La pregunta es clásica. Por qué determinados asuntos adquieren la relevancia de ser socialmente problematizados constituye una preocupación de las ciencias sociales abordada desde tradiciones teóricas tan fértiles como heterogéneas. Este libro no propone inaugurar el interrogante, sino desplazar el lugar de su respuesta, apartándose de aquellas aproximaciones que estudian las demandas principalmente a partir de actores que consiguen instalar un tema en la arena pública, los colectivos que movilizan recursos para disputar definiciones, los expertos que producen categorías especializadas, los medios que jerarquizan acontecimientos, o los liderazgos políticos que intentan convertir determinados asuntos en causas políticas. Sin desconocer su relevancia, el libro se interesa por una esfera bastante más cotidiana y, justamente por eso, compleja de aprehender: las representaciones sociales de sentido común, el conocimiento de saber práctico mediante el cual los agentes interpretan su vida y significan determinadas situaciones como problemáticas, identifican sus causas, establecen responsabilidades, definen modalidades posibles de resolución y conforman criterios de acceso y exclusión a las mismas.
El sentido común constituye una dimensión central para comprender la formación de las demandas. Las personas clasifican permanentemente el mundo que habitan y vuelven inteligible su experiencia y, aunque esas clasificaciones pueden parecer espontáneas, no lo son. No se trata de un conjunto homogéneo de opiniones ni de una suma de posiciones individuales.
Las representaciones sociales articulan, –mediante desplazamientos simbólicos que son a la vez contradictorios, semejantes y contrarios–, significaciones que establecen los sentidos sobre lo demandable. La existencia de una necesidad no explica, por sí misma, por qué una situación será reconocida como un problema público, quién será considerado responsable de resolverla o qué tipo de intervención será entendida como legítima. Para que una situación pueda ser demandada debe ser significada, clasificada y relacionada con un conjunto de sentidos socialmente disponibles. Por tanto, comprender esas relaciones exige atender a los procesos mediante los cuales determinados significantes adquieren mayor centralidad que otros y a las estructuras en las que se inscriben.
En este punto, la tesis que antecedió este libro recupera uno de los gestos fundacionales del oficio sociológico. Cuando Durkheim advertía sobre la necesidad de apartarse de las prenociones, no estaba formulando solamente una regla técnica para una disciplina empeñada en conquistar su autonomía. Señalaba una dificultad constitutiva de toda ciencia social. Estudiamos un mundo que ya ha sido nombrado, clasificado y explicado antes de que lleguemos a él. Décadas más tarde, Bourdieu profundizó esa advertencia al recordar que el sociólogo se encuentra rodeado por objetos preconstruidos y que una de las tareas centrales del trabajo científico consiste precisamente en interrogar las categorías que hacen que ciertas divisiones del mundo aparezcan como evidentes.
Partiendo de esta vigilancia epistemológica, se propone no considerar al Estado solamente como el destinatario de las demandas ciudadanas, el que impone su propia agenda o la arena de negociación. Tampoco como una institución cuya actuación puede ser evaluada en términos de mayor o menor presencia, eficacia o capacidad de respuesta. Se propone, en cambio, analizar su dimensión simbólica y performativa: las modalidades de intervención estatal producen experiencias que se incorporan a las memorias sobre lo estatal y que, funcionan como referentes para establecer qué puede y qué debe esperarse del Estado como horizonte de resolución. Plegadas sobre sí mismas, las demandas son memorias que adelantan.
No se trata de negar la existencia de carencias materiales o considerar irrelevante cómo el Estado construye viviendas, transfiere ingresos, mantiene espacios públicos o deje de hacerlo. Al contrario: la acción estatal importa al punto que sus efectos exceden aquello que habitualmente entendemos como los resultados de una política pública.
Las representaciones sociales sobre los problemas públicos no se producen independientemente de las experiencias históricas de intervención estatal. Preguntarse por la capacidad performativa del Estado significa, entonces, atender su participación en la conformación de principios de clasificación sobre qué asuntos pueden ser tematizados como demandables, cuáles aparecen como sus causas, quiénes son considerados responsables, qué modalidades de resolución resultan concebibles, quiénes merecen ser incluidos en una intervención y quiénes pueden legítimamente ser excluídos.
La relación entre capacidad performativa y representaciones sociales no es, sin embargo, lineal o el espejo de una en relación a la otra. Los agentes seleccionan, descontextualizan, recontextualizan y articulan elementos de la realidad social, produciendo desplazamientos y nuevas relaciones entre significantes. Por eso, reconocer la capacidad performativa del Estado no implica sostener que exista una correspondencia directa entre las políticas implementadas y las representaciones ciudadanas. El Estado no decide mecánicamente lo que los ciudadanos piensan. Su eficacia simbólica opera de una manera más compleja: sedimenta categorías, instituye distinciones, produce experiencias y contribuye a establecer horizontes dentro de los cuales el sentido común realiza sus propios desplazamientos. La cuestión es identificar las condiciones simbólicas dentro de las cuales esas representaciones se producen y las relaciones que establecen entre categorías, conformando así una estructura simbólica compartida.
El desafío consiste en reconstruir la estructura de esas relaciones sin convertirlas artificialmente en un discurso ordenado. La noción de sentido común ocupa un lugar diferente al de una simple colección de opiniones. Cabe interrogarse por qué relaciones entre significantes hacen posible que aquello que circula socialmente con sus contradicciones, ambigüedades y semejanzas se suture; por qué una categoría convoca a otra, qué oposición hace inteligible una afirmación, qué fronteras morales, por ejemplo, aparecen cuando se define a un destinatario legítimo y qué memorias vuelven plausible determinada expectativa.
Hablar de estructuras elementales no supone postular una arquitectura inmóvil situada por detrás de las prácticas ni reducir la heterogeneidad social a una gramática cerrada. Supone reconocer que las significaciones son relacionales, es decir que, adquieren su peso simbólico a partir de las oposiciones, contradicciones y equivalencias que mantienen entre sí. No existe un significado aislado del empleo, la economía, la asistencia, la vivienda, la seguridad o el Estado. Cada uno se define en relaciones específicas con otros y puede ocupar posiciones diferentes dentro del entramado de sentidos.
Esta apuesta teórica articula el estructuralismo genético de la sociología de los problemas públicos con la tradición de las representaciones sociales. Del estructuralismo genético adopta una concepción relacional del mundo social y, especialmente, la eficacia simbólica del Estado como productor de principios de visión y división. De la tradición de las representaciones sociales retoma el interés por las formas de conocimiento práctico mediante las cuales los agentes objetivan, naturalizan y vuelven familiar su experiencia.
Esa operación analítica exige, por lo tanto, una estrategia metodológica capaz de sistematizar las representaciones de sentido común. Para ello, la investigación empírica se desarrolló en cuatro municipios de la Provincia de Buenos Aires –Chacabuco, General Villegas, Junín y Pehuajó– durante el contexto electoral argentino del 2023.
¿Por qué estudiar las demandas del contexto electoral argentino del 2023?: implicancias teóricas y metodológicas del recorte espacio-temporal
El recorte espacio-temporal abre tres cuestiones centrales para el estudio de las representaciones sociales de los problemas públicos en la escala estatal, –en sus dos niveles–, y su relación con la capacidad performativa del Estado. Por un lado, el abordaje de la coyuntura electoral argentina del 2023 y el triunfo del partido de derecha La Libertad Avanza (LLA), involucra diferentes perspectivas sobre el liderazgo político y las identificaciones político-partidarias, así como, en otra línea de indagación, la centralidad simbólica de la condición salarial. Por otra parte, supone la apertura de una discusión interdisciplinaria con los estudios subnacionales y la sociología urbana. En tercer lugar, implica la integración de una estrategia metodológica innovadora que requiere de dos líneas de indagación.
La selección de los casos permitió abordar cómo las representaciones sobre los problemas públicos se encuentran vinculadas con diferentes experiencias estatales según las trayectorias de las políticas públicas locales, segmentadas por los principios orientadores según el perfil político-partidario de las gestiones locales. Los cuatro municipios seleccionados comparten una región geográfica y una misma sección electoral (la 4ta sección), pero presentan diferencias en sus trayectorias político-partidarias, distinguiendo entre el polo de gestiones peronistas (Pehuajó), no peronistas (Junín) y alternancias (Gral. Villegas y Chacabuco), por un lado; y en las modalidades de intervención estatal desarrolladas en materia de políticas de empleo, acceso a la vivienda y el espacio de uso público, por el otro. La reconstrucción de esas trayectorias discute una interpretación frecuente de las demandas subnacionales según la cual las diferencias entre municipios y las demandas ciudadanas podrían explicarse principalmente por particularidades territoriales, por las características de sus dirigentes o por las identificaciones partidarias de sus habitantes.
El análisis incorpora una dimensión adicional: las experiencias históricas de intervención estatal. Las políticas implementadas por los gobiernos locales contribuyen a establecer distintos horizontes de expectativas y, en consecuencia, diferentes criterios acerca de qué problemas deberían ser atendidos y qué roles deberían asumir los intendentes.
¿Cómo acceder al sentido común?: el telar semiótico de la agenda nacional y el cuadro semiótico de la escala local
Definidos los casos, cabe volver sobre la pregunta por cómo dar cuenta empíricamente la capacidad perfomativa del Estado y cómo sistematizar las representaciones de sentido común. Para ello, se postularon dos líneas de indagación.
En primer lugar, se propuso reconstruir las modalidades de intervención estatal a escala nacional y municipal para rastrear qué de su fuerza performativa deviene en los esquemas empleados por el sentido común. Así, se realizó una caracterización socio demográfica y de los perfiles político-partidarios de la PBA y la cuarta sección electoral, y particularmente en materia de empleo y políticas urbanas.
En segundo lugar, la combinación entre grupos focales y análisis semiótico abre una posibilidad metodológica para quienes estudian formas de conocimiento práctico difíciles de reducir a variables aisladas o repertorios discursivos estabilizados. Este aporte metodológico buscó ofrecer una herramienta que excede el objetivo específico original.
Para los casos analizados, se realizaron veinte grupos focales, con un total de 142 participantes, y los grupos fueron segmentados según posicionamientos políticos y cortes etarios, con el propósito de contrastar las representaciones entre grupos de distintas orientaciones electorales y, al mismo tiempo, comprender si las diferencias de sentido podían atribuirse a una cuestión generacional.
El desafío posterior consistió en sistematizar un material caracterizado por la heterogeneidad, las contradicciones y los desplazamientos de sentido. Los cuadros semióticos reconstruyeron las relaciones entre categorías, haciendo visibles las posiciones de contrariedad, contradicción y aserción que estructuran las representaciones. A partir de este procedimiento se desarrollaron dos sistematizaciones: el cuadro semiótico de la escala local y el telar semiótico de la agenda nacional.
Su construcción buscó evitar una dificultad frecuente en el análisis cualitativo, al transformar materiales heterogéneos y contradictorios en discursos aprehensibles para el investigador. Al conservar los desplazamientos entre significantes, reconocen regularidades sin eliminar las ambigüedades que forman parte de las propias representaciones sociales.
Esta decisión metodológica resulta especialmente pertinente para el estudio del sentido común. Si se parte de que las representaciones son formas de conocimiento práctico, no resulta esperable que presenten la sistematicidad de un discurso experto. Sus contradicciones no constituyen inconsistencias que deban ser corregidas por el investigador. Pueden expresar, precisamente, las relaciones sociales y simbólicas a partir de las cuales distintos significantes adquieren sentido. Es por ello que el aporte del libro excede el estudio de los cuatro municipios analizados.
¿El Estado Nacional en cuestión?
En cuanto a los hallazgos de la escala nacional, el análisis discutió las interpretaciones que leen la coyuntura electoral de 2023 como expresión de una ruptura con las formas históricas de relación con el Estado, matizando las lecturas que explican la competencia política exclusivamente a partir de una polarización entre electorados, de evaluaciones positivas y negativas sobre el Estado, discursos de odio o la neoliberalización de la sociedad argentina. En cambio, destacó cómo la identificación político-partidaria introduce desplazamientos, acentuaciones y fronteras morales diferentes, pero no produce agendas separadas. Esta estructura simbólica es compartida entre grupos políticos y etarios.
Dentro de ella, algunas categorías adquirieron mayor peso simbólico, nodales para la organización de las significaciones. El trabajo –y particularmente el trabajo con características de empleo típico– adquirió un lugar privilegiado. La crisis económica fue tematizada como el principal problema, pero su significación no se agotó en el diagnóstico de una coyuntura económica adversa. Adquirió sentido en relación con la posibilidad de acceder a un trabajo que garantizara estabilidad y, a través de ella, sostuviera las condiciones materiales de reproducción de la vida. En este entramado, la asistencia apareció como el reverso problemático del empleo, no como una política necesariamente rechazada, sino como una modalidad de intervención cuya legitimidad dependía de quiénes fueran reconocidos como destinatarios legítimos de la protección estatal y su distinción de quienes era definidos como ilegítimos.
Las representaciones no sólo tematizan problemas públicos, sino que delimitan fronteras simbólicas entre ciudadanos legítimos e ilegítimos de recibir las protecciones estatales vinculadas al trabajo. El par empleo típico/asistencia organiza demandas de inclusión y exclusión que definen simultáneamente modalidades esperadas de intervención estatal, criterios de legitimidad respecto de los sujetos alcanzados por esa intervención y el rol de la figura presidencial. Este hallazgo recupera una dimensión que ha perdido centralidad en algunos estudios contemporáneos sobre la representación política, es decir, la relación entre el conjunto de intervenciones estatales de la política social que remiten a las políticas regulatorias del empleo, la política asistencial, sus formas de integración social y sus efectos sobre la identificación político-partidaría que, derivan de las definiciones de sujetos legítimos e ilegítimos, anclados a su participación en el mercado de trabajo o la asistencia.
El empleo continúa teniendo una capacidad simbólica relevante para organizar demandas de inclusión y de exclusión. También estructuran las expectativas sobre la intervención estatal y los roles esperados del Poder Ejecutivo, incluso en un contexto de transformación de las relaciones laborales y de cuestionamiento de las formas tradicionales de representación política.
Esta articulación entre el empleo estatalmente regulado –aún con sus limitaciones y parcialidades– y las expectativas sobre la autoridad política regresan sobre una dimensión particular de la representación política. La figura de quien debería ocupar el ejecutivo nacional no fue significada a partir de sus atributos personales, por expresiones de proximidad o cercanía, por identificaciones partidarias explícitas, por una polarización estrictamente ideológica o afectiva, ni por su capacidad de representar metonímicamente a un pueblo. En cambio, se puso en juego su capacidad para encarnar la decisión estatal. La figura presidencial adquirió sentido en relación a lo que el Estado pudiera hacer para garantizar el cumplimiento de las demandas que conforman la estructura elemental a través del ejercicio de la decisión estatal.
La noción de encarnación estatal busca un dialogo con los estudios sobre representación y liderazgo político. Frente a interpretaciones que concentran la atención en el carisma, las estrategias de comunicación o las identificaciones partidarias, se pone el foco en la correspondencia entre un liderazgo y los roles estatales que los agentes esperan. Un dirigente no es significado solamente por lo que dice acerca de sí mismo y de su potencial electorado, de su adversario y representados, ni por las cualidades que intenta proyectar. Es significado a partir de un horizonte históricamente sedimentado de aquello que un presidente debería poder hacer.
Las representaciones sobre el entonces presidente Alberto Fernández y el candidato de LLA, Javier Milei, adquirieron sentido en relación con esos roles esperados. Las referencias a Alberto Fernández lo representaron como incapaz de ejercer la decisión estatal esperada. La noción de tibieza no remitía a una valoración de su personalidad, sino a su incapacidad para controlar la inflación, regular la economía, intervenir sobre el empleo, la asistencia y ejercer la autoridad atribuida al Ejecutivo. Javier Milei, en cambio, aun cuando despertaba temor o rechazo incluso entre sus propios votantes, fue significado como alguien capaz de ejercer esa decisión frente al lugar simbólico vacío dejado por Alberto Fernández. La diferencia entre ambas figuras no se organizaba, por lo tanto, alrededor de oposiciones ideológicas, sino sobre el eje decisión/indecisión como principio ordenador de las representaciones sobre el liderazgo presidencial.
Lejos de una sociedad que hubiera dejado de esperar algo del Estado, las representaciones analizadas mostraron una demanda continua de capacidad estatal, aunque disputando moralmente quiénes debían ser incluidos en ella y bajo qué condiciones. La coyuntura electoral no exhibió la desaparición de las expectativas estatales, sino la actualización de memorias sedimentadas sobre sus formas de intervención y sobre los roles que se esperaba que el Ejecutivo nacional pudiera volver a encarnar.
¿Las caras ocultas de la política subnacional?
El Estado no se presenta ante los agentes como una unidad indiferenciada. Las escalas constituyen horizontes diferentes de expectativas. No se demanda lo mismo al gobierno nacional que a un municipio, o un intendente y el presidente de la nación, pero tampoco las expectativas sobre los municipios e intendentes son equivalentes entre sí.
Cabe distinguir dos horizontes de resolución que se diferencian entre roles estatales cumplidos e incumplidos, que configuran diferentes perfiles de Estado local –ampliado, subsidiario y fallido– los cuales se reconocen en las articulaciones de sentido reconstruidas mediante lo que se denominó el cuadro semiótico de la agenda local. Estos perfiles no constituyen tipos cerrados de Estado, sino configuraciones que emergen del desplazamiento, predominio y articulación de determinadas categorías simbólicas, en relación con las modalidades de intervención estatal reconstruidas para cada municipio.
Estas representaciones se encuentran fuertemente vinculadas con las trayectorias concretas de intervención estatal. La proximidad territorial, por sí misma, no explica las diferencias entre las demandas. Tampoco la identificación partidaria de los habitantes o su corte etario. Las divergencias entre Municipios remitieron a la sedimentación de experiencias producidas por modalidades estatales de intervención que, a lo largo del tiempo, habían contribuido a establecer distintos horizontes acerca de qué podía y debía hacer un municipio y el ejecutivo local. El análisis permite así vincular las trayectorias de las políticas públicas con las representaciones sobre la intervención estatal y los roles atribuidos a los gobiernos locales.
La reconstrucción del cuadro semiótico reconoció dos grandes modalidades de tematización de la intervención municipal: la intervención vecinalista y la intervención social. No se trata de una clasificación de políticas públicas ni de modelos normativos de gestión, sino de dos horizontes simbólicos desde los cuales los habitantes significan aquello que puede constituirse como un problema público local y, al mismo tiempo, aquello que resulta legítimo demandar al municipio. La primera modalidad articula sentidos vinculados con las políticas urbanas (el espacio público, los servicios, el mantenimiento, el embellecimiento y las condiciones de habitabilidad de los barrios). La segunda desplaza ese horizonte hacia una concepción más amplia de la estatalidad municipal, en la que el empleo, el acceso a la vivienda, la urbanización y otras formas de protección social también ingresan en el campo de responsabilidades atribuibles al Estado local. En las diferentes articulaciones y desplazamientos entre ambos horizontes emergen las configuraciones de un Estado ampliado, subsidiario o fallido que estructuran las representaciones sobre los roles cumplidos e incumplidos de los gobiernos municipales.
Las diferencias entre los municipios se expresaron en las relaciones que los agentes establecieron sobre los horizontes a partir de lo que el Estado hizo. Donde la intervención vecinalista y la intervención social formaban parte de las expectativas sobre el municipio, se configuraba la significación del Estado ampliado. Donde predominaba la intervención vecinalista y la intervención social aparecía como una responsabilidad principalmente atribuida a otros niveles estatales (provincia o Nación) o como una intervención de escaso protagonismo público, se configuraba un Estado subsidiario. Finalmente, el incumplimiento del horizonte estatal por el propio Municipio exhibía la representación de un Estado fallido. Estas configuraciones no describen simplemente cómo interviene el Estado, sino qué modalidades de intervención son reconocidas como propias de la escala local y, por lo tanto, qué puede ser formulado como demanda hacia ella.
La demanda por un Estado que cumpla con intervenciones vecinalistas no constituye una versión reducida o menos exigente de la demanda estatal. Conforma una forma específica de relación con el municipio, construida a partir de experiencias y memorias de intervención que delimitan aquello que los agentes reconocen como responsabilidad municipal. Problemas territorialmente semejantes no producen necesariamente las mismas demandas. Lo que en un municipio puede constituirse como una responsabilidad estatal esperable, en otro puede quedar por fuera del horizonte de intervención atribuido al gobierno local.
En este marco, los intendentes también adquirieron una significación específica. Lejos de aparecer únicamente como figuras próximas a los ciudadanos o como intermediarios capaces de resolver demandas particulares mediante estrategias clienterales, fueron representados en relación con su capacidad para encarnar los roles esperados del Estado local. Su legitimidad se vinculó así con la correspondencia entre las modalidades de intervención que los agentes reconocían como propias del municipio y aquello que el intendente era capaz de realizar. La figura del intendente condensó, de este modo, las expectativas locales sobre la capacidad de intervención estatal.
El análisis subnacional desplaza una lectura de las demandas locales basada exclusivamente en la intensidad de las necesidades o en las características de los ciudadanos que las formulan. Las diferencias entre municipios no remiten a ciudadanos más o menos demandantes, informados o activos, sino a distintas articulaciones simbólicas entre las memorias de intervención estatal y los horizontes de expectativa que esas experiencias contribuyeron a sedimentar. Las políticas públicas no solamente responden a demandas previamente constituidas, también participan en la construcción de las categorías desde las cuales esas demandas pueden ser formuladas y de los roles que los gobiernos locales son llamados a desempeñar.
¿Qué se puede esperar del Estado?
Lo que una sociedad espera del Estado no se construye solamente a partir de declaraciones normativas acerca de aquello que debería ser un Estado, ni a partir de evaluaciones coyunturales de un gobierno determinado. Las memorias estatales son, en este sentido, prescripciones sobre el futuro. Pasado y futuro quedan así suturados en la demanda.
La pregunta ¿qué se puede esperar del Estado? admite dos lecturas simultáneas. Puede ser una pregunta política acerca de sus capacidades presentes, pero es también una pregunta sociológica acerca de las condiciones históricas que hacen posible lo demandable. Lo sociológicamente relevante deja entonces de ser cuánto Estado existe para transformarse en qué Estado ha sido experimentado, bajo qué modalidades y con qué efectos simbólicos. Por tanto, las estructuras elementales reconstruidas en este libro no deberían confundirse con estructuras universales.
Así, el empleo adquiere en la Argentina analizada una capacidad articuladora que remite a una trayectoria específica de relaciones entre trabajo, ciudadanía, protecciones sociales y Estado. Las expectativas depositadas en los gobiernos municipales se relacionan con décadas concretas de descentralización, expansión de sus funciones y diferenciación de perfiles locales. Los criterios mediante los cuales se juzga la asistencia llevan inscriptas historias de política social y disputas sobre sus destinatarios. El desafío comparativo consiste justamente en preguntarse qué otros significantes ocuparían posiciones semejantes en sociedades atravesadas por otras historias estatales.
¿Qué categorías sedimenta un Estado cuando interviene? ¿Cómo sobreviven esas categorías a las políticas que las produjeron? ¿Con qué intensidad a lo largo del tiempo? ¿Qué ocurre cuando distintas escalas estatales instituyen expectativas contradictorias? ¿Cuándo un liderazgo consigue encarnar un horizonte estatal y cuándo deja de hacerlo? ¿Cómo se transforman las fronteras entre destinatarios legítimos e ilegítimos? ¿Qué elementos permanecen invariantes cuando cambian las identificaciones partidarias? ¿Qué sucede cuando una sociedad comienza a impugnar explícitamente modalidades de intervención que, sin embargo, siguen organizando aquello que espera de sus gobernantes?
Estas preguntas adquieren una resonancia particular en la Argentina contemporánea. La discusión pública de los últimos años ha colocado al Estado en un lugar central y, a la vez, paradójico. Se habla de reducirlo, reconstruirlo, hacerlo eficiente, defenderlo, destruirlo, retirarlo o devolverlo a funciones consideradas esenciales. Pero incluso su impugnación presupone alguna definición acerca de aquello que legítimamente debería ser.
De ahí lo insuficiente de interpretar los procesos políticos recientes solamente como el enfrentamiento entre una sociedad estatista y otra antiestatal. Las fronteras no son tan limpias. Las mismas personas que condenan ciertas formas de intervención pueden demandar otras con enorme intensidad. Electorados enfrentados pueden compartir expectativas y discrepar radicalmente sobre quién merece sus beneficios. La crítica al Estado puede formularse desde significaciones cuya existencia histórica resulta difícil comprender sin el propio Estado. Rechazar una forma histórica del Estado no suspende las categorías que esa misma historia estatal ayudó a producir.
El Estado puede ser objeto de rechazo y seguir siendo, simultáneamente, principio de inteligibilidad. Esta constatación permite volver, finalmente, al problema con el que comenzamos.
El Estado aparece entonces en dos tiempos a la vez. Es memoria de intervenciones anteriores y horizonte de aquello que todavía se espera. Está presente en las soluciones imaginadas, pero también en la forma de nombrar los problemas. Se encuentra en las políticas, pero también en las clasificaciones que esas políticas contribuyeron a sedimentar. Participa en la construcción de diferencias que luego el sentido común desplaza, mezcla, contradice o reformula. No produce ciudadanos idénticos, pero contribuye a instituir las categorías con los que sus diferencias pueden ser pensadas.
De eso tratan, en último término, las estructuras elementales de los problemas públicos. Hacer extraño lo que parecía evidente, y quizás, ese sea uno de los mejores aportes que puede prestar la sociología de los problemas públicos.
