En primer lugar, en el ámbito de la OEA identificamos las Convenciones, los Pactos Interamericanos, la labor de la CIDH y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como instrumentos que enmarcan las negociaciones sobre DSR. Estos instrumentos resultan un estándar jurídico para todo el hemisferio y tiene efecto vinculante para los Estados que los ratifican. Señalamos que los consensos que surgen de las negociaciones intergubernamentales no refieren a los DSR como un conjunto indivisible, sino cuando se plantean por separado o desde otras agendas como salud y combate contra la violencia de género. Este es el caso de la prevención de la violencia sexual y los servicios de salud sexual y reproductiva sobre todo de acceso a la información. Otro de los resultados ha sido el rechazo de la iniciativa social de la Campaña por una Convención de DSR en el marco de la OEA que también fue impulsada en las discusiones del MERCOSUR donde, de acuerdo con las entrevistas y el relevamiento realizado, se evidencia que ningún Estado quiso asumir el liderazgo. En términos de consensos construidos hacia el reconocimiento de DSR, destacamos los pronunciamientos, informes, declaraciones y recomendaciones de la CIM y la CIDH que sientan posición al respecto. Éstos suelen ser recursos utilizados en las negociaciones para plantear temas ya sea en las instancias de la OEA como del MERCOSUR. En este último, además señalamos como resultado los planes de trabajo en la Comisión Intergubernamental de Salud Sexual y Reproductiva que abordan ampliamente a los DSR, las Directrices para una política de igualdad de género y las declaraciones de los ministros de Salud y de Derechos Humanos respectivamente.

OEA

En el ámbito de la OEA los resultados de las discusiones construyeron consensos en relación a la agenda de DSR principalmente en la CIM y la CIDH. En el marco de la CIDH, específicamente dentro de los informes de las actividades de la Relatoría de derechos humanos de las mujeres, se registra en 2002 la participación tanto de la Comisión como de la Relatoría en un panel sobre “los derechos reproductivos en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos”, como parte del seminario-taller sobre “La Promoción y la Protección de los Derechos Reproductivos a través del Trabajo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para América Latina, el Caribe y Canadá”, organizado en

San José por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos entre otros. Más tarde, entre 2005 y 2010, también la Relatoría informa todas las actividades y preocupaciones en torno a los DSR de las mujeres de la región y especialmente en 2008 que hace referencia a las capacitaciones y las reuniones de trabajo sobre la protección de estos derechos. Estas iniciativas de la Relatoría, como vimos, estaban enmarcadas en proyectos de cooperación internacional con el apoyo económico de los gobiernos de Finlandia y España para conocer los avances y desafíos sobre los derechos reproductivos de las mujeres y publicar informes temáticos. En el ámbito de la Asamblea General, los DSR no lograron plantearse como tales, pero surgen temas que integran esta agenda. Nos referimos a la salud sexual y reproductiva que aparece principalmente referido a ciertos grupos poblacionales como en la resolución de 2007 incluido en el “programa de acción para el decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad (2006-2016)” (Resolución 2339, 2007, p. 316). En la asamblea del año siguiente, también surge la salud sexual y reproductiva enmarcado en la Declaración de Medellín “Juventud y Valores Democráticos” por parte de los ministros de Relaciones Exteriores y los jefes de delegación de los Estados miembros que consta de cuarenta y cuatro puntos, entre los cuales, en el punto treinta y nueve declaran

Su compromiso de prestar especial atención a los aspectos del bienestar físico, mental y social de la juventud necesarios para su plena integración y participación en la sociedad, tales como el acceso a servicios básicos de salud, incluyendo, entre otros, la salud sexual y reproductiva, la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA y los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de drogas, la prevención del embarazo precoz y la eliminación de todas las formas de violencia, incluida la violencia basada en el género, la explotación sexual de los y las jóvenes y la prostitución infantil. (Declaración de Medellín, 38° Asamblea General, 2008, p.9).

En esa misma Asamblea también se introduce el tema sobre “Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género” para ser incluido en la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos a propósito de la creciente preocupación sobre los actos de violencia y violaciones de derechos humanos de las personas LGBTI (Resolución 2435, 38° Asamblea General, 2008). En las Asambleas de 2009 y 2010 los temas de consenso son la educación sexual integral como herramienta de prevención sobre todo con referencia a las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH. En el marco de la Resolución 2467 de la Asamblea de 2009, se hizo referencia al respecto, en el apartado dedicado a la erradicación del analfabetismo y la lucha contra las enfermedades que afectan el desarrollo integral, se menciona la Conferencia Internacional sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida donde los “ministros de Educación y Salud de América Latina y el Caribe reafirmaron la importancia de la educación sexual integral” (Asamblea General, 2009, p. 107). Esa misma mención sobre el compromiso de los ministros de la región se repite en la Asamblea General de 2010 bajo la misma resolución esta vez con el número 2569 correspondiente a la 40° período de sesiones de la asamblea de aquel año (p. 254). También en dicha asamblea se señaló la importancia de la educación sexual en la Declaración de Quito sobre “mejores oportunidades para los jóvenes de las Américas: repensando la educación secundaria” en donde las ministras y los ministros de Educación de los Estados miembros de la OEA declaran la necesidad de reforzar los currículos educativos. Se habla de una “educación integral en el Siglo XXI” que debe promover la comprensión crítica de la sociedad, el conocimiento y el respeto de los derechos humanos, la democracia, la diversidad, la inclusión, la no discriminación, la interculturalidad, el medio ambiente, la educación sexual” entre otros (Declaración de Quito, 40° Asamblea General, 2010, pp. 358-359).

Durante ese mismo año, en 2010, la CIDH publicó el informe titulado “acceso a la salud materna desde una perspectiva de Derechos Humanos”^[1], por el cual también se alerta sobre las graves consecuencias del aborto inseguro, teniendo en cuenta las visitas in loco de la propia Comisión a países específicos como Colombia y Paraguay,

Por ejemplo, la Comisión se ha referido a la grave situación de mortalidad materna en la región, y cómo la misma refleja el nivel de pobreza y exclusión de las mujeres^[2]. También se ha referido al aborto como un problema muy serio para las mujeres, no sólo desde un punto de vista de salud, sino también de sus derechos humanos a la integridad y a la privacidad^[3]

Para alertar sobre esta situación, también apeló a las cifras públicas de investigaciones tanto de la Organización Panamericana de la Salud la cual informa que las “enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe representa el 20% de la carga total de enfermedad en las mujeres y 14% en los hombres, haciéndose manifiesta la brecha entre los géneros” (OPS, 2007)^[4] ; como del Comité de la CEDAW para recordar a los Estados Partes su compromiso en asegurar “que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad.”^[5] Al igual que apeló a los acuerdos del plan de acción adoptados en El Cairo en 1994, señalando a los Estados que habían asumido tales compromisos con relación a la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo

a fin de lograr una reducción rápida y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas (…) sobre la base de un esfuerzo decidido por mejorar la salud y el bienestar de la mujer, reducir considerablemente el número de muertes y la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones.^[6]

Por tanto, se observa que uno de los temas que logra cierto consenso de forma amplia tiene que ver con la salud materna y, en algunos casos, la salud de las mujeres que incluye directamente a los DSR. Esto se traslada también a los fallos que vimos previamente de la Corte Interamericana. Al año siguiente, en 2011, también se publica un documento en un sentido semejante, referido al “acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos”^[7], por la cual se recuerda el caso presentado ante la CIDH contra el Estado de México, en su responsabilidad internacional, a propósito del otorgamiento de información incompleta y falsa sobre la intervención médica para evitar que un niña embarazada víctima de delito sexual pudiera interrumpir legalmente el embarazo^[8] conforme al código penal en aquel entonces (2002). En ese material, junto al de servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos del año anterior (2010), se retoman y se vuelven a explicitar cuáles son las medidas necesarias para asegurar la información sobre los DSR, la salud sexual y reproductiva para el ejercicio de la autonomía personal. Así como también para evitar incurrir en prácticas riesgosas por falta de información y acceso a la salud primaria. El documento de 2011 además, establece lineamientos con relación a la objeción de conciencia que, bajo ninguna circunstancia, debe ser utilizada para negar el acceso a la salud de otra persona, “es decir, si bien los profesionales de salud demandan respeto de su derecho de conciencia, también deben demostrar igual respeto a los derechos de conciencia de sus pacientes.” (párr. 94, p.31). En el mismo informe se advierte sobre la responsabilidad que tienen los Estados de garantizar, en particular para las mujeres, “el acceso a la información sobre sus derechos sexuales y reproductivos a través de su difusión masiva y especializada” (Párr. 31) y sobre todo para las adolescentes, recordó lo establecido por parte del Comité sobre los derechos del niño, en donde los Estados tienen el deber de brindar información sobre el daño que pueden ocasionar los embarazos precoces, “proporcionando servicios de salud adecuados a sus derechos y necesidades particulares” (Párr. 32).

Por otra parte, observamos resultados del proceso de construcción de consensos en DSR en el trabajo realizado bajo el marco de la CIM. Dentro del cual se encuentra la creación del MESECVI, como herramienta de monitoreo sobre la implementación de la Convención Belém do Pará, instrumento fundamental para erradicar las violencias contra las mujeres. El papel del Comité de Expertas, a través del monitoreo que realizan, la observación y el diálogo permanente con los distintos actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, permitió que la Convención no permanezca sólo en la letra de una norma, sino que esté vigente y actualizada con los acontecimientos que suceden diariamente en los países de la región y especialmente los Estados parte de la Convención. De ahí que hablar de violencia sexual permitió conformar una suerte de gran paraguas conceptual para incluir y enmarcar, cuando no se reconocen ni se aseguran, los DSR y el acceso al aborto seguro. De acuerdo con las fuentes documentales, en 2010 tras las denuncias presentadas a la CIDH, las historias de violación de derechos humanos que terminaron siendo casos elevados ante la Corte IDH, se enmarca la vulneración de la salud sexual y reproductiva como parte de la violencia sexual y, en algunos casos, más explícitamente con los DSR.

Como vimos, los DSR se nombraron desde la primera ronda de evaluación multilateral en 2008^[9] lo que permitió evidenciar las consecuencias de su vulneración y violación por acción u omisión de los Estados en los informes posteriores. En la cuarta Conferencia de Estados Parte de la Convención en 2012, se hace referencia a la “ausencia de protocolos y mecanismos para la gran mayoría de los casos donde la ley permite la interrupción del embarazo, especialmente en aquellos en los que es necesario por razones profilácticas.” (MESECVI, 2012, p.16). Dentro de dicho informe se incluyen las recomendaciones del CEVI en torno a “despenalizar la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos, sea para salvar la vida de la madre o sea para evitarle un daño grave o permanente a su salud física y mental, y despenalizar la interrupción del embarazo producido por violación” (p. 41). Para el abordaje de este punto, dos párrafos anteriores, remarcan la importancia de garantizar el ejercicio pleno de los DSR para las mujeres como parte de su derecho a la vida, la integridad física, psicológica y moral, así como el derecho a no ser sometidas a tortura, cuyos derechos forman parte nodal de la Convención de Belém do Pará. Además, fundamentaron la importancia del control de los DSR por parte de las mujeres, tomando en cuenta un estudio del secretario general de las Naciones Unidas publicado en 2006 sobre la importancia de poner fin a la violencia contra las mujeres y que el CEVI recupera para resaltar que

el control de los derechos reproductivos de las mujeres es un medio por el cual se mantiene la dominación masculina y la subordinación de las mujeres y constituye una forma de discriminación y violencia institucional contra ellas. En este marco, el Comité elaboró siete recomendaciones encaminadas a que los Estados apliquen el artículo cuarto de la Convención y protejan el derecho a la vida, integridad física, psíquica y moral de las mujeres, así como el derecho a no ser sometidas a tortura. (párr. 104)

En este sentido, la recomendación de la despenalización de la interrupción del embarazo, al menos bajo ciertas circunstancias, se traduce como un mecanismo para asegurar la salud materna y la salud de las mujeres en relación a sus derechos sexuales y reproductivos principalmente en términos preventivos de evitar daños graves e irremediables. Por otra parte, a fines del año 2012, la CIM presenta el plan trienal de trabajo propuesto para el período hasta 2015 cuyo contenido incluye, dentro del apartado sobre contextualización de la región, a la autonomía reproductiva como un derecho de las mujeres obstaculizado, que reproduce la violencia de género^[10]. Al siguiente año, en 2013, la CIDH en su 147° sesión ordinaria manifiesta su preocupación por la información recibida “sobre los actos de descalificación y desprestigio así como la criminalización de las labores realizadas por defensoras de los derechos reproductivos y de la mujer, así como de personas LGBTI.”^[11] Recordemos que este período de sesiones e intercambios en los ámbitos de discusión previos a la asamblea, donde se buscaba construir consensos en materia de DSR, coincide con el proceso que vimos en torno a la asamblea de 2013 en Guatemala. En paralelo, se estaba llevando adelante el proceso que logró la sentencia de la Corte contra el Estado de Costa Rica, por la historia de Artavia Murillo con un paradigmático fallo. Dicha sentencia precisó aspectos fundamentales relativos a los DSR y a la autonomía reproductiva de las mujeres, entendida como aquellas decisiones que corresponden a la vida privada y que deben respetarse. De igual forma, sobre el respeto en general, de la vida desde la concepción ya que no puede concebirse de manera absoluta la vida del feto por encima de otros derechos. Cuestiones que ya se habían considerado en procesos anteriores como Argentina y Perú^[12] donde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la CEDAW se manifestaron diciendo que “los principios fundamentales de igualdad y no discriminación exigen privilegiar los derechos de la mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida en formación”, lo que permitió sentar el fallo de la Corte en 2012 como acuerdos de carácter progresivos fundamentales. Resulta importante remarcar aquí, que los acuerdos de carácter progresivos responden a principios del derecho internacional, sobre todo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de los cuales la OEA se adscribe. Estos principios son de progresividad y no regresividad en materia de derechos, estipulados tanto en la Convención Americana, artículo 26, como en el Protocolo adicional de San Salvador en el primer artículo (Stinco, 2019). Estos marcos normativos establecen que los Estados parte se comprometen a adoptar medidas para lograr progresivamente la efectividad plena de los derechos. La CIDH afirmó que el principio de progresividad se aplica a todos los derechos consagrados por los instrumentos internacionales expresando que “el desarrollo progresivo es inherente a todos los instrumentos de derechos humanos” (CIDH, 1993, párr. II). En relación a esto, también resulta valioso subrayar que forman parte de los estándares internacionales en derechos humanos, los cuales fijan definiciones a partir de un proceso de interpretación para establecer obligaciones y deberes por parte de los Estados, por medio de un conjunto de reglas y principios estipulados legalmente (Abramovich, 2006 y 2007). Siguiendo a Pautassi (2010) dentro de los principales estándares que se utilizan para precisar el contenido de los derechos sociales, se encuentran los principios de progresividad y no regresividad, como parte de los parámetros de juicio que los Estados deben tomar en cuenta para adoptar medidas en cumplimiento de sus responsabilidades. Estos principios establecen la garantía sustancial de los derechos humanos. Se vinculan en particular a los derechos económicos, sociales y culturales de acuerdo con el Pacto Internacional pero también se refiere a los derechos civiles y políticos. El principio de progresividad de los derechos humanos, involucra tomar medidas eficaces y concatenadas que den cumplimiento de forma gradual para el ejercicio pleno a corto, mediano y largo plazo, promoviendo el progreso y la no regresividad para la protección y garantía de derechos ya reconocidos.

En sintonía, identificamos como otro resultado de los procesos de construcción de consenso, la declaración que publica el Comité de Expertas del MESECVI, en septiembre de 2014, específicamente “sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos” ^[13]. Todo el documento fundamenta la urgencia de atender los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes, en general y en particular, sobre la necesidad de eliminar las barreras para acceder a abortos seguros y a la atención post aborto, especialmente en donde la práctica está absolutamente penalizada, ocasionando como consecuencia malos tratos, tratos crueles, inhumanos y tortuosos. Entre los puntos de la declaración se expresan tres cuestiones sustanciales, en primer lugar, que

los derechos sexuales y reproductivos forman parte del catálogo de derechos humanos que protegen y defienden el Sistema Universal e Interamericano de derechos humanos; y que los derechos sexuales y reproductivos se basan en otros derechos esenciales incluyendo el derecho a la salud, el derecho a estar libre de discriminación, el derecho a la vida privada, el derecho a la integridad personal y a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes^[14], al derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, el espaciamiento y momento de tener hijos e hijas y de tener la información y los medios para hacerlo y el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción libres de discriminación, coerción y violencia y por lo tanto a ser libres de violencia sexual. (MESECVI/CEVI, 2014, p. 2)

Se recuerda y explicita, además, lo que significa la violencia sexual retomando las sentencias de la Corte IDH. Dicha violencia se configura, bajo cualquier circunstancia, “con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”^[15] y, para erradicar estas violaciones a los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes, es imprescindible eliminar los estereotipos de género. Sobre todo, porque las consecuencias de carácter nefasto, no sólo recaen sobre las principales víctimas sino sobre todo el conjunto de la sociedad. Este conjunto de cuestiones son compromisos que asumieron los Estados al ratificar la Convención Belém do Pará, para adoptar medidas en forma progresiva para

modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, (…) para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer (Convención Belém do Pará, 1994, Art. 8, b.)

Al finalizar, se presentan veintiún recomendaciones para revertir la situación alarmante con respecto a estos derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Meses después, como también vimos, el Mecanismos hace la presentación en la primera Conferencia de Estados Parte de la Convención, del segundo informe del Comité de Expertas para conocer el estado de la implementación de sus recomendaciones. Allí un apartado específico dentro de las legislaciones estuvo dedicado a los derechos sexuales y reproductivos y en él, a la despenalización del aborto (MESECVI, 2014, pp. 40 y 41). Durante el año 2015, el Comité de Expertas publica una infografía sobre la interrupción del embarazo como parte de los DSR^[16], en donde se vuelve a recomendar a los Estados sobre la importancia de “despenalizar la interrupción del embarazo, garantizando la salud sexual y reproductiva de las mujeres y su derecho a la vida, eliminando el aborto inseguro y estableciendo leyes y políticas públicas que permitan la interrupción del embarazo.” (s/p). Además, recuerda que penalizar y prohibir absolutamente la práctica no sólo viola el derecho a decidir de las mujeres, “sino que también vulnera su derecho a la salud, autonomía, privacidad, seguridad, entre otras” además de que pone en riesgo sobre todo a las mujeres que ya viven en condiciones de vulneración de derechos.

Al mismo tiempo, en el marco de la CIDH y la Corte se trabajó en sintonía sobre estas cuestiones. Por un lado, la Corte falla penalizando al Estado de Bolivia por el caso I.V. sobre ligadura de trompas forzada, sin consentimiento^[17]. Un hecho que viola los derechos a la salud y a la autonomía sexual y reproductiva, que representan cuestiones de orden público interamericano, pues en materia de salud sexual y reproductiva se requiere consentimiento informado. Como parte de las observaciones finales escritas de la historia de I.V. vs. Bolivia, caso N.º 12.655, se encuentra expresado en la introducción el carácter emblemático que reviste, pues “la Honorable Corte Interamericana está llamada a pronunciarse sobre el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres” (párr. 1). Dentro de estas observaciones se mencionan como parte de las consideraciones generales con referencia a la violación de la Convención Americana por realizar una esterilización sin consentimiento, se hace referencia a la sentencia de Artavia Murillo y otros, la cual expresa que las “decisiones en materia de autonomía reproductiva se encuentran protegidas dentro del alcance y contenido de varios derechos establecidos en la Convención (arts. 5, 7, 11 y 17)” (párr. 23). Estos derechos que se mencionan son específicamente a la integridad personal, la libertad personal, la vida privada y familiar y a fundar una familia. Y bajo esta línea también se recuerda el informe de fondo (72/14) en el cual se deja asentado que

existe consenso internacional – tanto en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la Corte Europea de Derechos Humanos y en la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos- en el sentido de que la autonomía reproductiva derivada de una lectura conjunta de varias disposiciones convencionales, incluye la decisión de tener hijos/as y el espaciamiento entre ellos/as. (Cap. II, párr. 23).

En este sentido, entendemos que los DSR están presentes y vinculados a derechos ya reconocidos y consolidados dentro del sistema interamericano de derechos humanos.

Por otra parte, en el informe sobre el Panorama de la Situación de derechos humanos de 2016^[18], la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres a cargo de la Comisionada Margarette May Macaulay, manifestó que “los desafíos en la protección y en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” son una de las actividades que la Relatoría está enfocada en trabajar. En concordancia con la actividad de la propia Comisión cuando realizó audiencias públicas^[19] sobre el tema. Frente a los informes de actividades y trabajos que elevan las Relatorías a la Comisión, como vimos, se redacta el estado de situación de los derechos^[20] y en donde se refuerza “la persistente negación de sus derechos sexuales y reproductivos en varios países” (párr. 25, p. 534). En sintonía, por parte de la CIM, el MESECVI presenta un informe temático hemisférico sobre “Violencia sexual y embarazo infantil”^[21] por el cual, recupera los acuerdos, argumentos y declaraciones que se han manifestado con anterioridad y refuerza que

los Estados deben garantizar que no se reproduzcan conductas de maltrato y humillación en entornos institucionales, y que el personal de salud no revictimice o deniegue el acceso a los servicios de salud a las mujeres que los requieran y que asegure el acceso a la información sobre la salud reproductiva, imprescindible para que las mujeres puedan ejercer su autonomía reproductiva y sus derechos a la salud y a la integridad física (párr. 39, p. 18).

Esto también se plantea como uno de los puntos dentro de las recomendaciones sobre políticas públicas en el ámbito de la salud (párr. 239, p. 70). Además de llamar la atención sobre las prácticas para asegurar el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, se señalan las cuestiones relativas a la violación de estos derechos cuando no se atiende la problemática del aborto inseguro, sea por legislaciones punitivas o por la ausencia de protocolos, acceso a la información y servicios de calidad. En la misma línea, también se plantea dentro de las recomendaciones para las políticas públicas en el ámbito legislativo, la necesidad de “fortalecer el carácter laico de los Estados en la normativa y en las medidas a adoptar en los temas relacionados con la violencia sexual contra las niñas y el embarazo infantil en la región” (párr. 227, p. 69).

Más tarde en 2017, otro resultado a destacar tiene que ver con el Comunicado de prensa que publicó la CIDH en octubre de ese año, exhortando “a todos los Estados a adoptar medidas integrales e inmediatas para respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”^[22] por el cual,

La Comisión a su vez subraya el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre la dignidad y los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, como en general al derecho de las mujeres a vivir libre de violencia y de discriminación. La criminalización absoluta del aborto, incluyendo casos en donde la vida de la mujer se encuentra en riesgo y cuando el embarazo es producto de una violación sexual o de incesto, impone una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de mortalidad materna. (Comunicado CIDH, N.º 165, 2017, s/p).

Este comunicado de prensa, si bien no representa un consenso que vincule normativamente a los Estados miembros, deja asentado un posicionamiento por parte de la CIDH que resulta relevante para entender la manera en que la Comisión percibe y aborda estos temas como parte de los derechos humanos. Siendo la Comisión la encargada de observar y defender los derechos, es significativo el llamado de atención sobre la criminalización del aborto. En esta línea, el informe anual que publica la Comisión ese año, en el capítulo sobre el desarrollo de los derechos humanos en la región (Capítulo IV), dentro del eje prioritario dedicado a los derechos de las mujeres y referido a sus DSR, la CIDH saludó la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en Chile por medio de la cual las mujeres en el país podrán acceder al aborto legal y seguro en tres circunstancias^[23]. El Estado de Chile en aquel entonces era uno de los países que prohibía absolutamente la práctica, lo cual resulta un efecto importante a tomar en cuenta. No obstante, en los plazos establecidos cuando se trata de un embarazo producto de violencia sexual, en los casos de niñas menores de 14 años se establece un plazo límite de 14 semanas lo que representa un desafío porque la continuación de un embarazo de esas características, como vimos en el informe del Comité de Expertas del MESECVI, representa graves problemas para la salud y el desarrollo de su vida, además de conllevar un embarazo de alto riesgo con altas probabilidades de complicaciones que pueden ocasionar morbimortalidad.

De igual manera la CIDH también saludó las iniciativas legislativas presentadas en El Salvador para despenalizar el aborto cuando sean embarazos producto de violación a niñas menores de edad y en caso de riesgo para la vida de la mujer. Asimismo, la iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia para ampliar las causales de despenalización del aborto. Sin embargo, únicamente la iniciativa de El Salvador no prosperó, manteniendo la regulación que prohíbe absolutamente el aborto penalizándolo en todas sus circunstancias, situación que actualmente somete al Estado salvadoreño a la denuncia internacional y a la espera de una sentencia al respecto por parte de la Corte IDH^[24].

En el mismo sentido, señaló el comunicado de prensa reiterando la preocupación frente a los diversos obstáculos que debían enfrentar las mujeres para el ejercicio pleno de sus DSR. Seguidamente, mencionó la situación de Venezuela, a partir de la información enviada por organizaciones de la sociedad civil ante la escasez de métodos anticonceptivos lo que estaba provocando un aumento de embarazos no deseados y de abortos inseguros. Por otro lado, en dicho informe la Comisión también señaló que estaba siguiendo de cerca el caso de Estados Unidos, con relación a la decisión administrativa durante la gestión de Trump al reanudar la gag rule “regla de la mordaza global”^[25]. Como vimos en el primer capítulo, esta decisión blinda la financiación federal para las organizaciones que faciliten información y asesoramiento en relación a los DSR en particular cualquier información relativa al aborto. Esto no sólo limita el acceso a servicios de salud para mujeres, en este caso de todo el país norteamericano, sino sobre todo pone en riesgo la vida de aquellas que se encuentran en condiciones de otros derechos vulnerados. Por otro parte, también manifestó preocupación sobre los obstáculos en Perú para acceder a la anticoncepción de emergencia en el sistema público y de forma gratuita, mientras que la venta del medicamento en el sector privado era distribuida legalmente. Y así mismo por los casos de Honduras y República Dominicana que, tras un intento de despenalizar el aborto por causales, el Congreso Nacional hondureño y el ejecutivo dominicano mantienen al día de hoy la penalización absoluta, incluyendo cuando la vida de la mujer está en riesgo.

Dichas preocupaciones manifestadas por la CIDH, se repiten en el informe anual de 2018 y, en particular en las conclusiones, se vinculan cuestiones alarmantes como la adopción de leyes y otras medidas estatales contrarias a los principios de igualdad y no discriminación que vulnera los DSR especialmente donde persiste el racismo estructural y los estereotipos de género y sexistas en la región, ya que son medidas que, en lugar de erradicar la intolerancia y la desinformación, la promueven. Esto se vincula con el pronunciamiento del secretario general, Luis Almagro, dirigido a los secretarios y directores del organismo bajo el asunto titulado “progresividad y no regresividad del derecho a la igualdad y no discriminación” en cuyo memorándum visibiliza “el crecimiento de movimiento anti derechos humanos y anti igualdad de género que representan una amenaza para los derechos humanos y para la estabilidad y la legitimidad de los sistemas democráticos.” (OEA, 2018, p.1) Frente al señalamiento de esto grupos, asegura que hay una necesidad en dar una respuesta institucional al respecto, basándose en los principios progresividad y no regresividad en el ejercicio de los derechos humanos “en particular de los derechos a la igualdad y a la no discriminación.” (Ibidem). En este sentido, identifica y remarca dos vertientes que atacan estos principios y evidencian estos intentos de regresión

1. Por un lado, los grupos que atacan directamente los DD. HH, en particular los derechos sexuales (en general, como categoría de derechos), los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos del colectivo LGBTI, así como los derechos de las personas Trans.

2. La otra vertiente de ataque pretende desconocer la legitimidad de los pronunciamientos de los distintos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando. que van más allá de su jurisdicción y buscan imponer cambios a los países que solamente los parlamentos nacionales pueden establecer. (OSG/294, 2018)

Y finalmente subraya el lema “más derechos para más gente” incorporado como objetivo de la organización desde la gestión de Almagro, cuya postura frente a estos ataques tiene que ser clara y unificada “los derechos humanos y la agenda para la igualdad son hoy parte central de lo bueno en el mundo” (ídem). De acuerdo con esta postura, podemos considerar como resultado de los procesos de construcción la salvaguarda que representan los antecedentes de trabajo y la propia institución, sin perjuicio de lo cual los Estados se atengan más o menos a ello.

También la Comisión reiteró el llamado urgente hacia el Estado de El Salvador para “terminar con la criminalización del aborto” a través del Comunicado de Prensa N.º 042/18^[26]. En este caso, la urgencia se deprende a propósito de la decisión de restituirle la libertad a Teodora del Carmen Vázquez, habiendo estado privada de ella durante diez años, a raíz de un aborto espontáneo.^[27] Situación que muchas mujeres, hasta el día de hoy, deben enfrentar. Al año siguiente, la vulneración de derechos en el Estado salvadoreño es nuevamente preocupante, dado que, en 2019, la Corte se expresa sobre el caso 13.069, “Manuela y familia vs. El Salvador, criminalización del aborto”^[28]. La denuncia es, entre varias cosas, para condenar la responsabilidad del Estado centroamericano por no garantizar el secreto profesional sobre los derechos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, además de reconocer que hubo en la sentencia condenatoria de Manuela, estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres y estereotipos de género. Y llama a crear protocolos para proteger a los médicos en casos relacionados con emergencias obstétricas o abortos. No obstante a estas sentencias de la Corte y a los comunicados de la CIDH sobre la criminalización del aborto en El Salvador, en el informe anual de la CIDH publicado en 2019^[29], reitera que si bien el Código salvadoreño establece penas de hasta 12 años en lo relativo al delito de aborto, se ha informado a la Comisión que “al menos 74 mujeres que han sufrido complicaciones o emergencias obstétricas han sido condenadas por homicidio agravado y sentenciadas hasta con 40 años de cárcel, con base en la sospecha de haberse inducido un aborto” (párr. 275). Asimismo, manifiesta la preocupación de los Estados de Mississippi, Alabama, Missouri y Georgia de Estados Unidos que habían sancionado leyes restrictivas para acceder a las interrupciones del embarazo, incluyendo los casos donde son producto de violencia sexual. En cuanto a este asunto, también señaló desafiante el debate que se estaba dando en Jamaica para ampliar la despenalización del aborto en el país^[30]. Seguidamente en el compendio que vimos anteriormente, que presentó la CIDH de buenas prácticas para reflejar los desafíos que persisten sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, remarcó cuáles son los impactos concretos que genera la criminalización total del aborto^[31]. Señalado nuevamente en el compendio sobre igualdad y no discriminación^[32] al referirse a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y los casos de denuncia elevados ante la Corte, como principios de los cuales se deriva que “la falta del respeto pleno del derecho a la integridad personal de las mujeres en la esfera reproductiva puede contravenir a su vez su derecho a vivir libre de toda forma de discriminación” (párr. 100), derecho protegido por el primer artículo de la Convención Americana. En este sentido, identificamos como resultados a los posicionamientos de la CIDH ya que incluye a los DSR, en particular en el último período lo relativo a la criminalización del aborto, como parte del desarrollo de los derechos humanos en la región. Finalmente, por parte de la CIM, no se registraron más posicionamientos después de 2016 al respecto de los DSR en general. Salvo en 2019 en la relatoría de la decimosexta reunión del Comité de Expertas, por parte de una representante de la sociedad civil de Ecuador, se mencionan los DSR únicamente ligados a las personas con discapacidad y la necesidad de que se incorpore un enfoque de inclusión en todas las políticas y los programas de desarrollo, especialmente de salud sexual y reproductiva. Y en el informe de la Secretaría Técnica, la relatora por parte de Ecuador informó sobre su reunión con el representante para América Latina de la organización “Human Right Watch” y representantes de los movimientos en defensa del derecho al aborto con el objetivo de conocer experiencias de otros países y definir estrategias de lobby, difusión y cabildeo a favor de la despenalización del aborto a raíz de la reforma al Código Penal para incluir los casos de violación. Cabe destacar, por último, que, en 2019 se llevó a cabo el proceso de elección para el cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIM cuyas postulaciones ocasionaron una importante preocupación por parte de los sectores que promovían discusiones con lenguaje más progresistas en la OEA, puesto que una de las candidaturas era la de Ángela Margarita Rey Anaya, de Colombia, abiertamente opositora del aborto. Entre las observaciones que realizaron, doce expertas del Comité manifestaron su oposición “a que el cargo sea ocupado por una persona que se haya manifestado en contra de derechos ya conquistados”^[33], así como también, destacaron la importancia de una trayectoria reconocida en la ampliación de derechos de las mujeres, especialmente si manifiestan oposición a derechos ya conquistados, al igual que personalidades y organizaciones de la sociedad civil. Paralelamente, dicho proceso coincidió con los preparativos del “Consenso de Ginebra” que, como vimos, luego de los cambios de gobierno en los países impulsores quedó sin peso. No obstante, evidencia una direccionalidad coordinada entre países afines bajo el liderazgo estadounidense en articulación con el gobierno de Brasil de 2020. Ambos, por cierto, con una difundida postura opuesta a muchas cuestiones de seguridad sanitaria durante las medidas preventivas recomendadas por la OMS para mitigar contagios en el contexto de la pandemia, entre otros asuntos controversiales.

De acuerdo con una de las entrevistas, fue la delegación de Brasil la que presentó el consenso de Ginebra en la reunión del Consejo Permanente, con apoyo de Colombia, para que haya una resolución al respecto (Entrevista AG.1). Si bien la iniciativa no prosperó y escapa al período delimitado en este estudio, permite dar cuenta de la oscilación de posiciones y que los temas nunca están asegurados, aunque se hayan discutido previamente. Luego de la renovación de las gestiones de gobierno de estos países como Brasil y Colombia, los cambios fueron importantes, por ejemplo, como el pedido de la delegación de Brasil para retirar los pies de página.

Por último, cabe mencionar que, pese a que la iniciativa social que articuló múltiples organizaciones de la sociedad civil en la Campaña por una Convención Interamericana de DSR, no prosperó es parte de los resultados identificar la falta de consenso que hubo al respecto de esta propuesta, sobre todo porque indica la ausencia de un país o grupo de países para asumir un liderazgo que permita plantear el tema y generar alianzas para promover las discusiones y lograr consensos al respecto.

MERCOSUR

En el ámbito del Mercosur uno de los principales resultados que podemos destacar de las negociaciones y los procesos de construcción de consensos en torno a la agenda de DSR, es la decisión y creación de la Comisión intergubernamental de salud sexual y reproductiva en 2003. A partir de la conformación de este espacio, se habilita en el bloque un ámbito de discusión y trabajo alrededor de políticas para asegurar y promover la salud sexual y reproductiva de la población en los Estados parte y en algunos Estados asociados del Mercosur. Es decir, es parte del resultado que se incorporen a las mesas de discusión los Estados asociados porque demuestra, en mayor o menor medida, un interés en el tema. Cuando se conformó la Comisión, quedó establecida una forma de trabajo en articulación con las otras dos reuniones de altas autoridades bajo estudio. El objetivo primario de la CISSR es promover una política integrada en la materia a través de la articulación con la reunión especializada de la mujer, que años después se jerarquiza a reunión de altas autoridades y ministras, así como también con organismos gubernamentales, organizaciones internacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil como vimos en los capítulos precedentes. Al respecto de estas articulaciones y su presencia en las discusiones, dependían de las PPT a cargo de las reuniones. Son las PPT las que deciden a quiénes convocar o habilitan canales abiertos de participación para que otros actores formen parte de las discusiones. Esto resultó en una flexibilidad en los hechos, alejado de una práctica formalizada institucionalmente. No obstante, al año siguiente de la conformación de esta Comisión, en 2004, a propósito del décimo aniversario de la Conferencia de Población y Desarrollo en El Cairo la Comisión logra que los ministros de Salud firmen y acuerden un documento de Directrices para la atención a la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres en los países del Mercosur y Estados asociados. Estas directrices conformadas al calor de una posición conjunta de estos países que llevaron a las sesiones plenarias de aquel año de la CEPAL, en donde los ministros de Salud de los Estados parte del Mercosur manifestaron conjuntamente nueve puntos relativos al programa de acción de El Cairo+10 sobre población y desarrollo, entre los cuales destacamos el reconocimiento pleno “de los derechos sexuales y reproductivos de las personas sin discriminación de ningún tipo”; además de

(…) asegurar el acceso universal de los servicios de salud sexual y reproductiva, integrales y de calidad (…) Redoblar los esfuerzos para reducir la morbilidad y la mortalidad maternas, tomando en consideración todas sus causas, garantizando el acceso a servicios de planificación familiar, atención obstétrica de calidad, atención humanizada de las consecuencias del aborto inseguro y el acceso a los servicios de aborto legal cuando la legislación así lo establezca. (MERCOSUR/XVII RMSM-EA/ACUERDO N.º 21/04, Anexo 1).

Incluyendo así mismo, la importancia de sistematizar datos desagregados según edad, sexo, raza y etnia, así como la capacitación del personal en servicios de salud, en salud sexual y reproductiva, “desde la perspectiva de derechos humanos, genero, raza y etnia, de modo de promover y garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de todas las personas” (punto 9) al igual que la capacitación para garantizar el derecho a la privacidad, confidencialidad y consentimiento informado y la promoción de la educación sexual en todos los niveles educativos. Estos puntos que expresan la posición conjunta por parte de los Estados del

Mercosur en relación con el programa de acción de El Cairo+10,

Los Estados Partes del MERCOSUR y países asociados se comprometen a potenciar el desarrollo de una política integral de Salud Sexual y Reproductiva, basada en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Objetivo que será alcanzado entre otros creando y fortaleciendo mecanismos institucionales de participación de la sociedad civil organizada. Con ellos reafirmamos el compromiso con los principios y contenidos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y las Medidas Claves, para alcanzar los objetivos planteados en la Metas del Milenio y así mejorar la calidad de vida y garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos en nuestros pueblos (Ibidem).

Este resultado, al año de haberse conformado la CISSR, representa una construcción relevante en materia no sólo de reconocimiento de DSR sino de promoción, desde un lenguaje que apela al enfoque interseccional de derechos, de género y de raza ligado a servicios integrales para una mejora en la calidad de vida.

Consecuentemente, los planes de trabajo elaborados por la Comisión contaban con este precedente para orientar los objetivos, actividades y estrategias. En estos planes de trabajo las políticas de prevención fueron las que mayor consenso tuvieron que incluyen varios temas de la agenda de DSR. Entre los cuales, la prevención de infecciones de transmisión sexual, de embarazos no intencionales principalmente en la población adolescente, prevención y reducción de mortalidad materna. Este abanico de temas a su vez era planteado con estrategias y actividades, por un lado, para capacitar y formar recursos humanos principalmente para llevar adelante consejerías y sobre consentimiento informado “para mujeres en situación de embarazo, parto, puerperio, cesárea o aborto, amamantamiento, anticoncepción, anticoncepción de emergencia, embarazo no planificado o aborto no punible” entre otros (CISSR, Plan de Trabajo 2008-2009). El acceso a métodos anticonceptivos de larga duración también es uno de los temas de amplio consenso. Que va a estar ligado con los planes de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia años más tarde de la mano del PNUD y UNFPA, como mencionamos en el capítulo 5. Las diferencias y distanciamiento de posiciones fueron apareciendo sobre todo cuando reingresa al bloque después de haber estado suspendido Paraguay en 2013. En ese mismo año comienzan a ganar espacio los grupos contrarios a los DSR y abiertamente anti aborto en las instancias de la OEA. Esta cuestión se observa cuando al referirse a la reducción de la morbimortalidad materna se propone atender las causas que suelen derivar en dicha problemática, una de las cuales es el aborto inseguro, por falta de acceso a información, anticoncepción o servicios oportunos de salud sexual y reproductiva.

En cuanto a las discusiones para avanzar con propuestas para ampliar el marco de despenalización del aborto y/o fortalecer la implementación de los servicios de atención de aborto y postaborto, resultan un impedimento en las construcciones dado que, por parte de los Estados con mayores resistencias como Paraguay y Brasil en menor medida, sobre estos temas impedía el consenso. En este sentido, el freno a una postura conjunta más concreta sobre este tema, puede considerarse también un resultado, en términos de que no prosperó.

Otro de los acuerdos como resultado del trabajo conjunto y coordinado en relación a las directrices, tenía que ver con que debían monitorearse en cada PPT y actualizarse al comenzar un nuevo plan de trabajo que se plantea cada dos años. De acuerdo a las actas, los planes depositados en el sistema de información son el primero correspondiente a la versión 2008-2009, preliminar del plan propuesto para el período 2010-2012, aprobado para el período 2013-2015. Uno de los aspectos más relevante en este espacio tuvo que ver con la propuesta del plan de trabajo para el período 2010-2012 con objetivos, actividades y estrategias interrelacionadas e interdependientes respecto a DSR, acceso igualitario a la salud y la educación sexual integral, entre otros asuntos (CISSR, Acta N.º 02/09). Luego, en la reunión de 2013, la Comisión empezó a delinear un conjunto de indicadores de género para continuar con el plan de trabajo del período anterior. Para su elaboración se consideraron los indicadores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de acuerdo a la recomendación de expertos del Mercosur que habían participado en dichas instancias (CISSR, Acta N.º 01/13). Y en 2014 se definieron recomendaciones y acuerdos regionales para abordar temas de salud sexual y reproductiva, tales como, la investigación acerca de la referencia de costo y beneficio del misoprostol^[34] para el uso de emergencias obstétricas considerando las pautas de la OMS (CISSR, Acta N.º 01/14). Entre estas instancias de construcción del bloque, no se constata que hubo participación de la sociedad civil, según los informes y las actas disponibles del Sistema de Información Mercosur (SIM). En posteriores reuniones, algunos de los anexos correspondientes a la lista de participantes, agenda y presentaciones no están disponibles o figuran como no entregados ante la Secretaría del Mercosur. No obstante, es posible identificar una suerte de profundización en la línea de trabajo de la Comisión, hacia una política sanitaria común, para la prevención de los embarazos no intencionales y hablar explícitamente de interrupciones legales del embarazo como se incluyó en el acta del primer semestre de 2019 (CISSR, Acta N.º 01/19).

En el ámbito de la Reunión de ministros y altas autoridades de derechos humanos, precisamente en la comisión permanente de género y derechos humanos de las mujeres, la inclusión de la agenda de los DSR fue en principio un avance en la negociación en este marco. Especialmente por la apertura a la participación de representantes de la sociedad civil, en particular de la Campaña por una Convención de DSR para trabajar los DSR incluido el aborto legal y seguro desde las primeras reuniones, como fue la reunión de altas autoridades de derechos humanos de 2008 bajo la PPT a cargo de Brasil (XVI RAADH). La solicitud para dar esta discusión fue reiterada en las reuniones de los siguientes años tanto en 2010 como en 2011 y 2012. En ésta última se logra el acuerdo formal para la creación del grupo de trabajo de género y se incluyó explícitamente el tema de DSR dentro del proyecto de trabajo de 2013, cuando se realizó la reunión conjuntamente en Venezuela entre todas las más altas autoridades y coordinadores de desarrollo social. De igual forma en las Directrices de la política de igualdad de género para el Mercosur en el marco de la RMAAM. Ambas propuestas, sin embargo, no prosperaron a diferencia de otras iniciativas que también fueron discutidas en el bloque, para llevar un posicionamiento común. Como fueron, en primer lugar, el caso de la Convención contra toda discriminación, con un claro liderazgo de Brasil, tanto en el Mercosur como en la plataforma hemisférica. Y más tarde, el caso de la norma que protege los derechos de las personas adultas mayores, con el liderazgo de Argentina.

La formalización del grupo de trabajo sobre género y derechos humanos de las mujeres en 2012, como parte del plan de trabajo anual de la RAADH, estableció en su reglamento que será uno de sus objetivos “promover, proteger y defender los derechos humanos de las mujeres, en todas sus diversidades y condiciones” por medio de acciones conjuntas estratégicas, “priorizando, entre otros (…) la autonomía física, con especial énfasis en su salud sexual y reproductiva” (Cap. II, art. 5, inc. a). Objetivos que debían, ante todo, priorizar la articulación y coordinación con la RMAAM.

La agenda de DSR surge sobre todo dentro de la discusión de las Directrices para una política de igualdad de género del Mercosur. Es decir, los resultados se observan en esta línea en torno a la agenda de DSR, destacando las reuniones de 2013, en donde se plantearon los lineamientos de la política de género, que incluía dentro de los ejes para la acción, la atención a la salud sexual y reproductiva y la coordinación de todas las áreas para lograrlo, como se acordó en la reunión conjunta entre Ministerios y áreas de desarrollo social realizada en Caracas en ese año. Esa reunión puede ser vista como resultado en términos de la confluencia de las reuniones y comisiones con el objetivo de pensar planes integrales que aúnen y coordinen esfuerzos, así como también, porque dio lugar a que, al siguiente año, en 2014, se aprobaran efectivamente las Directrices para la política de igualdad de género en el Mercosur, mediante la decisión del Consejo de Mercado Común (CMC N.º 13/14) en la XLVI reunión ordinaria del CMC y con firma de los cinco Estados Parte y Bolivia^[35]. Esa decisión, además, fue acompañada de la instrucción a todos los órganos y foros de la estructura institucional del Mercosur para aplicar e implementar las Directrices (Art. 1 y 2), así como también de facultar a la RMAAM para articular con los puntos focales de los órganos y foros del MERCOSUR dicha implementación, así como también llevar adelante el monitoreo y seguimiento de las diferentes etapas de su aplicación (Art. 3 y 4)^[36] . La relevancia de la aprobación de estas Directrices para la agenda de los DSR se encuentra, por un lado, en el enfoque de género, derechos e interseccionalidad bajo los principios establecidos en el punto cinco para el diseño, evaluación y aplicación de la política de igualdad de género, que son la equidad, la no discriminación, la diversidad, laicidad del Estado, la justicia social, vida libre de violencias y la participación social. Y entre los puntos que establecen las directrices se resaltan

6.3. Derecho a la Salud integral: asegurar el acceso universal a servicios de salud integrales, gratuitos, de calidad, solidarios y humanizados. Garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para disfrutar de una vida saludable teniendo en cuenta sus necesidades específicas, reconociendo que las mismas no provienen solamente de diferencias biológicas, sino también de condiciones sociales, culturales, económicas, la desigualdad de género, la distribución geográfica de las comunidades y la diversidad étnico-racial, entre otras.

6.4. Derechos sexuales y derechos reproductivos: desarrollar políticas que aseguren el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres y hombres. Garantizar el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad y la reproducción, sin coerción, violencia, ni discriminación por orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnico-racial, creencias religiosas, discapacidad o lugar de residencia. (CMC, Decisión N.º 13/14, p.8)

De algún modo, este lenguaje utilizado en las Directrices nos deja ver que mientras en el marco de la OEA entre esos años se estaba disputando el lenguaje progresista que se venía instalando en la organización, mediante la ocupación masiva de grupos conservadores en la asamblea de Guatemala, en Sudamérica se producía la reunión ampliada en Caracas que incluyó en los ejes de acuerdos y trabajos a la salud sexual y reproductiva, configurándose a la vez como la antesala para la elaboración por parte de la RMAAM de las Directrices para una política de igualdad de género en el Mercosur.

Más tarde, en 2017, durante la PPT de Paraguay, se presentó un plan para operativizar su implementación, en cuyo contenido están incluidos los DSR y líneas de acción tendientes a su garantía, especialmente en materia de educación y salud. La decisión de operativizar la implementación de las Directrices tenía fecha de 2014 (CMC/Dec. N°13, 2014) y la propuesta de trabajo para diseñar el plan era que todos los países compartan las experiencias de políticas nacionales en la materia. Cabe destacar que, entre estos años, como vimos, la delegación de Brasil durante su PPT en 2015 había propuesto suspender el grupo de trabajo temporalmente por falta de recursos y, en los hechos, terminó ocurriendo que por un lado las reuniones fueron menos concurridas y, por otro lado, la ausencia de Brasil en las reuniones de 2016 y 2018. Alrededor de esos años, la propuesta de trabajo acordada y vigente en 2017 indicaba el trabajo articulado con la RMAAM para distintas actividades como el manual de lenguaje inclusivo y no sexista o como la elaboración de indicadores, pero principalmente para trabajar en la implementación de la política de igualdad de género. En esa reunión participaron y firmaron las cuatro delegaciones parte todos los temas tratados en dicha reunión, entre los cuales Brasil compartió el trabajo que venía haciendo sobre mujer seguridad y paz, haciendo referencia a la transversalidad de género para el abordaje integral (Acta N.º 02/17), así como la aprobación para continuar con el plan de trabajo bianual vigente (Acta N.º 02/17, Anexo V).

También durante esos años, entre 2017 y 2018, fueron planteadas propuestas en sentidos diametralmente opuestos como supo ser, por un lado, la iniciativa expresada por la delegación de Brasil de suspender las reuniones del grupo de trabajo para que absorba su labor la RMAAM; y por el otro lado, la propuesta por parte de la sociedad civil de que el grupo pase a ser una Comisión Permanente. Si bien es importante señalar que desde 2019 hasta la actualidad funciona como Comisión Permanente, que puede ser identificado como un resultado, es decir representa un logro frente a la propuesta para que deje de funcionar, también debemos tener en cuenta las dinámicas descritas en el capítulo anterior que impiden la construcción de consensos cuando se ausentan delegaciones o no convocan a las reuniones. Esto sucedió, por ejemplo, en la primera reunión del año en 2018, realizada en Paraguay donde sólo se presentó Argentina como Estado miembro y Chile y Colombia como Estados asociados. Uruguay avisó y se disculpó por su ausencia mientras que de parte de Brasil no se hizo ninguna mención (Acta N.º 01/18).

Al año siguiente, se acuerda realizar un balance del trabajo en materia de género, observando las políticas de cada uno de los países, entre los cuales presentaron información Brasil, Paraguay, Colombia y Chile, sólo éste último señaló la despenalización de la interrupción del embarazo a propósito de la ampliación legislativa al respecto en dicho país que habilitaba el acceso en tres supuestos, ya mencionado previamente. Dentro de los planes bianuales de trabajo para el grupo también se destaca, tanto para el período 2016-2018 como el de 2019-2021, establecía iniciativas importantes para impulsar medidas tendientes a reducir las desigualdades de género. Dentro de éstas, se proponía que el trabajo del grupo promueve la inclusión de la perspectiva de género en todas las discusiones, políticas y grupos de trabajo de derechos humanos, así como también el diseño de campañas de difusión para erradicar los estereotipos sexistas y discriminatorios en contra de las mujeres. Sin embargo, no fue posible evidenciar resultados concretos al respecto, dado que la participación en las reuniones de personas especializadas en el tema dependía de la voluntad de la PPT.

En los últimos tres años del período bajo estudio, 2018, 2019 y el comienzo de 2020 mencionamos los efectos de las movilizaciones en Argentina alrededor del debate legislativo de la interrupción voluntaria del embarazo en 2018, se pueden observar en pronunciamientos que se han hecho para saludar la iniciativa tales como la Declaración de varios parlamentarios del Parlasur^[37], en el marco del día internacional de la mujer trabajadora. Allí se recomendaba a las legislaturas de la región avanzar en la despenalización del aborto, a propósito del proceso en Argentina. También en el programa de trabajo propuesto en el marco de la CISSR, en 2019, que incluía la discusión de las interrupciones legales del embarazo. Sin embargo, coinciden estos procesos con una posición contraria por parte de la delegación de Brasil sobre todo en relación con su postura respecto al género y su actitud de no participar o convocar a las reuniones. Mientras que por parte de Argentina, Uruguay y Paraguay tampoco se observa en este período una voluntad de construir consensos en referencia a la agenda de DSR, por el contrario, como vemos en la reunión del primer semestre de 2020 de la RMAAM, las discusiones giraron en torno “al lenguaje y concepto sobre igualdad de género, violencia de género, y/o violencia hacia mujeres y niñas, así como diversidad sexual y personas LGBTI+” discusión que enfrentaba a Argentina con las demás delegaciones que sostenían mantener un lenguaje “histórico” (Acta N.º 1/20). En este sentido, es posible identificar estas discusiones como un resultado a contramano del avance de la agenda de DSR en el marco de análisis aquí propuesto, dada la posición del socio más grande el Mercosur como es Brasil en relación a su concepción de género como “sexo biológico” y, por consiguiente, desestimando todo lo trabajado hasta el momento.

¿Qué consensos se construyeron?

Los resultados que encontramos en relación a la construcción de consensos son diversos dependiendo del espacio donde se produce la discusión. En las reuniones de la Comisión Intergubernamental de salud sexual y reproductiva del Mercosur se han logrado declaraciones y posiciones conjuntas en ocasión a determinados eventos como fue el décimo aniversario del Plan de Acción de El Cairo, con la firma de todos los ministros de los Estados parte e incluso también de algunos Estados asociados. Y también la propuesta y acuerdo de planes de trabajo que comparten la utilización de un lenguaje amplio, con enfoque de género y derechos que entendemos como progresista. Cuanto más se logró avanzar en este sentido en la Comisión, coincide con los años donde los gobiernos de los cuatro Estados parte tuvieron una mayor afinidad política, una cercanía de perspectiva para el abordaje de estos asuntos que. En relación con este aspecto, podemos ver esta misma sintonía en la construcción de consensos políticos en las demás reuniones del Mercosur, la creación del grupo de trabajo de género y derechos humanos de las mujeres en la RAADH que luego pasó a ser comisión permanente, seguido del trabajo conjunto y articulaciones con la reunión especializada de la mujer que más tarde logra pasar a tener una jerarquía mayor cuando se decide conformar la RMAAM. El ingreso de Venezuela como Estado parte y el proceso de la Unasur que estaba ocurriendo en paralelo permitió trabajar en grandes acuerdos y proyectar articulaciones para su ejecución como fue en aquella reunión ampliada en Caracas, durante los primeros días de noviembre de 2013. La agenda de DSR en estos términos se discutió en todos estos espacios, pero sólo en las Directrices para una política de igualdad de género en el Mercosur aparecen expresados y como punto aparte de la salud integral, en este sentido cuenta con un enfoque amplio y un lenguaje progresista además de la puntualización para erradicar los estereotipos sociales, culturales, políticos y económicos. La decisión del CMC en aprobar estas Directrices constituye un resultado del proceso de construcción sobre DSR en el ámbito del Mercosur a través de la RMAAM.

En el ámbito de la OEA, los consensos políticos de reconocimiento de DSR, se encuentran en mayor medida en los pronunciamientos, organización de talleres u otros espacios de formación, en los informes, las declaraciones y recomendaciones por parte del Comité de Expertas, de la CIM y de la CIDH. Los tratados internacionales, como las Convenciones de derechos humanos y la de Belém do Pará en particular, junto a las sentencias de Corte IDH son instrumentos fundamentales para la construcción de estos consensos, dado que existen mecanismos y dispositivos para fiscalizar a los Estados parte, canalizar denuncias y apelaciones presentadas por la sociedad civil, que a su vez resultan de nuevas herramientas para referenciar y precisar lenguaje al sentar precedentes sobre cuestiones relativas al abordaje de los DSR.

En las dos organizaciones, tanto OEA como el Mercosur, han participado e incidido grupos opositores a la discusión y al avance de los DSR, con el rechazo a cierto lenguaje y la utilización de recursos como los pies de página o las ausencias en las reuniones. Sin embargo, consideramos un resultado de los procesos de construcción es la salvaguarda que representan los antecedentes de trabajo y discusión en cada ámbito. Es decir, aunque haya intentos de desestimar lo construido hasta el momento, esas propuestas no logran consenso absoluto, aunque sea un instrumento la conformación de alianzas, que ha resultado beneficiosa para frenar las discusiones. En este sentido es posible considerarlo como un resultado desde el punto de vista del principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos como expresó el secretario general al respecto.

Con relación a estos resultados en referencia al impacto sobre las políticas al interior de los países, en algunos casos han dado cuenta de la efectividad, donde las construcciones regionales resultan de un marco de referencia o un instrumento al que se le debe una suerte de rendición de cuentas, como el caso de los Estados parte de la Convención Belém do Pará mediante el MESECVI. Aunque depende, mayoritariamente, de la voluntad política como vemos donde se reflejan los límites de esos instrumentos. Un claro ejemplo de esto, es el caso de El Salvador que luego de reiteradas llamadas de atención para despenalizar el aborto al menos en circunstancias donde el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la mujer, a la fecha (noviembre de 2024), se espera la sentencia de la Corte IDH en el pedido de Justicia para Beatriz, una joven víctima de la criminalización absoluta del aborto en ese país, En esta misma línea está el ejemplo del Estado de Chile, quien avanzó con propuestas para la despenalización del aborto en 2017, iniciativa celebrada en los ámbitos estudiados, sin embargo, en la actualidad se ha denunciado la ineficiencia de las causales no punibles. Sobre todo, en relación con la brecha legal que existe cuando se trata de la edad de la niña y el plazo gestacional, resultando una actitud incongruente con las participaciones, expresiones y acuerdos alcanzados en la CISSR de la cual Chile como país asociado suscribió. Al igual que con relación a las recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI al respecto. Sobre esta cuestión, cabe remarcar la postura surgida a partir de 2018 con las gestiones de gobierno conservadoras y regresivas de Brasil y Estados Unidos de aquel entonces, que interpusieron la soberanía nacional como marco de decisión final e impenetrable en relación con las construcciones normativas o de estándares internacionales.

En otro orden de resultados, es posible destacar la representación para la sociedad civil de las construcciones en estos espacios. Por una parte, identificamos los consensos logrados como parte del conjunto de estándares que se construyen y acuerdan a una escala más allá del Estado nación pero que lo atraviesa en tanto define parámetros de responsabilidad. Los estándares son utilizados como referencia, principalmente en términos de lenguaje interpretativo, así como también como un marco de compromiso para interpelar a nivel interno. Es decir, representan un insumo fundamental para presionar, así como los instrumentos de fiscalización, participación y decisión. Del mismo modo, la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil para el avance de estas discusiones, tanto para que los temas sean planteados como para que logren ser abordados. Como describimos, la participación de organizaciones defensoras de derechos humanos y con un compromiso en particular con la agenda de DSR y el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres, han sido cruciales para avanzar en discusiones técnicas y propositivas desde la incorporación de lenguaje objetivo y fehaciente. En sentido contrario, el retroceso que caracterizamos cuando se restringen las participaciones y se proponen, y efectúan, medidas regresivas. La participación de las organizaciones de la sociedad civil, promotoras de los DSR, representa un canal de diálogo en ambos sentidos, al interior de los Estados y en las mesas de articulación regional. Cuando esa participación se produce, la construcción de consensos logra ser más nutrida, dada la interlocución más amplia e inclusiva en comparación cuando es restrictiva en términos de temas y abordajes. Con relación a esta cuestión, comprender lo que representan los DSR tomando en cuenta el recorrido conceptual dentro de las organizaciones bajo estudio, pero también de la mano de los procesos de gobernanza global, nos permite resaltar la impronta de los enfoques de género y derechos que hemos destacado. Es decir, a partir del lenguaje que hemos señalado como progresista, se puede observar un planteamiento concreto sobre una problemática que requiere necesariamente un esfuerzo conjunto y coordinado para su correcto abordaje. A través de los enfoques de género y de derechos, se reconoce una situación desigual, desfavorable y perjudicial que debe ser atendida desde una perspectiva integral, en articulación con múltiples actores de decisión en los diversos ámbitos y niveles de gobierno. Queda reflejado el abordaje con estos enfoques en las referencias del MESECVI que permiten hablar y enmarcar los servicios de salud sexual y reproductiva “y eso es un logro la verdad, que se logró en 2021 y en 2022 se mantuvo” (Entrevista AG.1-OEA).

Mientras el reconocimiento de los derechos sexuales, vimos que avanzaba en las discusiones, sobre todo desde los procesos hemisféricos en la OEA, los sectores contrarios lo percibieron como una amenaza que debían frenar y en los hechos, eso intentaron. Esta acción por parte de los sectores conservadores del status quo además significó una tensión de jerarquías y soberanías, entre principios, estándares y acuerdos globales contra, por encima o debajo, de la regulación y decisión de los Estados. En otras palabras, los consensos identificados como resultados de las construcciones que hemos señalado y caracterizado, muestran potencialidades conceptuales pero serios límites materiales. Entre ambos aspectos, observamos las cuestiones subyacentes que intentamos descifrar, dentro de las cuales hallamos resultados a favor y contrarias al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en su conjunto. Las organizaciones de la sociedad civil en sus denuncias, demandas y articulaciones regionales, continúan manifestando los graves obstáculos que existen para el ejercicio pleno de estos derechos y las consecuencias de su negación. Con énfasis en el ejercicio de la autonomía como parte de los derechos reproductivos que persiste en un lugar controvertido para las discusiones y la construcción de consensos políticos sustanciales. Los avances en relación con este aspecto central de los DSR son notorios cuando el lenguaje reconoce que la existencia de legislaciones restrictivas y las barreras para el acceso a estos derechos conduce a consecuencias, muchas veces irreparables, como las muertes evitables de mujeres que recurrieron a abortos inseguros. Sin embargo, evidenciamos que, a pesar de esos importantes avances que representan valiosos aportes para la gobernanza, los procesos y las dinámicas en la OEA y el Mercosur enfrentan serios desafíos cuando se cuestionan los consensos alcanzados. Ese cuestionamiento se tradujo, en los hechos, en un límite para el progreso de las discusiones.