1.1. Introducción

La emigración española hacia América se inició tempranamente durante el periodo de dominación colonial, pero se reforzó en el contexto de las migraciones trasatlánticas que trajeron a millones de europeos a los puertos americanos entre el último cuarto del siglo xix y las tres primeras décadas del siglo xx. La Argentina fue un destino privilegiado para estas corrientes ultramarinas, y en particular la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el puerto destacado de arribo y permanencia de muchos de estos inmigrantes de origen español. Paulatinamente, se fue conformando allí una activa comunidad de inmigrantes españoles que comenzó a articular diversos emprendimientos de tipo colectivo, como la fundación de entidades mutuales, recreativas, económicas, políticas y culturales, y la creación de órganos de prensa.

Este primer capítulo se propone indagar las particularidades que adquirieron los flujos humanos procedentes de España hacia Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, así como también las características distintivas que adquirió la comunidad española asentada en esa ciudad. Por otra parte, se indagan algunas de las múltiples repercusiones que ocasionó en el seno de este colectivo inmigratorio la desaparición de la monarquía y la instauración de la II República, ocurrida en España hacia principios de la década de 1930. En particular, se estudian las diversas impresiones que generó a nivel simbólico este cambio en las estructuras gubernamentales y el efecto que ocasionó en la comunidad española la aplicación de una medida política concreta como lo fue la transformación de la bandera nacional dispuesta por el Gobierno republicano.

El análisis comienza realizando una síntesis general de las características que adquirió la comunidad española radicada en la capital argentina a través de la fundación de sus principales entidades asociativas y de la aparición de sus primeros órganos de prensa. Posteriormente, el estudio se concentra en las repercusiones que generó entre los inmigrantes españoles que habitaban en la Ciudad de Buenos Aires la proclamación de la II República y las diferentes impresiones que se fueron elaborando alrededor de la experiencia republicana. Por último, se realiza una aproximación general a las diversas repercusiones que ocasionó en la sociedad argentina el inicio de la guerra civil en España, prestando especial atención a las investigaciones que ya han abordado esa temática.

1.2. El colectivo español en las primeras décadas del siglo xx

La inmigración española hacia América fue un fenómeno de larga duración que se vinculó con las relaciones comerciales, de transporte y de comunicación que se establecieron entre ambas costas del océano Atlántico desde el periodo de dominación colonial. Un reducido número de pioneros dio inicio a las cadenas migratorias que aportaron datos precisos, financiamiento y apoyo al viaje de aquellos interesados en la aventura ultramarina (Devoto, 2004: 123-128). Sin embargo, la llegada de españoles al Nuevo Continente también formó parte de un proceso global y de mayores dimensiones. Durante la última mitad del siglo xix y las primeras tres décadas del siglo xx, más de 55 millones de personas procedentes de Europa atravesaron el océano Atlántico con destino a algún puerto americano (Devoto, 2004: 45). Esta oleada inmigratoria, comúnmente denominada “masiva”, tuvo como principales destinos a países con economías en expansión, tales como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina.

Según las estimaciones realizadas por César Yáñez Gallardo (1994), más de dos millones de inmigrantes de origen español ingresaron a la Argentina entre 1857 y 1930 y el 54 % de ellos terminó radicándose definitivamente en el territorio, lo que convirtió a este grupo en el segundo conjunto más numeroso de emigrantes que recibió el país, por detrás de los italianos.^[1] Este fenómeno inmigratorio de gran envergadura fue posible gracias a la combinación de una serie de factores macroestructurales y microsociales. El investigador José C. Moya define a los primeros como parte de los efectos desestabilizadores que produjo el avance del capitalismo en España, esto es, el crecimiento demográfico, las transformaciones en la producción agrícola, el desarrollo de la producción industrial, el mejoramiento de los mecanismos de transporte y la expansión de la ideología liberal, la cual permitía el libre tránsito de las mercancías y las personas. A ello se sumaron los factores microsociales, que posibilitaron la construcción de verdaderos puentes migratorios entre una y otra costa del océano Atlántico a través de la trasmisión personal de la información sobre los medios de movilización y las oportunidades laborales (Moya, 2004: 25-138).

La inmigración española que llegó al país en este periodo compartió con las demás corrientes inmigratorias provenientes de Europa una serie de rasgos distintivos: por un lado, fue predominantemente masculina sobre todo hasta 1914, cuando la presencia femenina comenzó a aumentar progresivamente y, por el otro, incluyó un alto componente de población joven concentrada en las edades económicamente activas (Sánchez Alonso, 1992: 83-87). Con respecto a las procedencias, es bien sabido que la escala nacional no resulta del todo satisfactoria para esclarecer los lugares de origen de los inmigrantes españoles, ya que el fenómeno de la emigración no se dio de manera uniforme en la totalidad del territorio peninsular. Las diferenciaciones regionales recogidas en las fuentes demuestran que Galicia fue la región de origen del 55,8 % del total de los inmigrantes que se embarcaron hacia la Argentina, seguida por Cataluña (11,8 %) y Asturias (6,8 %) (Sánchez Albornoz, 1992).

En el plano laboral, el sector agrícola fue el ámbito menos receptivo a la inmigración hispana; en cambio, el área comercial, de servicios e industrial-artesanal fue el núcleo principal de la inserción española, y especialmente gallega, al trabajo concentrado en el espacio urbano argentino. Vinculado con ello, Fernando Devoto (2004) advirtió la presencia de un porcentaje medio-bajo de analfabetismo entre los españoles (26 %) en comparación con los italianos (36 %), algo que le permitió al primer grupo desarrollar actividades de diversa índole en las ciudades, en donde se instalaron en una mayor proporción. Las localidades de asentamiento más elegidas fueron La Plata y Buenos Aires, en particular sus zonas periféricas, como la localidad de Avellaneda al sur de la urbe, y distintas ciudades del interior del país, como Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. En Buenos Aires la presencia española estuvo concentrada en la zona norte y sur del casco histórico porteño, allí también se instalaron diversos comercios e instituciones emblemáticos de la colonia. No obstante, ningún grupo provincial o regional dominó por completo algún barrio o siquiera una manzana; al contrario, lo que predominaba era la convivencia entre los distintos contingentes migratorios (Moya, 2004: 173-201).

Con el correr del tiempo, muchos de estos inmigrantes contribuyeron a la fundación y al sostenimiento de diversas entidades y emprendimientos de tipo comunitario.^[2] En ellos cobraron protagonismo ciertos grupos y dirigentes, quienes fueron erigiéndose como líderes o voceros de la comunidad española en la Ciudad. Existe cierto consenso entre los investigadores al momento de caracterizar el perfil sociodemográfico que identificaba a muchos de estos liderazgos en la Ciudad de Buenos Aires: se trataba de comerciantes, empresarios y profesionales liberales que habían logrado algún grado de éxito económico en su experiencia migratoria (Marquiegui Dedier, 1993). En numerosas ocasiones, el ascendente económico del que gozaban les permitía trasladar esa influencia hacia los espacios de ocio y de recreación del conjunto de sus coterráneos; por ello se interesaban en colaborar en la creación y el funcionamiento de asociaciones que apelaran a la identidad étnica (Devoto y Fernández, 1997).

Los orígenes del asociacionismo español en la capital argentina se remontan a la inmediata caída del Gobierno de Juan Manuel de Rosas a manos de los ejércitos del general Justo José de Urquiza en 1852. El nuevo panorama político que se presentaba a mediados del siglo xix en el país favoreció lo que algunos autores señalaron como una “explosión” de experiencias asociativas formadas en una clave “moderna”. Esto significaba la creación de instituciones que se fundaban por el incentivo propio de la sociedad civil y que separaban su actuación del ámbito del Estado proponiendo mecanismos específicos de funcionamiento, como la elección de sus directivos, la participación efectiva de sus miembros, el mantenimiento de órganos de prensa y el consenso en sus estatutos y reglamentos, etc. (Luna y Ceccioni, 2002).

Entre las primeras entidades fundadas por inmigrantes españoles en la Argentina se encontraban la Sala Española de Comercio, creada en 1852, el Club Español, la Sociedad de Beneficencia y la Sociedad Española de Socorros Mutuos, estas últimas erigidas en 1857. Con el transcurrir de los años, estas incipientes asociaciones se transformaron en grandes aparatos institucionales que congregaban a miles de miembros y brindaban múltiples servicios a sus socios. Estos organismos se encargaron de cubrir, al menos parcialmente, algunas de las necesidades más perentorias para la vida cotidiana de muchos inmigrantes: servicios de salud, asistencia económica en caso de desempleo, enfermedad o fallecimiento y fomento de un espacio para la recreación, el ocio y la sociabilidad (Fernández, 1990).

También se fundaron entidades culturales, como la Institución Cultural Española en 1912, comerciales y mercantiles, como la Cámara Española de Comercio, creada en 1887, de beneficencia, como el Patronato Español, creado en 1912, bancarias, como el Banco Español y del Río de la Plata, fundado en 1870, y el Banco de Galicia y Buenos Aires, fundado en 1906, entre muchas otras. Además de ello, muchas instituciones se movilizaron y actuaron siguiendo con atención los acontecimientos políticos que se sucedían en España, por lo que también contribuyeron a forjar una fuerte imagen identitaria y “patriótica” de la nacionalidad española entre aquellos que se adherían a sus filas (Llordén Miñambres, 1994). Con motivo de la guerra desencadenada en Cuba por la independencia de la isla, y a partir de la participación de Estados Unidos en ella, un grupo de españoles radicados en la Ciudad de Buenos Aires promovió la creación de la Asociación Patriótica Española, una institución que tenía por objeto contribuir al esfuerzo bélico, pero que, además, pretendía erigirse en el baluarte de la identidad española (Duarte, 2003; Romero, 2007).

Frente a estos proyectos de índole integradora y que defendían la cohesión nacional, al despuntar el siglo xx, comenzaron a vislumbrarse tendencias políticas alternativas, tales como el republicanismo y el catalanismo, que llevaron a cuestionar los liderazgos preexistentes, construidos alrededor de una idea de identidad nacional homogénea y sin fisuras. La creación de la Liga Republicana Española en 1903, la fundación del Centro Republicano Español en 1924 y la creciente identificación con el regionalismo catalán en el ámbito inmigratorio español se presentaron como opciones políticas al ideal cohesionador de las antiguas elites asentadas en las asociaciones tradicionales (Lucci, 2014). Estas nuevas tendencias suscitaron una redefinición activa de la relación que los españoles de ultramar mantenían con su tierra natal e hicieron visible la voz del inmigrante como un elemento modernizador en la península. Al mismo tiempo, representaron las bases de acción a partir de las cuales muchos jóvenes intelectuales inmersos en el mundo de las letras, el periodismo y las profesiones liberales pretendieron construir nuevos liderazgos en el interior de la comunidad (Duarte, 2006: 132; Fernández, 1997).

Las diferenciaciones regionales existentes en el colectivo ibérico que llegaba a la Argentina iban haciéndose cada vez más notorias a medida que aparecían nuevas asociaciones que surgían como un medio de expresión de estos regionalismos. La fundación de instituciones como el Montepío de Monserrat (1857), el Centro Laurak Bat (1878), el Centro Catalá (1886), el Centro Aragonés (1895), el Centro Balear (1905) y el Centro Gallego (1907) ponía de manifiesto la existencia de identificaciones diversas dentro de la colonia española. Sumado a ello, en la numerosa colectividad gallega, comenzaron a proliferar experiencias asociativas específicas, cuya identificación estaba vinculada a los espacios territoriales de identidad más reducidos que la provincia en su tierra de origen, es decir, los municipios, las parroquias, las comarcas y el partido judicial o distrito. Estas pequeñas instituciones conocidas como “microterritoriales” (Peña Saavedra, 1991: 355) aumentaron en número durante las tres primeras décadas del siglo xx y brindaron servicios tanto mutuales como recreativos y culturales a sus miembros. Según las estimaciones realizadas por el investigador Xosé M. Núñez Seixas (2011), en la capital argentina existieron un total de 348 sociedades de este tenor entre 1904 y 1936.

Todas estas tendencias asociativas coexistieron en la capital argentina y lograron una singular complementariedad entre sí. Según el investigador José C. Moya (2004), cada una de ellas daba respuestas concretas a necesidades distintas, ya sea de servicios médicos o asistenciales, de expresiones políticas o culturales y de sociabilidad, y por ello mismo pudieron convivir sin que se desarrollaran mayores conflictos entre ellas.

Con respecto a las publicaciones que expresaban la voz de la comunidad española en la Ciudad de Buenos Aires, El Español, fundado en 1852 por el periodista Benito Hortelano, fue el primer órgano de prensa en señalar su pertenencia a la colonia. Sin embargo, el primer periódico en obtener éxito fue El Correo Español, creado por Enrique Romero Jiménez en 1872 (Garabedian, 2012; 2017). Luego del fallecimiento de Jiménez, su amigo y editor, Justo López de Gomara, se hizo cargo de la publicación y llegó a acrecentar el prestigio del periódico y el número de ejemplares editados. En 1905 Gomara reeditó este órgano de prensa bajo un nuevo nombre: El Diario Español, publicación que se mantendría con regularidad hasta la década de 1940. Desde sus inicios, ambas publicaciones se habían mostrado favorables a la construcción de una imagen positiva e integradora de la nación española en el Río de la Plata a partir de una mirada permeada por los ideales republicanos, liberales y reformistas que le imprimieron sus primeros directores (García Sebastiani, 2006). Sin embargo, en el transcurso de la década de 1930, El Diario Español fue alejándose de dichos preceptos y alineándose en favor de las posiciones más conservadoras, que lo llevaron a simpatizar con el bando sublevado durante la guerra civil en la península.

Por su parte, la numerosa comunidad galaica también sostuvo empresas periodísticas de envergadura como el Correo de Galicia, El Heraldo Gallego o el Nova Galicia. Del mismo modo, proliferaron publicaciones surgidas en el seno de las asociaciones de inmigrantes: el semanario Galicia era el órgano oficial de la Federación de Sociedades Gallega; la revista Asturias era la publicación del Centro Asturiano; y Galicia, la revista oficial del Centro Gallego de Buenos Aires, entre muchas otras de menor tirada.

Como es posible advertir, la larga tradición inmigratoria que vinculaba a España con el Río de la Plata desde el periodo de dominación colonial había permitido constituir redes de contactos entre ambas costas del océano, y la acción conjunta de muchos de los inmigrantes peninsulares radicados en la capital argentina había confluido en la fundación de numerosas instituciones que brindaban múltiples servicios a sus socios. Algunas de estas entidades fueron representativas a nivel nacional, regional, provincial y hasta parroquial de los territorios de origen, mientras que otras expresaron el florecimiento de nuevos posicionamientos políticos, tales como el republicanismo o el catalanismo. La presencia de estas instituciones logró crear espacios concretos de sociabilidad entre los españoles residentes en la Ciudad, y, a su vez, la existencia de diversas publicaciones periódicas que apelaban a la identidad española como elemento aglutinante abrió un canal de manifestación con voz propia y definida a partir de los intereses y las necesidades específicos del colectivo peninsular. Estos elementos fueron consolidando un núcleo inmigratorio español activo que comenzó a expresarse con cada vez mayor visibilidad a partir de la década de 1930 ante la proclamación de la II República en España y el inicio de la guerra civil.

1.3. Repercusiones de la proclamación de la II República

Las noticias sobre la proclamación de la II República en España fueron muy bien recibidas por una gran parte de la comunidad. El republicanismo de los españoles se materializó en la creación de agrupaciones específicas, como la Liga Republicana Española en 1903 y la Juventud Republicana Española en 1904. Estos organismos tuvieron entre sus principales protagonistas a muchos intelectuales y librepensadores que habían emigrado luego de la frustrada experiencia de la I República ante la imposibilidad de desarrollarse política, económica y culturalmente en su país de origen luego de la Restauración Borbónica (Duarte, 2002).

La fundación definitiva del Centro Republicano Español en 1924 brindó el marco adecuado para la expansión de las corrientes de movilización y apoyo al cambio de régimen en España, especialmente activas en el contexto de la instauración y el rechazo a la dictadura de Primo de Rivera en la península (1923-1931).^[3] Además del posicionamiento político en defensa de los ideales republicanos y de la provisión de servicios mutuales a sus socios, este centro desarrollaba diversos proyectos culturales: costeaba la edición del semanario España Republicana para dar a conocer su obra, mantenía una agenda de eventos y propuestas educativas por medio del Ateneo Pi y Margall y brindaba un servicio de préstamo de libros desde su biblioteca institucional. No obstante, sería el periodo desencadenado con la guerra civil en España el momento de mayor auge de esta institución. Esta organizó con éxito un vasto movimiento de solidaridad a favor del gobierno republicano y, una vez concluida la contienda, desempeñó un rol destacado en la recepción e inserción de los exiliados que comenzaron a llegar al país (Ortuño Martínez, 2018).

Otra institución de reconocida militancia prorrepublicana en el seno de la comunidad española de Buenos Aires fue la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales, fundada en 1921 con el objeto de crear un marco institucional que lograra integrar y coordinar planes en común entre las diversas asociaciones microterritoriales gallegas que existían en la Ciudad (Díaz, 2007). Esta entidad se fundó siguiendo una orientación política progresista, republicana y democrática que se acercaba a los postulados de la izquierda socialista y al movimiento agrarista que se desarrollaba simultáneamente en Galicia. También se convirtió en un baluarte de la defensa de la II República en España y logró articular diversos mecanismos de ayuda hacia la península, acogiendo en su seno a muchos exiliados republicanos que lograron ingresar al país gracias a su intervención (Fasano, 2014).

Sin embargo, la presencia de entidades y personalidades afines al establecimiento del régimen republicano en España coexistió con la actuación de muchos españoles, entre ellos periodistas, escritores, comerciantes y profesionales diversos que, alejados de las posiciones progresistas, mantenían un perfil cercano al conservadurismo (Biagini, 1995). La llegada a Buenos Aires en 1892 de Francisco de Paula Oller en calidad de representante de Don Carlos, el pretendiente al trono por el carlismo, significó el afincamiento en la Ciudad de un importante bastión del tradicionalismo. Su actuación lo llevó a fundar la Comisión Central de Propaganda Carlista en América del Sud, la cual mantuvo una filial en Montevideo y órganos de prensa como El Legitimista Español, creado en 1898, y Monarquía Española, en 1931 (Canal, 2023; Lozier Almazán, 2002).

Por otro lado, la fundación del Centro Acción Española en 1933 también sirvió de ámbito de encuentro para el espectro monárquico y católico de la inmigración española en Buenos Aires. Esta entidad se creó siguiendo la línea de acción del grupo político e intelectual de derecha nucleado alrededor de la revista Acción Española, fundada en Madrid en 1931 bajo el liderazgo de Ramiro de Maeztu, quien se había desempeñado como embajador de España en la Argentina durante la dictadura de Primo de Rivera (1928-1930) y había logrado establecer vínculos con distintos segmentos de la comunidad española afines a sus ideas (Castro Montero, 2020).

Desde la revista madrileña, Maeztu señaló que su objetivo no era crear un partido político, sino convertirse en la plataforma doctrinal para la expansión de una nueva ideología monárquica de tendencia antiliberal, corporativa, autoritaria y católica en España (Morodo, 1984). Fue en consonancia con esta propuesta como se fundó en la capital argentina el Centro Acción Española, que también mantuvo una publicación quincenal con el nombre Acción Española. Desde sus páginas se aseguraba que la institución mantenía las puertas abiertas para todos aquellos españoles que se circunscribieran al arco “derechista”, por lo que la institución pretendía reunir en su interior a las diversas tendencias monárquicas presentes en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en España (“La posición del Centro…”, 31 de mayo de 1934). El Centro Acción Española se definía como una entidad eminentemente política y religiosa, su edificio social situado en la calle Bernardo de Irigoyen 483 funcionaba como un ámbito de encuentro y camaradería para sus afiliados por medio de las reuniones casuales que se formaban en su cafetería o de la organización de veladas literarias y musicales en las que tenían un lugar especial las conferencias de contenido religioso.

Otra entidad creada con el objeto de convertirse en un espacio de expresión de los sentimientos católicos y de caridad cristiana fue el Patronato Gallego de Santiago Apóstol, fundado en junio de 1934 (“Los gallegos…”, 15 de julio de 1934). Este organismo se convertiría en el antecedente de la Asociación Acción Gallega Cruzados de Santiago, creada en noviembre de 1936 con el fin expreso de colaborar económica e ideológicamente con el alzamiento franquista en el contexto de la guerra civil española (De Cristóforis, 2018).

Estos espacios institucionales fueron signos visibles de la existencia de todo un sector de la comunidad española que habitaba en Buenos Aires que, si no recibió de buen ánimo las noticias de la proclamación de la II República en España, al menos lo hizo con un reservado escepticismo. La diversidad de reacciones que generó la instauración de la segunda experiencia republicana quedó al descubierto en la encuesta que realizó El Diario Español ni bien fue conocida la noticia (“Lo que opinan…”, 15, 17 y 20 de abril de 1931). En las ediciones sucesivas al cambio de régimen, comenzaron a publicarse en el periódico las opiniones de aquellos quienes, para los editores, eran los miembros más destacados de la comunidad española en la Ciudad. Entre los primeros entrevistados que emitieron sus observaciones, se hallaban los siguientes: Fermín F. Calzada, presidente del Club Español; Federico Iribarren, presidente de la Institución Cultural Española; Avelino Gutiérrez, expresidente de la entidad antes mencionada; Eusebio Mendizábal, presidente de la Asociación Patriótica Española; y Antonio Bóo, expresidente del Centro Gallego, entre muchos otros. La mayoría de ellos demostró satisfacción por la transformación política operada, sin embargo, un número significativo de entrevistados manifestó una profunda desconfianza por el devenir de la situación política en España, y algunos incluso fueron un poco más allá, considerando como abiertamente decepcionante el final de la monarquía. En total se publicaron 31 entrevistas realizadas personalmente o por correo postal: 17 de los entrevistados se demostraron entusiasmados ante la proclamación de la II República, 9 se declararon “neutrales” u “observadores escépticos”, y 5 de ellos, promonárquicos.^[4]

Entre los que manifestaron sus dudas acerca del devenir político de su tierra natal bajo las estructuras republicanas, se hallaban personas que poseían una destacada inserción institucional en la comunidad española de Buenos Aires. Fue el caso de José Villamarín, presidente del Centro Gallego, quien expresó la incertidumbre que le generaba la situación política en la península:

… me coloco en una posición de escepticismo, aguardando los resultados del gran ensayo. El regionalismo, recrudeciendo en los momentos de crisis nacional me ha causado una impresión de molestia […]. Creo, nos dice sonriendo, que el rey se ha sacado un pasaje de ida y vuelta (“Lo que opinan…”, 17 de abril de 1931).

Otro de los escépticos fue Timoteo Balbín, presidente del Banco Español del Río de la Plata, entre otras instituciones comerciales, y miembro del directorio del Hospital Español y la Sociedad Española de Socorros Mutuos de la Ciudad de Buenos Aires.^[5] También mantuvo una posición de desconfianza Bernabé Pérez Ortiz, quien fuera vicepresidente de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, miembro del directorio del Banco Español del Río de la Plata. Algunos años más tarde, estos mismos inmigrantes españoles, muy bien posicionados en función de su éxito comercial-empresarial en la Ciudad, no dudaron en manifestar públicamente su apoyo ideológico y material a favor del bando sublevado durante la contienda civil en su tierra de origen. Tan es así que, desde el primer momento, contribuyeron económicamente con el sostenimiento de la sede diplomática extraoficial que lideró en la Argentina el representante oficioso del general Francisco Franco, Juan Pablo de Lojendio, desde su llegada al país en diciembre de 1936 hasta febrero de 1939, cuando este diplomático fue reconocido oficialmente por el Estado argentino (Pérez Ortiz, 1940).

Un seguimiento detallado sobre los principales órganos de la prensa española que se editaba en Buenos Aires a principios de la década de 1930 revela la pluralidad de opiniones que se manifestaron con relación al cambio de régimen. Es cierto que, una vez conocida la noticia, proliferaron las expresiones de alegría y se desarrollaron múltiples actos de adhesión y de júbilo. Algunos órganos periodísticos de reconocida adscripción prorrepublicana, como España Republicana y Galicia, manifestaron su satisfacción y algarabía por el inicio de una nueva república en España (“¡Viva la República…”, 19 de abril de 1931). No obstante, otros periódicos se revelaron más cautos y se escudaron detrás de la supuesta neutralidad que debía caracterizar al ejercicio periodístico para no emitir juicios definitivos sobre los sucesos políticos: fue el caso de El Eco de España, el Heraldo de Asturias y El Heraldo Gallego.^[6] Por su parte, el director del Correo de Galicia, el periodista José R. Lence (19 de abril de 1931), se manifestó apesadumbrado por la caída de la monarquía, mientras que sus colegas de El Diario Español se expresaron con satisfacción por la instauración del régimen republicano, aunque posteriormente fueron abandonando esta postura (“La Segunda República…”, 15 de abril de 1931).

Esta última publicación merece una especial atención dado que fue uno de los periódicos más importantes que tuvo la comunidad española de Buenos Aires hacia principios del siglo xx. Desde su fundación, El Diario Español se había demostrado cercano a las tendencias republicanas y liberales que luchaban por lograr la modernización de las estructuras políticas, económicas y sociales en España (García Sebastiani, 2004). Por ello, los integrantes del periódico celebraron con entusiasmo el cambio de régimen operado en 1931 dado que representaba la posibilidad concreta de ampliar la participación política a diversos sectores de la población y de implementar reformas de primer orden en la economía y la organización del nuevo Estado.

Si bien, durante el primer bienio republicano, los responsables de El Diario Español se mostraron satisfechos por la acción reformadora de las Cortes Constituyentes en materias tan delicadas como la resolución del Estatuto Catalán y la reforma agraria, luego del fallido golpe de Estado liderado por el general Sanjurjo (1932) y, fundamentalmente, después del intento de revolución obrera en Asturias en 1934, el periódico español en Buenos Aires comenzó a distanciarse de las políticas llevadas adelante por el Gobierno republicano. El contexto de creciente violencia facciosa que se vivía en la península no ayudaba a forjar una imagen positiva del régimen. Los redactores y editores del periódico comenzaron a identificar la presencia de elementos a su juicio “perturbadores” en el seno del Gobierno español. El socialismo, el comunismo y el “separatismo” fueron responsabilizados por el ambiente de violencia y crispación social que sacudía a España en el periodo republicano (“Uno de los problemas…”, 22 de julio de 1933; “Guerra Civil”, 7 de octubre de 1934). Una vez iniciada la contienda civil en 1936, El Diario Español se alineó rápidamente a favor del ejército sublevado (“Una nueva y lamentable…”, 19 de julio de 1936). A partir de ese momento, el periódico se convirtió en un baluarte de la propaganda franquista en Buenos Aires, alentó diferentes campañas de solidaridad en beneficio del ejército rebelde y se transformó en un foro de opinión para aquella porción de la comunidad española que no defendía la causa republicana.

La actitud vacilante sobre la realidad política peninsular que El Diario Español manifestó a través de sus páginas tuvo también su correlato en aquellos testimonios escritos que dejaron otros tantos españoles. El diario personal del periodista Juan Carlos Torrendell es una fuente valiosa para conocer el posicionamiento de un importante referente del ámbito periodístico y editorial del Buenos Aires de entreguerras.^[7] En dos libros editados en 1935, La República española en su primer hervor y Cataluña y la República española, este periodista expresó las objeciones que, a la distancia, el ejercicio de su profesión periodística (considerada por él “imparcial”) le permitía emitir sobre la realidad política española.

A pesar de asegurar que la II República había logrado cosechar “aciertos imborrables” para el pueblo español, sus juicios sobre la experiencia republicana desde el primer momento estuvieron permeados por un manto de pesimismo. El “asombro” y la repentina esperanza inicial que le causó el advenimiento del nuevo régimen pronto transmutaron en una multiplicidad de “dudas” sobre la permanencia de este. La sucesión de ataques a los miembros y los bienes de la Iglesia católica y la represión y la censura de prensa que caracterizaron a los primeros tiempos republicanos fueron imprimiendo en los escritos de Torrendell una rápida decepción por el resultado de la nueva experiencia política. En pocos meses, el periodista español comenzó a vislumbrar la emergencia de un “doble enemigo” acechando a la naciente república:

A la derecha tiene al adversario vencido, en infecunda pasividad, si no pierde la cabeza en un ataque brusco guerrillero. A la izquierda asoma, más peligroso y enérgico, el sindicalismo, que ya está envalentonándose descaradamente por la palabra y el gesto de elementos viriles proclamados héroes durante el periodo de la revolución (Torrendell, 1935: 67).

Frente a esta espinosa realidad, el posicionamiento de Torrendell se decantó por promover el fortalecimiento de lo que él llamó “el grupo moderado” de la política española. Es decir, aquel segmento de la población de tendencia liberal y católica que acompañó con expectativas positivas el cambio de régimen en abril de 1931, pero que ahora veía con creciente temor el curso de las transformaciones políticas y sociales que se venían desplegando.

Otro periodista español residente en Buenos Aires que expresó sus recelos por el devenir de la realidad política en la península fue Félix Rangil Alonso: en su libro El ensayo socialista en la República española (1934), escrito al calor de la revolución obrera ocurrida en Asturias en 1934, no escatimó palabras condenatorias al desarrollo de la experiencia republicana en España. A lo largo de su ensayo, consideró el pacto de San Sebastián (1930) como un acuerdo realizado a “espaldas del pueblo”, y a los republicanos como políticos “despechados” movidos solo por la “ambición de mando”. En este volumen, el autor intentó argumentar sobre la existencia de un “plan preestablecido” entre las fuerzas republicanas, socialistas, comunistas, anarquistas y masónicas para lograr la implantación de una república de tipo soviético en España. Como ha analizado el investigador Francisco Sevillano Calero (2013), el bando rebelde en la contienda civil española identificó en el supuesto accionar de ese difuso conjunto conspirativo un elemento fundamental a partir del cual articular un discurso de legitimación del inicio de la sublevación en la península.

Pero no todas las impresiones sobre el devenir de la II República fueron negativas; al contrario, fueron recurrentes las disertaciones celebratorias sobre el carácter ampliamente democrático del nuevo régimen implementado en España, como las de Benigno Bachiller Gómez (1933) y Manuel Pinto (1933). No obstante, lo que interesa destacar aquí es que la transformación política operada en la tierra de origen generó una multiplicidad de impresiones entre los inmigrantes españoles que vivían en Buenos Aires e involucró tanto expresiones de adhesión y júbilo que tuvieron como protagonistas a muchos inmigrantes e instituciones comprometidos abiertamente con la defensa de los ideales republicanos y democráticos desde principios del siglo xx, como opiniones negativas y condenatorias a la experiencia republicana, cuyos impulsores, años más tarde, no dudaron en motorizar campañas de solidaridad y apoyo explícito al bando sublevado durante la guerra civil.

1.4. Las reacciones ante el cambio de la bandera

A pesar de las diferentes opiniones e impresiones que los inmigrantes españoles fueron expresando sobre el desarrollo del gobierno republicano, existía una cuestión sobre la que la mayoría de los periodistas y voceros coincidía, y en ello creían expresar un deseo colectivo: el rechazo al cambio de la bandera nacional propuesto por el Gobierno provisional de la II República a diez días de producida la proclamación.

No nos equivocamos, afirmando que muchos compatriotas que son y han sido siempre republicanos militantes, allá en su interior deploran como nosotros ese truco de banderas contra el cual instintivamente se rebela el sentimiento patriótico. […]. Y esto es lo que ahora olvidamos por exceso de fanatismo político: que la bandera roja y gualda ondeó desde entonces [reinado de Carlos iii] sobre todos los españoles por igual […] no pertenecía, pues, a los monarcas, pertenecía a España (“El truco…”, 3 de mayo de 1931).

La noticia sobre las disposiciones tendientes a mudar los colores de la bandera, por la cual se incluía una franja morada horizontal a la tradicional enseña bicolor española, llevó a organizar una reunión entre varios representantes de la comunidad en el Club Español con el objeto de enviar un telegrama al Gobierno provisional para solicitar la revisión de dicha medida.^[8] Esa petición fue firmada por las autoridades de la Asociación Patriótica Española, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Centro Gallego de Buenos Aires y, además, se dejaron listas a disposición de los socios de estas entidades para que quienes quisieran adherirse a la solicitud pudieran hacerlo (“Sobre el cambio…”, 26 de abril de 1931). Meses más tarde, una vez anunciada la formación de la asamblea constituyente en la península, los semanarios El Eco de España y Heraldo de Asturias iniciaron una nueva campaña de recolección de firmas con el fin de acompañar un nuevo telegrama que, en esta oportunidad, reclamaba la derogación del cambio de la bandera ya realizado y la obligación de someter el tema a la consideración del parlamento (“Una encuesta…”, 14 de junio de 1931).

No es de extrañar el hincapié que hicieron muchos de estos españoles con visibilidad por su rol de dirigentes de entidades de envergadura o por su faceta de comunicadores a través de los periódicos de la comunidad en la necesidad de preservar los colores de la bandera como símbolo patrio luego de la proclamación de la II República. La insignia representaba la unidad del colectivo español, pero, en el contexto de la emigración, podía simbolizar un vínculo de identidad concreta y de conexión visible con la tierra de origen. A pesar de ello, no faltaron las voces que defendieron la propuesta del cambio, como la de la escritora Consuelo Berges, quien argumentaba a favor de la incorporación del color morado como elemento representativo de Castilla (Berges, 22 de abril de 1931).

No obstante, la resistencia que se opuso a la transformación de la enseña patria persistió largamente en la comunidad española de Buenos Aires y resurgió con claridad durante la guerra civil ante la adopción de los colores de la antigua bandera monárquica por las fuerzas sublevadas. De este modo, el conflicto simbólico que generó la implementación de una nueva insignia nacional por parte de la II República se tradujo en pequeñas batallas cotidianas que surgieron durante todo el desarrollo del conflicto bélico y continuaron incluso una vez finalizado este. Por ejemplo, en enero de 1937, la embajada de España en la Argentina elevó un reclamo al Ministerio de Relaciones Exteriores por lo que consideraban era una afrenta a la identidad nacional: el enarbolamiento de la bandera monárquica en la Iglesia de la Merced con motivo de celebrarse una misa por el cumpleaños del exrey Alfonso xiii:

Esta embajada ha evitado toda manifestación contra los actos harto frecuentes que se celebran en privado; pero en casos como el presente no cree discreto dejarlos pasar […] por considerar que constituyen una extralimitación […]. Y lamenta igualmente que sea un templo donde las ostentaciones se produzcan, con evidente olvido del carácter neutral de la Iglesia Católica.^[9]

Otra situación semejante fue la que se registró en la localidad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, en el contexto de la inauguración de un monumento al general José F. Uriburu. Así relataba el episodio el cónsul español en la ciudad, José Galindo Ramírez, al cónsul general de España en Buenos Aires, Manuel Blasco Garzón:

Oficiosamente he sabido que algunos comerciantes españoles hacen propaganda entre los connacionales para que dicho día embanderen con la bandera monárquica. Si esto se produjese, es seguro que las autoridades locales no harían nada por reprimirlo y hasta lo verían con gusto. […]. Creo un deber poner este asunto en su conocimiento, para obrar según sus órdenes, siendo mi opinión personal, que si se produce solo algún caso aislado, es mejor no hacer mucha atención y evitar conflictos, que dividan más y enconen más a la colectividad.^[10]

Una vez concluida la guerra y reconocida la autoridad diplomática del representante del general Francisco Franco como encargado de negocios de España, se registraron reclamaciones semejantes, pero esta vez cuestionando el uso de la insignia republicana como una ofensa a la bandera española adoptada por la dictadura posbélica.^[11] Para evitar situaciones conflictivas de igual naturaleza, y en el marco del complejo contexto internacional que se configuraba en los albores de la Segunda Guerra Mundial, el Poder Ejecutivo Nacional dictaminó el Decreto n.º 31.321 (15 de mayo de 1939), por el cual se establecía que, en adelante, ninguna institución extranjera radicada en el territorio nacional podría utilizar otros distintivos de nacionalidad que no fueran aquellos consagrados por el Estado argentino.

Pero no fue solo el contexto de lucha ideológica que se generó con el estallido de la contienda civil en España lo que motivó disputas por el uso de la bandera. Muchos años después, a mediados de la década de 1950, un inmigrante de origen balear recordaba el rechazo que generaban los colores del estandarte español entre los directivos de la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires y las dificultades que tuvo que sortear, y que finalmente lo llevaron a desvincularse del ámbito asociativo, por enarbolar esos colores durante una fiesta institucional por el 12 de octubre.^[12] Inclusive, a mediados de la década de 1970, el periodista Braulio Díaz Sal (1975: 184) todavía hacía mención a la existencia de “discusiones, empecinamientos y resistencias” a la bandera española “restaurada” por el general Franco en 1936 entre los inmigrantes españoles y sus descendientes radicados en la Argentina.

1.5. El inicio de la guerra civil española y sus implicancias en la Argentina

Cuando estalló el conflicto bélico en España en julio de 1936, la Argentina se encontraba gobernada por un bloque interpartidario liberal-conservador conocido como la “concordancia”.^[13] Este conglomerado controló los resortes de la autoridad política luego del golpe de Estado liderado por el general José F. Uriburu en contra del presidente radical Hipólito Yrigoyen (6 de septiembre de 1930), por medio del uso sistemático del fraude electoral como único mecanismo posible para mantener bajo su égida la sucesión al poder a lo largo de la década de 1930. En ese marco, asumió como primer mandatario en febrero de 1932 el exgeneral del Ejército Agustín P. Justo, quien se encontraba en ejercicio al momento de iniciarse la guerra civil en la península.

Es sabido que el comienzo de esta contienda impactó profundamente en el espacio diplomático internacional de los años 30 y derivó en la constitución de una red de apoyos e inhibiciones exteriores para cada uno de los contendientes. Con el fin de evitar la propagación de conflictos en otros países, los Gobiernos de Francia y Gran Bretaña impulsaron rápidamente un “acuerdo de no intervención en España” entre las potencias europeas. Este convenio, que intentaba prohibir la venta y el envío de armas, municiones y material de guerra a ambos bandos fue firmado en agosto de 1936 por todos los países del Viejo Continente (a excepción de Suiza), incluyendo también a Italia, Alemania, Portugal y la Unión Soviética. El cumplimiento de este acuerdo fue más aparente que real ya que pronto quedó en evidencia que estos últimos países continuaron involucrados activamente en la contienda. Por su parte, el Comité de No Intervención, conformado en Londres en septiembre de 1936, mantuvo una actividad limitada ante el desarrollo del enfrentamiento armado, y, si bien intentó oficiar como mediador entre los contendientes, su accionar quedó confinado a la continuidad de la política de “apaciguamiento” dictada por la Sociedad de las Naciones (Jorge, 2015; Moradiellos, 2002).

La República Argentina adhirió formalmente a esta postura y se declaró “prescindente” ante el conflicto bélico español, conservando la tradición diplomática de neutralidad ante las contiendas exteriores. Aunque el gobierno argentino desestimó todos los intentos del bando insurgente para lograr su reconocimiento como “beligerante” y mantuvo hasta último momento la relación oficial con el gobierno de la II República, no fue desconocida la simpatía que notables integrantes del Estado, la Iglesia y el Ejército profesaron hacia la sublevación militar en la península.

Desde el presidente Justo, pasando por miembros destacados del gabinete y los gobiernos provinciales, la afición hacia la causa de los rebeldes involucró, fundamentalmente, a las clases altas y a los sectores influenciados por el nacionalismo y el conservadurismo (Quijada, 1991: 26). No obstante, y más allá de los posicionamientos particulares, fue el temor a la propagación de las ideas comunistas y a la posible irrupción de una revuelta social en el país, alentada por los acontecimientos españoles, lo que derivó en la desconfianza permanente del gobierno argentino hacia la II República.

A pesar de ello, las gestiones encabezadas por el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Saavedra Lamas (1878-1959) en el marco de la guerra mantuvieron un claro perfil humanitario. Saavedra Lamas provenía del ámbito aristocrático de raigambre liberal y estaba estrechamente vinculado a los intereses británicos y a la Sociedad de las Naciones. Por su activa participación como mediador en el conflicto entre Paraguay y Bolivia, había obtenido el Premio Nobel de la Paz en 1935 y era considerado un jurista de prestigio internacional. Durante la contienda civil española, no dudó en interceder en distintas gestiones mediadoras sobre cuestiones delicadas como el transporte de asilados y las negociaciones por el canje de rehenes entre los contendientes. Sin embargo, mantuvo con rigor la línea de “no intervención” dictada por el organismo multilateral ginebrino (Figallo, 2016: 61-62).

Su sucesor en el cargo, José María Cantilo, tampoco estuvo dispuesto a introducir cambios decisivos en la política exterior argentina y mantuvo la política de prescindencia frente a la guerra española. A pesar de ello, fue durante su gestión cuando el representante oficioso del general Franco en la Argentina consiguió una entrevista personal con el presidente Roberto M. Ortiz. En este encuentro, el primer mandatario manifestó cordialidad y un gran interés por la causa de los sublevados, aunque sin llegar a comprometerse con otorgar el reconocimiento oficial a su facción hasta que finalizara la guerra (Quijada, 1991: 81-82).

Uno de los principales desafíos diplomáticos a los que tuvo que hacer frente el Estado argentino ante el inicio de esta contienda civil en España fue el de cómo resolver la cuestión de los asilados políticos que comenzaron a solicitar el resguardo de su vida bajo el pabellón argentino tanto en Madrid, como en San Sebastián, ciudad de veraneo al norte de España en la que se encontraba el embajador Daniel García Mansilla cuando estalló el enfrentamiento.^[14] Gracias a las negociaciones que llevaron adelante, entre otros integrantes del cuerpo diplomático, el ministro Carlos Saavedra Lamas, el embajador argentino y el encargado de la embajada en Madrid, Edgardo Pérez Quesada, con el gobierno republicano, se logró trasladar a los asilados políticos fuera de España bajo la protección de los buques de la Armada Argentina 25 de Mayo y Tucumán. Estas naves cumplieron la labor de traslado y resguardo de los asilados españoles y también de muchos ciudadanos argentinos y latinoamericanos que deseaban abandonar la península ante el recrudecimiento de las acciones bélicas (Figallo, 2007).

Otro episodio controversial fue el que se produjo ante el intento de arribo al puerto de Buenos Aires del buque de bandera española Cabo San Antonio. Este navío llegó al puerto bajo el comando de dos subalternos, mientras el capitán de la embarcación se hallaba confinado en su camarote. Este no había accedido a poner el barco a disposición del Estado español para que fuera incautado, según lo había previsto el Gobierno republicano con el fin de recolectar recursos para hacer frente al esfuerzo bélico. La Prefectura argentina procedió a la detención de los tripulantes acusados de desacato a la autoridad y asociación ilícita, aunque finalmente fueron considerados “indeseables” y trasladados a España en calidad de deportados, mientras que el buque permaneció varado en el país hasta abril de 1939, cuando fue confiscado por el bando vencedor de la contienda civil (Quijada, 1991: 47-52).

En la Argentina, la guerra civil española generó una amplia y masiva movilización de solidaridad popular que motivó profusas expresiones de adhesión hacia uno y otro bando, pero especialmente hacia el Gobierno republicano. La ayuda hacia ese sector involucró a todos los estratos de la sociedad civil y activó el compromiso político de muchos ciudadanos que vivían en el marco de un contexto restrictivo para la participación a nivel electoral. Los comités de apoyo a la II República española que se formaron en distintas partes del país se nutrieron de la tradición liberal y democrática subsistente, a la que se sumó la lucha antifascista propia del periodo de entreguerras (Montenegro, 2002: 238). Según la investigadora Silvina Montenegro (2002), las agrupaciones de solidaridad a favor de la “España leal” se convirtieron en verdaderas “escuelas políticas”, dado que brindaron el marco adecuado para la organización civil y el despliegue de reivindicaciones que no solo se relacionaron con la realidad política española, sino también con la situación que se vivía en la Argentina.

Los comités de solidaridad republicana se crearon por doquier y se encargaron de realizar múltiples emprendimientos públicos para recaudar dinero y recursos para enviar al frente de batalla. En 1938 había más de mil agrupaciones de ayuda a la II República que funcionaban en el país (Quijada, 1991: 138). En un primer momento, estos comités actuaron de manera autónoma, pero más tarde se fueron agrupando bajo la conformación de organismos centralizadores de alcance nacional que actuaron como coordinadores de las colectas durante la contienda. En agosto de 1936, fue creada la Agrupación Amigos de la República (ARE) como una sección especial dentro del Centro Republicano Español. En septiembre de 1937, se formó la Federación de Organismos de Ayuda a la República Española (FOARE) como resultado de una reunión convocada por el Partido Comunista. Este organismo proponía una política de unidad antifascista basado en los dictados de la Internacional Comunista y no dirigía las donaciones por medio de la embajada de España (como sí lo hacia el ARE), sino a través del Comité Internacional de Coordinación e Información Pro Ayuda a la República. El último organismo central de solidaridad, creado en marzo de 1938, se denominaba Comisión Coordinadora de la Ayuda a España y estaba dirigido por el sector anarquista y sindicalista. A pesar de que la solidaridad hacia la II República en España era el elemento de unión prioritario, estos comités eran inevitables espacios de fricción entre los distintos grupos políticos que los conformaban, tanto radicales, socialistas y comunistas como anarquistas lucharon entre sí por liderar este vasto movimiento solidario (Quijada, 1991: 141).

La embajada española en la Argentina también se preocupó por organizar el ingente caudal de apoyo que se dirigía hacia el gobierno legítimo en la península. Con la colaboración del Centro Republicano Español, la representación de España se abocó a atraer la atención de la numerosa colectividad española radicada en el país e intentó permanecer distanciada de aquellos comités y agrupaciones argentinos que pudieran involucrarse con las pujas ideológicas de la política local. Las aportaciones en dinero y en especie se enviaron por medio de diversos mecanismos, entre los que se incluyeron la valija diplomática y el embarque diferido a Marsella, desde donde luego se remitían hacia la España republicana.

Del lado de los sublevados españoles, la campaña de solidaridad no alcanzó la masividad que logró la de sus oponentes. Al contrario, la investigadora Mónica Quijada (1991) señaló que la movilización a favor de la sublevación militar española fue protagonizada por una minoría integrada, casi exclusivamente, por algunos sectores de la elite de la comunidad española residente en el país, la que fue acompañada por miembros influyentes de la oligarquía y de la clase media intelectual argentina. También contribuyeron con entusiasmo a esta causa ciertos estratos de la Iglesia católica y destacados representantes del nacionalismo argentino (Quijada, 1991: 178).

Pero, así como la solidaridad material hacia ambos bandos enfrentados era importante, también lo fueron las manifestaciones de adhesión ideológica y de apoyo moral a los contendientes. En este sentido, los órganos periodísticos se convirtieron en relevantes espacios de difusión de las consignas que se dirimían en la guerra y, en ese sentido, actuaron como verdaderos formadores de opinión. Desde el primer día, múltiples publicaciones se abocaron a tratar la contienda española con especial interés, a tal punto que, desde el inicio hasta el final de la guerra, el tema no abandonó las páginas de los principales periódicos (Montenegro, 2002: 171; Quijada, 1991: 209).

Algunos medios de prensa fueron claros en su posicionamiento a favor de uno u otro bando en la lucha; otros, en cambio, intentaron mantener cierta neutralidad discursiva, aunque no pudieron ocultar sus preferencias hacia el accionar de los sublevados. Las publicaciones argentinas más tradicionales, tales como La Nación y La Prensa, siguieron esta última tendencia. Por su parte, los periódicos prorrepublicanos hicieron público su posicionamiento sin demasiadas reservas, fue el caso de Crítica y Noticias Gráficas. No obstante, otras publicaciones y revistas también se alinearon con convicción. Sin ánimos de ser exhaustivos, es posible mencionar que, a favor de la república española, se manifestaron La Vanguardia (órgano de prensa del Partido Socialista) y periódicos de menor tirada, tales como Tribuna Libre, Última Edición, El Diario, El Mundo, y La República. En el seno de la comunidad española, también favorables al gobierno republicano se encuadraron Galicia (órgano de prensa de la Federación de Sociedades Gallegas), Noticiero Español, El Correo de Asturias, España Republicana (órgano de prensa del Centro Republicano Español) y La Nueva España. Por otro lado, los sublevados contaron con el apoyo de El Correo de Galicia y El Diario Español, entre otros órganos de menor tirada, así como también de las publicaciones de los católicos y nacionalistas argentinos, tales como El Pueblo, Bandera Argentina, La Fronda, Crisol, Clarinada y la revista Criterio.

Al constatar la inusitada atención con la que se vivió este conflicto bélico que se desarrollaba al otro lado del océano Atlántico, es posible asegurar que la guerra civil española logró calar hondo en el imaginario político argentino del periodo de entreguerras. Este interés respondió a diversos factores: en primer lugar, la presencia de un numeroso contingente de inmigrantes españoles que residía en el país contribuyó para que la guerra se viviera como propia por parte de quienes todavía mantenían fuertes lazos con su tierra de origen.^[15] En segundo lugar, la iniciativa de distintas asociaciones obreras, ya sean sindicatos o gremios, junto con la actuación del Partido Comunista (que entonces se encontraba proscripto), logró organizar diversos y masivos mecanismos de solidaridad que ayudaron a acrecentar las contribuciones a favor de II República y se articularon alrededor de las consignas antifascistas (Bocanegra Barbecho, 2008). Y, en tercer lugar, la propia tradición liberal y democrática de la lucha republicana que reactivó a las masas radicales y progresistas argentinas, las cuales, en un contexto restrictivo a nivel electoral, encontraron en la movilización por la II República española un genuino canal de manifestación política a partir del cual expresar su oposición a la situación imperante (Montenegro, 2002: 30).

1.6. Conclusiones

La inmigración española hacia América, y en particular hacia la Argentina, fue un fenómeno de larga duración que se inició durante el periodo de dominación colonial y se prolongó de manera ascendente hasta el inicio de la década de 1930. La continuidad del flujo inmigratorio procedente de la península posibilitó la conformación de un núcleo español residente en la Ciudad de Buenos Aires vinculado entre sí a través de sólidos lazos comunitarios que se materializaron, por un lado, en la fundación de numerosas entidades de representación regional diversa que brindaban múltiples servicios a sus socios (ya fueran de índole mutual, política, cultural, recreativa, etc.) y, por otro lado, en la creación de distintos órganos periodísticos que se erigieron como portavoces del colectivo español.

La proclamación de la II República en España fue recibida de manera entusiasta por una buena parte de la comunidad española residente en la Ciudad de Buenos Aires que, desde principios del siglo xx, se manifestaba a favor del cambio de régimen. Destacados dirigentes institucionales, periodistas, comerciantes o profesionales con influencia sobre la comunidad coincidían en la necesidad de incentivar la modernización política en España y para ello promovieron la fundación de entidades y órganos de prensa favorables a la instauración de la república, siendo la más emblemática de la época el Centro Republicano Español. No obstante, también existían personalidades e instituciones que fomentaban la difusión de tendencias políticas más conservadoras. La presencia y la actuación de Francisco de Paula Oller, representante del pretendiente carlista al trono de España, y la fundación del Centro Acción Española dieron lugar a los segmentos que se inclinaron abiertamente por el sostenimiento de la monarquía y la defensa de la religión católica en España. Estos sectores recibieron con un mayor escepticismo las noticias sobre la proclamación de la II República y se manifestaron recelosos sobre el futuro político en la península. Con el paso del tiempo, muchos de ellos expresaron su adhesión material e ideológica al bando sublevado en contra de la II República durante la guerra civil y contribuyeron a reforzar la profunda polarización que sufrió el colectivo inmigratorio español ante el desarrollo de esta contienda.

Asimismo, la inmediata expresión negativa de toda una corriente de opinión ante la propuesta de cambio en el diseño y los colores de la bandera española durante la era republicana significó la apertura de una persistente lucha simbólica a este lado del océano Atlántico. Este conflicto, que se instaló desde el primer momento en el seno de la comunidad española residente en la Ciudad de Buenos Aires, se reavivó con fuerza en el marco de la contienda civil peninsular entre quienes defendían la legalidad de la nueva bandera y la persistencia de las estructuras políticas republicanas, y quienes, alineados con el ejército sublevado, preferían reivindicar la legitimidad histórica de la bandera roja y gualda. No obstante, el combate simbólico que se inició por el uso de la insignia nacional española no concluyó con el término de la guerra, sino que persistió de manera vívida, haciéndose presente en diversas situaciones de la vida cotidiana de muchos inmigrantes españoles hasta pasada la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.

Por último, no resulta necesario insistir sobre las profundas repercusiones que generó el inicio de la guerra civil en la península en la sociedad argentina, lo cual llevó a movilizar activamente a amplios sectores de la población e instituciones diversas y que involucró no solo a la comunidad española residente, sino también a miles de ciudadanos argentinos que vieron en la movilización solidaria generada ante el inicio del conflicto bélico español un ámbito genuino de manifestación política en un contexto de democracia restrictiva y de falta de legitimidad.