El fuego, el Estado y sus cuidadores
José Garriga y María Victoria Videla
En enero de 2026, devastadores incendios arrasaron tres parques nacionales en la Patagonia argentina. El más afectado fue el Parque Nacional Los Alerces, una de las áreas protegidas más emblemáticas del país y reconocida por sus hermosos bosques milenarios de alerces.
Durante semanas, bomberos, brigadistas y guardaparques trabajaron en condiciones extremas para contener el avance del fuego. Al mismo tiempo, muchos de ellos alzaron la voz para denunciar lo que consideran un punto crítico en la gestión ambiental: la articulación entre el desfinanciamiento de las políticas de conservación y el avance de intereses inmobiliarios.
Las críticas se centraron en la reducción de recursos para la prevención —como mantenimiento de cortafuegos, equipamiento y personal— y en la falta de planificación territorial que limite emprendimientos privados en áreas sensibles o en sus inmediaciones. Según estos reclamos, la combinación de menos inversión estatal y mayor presión sobre la tierra genera un escenario propicio para catástrofes ambientales y posteriores procesos de especulación.
El debate reavivó discusiones más amplias sobre el rol del Estado en la protección de los bienes comunes, el modelo de desarrollo en regiones turísticas y la necesidad de fortalecer el sistema de parques nacionales para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.
La inmensidad de la devastación ambiental, que no sólo se reduce a los incendios forestales, nos obliga a una reflexión urgente sobre cómo se cuidan y controlan las áreas protegidas y cuál es su relevancia. Para abordar estos interrogantes, en este libro analizaremos las labores de los[1] guardaparques. Éstos tienen un rol protagónico para preservar, controlar y cuidar. En esa línea, abordaremos el trabajo de los guardaparques, el rol del Estado en la conservación de la naturaleza, cómo se piensa la naturaleza y cómo se vinculan estos agentes estatales con estas concepciones.
La investigación, los datos y su generalización
Los datos que dan carne a este trabajo fueron construidos en una investigación en el Parque Nacional Tierra del Fuego (PNTdF) que se inició en 2018. Allí trabajamos en el marco de un proyecto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, titulado “Conservar la naturaleza”: una etnografía sobre el Cuerpo de Guardaparques Nacionales en el Parque Nacional Tierra del Fuego, dirigido por Mariano Melotto. De ese proyecto participaron, además de nosotros, Peter van Aert, Catherine Roulier, María Eugenia López y Mayra Díaz. Desde una estrategia metodológica cualitativa que prioriza la perspectiva de los actores, sus representaciones y sus lógicas de acción, el proceso de construcción de datos se extendió entre finales de 2018 y 2024. Se basó en estancias en el parque que permitieron acompañar y observar las labores cotidianas de los agentes, incluyendo tareas de control de especies exóticas e instancias de gestión institucional. Durante estas visitas se llevaron a cabo 22 entrevistas en profundidad a un espectro diverso de actores, que incluyó a la Intendencia del PNTdF, personal administrativo, brigadistas y agentes de la Dirección Regional Patagonia Austral. Por otra parte, se examinaron fuentes secundarias compuestas por normativa vigente, documentos oficiales de la Administración de Parques Nacionales (APN) y registros hemerográficos. El trabajo de investigación se enriqueció cuando en 2023 Videla empezó una investigación doctoral sobre el proceso de feminización en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales (CGN). En ese marco se realizaron más de sesenta entrevistas en profundidad de manera remota a guardaparques hombres y mujeres, en actividad y retirados, de distintas áreas protegidas del país.
Los datos que construimos sirven para generar reflexiones más allá de ese específico caso de estudio. Decíamos que el objeto de este libro es analizar el trabajo de los guardaparques para pensar el rol del Estado en la conservación, el análisis de los datos construidos en el PNTdF nos permite la operación de generalización. El trabajo de los guardaparques y las lógicas de la conservación son diferentes según los parques. En la Argentina hay 39 Parques Nacionales, 2 Reservas Nacionales, 7 Reservas Naturales, 1 Monumento Natural, 18 Reservas Naturales de la Defensa, 3 Parques Interjurisdiccionales Marinos y 3 Áreas Marinas Protegidas. En todo el sistema nacional, dependiente de la APN, trabajan alrededor de 580 guardaparques (esta cifra incluye tanto a guardaparques técnicos como a guardaparques de conservación territorial), 390 brigadistas y 1200 administrativos. Para los guardaparques no es lo mismo trabajar en un parque cercano a una ciudad o uno ubicado en un lugar recóndito del mapa, también son muy diferentes las labores si los parques reciben inmensas oleadas de turistas o sólo visitantes ocasionales. Los destinos laborales moldean las tareas y las lógicas de la conservación. Sin embargo, existen recurrencias insoslayables en el rol que el Estado forja con los cuidadores de la conservación. Estas recurrencias son el objeto de este libro.
Los estudios sobre parques nacionales y conservación constituyen un campo consolidado dentro de las ciencias sociales. Una primera línea de investigación ha analizado críticamente los procesos de creación y consolidación de las áreas protegidas, mostrando cómo los parques nacionales fueron producto de proyectos políticos, territoriales y ambientales específicos, atravesados por disputas en torno al uso del territorio y la definición de la naturaleza que debía conservarse (Giusiano y Sánchez Reiche, 2002; Scarzanella, 2002; Carreras Doallo, 2012; Marinaro et al., 2012; Piglia, 2012; Caruso, 2015; Ferrero y Pyke, 2016; Ferrero, 2016; Ferrero, 2018; Piantoni, 2016; Andermann, 2017; Piantoni et al., 2019; Landini, 2021; Cansanello y Yujnovsky, 2024; Kaltmeier, 2022).
Un segundo conjunto de trabajos se ha concentrado en las relaciones entre los pueblos originarios y las administraciones de parques nacionales. Estas investigaciones han examinado los conflictos, negociaciones y procesos de reconocimiento de derechos que se desarrollan en torno a la gestión de las áreas protegidas, así como las tensiones entre distintos modelos de conservación y las demandas territoriales indígenas (Molinari, 2000; Carpinetti, 2006; Navarro Floria, 2008; Pérez, 2009; Trentini, 2012, 2015; Trentini y Tytelman, 2009; Valverde, 2010; Carenzo y Trentini, 2013; Spaggiari, 2014; Crespo, 2014; Ferrero, 2013, 2014, entre otros). En conjunto, estos estudios evidencian que las áreas protegidas constituyen espacios donde se articulan y confrontan diferentes formas de concebir la naturaleza, el territorio y la soberanía.
Más recientemente, comenzaron a desarrollarse investigaciones centradas en los actores estatales encargados de la conservación. En el ámbito internacional, diversos trabajos han reconstruido históricamente la conformación de los cuerpos de guardaparques, especialmente en los Estados Unidos, atendiendo a sus procesos de profesionalización y a la transformación de sus funciones institucionales (Charles, 1982; Dwyer y Howell, 1985; Avedisian, 1998; Pennaz, 2017; Hicks et al., 2020). Estas investigaciones muestran que la figura del guardaparque ha oscilado históricamente entre perfiles asociados al control y la vigilancia del territorio y otros vinculados a la educación ambiental, la interpretación de la naturaleza y el trabajo científico. En diálogo con los planteos de Cansanello y Yujnovsky (2024), esta tensión puede pensarse también para el caso argentino, en la medida en que los cambios en los paradigmas de conservación impulsados por la APN han redefinido recurrentemente las funciones atribuidas al CGN. Como señalan distintos autores, las concepciones sobre la conservación no se desarrollan de manera aislada en cada país, sino que circulan a escala internacional y configuran marcos compartidos para la gestión de las áreas protegidas (Kaltmeier, 2022).
Otra línea de investigación se ha enfocado en las condiciones laborales de los guardaparques. Estos estudios analizan aspectos tales como la precarización del empleo, las remuneraciones, los riesgos asociados al trabajo en áreas protegidas, la salud laboral y las trayectorias profesionales dentro de las agencias de conservación (Singh et al., 2020; Belecky et al., 2021; Prakash et al., 2021; Woodside y Vasseleu, 2021; Anagnostou et al., 2022; Appleton et al., 2022; Galliers et al., 2022). En términos generales, se trata de investigaciones de carácter comparativo que permiten comprender las transformaciones recientes del trabajo de conservación en distintos contextos nacionales.
En América Latina, los estudios sobre guardaparques constituyen un campo aún emergente. Una primera serie de trabajos se ha ocupado de los procesos de formación y capacitación profesional, analizando experiencias de Venezuela, Argentina y Paraguay (Pellegrini e Invernón, 2007; Paz Barreto, 2010a; Moore et al., 2017). Asimismo, Paz Barreto (2010b) realizó un estudio comparativo sobre las trayectorias formativas de guardaparques en distintos países de la región. Por otra parte, algunas investigaciones se han centrado en las experiencias laborales concretas de estos trabajadores. Entre ellas, Bessera (2007) aborda el proceso de incorporación de mujeres al Cuerpo de Guardaparques Nacionales en Argentina; Ruiz Alba (2009) reconstruyó la trayectoria de una mujer guardaparque en Ecuador; López Jiménez (2016) analizó las fortalezas y limitaciones que enfrentan los guardaparques mexicanos en el desarrollo de sus tareas; y Kohl (2021) examinó las historias de vida y condiciones laborales de guardaparques de Honduras, México, Colombia y Costa Rica a partir de los debates impulsados por la Declaración de Chitwan. Ebenau y Vespa (2023) y Ebenau (2024) han estudiado las desigualdades de género y violencias sufridas por las guardaparques provinciales de Misiones.
En síntesis, la producción académica sobre parques nacionales y conservación ha privilegiado el análisis de los procesos de creación de áreas protegidas, las relaciones entre conservación y pueblos indígenas y, más recientemente, las condiciones laborales de los guardaparques. Sin embargo, los estudios que abordan al CGN argentino como objeto de investigación son aún escasos. Particularmente, existe una vacancia en torno al análisis de las trayectorias laborales, los procesos de profesionalización, las formas de organización del trabajo y las transformaciones contemporáneas de la identidad profesional de los guardaparques. Esta investigación busca contribuir a cubrir esa vacancia, analizando el trabajo de los integrantes del CGN en el marco de las transformaciones recientes de las políticas de conservación y de la APN.
Las áreas protegidas y sus cuidadores
Los Parques Nacionales argentinos están reglamentados por la ley 22.351 que en su Artículo 1° los define como “áreas a conservar en su estado natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científico”. Más allá de esta definición normativa, las áreas protegidas pueden entenderse como formas particulares de la presencia del Estado que organiza allí las relaciones entre poblaciones humanas, no-humanas y el ambiente. Así, ciertas prácticas son permitidas o incluso fomentadas, como es el caso del turismo, mientras que otras pasan a ser ilegales, como la caza de fauna autóctona. Los espacios y las especies también se recategorizan (Ferrero, 2016; 2018; 2023). Se delimitan áreas de uso público y zonas restringidas en las cuales la única actividad permitida es la investigación científica y las especies animales y vegetales se dividen en aquellas a conservar y aquellas a controlar, expulsar o eliminar.
Los primeros parques nacionales de Argentina se crearon respondiendo, por un lado, a una lógica conservacionista transnacional que delimitó espacios “prístinos” a proteger de las poblaciones humanas, que fueron consideradas como amenazas a esa naturaleza intocada (Ferrero, 2018). Al mismo tiempo se conformaron en instrumentos de colonización, permitiendo la presencia real y cotidiana de un Estado que apenas existía en estas zonas ahora puestas bajo protección. Las tierras que dieron lugar a las dos primeras áreas protegidas del país, los Parques Nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, eran regiones periféricas que, más allá de ser depositarias de imaginarios diversos, eran de particular importancia geopolítica por representar fronteras interestatales. Estos primeros parques nacionales se crearon formalmente en 1934, mediante la Ley 12.103 que también instituyó una autoridad, la Dirección de Parques Nacionales (DPN) que, a cargo del abogado Exequiel Bustillo, se encargaría de todos los parques nacionales, incluidos otros futuros. Las facultades que se asignaron a dicha dirección daban cuenta de múltiples objetivos, tales como la conservación ambiental, el fomento del conocimiento, el desarrollo del turismo y otras actividades económicas, y también la afirmación de la soberanía nacional mediante su rol como representante estatal en regiones generalmente limítrofes e inhóspitas.
El Parque Nacional Iguazú, ubicado en el entonces Territorio Nacional de Misiones, se creó sobre tierras que habían sido incorporadas a la nación tras la Guerra del Paraguay (1864-1870). Un área de triple frontera internacional cuyos límites con el Brasil se definieron recién en 1895. Luego de esta demarcación, el gobierno nacional, gracias a una expedición enviada para investigar la explotación de yerba mate en la región, supo que Brasil pretendía crear un parque nacional en las inmediaciones de las cataratas del Iguazú. Antes de la sanción de la Ley que diera origen al parque nacional, las diferentes Gobernaciones del Territorio impulsaron medidas para promover el turismo a los saltos, controlar la explotación de los recursos naturales y asegurar la radicación de población a través de una colonia militar (Ferrero y Pyke, 2016).
El Parque Nacional Nahuel Huapi se creó también en un área limítrofe, sobre tierras que el Estado argentino le había conquistado a comunidades indígenas recientemente y cuyos límites internacionales con Chile estaban en proceso de definición. Parte de las tierras que constituyeron este parque habían sido donadas al Estado nacional, con el fin de constituir una reserva, por el perito Francisco P. Moreno, actor indispensable en el proceso de definición de límites con Chile. En 1904 el presidente Julio Argentino Roca aceptó la donación y declaró el área como parque nacional. Más tarde, en 1922, mediante un decreto de Hipólito Yrigoyen se extendió el área a 785.000 hectáreas; se prohibió allí el corte de árboles, la matanza de animales, la alteración de cursos de agua y las explotaciones industriales. Asimismo, se designó al ingeniero Emilio Frey, que vivía junto al lago Nahuel Huapi y había participado en las expediciones de Moreno en la Patagonia, como director del nuevo parque nacional. Frey se encargó de organizar la administración del parque. Tuvo a su cargo la redacción de un reglamento de cuidado y vigilancia para cuyo cumplimiento trabajó con seis ayudantes, pobladores y conocedores de esas tierras, que cumplían funciones de peón de vigilancia y para quienes el gobierno de Yrigoyen dispuso la construcción de cuatro cabañas en 1928 (Kaltemeier, 2022). Ya en estas etapas iniciales empezaba a delinearse un sistema de trabajo que divide las áreas protegidas en sectores o “seccionales” a cargo de un agente guardaparque, esquema que, con algunas modificaciones, perdura hasta la actualidad (Paz Barreto, 2010). El CGN se creó formalmente en 1928 y, aunque inicialmente esos puestos fueron ocupados por baqueanos, con el correr de los años el Cuerpo se fue profesionalizando y se fueron definiendo sus funciones y tareas.
Actualmente, la ley de Parques Nacionales (22.351) en su artículo 33 plantea que:
El control y vigilancia de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, inherentes al cumplimiento de las normas emanadas de la presente ley, su decreto reglamentario y los reglamentos dictados por la autoridad de aplicación, estarán a cargo del Cuerpo de Guardaparques Nacionales como servicio auxiliar y dependiente de la Administración de Parques Nacionales, a los fines del ejercicio de las funciones de policía administrativa que compete al organismo […]
La política pública de creación de áreas naturales protegidas que veníamos describiendo avanzó en las décadas siguientes en el establecimiento de nuevos parques en zonas limítrofes de la Patagonia. Durante los gobiernos peronistas (1946-1955) el turismo, considerado una actividad mayormente de élite por la gestión de Bustillo en la DPN, se democratizó y los sectores asalariados visitaron en mayor número los parques nacionales. Además, se crearon nuevas áreas protegidas en el interior del país (Carreras Doallo, 2012; Piglia, 2012; Piantoni et al., 2019). El contexto nacional posterior, de sucesivas dictaduras militares, marcó un cambio en la perspectiva conservacionista que dio prioridad al Enfoque del Equilibrio, es decir, considerar que los sistemas se conservan si están aislados de las perturbaciones humanas directas. Esto implicó, por un lado, una política de “parques cerrados” a la comunidad y, por otro, un énfasis puesto en la concientización respecto a la conservación de la naturaleza. Se entendía entonces que los guardaparques tenían una función fundamental en esa concientización y que debían capacitarse en una escuela especializada (Cansanello y Yujnovsky, 2024). En ese contexto, en 1969 comenzó a funcionar el Centro de Instrucción de Guardaparques “Bernabé Méndez” en el Parque Nacional Los Alerces, donde los aspirantes a guardaparques recibían una formación estandarizada previa a su ingreso al trabajo.
Del retorno a la democracia a esta parte, la política de parques nacionales sigue una lógica de oportunidad y de riesgo. Lo primero entiende que existen espacios donde el Estado no está presente y que han de destinarse a la conservación; y lo segundo, que determinados ecosistemas y especies se encuentran en peligro (de pérdida, de degradación) y deben ser conservados lo antes posible (Ferrero, 2016). Es esta lógica del riesgo la que justifica la existencia del CGN, es decir, la presencia armada del Estado en las áreas protegidas nacionales ejerciendo tareas de control y vigilancia.
Breve recorrido por el libro
El libro tiene cinco capítulos. En el primero se analiza el trabajo de los guardaparques como una actividad compleja y multifacética que va mucho más allá del control y la vigilancia, incluyendo tareas de educación ambiental, mediación social y conservación de ecosistemas. Describe su formación, organización interna y condiciones laborales, destacando la existencia de distintos roles y jerarquías dentro del CGN. A partir de relatos etnográficos, muestra cómo el trabajo cotidiano combina funciones técnicas con experiencias personales ligadas al disfrute de la naturaleza, lo que lleva a muchos a definir la profesión como un “estilo de vida”. Asimismo, se subraya la construcción de una identidad laboral particular, la de “ser parquero”, que integra vocación, valores ambientales y tareas estatales de control, pero que también oculta tensiones, desigualdades internas y la diversidad real de funciones que desempeñan en distintos contextos.
El segundo capítulo revisa la historia del PNTdF y, analizando su sala de interpretación, muestra cómo se reproduce allí la dicotomía moderna de naturaleza-cultura. Se advierte además la presencia de la oposición entre otros dos conceptos, los de autóctono e introducido asociados a las representaciones de la naturaleza y de la cultura. Para analizar los modos particulares que dicha dicotomía asume en el relato de la sala, se introducen los conceptos de cuasi-culturas y de cuasi-naturaleza. El primero describe cómo los pueblos originarios que alguna vez ocuparon las tierras que hoy son parte del parque se muestran integrados al paisaje natural y extintos. El segundo aplica a las especies exóticas invasoras, cuya presencia justifica la intervención estatal para proteger un ecosistema definido como frágil.
El tercer capítulo aborda específicamente el papel de las mujeres guardaparques y los desafíos particulares que enfrentan dentro de una profesión históricamente masculinizada. Poniendo el foco en la distribución de tareas, se examinan las barreras culturales, institucionales y simbólicas que deben superar para ocupar y consolidar su lugar en este ámbito. El capítulo concluye que la asignación de actividades en las áreas protegidas no es neutral, sino que reproduce jerarquías que otorgan mayor estatus a las actividades asociadas a la masculinidad.
El cuarto capítulo reflexiona sobre la dimensión más compleja y controvertida del trabajo del guardaparque: el uso de armas en el ejercicio de sus funciones. Se plantea el dilema ético entre la vocación de protección de la vida y la necesidad de enfrentar situaciones de riesgo, como la caza furtiva o actividades ilegales dentro de las áreas protegidas. Examina cómo esta responsabilidad exige formación, criterio y un marco normativo claro, así como una profunda conciencia del poder que implica portar un arma. Se enfatiza que el objetivo del uso de armas no es la confrontación, sino la disuasión y la defensa del patrimonio natural, siempre priorizando la prevención y el diálogo cuando sea posible.
El último capítulo se centra en la problemática de los castores como especie introducida y su impacto en los ecosistemas locales. Se explica cómo su presencia altera cursos de agua, modifica bosques y genera transformaciones ambientales significativas, convirtiéndose en un desafío para la gestión de las áreas protegidas.
Finalmente, el capítulo analiza las estrategias de manejo implementadas o debatidas para controlar su expansión, incluyendo las tensiones éticas y ecológicas que estas decisiones implican. El caso de los castores se presenta como un ejemplo concreto de la complejidad de la conservación moderna, donde cada intervención requiere equilibrar ciencia, ética y política ambiental.
La autoría de los capítulos se presenta en orden alfabético. Ello no implica jerarquización alguna ni refleja el grado de contribución, responsabilidad o importancia de cada autor en la elaboración de los respectivos capítulos.
- En la redacción de la mayor parte de este libro se ha optado por no utilizar lenguaje inclusivo. Esta decisión responde exclusivamente a criterios de fluidez y economía del lenguaje sin implicar la exclusión de identidades de género diversas. ↵






