relación a distintos ámbitos privados como individuales. Bajo esta perspectiva, se entiende que el espacio de uso público no se reduce a la imagen ideal del espacio moderno como lugar de encuentro y convivencia pacífica, sino que se lo entiende como la formación de procesos de exclusión y conflictividad que han configurado históricamente las ciudades occidentales (Duhau y Giglia, 2016).

De este modo, retomando a Wacquant (2011), el espacio público representado opera como un dispositivo performativo que define quiénes son reconocidos como parte de un “adentro” legítimo (por afinidad, pertenencia o reconocimiento), y quiénes quedan constituidos como un “afuera” (estigmatizable, indeseado, segregado o fragmentado). En este marco, el espacio se convierte en una inscripción material de la deslegitimación social, donde se objetiva el poder simbólico. Así, el espacio público constituye un ámbito de posiciones diferenciadas y de conflictos sociales que adquiere formas y lógicas específicas en cada momento histórico, por lo tanto, excede su dimensión físico-espacial y no puede ser reducido a un sistema de lugares (Carrión, 2016).

Las políticas urbanas moldean la producción de las ciudades y transforman las relaciones políticas y sociales, enmarcadas en relaciones conflictivas que tienen su anclaje en la vida cotidiana de los habitantes (Rodríguez y Di Virgilio, 2011). En palabras de Pírez (2009), la política urbana supone las acciones que el Estado lleva adelante sobre la vida urbana mediante un conjunto de acciones que pueden ser directas e indirectas. Las primeras consisten en obras, construcciones, prestación de servicios, y las segundas a regulaciones, planes o normas. Por otro lado, se entiende que además del Estado que se guía por la lógica política, se encuentran otros actores de peso que influyen sobre la vida urbana, bajo diferentes lógicas: la lógica de obtención de ganancias es característica de los sectores empresariales, inmobiliarios e industriales, y la lógica de necesidad que responde a sectores que demandan viviendas y loteos (Pírez, 2009).

Ahora bien, las diferencias entre municipios se encuentran principalmente en los extremos de un tipo de intervención social y de un tipo de intervención vecinalista. En cuanto a la denominación de intervención vecinalista cabe advertir que este remite a las demandas de gestión municipal focalizada en “agendas vecinalistas”, es decir, que se concentran principalmente en aspectos físicos a nivel barrial (Letelier et al., 2019). Así, la intervención vecinalista atiende el mantenimiento de los espacios de usos públicos (espacios verdes, plazas y parques), la infraestructura urbana y servicios básicos (limpieza, recolección de residuos, asfalto, luminarias, cloacas, agua corriente y gas). Por tanto, en el uso que se hace en el análisis, esta acepción no apunta a experiencias de vecinalismos como formas de autoorganización comunitaria y expresión política de base barrial que buscan disputarle el lugar a los partidos tradicionales (Frederic, 2017; Tonon, 2019; Landau, 2018; Retamozo y Dell’Unti, 2020).

Asimismo, como parte de esta lógica concentrada en el aspecto físico de las ciudades, cabe mencionar que distintos estudios han atendido la gentrificación (Rodríguez y Di Virgilio, 2014; Di Virgilio y Guevara, 2014; Duhau y Giglia, 2016; Monreal, 2016; Campari et al., 2019; Rovira, 2021), en tanto proceso de apropiación física y simbólica de determinadas zonas por parte de las administraciones públicas que implementan intervenciones para mercantilizar las ciudades por medio de políticas higienistas (Franquesa, 2013) sobre calles y plazas (Monreal, 2016). Así, estos los proyectos de renovación urbana crean espacios de consumo diferenciados para determinados sectores sociales (Rodríguez y Di Virgilio, 2014; Di Virgilio y Guevara, 2014; Duhau y Giglia) y el turismo (Goicoechea, 2021), que buscan mejorar el espacio público a través del embellecimiento (Narciso, 2013) y la peatonalización (Marcús, 2020) que, bajo esta concepción, implica la modificación de veredas, luminarias led, colocación de árboles, macetas, la rehabilitación del patrimonio, el refuerzo de la seguridad pública, el desplazamiento de personas en situación de calle y de trabajadores del sector informal (Di Virgilio y Rodríguez, 2014; Campari et al., 2019; Marcús, 2020).

Así, la demanda al Estado local de un rol activo en la ejecución de programas de viviendas con fondos municipales, lo diferencia de aquellos a los que se les demanda principalmente la atención sobre los espacios de acceso público, servicios básicos y mantenimiento de infraestructura urbana o, en todo caso, un rol facilitador con otras escalas de gobierno.

Por lo tanto, la producción estatal del espacio urbano, –en tanto dimensión privilegiada de la espacialidad– condensa marcas de legitimación y deslegitimación que orientan y sedimentan las representaciones de sentido común sobre cómo debe ser la imagen de la ciudad. Así, en tanto que el Estado produce, regula, controla y gestiona el espacio urbano instaurando y reproduciendo formas hegemónicas sobre cómo se significa la morfología de la ciudad, el análisis de las representaciones sociales de sentido común permite comprender cómo las demandas articulan esas significaciones a expectativas de la política urbana, a partir de las trayectorias de las modalidades de intervención estatal.

La comparación entre municipios, tanto en sus políticas urbanas como en las representaciones sociales, permite contrastar: los sentidos relativos a la expansión de la ciudad, las relaciones entre centro y periferia, el mantenimiento de los espacios públicos y la infraestructura urbana, la extensión de los servicios básicos, el acceso a programas de vivienda y loteos, y el emplazamiento de los barrios, y cómo estos reflejan la producción estatal del espacio urbano.

2.6. Conclusiones

En este capítulo se reconstruyeron las herramientas conceptuales para comprender la configuración de las representaciones sociales de sentido común sobre los problemas públicos, en la escala estatal nacional y local.

Para tal fin, cabe priorizar la dimensión performativa estatal, entendida como la capacidad de producir simbólicamente categorías de significación que se integran en la elaboración de las representaciones sociales de sentido común. Esta dimensión permitió revisar distintas perspectivas en torno a la formación de demandas, el rol de los liderazgos políticos, y la problematización del empleo y la asistencia, por un lado, y del espacio urbano, por el otro, como los principales emergentes analíticos de las dos escalas de demanda.

Desde el marco de la sociología de los problemas públicos, el estructuralismo genético permitió retener la vinculación entre la performatividad estatal y las significaciones sobre lo problemático, los diagnósticos, las modalidades de intervención, los sujetos destinatarios a incluir y a excluir, los responsables, y las funciones de los representantes y figuras políticas. La eficacia simbólica del Estado se sostiene en el anclaje de memorias sedimentadas de sus prácticas, lo que otorga continuidad a sus clasificaciones más allá de coyunturas políticas específicas. Los agentes sociales no reproducen de forma lineal dichas categorías, sino que operan desplazamientos y rearticulaciones que evidencian la densidad y complejidad de las representaciones sociales de sentido común.

Las representaciones sociales de sentido común de los problemas públicos pueden ser entendidas como el resultado de precarias articulaciones simbólicas entre significantes, cuyos distintos desplazamientos conforman una estructura elemental. Estas articulaciones configuran los marcos a partir de los cuales se interpretan y se jerarquizan las demandas, conjugando criterios de legitimidad e ilegitimidad, al tiempo que significan memorias y expectativas de intervención estatal.

El liderazgo y la representación política constituyen categorías transversales para comprender los problemas públicos. Se desplazó el foco de la personalidad o atributos individuales de los dirigentes a su capacidad de encarnar roles estatales. La legitimidad de los líderes puede ser entendida como su capacidad de encarnación de la decisión del Estado sobre categorías simbólicas ancladas en las modalidades de intervención estatal históricamente producidas. Esta noción destaca la posibilidad de que los ejecutivos nacionales y locales garanticen la capacidad estatal de ordenar la cotidianeidad, en línea con el rol simbólico de los emergentes identificados.

La centralidad simbólica del trabajo en tanto empleo típico y su articulación con la asistencia y las protecciones sociales suponen categorías fundamentales para la escala nacional. La relación de contrariedad entre empleo/asistencia remite a un par categorial que organiza las representaciones que demarcan los sujetos legítimos de derechos y de protecciones ancladas al estatuto del empleo, de aquellos situados en un lugar de ilegitimidad o sospecha. De este modo, el par empleo/asistencia organiza las expectativas sobre la inclusión y exclusión de los sujetos destinatarios de la intervención estatal, como a quienes quedan fuera de su alcance, articulando el horizonte sobre los roles del Estado y de los ejecutivos como su encarnación.

El Estado conforma un actor central en la producción del espacio urbano, atravesado por desigualdades, jerarquías y tensiones, donde la morfología urbana y las políticas urbanas condensan procesos de legitimación y deslegitimación que estructuran las representaciones sociales de sentido común en la escala municipal. La escala local se configura a partir de representaciones sobre los ámbitos de intervención municipal, distinguiendo entre intervención social, vinculada a empleo y vivienda, e intervención vecinalista, asociada al mantenimiento de espacios públicos, infraestructura y servicios básicos.

El capítulo articuló un andamiaje conceptual que buscó comprender cómo las representaciones sociales de sentido común constituyen un terreno privilegiado para identificar la performatividad estatal en la configuración de una estructura elemental de los problemas públicos de la escala nacional y local.