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Conclusiones

De este lado del río, lo que no es presa es baldío.

Jorge Drexler

Hasta aquí, como percibieron lxs lectorxs, se trató de un esfuerzo muy grande de resultados acotados, si se consideran las posibilidades que brinda el universo documental disponible. Cuando señalábamos que Santa Fe es un espacio de vacancia para la historia social del período, nos referíamos tanto al estudio de procesos como los que nos convocaron, como a la magnitud de la tarea que resta por ser emprendida.

Dicho eso, quisiéramos destacar algunas cuestiones, que esperamos servirán tanto como un aporte para la historia santafesina como para ponerla en juego con otros casos regionales. Estas se refieren, respectivamente, a qué temas, problemas y tópicos conformaron la “cuestión del orden” en la ciudad; qué actores fueron los protagonistas de estas particulares relaciones sociales instituidas en los espacios públicos; y por último, qué operaciones de disputa (qué relaciones de sentido y de dominación) y en qué “terrenos” se delimitaron (esto es, en las dimensiones simbólica y práctica).

Respecto de la delimitación de las representaciones de la cuestión del orden, emergen dos consideraciones. La primera hace a su contenido y subraya la moral como el sustrato común sobre el que se asentaron las representaciones dominantes acerca de qué conductas serían toleradas y cuáles no. Desde luego, como se vio en las relaciones discursivas y en la existencia de coyunturas específicas (como la de 1881 y años subsiguientes), ello no supone pensar que el mandato del control de la mano de obra no estuvo presente. Sin embargo, no fue el lenguaje del trabajo, o económico, el que las élites utilizaron para referirse al problema de los sujetos que causaban desórdenes. Las representaciones sobre el vicio, que estructuraron la mirada sobre la cuestión del orden, incluyeron reflexiones sobre cómo este afectaba el trabajo; no obstante, fueron significadas de manera mucho más amplia que como la “ausencia de trabajo”.

Los vecinos notables, que reclamaron el traslado del puerto, no se quejaron de que los nuevos pobladores no trabajasen, sino de que sus costumbres eran distintas e inmorales; al momento de ajustar el control, en momentos de exaltación política, la Policía vigiló la portación de armas (el peligro inmediato) y mantuvo el control sobre la ebriedad. Solo a partir de la expansión urbana y la prosperidad comercial (que, por otra parte, supuso el comienzo de otro tipo de conocimiento policial sobre la ciudad, como vimos con el relevamiento de “industrias y comercios” por sección) puede verse una aparición, por peso propio, del control de las faltas al trabajo (como el incumplimiento de contrato, o la falta de papeleta de conchabo).

El arco de sentidos construidos en torno del orden, en el cual estas transformaciones se dieron, siguió siendo el de la moral. El análisis de cómo los distintos actores (estatales y civiles) se apropiaron de él y lo utilizaron como argumento para sumar a sus posiciones en discusiones de distinto tipo refrenda la idea de que el lenguaje de lo moral constituyó la estructura principal por la cual se significó —pero también se implementó— el orden en la ciudad.

Respecto de los sujetos sociales que protagonizaron estos nudos de relaciones, hallamos un cruce de “clasificaciones”. Por una parte, la de base; aquella que opuso a la elite (que en Santa Fe se mantuvo menos cambiante en su composición que en el sur provincial) a los sectores populares. De hecho, la base del discurso moral sobre el orden fue que existieron sujetos (hombres pobres criollos) que entre sus condiciones inherentes contaban la inmoralidad y que, por tanto, debían ser controlados y sus conductas transformadas, porque de ello dependía la posibilidad de alcanzar a las sociedades plenamente civilizadas.

Dicho de otra manera, la construcción de otredad sobre la base de estos procesos de estigmatización incidió fuertemente en la estructuración de la sociedad santafesina en momentos de creación del Estado y de implantación de la hegemonía de relaciones sociales capitalistas. Un ejemplo de ello fue cómo se significó socialmente el juego ilegal. Visibilizado especialmente en la prensa a fines del período, es notoria la construcción antagónica que se hace del “jugador víctima” y del “jugador victimario”, dependiendo de a qué clase perteneciera el jugador. Según ese criterio, una misma acción (llevada a cabo incluso en los mismos lugares –plazas, calles y casas de negocio–) fue definida como un vicio propio de la condición inmoral del sujeto o como una tentación a la que el ciudadano de bien sucumbía. Eso nos lleva al tercer aspecto a señalar, pues esta construcción antagónica no hizo su aparición sino hasta fines de siglo, en medio de los crecientes enfrentamientos de un gobierno que no se hallaba dispuesto a aceptar la participación política de los extranjeros y un radicalismo que abrazaba el lenguaje del civismo. En ese sentido, el juego, inscripto en el horizonte más amplio del “vicio”, formó parte de las conductas inmorales que estos nuevos ciudadanos respetables achacaron a los funcionarios policiales, delegados directos del Poder Ejecutivo en el territorio de la provincia. A la preocupación por el juego en sí mismo, se superpuso su utilización como una efectiva herramienta en la contienda política; efectiva, precisamente, porque remitía a un lenguaje compartido sobre qué valores debían imponerse en una sociedad civilizada.

A ese respecto, el tópico más desarrollado en el período, y con una intensidad que opacó a los demás, fue el de la ebriedad. De hecho, el conjunto de conductas y características que conformaron la idea de vicio remitía siempre, en los discursos, a la ebriedad como causa principal. Las fuentes policiales dan muestras explícitas de ello (por ejemplo, en el número sostenidamente superior de arrestos por este motivo en todo el período). Al tiempo, permiten inferir cómo la preocupación por esta costumbre condicionó el funcionamiento interno de la Policía a la vez que sirvió como una manera de intervenir sobre la tropa (como testimonia la relevancia que tiene en los sumarios poder establecer que ante la violencia de un policía vicioso, la autoridad respondía con serenidad y adecuación para restaurar el orden interno).

Otro indicio de cómo la ebriedad y sus peligros se instaló como un sentido compartido lo da la manera en que sujetos fuera de la élite (y precisamente sujetos que pertenecían a los sectores señalados por la elite) se apropiaron de esta noción para posicionarse ante las autoridades en conflictos, confrontaciones o episodios poco claros. Una estrategia común fue la de intentar establecer que el otro individuo era vicioso, que se emborrachaba y, más aun, que se encontraba ebrio al momento de los sucesos en cuestión. Ello respecto de lo interesante que resulta considerar la dimensión representacional, simbólica de un tema vasto como el orden, en momentos en que las relaciones sociales de dominación y de sentido no estaban plenamente intermediados por el Estado (es decir, los mecanismos estatales de intervención no fueron los determinantes en la instalación de ciertas prácticas y nociones, y en la anulación o control de otras).

Por su parte, las prácticas concretas de control y las formas y dinámicas de su implementación constituyeron, junto con lo antes señalado, un mecanismo primordial de establecimiento de una nueva norma de conductas en los espacios comunes. En un contexto institucional y económico como el descripto, cobra otros sentidos que la normativa haya dado un paso atrás como guía de las prácticas policiales. Compuestas fundamentalmente de la interrupción momentánea del desorden cometido (el retiro del infractor del lugar público), las prácticas de control adquirieron su especificidad en la repetición de estos pequeños actos de control. En tal sentido y, aunque desde ya se trata de un punto que requiere mayor indagación, entendemos que ver en esto solo una nuestra de ineficiencia policial sería un análisis no solo incompleto sino errado.

Teniendo como contracara la reincidencia de los transgresores, así como en líneas generales la presencia cotidiana de las infracciones, el Estado en formación hizo viable un mecanismo por el cual resignificó estas conductas, poniendo a los infractores en lugar de controladores. En relación con esto, la cuestión de la intención del Estado no va en desmedro de unos determinados efectos logrados sobre las relaciones sociales que día a día se repitieron en la ciudad. Las prácticas de control, en conjunción con la normativa correccional ferozmente criticada, y guiadas por las representaciones antes expresadas, constituyeron una praxis adecuada del control de los comportamientos públicos que, como tal, mantuvo sus características durante todo el período estudiado. En este sentido, esta dinámica no parece poder ser explicada solo como un último recurso de un Estado carente de otros medios, aunque este es uno de los principales puntos a ser indagados con mayor profundidad, esperamos, ya con otras fuentes policiales en mano.

Por tanto, entendemos que las líneas que tiende, como punto de partida, esta investigación, hacen a dos cuestiones. De un lado, la vacancia empírica, imposible de saldar si no se emprende como una tarea colectiva. Existe un prejuicio importante que romper para ello, que liga el caso santafesino a una historia de anaquel. Lo que nosotros encontramos fue, por el contrario, un alud de documentos fascinantes (desde los exabruptos del primer oficial Niklison a la intempestiva indignación de los vecinos notables y la empecinada tozudez con que el oficial sumariante preguntaba a un grupo de amotinados si “conocían la gravedad de sus actos”). De aquí en más, la tarea del análisis documental –que presupone el acceso a los archivos–, necesitará ser un horizonte colectivo e institucional.

Luego, en términos de la perspectiva con que ciertos procesos son analizados en el período de formación estatal, creemos que el caso santafesino puso de manifiesto la necesidad de relativizar un discurso que comenzó en las fuentes, pero que sigue presente, en ciernes, en algunas interpretaciones historiográficas: aquel que piensa las características de la praxis institucional del Estado como “deuda” o “falencia” atribuida a la escasez de recursos o a una realidad adversa (que Halperín advirtió con tono admonitorio, hace mucho tiempo ya).

La forma en la que la Policía santafesina conjugó una normativa escasa con una composición de la tropa que escindía al medio la institución habla de una realidad más “aceitada” que “precaria” de la praxis de control. Nuevamente, estos interrogantes, apenas planteados como tales, deberán ser continuados.

Por último, creemos que futuras comparaciones con otros espacios de la Argentina (y Latinoamérica) permitirán confirmar como tendencia o ubicar en el lugar de excepción, la posibilidad otorgar, a la dimensión moral de los procesos sociales (donde habitan la violencia y otras emociones que en el siglo XIX –y hoy– se descontrolan), un lugar, en clave explicativa, en los procesos más generales de estructuración y transformación de las relaciones sociales de poder.



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