2.1. Introducción

La fractura político-ideológica que se produjo en la península ante el inicio de la contienda civil en julio de 1936 se trasladó también al seno de la representación diplomática española en la Ciudad de Buenos Aires. Ello generó la dimisión a su cargo de algunos miembros de la carrera diplomática y la progresiva conformación de una suerte de representación paralela que actuaría bajo las órdenes de los sediciosos en España. Este proceso fue reforzado desde la zona bajo control rebelde con el envío de un representante oficioso que arribó a estas costas en diciembre de 1936 e inició una activa campaña de solidaridad y apoyo ideológico a favor de la sublevación, que también pretendía irradiarse hacia el resto de América del Sur.

Este capítulo se propone, en primer lugar, seguir con detenimiento el derrotero propagandístico y la actuación diplomática extraoficial del representante de Francisco Franco en la Argentina, Juan Pablo de Lojendio, desde su llegada al país en 1936 hasta su regreso a España una vez concluidas sus funciones como encargado de negocios en diciembre de 1939. En este sentido, se presta especial atención, por un lado, a los vínculos que en su accionar fue generando con la comunidad española local que adhería al levantamiento y, por el otro, a los resultados de su gestión en lo referente a los intentos de centralizar bajo las directivas del Gobierno de Burgos al conglomerado de instituciones y personas que apoyaban al bando rebelde desde la Argentina. Por último, se abordan las respuestas de la Cancillería Argentina a los constantes reclamos que elevaba la embajada republicana frente a la libertad de acción de la que gozaba el representante del general Franco en el país.

2.2. La representación diplomática española en Argentina

El estallido de la contienda bélica situó al personal diplomático de las embajadas españolas en el mundo en una posición muy compleja. Muchos de los miembros dimitieron a su cargo y ofrecieron voluntariamente sus servicios al ejército sublevado. El 22 de julio de 1936, el gobierno republicano promulgó un decreto por el cual dictaminaba el cese inmediato de aquellos empleados estatales que hubiesen simpatizado con la sublevación militar o participado en ella (Casanova Gómez, 1987: 363). Al mismo tiempo, numerosos miembros de la carrera diplomática que habían dimitido voluntariamente y ofrecido sus servicios a los rebeldes habían pasado a formar parte de la diplomacia paralela que comenzó a actuar de manera oficiosa a su favor. Esto no solo generó dificultades en el funcionamiento de las representaciones, sino que, también, contribuyó a desprestigiar al régimen republicano (Tabanera García, 1993). Como efecto de este traspase de personal, y a solo un mes de iniciada la guerra civil, más de 100 personas se habían separado de sus funciones, número que iría acrecentándose con el correr de los meses y con la aplicación de los respectivos mecanismos de depuración (Casanova Gómez, 1987; Viñas, 2010).

El Ministerio de Estado de la II República se preocupó por conocer la situación en la que se hallaba el cuerpo diplomático en el extranjero y para ello solicitó la información pertinente a las embajadas.^[1] En América, solo las representaciones españolas en Paraguay, Perú y Centroamérica se inclinaron a favor de los rebeldes, mientras que en el resto se produjo una fractura de las lealtades (Pardo Sanz, 1992: 217). En el caso argentino, el embajador español Enrique Diez-Canedo había arribado a Buenos Aires junto a su familia apenas un mes antes del inicio de la sublevación en la península (Diez Canedo, 2010: 4). Su llegada al cargo se produjo luego de la salida un tanto intempestiva de Alfonso Dávila, quien ejercía esa función desde 1933 y fuera removido por el gobierno del Frente Popular español en el medio de cuestionamientos a su filiación republicana. La formación eminentemente académica y no diplomática de carrera de Diez-Canedo, así como el contexto en el que se produjo su designación, dificultaron la gestión del nuevo embajador y generaron resquemores en algunos de los grupos más encumbrados en la colonia española porteña (Figallo, 2016: 57). Ya se lo había advertido su amigo Luis Jiménez de Asúa, reconocido jurista y político español que, años más tarde, se exiliaría en Buenos Aires:

No soy quién para aconsejarle, pero si desde el primer instante no entra Ud. a saco entre las gentes de la derecha de la colonia española y no comienza Ud. a situar el problema de la República española en su verdadero rango, todo estará perdido. Ya sabe Ud. mejor que yo que en los países del Plata no se es embajador de una política, sino virrey (valga la palabra) de la colonia española (Diez-Canedo, 2010: 3).

Los primeros meses del funcionario en la Argentina no fueron nada fáciles, las defecciones en el seno de la representación diplomática lo obligaron a trabajar con el mínimo de personal disponible, e incluso su propio hijo debió ayudar con las tareas administrativas (Diez-Canedo, 2010: 4). En la embajada de Buenos Aires, habían dimitido los secretarios Francisco de Amat, Julio López Lagos, Santiago Argüelles Armada y Manuel Oñós, el consejero Manuel Casulleras y los agregados Emilio Fernández Martos, Pedro González Arnao, Pedro del Corral y Antonio Ortiz Echague (Montenegro, 2002: 81).

El cónsul general en Buenos Aires, Manuel Blasco Garzón, se encargó de elaborar una lista de aquellos funcionarios consulares y viceconsulares que mantenían su lealtad a la II República en el territorio argentino. El resultado arrojó que la mayoría de los dependientes consulares en el interior del país permanecían fieles al gobierno (un total de 78), aunque 20 dignatarios habían dimitido.^[2]

Como en otros lugares del mundo, algunos de los desafectos comenzaron a actuar de manera espontánea como representantes extraoficiales del ejército rebelde. Un caso de resonancia fue el del cónsul español en Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, Rafael de los Casares Moya, quien lideró la creación de un Comité pro España, que sería el antecedente de la sede de Falange Española en esa ciudad (El Diario Español, 31 de octubre de 1936: 2). Este funcionario fue separado del cargo el 28 de agosto de 1936 por las denuncias que el Centro Republicano Español hiciera en su contra (Quijada, 1991: 122; Viñas, 2010: 430). Lo reemplazó otro miembro del consulado que no escatimó en sus esfuerzos por lograr la adhesión prorrepublicana de la numerosa comunidad española bahiense (Montenegro, 2002: 105). Así lo detalló en una misiva particular que llegó a manos del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino:

A los pocos días de estallada en esa la revuelta mi ex jefe se declaró faccioso y me invitó a que le siguiera, pero me negué terminantemente […]. Posteriormente, ni un solo día he dejado de sostener mi pequeña lucha, y desde el día 5 de septiembre que me hice cargo del Consulado, tanto yo como mi mujer nos impusimos voluntariamente aparte de nuestro trabajo ordinario, el de contribuir a la formación de un estado de opinión favorable a nuestra causa, y hoy es el día que puedo decirte con satisfacción, que el 80% de la población de esta ciudad y su zona están con nosotros, el resto son neutrales o facciosos, y eso en una provincia que dentro del régimen federal argentino está regida por un gobierno que mira con simpatías a los revolucionarios, hasta el extremo que a ellos se le permiten toda clase de actos públicos y en cambio los nuestros se restringen cuanto es posible.^[3]

En la sede diplomática de Buenos Aires, uno de los primeros funcionarios en manifestar su solidaridad con la sublevación fue el agregado militar Emilio Fernández Martos, quien rápidamente se contactó con las autoridades sediciosas para enviar dinero a la península.^[4] Otro destacado representante diplomático que procedió del mismo modo fue el primer secretario Francisco de Amat, quien continuaría con iguales funciones, pero esta vez bajo las órdenes directas de Juan Pablo de Lojendio, el representante enviado por el Gobierno de Burgos a la Argentina en diciembre de 1936.

2.3. La llegada del representante oficioso: Juan Pablo de Lojendio

El 31 de diciembre de 1936 llegó a Buenos Aires Juan Pablo de Lojendio a bordo del trasatlántico Conte Biancamano en calidad de representante oficial del general Francisco Franco.^[5] Su arribo generó muchas expectativas en el seno de aquellos espacios comprometidos con la revuelta militar contraria a la II República en España. Desde el inicio de la guerra, diversas entidades, agrupaciones y personalidades del ámbito español habían comenzado a movilizarse a favor del bando rebelde generando una activa campaña de recolección de dinero, víveres, joyas, ropa, etc., para enviar a las zonas dominadas por el ejército sedicioso, así como también se había iniciado una batalla propagandística para dar a conocer los fundamentos del levantamiento y tratar de paliar el predominio republicano en ese campo.

De esta forma, instituciones preexistentes a la guerra, tales como el Centro Acción Española, la Agrupación Monárquica Tradicionalista y la Agrupación Monárquica Española, a las que se sumaron luego entidades creadas con el objeto de contribuir al esfuerzo bélico, como los Legionarios Civiles de Franco, la Asociación Acción Gallega Cruzados de Santiago y la Falange Española, fueron conformando el núcleo central de apoyo tanto material como simbólico que desde Buenos Aires se solidarizaba con el bando rebelde en la península. Además de las instituciones que rápidamente comenzaron a movilizarse a favor de la II República, entre ellas el Centro Republicano Español, la Federación de Sociedades Gallegas y un sinfín de sociedades de menor tamaño, otras entidades de la comunidad española mantuvieron una actitud ambivalente y de menor compromiso visible ante los bandos enfrentados en la guerra. Esta situación se escudó detrás de una “neutralidad” aparente que a la larga terminó favoreciendo a los rebeldes; fue el caso del Club Español, la Asociación Patriótica Española, la Sociedad Española de Beneficencia y la Sociedad Española de Socorros Mutuos. En otros casos, la guerra generó importantes disputas en el interior de instituciones de envergadura, como ocurrió en el Centro Gallego o en el Centro Asturiano de Buenos Aires (De Cristóforis, 2014; Fernández García, 1990; Ospital, 2000/2001).

La llegada del representante oficioso a Buenos Aires fue recibida con entusiasmo en esos ámbitos en donde su sola presencia representaba el reconocimiento del general Franco a la labor que venían desarrollando por la causa las comunidades de inmigrantes españoles radicados en Argentina:

La colectividad española nacionalista, numerosa y selecta por su pensamiento y por su acción ha encontrado méritos ante el jefe de Estado español, General Franco, y por eso nos envía un personaje de la talla de este nuevo embajador que ya está a nuestro lado (“D. Juan Pablo de Lojendio…”, 1 de enero de 1937).

Juan Pablo de Lojendio provenía de una familia de diplomáticos perteneciente a la alta burguesía vasca, de filiación política conservadora, y se había presentado (aunque sin éxito) como candidato a diputado por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de Guipúzcoa en las elecciones de febrero de 1936. La contienda lo encontró trabajando en el consulado español en Niza, cargo que abandonó en agosto de 1936 para ofrecer sus servicios a los generales sediciosos Miguel Cabanellas y Emilio Mola. Si bien se integró formalmente al cuerpo militar y formó parte de las operaciones en el frente de Oria (Almería), por su experiencia en la carrera diplomática y su paso por la embajada de Santiago de Chile y el consulado de Córdoba en la Argentina fue designado como representante oficioso en el país (Cava Mesa, 2013).

A pesar de ser un diplomático de segunda línea, la prensa afecta a los sublevados en el Río de la Plata ensalzó sus cualidades personales, expresando una positiva primera impresión del representante:

La importancia del diplomático Sr. Lojendio –aparte de sus dotes intelectuales y de cultura- radica precisamente en una jovialidad exenta de protocolos que inspira respeto, simpatía y confianza al mismo tiempo […]. Nuestro joven y culto diplomático, sin dudas ha de granjearse las simpatías, no solamente de nuestros compatriotas, sino también la de los argentinos, por su poder de captación noblemente inspirada (Rangil Alonso, 1 de enero de 1937).

Una vez instalado en la Ciudad de Buenos Aires, una de sus primeras visitas la realizó al edificio ubicado en la calle Bernardo de Yrigoyen al 483, en donde tenían su sede algunas de las entidades más comprometidas con el alzamiento militar en España: el Centro Acción Española, la Agrupación Tradicionalista Monárquica, la Asociación Gallega Cruzados de Santiago y la Falange Española (“La visita del representante…”, 17 de enero de 1937). Durante los primeros meses de su estadía, el joven diplomático fue recibido con gran entusiasmo por estos sectores y su presencia motivó la realización de numerosos homenajes y agasajos por el interior del país e inclusive en el exterior (Uruguay y Chile).

En estos primeros momentos, el núcleo español que adhería a la sublevación mantenía una evidente confianza en la labor del enviado del general Franco. En su honor se celebraron diversos actos y homenajes que requerían su presencia constantemente, y llegó incluso a concretarse la realización de un “plato único” para rendirle tributo (“En honor de…”, 18 de abril de 1937). Esta fue una de las únicas ocasiones en las que la mayoría de las instituciones favorables a la sublevación se congregaron en Buenos Aires para manifestar su apoyo a la causa de manera conjunta (“El almuerzo de ‘plato único’…”, 27 de febrero de 1937). Este evento cosechó un gran éxito para sus organizadores, ya que, además de una nutrida concurrencia, se hallaban presentes el senador argentino Matías Sánchez Sorondo, Felipe García Ontiveros (el exembajador español en Paraguay) y los presidentes de todas las instituciones organizadoras. Todos ellos tuvieron el espacio para emitir sus discursos de ocasión, los cuales fueron retrasmitidos por la emisora Radio Cultura (“El homenaje que ayer…”, 22 de febrero de 1937).

Además de su asistencia a estos actos proselitistas, el representante del general Franco viajó frecuentemente con fines propagandísticos, sobre todo durante su primer año como agente oficioso, participó de diversos actos y visitó entidades afines, desde Juntas Nacionalistas hasta locales de Falange Española, tanto en el interior del país (Rosario, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero), como en Uruguay y Chile, en donde se encontraba su hermano, Miguel de Lojendio, quien encabezaba la sede de Falange Española en ese país (Almonacid Zapata, 2004).

Sin embargo, sus funciones incluyeron algo más que el ejercicio de las relaciones públicas: otra de las grandes cuestiones que debió resolver fue dotar de forma y estructura a una sede diplomática paralela a la embajada española republicana, la cual tenía que brindar un nexo de comunicación entre los españoles residentes en la Argentina y los territorios ocupados por los rebeldes en la península. Con ese objeto, Juan Pablo de Lojendio, acompañado del exsecretario de la embajada Francisco de Amat y luego de José Ignacio Ramos, quien llegó al país en marzo de 1937 en calidad de encargado de prensa y propaganda, puso en funcionamiento una oficina que debió erigirse de la nada.

La carencia de recursos económicos provenientes de España para hacer frente a la tarea propagandística en la Argentina fue aminorada por la colaboración de una “veintena de hombres influyentes de la colectividad, con el Marques de Foronda y el Conde de Guadalhorce a la cabeza” (Ramos, 1984: 286), que acordaron entregarle una cantidad de dinero mensual y un vehículo para su movilización. La Cámara Española de Comercio de Buenos Aires, que se había escindido del gobierno republicano y había reconocido al Gobierno de Burgos,^[6] le brindó un espacio en su edificio para que se instalara la representación oficiosa, aunque luego esta se trasladaría a la sede del Banco Galicia situada en la calle Cangallo 439 de la Capital Federal (Ramos, 1984: 289). Desde allí, la embajada paralela llevó adelante diversas tareas administrativas, como la elaboración de un “registro de nacionalidad” de los ciudadanos españoles que residían en el territorio argentino, la articulación de un mecanismo rápido de envío postal hacia la zona controlada por sus ejércitos y la expedición de nuevos pasaportes (“Para entrar…”, 20 de mayo de 1937).

A las dificultades económicas, se les sumó la abierta hostilidad que le profesaba la mayor parte de la comunidad española radicada en el país visiblemente afín al republicanismo. Esta situación se reflejó en la caracterización negativa que el representante oficioso elaboró de la colonia:

… hombres de acción y de escasa cultura, sin conocer no ya nuestra Historia sino hasta España, un poco agriados porque ven triunfar a algunos de nuestros compatriotas a los que juzgan iguales cuando no inferiores, resentidos en cierto modo con España porque la necesidad les obligó a emigrar, en un ambiente en que las diferencias de clase social aunque profundas no salen a la superficie como en España, sin otro alimento espiritual que la lectura de periódicos que no hacen más que desorientarles, están entregados por completo a la causa de los marxistas españoles creyéndose muchos de ellos de buena fe que defienden la democracia. Y ¿cómo no va a agradarles la democracia, tal como ellos la entienden, si es de la única forma que pueden lograr una igualdad que nunca podrán conseguir por sus propios méritos? (Pardo Sanz, 1992: 219).

Esta apreciación dejaba al descubierto el profundo conservadurismo y elitismo subyacente en la mirada del diplomático, y, además de ser compartida por otros miembros del cuerpo diplomático franquista, también se adecuaba a las instrucciones que le fueron encomendadas para desarrollar su tarea de captación en el país:

Con relación a la colectividad española, sobre todo la residente en la ciudad de Buenos Aires, la conducta a seguir será la de atraerse a nuestra causa a los que allí han triunfado, es decir a los de calidad y riqueza, pues los demás seguirán a estos en la medida que nuestro Ejército va conquistando territorio, aún en poder de la tiranía roja (Gómez Escalonilla, 1992: 121).

Esta fue, a grandes rasgos, la línea de acción que orientó al representante de Franco en la Argentina en los tres años en los que vivió en el país ejerciendo el cargo. En este lapso, su vinculación con la comunidad española allí residente fue constriñéndose cada vez más. En un primer momento, se concentró alrededor de los núcleos de mayor poder adquisitivo y, paulatinamente, fue aislándose producto de su enemistad irreconciliable con algunos miembros de Falange Española y de su escaso tacto para aunar las diversas tendencias político-ideológicas existentes en el seno de los núcleos que adherían a la sublevación en la península.

2.4. La centralización de las colectas y las disputas por la autoridad

Además de su labor propagandística y sus funciones como representante oficioso, Juan Pablo de Lojendio debía encargarse de articular una tarea aún más compleja: la centralización de las fuerzas afines al bando sublevado en una única organización. Este requerimiento emanaba directamente del Gobierno de Burgos e implicaba reunir en un solo espacio elementos tan dispares como el falangismo y el tradicionalismo carlista, siguiendo la línea de la unificación que se había impuesto a ambas facciones en abril de 1937 en la zona sublevada.^[7] Sin embargo, la presión ejercida no hizo más que ahondar las diferencias entre ellos durante el transcurso de la guerra, y, solo al final de la contienda bélica, se llegarían a atenuar las divergencias (González Calleja, 1994).

Los esfuerzos de Juan Pablo de Lojendio por lograr la unión entre el espectro católico/monárquico y el falangismo en la Argentina lo llevaron a iniciar una extensa gira por el país. En el mes de mayo de 1937 comenzó un recorrido por distintos destinos, como Rosario, Córdoba, Jujuy y Tucumán, en compañía del encargado de prensa José Ignacio Ramos y del periodista español Francisco Casares. En sus discursos, los propagandistas focalizaban en la necesidad de respetar las jerarquías y mantener la obediencia a los mandos superiores. Así lo expresaba Lojendio en la ciudad de Córdoba: “… cumplir con nuestro deber. Deber de disciplina, la obediencia ciega y hermética a las voces de mando que os van a llegar” (“Discurso del Excmo.…”, 4 de mayo de 1937).

Como era de esperarse por el rol central que ocuparía la Falange Española en la configuración del nuevo régimen luego de la unificación, la constitución del partido único fue muy bien recibida por sus miembros en la Argentina:

Esperábamos ansiosos este paso constructivo y fortalecedor. La noble rivalidad de falangistas y requetés que se manifestaba en un enorme afán de superación viril y heroica, ha sido motivo de orgullo para todos los españoles […] pero era también motivo de zozobra y de inquietud para el futuro. […] la clara visión de nuestro caudillo se anticipó a ello (“Falangistas y requetés unidos…”, 24 de abril de 1937).

El Centro Acción Española, por su parte, órgano que concentraba la línea de apoyo católica y monárquica, no fue tan entusiasta en el recibimiento de esta noticia. Aunque la palabra “unidad” podía generar expectativas positivas entre sus integrantes, no olvidaban que se trataba de una unificación urgida por los avatares de la guerra y cuya base nunca debía abandonar la religión católica:

Ha sido el milagro de la palabra unión germinando con generosidad […] vibraciones de patriotismo integro. Vibraciones que no significan renunciar a las convicciones propias, sino que significan unión en la lucha presente para marchar unidos por los caminos de la gloria […]. Han sido abrazos históricos en la retaguardia de Sudamérica, porque formamos un ejército numeroso donde no deben sentirse discrepancias para amar a España aunque cada cual ostente sus ideas, ya que todas están basadas en los principios de religión que han hecho a España gloriosa y seguirán haciéndola después de esta epopeya que asombra al mundo (“Una unión sellada…”, 20 de mayo de 1937).

No obstante, las directrices de unificación tuvieron un efecto claramente disruptivo en el carlismo rioplatense. Como reacción a estos intentos de asimilación, una fracción del tradicionalismo que se agrupaba en torno a la figura de su histórico representante en Buenos Aires, Francisco de Paula Oller, se dividió en 1938 (Delgado, Calleja y González, 1990). Algunos de los que fueron miembros de la Agrupación Tradicionalista Monárquica en Buenos Aires se desvincularon de ella cuando esta aceptó fusionarse con la Agrupación Monárquica Española, entidad que representaba a la legitimidad monárquica alfonsina en el país (“Con los brazos…”, 1 de diciembre de 1937). Esta unión institucional se llevó a cabo en mayo de 1938, y, a partir de ese momento, ubicó su sede social en el mismo local en donde funcionaba FET-JONS en la Ciudad, aceptando de hecho la convergencia con la doctrina del partido único en España (“Ayer se realizó el acto…”, 8 de mayo de 1938).

Separado de esta entidad, Francisco de Paula Oller formó parte de la fundación de una nueva institución carlista, la Comunión Tradicionalista Monárquica, y creó el Boletín Tradicionalista como medio de prensa de la vertiente autónoma del tradicionalismo en la Argentina. Hacia finales de 1938, el regente Don Francisco Javier de Borbón nombró como delegado del carlismo en el Río de la Plata a Demetrio Climent, y al mes siguiente se fundó la publicación El Requeté, para continuar con las labores de propaganda de este grupo disidente.

En este último órgano de prensa, se incluyeron críticas directas a la figura de Juan Pablo de Lojendio y a la actuación de FET-JONS tanto en España como en el Río de la Plata. El representante oficioso del general Franco fue un blanco constante de los ataques y se formularon numerosos cuestionamientos a su actuación. Se lo culpaba de haber disipado el entusiasmo nacionalista que se había generado espontáneamente en los primeros meses de la contienda entre las agrupaciones “españolistas” de la Ciudad de Buenos Aires y se le atribuía haber apagado ese empeño genuino con su labor excesivamente “burocrática”. Los carlistas disconformes lo señalaron como el principal responsable de la desorganización en las labores de solidaridad para con la España sublevada:

En realidad, el señor Lojendio ha sido el disgregador y disolvente en lugar de ser el coordinador y aglutinante, y por pasarse de listo, y dárselas de político, que viene a ser lo mismo, se ha quedado sin puesto y sin novia (“Cumpliendo…”, 1 de enero de 1939).

La intención del representante oficioso de centralizar la ayuda que se enviaba al bando rebelde en la península en un solo canal de recaudaciones bajo su control se concretó recién en junio de 1937 con la organización de la Suscripción Nacionalista Española (“Comunicado de la representación…”, 18 de junio de 1937). A partir de ese momento, todas aquellas colectas que invocaran el nombre del Movimiento Nacional o el ejército de España debían contar con la autorización de la representación oficiosa del general Franco o, de lo contrario, serían consideradas ilícitas. En septiembre de 1937, las únicas entidades facultadas para continuar con suscripciones de manera independiente eran los Legionarios Civiles de Franco, Socorro Blanco Argentino para la Reconstrucción de España y SALVE (Socorro Argentino a las Víctimas de la Guerra en España) (Orientación Española, 1937). El éxito de estas medidas tendientes a lograr la centralización de la ayuda económica le permitió a Lojendio formar un movimiento de solidaridad más homogéneo que aquel que al mismo tiempo se desarrollaba a favor de la II República (Quijada, 1991: 193-195).

Por otro lado, la superposición de potestades y funciones que caracterizaron al ordenamiento del gobierno rebelde en el contexto de la guerra ayudó a la creación de situaciones de confusión y disputas por la autoridad (Pardo Sanz, 1992: 222). En este sentido, resulta ejemplar el enfrentamiento que se dio entre Juan Pablo de Lojendio y Nicolás Quintana, jefe territorial de la Falange Española en la Argentina. Esta última entidad se constituyó oficialmente el 1 de agosto de 1936 en la Ciudad de Buenos Aires de manera espontánea, es decir, sin ninguna intervención de la organización homónima en la península (Blanco, 2003). El contacto directo entre los simpatizantes del falangismo y la posterior formación de la institución en la capital argentina partió de la iniciativa de un grupo de hombres movilizados por las noticias sobre el asesinato del diputado español José Calvo Sotelo, ocurrido el 14 de julio de 1936 (Riesco, 2007: 66). Integraban este primer grupo de falangistas José Ruiz Bravo (militante de la agrupación de derecha Legión Cívica Argentina), Antonio Rovira y Nicolás Quintana, quien ocupó la dirección de la incipiente organización desde sus orígenes hasta septiembre de 1937, cuando fue reemplazado por Rafael Duyos.

Tras la unificación, el Servicio Exterior de Falange Española tendría un importante efecto sobre la canalización de la propaganda del régimen hacia América Latina, y por ello mismo se generaron situaciones de duplicación de competencias entre los miembros del partido único y los representantes oficiosos del Gobierno de Burgos (Delgado Gómez, 1992: 137; González Calleja, 1994: 297). Aunque se esperaba que las relaciones entre los agentes diplomáticos del movimiento rebelde y las organizaciones de FET-JONS fueran de cooperación mutua con el fin de atraer la opinión pública a la causa, es sabido que en la Argentina no se logró ese entendimiento.

Cuando el representante del general Franco arribó al país, se encargó personalmente de entablar vínculos con todas las organizaciones afines al movimiento sublevado. La Falange Española no fue la excepción, por lo que, durante sus primeras semanas en Buenos Aires, Juan Pablo de Lojendio recibió a una comisión falangista en su residencia, en donde les brindó una cordial entrevista en la que recordó su cercanía con la agrupación:

… tiene con la Falange y sus fundadores vínculos antiguos y de buena amistad. Al comenzar la guerra, de Lojendio al presentarse a las autoridades de Pamplona como teniente de Artillería fue designado por el comando militar para mandar a los falangistas de Estella que fueron los primeros voluntarios que se presentaron a militarizarse. Soy –nos dice el Sr. Lojendio–, un soldado de la primera hora y de la primera fila. Traigo por lo tanto, y quiero no perderlo, el espíritu de esa vanguardia generosa y heroica que lleva cinco meses combatiendo por Dios y por España. […]. Ya lo verán ustedes nuestras colectividades en América serán un buen barómetro de nuestra labor (“Llega a Bs. As….”, 13 de enero de 1937).

El jefe territorial de Falange Española en la Argentina, Nicolás Quintana, acompañó al representante oficioso en los primeros eventos que lo tuvieron como protagonista, pero, con el correr de los meses, se fueron distanciando. La rivalidad entre el agente oficioso y la cúpula del falangismo se hizo evidente en julio de 1937, ante la llegada de la denominada “Misión de la Bandera de Marruecos”, compuesta por Juan Antonio Martin Cotano, Joaquín Arbeloya, Rafael Duyos y Antonio Solano Ruiz (“Bienvenidos”, 9 de julio de 1937). Esta fue la primera “misión cultural” con fines propagandísticos y de supervisión enviada por el general Franco al Cono Sur americano en colaboración con el alto comisariado de Marruecos.

Al llegar a Buenos Aires, para su sorpresa y pesar, los propagandistas se encontraron con una colectividad dividida, y, al intentar entrevistarse con Juan Pablo de Lojendio, acompañados por su jefe, Nicolás Quintana, el primero se negó rotundamente a recibirlos. Uno de los miembros de la misión se encargó de detallar todas las peripecias que debieron sortear los integrantes de esta comitiva en Buenos Aires. En una extensa carta confidencial enviada al jefe de prensa y propaganda de FET-JONS en Tetuán, José Aragón Caziñares, se describe la intensa lucha por la autoridad que se daba en el seno del núcleo afín al movimiento sublevado y el desconocimiento total a las directivas de la unificación impuestas por el general Franco:

Uno a esto una verdadera anarquía entre los 500.000 españoles radicados en Buenos Aires, divididos en: 350.000 rojos exaltados, moviéndose en un ambiente muy favorable puesto que tienen su gobierno todavía reconocido, mucho dinero, una gran propaganda, gran número de diarios afectos y un medio absolutamente democrático y parlamentarista.- los otros 150.000 se dividen en: españoles degenerados que perdieron todo su amor a la patria y adquirieron cualquier otra nacionalidad, diciendo a pulmón lleno que nada deben a España, que salieron buscando una vida mejor; en españoles agrupados bajo una bandera monárquica; en españoles agrupados bajo el guion del tradicionalismo; españoles agrupados en una organización que se llama “Legionarios Civiles de Franco”; españoles encuadrados en otra que se llama “Cruzada rojo y gualda”, y por ultimo españoles que están al lado del Embajador de España. Todos ellos fuera del decreto de fusión que no piensan cumplir ni les interesa. Todos ellos por consiguiente fuera de Falanges Española Tradicionalista y de las Jons, único órgano entre el Estado y el pueblo con su doctrina convertida en norma programática del nuevo estado.- […] permitiendo la falta de espíritu de auténtica orientación que se desconozca toda la esencia del Movimiento –ya ves se piensa aquí que luchamos por una restauración monárquica-…^[8]

En la misma carta, se solicitaba la urgente intervención de las autoridades de la península para resolver estas disputas:

He dado los oportunos avisos a Salamanca para que envíen un Inspector que normalice estas cosas, destituya, rectifique, nombre o ratifique en los cargos. Que sea falangista, muy falangista y con facultades plenas del Secretariado Político y del Generalísimo. Aquí hacen falta hombres de verdadera talla y de acción.^[9]

Este panorama de desorganización no pasó desapercibido para las autoridades rebeldes, y, en octubre de 1937, se nombró a Augusto Atalaya como inspector general de Falange Española en América con jurisdicción en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay (“Llegada a Buenos Aires…”, 7 de agosto de 1937). El resultado de esta designación fue el inmediato desplazamiento de Nicolás Quintana de la jefatura de FET-JONS en el país y el nombramiento de Juan Antonio Martin Cotano y luego de Rafael Duyos, quien fuera miembro de la “misión” cultural procedente de Marruecos (“Falange Española…”, 11 de septiembre de 1937).

De esta manera, la sección argentina fue intervenida directamente por las autoridades peninsulares con el fin de evitar el recrudecimiento de los conflictos internos. No obstante, el encono de Juan Pablo de Lojendio con FET-JONS en Buenos Aires no terminó con la destitución de Nicolás Quintana, ya que meses después continuaban los conflictos alrededor de los escasos capitales de los que se disponía para hacer frente a los gastos de propaganda. Desde el falangismo se cuestionaba la aparición de nuevas publicaciones como Orientación Española y La Ametralladora (septiembre de 1937), mientras que el semanario de Falange Española languidecía por la falta de recursos y de anunciantes debido a que muchos de ellos retiraban su suscripción para suscribirse a esos nuevos emprendimientos que contaban con el aval de la representación oficiosa del Gobierno de Burgos:

… las conocidas tendencias poco falangistas del agente oficioso del Estado, Sr. Lojendio, hace que los medios acomodados del país estén en pugna con la obra de Falange, lo que en terreno práctico se convierte para nuestro periódico en una escasez de anuncios muy en contraste con la liberalidad que los otorgan a las publicaciones de propaganda del Estado. Lo que se está haciendo en la Argentina es simplemente el desorientar a la opinión de los españoles residentes en aquel país y de los simpatizantes argentinos haciéndoles creer que dentro del Movimiento Nacional existe una rivalidad entre la Falange Española y los organismos del Estado cuyo jefe es también su excelencia Franco.^[10]

En esta disputa de poder, fue finalmente Juan Pablo de Lojendio quien salió victorioso, ya que no solo logró continuar en su cargo por dos años más, sino que, además, tuvo el privilegio de ser reconocido por el Estado argentino como encargado de negocios de España y de ocupar el edificio de la embajada española en Buenos Aires luego de la finalización de la guerra civil. Sin embargo, tal como lo advierte el investigador Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (1992), el problema de fondo en esta lucha por la autoridad era la incompatibilidad de los estilos que ambas facciones encarnaban. El representante del Gobierno de Burgos era el exponente de la diplomacia clásica que se inclinaba por la atención selectiva a las elites económicas y políticas, el afán de secretismo y el tono mesurado. Por el otro lado, los procedimientos ostentosos y expeditivos de los falangistas en el desarrollo de su propaganda en muchas ocasiones no colaboraban con el mantenimiento de las relaciones cordiales con los respectivos gobiernos americanos y amenazaban con desestabilizar la frágil situación en la que se hallaba la representación oficiosa en el país (p. 139).

A pesar del éxito que cosechó Juan Pablo de Lojendio en el plano institucional y en el conflicto directo que lo enfrentó con el falangismo, a nivel interpersonal no logró crear un vínculo estable con la comunidad española afín en la Ciudad de Buenos Aires. Pese a sus esfuerzos por concretar la unidad entre los adherentes a la sublevación, nunca consiguió resolver satisfactoriamente las discrepancias con el sector falangista y el carlismo más combativo. Por otra parte, su excesivo elitismo lo alejó de cualquier posibilidad de atraer a una mayor cantidad de simpatizantes al bando que finalmente obtendría la victoria en la guerra. En una entrevista concedida al Correo de Galicia, los primeros días de enero de 1939, cuando la situación bélica ya se encontraba visiblemente a favor de los rebeldes, Lojendio declaraba: “¿La mayoría? La mayoría es indiferente, amorfa, frívola. […]. Porque la única función de la mayoría- en cualquier régimen con o sin elecciones- no es otra que ser instrumento en manos de una minoría, llámese Jefe o Comité” (“Palabras del representante…”, 1 de enero de 1939).

Una visión despectiva sobre una comunidad española mayoritariamente popular y cercana al republicanismo lo llevó a desestimar cualquier programa que intentara acercarse a ella. Esta postura generó intensas críticas por parte del director del semanario gallego Correo de Galicia, quien, a pesar de ser un profundo admirador y adepto a la causa de la sublevación española, no aprobó en ningún momento la labor diplomática de Juan Pablo de Lojendio:

Los escasos vehículos de propaganda con que contábamos debieron ser concentrados en un solo esfuerzo […]. En lugar de ese sano procedimiento, una equivocada interpretación de la realidad hizo que se procediese en forma completamente opuesta, estableciendo escisiones y competencias francamente deplorables. […]. Aquí, y el señor Lojendio lo sabe perfectamente, no se ha conseguido infiltrar en la opinión de las gentes nacionalistas esas saludables enseñanzas. No se ha predicado con el ejemplo, porque nuestros actos públicos han quedado reducidos a un mal oculto pugilato de vanidosas exhibiciones y banquetes suntuosos con sus correspondientes y ampulosos discursos de sobremesa, para solaz y recreo de todos los amantes de estas expansiones gastronómicas y teatrales. Así se ha ido alejando el núcleo nacionalista de españoles emigrados en este país, la masa popular que le prestaba el calor de sus nobles y ardientes entusiasmos. […]. Nos ha faltado una dirección y un guía capaz de imponerse a las influencias de los cenáculos y camarillas (Lence, 12 de noviembre de 1939).

Como José R. Lence, muchos de los españoles que depositaron su confianza en el ejército sublevado pudieron sentirse decepcionados por quien había sido enviado especialmente por el general Franco para representarlo durante los años que duró la contienda bélica. Por ello, la partida de Juan Pablo de Lojendio favoreció la distención de los conflictos dentro de la comunidad española afín al bando rebelde, y, con la guerra finalizada, las disputas internas fueron suavizándose en el afán de contribuir en conjunto a la reconstrucción de España bajo los parámetros del nuevo régimen franquista.

La carrera diplomática de Lojendio continuó durante un tiempo en Madrid luego de abandonar Buenos Aires en diciembre de 1939, y, posteriormente, sus servicios fueron requeridos nuevamente para un destino sudamericano, esta vez la ciudad de Montevideo, en donde se desempeñó como embajador de España desde 1945 hasta 1951 (Cava Mesa, 2013: 256).

2.5. Las protestas de la embajada republicana

La actuación de Juan Pablo de Lojendio en calidad de agente oficioso del movimiento rebelde español en la Argentina no pasó desapercibida para las autoridades diplomáticas republicanas, las cuales cursaron todo tipo de notas y comunicaciones al gobierno argentino para que se frenara la acción de esa suerte de embajada paralela. Al mismo tiempo, los representantes españoles acreditados en la Argentina cuestionaron los constantes obstáculos que se oponían a la labor solidaria que se desplegaba en favor del gobierno de la II República en el país. Entre las principales dificultades que debían afrontar, se indicaba con gravedad la interrupción y el entorpecimiento en el desarrollo de los eventos públicos por medio de actos de vandalismo perpetrados por simpatizantes de la sublevación o, directamente, por la falta de autorización del gobierno provincial o municipal para el desenvolvimiento de estos:

En cambio los partidarios de nuestros enemigos ya tienen concedido el permiso para celebrar un acto en Rosario, el día 3 del próximo mes.
[…]. Yo quiero, Señor Ministro, exponer a V.E. la irritación que produce en la colectividad española saber que mientras se profieren insultos contra el Gobierno legal de España, se hallan obstáculos muchas veces invencibles, para realizar actos a favor de dicho Gobierno […].
En consecuencia, ruego a V.E. me permita señalar esas desigualdades y pedir su apoyo para conseguir el permiso, que próximamente se ha de solicitar de la policía, para que autorice la realización de un ciclo de conferencias.^[11]

El encargado de negocios de España, Felipe Jiménez de Asúa y, posteriormente, con un mayor empeño, el embajador español Ángel Ossorio y Gallardo realizaron frecuentes reclamos ante lo que consideraban era el permisivo desarrollo de la labor proselitista del enviado del general Franco en el territorio argentino:

[…]. Lo que ya se entiende menos es que actúe en la Argentina públicamente un señor representante del llamado Gobierno de Burgos. Debo suponer que V.E. lo ignora y que una vez enterado del extraño caso, no consentirá su continuación. Descontándolo así, sólo me resta dolerme de que los informantes de V.E. sean tan desidiosos en el cumplimiento de su deber.^[12]

El alto dignatario español, que había arribado al país en junio de 1938, se sorprendió ante el dinámico funcionamiento de una representación oficiosa que celebraba actos públicos, dictaba conferencias y organizaba colectas y servicios religiosos en iglesias en donde se enarbolaba la bandera monárquica sin ningún reparo.^[13] Las respuestas del ministro de Relaciones Exteriores argentino, José María Cantilo, ante tales reclamaciones estaban basadas en las observaciones elaboradas por el consejero legal del Ministerio, Dr. Isidoro Ruiz Moreno. La fundamentación que esgrimían los funcionarios para tolerar la actuación de Juan Pablo de Lojendio en el país se relacionaba con dos cuestiones principales. Por un lado, se argumentaba que el gobierno sedicioso en la península había logrado dominar “de hecho” una parte considerable del territorio español y, por ende, el gobierno argentino no podía desconocer tal situación, teniendo en cuenta, además, que en dicho espacio residían representaciones consulares que debían proteger allí los intereses de los ciudadanos argentinos:

Ante las observaciones referidas, debo expresar a V.E. que si bien la insurrección es un estado político en virtud del cual mientras no exista reconocimiento de la beligerancia, los insurrectos deben ser ignorados por las naciones extranjeras, no es menos cierto que existe públicamente en España un Estado revolucionario que tiene gran parte del territorio bajo su control y en el cual funcionan consulados argentinos […]. Por ello, entiende esta Cancillería que el hecho de no estar reconocida la beligerancia de los insurrectos, no significa que no pueda admitirse en la República a los Agentes Oficiosos de la insurrección, admisión plenamente reconocida en los procedimientos internacionales. En consecuencia, nada impide que esos Agentes Oficiosos puedan hacer realizar servicios religiosos, en un país que, por preceptos constitucionales expresos, garantiza a todos los extranjeros el libre ejercicio de sus cultos.
[…]. Las consideraciones expuestas, no dudo que han de llevar el ánimo de V.E. el convencimiento de que el Gobierno argentino no puede tomar intervención alguna en el hecho en cuestión.^[14]

Por el otro lado, se consideraba que las acciones de la representación oficiosa no podían suspenderse en virtud de que estas se desarrollaban dentro del orden establecido y respetaban las leyes locales: “Sin carácter político reconocido, ella [la Representación oficiosa] es para el Gobierno Argentino una simple representación de tendencias que, mientras no choquen con el orden interno del país, no tienen por qué ser reprimidas entre nosotros”.^[15]

La aquiescencia en el tratamiento que el Estado argentino le concedió a la representación del bando rebelde en el territorio nacional llevó al embajador español a manifestar un malestar poco frecuente en los formales despachos diplomáticos:

Pero V.E. comprenderá mi inexcusable obligación de subrayar que yo no soy el representante de ningún bando sino de la Nación española, legítimamente acreditada ante S.E. el Sr. Presidente de la Argentina.
[…]. Mi pretensión es mucho más sencilla. Se limitaba a llamar respetuosamente la atención de V.E. sobre el hecho de que las autoridades eclesiásticas y aún las civiles puedan recibir oficialmente a los partidarios de cierta tendencia política como representante de un Gobierno, que para la Argentina no existe y a saber si puede exhibirse en cualquier parte y más especialmente en lugar oficial como es el presbiterio de una Iglesia la bandera representativa de la rebelión armada contra el Estado legítimo y normalmente reconocido.
[…]. Ante la reiteración de sucesos tales y para que mi gobierno y yo sepamos a qué atenernos, me limito a plantear este tema ¿son lícitas cosas tales? Nada más. Ni reclamaciones sin protestas ni actitud ninguna que pueda parecer agravio ni siquiera de duda en relación con el Gobierno Federal al cual proclamo enteramente ajeno a tan desagradables episodios.^[16]

No obstante ello, las respuestas del gobierno argentino continuaron siendo evasivas, por lo que, en adelante, el embajador español frenó el envío de reclamaciones y se limitó a informar a la Cancillería Argentina los hechos que, según su criterio, debían ser esclarecidos por el Gobierno nacional. Por ejemplo, ante una denuncia proveniente de Santos Lugares y Villa Ballester sobre la interrupción de un acto a favor de la II República española, el embajador decía:

Es evidentísimo que el Gobierno Nacional no tiene nada que ver en estos sucesos tan lamentables, pues en verdad debo reconocer que nunca, desde que ejerzo mi cargo, he encontrado de su parte trabas ni dificultades para la realización de actos de propaganda de auxilio a España. Pero como no encuentro medio legal de comunicarme con las autoridades provinciales para exponerles mis agravios o peticiones, me es forzoso acogerme a la justificación de V.E. para hacerle saber estos incidentes confiando en que hallara los medios necesarios para evitar su repetición.^[17]

Este cambio de postura se dio al mismo tiempo que la Cancillería instaba al diplomático peninsular a desistir de su intensa labor propagandística a favor de la república (Montenegro y Rodríguez Otero, 2020). Según el dictamen de Isidoro Ruiz Moreno: “… corresponde que, en forma verbal y cortés, se haga saber al Sr. Embajador que debe abstenerse de toda propaganda en el sentido que lo hace, dado su carácter de Embajador de España en la Argentina”.^[18]

A pesar del carácter no oficial de su representación, Juan Pablo de Lojendio fue recibido personalmente por el presidente argentino, Dr. Ricardo Ortiz, el 17 junio de 1938 (Quijada, 1991: 82). En esta entrevista, el enviado del Gobierno de Burgos no logró obtener una promesa de reconocimiento oficial y debió conformarse con un primer acercamiento en el cual el mandatario argentino, si bien lo recibió con un tono cordial y ameno, no dio muestras de un posicionamiento definitivo (Montenegro, 2002: 94-95).

Aunque esta reunión pudo ser considerada un paso adelante hacia el reconocimiento formal del bando rebelde por parte del Estado argentino, al mes siguiente, el presidente de la nación recibió al embajador español Ossorio y Gallardo en la Casa Rosada con motivo de la presentación de sus cartas credenciales. Al finalizar el acto, ambos representantes salieron al balcón a saludar al numeroso público prorrepublicano allí presente. Esta actitud fue aclamada por los medios afectos a la causa republicana y condenada por los sectores conservadores, el propio Juan Pablo de Lojendio consideró el hecho como una “debilidad” del mandatario rioplatense (Quijada, 1991: 85).

A pesar de la aquiescencia en el tratamiento que el Estado argentino le concedió a la representación del bando rebelde en el territorio, no sería sino hasta febrero de 1939 cuando se reconocería formalmente el gobierno del general Franco en España.^[19] La salida de Ossorio y Gallardo de la embajada española de Buenos Aires se produjo cuando ya se vislumbraba de manera clara el final de la guerra y luego de concretado el reconocimiento por parte de los gobiernos británico y francés (Quijada, 1991: 93). Juan Pablo de Lojendio fue acreditado como encargado de negocios de España el 26 de febrero y ese mismo día tomó posesión de la embajada de manos de los funcionarios ministeriales argentinos (Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, 1938-1939: 179-184) (imagen 1). Apenas unas horas antes, Ossorio y Gallardo debió abandonar el edificio y sus funciones como diplomático, convirtiéndose en uno más de los miles de exiliados republicanos que comenzaron a llegar al país luego de la derrota de las armas republicanas (Ossorio y Gallardo, 1941: 179).

Imagen 1. Toma de posesión de la embajada española en Buenos Aires, marzo de 1939

Fuente: “Momentos en los que en la Embajada…” (31 de marzo de 1939).

2.6. Conclusiones

La llegada de Juan Pablo de Lojendio a la Argentina en diciembre de 1936 generó expectativas positivas en aquellos núcleos de la colonia española que se manifestaron a favor de la sublevación militar iniciada en contra de la II República. En su carácter de representante oficioso del general Francisco Franco, Lojendio se preocupó por entablar vínculos con las principales personalidades y entidades españolas que simpatizaban con los sublevados. A su vez, su labor propagandística lo llevó a emprender una gira por el interior del país, así como también a visitar países limítrofes (Chile y Uruguay). Al mismo tiempo, se encargó de dar forma y estructura a una sede diplomática paralela a la de la embajada republicana en Buenos Aires, que cumplió con la función de visar los pasaportes de quienes pretendieran viajar a España, desconociendo la validez de los pasaportes republicanos, y de gestionar medios de transporte y comunicación entre los españoles residentes en la Argentina y la zona ocupada por los rebeldes. Todo ello gracias al apoyo económico de un grupo selecto de inmigrantes españoles que se encargó de entregarle al representante una suma de dinero mensual y un automóvil para que pudiera cumplir con sus funciones.

En líneas generales, si bien el trabajo propagandístico de Lojendio fue constante, la confianza inicial que depositaron en su labor los simpatizantes de la causa al momento de su llegada no arrojó los resultados esperados. No solo no logró organizar una comunidad española “nacionalista” unificada para hacer frente a la mayor cantidad de recursos y de adherentes con los que contaban los republicanos en el país, sino que, al contrario, las actitudes del representante oficioso en mucho contribuyeron a la división y la dispersión de energías dentro del núcleo de los adeptos. Durante los tres años en que Juan Pablo de Lojendio vivió en la Argentina, no logró generar un vínculo estable con la comunidad española profranquista residente en Buenos Aires. Esto se debió, por un lado, a sus discrepancias irreconciliables con el falangismo, que se tradujeron en una competencia sin cuartel por la autoridad, lo que concluyó en la intervención de la sede de FET-JONS local con enviados especiales desde la península; y, por otro lado, al excesivo elitismo del que hacía gala el representante oficioso, que lo llevó a distanciarse de los sectores menos encumbrados de la colonia española local, así como también la desunión existente entre los elementos católicos, monárquicos y falangistas puso en evidencia su falta de tacto para propiciar la fusión de fuerzas a la que se pretendía llegar siguiendo las directivas de la unificación impuesta desde el Gobierno de Burgos. Por estas razones, la partida de Lojendio en diciembre de 1939 suavizó los ánimos en el núcleo profranquista español de Buenos Aires y permitió un mayor acercamiento entre los grupos afines al nuevo régimen, pero esta vez en el contexto de la reconstrucción posbélica.

La actitud permisiva asumida por el Gobierno argentino ante la labor oficiosa del representante del Gobierno de Burgos fue cuestionada en numerosas ocasiones por parte de la embajada española. Al mismo tiempo que los actos de solidaridad y apoyo al gobierno legal de España eran frecuentemente obstaculizados por las autoridades civiles y policiales argentinas, la tarea propagandística de Juan Pablo de Lojendio se llevaba adelante sin interrupciones. En buena medida, la posición de prescindencia ante el conflicto bélico español declarada por el gobierno argentino le permitió a la facción rebelde actuar con un amplio margen de independencia en el país, mientras que la representación republicana debió extremar los cuidados en su labor propagandística a fin de no generar conflictos con las autoridades locales.