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2 Enunciación y contexto
del derecho al aborto[1]

Cuerpo, deseo y decisión

Graciela Zaldúa

La cuestión de la exigibilidad del derecho a decidir sobre el propio cuerpo nos involucra, nos interpela y nos convoca como mujeres y psicólogas a participar de un espacio académico libre, como es la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto en Psicología, en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Siguiendo las trayectorias de otros espacios universitarios como el ya instalado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, este encuentro constituye un acontecimiento convocante que irrumpe con una modalidad innovadora para la instalación del problema del derecho al aborto, soslayado en el campo de la psicología aunque impacte en la salud de las mujeres, según los indicadores de morbilidad y mortalidad en los territorios y en las mujeres más afectadas por las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Una figura imprescindible para recordar con respecto al derecho al aborto es Dora Coledesky, feminista, abogada, exiliada y militante pionera por la legalización del aborto. Dora transmitió su potencia enunciadora en múltiples eventos, desde los grupos iniciales de discusión promovidos por la coordinadora por el derecho al aborto, los congresos feministas de San Bernardo hacia finales de los años 1980 y los Encuentros Nacionales de Mujeres, hasta la ya instalada Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, los cuales han logrado resumir en una consigna emblemática las múltiples dimensiones imbricadas en el reclamo del derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Otras referentes que hicieron parte de la historia de la lucha por la legalización desde el comienzo en Argentina son Martha Rosenberg, Alicia Cacopardo y Nina Brugo, quienes acompañan desde hace doce años la presentación del proyecto de ley para la interrupción legal del embarazo.

Algunas puntualizaciones en torno al derecho al aborto

El derecho al aborto instala la centralidad de decidir sobre el propio cuerpo, espacio privilegiado para la capacidad reproductiva, intersección de la naturaleza, lo biológico y la dimensión sociohistórica de las subjetividades. El deseo y la decisión no reproductiva se vinculan con la realización de la sexualidad, del placer con libertad y autonomía. Pero desde la cultura patriarcal se impone la obligación de pasar del principio del placer al de realidad, vinculado a la regulación de los impulsos amorosos y/o agresivos. La ley y el derecho enuncian los acuerdos sociales y sus sanciones. Sin embargo, fue necesario en 1993, en Viena, ratificar que los derechos de las mujeres son derechos humanos.

Las exigencias a los Estados sobre los derechos sexuales y reproductivos, aun a pesar de los propósitos del Estado capitalista, nos desafían a poner en cuestión la libertad, la autonomía, los espacios de lo público y lo privado y las legalidades. Esto supone un compromiso con la integralidad de los derechos humanos, y la defensa del derecho al aborto constituye una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres, y con ella, la de todos los seres humanos. La asunción de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos sin considerar el aborto oculta lo imposible: bajar la morbilidad y mortalidad de mujeres gestantes, eludiendo la causa determinante. Esta operatoria implica un velamiento de la biopolítica patriarcal a través de una retórica que ideológicamente instala el cuerpo sacrificial de las mujeres en la clandestinidad de las prácticas sépticas, y en el riesgo de mala praxis por parte de los profesionales que se involucran desde la óptica mercantil.

La vulneración de derechos de segunda generación, tributarios de los anhelos del Manifiesto Comunista y la Comuna de París, que fueron resignificados por los países desarrollados en el Estado Benefactor para compensar con políticas públicas las desigualdades de clase, género, culturales y étnicas, constituye una norma en los países más pobres, como los latinoamericanos y africanos, y están amenazados en los países centrales. No es casual que en algunos países europeos existan legislaciones, ante las demandas del movimiento feminista, en las que se ubica en primer plano que lo personal es político. Por ejemplo, en el Estado español, en Francia y en Italia es legal la interrupción voluntaria de la gestación hasta las 14 semanas, en Suecia hasta las 18 semanas, y en Holanda hasta las 24 semanas. La excepción es Irlanda, que en su Constitución señala la protección de la vida desde la concepción, pero se modificará por el reciente referendum, en donde más del 87 por ciento de la población se pronunció a favor de legalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el pasado 25 de mayo de 2018. Recordemos el retroceso de Nicaragua, donde en septiembre de 2007, se promulgó un nuevo Código Penal, en el cual se estableció la penalización total del aborto terapéutico. En la actualidad, en Latinoamérica, solamente en Cuba, Uruguay, Puerto Rico y Ciudad de México el aborto es legal. La influencia religiosa opera también en el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, ya sea a través de la obstaculización de la implementación o mediante la introducción de la doctrina religiosa que rechaza los métodos anticonceptivos y las prácticas sexuales fuera del fin reproductivo, y que ingresa a los establecimientos educativos a través de una lectura de la normativa que interpreta la integralidad desde la espiritualidad religiosa. Por ello la consigna “Saquen los rosarios de nuestros ovarios”, que atraviesa diversos países y continentes, se reivindica en los espacios pedagógicos en donde se busca la autonomía de las mujeres respecto de las decisiones sobre sus cuerpos y sexualidades.

Sostiene Federici (2011) que el control de los cuerpos se inicia en la transición del feudalismo al capitalismo, con la caza de brujas, para estabilizar la fuerza de trabajo y la acumulación originaria del capital. Se comienza a sancionar el infanticidio y las prácticas sobre los cuerpos se restringen al poder médico. El aborto, por lo tanto, comenzó a ser considerado como acto en un contexto de relaciones de poder, de género, de clase social, jurídicas, disciplinares, subjetivas, que involucran los campos de la salud, la sexualidad, los ideales y la ética. Transita desde los disciplinamientos de la biopolítica, de las cuestiones demográficas y eugenésicas, clave tanática del totalitarismo que imponen las violencias materiales y simbólicas sobre los cuerpos reproductores, hasta las formas que propician la consideración de la autonomía y respeto a las decisiones sobre los embarazos no viables.

Este tema pone en cuestión lo impuesto, y reubica el protagonismo de las mujeres en una situación en la que operan dimensiones políticas éticas, sanitarias y subjetivas. Cuando se transita en la clandestinidad, la tramitación subjetiva puede estar afectada por angustias, temores y culpas. Según Martha Rosenberg (2011), “en esos momentos no solo falla la anticoncepción, el poder, sino deseos inconscientes que operan en las prácticas sexuales cuando éstas son potencialmente fértiles”. De este modo señala un más allá de la información necesaria y remite a recursos materiales, a la accesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva, consejerías en salud y condiciones de existencia dignas. Asimismo, opera un imaginario de la maternidad como una identidad femenina valorada socialmente y una deuda con la madre dadora de vida. La culpa frente a esos ideales impuestos desde la heteronomía y el castigo fantaseado frente a la transgresión, la falta, operan ante la clandestinización y la condena al aborto. La autora también indica que

el aborto es el rechazo al embarazo como castigo, de la maternidad como destino inexorable, del sacrificio como pauta obligatoria del comportamiento femenino, y recupera la agencia de la mujer sobre su vida y su sexualidad. La decisión de abortar subraya —a alto costo— la dimensión del derecho al placer sexual y a un proyecto de vida en el que la decisión sobre la fecundidad sean producto de un proceso de significación deseante y un juicio ético consciente.

La identidad femenina que se pone en juego performativamente al enunciar el aborto como un derecho y una decisión puede apostar a la libertad y autonomía. De este modo, profanar los dispositivos de subjetivación femenina es recuperar la maternidad como deseo. Como elección y no como imposición

Para Correa y Petchesky las feministas transformaron el discurso del aborto en un concepto más amplio que denota el derecho humano de las mujeres a la autodeterminación por su propia fertilidad, maternidad y usos de sus cuerpos, es decir, los derechos reproductivos y sexuales. Sin embargo, Mabel Bellucci advierte sobre el peligro de que el aborto como un sujeto del discurso político haya sido desplazado por el discurso de los derechos reproductivos, que como resultado se fue despolitizando y terminó cooptado por el Estado y los organismos internacionales.

De este modo, insistir sobre la vigencia del patriarcado en el capitalismo actual parece un oxímoron para el liberalismo, pero desde una perspectiva crítica podemos señalar su sinergia. Históricamente fue una organización social en la que el poder era ejercido por el varón adulto, pater familias, poseedor del patrimonio que incluía a las mujeres, los hijos, los esclavos, los animales y los bienes. La trascendencia de sus efectos a pesar de los siglos y sus reconfiguraciones pone la cuestión en el debate frente a la subordinación y opresión de las sociedades actuales. Carol Paterman (1989) insiste en el valor de la conceptualización de la sujeción de las mujeres, y singulariza el derecho político que los varones ejercen. El contrato sexual en las relaciones de parentesco se combina con el contrato social del capitalismo y da lugar al patriarcado moderno, del pater familias al Estado: la familia nuclear. El control de la sexualidad femenina es constitutivo del patriarcado, y se transforma en una relación política de dominación El sistema jerárquico impone las normas sexuales hegemónicas, la división sexual del trabajo, y a su vez las mujeres están expuestas a diferentes grados y tipos de opresión patriarcal, comunes pero también diferenciales de acuerdo con sus inscripciones de clase, culturales, étnicas.

Historias que demandan compromisos ético-políticos

Para iluminar los casos más relevantes de nuestra realidad respecto de vejaciones al derecho a decidir, por la existencia de abortos inseguros en condiciones que afectan la vida y la salud, el no cumplimiento de los protocolos por causales ni de los procedimientos y estándares de atención de calidad, seguridad y oportunidad, recordemos dos hechos sucedidos en dos provincias del norte argentino. Ambos constituyen casos testigos de la violación de derechos humanos, de estigmatización racista y discriminación clasista y misógina.

Uno es el caso de Juana, la niña wichi violada por varios varones de su barrio luego de jugar un partido de fútbol. El caso es un acto de violencia sexista racista sobre un cuerpo infantil devaluado por su etnia para los apropiadores criollos. La destitución de su soberanía corporal y emocional, en un contexto de estado de excepción, da cuenta de cómo su cuerpo infantil es sacrificable ante las conductas salvajes de quienes se sienten detentadores del poder patriarcal. En esta situación se cometió abuso sexual, abuso de las instituciones negadoras del derecho a la anticoncepción y al aborto no punible por violación. Es decir, la ILE por causal de violación no se aplicó cuando la niña y su familia fueron a solicitar la atención adecuada al sistema de salud, luego de que anteriormente también se le negara el kit antiviolación con retrovirales y pastilla de anticoncepción de emergencia. Lejos de la atención humanizadora, se la sometió a la espera de un feto no viable para hacerle la cesárea, lo que constituye un proceso de absoluta desubjetivación sin contemplar su repulsa, su horror, sus emociones. Como caso testigo, el de Juana resulta un caso de crueldad inhumana del estado jurídico y sanitario, y produce una indignación ético-política extrema.

El otro caso es Belén, joven tucumana que fue a prisión por presentarse al hospital con aborto espontáneo en curso. En esta situación se violaron los protocolos sanitarios de confidencialidad, se la criminalizó sin apelación ni asesoramiento, no contó con posibilidad de defensa, dado que se desestimaron sus argumentos: se produjo un abuso sanitario y jurídico. Un feto en el baño le fue adjudicado, sin comprobar siquiera si era producto de su gestación. Por ello, resulta un caso paradigmático del poder patriarcal y la inermidad de las mujeres pobres. La criminalización y la violencia sexista e institucional fue resistida por el movimiento de mujeres que acompañó a Belén, jurídica y emocionalmente, y convirtió la situación en un caso paradigmático de violencia de género, patriarcal y capitalista que permitió su liberación primero y su absolución, después.

La visibilidad de esta problemática y la incorporación en la agenda pública como componente de los derechos humanos que trasciende el ámbito de los asuntos privados, se relaciona con las demandas de la sociedad civil y en particular del movimiento feminista y de mujeres debe ser llevada a cabo de manera transversal en la formación de profesionales comprometidos con la salud colectiva.


  1. Una versión anterior de este texto fue presentado por la profesora Graciela Zaldúa en la charla debate “Derecho al aborto: cuerpo, deseo y decisión”, realizada el 8 de junio de 2016 por la Cátedra Libre de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.


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