Roxana Longo, María Malena Lenta y Graciela Zaldúa

La incorporación de las violencias de género como componente de los derechos humanos permite trascender el ámbito privado. Se inscribe en las demandas de la sociedad civil, en particular del movimiento de mujeres, y de un sector de profesionales comprometidos con la salud colectiva. La perspectiva de salud basada en el género interpela prácticas y representaciones cristalizadas que reproducen desigualdades, y requiere revisar paradigmas y prácticas sanitarias.

Los mecanismos de discriminación, invisibilización, subordinación, opresión y exclusión son fundantes de relaciones diferenciales de género y posicionan históricamente a las mujeres en situaciones de desigualdad e inequidad.

Al problematizar los distintos modos que adquiere la violencia en la sociedad, Slavoj Zizek (2013) apela a tres dimensiones de las violencias que actúan sincrónicamente y reproducen las inequidades de género. Este trípode está conformado por la violencia sistémica, la violencia simbólica y la violencia intersubjetiva. La violencia sistémica es estructurante del sistema capitalista y los regímenes de opresión como el patriarcado y el racismo. La violencia simbólica es la del discurso en la enunciación del otro. Ambas son modalidades objetivas de la violencia, pero se encuentran invisibilizadas. En cambio, la violencia intersubjetiva que opera en el plano interpersonal con la modalidad psicológica y/o física es un tipo de violencia visible y sancionable. Por eso, la violencia de género que opera en estos tres niveles no puede ser reducida en su abordaje a su vertiente visible. La violencia de género está instalada desde el sistema capitalista patriarcal que ordena culturas, costumbres, moral, normalidad en géneros desiguales y conlleva el armado de discursos e ideologías de género, que hacen que los episodios de violencia no solo no sean excepcionales, sino que hasta puedan ser naturalizados o banalizados culturalmente.

Históricamente las más diversas formas de violencia y segregación se vieron fundadas por algunas características consideradas naturales e inferiorizantes: el sexo, el color de la piel, el lugar de nacimiento, la religión, la opción sexual, etc. (Femenías, 2013). Este tipo de construcción social y cultural permite que se consoliden procesos de invisibilización de la exclusión y la violencia, instaurados a través de un andamiaje que legitima y justifica la arbitrariedad de prácticas sociales establecidas como habituales entre los géneros (Zaldúa, Longo, Lenta y Sopransi, 2014).

Un elemento fundamental utilizado por el movimiento feminista fue la identificación de la violencia contra las mujeres como un problema de poder, es decir, producto de un sistema estructural de opresión de género. La violencia, entonces, es inseparable de la noción de género porque se basa y se ejerce en y por la diferencia social y subjetiva que se imponen como categorías sociales sobre los cuerpos sexuados. La violencia de género abarca prácticas y actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres y diversidades sexuales, en los diferentes aspectos de su existencia. Es un todo que incluye un ataque material y simbólico que afecta la libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física de la persona.

En ese sentido, para el movimiento de mujeres, la violencia contra las mujeres ha sido concebida como un asunto de justicia. Es decir, no como un problema individual, privado, familiar o relacional, sino como un problema público y social estrechamente vinculado con la ciudadanía. Esta mirada remite a la distribución social de los derechos y deberes, de las cargas y los beneficios, donde las mujeres, en particular las violentadas, se encuentran en una situación de negación de sus derechos y beneficios (Sagot, 2008).

Las rutas críticas de la salud de las mujeres, definidas como el proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las mujeres cuando deciden romper con la situación de violencia, como así también las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones por parte de las instituciones, han sido estudiadas por diversos autores (Sagot, 2000; Tájer, 2009; Teitelbaum, Alé, Sampayo Guillaume y Hurtado, 2010). Esta noción contribuyó en el avance de la implementación de políticas públicas con perspectivas de género en la atención en dispositivos, y colaboró en la identificación de los modos mediante los cuales las diferencias de género se transforman en inequidades en salud.

En las últimas décadas la violencia contra las mujeres ha tenido amplio reconocimiento social, y ha llegado a ser considerada como “un problema de salud mundial de proporciones epidémicas” según la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), de acuerdo con un informe de Fernández Moreno (2015: 349). Desde 1993, la Organización Panamericana de Salud (OPS) reconoció la violencia como un problema de salud pública a nivel mundial. Además, se la ha ubicado como una situación grave de transgresión a los derechos humanos, que ha aumentado de forma alarmante en los últimos años.

A pesar de la mayor visibilidad pública que adquirió el tema de la violencia contra las mujeres en las dos últimas décadas y, en especial, desde el 3 de junio de 2015, las políticas de género no han ido de la mano de políticas públicas integrales, ni de la producción de datos cuantitativos y cualitativos que permitan relevar la magnitud del problema y su tratamiento. El déficit de información identificado en la región se evidencia en cada oportunidad en que los países producen informes de seguimiento a tratados o convenciones internacionales, como es el caso de los informes acerca del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o los informes referidos a consensos regionales (Cepal, 2014ab).

En este marco, el problema de la violencia hacia las mujeres nos interroga de la siguiente manera: ¿cuáles son las prácticas y abordajes prevalentes en los dispositivos de atención a las mujeres en situación de violencia de género? ¿Qué representaciones y significaciones existen en estos dispositivos? ¿Cómo se interpelan sobre la eficacia de los abordajes asistenciales y preventivos? ¿Qué caminos críticos de autonomía y cuidado se facilitan? ¿Cuál es el alcance de la interdisciplina y la intersectorialidad de los dispositivos?

Un acercamiento a los dispositivos de atención a las mujeres en situación de violencia de género

En función de los interrogantes planteados nos propusimos los objetivos de analizar las significaciones y las prácticas desplegadas en dispositivos de atención a mujeres en situación de violencia de género en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); además de identificar las tensiones entre paradigmas tutelares y aquellos con centralidad en la protección de los derechos humanos que conforman un campo que interpela los límites y las posibilidades de la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la salud y el cuidado en las políticas públicas.

En este marco, desarrollamos un estudio que se enfocó desde el paradigma cualitativo, el cual propone un campo de indagación en donde se entrecruzan disciplinas, problemas y estrategias, pues presupone la complejidad de sus objetos de estudio, en tanto sujetos sociales. Tiene como objetivo comprender la realidad a partir de su interpretación, para intentar desarrollar maniobras para transformarla. El estudio estuvo centrado en los análisis discursivos de entrevistas en profundidad, entrevistas colectivas y emergentes de observaciones participantes desarrolladas en 16 dispositivos destinados a mujeres en situación de violencia de género, pertenecientes al ámbito de las políticas públicas estatales y de la sociedad civil, ubicados en el partido de La Matanza (LM), en el partido de Almirante Brown (AB), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y en el ámbito de la nación (programas nacionales).

En relación con los dispositivos, 10 eran del área pública, 4 eran organizaciones de la sociedad civil y 2 eran movimientos sociales. Entre ellos, 12 estaban ubicados en CABA (5 dependientes del gobierno de la nación, 3 pertenecientes al gobierno de la CABA, 2 ONG y 1 movimiento social). Del resto de los dispositivos, 3 eran de LM (2 dependientes del Municipio de LM y 1 ONG) y 1 de AB (movimiento social).

En cuanto a las personas participantes del estudio, se trató de 30 mujeres (profesionales y agentes/promotoras comunitarias), de las cuales 23 eran profesionales miembros de equipos técnicos de las instituciones públicas y de la sociedad civil (10 trabajadoras sociales, 8 psicólogas, 3 abogadas, 1 politóloga y 1 socióloga, 1 comunicadora social, 1 antropóloga) y 5 era operadoras sociales o comunitarias (1 acompañante terapéutica y 2 sin formación específica).

Conforme a los criterios éticos propios del enfoque relacional, se buscó respetar la autonomía y el asentimiento de las participantes en el estudio. Se trabajó con un consentimiento informado acerca de las condiciones, objetivos y características del estudio, y se garantizó tanto el anonimato de las personas como de los dispositivos a fin de facilitar la libre expresión de las participantes. Los nombres de las personas y de los dispositivos que aparecen en este trabajo son de carácter ficticio.

La comprensión de las narrativas de las participantes del estudio permitió interpretar dos criterios claves: nudos críticos, a modo de obstáculos para la implementación de los objetivos de los dispositivos; y el desarrollo de prácticas instituyentes de subjetividades autónomas.

Desde la perspectiva ético-política de cuidado, el poder compartido y la cooperación, en un movimiento analítico, incluimos la interpretación contextual e histórica de los dispositivos en la formación económico-social, las identidades sociales vinculadas a las prácticas del mundo del trabajo y las formas singulares, en un proceso interactivo relacional y de reflexividad.

Los nudos críticos en los dispositivos de atención de las violencias de género

Para este apartado analizamos las prácticas y significaciones de actoras de los dispositivos acerca del quehacer institucional y las estrategias de intervención frente a las trayectorias de violencia por las que atraviesan las mujeres participantes de ellos, el vínculo con otros dispositivos implicados y las afectaciones de la dinámica socio-histórica, y la lucha por la justicia de género en dichos procesos. Sistematizamos los nudos críticos en los dispositivos de atención en dos dimensiones: la fragmentación de las políticas públicas, y las modalidades de atención asistencialistas e insistencias de las representaciones tradicionales de género.

La fragmentación de las políticas públicas

La incorporación de la justicia y la equidad de género en el ámbito de las políticas sociales es el resultado de un largo proceso que discurre en distintos escenarios, y en el que participan diversos actores: el movimiento de mujeres, profesionales de la salud colectiva implicados, los agentes burocráticos del Estado en los distintos estamentos, las propias mujeres afectadas y su comunidad. Las tensiones y conflictos entre las lógicas de la tutela y la protección de los derechos, entre el control social y la restitución de derechos, y entre la reinserción social y la reinscripción en la trama comunitaria están presentes en el conjunto de las políticas sociales (Carballeda, 2008). Pero la focalización y fragmentación de las políticas hegemoniza los modos de implementación:

(…) es el gran problema de la política pública, digamos, que se piensa todo muy focalizado, no se ve nada integral, la parte sistémica, digamos, tenemos que articular salud, educación, desarrollo social, no existe, nosotras tenemos que sacar un turno como si fuera cualquiera, tenemos que hacer la fila como cualquiera, la vacante en el colegio hay que pelearla como cualquier ciudadano, está mal porque es la salud del mismo Estado la que te tiene que dar salud, es el Estado el que está a cargo de esa persona (Ana, trabajadora social, Refugio CABA, entrevista colectiva). 

 

(…) uno piensa en el abordaje integral del problema de violencia y uno no puede pensar en trabajar con la mujer y no trabajar con los hijos o con las hijas, ese es el problema. Si no es como acotado, es recortado y, en realidad, volvemos a lo mismo, lo que se plantea es el abordaje integral, no el abordaje con la mujer y nada más y con la mujer con una atención psicológica (Laura, trabajadora social, Centro de Atención LM, entrevista en profundidad).

En las narrativas se visualiza cómo el problema de la violencia de género exige ser considerado en su complejidad. Su abordaje no se resuelve ni con la sanción de leyes ni con el acceso a asistencia psicológica de modo exclusivo. Requiere una política de alcance integral que implique la asistencia y acompañamiento inmediato a las mujeres que realizan las denuncias, el análisis interdisciplinario de los determinantes y condicionantes de las situaciones de violencia, y la capacitación intersectorial para la erradicación de las violencias.

La problemática exige pensar la violencia hacia las mujeres como una sólida construcción de relaciones, prácticas e instituciones sociales (incluso del Estado) que generan, preservan y reproducen poderes (acceso, privilegios, jerarquías, monopolios, control) de los hombres sobre las mujeres y, al mismo tiempo, conculcan poderes sociales —sexuales, económicos, políticos, jurídicos y culturales— a las mujeres (Lagarde, 2007):

Uno de los obstáculos para la ruta crítica de la prevención de la violencia es las mujeres cómo pueden protegerse a través de lo que se llama la justicia de género. Aunque no haya una perspectiva de género en la justicia, totalmente, esa es la contradicción. (…) hay situaciones en que la mujer queda más inhibida, cautiva, encerrada, porque las medidas tienen unas cuestiones totalmente paradójicas, le dan tantos metros de perímetro y el violento vive enfrente o muy cercano (Jimena, socióloga, Programa Ministerial Nación, entrevista en profundidad).

 

Me parece que el gran obstáculo es la justicia en sí misma (…) el botón anti-pánico, los refugios, son todas respuestas que da la justicia en donde la mujer es la que tiene que estar pendiente de que se cumpla la restricción, de refugiarse ella (Mariel, trabajadora social, Programa Ministerial Nación, entrevista en profundidad).

La mirada androcéntrica y patriarcal que se anuda a las políticas sociales focalizadas oculta otros procesos que hacen parte constitutiva y constituyente de la consolidación y legitimación de las violencias de género: la feminización de la pobreza, la precariedad laboral, la discriminación o la subordinación de las mujeres en los ámbitos de participación social y la persistencia de las mujeres como responsables del cuidado de los hijos y de la esfera doméstica:

Lo económico es lo principal, son mujeres que en lo general las parejas tienen cooperativas y no tuvieron un trabajo un poco más, digamos, un poco más valorado y ellas también son a veces cooperativistas y, digamos, es como que lo económico la afecta (Claudia, coordinadora, Centro de Atención LM, entrevista en profundidad).

 

Sí, lo que vemos que es lo más difícil es sostener la denuncia. Muchas de ellas llegan con la denuncia, pero lo más difícil es el proceso de sostenerla, sobre todo la cuestión económica, a muchas les hace ir hacia atrás, teniendo en cuenta la limitación que tenemos de recursos humanos lo que tratamos de hacer es articular con otros lugares (Julia, trabajadora social, Programa Ministerial Nación, entrevista en profundidad).

En los relatos de las participantes, el problema de la vivienda y el acceso a un trabajo digno aparecen como los principales obstáculos para el ejercicio de la autonomía de las mujeres, más aun cuando se trata de mujeres con hijos. Los propios procesos y trayectorias de las violencias cercenan los lazos sociales de las mujeres, tanto familiares como comunitarios. En los contextos de pobreza y exclusión social de los cuales son parte estas mujeres, el problema de agrava cuando el número de hijos aumenta o cuando la escolarización de las mujeres se interrumpe.

El problema de clase y las condiciones materiales de existencia aparece como un elemento central que se anuda a las lógicas patriarcales que inciden en las trayectorias de las mujeres. El “aguante” de las situaciones de violencia a cambio de un techo o comida para ellas o sus hijos surge como una “roca dura” al momento de tomar decisiones acerca del vínculo con el violento. Sin embargo, en los dispositivos de refugio o atención, estas problemáticas aparecen como un horizonte de problemas cuya salida se muestra parcial o rudimentaria, según las iniciativas de algunas actoras institucionales, sin integrarse con otras políticas públicas de reinscripción social que garanticen la eficacia de las estrategias de autonomía.

Modalidades de atención e insistencias de las representaciones tradicionales de género

Las representaciones de género son elaboraciones discursivas acerca de las relaciones de jerarquía social entre varones y mujeres. La transmisión cultural de los roles sociales de género supone conductas esperadas y prácticas que reproducen y legitiman el orden hegemónico patriarcal. En el caso de la violencia, las representaciones tradicionales de género operan como obstáculos para el acceso a la atención, la prevención y la restitución de los derechos, tanto dentro como fuera de los dispositivos abordados.

En las narrativas de las trabajadoras participantes del estudio, la figura de “mujer = falsa víctima” porque regresa con el agresor o “mujer víctima = culpable” porque “incita a la violencia” aparecen como representaciones de género que hegemonizan las prácticas de instituciones como la Justicia, la Salud o la Policía:

Yo presenciaba en la comisaría de San Pedro que le ha dicho la policía: “Señora ¿por qué vino a hacer la denuncia? El Comisario Mayor tomándole la nota y Usted arreglándose con su marido”. Un maltrato (Celia, operadora comunitaria, Centro de Atención CABA, entrevista colectiva).

 

Me parece que el gran obstáculo es la justicia en sí misma, el hecho de por ejemplo esto, el botón antipánico, los refugios, son todas respuestas que da la justicia en donde la mujer es la que tiene que estar pendiente de que se cumpla la restricción, de refugiarse ella, de ocultarse ella, mientras que la verdad que los varones siguen incumpliendo y la justicia (Tamara, trabajadora social, Programa Ministerial CABA, entrevista en profundidad).

Estas representaciones despolitizan e individualizan el problema de la violencia de género, legitiman las prácticas violentas e invisibilizan el poder disciplinador del patriarcado, produciendo nuevas victimizaciones de las mujeres.

Pero también, al interior de los propios dispositivos estudiados, las representaciones tradicionales de género se anudan a las prácticas de algunos actores institucionales. Figuras como “mujer = madre” y “mujer = objeto de tutela” insisten organizando muchas prácticas institucionales, que vuelven a vulnerar los derechos de las mujeres, limitan las decisiones sobre el propio cuerpo y la vida, y hasta reproducen violencias hacia trabajadoras de los dispositivos:

Si el padre golpea a la madre y es buen padre con los pibes, entonces no pasa nada. Los chicos están presenciando, los chicos viven de alguna forma violencia, eso trae consecuencias y daños como cualquier situación. Pero es todo un trabajo de instalarlo, por eso hacemos mucho hincapié nosotros en las capacitaciones para los profesionales, maestros (Celia, trabajadora social, Programa Ministerial CABA, entrevista en profundidad).

 

Muchas veces, además de la violencia institucional de los dispositivos, nos encontramos según la situación con situaciones de violencia de género que viene padeciendo la persona. (…) es muy usual que la persona cuando te encontrás con ella te describa una historia de múltiples abusos sexuales, el diagnóstico va a ser “hebefrénica”, siempre ¿no? “Es una persona con tendencia a erotizarse, a tener relaciones sexuales con distintas personas”, o sea, se construye un diagnóstico en lugar de pensar la historia de vida. Y queda ese encasillamiento (Mónica, trabajadora social, Programa Ministerial Nación, entrevista en profundidad).

Prácticas instituyentes y potenciadoras de autonomía

Frente a los obstáculos y límites mencionados, existen ciertas prácticas instituyentes, dentro de algunos de los dispositivos, que permiten pensar en algunos caminos críticos no solo para alojar a las mujeres en situación violencia, sino para producir nuevos modos de subjetivación autónomos y no alienados. En las narrativas abordadas, visibilizamos al menos tres dimensiones de esos procesos: desarrollo de propuestas de autovalimiento de las mujeres; participación en la experiencia social de exigibilidad de derechos: Ni una menos; y reflexividad crítica en prácticas y dispositivos instituyentes.

Desarrollo de propuestas de autovalimiento de las mujeres

Lograr las condiciones para el autovalimiento económico de las mujeres es parte central de los procesos que se propone desarrollar para las mujeres que atraviesan por los dispositivos. Las propuestas cooperativas y de formación en oficios aparecen como requerimientos clave para el sostenimiento de los proyectos a futuro:

Tenemos cooperativas de trabajo, no es que nosotros les ocultamos a ellas que pueden estar dos o tres días y que esté sentada y esperando, no, le comentamos a ella que tenga su salida económica porque eso es fundamental para una mujer, que ella pueda recibir su sustento, que ella pueda salir y buscarse, porque quizás el hombre o las mujeres por no decirlo vuelven de vuelta a su casa porque no tienen dinero (Natalia, psicóloga, Centro de Atención CABA, entrevista colectiva).

 

Nuestra práctica empezó con la realización de reuniones, para ver problemáticas en común de mujeres, ver cómo nos atraviesa el patriarcado. Después de estar en los espacios de la organización, sumando el trabajo en la casa, y viendo que somos las mujeres las que sostienen mayoritariamente las tareas de la organización (Carolina, Politóloga, Centro de Atención CABA, entrevista en profundidad).

Otras modalidades de prácticas instituyentes de autovalimiento se visibilizan en las acciones de denuncia comunitaria al varón violento y de defensa colectiva de las mujeres agredidas. Las prácticas creativas favorecen también la transformación de las representaciones hegemónicas de género y alientan al desarrollo de redes comunitarias y relaciones sociales de sororidad:

(…) lo primero que hacemos, el primer acercamiento es: “Mirá, somos un montón y estamos acompañadas y vamos a hacerlo juntas. No estás sola”. Empezar a generar esa empatía, a partir de un montón de situaciones empezamos a generar esa capacidad de escucha, saber que está atravesada por un círculo de la violencia. El objetivo es crear vínculos sanos y puedas reconocerte con esa potencia creadora (Carmen, operadora comunitaria, Centro de Atención, CABA, entrevista colectiva).

 

(…) el taller se configura y es exclusivamente de mujeres por una decisión (…) Fue sumamente necesario que ese abordaje a nivel individual acompañando la situación de cada una de las mujeres, pero también trabajarlo de manera colectiva en el espacio de mujeres (Zulema, trabajadora social, Centro de Atención, CABA, entrevista colectiva).

La autonomía económica y el apoyo sororo conforman dos pilares fundamentales a ser (re)construidos desde las prácticas instituyentes, en tanto soportes indispensables para los proyectos futuros de las mujeres.

Participación en la experiencia social de exigibilidad de derechos: Ni una menos

La situación de la violencia hacia las mujeres históricamente fue abordada por la preocupación del movimiento de mujeres, y se han promovido diferentes iniciativas para enfrentar el problema. El 3 de junio de 2015, bajo la consigna “Ni una menos”, se desplegó una acción colectiva multitudinaria en todo el país de ejercicio de ciudadanía que cuestionó a la sociedad en su conjunto sobre la dimensión del problema de la violencia hacia las mujeres y sobre las escasas respuestas existentes por parte de las políticas públicas. La acción fue una práctica instituyente que instaló en el escenario social a las mujeres como sujetas de derecho, interpelando cada uno de los dispositivos:

[la movilización del 3 de junio con la consigna Ni Una Menos] lo viví como algo único con las mujeres del grupo, lo vivieron como algo emocionante que, a veces, terminaba en lágrimas saber que había un montón… la mitad de las que estaban ahí eran víctimas y la mitad era gente que iba a apoyar por primera vez el Ni una menos (…) al Encuentro Nacional ya sabemos a qué vamos pero el Ni una menos fue gente que se notó que nunca había ido a un Encuentro de Mujeres y para defender los derechos de las mujeres (Claudia, coordinadora, Centro de Atención LM, entrevista en profundidad).

La exigibilidad, en tanto acción colectiva de reconocimiento de las necesidades y su institución como demanda de derechos de ciudadanía, fue un punto de condensación para la problemática de las violencias de género, que devino en el acontecimiento del Ni una menos. El impacto en los dispositivos fue múltiple y diverso: desde el registro de la problemática, el aumento de la demanda de atención, hasta las afectaciones subjetivas y colectivas que señalan que es posible socavar las bases sociales de las violencias patriarcales.

Reflexividad crítica en prácticas y dispositivos instituyentes

A partir del análisis retrospectivo de las vivencias, experiencias y prácticas realizadas desde los distintos dispositivos abordados y de las complejidades que caracterizan a las demandas y necesidades, encontramos que las actividades de formación, supervisión y actualización son revalorizadas y percibidas como estrategias de afrontamiento del trabajo que llevan adelante. La potenciación de procesos reflexivos promueve el intercambio creativo y comunicativo hacia la construcción de herramientas de monitoreo estratégico que morigeran el impacto de trabajar con las situaciones de violencia y en contextos de precariedad social y laboral:

Nosotras frente a cada caso de violencia tenemos que ver y pensar cómo actuar. No repetimos siempre el mismo accionar. La experiencia nos llevó a pensar que era importante evaluar. Por ejemplo, ahora ya no llevamos ningún niño/a o compañera embarazada cuando tenemos que actuar frente a un caso de violencia. Nuestras estrategias son diversas, siempre atendemos o tratamos de atender la situación particular (Sandra, operadora comunitaria, Centro de Atención CABA, entrevista colectiva).

 

Trabajar con otro profesional y tener que pensar las cosas con otros también para ellos es un desafío: es eso, incorporar la mirada de otra profesión me parece que abre un poco el panorama y está bueno, y hace a la forma de intervenir. También permite que haya muchas situaciones que hay que ponerse de acuerdo con los otros, entonces está bueno (Elsa, trabajadora social, Programa Ministerial CABA, entrevista en profundidad).

Reformular la relación entre la crítica y los dispositivos es el ejercicio activo de una crítica como condición necesaria de aquellas prácticas que operan a contrapelo de las actuales formas de gobernabilidad (Expósito, 2008), sin limitarse solo a señalarlas, sino extrayendo las consecuencias de lo que Foucault (2010) expresó como “no querer ser gobernados de esa forma”. Solo las prácticas de autonomía singulares y colectivas permiten destruir los procesos interiorizados de control de sí como modos de disciplinamiento y socavar las matrices patriarcales, clasistas y racistas que organizan las relaciones sociales.

Conclusiones y discusiones

Desde la perspectiva cualitativa y ético-política del cuidado, en un proceso cooperativo con efectoras de dispositivos de atención de las problemáticas emergentes de la violencia de género, realizamos un movimiento analítico interpretativo en tres campos: el contextual histórico, las prácticas y significados y las modalidades subjetivas. Ante el impacto de las violencias y la implementación de diversas respuestas político-técnicas que muestran obstáculos y debilidades en la exigibilidad y justiciabilidad de género, nos planteamos la necesidad de generar procesos interactivos relacionales y de reflexividad epistémica. Es decir, encuentros de problematización y teorización de las prácticas de las actoras de los dispositivos y de las investigadoras, que se realizan en y a través del sistema de relaciones que posibilitan transformaciones materiales y simbólicas.

Asumimos, desde la reflexividad crítica, la interpretación de las narrativas para comprender a las otras y a nosotras mismas, atravesadas por las dimensiones de poder del contexto social e institucional, y por las tensiones emergentes de las representaciones patriarcales y/o representaciones de autonomía de las mujeres; de las políticas focalizadas y/o políticas de integralidad; y de las prácticas tutelares y/o prácticas que promueven la autonomía de las mujeres.

Se torna un desafío central la presencia de miradas integrales en las que se conecte la multidimensionalidad de la problemática. También que los diversos dispositivos de prevención y atención contemplen que la violencia de género abarca prácticas y actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres y diversidades sexuales en los diferentes aspectos de su existencia. La violencia de género es un todo que incluye un ataque material y simbólico que afecta la libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física de la persona. La superación de prácticas tutelares requiere de la problematización de los saberes y quehaceres de quienes trabajan en violencia con población vulnerable.

Las diversas experiencias develan la importancia de acciones vinculadas al fortalecimiento material, subjetivo y simbólico que tienda hacia la autonomía subjetiva y económica de las mujeres que se encuentran en situación de violencia. La autonomía de las mujeres se ve amenazada por la alta incidencia de la población sin ingresos propios ‒un tercio de las mujeres depende de otros para su subsistencia‒, lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres. Esta posición de desventaja afecta, en algunas situaciones, a los propios efectores de los dispositivos, que vivencian como fracaso terapéutico cuando, a veces, las mujeres retornan con el violento. A su vez, se deben considerar como especialmente críticas las situaciones de violencia que no se denuncian debido a la dependencia económica con el perpetrador y que pueden desencadenar femicidios.

Los procesos de participación comunitaria facilitan prácticas instituyentes que posibilitan tramitar las situaciones de violencia y generar posicionamientos subjetivos autónomos. Son espacios que propician compartir experiencias con otras mujeres y percibir que es posible transformar lo antes impensable, lo que produce efectos en el cuidado de sí y su entorno. El cuidado, como proceso relacional, es constitutivo de una crítica develadora sobre la identidad de género, los estereotipos de feminidad y masculinidad, y los modos de vida, a la vez que iluminadora de su mundo y de su autoidentidad, lo que permite resignificar la autoría de las mujeres en su propia trayectoria de vida.