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3 Prácticas de control

Mecanismos, sujetos y coyunturas en la institucionalización de una norma social

Paso de Santo Tomé, marzo 8 de 1865

Al Sr. Gefe del Departamento sentral de policía, Coronel Dn. José M. Ávalos

(…) El Sargento de la partida a mi cargo entregará al Sargento Lionardo Mollán preso por haber pegado un achaso al yndibiduo Cour Pino dicho yndibiduo hasia un momento que había llegado con una carreta de carbón y estaba atando los buelles cuando sintió el golpe de atrás y se bio que estaba erido a cullo punto había llegado lla a este punto y había mandado a mi Sargento porque el dicho Lionardo bino a decir que este yndibiduo lo había querido peliar lo que habría sido falso como U. lla lo presumiera por la erida que también se lo remito como el cuchillo con que fue erido. Dios Guarde a S.E.[1]

Tres años antes de que el comisario Pizarro escribiese ese parte, los convencionales que reformarían la constitución provincial se dieron cita en una ciudad que los cronistas acordaron al llamar quieta. Entre ellos, circulaban vigilantes del cuerpo de Policía, ofreciéndoles agua para mitigar la sed en los mediodías y tardes del verano santafesino (Gianello, 1980: 75). Ese mismo cuerpo de vigilantes era ya objeto de múltiples sospechas y de críticas que tuvieron un factor común: su dudosa moral. Como vimos en el capítulo anterior, la prensa se hizo carne de esta cuestión y denunció que la tropa no estaba a la altura de sus funciones, que dormía, jugaba y reñía, más de lo que vigilaba.

El parte de Pizarro grafica dos cuestiones representativas de la agenda de discusión en torno a la Policía. Por un lado, que numerosos integrantes de los distintos cuerpos de la Policía (cuerpo de gendarmes, Partida Celadora, cuerpo de serenos, cuerpo de vigilantes) tenían las mismas costumbres que los sujetos que cotidianamente se denunciaron como peligrosos (de hecho, eran frecuentemente los mismos individuos); por otro, que la composición social de la institución fue dicotómica: las autoridades (cuyos cargos eran de naturaleza política) pertenecían a la elite socioeconómica, mientras que la tropa se formaba con hombres pobres, por lo general analfabetos.

Ello condicionó especialmente el devenir institucional, y las relaciones que se dieron entre las autoridades y sus subordinados, haciendo de la distancia de clase (que en los documentos policiales adquiere un sesgo cultural excluyente) uno de los mayores escollos para la afirmación de la institución policial. Fue “esta” Policía la encargada de velar por el orden público, transgredido por las malas costumbres y vicios.

En la práctica, la priorización que se hizo en las representaciones de los cuestionamientos de índole moral tuvo su correlato en el énfasis puesto en controlar determinadas inconductas por sobre otras: aquellas que perjudicaban el decoro. Como vimos, la particularidad de que el Estado no portase un discurso autónomo en torno a la transgresión, como se consolidó hacia finales de siglo, en gran medida uniendo el discurso propio al científico (Campos, 1997; Huertas García Alejo, 1991; Portelli, 2016; Sozzo 2011) incidió en el peso que estos discursos sociales tuvieron sobre las prácticas efectivamente observables de control de las conductas. En dicho contexto, aunque en los discursos se hablara del apego al ocio y la inexistencia de una moral del trabajo, este no fue el elemento que determinó la estructuración de las opiniones sobre el orden en la ciudad o, al menos, no fue el que concitó el mayor número de alusiones.

Ahora bien, existe un consenso ampliamente fundado sobre que, en el marco de la instauración de una sociedad capitalista, el disciplinamiento de las clases populares y la formación de una cultura del trabajo para la creación de una mano de obra ajustada al nuevo modo de producción fueron objetivos primordiales de los sectores dominantes. El vínculo entre el establecimiento de relaciones sociales capitalistas y los esfuerzos por transformar las conductas de determinados sujetos han sido señalados con justeza para distintas regiones, principalmente en el espacio de la campaña (Fradkin, 2007; Yangilevich, 2007; Flores, 2007). Estos trabajos han mostrado la necesidad de considerar los roles sociales de determinadas conductas que, a primera vista, podrían aparecer como triviales (o, mejor todavía, que se desdibujan frente al sentido común, instalado ya por los contemporáneos, de que se trataba apenas de rémoras de tiempos pasados). Melina Yanguilevich afirma, en su análisis de la bebida y el convite en la campaña bonaerense, que

Cuando las relaciones capitalistas se consolidaron en la campaña hacia fines del siglo XIX el criterio económico primó como rasgo de distinción social por las posibilidades de ostentación que el mismo facilitó. Hasta entonces, la consideración a la que las personas se pensaron acreedoras se asentó en otros preceptos. Por ello, resultó posible que algunos propietarios y la mayoría de los peones tuvieran estilos de vida similares, compartieran hábitos y espacios de sociabilidad. Según William Mc Cann los propietarios que mantuvieron “las costumbres del país”, no se diferenciaron de sus peones, salvo en la calidad de la montura y el dinero del que dispusieron para dilapidar en el juego. Esto pudo implicar que el lugar social que cada hombre ocupó requirió de ciertas actitudes y características que excedieron la condición económica (Yanguilevich, 2007: 7).

En Santa Fe, predominó una mano de obra elusiva e itinerante, si se analiza especialmente el espacio de la campaña (Bonaudo y Zonzogni, 2000), lo cual se consolidó desde el período tardocolonial e independentista (Garavaglia, 1999) y se profundizó con la precariedad económica y la militarización de las décadas que siguieron (Garavaglia, 2003).

Sobre el estado del trabajo hacia mediados de siglo, Leoncio Gianello realiza un comentario pintoresco, refiriéndose a una frase del preámbulo redactado para la reforma constitucional de 1863: “inocular el amor al trabajo, fuente de prosperidad y riqueza”. Dice el autor (citando un debate de convencionales puntanos sobre si incluir o no dicha frase en la Constitución de esa provincia) que “los constituyentes señalaron que podrían acceder a [incluir el término] inculcar, inspirar, pero no inocular, porque esto ‘significa introducir en el organismo algo que aún no existe’” (Gianello, 1992: 80 y 81). A partir de ello, Gianello infiere que debió tratarse de un error de imprenta —y probablemente así fue—. Sin embargo, introducir una moral del trabajo “que aún no existe” parece ser precisamente lo que la elite persiguió como uno de los requisitos indispensables para el progreso. Al abordar las fuentes que el Estado y otros actores como la prensa produjeron, se torna claro que el amor al trabajo no aparece solo sino que fue representado dentro de un conjunto de buenas costumbres, en un horizonte moral deseable, del que, en la mirada de la elite, carecieron los sectores populares.

Como vimos, en los documentos que se refieren al espacio de la ciudad, dicha carencia moral se concentró en los hombres criollos y pobres, grupo al que pertenecían los integrantes de la tropa policial. Comportamientos como el del sargento Mollán se repitieron asiduamente y se significaron como costumbres violentas que debían ser transformadas pues, de persistir, no podría alcanzarse el progreso. Allí radicó la idea principal de orden que, según los documentos, guio la praxis de la Policía.

Ahora bien, al considerar las faltas castigadas por la Policía, ¿qué lugar ocuparon el control del ocio, el de la moral, el de la violencia interpersonal, en ellas? ¿Con qué regularidad se controlaron y castigaron conductas inmorales y violentas? ¿Qué incidencia cuantitativa tuvieron en el total de conductas sobre las que intervino la Policía en la ciudad? En función de ello, analizamos las prácticas de la Policía en la ciudad, con el fin de reconocer qué comportamientos y cuáles sujetos fueron los delimitados como prioritarios en las necesidades de control.

En la ciudad de Santa Fe, existió un énfasis considerable en la voluntad de invisibilizar en los espacios comunes determinadas conductas, en cuya naturaleza se fundó la distinción social entre los ciudadanos decentes y los sujetos díscolos. En buena medida, ello se relacionó con que las distintas clases compartían espacios clave de la vida social, como plazas, calles y veredas, comercios y algunos lugares de esparcimiento (Damianovich, 1992; Cervera 2010; Perez Martín, 1965). Se asentaron prácticas de control, reconocibles y estables que estuvieron a cargo de la Policía: el retiro de los sujetos desordenados, en el momento en que se perturbaba el orden público (y su arresto y/o multa), que tuvieron por efecto inmediato la “neutralización” del momento y del lugar del desorden.

Estas medidas se caracterizaron por ser momentáneas, en términos de la mecánica de restitución del orden público (veremos cuán asidua era la comisión de ciertas faltas), a la vez que estructurales en la vida de los sujetos controlados. Los individuos arrestados permanecían, por lo general, uno o dos días presos (si no contaban con dinero para conmutar su pena) y son muchos los casos en que son nuevamente arrestados, por la misma falta, días después. Al no existir otros mecanismos de control desplegados de forma estable, el retiro de la visibilidad pública del infractor fue la forma central de institucionalización de nuevas pautas de conducta.

La institucionalización de pautas de comportamiento constituye una arista visible en una historia reconstruida “desde el delito” (Caimari, 2007: 10) de procesos sociales más amplios, que Norbert Elías ha llamado civilizatorios y que comprenden dos dimensiones interconectadas: la esfera externa y la interna del comportamiento social.[2]

Nos interesó el último aspecto señalado por Elías: ese aparato formativo exterior al sujeto, que sirve para inculcarle la costumbre de dominarse. Así, buscamos reponer los mecanismos concretos que actuaron para transformar los comportamientos en los espacios públicos y que lo hicieron en un doble registro: la constricción, supresión o represión efectiva de comportamientos de sujetos concretos, a la vez que la deslegitimación de estos comportamientos a los ojos de otros sujetos sociales (recorrida en los capítulos 1 y 2).

Nuestro objetivo es reponer los mecanismos que entraron en juego en el establecimiento de una nueva norma sobre los comportamientos en los espacios públicos de la ciudad, considerando que esta es fruto de la relación específica sostenida en el tiempo, entre las prácticas efectivas, la normativa, y otras representaciones que entraron en juego en las acciones realizadas.

1.

Al llegar a la mitad del siglo, la ciudad de Santa Fe y su región presentaban un panorama de precariedad económica, de letanía, señalado por los cronistas de la época. Las descripciones de viajeros como Pablo Mantegazza y Lina Beck Bernal son ya retratos clásicos que describen la ciudad como un pago tranquilo, casi quieto, de construcciones bajas y de un ritmo sereno, que incluía siestas largas. Especialmente, ha sido destacado que en una ciudad pequeña que no alcanzaba los seis mil habitantes (Maeder, 1968),[3] eran profundas las huellas que había dejado en ella haber sido el teatro de innumerables batallas en las décadas previas.

A partir de la década de 1860, Santa Fe no fue ajena a las transformaciones que gatillarían el avance de la provincia, como el aumento demográfico, la urbanización y la expansión productiva (Bonaudo y Sonzogni, 2001). No obstante, quedó relegada en relación con el crecimiento de Rosario (De Marco, 2001; Bonaudo, 2005) en gran parte por los roles que para una y otra había trazado Urquiza, que apoyó el florecimiento económico del sur, en apoyo a Oroño y a sus propios negocios, y a la necesidad de fortalecer la frontera con Buenos Aires (De Marco, 1992). Griselda Tarrragó señala que

la decadencia de Santa Fe, sumida durante 40 años en guerras constantes (…) [que generó que] excepto el Sur (…) a mediados del siglo XIX Santa Fe [siguiera] sumergida en el atraso, sin poder insertarse plenamente en los nuevos tiempos. Los compromisos políticos y militares la habían reducido a un plano muy inferior (Tarragó, 2006: 138).

Esta situación no se transformó visiblemente con la experiencia de la Confederación, durante la cual se profundizó el contrapunto entre la villa del Rosario y la capital provincial que, como elemento central de la estrategia militar urquicista, acabó siendo lugar de paso y objetivo de los ataques de los ejércitos enemigos.

Entre 1856 y 1862, las luchas políticas entre Buenos Aires y la Confederación recrudecieron (Álvarez, 1910: 335). En función de la situación económica, política y social santafesina, 1856 fue importante. De hecho, en el mismo año se sancionó una Constitución liberal, que abrigó avances en educación y en salud (que comenzaron con el gobierno de Juan Pablo López), el gobierno nacional anuló los tratados suscriptos con Buenos Aires, lo cual significó la reanudación de los conflictos armados (Damianovich, 1992). En la dimensión económica, la ley de derechos diferenciales tuvo un fuerte impacto negativo sobre la economía santafesina, especialmente sobre la construcción de astilleros y afines.[4]

Políticamente, 1861 fue un año muy significativo dado que se resolvió militarmente el conflicto por comandar el proceso de unificación nacional. Ello repercutió en múltiples aspectos en la vida de una ciudad que en 1858 no alcanzaba los seis mil habitantes. Uno de ellos fue en relación con la presencia de los ejércitos –porteño o confederado—, que los autores señalan como importante, afirmando que Santa Fe fue un escenario central y que “no en balde esta provincia fue comparada al yunque donde, desde 1811, chocaban siempre las fuerzas del interior y de Buenos Aires (Gianello, 1955: 197)”.

El impacto de estas luchas había sido notorio, lo cual se ilustra considerando que los ejércitos habían venido a invadir o transitar sobre un espacio cuya extensión propiamente urbana, “con sus calles arenosas apenas llegaba [hacia 1860] por el norte hasta la actual calle Irigoyen y por el Oeste, hasta calle Urquiza”. Asimismo, la presencia de soldados en la ciudad tuvo otras formas, como los batallones de blandengues que participaban en fondas y reuniones (Pérez Martín, 1965: 138 y 24). En ese marco, jugó un rol fundamental la movilización y desmovilización de hombres inscriptos en los distintos cuerpos militarizados de la provincia. Juan Álvarez (1910) señaló con precisión que ello marcaría la vida social a lo largo de la segunda mitad del siglo, tanto por el rol central que Santa Fe tuvo frente a los requerimientos de hombres del gobierno nacional, como por los conflictos locales.

Exequiel Gallo y Josefina Wilde identificaron la guerra contra el Paraguay, los levantamientos intraelitarios locales y aquellos sitos en otras provincias, como los jordanistas en Entre Ríos (Gallo y Wilde, 1980), como tres tipos de conflictos que, al requerir del aporte de hombres armados, acentuaron la militarización de los lazos entre el gobierno y sus bases populares. La notoria concentración de poder político en la figura del gobernador[5] tuvo como herramienta (para sofocar intentonas opositoras, así como para posicionarse como bastión de apoyo del gobierno nacional) la movilización de contingentes militares, como la Guardia Nacional, el Ejército de línea y la Policía militar.

Se destaca cómo, en el transcurso de unos pocos meses, entre el punto culminante y la finalización del último estallido armado de la oposición, las opiniones en relación con el orden público variaron notablemente. En 1877, el jefe de Policía envió la siguiente circular a los comisarios de campaña:

De algún tiempo a esta parte los robos en la campaña de este departamento se suceden con asombrosa rapidez perjudicando los vecinos honrados de cada distrito y sembrando la desconfianza en los nuevos pobladores y no obstante la autoridad policial apenas se hace sentir quedando los ladrones y asesinos con un campo vasto para sus fechorías confiados en la poca vigilancia.

Este abandono aumenta la criminalidad y las órdenes que imparte esta jefatura quedarían burladas si el Sr. Comisario no pone mayor cuidado en el cumplimiento de su deber como delegado directo de la misma para la conservación del orden y seguridad de la vida y propiedad.

Por cuyos motivos el infrascripto espera que en adelante V.D. recorrerá su distrito con la frecuencia que le sea posible capturando todo individuo sospechoso que transite por él, o aquel que aun siendo conocido no justifique el motivo que le mueve a ir de un lado a otro, las reuniones en las pulperías donde rara vez se proyecta cosa buena, y las jugadas que con frecuencia hay en varios puntos de su jurisdicción.[6]

Esta circular, publicada en El Santafesino, da cuenta no solo de la persistencia del problema de los vagos en la campaña sino del incumplimiento de la normativa, pues lo que el jefe ordenó a los comisarios estaba previsto en los artículos 13 y 95 del Reglamento de Policía. De guiarnos por esta mirada, el problema radicaría en que los comisarios no hacían su trabajo (“este abandono”), en el contexto adverso en que “aumenta la criminalidad” porque “la autoridad policial apenas se hace sentir”. Existe un dejo de fastidio en las palabras de Echagüe, que cierra el escrito advirtiendo que “excusado es demostrar la utilidad de estas medidas por lo que el que suscribe cree con seguridad que sus órdenes serán cumplidas estrictamente dando así una prueba más de patriotismo en bien de la comunidad”.[7] Pocos meses después, sin embargo, El Santafesino publicó una nota en la que se evaluaba que “la situación de nuestra campaña es inmejorable. Los robos y los asesinatos que se sucedían con tanta frecuencia durante el período álgido de la conciliación hoy han cesado por completo”.[8]

Este contraste entre una campaña apocalíptica y otra cercana a la perfección, a solo unos meses de distancia (pero habiéndose resuelto el conflicto armado de la oposición política), ilustra cómo la cuestión del orden fue de la mano con esas coyunturas específicas, como la violencia intraelitaria en relación con la consolidación del poder político iriondista.

Ahora bien, ciertos problemas fueron estructurales en el período y la falta de mano de obra armada para el Ejército y la Policía fue uno de ellos. En la provisión de hombres la Policía cumplió un rol destacado, directamente digitado desde el Poder Ejecutivo provincial, que instruía al jefe de la capital no solo que determinados condenados fuesen destinados al servicio de armas, sino también que envíe partidas a recorrer la campaña para hacerse de más hombres para el Ejército Nacional, como ocurrió en los comienzos de la guerra contra el Paraguay. En ocasiones, estas incursiones, muy efectivas en su cometido, generaban roces con las autoridades de las zonas visitadas por tomar hombres ya asignados a otros cuerpos.[9]

A diferencia de la Guardia Nacional, el Ejército y muy especialmente los cuerpos de la Policía (gendarmes, serenos, partida celadora, piquete de vigilantes y banda de música) estuvieron integrados por hombres pobres, locales y procedentes de otras provincias, reclutados o condenados a penas correccionales y penales. Y fue esa Policía la que se consolidó como la presencia armada del poder político en el espacio de la ciudad. Ello la transformó en un tema urticante de la agenda social por las dos cuestiones que se hacen patentes en el parte del comisario Pizarro, citado al inicio del capítulo: que los integrantes de la Policía protagonizaron episodios violentos y que su violencia se atribuyó a su inmoralidad o ignorancia.

Como se vio en el capítulo 1, las opiniones a favor y en contra de la Policía se organizaron sobre un consenso básico: que la institución policial realmente existente era una versión fallida de la Policía ideal. La oposición política dijo que estas falencias no eran corregidas porque los vicios, la ignorancia, la discrecionalidad y la violencia fortalecían los apoyos del gobierno ilegítimo del iriondismo; el oficialismo atribuyó los defectos de la Policía a unos pocos efectivos díscolos y señaló que se mejoraba cuanto lo permitían los recursos económicos. Unos y otros coincidieron en que los actos de violencia eran propios de la composición policial (necesidad o conveniencia).[10] Finalmente que, en este panorama, la normativa vigente solo entorpecía la labor policial, pues resultaba poco clara e incluso contradictoria.

Este consenso se vuelve llamativo si se alumbran algunas cuestiones puntuales en relación con cómo se manejó esta institución, sobre la que se depositaron tantas expectativas. Esto en el marco de la expansión de funciones estatales; de una necesidad creciente de mano de obra armada; del florecimiento urbano y de los problemas asociados a él; de una importante movilidad de la población entre la ciudad y la campaña; de una economía local que no avanzaba en la misma medida que la región sur; de una ciudad que concentraba riesgos políticos y militares por ser sede del gobierno. En ese contexto, si los problemas eran los citados, ¿qué explicación puede darse, entonces, a que el Reglamento de Policía no haya sido modificado o reemplazado y que no haya existido una respuesta integral a las transgresiones cometidas por la tropa? Lo que se desprende de la consulta de los documentos policiales es que la explicación que atribuye a los límites presupuestarios o a las costumbres de la tropa los rasgos más sobresalientes de la Policía no permite dar cuenta de algunas dinámicas en su práctica cotidiana. Por el contrario, veremos que esta fue constitutiva y funcional a las transformaciones que se estaban imponiendo.

Como institución social (Garland, 2009) las prácticas y características de la Policía deben ser consideradas a la luz de las relaciones sociales capitalistas que se pretendía establecer. Un punto en el que coinciden teóricos de vertientes muy distintas es en que, en las sociedades modernas o en vías de modernización, la institución policial no puede considerarse por fuera de este cúmulo de valores y prácticas sociales (Garland, 2009) y que la cuestión de las “funciones sociales” de la Policía es muy compleja, por lo que un análisis histórico que las contenga debe abordarse excediendo los márgenes estrechos del análisis institucional (Foucault, 2006).

Por ello recorrimos las acciones cotidianas de la Policía en los espacios públicos centrándonos en sus prácticas “inmovilizantes” y “movilizantes” (Neocleous, 2010: 50) para ponderar la distancia de sus prácticas con el discurso que construyó para sí misma esta institución. El autor define las prácticas inmovilizantes como aquellas que reprimían cualquier alteración del orden público; las movilizantes fueron, como corolario de las anteriores, las que transformaron los elementos díscolos en una fuerza de trabajo disponible para el mercado en formación.[11] Sin embargo, en Santa Fe el disciplinamiento de la mano de obra no explica en su totalidad la lógica de las prácticas policiales modernas, dado que el control privilegiado de ciertos comportamientos ciertamente la incluyó entre sus causas pero la excedió.

En la ciudad, las prácticas “inmovilizantes” de la Policía fueron el retiro de los sujetos transgresores del lugar en que estaban generando el desorden y su arresto o multa, y estuvieron destinadas a impedir un conjunto determinado de comportamientos desordenados. Por su parte, la práctica “movilizante”, más destacada, consistió en destinar a los arrestados por delitos contra el orden al servicio militar en el Ejército o en la misma Policía. En relación con la cuestión de la mano de obra, lo que muestran los documentos es que esta no se trató de una prioridad en la práctica policial.

En este sentido, si bien todas las infracciones que involucraban el ocio de los pobres estuvieron ligadas directa o indirectamente al control de la mano de obra (Neocleous, 2010: 166), es interesante considerar que –con la excepción del año 1881– los arrestos por infracciones que expresamente transgredieran pautas laborales (como los citados artículos 20 y 21) fueron llamativamente pocos frente a las otras causas de arresto; la vagancia, la otra infracción al orden que por antonomasia supone el control de la mano de obra, también lo fue.

La Policía debía hacer cumplir los contratos laborales (artículos 20 y 21 del Reglamento, faltas de incumplimiento del contrato laboral y de falta de papeleta de conchabo, respectivamente).[12] Sin embargo, entre 1856 y 1890 existieron 175 arrestos registrados por artículo 20, 169 de los cuales se concentraron en 1881 y mantuvieron números más altos que la década anterior, en los años siguientes; por artículo 21, hubo 39 aprehensiones de las cuales 30 se realizaron ese mismo año. Por vagancia, hubo apenas 27 arrestos entre los años 1865 a 1881 (un 1,3% del total de los arrestos por faltas y delitos contra el orden), 21 de los cuales se concentraron entre 1876 y 1878,[13] años del llamado “ciclo revolucionario” (Gallo y Wilde, 1980).

Por el contrario, las causas más numerosas fueron aquellas que directamente infringieron la respetabilidad y la mesura de los comportamientos, encabezadas por la ebriedad, que supuso el 32,5% de los arrestos del período, distribuidos de una forma estable; la pendencia (8,1) y el escándalo (5%). Las infracciones que implicaban una amenaza de violencia física, como la portación de armas prohibidas (5,4%) o la falta de papeleta de enrolamiento (8,1%), también fueron más numerosas que las faltas contra el trabajo. Esos números, de la mano del énfasis hecho por la elite en que resguardar el orden era una tarea distinta en la ciudad y en la campaña, invitan a reconsiderar la cuestión del matiz en las prácticas de control policiales desplegadas en la ciudad.

En este nudo problemático formado por la normativa, los discursos institucionales y las prácticas cotidianas de la Policía, la definición del ocio incluyó la ausencia de trabajo o de voluntad de trabajar pero no se limitó a ella. Por el contrario, fue más amplia y eso puede verse en el énfasis puesto en el control de transgresiones que (como la ebriedad) suponían pero no se limitaban a la administración de la pobreza (Neocleous, 2010: 30) para la conformación de una mano de obra adecuada.

2.

Desde su creación como tal en 1831 (Galvani Celso, 1992) y hasta comienzos del siglo XX, la praxis policial se recortó en la intersección de una normativa precaria, unos recursos materiales y una estructura institucional exiguos,[14] y una composición social polarizada, que exhibió en la cúpula a exponentes conspicuos de la élite sociopolítica local[15] y en las filas subordinadas a hombres pobres, poco arraigados o fuera de la ley. Esas características estuvieron presentes a lo largo de toda la etapa de “institución conflictiva” (Barreneche y Galeano, 2008), signada por problemas como la escasa o nula cualificación del personal, la insuficiencia de vestuario y armas, el abandono de los puestos, los bajos salarios y una distribución poco clara de roles y atribuciones.

Durante el período independentista, la Policía se compuso de ciudadanos voluntarios y los cargos de autoridad fueron el intendente o regidor general de Policía, y tres comisarios.[16] Algunos rasgos de esos años se acentuaron en las décadas posteriores, como la dependencia total de sus autoridades del Ejecutivo provincial (hasta 1832 dependió administrativamente del Cabildo), la escasez de efectivos y la doble naturaleza de sus funciones, lo cual la ubicó, junto a otras Policías latinoamericanas del momento (Rosemberg, 2008; Buffington, 2001; Albornoz, 2015 y Cárdenas, 2015), dentro del paradigma de la buena Policía (Foucault, 2006; Neocleous, 2010). Supervisó el funcionamiento urbano (reguló el alumbrado, el barrido y las construcciones; el socorro ante incendios; la emisión de permisos varios); recaudó tasas y supervisó las condiciones de las escuelas municipales.[17] Además, tuvo a su cargo funciones de seguridad que consistieron en el control de los comportamientos (el control de la circulación y las reuniones, riñas de animales y juegos de azar); de la violencia interpersonal; y, en general, resguardó el cuidado de las buenas costumbres.

El Reglamento Provisorio de 1813 estipulaba que cada comisario tenía a su cargo un área: recaudación de impuestos; control periódico de los alcaldes en la campaña; servicio de calle, limpieza de pantanos y control de vagos. Por su parte, la regulación de las costumbres tuvo modificaciones parciales en 1816, 1826 y 1836 (en este último referido específicamente al funcionamiento de las pulperías volantes). Suprimido el Cabildo, el esquema de las funciones policiales no sufrió modificaciones, pero sí se amplió el número de funcionarios responsables. Se distinguió al jefe o juez de Policía de los jueces de paz y de primera instancia, del defensor de pobres y menores, y del alcalde de cárceles (Galvani Celso, 1992: 41 y 42), y comenzó un tímido recorte de las funciones que pasarían en las décadas venideras de la Policía al municipio, lo cual reafirmó el área correccional y de control del orden público (entendido cada vez más como la represión de los comportamientos transgresivos) como tarea principal de la Policía. Para la vigilancia de la ciudad, se creó la Partida Celadora en 1813, que pervivió durante todo el siglo y a la que se sumarán el cuerpo de gendarmes (1864)[18] y el de serenos.

Luego de los años de la Confederación, en 1864, se sancionó el Reglamento de Policía Urbana y Rural, primera reglamentación policial enmarcada en la Constitución nacional y provincial, que se probó insuficiente para organizar la institución y mejor delimitar sus funciones y competencias. Particularmente, el problema de la organización y distribución de funciones fue acuciante, dado que se entrelazó con la constante escasez de personal. Sin embargo, como tratamos en el capítulo 1, esto tuvo por efecto brindar un marco legal compatible con una praxis muy bien orientada, al menos en lo que se refirió al orden público.

A partir de 1864 y hasta comienzos del siglo XX, la organización del personal para la Policía provincial fue la prevista en la sección “Organización”, inciso “Personal” del Reglamento, en la que se preveía:

Art. 1: Las funciones policiales serán ejercidas por un Gefe en la Capital y un Oficial 1ro, bajo la inmediata dependencia del Gefe Político en la ciudad del Rosario, un Juez de Paz en cada una de las ciudades cabeza de departamento, Comisarios, Jueces y Tenientes Jueces para los Cuarteles de las mismas, un Comisario General para la campaña de cada Departamento y Comisarios subalternos en los diversos distritos, debiendo cada uno de estos funcionarios, como agentes de Policía, dar cuenta de sus actos al que les preceda en orden gerárquico; siendo oficinas centrales la de la Capital para el Departamento de esta, la de San Gerónimo y San José, la del Rosario para todo el Departamento de su nombre, estando una y otra Oficina bajo la dependencia é inmediata inspección del Gobierno.[19]

La sección se completa estipulando que

la cantidad de efectivos de la tropa así como sus sueldos serán las señaladas en la ley de presupuesto de cada año; que las oficinas de vigilancia estarán abiertas hasta las once de la noche, salvo indicación del Gefe y que las rentas percibidas por la Receptoría “se invertirán con estricta sujeción a la ley de Presupuesto”.

Es decir, a esta sección corresponden los aspectos más importantes de la organización policial, de los cuales, paradójicamente, dice muy poco. Esa vaguedad resultó en numerosas consultas del jefe de Policía al Ministerio de Gobierno sobre cómo proceder en distintas situaciones,[20] como escollo en el desempeño policial, estas indefiniciones estuvieron presentes de forma regular[21] y contribuyeron a moldear, también, una dinámica de acción y de consulta de las autoridades policiales.

Ese fue el caso del primer oficial Acisclo Niklison , quien en 1865, ante el pedido de informe del juez del crimen sobre el estado de unos presos, se dirigió al ministro de Gobierno para que le indicara qué decir, aunque “sé lo que se debe responder consulto a S.S.”.[22] Estas prácticas resultaron en mecanismos de afianzamiento de las lealtades entre los funcionarios policiales con el Poder Ejecutivo, en el contexto de abiertas fricciones entre el Ejecutivo y los jueces al respecto de determinados procedimientos con los presos.[23] De lo contrario, ¿por qué el oficial primero preguntaría cómo hacer algo que ya sabía cómo hacer?

Como observó Gabriel Carrasco, “lo primero que debe saber un magistrado, son los derechos y deberes de su cargo, y una ley de Policía debiera contenerlo: nada de eso existe en este reglamento (…)”.[24] Lo que sí estaba estipulado fuera de cualquier duda era la dependencia directa de la Jefatura de Policía del gobernador, plasmada no solo en la reafirmación del esquema vertical del funcionamiento institucional (“debiendo cada uno de estos funcionarios, como agentes de Policía, dar cuenta de sus actos al que les preceda en orden gerárquico”) sino también en que cada oficina estará bajo “la dependencia é inmediata inspección del Gobierno”. Quizás pueda parecer una observación ociosa, pero en el contexto de una normativa que no solo fue poco precisa, sino materialmente escasa (la inexistencia de ejemplares en las delegaciones fue constante) es interesante comprobar que lo que el Reglamento se preocupó por dejar en claro fue la subordinación de la institución al Poder Ejecutivo, antes que las atribuciones, deberes y funciones efectivas de sus miembros.

Los integrantes más liberales del gobierno señalaron que esta vaguedad era una falencia grave para un funcionamiento institucional transparente y no una “aberración normativa” y, dentro de este problema general, el margen discrecional (por abuso o por desconocimiento) era un elemento muy importante. Tal como se hallaba redactado ese artículo, según Carrasco, cualquiera de estos funcionarios “puede, actualmente, cometer una falta o una usurpación de autoridad y queda escudado diciendo –creí que estaba en mis facultades!”.[25]

Estos comentarios fueron hechos en el año 1882, casi veinte años luego de la sanción del Reglamento, y se los señala como problemas vigentes en el funcionamiento policial y que, en 1895, fueron cuestiones abordadas con énfasis por la nueva propuesta de legislación, que prestó especial atención, como se dijo, a explicitar las prohibiciones para la tropa, que, en su especificidad, pueden entenderse como una solución pensada para los problemas que efectivamente aquejaron a la tropa en las décadas anteriores, muchos de los cuales supusieron faltas contra el orden público: “Ningún agente podrá participar de diversiones durante su servicio, ni asistir aún fuera de él, á aquellas de honestidad dudosa”.[26]

Se trata de una “traducción” legal que dio cuenta de innumerables entradas referidas a la presencia de agentes en estos ámbitos (de la mano de sanciones por ebriedad,[27] pendencia y escándalo) y lo hizo muy específicamente al tratarse de una disposición para los “agentes”, no para autoridades ni funcionarios.

Al revisar el Registro Oficial [28] no se hallan precisiones sobre la tarea del jefe de Policía, ni de su oficial primero.[29] Algunas alternativas a este vacío provinieron de la Jefatura misma. En 1865, se estipula en un parte diario que

Debo asimismo comunicar a S. Sa. que el servicio policial quedó establecido del modo siguiente:

Una patrulla de a pie que vigila de las 7 hasta las 10 de la noche y dos de caballería que vigilan el centro y los suburbios de la ciudad de las 10 hasta el toque de diana. El servicio ha sido establecido del modo que queda espresado para dar más garantía y seguridad a los habitantes de esta capital.[30]

En 1895, Carrasco y González retomaron la certeza de que este vacío era un problema serio. De hecho, dedicaron a la organización y funciones policiales uno de los tres libros del Código, y detallaron no solo las funciones, deberes y atribuciones de cada cargo, sino también las formas debidas de proceder en situaciones específicas y cuáles conductas no eran compatibles con la función policial.[31] En la nota de remisión del Código, los autores afirman que “la omisión de una legislación expresa sobre el particular ha dado margen a que se critique la manera de proceder de la Policía; á que en muchos casos se note su ausencia, la imperfección, ó lo contraproducente de sus medidas; y á que se desacredite la institución”.[32]

Entre la implementación del Reglamento y la formulación del proyecto de Código, la cuestión del orden público intersectó la indefinición de la normativa y una práctica de administración del orden en las calles que muchas veces necesitó de dicha indefinición, desde el momento en que los recursos con que contó la Policía no posibilitaron una organización estricta y se necesitó cobrar multas sin emitir recibo, reprimir con golpes por falta de armas, “acollarar” presos “por falta de otras prisiones” y, fundamentalmente, que hombres poco aptos patrullaran las calles y mantuviesen el orden.

Dicha falta de recursos fue otro de los condicionamientos estructurales de la praxis policial. Casi un año después de sancionado el Reglamento, se creaba el cuerpo de gendarmes. En la letra de la disposición, se lee:

Artículo 1: Créanse dos compañías de caballería para el servicio de policías y guarnición de toda la provincia con el nombre de Gendarmes. Artículo 2: cada una de estas compañías se compondrá del personal y sueldos siguientes:

Un Capitán con cuarenta pesos mensuales

Un Teniente con treinta id. Id.

Un Alférez con veinticuatro id. Id,

Seis Sargentos con siete pesos cincuenta centavos cada uno

Doce Cabos a cinco pesos cada uno

Sesenta soldados a cuatro pesos cincuenta id. cada uno.

Artículo 3: El equipo, armamento y manutención de estas compañías pertenece al Estado.

4: El Gobierno distribuirá el servicio conforme lo exijan las necesidades en los distintos puntos de la provincia.

5: Comuníquese.[33]

Se trataba de sueldos muy magros, si se los compara con los de otras dependencias de la administración pública, como porteros de los juzgados (ocho pesos) o de la Cámara de Justicia (doce pesos) y que en no pocas ocasiones llegaban tarde en toda la provincia, inclusive en coyunturas críticas como la guerra contra el Paraguay.[34] Ese mismo año, la Cámara aprobaba la conformación de la Policía de la capital:

1: La policía de la Capital será servida por los empleados y con las dotaciones siguientes:

Un Jefe de Policía con sesenta pesos mensuales

Un oficial primero con cuarenta id. Id.

Un Id. Auxiliar con veinte id.

Un comisario de Órdenes con treinta y cuatro id. Id.

Dos Id. de Sección con treinta id. cada uno

Un médico de policía con treinta id.

2: Mientras conserve el Estado los ramos municipales de mercado y corrales, la Policía de la Capital tendrá además los empleados siguientes:

Un comisario para la atención del mercado con cuarenta pesos mensuales

Uno Id. para corrales con treinta id. id.

Un dependiente para el cuidado y la conservación del [ilegible] Público con once id. id.(…)[35]

A partir de 1870 y durante toda la década, los rubros cuya percepción correspondía a la Policía serían motivo de pleitos con la corporación municipal. La reformulación de qué dependencia percibiría estos ingresos estuvo dada por la necesidad recaudatoria del Estado provincial, sobre todo en función de sus gastos militares. En 1872, ya sancionada la ley orgánica de municipalidades, Cándido Pujato (titular de la corporación municipal, ex médico de Policía e integrante del riñón iriondista) expresaba que

en el deseo de levantar su crédito, la Corporación que el infraescripto preside (…) ha decidido eliminar por ahora de su presupuesto aquellas partidas que no sean destinadas a objetos de primera necesidad. Procediendo de esta manera, si bien no llena los fines de esta su institución podrá al menos (…) mejorar su crédito pagando religiosamente los compromisos que en lo futuro contraiga.[36]

Las causas de este estado de cuenta del municipio (que incluía un balance deficitario para 1871) eran, según Pujato,

los crecidos gastos que tuvo que hacer esta corporación en las pasadas epidemias y la falta de derecho de corrales y lotería de beneficencia, destinadas a las municipalidades por ley de 19 de septiembre de 1865 y que en 1870 pasaron a figurar en el cálculo de recursos de la provincia importando anualmente una renta de aproximadamente 13000 pb.[37]

Luego de repetir que el déficit municipal no podría ser saldado con los ingresos “tal como se hallan hoy”, Pujato subrayó que “en presentes circunstancias” de no percibir esos ingresos, el municipio se hallaba ante una disyuntiva:

proponer nuevos impuestos con el fin de cubrir el déficit (…) socavando así la agricultura y haciendo más cara la vida del pueblo [puesto que] con todas las rentas que le agenció dicha Ley podría, como anteriormente lo ha efectuado, llenar perpetuamente las necesidades del Municipio.

El pedido al Ejecutivo fue claro: que se restauren el cobro de los derechos de corrales y lotería “que antes le pertenecieron” o se envíen partidas de otro origen.[38] La respuesta fue negativa, apelando a las mismas “presentes circunstancias” (en un año de fuerte agitación política opositora local y nacional) que llevaron al Ejecutivo a rechazar el pedido que la misma corporación hizo, para que se exonerara del servicio en las Guardias Nacionales al secretario del Consejo Ejecutor: “Contéstese es indispensable en las actuales circunstancias la asistencia general, y se tendrá presente lo expuesto en oportunidad”.[39]

Por su parte, los salarios de los policías permiten ponderar otro costado de la administración diferencial del orden público. El Reglamento estipulaba que “los castigos correccionales de arresto ó trabajos personales podrán ser compensados por una multa equivalente en la proporción de cuatro reales por día de prisión y un peso por día de trabajo personal destinado al pago de la multa”.[40]

Sin embargo, según el artículo 25, la persona que fuese hallada bebiendo o en estado de ebriedad en la vía pública sería arrestada por un día, o debía pagar una multa de cuatro pesos,[41] lo cual equivalía a casi la totalidad del sueldo de un soldado, por lo cual en muchas ocasiones se pagaba una parte de la multa (dos o tres pesos bolivianos)[42] y se cumplía un tiempo restringido de arresto (que variaba, y cuya forma de cálculo no hemos podido hallar anotada en ningún parte o documento). Asimismo, muchos hombres reincidentes de infracciones contra el orden público pagaban en alguna ocasión la multa y en las restantes, cumplían el arresto.[43] En relación con su proporción en los ingresos de la institución, lo percibido por multas fue consistentemente menor, en todo el período, a las entradas por rubros como el marchamo de cueros.[44]

Este ramo de entradas en las arcas policiales motivó conflictos entre los integrantes de una fuerza que, como reiterados ejemplos muestran, no estructuraba sus relaciones internas en torno a modos de conducta sentados formalmente por la institución o a un sentimiento de pertenencia de los individuos.[45] Existieron tópicos recurrentes en los enfrentamientos entre policías (al menos de aquellos de los que tenemos noticia, porque dieron pie a sumarios internos) y la percepción del marchamo fue uno de ellos. El caso documentado de manera más extensa es una reyerta entre dos comisarios, de órdenes y de corrales, en 1880 en la ciudad de Rosario. Este enfrentamiento fue catalizado por una acusación de malversación, aunque afloraron otras dos cuestiones clave: el comisario acusado apuntó a la escasez de personal como causa de las “fallas” y “demoras” en su labor, mientras que quien lo acusó habló de inmoralidad y describió de él un comportamiento violento. El 25 de noviembre de 1880, se hallaba preso en la Policía de Rosario Jeline Jieno, comisario de Policía de 28 años. Preguntado

qué aconteció la noche de ayer entre el declarante y el comisario de órdenes (…) Dijo: Que el 24 del presente recibió el declarante la nota (…) en que le hace reproches de no cumplir llevando al día el libro del despacho de guías y agregando que ya el comisario de corrales D. Néstor Fernández se había quejado el Sr. Gefe Político de las demoras que el declarante hacía sufrir al despacho del matadero (…). Que todo eso es inexacto pues el declarante lleva los libros al día, como puede inspeccionar, pues dichos libros están en la policía a disposición de quien quiera verlo, como también es falso que el declarante esté atrasado en el despacho de guías, pues también están al día como puede verse, y, por último, que falso es también que el comisario de corrales se haya quejado de la conducta del declarante, pues, por el contrario, fue el declarante mismo quien, abrumado por el trabajo excesivo que por perjudicarlo y hostilizarlo le daba el comisario de órdenes, pidió al Comisario de Tabladas comunicarle esto al Gefe Político para que se le descargara de un trabajo tan excesivo que era absolutamente imposible se cumpliera.[46]

En 1865, el Departamento Central de Policía contaba, según el inventario presentado al ejecutivo, con cinco cuartos amoblados (uno para el jefe, otro para el oficial primero, otro para los comisarios y dos más cuyo fin no se especifica). Los elementos presentes en el primero habrían sido: “un juego de cortinas, una lámpara de kerosene, seis sillas de esterillas, seis sillas de asiento de clin elástica, una silla de braso (…) dos botellas de cristal, un plato, un baso”. A ello que se sumaban los siguientes “útiles de escritorio: una mesa de escritorio, un tintero, dos aplasta papeles de bronce, una carpeta, una papelera de ule y un plumero chico”.[47] Asimismo, respecto del “Armamento” existente en la segunda sección de Policía, se enumeran: “cuatro caravinas fulminantes, dos sables, dos fusiles inútiles, seis lansas id.”. Aparecen en esa misma lista “diez trosos de madera, en depósito en el puerto, seis tablones de madera en depósito en esta oficina”.[48]

La escasez de recursos puede verse en la confección misma de los documentos En su abrumadora mayoría, los partes diarios, tablas mensuales de multados y de ingresos y gastos son manuscritos. Ello comienza a cambiar hacia 1881, cuando se difunde el uso de plantillas con categorías fijas (novedades, presos, marchamo, multas; corrales; bailes; segunda y tercera sección, entre otros) que los funcionarios completaban sobre una línea de puntos. Sin embargo, hemos hallado contados ejemplares de planillas confeccionadas para los informes diarios ya en 1869.[49] Es dable pensar que su escasa difusión tuvo que ver con falta de dinero para pagarlos, si se recuerdan los reiterados pedidos al gobierno para que remita ejemplares del Reglamento de Policía, del Código Rural, o solicitando dinero para poder hacer imprimir un mayor número de copias de los edictos dictados por la propia Policía, para su difusión.

Otra cuestión urticante fue la falta de personal. Las quejas por el número insuficiente de efectivos para cubrir las tareas policiales se reiteraron desde las autoridades y la prensa,[50] pero también desde los estratos intermedios de la jerarquía policial:

Tengo el honor de dirigirme a V.E participándole que con esta fecha el Sargento Mayor, encargado de la fortaleza de la Aduana, Dn. José Zavala ha hecho presente ser sumamente necesaria la remonta de la fuerza de gendarmes que hace el servicio de guardia en la Cárcel Pública, expresando ser un número crecido de presos, y que el personal existente no alcanza a formar el número que se necesita para las guardias y que si se disminuyese resultaría que la guardia sería insegura.

Al efecto me permito adjuntar a V.E. un estado y una lista nominal de los hombres existentes, y que demuestra la fuerza que debe tener esa guardia para que preste seguridad.

Espero que V.E. se dignará, si lo cree de utilidad, ordenar la remonta de la fuerza que custodia la cárcel pública.

Dios guarde a V.E.

Dermidio Luna.

Lista de la guarnición del cuartel desagregado en:

Jefes Oficiales Tropa Total

Fuerza pronta para el servicio 1 2 19 19

Servicio diario 1 16

Falta para llenar el relebo 13

Se necesitan para la limpieza de armas 2”

Santa Fe, Mayo 4 de 1866

José A. Zavala[51]

El refuerzo que pedía el sargento Zavala llegó: proveniente del batallón republicano, apareció otro cuerpo militar. La práctica de reasignar los escasos efectivos a destinos distintos según lo requiriera la coyuntura se complementaba con la redistribución generada por individuos que pedían ser dados de baja o desertaban, y eran luego dados de alta en otros cuerpos.

Los hombres que completaron la guardia llegaron a cinco meses de hecho el pedido[52] y un mes más tarde se produjo un motín en la cárcel pública, en el que los presos intentaron forzar la puerta para escapar. La respuesta policial fue “acollarar” a los cabecillas porque no contaban con celdas en condiciones para evitar la fuga.[53] La precariedad material se esgrimió como la causa de que se impusiera un castigo que, quien escribe, no consideraba adecuado, impuesto por la falta de infraestructura para alojar a los condenados y por el riesgo de que volviesen a intentar la fuga.

Esta fue una situación que no necesariamente mejoró con el tiempo. En 1876, un conjunto de “vecinos y comerciantes del pueblo de Santo Tomé” (pueblo contiguo a Santa Fe, del otro lado del Río Salado, en el extremo sur oeste de la ciudad y que surgió como paso de mercaderías y hombres a la capital provincial) hizo llegar al Poder Ejecutivo un pedido desesperado.[54] Reclamaban personal policial para asistir al comisario, que se hallaba solo cumpliendo su labor y, además, lo hacía ad honorem. De hecho, la razón que los firmantes (y luego, el mismo comisario) dieron para la ausencia de personal era la falta de partidas para los sueldos. Afirmaron que “esto que exponemos Sr. Jefe sucede continuamente y tendrá que continuar por falta de jendarmes en la comisión de este pueblo”, incluso a pesar de que “el inciso 7 del capítulo IX del presupuesto asegura una partida para los gastos de nuevos juzgados y subdelegaciones de Policía, partida a la que se puede muy bien imputar los sueldos de cuatro vigilantes para el servicio de la comisaría”.

El tono del reclamo no era complaciente. Desde su punto de vista, no cabían dudas sobre quién era el responsable de la situación presupuestaria, sobre todo considerando que no era la primera vez que realizaban el pedido, “hasta que hoy, en vista de los reiterados desórdenes que se cometen” se veían en la necesidad de reiterarlo:

Máxime cuando por ley está designado un Juez de Paz para el pueblo de Santo Tomé, y que hoy es de imperiosa necesidad se llene ese empleo, ó por lo menos se den al Comisario los hombres necesarios para su comisaría. (…) No creemos ni por un momento que esta petición sea desatendida, ni que dé lugar al retroseso del pueblo que hoy se levanta a costa de tantos sacrificios.[55]

Además, al momento de señalar cuáles eran las mayores amenazas a la “seguridad individual”, los vecinos apuntaron específicamente a las faltas contra el orden público, cometidas por quienes caracterizan de forma misteriosa como impostores, que se hacían pasar por personas decentes:

peligros a los que diariamente somos amenazados, tal vez por personas que a título de jente decente son los promotores de escándalos y pendencias a las que el XXX fácilmente sigue ya sea por el estado de embriaguez en que se hallan, ya sea por seguir a ciertas jentes pretendientes del nombre de prestigiosos.

Es muy difícil no hacer una lectura política en la acusación de los vecinos, considerando que tuvo lugar en pleno desarrollo de los levantamientos facciosos para cuyo control el gobierno destinó hombres y partidas presupuestarias. Un reclamo velado al destino inequitativo de las partidas para seguridad.

La faltante edilicia y presupuestaria fue una constante. Para fines del período, la necesidad de cárceles[56] donde recluir a los condenados se hizo urgente por el “aumento de la criminalidad” enunciado en las fuentes oficiales.[57] En Santa Fe, los condenados eran recluidos en el cuartel de la Gendarmería que, según el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, se hallaba en muy malas condiciones.[58] Sin embargo, el proceso de modernización legal y administrativo[59] de la Policía permitió en 1888 las siguientes palabras del gobernador Gálvez:

en cuanto a las policías urbanas de la provincia, hemos adelantado mucho. Tenemos la organización de las mejores de la república. La distribución del servicio, las facultades del agente policial, su carácter y significación, su disciplina, su responsabilidad, todo esto que constituye la institución está bien definido y bien determinado.[60]

El gobernador anunció avances administrativos, que sin embargo no tenían al momento de emitirse este mensaje cristalización legal.[61] El discurso sigue, señalando la continuidad de la faltante de hombres que había caracterizado las décadas anteriores: “Pero si tenemos organización en cambio no tenemos personal. En muchas partes es escaso y habrá necesidad de aumentarlo en la forma que permitan los recursos que voteis”.[62]

En esta declaración aparecen los problemas presupuestarios, ya que el aumento de la población y el crecimiento de los centros urbanos volvieron necesaria una mayor cantidad de hombres, armas, uniformes y estructura edilicia[63] para la preservación del orden público.[64] El reclutamiento fue una tarea asumida por la misma Policía, y en el territorio urbano de la capital, entrada la década de 1880 los mecanismos de obtención de hombres se mantuvieron.[65]

En la misma intervención se señalan los avances realizados por la Policía (y su consolidación como agencia represiva, al menos en el balance realizado por las autoridades provinciales) enmarcados en el avance institucional de fines de siglo: “la aprehensión del delincuente es un hecho innegable que constata la estadística judicial. En materia de represión las policías llenan su objeto”.[66]

Además de los problemas de escasez y poca cualificación del personal, otro flagelo para la Policía fue la falta de armamento. Desde comienzos del período los reclamos se vieron reflejados en los documentos administrativos de la Jefatura:

Al Sr. Ministro Secretario General de Gobierno, Don Tesandro Santa Ana,

Me dirijo a ud., poniendo en su conocimiento, que los empleados de este Departamento se hallan sin ningún arma, con que hacerse respetar, al desempeñar las diferentes comiciones que se originan diariamente, en su consecuencia, pido a S.S. se sirva proveerlos de alguna arma para los fines arriba expresados.

Dios Gde. A S.S

Dermidio Luna,

Santa Fe, octubre 4 de 1867.

Autorícese al Jefe de Policía para comprar cinco revolveres para que los distribuya entre los comisarios de policía, con la finalidad que cuando alguno de ellos dejase el empleo que actualmente desempeña, cualquiera sea la causa que motive su separación, dejará las armas que se le hayan entregado en la Policía para que sean destinadas al que le sucediere.

Oroño

Tesandro Santa Ana.[67]

Confluyeron dos motivos predominantes en que la vigilancia en la ciudad se hiciera siempre con una cantidad insuficiente de armas: la falta de envío de estas de parte del gobierno; que los desertores se llevaran las armas consigo cuando huían; y que los efectivos en servicio las perdieran o vendieran.

Estos pedidos fueron más frecuentes en la Capital hasta mediados de la década de 1870[68] (luego, de las localidades cercanas, hechos por los jueces de paz) y en su mayoría se trata de solicitudes de armas y vestuario (lo que no era un problema menor, porque “se confunden policías con paisanos”).[69] Algunos de los casos de faltante de vestuario son irrisorios, como la oportunidad en que, habiéndose apersonado a la inspección general de armas el jefe de Policía Echagüe a retirar la partida de calzoncillos para la partida celadora que había requerido al gobierno:

revisé los calzoncillos que depositados existen allí. Los susodichos son de lienzo tablón de buena calidad, pero tan extremadamente cortos, que solo servirán para niños de nueve a once años siendo por consiguiente inútiles para la tropa. El inspector de ramos me espuso que el susodicho vestuario fue depositado en dicha oficina hace tres años.[70]

La respuesta que se registró en el parte fue confusa, pues ordenó que se archive la nota de Echagüe pero no indicó qué hacer respecto del vestuario faltante.

Sumada a la escasez de armamento y la poca cualificación e inconductas, la falta de vestuario[71] contribuyó a que la aceptación social de la Policía fuera baja. Como vimos, la prensa difundió una miríada de imágenes negativas, en las que se pone de relieve un desconocimiento, una cierta extrañeza de la población hacia la fuerza, como vivió en carne propia un vigilante que, al devolver a una muchacha huérfana que había escapado de la casa donde era criada, quiso intervenir cuando “la señora la tomó del cabello y le dio tal cantidad de golpes que por suerte no la desmayó. El vijilante que la conducía [pretendió] quitar a esa desgraciada de garras de la cruel señora, pero esta, encolerizada, dá tal empellón al guardián que lo arroja sobre una cantidad de arena”.[72]

Se denunció constantemente la inefectividad y la incapacidad de imponer respeto de la Policía en todo el territorio policial:

Escándalos.

El parte de policía se encarga de revelarnos que los escándalos continúan, y que los castigos correccionales de la autoridad no imprimen ningún respeto.

Las que cometen estos abusos o escándalos son personas de mala vida en su mayor parte, es decir, que esta es la gente que no obedece a la Policía y se ríe de su autoridad.

Anteayer se han aprehendido cuatro individuos por escándalo.

Hablamos con datos fijos.[73]

Descomunal desorden.

Tiros a granel.

Un descomunal desorden promovieron anoche a las diez en un almacén de las proximidades de Balcarce y San Luis, Vicente Guilla y Pedro Armón, ambos italianos.

El cabo del escuadrón, Tomás R. Perineta, al pretender detener a los desordenados fue desacatado y agredido por Guilla, que le hizo tres disparos de revólver a boca de jarro, afortunadamente sin herirlo.[74]

Un vestuario que distinguiese a los agentes de la ley era imprescindible, también, porque la conducta de estos no bastaba —y muchas veces perjudicaba— como ejemplo de rectitud porque, como se dijo, pertenecían a las “peores capas sociales”.

Esto lleva directamente a la última de las tensiones que atravesaron la formación policial durante toda la segunda mitad del siglo: su composición social polarizada, que reprodujo al interior de la fuerza la cuestión de cómo controlar el orden público, dado que los agentes encargados de la vigilancia de las conductas fueron, incluso, en muchos casos los mismos individuos que días antes lo habían infringido.[75] Ello se traslució en las quejas del jefe de Policía, de su primer oficial y de comisarios y jueces de paz, que paradojalmente demandaban un comportamiento acorde por parte de los hombres que reclutaban, a quienes ponían a patrullar las calles como pena por sus infracciones.[76] Decimos que puede verse en ello una paradoja pues los documentos de las autoridades policiales abundan en el señalamiento de dos cuestiones: de una parte, la condición de escasa o nula moral de muchos integrantes de la tropa;[77] de otra, la indignación por conductas impropias de su condición (de policías).[78] Ello tuvo mucho que ver con la incorporación sistemática de condenados por faltas contra el orden, a cumplir servicio de policía. En el parte que sigue, el jefe Echague da aviso de la baja de un oficial; enuncia para ello motivos de disconformidad que, aunque no fueron los únicos causales de bajas,[79] fueron frecuentes:

Con esta fecha el infraescripto ha separado del Cuerpo de Gendarmes al ayudante don Facundo García, en atención a su mala conducta y abandono completo que ha hecho del cuerpo al que pertenece dedicándose a otros trabajos que son incompatibles a un oficial, gravando al gobierno, sin servirle, con la ración y sueldo que le da.[80]

El incumplimiento del servicio se mezcló frecuentemente con inconductas de orden moral, o al menos que según las autoridades ponían en jaque la moral que debía inculcarse a la tropa y esto aparece en los documentos internos de la Policía en todo el período. El 2 de abril 1881, el jefe de Policía Mariano Echagüe informó que

Habiendo desobedecido órdenes por mí impartidas, el Comisario Justo Pedro Reyna, le he tenido detenido desde ayer a las doce a.m. habiéndolo suspendido con esta fecha. La moral en el servicio público me ha obligado a tomar el paso del que doy cuenta a S. Sa. para que se digne ponerlo en conocimiento de S. E. el Sr. Gobernador.[81]

El 22 de marzo de 1867, fue dado de alta en el Piquete de Vigilantes Estanislao González, por el lapso de seis meses, por “incorregible en sus vicios”. [82] Casos como el suyo[83]fueron causa de problemas con la población, como lo muestran las noticias que hacia fines de siglo seguían ocupando un lugar importante en la prensa:

Policiales/ Fue destituido el empleado Granel de la Comisaría 6ta, por faltas cometidas en estado de ebriedad. Muy bien hecho, así debería hacerse con todos los que procedieran mal, si se quiere levantar la institución policial á la altura en la que debe encontrarse, hoy desprestigiada á causa de algunos malos empleados.[84]

Asimismo, se dio la queja por deserciones motivadas por robos, como las que denuncia el comisario Florencio Villalba en 1865:

el martes a las doce de la noche se me han desertado tres individuos llamados Gervazio Mancilla Bernardo (…) y Juan Arenales (siendo una trampa) llebandose dos carabinas, dos sables y una [ilegible] con dos paquetes. Sé que estos viven en el distrito del Comisionado Mariano Candioti.[85]

El comisario culminaba su nota señalando que “es muy necesario cumplir con la orden [de captura] dada para escarmiento de la tropa”.[86]

Dichas conductas no solo dañaron la imagen que las autoridades deseaban proyectar sino que generaron conflictos al interior de la Policía, que se dieron en la forma de enfrentamientos (tanto durante horas de servicio[87] como de ocio). Hallamos casos como el enfrentamiento entre los tenientes Silvestre Zárate, de la Policía, y Domingo Camandela, de la Guardia Nacional, en el que se evidencian dos elementos que se destacaron como preeminentes en las representaciones sobre la violencia: la cuestión moral y la ebriedad. El 15 de mayo de 1874, Camandela denunció que, mientras se retiraba de una casa cita “en calle 25 de mayo, dos cuadras al sur de la Segunda Sección de Policía” en la cual acababa de alquilar un cuarto, llegó el teniente Zarate con dos soldados, “lo hizo llamar afuera, prontamente le quitó la espada, sacó la de él y en pública calle le pegó varias veces lastimándole en varias partes del cuerpo (…) y sin decir por qué lo hacía aunque no habría tenido derecho”.

Camandela tilda el suceso de “una barbarie nunca sucedida en Santa Fe, como las mismas personas que estaban mirando decían”.[88]

Luego, Zárate lo hizo llevar

en cabeza, pues el kehpy se encontraba lleno de tierra, en calidad de preso como el criminal más culpable [ordenando a los soldados de guardia] que si simplemente hablaba o se quejaba del suceso lo pusiesen inmediatamente en la barra de los dos pies y le pegasen con los sables como el pícaro que era, indigno oficial.[89]

Este acto provocaba, según Camandela, “la desmoralización de la tropa y gravísimo escándalo ocasionado en público”. No conforme con ello, al día siguiente y en presencia de la tropa formada, Zárate habría insultado y golpeado nuevamente a Camandela que denuncia, como consecuencia de ello, sufrir “el desprecio de sus subalternos” a causa del “temible ejemplo acontecido”.

Inquirido en un sumario sobre lo sucedido, Zárate argumentó que Camandela “se encontraba borracho y pegándole a una mujer con su espada” (y no alquilando tranquilamente una habitación de lo que la dueña de casa, Fortunata Sosa, no dijo nada, aunque sostuvo la versión de que Camandela se hallaba ebrio). Según Zárate, Camandela quiso: “sacar a la fuerza a Julia Gutierrez ‘á Pancha Chamuyo’ [de la casa] la cual lloraba y no quería seguirlo porque sin dudas el oficial se valía de la chupa la quería sacar a palos, después que hacía días la había hechado”.[90]

Al querer retirarlo, Camandela habría

insultado de tuerto miserable y ante esto el declarante se bajó [de su caballo] ante las súplicas de las mujeres (…) para sacarlo de la puerta [ante lo que] éste se enfureció y sacando la espada atropelló al declarante, quien se vio forzado a hacer lo mismo, pero consiguiendo, por el estado de ebriedad en que se encontraba Camandela, que no podía caminar de ebrio, no sabe si en el primero, segundo o tercer palo que le pegó.

Es interesante, asimismo, ver que ambos, denunciante y denunciados (Zárate y los dos soldados que lo asistieron) invocaron a “las muchas personas”, a “las sras. (…) y muchas otras gentes”, al público, como garantía de la verdad de sus dichos y, en el caso de Camandela, también como una de las víctimas principales del episodio ya que dijo que el escándalo y la barbarie afectaron a todos los presentes. Los testimonios fueron todos favorables a la versión de Zárate, aunque la insistencia con que este intimó a declarar a una de las vecinas, que terminó diciendo que “no la molesten más con este asunto”, también resulta curiosa. Finalmente, no se dice por qué testificó Julia Gutierrez pero no Francisca, la víctima, de la que tampoco se listó la profesión.

Asimismo, se destacan dos cuestiones en relación con la praxis policial: por un lado, en estas situaciones está claro que la cadena de mando y la pertenencia a la institución quedaban en un segundo plano. Ser policía no parece haber condicionado la voluntad o capacidad de estos hombres de transgredir las normas. En todo caso, se valieron de esto; expusieron su autoridad para lograr su cometido con mayor facilidad. Ello generaba fricciones al interior de las fuerzas (en este caso, un enfrentamiento entre tenientes de la Guardia Nacional y la Policía) y contribuía a socavar la imagen de la institución ante la población. En este caso, ello se ve en el énfasis que los involucrados hicieron en la visibilidad pública del altercado; de manera más general, debe considerarse la cantidad de episodios registrados (así como las denuncias ya revisadas, que marcaban el comportamiento inmoral de los agentes de Policía). El comportamiento de la Policía dependió entonces, en buena medida, del comportamiento de los individuos que la compusieron.

Por otra parte, la denuncia de comportamientos inmorales e indebidos parece haber sido una estrategia recurrente de policías contra policías, que exploramos más detalladamente en el capítulo 4. En este incidente algunos indicios llevan a esa suposición, como por ejemplo, ciertas divergencias en las versiones dadas. Mientras Zárate afirmó que fue llamado por la dueña de casa para que retire a Camandela de la puerta, por las razones dadas, y la hermana de la víctima afirma que fue ella quien se dirigió ante el comisario a denunciar lo que estaba sucediendo y pedir presencia policial, la dueña de casa dice que mientras Camandela pretendía entrar, “pasaba en esas circunstancias el teniente Zárate a quien llamó pidiéndole que [lo] echase”,

También, al preguntarle a Camandela si había existido un altercado previo, este lo negó. Sin embargo, Julia Gutiérrez afirmó que esta era la segunda vez que Camandela actuaba violentamente con su hermana, habiéndole pegado con su espada en la galería del Cabildo dos días antes de este último episodio. Estas divergencias en el relato formaron parte central de las acusaciones cruzadas: la moralización de la tropa estaba en juego en las acciones de Zárate (retirando a Camandela y cesando el escándalo) y de Camandela (que pedía se haga justicia para remediar el ejemplo inmoral que Zárate dio a la tropa castigándolo y humillándolo).

La lectura sobre la moral defectuosa de la tropa también se sustentó, para las autoridades, en el hecho de que soldados, gendarmes, vigilantes, serenos y sargentos resultaron reincidentes en este tipo de faltas. Como ha mostrado Sandra Gayol (1992) para Buenos Aires, la composición de la Policía tuvo una dinámica en la que las altas y bajas conjugaron motivos de intercambio con otros trabajos estacionales, la condena por faltas y delitos varios, así como la deserción[91] y recaptura.[92] En las fuentes policiales, los motivos registrados, aunque de forma irregular, son los últimos dos;[93] ello ha permitido hacer un seguimiento de altas, bajas y reincidencias. Entre ellos, sobresalen casos como el del sargento Guardia[94] y, por el rango que tenía y la tenacidad de sus reincidencias, el primer oficial Acisclo Niklison, el capitán Basualdo y otros.

Esa tropa fue la encargada de controlar las calles, plazas y barrios de la ciudad. ¿Cómo lo hizo y a quienes controló?

3.

Los documentos administrativos de la Policía que aparecen con regularidad en los tomos del Archivo de Gobierno son partes diarios, informes de comisarios y jueces de paz, listados mensuales de multados; listas de pasajeros de los buques llegados al puerto; estados de cuentas mensuales; otros informes, ad hoc, sobre cuestiones o episodios puntuales; sumarios. Asimismo, un número alto de partes son acuses de recibo de notas y decretos del Poder Ejecutivo.

Entre los rasgos más desafiantes de los partes diarios para un análisis “seriado” sobresalen en primera instancia las diferencias notorias en la cantidad de partes conservados para los diferentes años. Frente a estas “irregularidades” optamos por reconstruir el ritmo de los arrestos basándonos en los años para los cuales contamos con más partes (presentamos esos datos en los gráficos, aunque el relevamiento exhaustivo fue realizado en todos los años del período). Un dato a destacar es que aquellos años en que los partes conservados son escasos en el total del año o pertenecen solo a ciertos meses, no arrojaron cantidades de arrestos que contradijesen las tendencias principales.[95]

Con respecto a los arrestos, consideramos faltas y delitos de dos tipos, ambos estipulados en el Reglamento de Policía Urbana y Rural. En primer lugar, contra el orden público, dentro de las que se incluyen ebriedad, escándalo, pendencia, vagancia, portación de armas prohibidas, incumplimiento de contrato laboral y juegos prohibidos. Por otra parte, los delitos contra el Estado (Salvatore, 2010), entre los que contamos la deserción, la insubordinación, la falta de papeleta de enrolamiento y las faltas en el servicio.[96]

Al reponer los números del control en la ciudad, dimos con algunas comprobaciones generales sobre qué y a quiénes se controló. Entre los años 1856 y 1890, un puñado de comportamientos fue castigado mediante el arresto correccional y la multa, de forma sistemática y, dentro de este grupo, algunos presentan ritmos más estables, mientras que otros vivieron “picos” en determinadas coyunturas.

En principio, las faltas y delitos contra el orden pueden agruparse, como se vio en el apartado anterior, según el tipo de afrenta al orden público que suponían; la moral, la violencia y el trabajo (en realidad, el ocio) son los tres ejes prioritarios, representados respectivamente en las faltas de ebriedad y escándalo, pendencia y portación de armas prohibidas, y vagancia, falta de papeleta e incumplimiento de contrato laboral. En los partes diarios de la Jefatura, estas transgresiones son las más numerosas (los casos de deserción fueron más numerosos en las coyunturas críticas de necesidad de mano de obra militar como la Guerra de la Triple Alianza y el bienio 1876-1878).

Dentro de este conjunto, los arrestos por faltas de ebriedad y escándalo crecieron de forma estable. La ebriedad fue, por un margen muy amplio, el motivo de la mayoría de las detenciones en la ciudad; los casos de pendencia y portación de armas también fueron numerosos, pero existieron coyunturas precisas en los que estos arrestos se incrementaron.

Relacionados con los momentos de mayor agitación política, especialmente en el caso de la portación de armas prohibidas, se dio un alza en los arrestos y multas por este motivo en los dos primeros y cuatro últimos años de la década de 1870, fundamentalmente por el temor del gobierno a que estos hombres armados fuesen reclutados por los opositores, preocupación que se insertó en el marco de las representaciones sobre la violencia y los sujetos pobres y desconocidos. En los números no hubo un correlato directo de estas representaciones con los delitos efectivamente cometidos, y eso fue así para la mayoría de las transgresiones.

Si puede transmitirse, para la ciudad, una primera impresión general, se trata de una en la cual los mayores temores de la elite respecto del orden y la violencia públicos no se condijeron, en magnitud, con los delitos efectivamente cometidos –al menos aquellos registrados por la Policía–.

El otro subgrupo de transgresiones incluye aquellas que iban específicamente contra el trabajo. La vagancia y el incumplimiento de contrato laboral presentan picos muy altos de arrestos en unos pocos años frente a una década y media de escasísimos o nulos arrestos. Si consideramos los números en sí mismos, prácticamente no existieron arrestos por estas causas sino hasta la década de 1880 en el ámbito urbano.

Que el control de estas faltas haya aumentado en momentos en que la estabilidad política y el crecimiento demográfico imprimían sus primeros efectos en la expansión urbana (Cervera, 2010; Collado, 1994) no resulta sorprendente. Sin embargo, en tres décadas de fuentes policiales, sí es curioso que unas faltas que precisamente dañaban uno de los pilares del discurso civilizatorio de la elite, el trabajo, hayan tenido tan poca incidencia cuantitativa en la capital provincial. Afirmaciones como esta resultan siempre relativas, construidas desde el registro que la Policía hizo de sí misma: el incumplimiento de los contratos laborales en la ciudad no fue una preocupación sino hasta la década de 1880. En la práctica, los detenidos eran peones y sirvientes (el número de mujeres arrestadas por esta causa es levemente mayor al de los demás motivos considerados en conjunto) pues, aunque el reglamento estipulaba sanción para ambas partes de la relación, no hay casos de patrones presos, pero sí algunos pocos de multados.

El análisis que realizamos sobre estos documentos no es cuantitativo. La cuantificación que tradujimos a los gráficos solo tiene objetivos ilustrativos, para estimar, de manera general, las tendencias más estables de qué comportamientos se controlaron y aquellas oportunidades en que estas se interrumpieron (como, se verá, es el caso de 1876 y 1878, y de 1881). Según estos parámetros, los años que presentamos en los gráficos son los de 1866, 1869, 1872, 1876, 1878 y 1881.[97]

A diferencia de los arrestos que aparecían en las notificaciones diarias, las multas están registradas en listados mensuales que la Jefatura elevaba al Poder Ejecutivo,[98] junto con el detalle de lo recaudado. Existieron ciertas características de esta forma de pena que, a los efectos de nuestro objeto, resultan relevantes. Respecto de la cantidad, en función de los arrestos, resulta muy difícil ponderarla dado que son muy pocos los listados que se conservan (y de forma mucho menos regular): a partir de estos, puede anotarse que la cantidad de multas oscila entre diez y treinta[99] y que, en el caso de aquellas infracciones contra el orden, se trató de faltas como “juegos prohibidos”, “admitir juegos en su casa [de negocio]”, “bailes sin permiso” o “falta de aseo en el mercado”,[100] “galope” y “animales sueltos”. Estas faltas fueron cometidas por ciudadanos respetables que se reconocen en las listas sea porque sus nombres nos son muy conocidos (miembros de las familias Iturraspe, Candioti, Crespo, que en su mayoría fueron multados por galopar o dejar animales sueltos) o porque fueron anotados con el epíteto de “Don”.

Siguiendo la forma en que fueron anotadas muchas detenciones, confeccionamos categorías “combinadas” de “ebriedad y escándalo”, “ebriedad y portación de armas prohibidas” y “ebriedad y heridas”, tanto porque, dentro de la enorme cantidad de arrestos por ebriedad, los partes detallan cuándo existió más de una razón para la detención pero, además, porque ello nos permitirá reconocer, estimativamente, cuántos de esos casos fueron en situaciones de ocio grupal o de violencia interpersonal.

La información que brindan los censos de 1858, 1869 y 1887[101] permite un primer acercamiento a la incidencia numérica de los arrestos en la ciudad. La comparación es orientativa, dado que estos números son solo de la población total (salvo en el caso del censo de 1887) y los arrestos fueron realizados sobre adultos y en su abrumadora mayoría se trató de hombres.

Según esta información, en 1858 en Santa Fe vivían 6102 personas; en 1869, 10670, y en 1887, Santa Fe tenía 15099 habitantes. El primer censo con el que puede establecerse una comparación más confiable (por el número de partes disponibles para los años cercanos a su confección) es el de 1869. En la tabla 1 se muestra porcentajes estimativos.

Tabla 1. Porcentaje de arrestos, de acuerdo con una población
de 10670 habitantes

1867

1869

1872

Número de arrestos

358

204

276

Porcentaje sobre la población (según censo de 1869)

3,35%

1,91%

2,58%

Se trata de porcentajes muy relevantes, si se considera asimismo que los únicos delitos contra las personas y contra la propiedad que están computados en ese recuento son las capturas por “robo” y “robo de ganado” realizadas dentro de la ciudad[102] y, contra las personas, las heridas en situaciones en que lo que motivara el arresto fueran faltas de pendencia o ebriedad.

La tendencia de los arrestos, si bien presentó fluctuaciones, fue ascendente (gráfico 2). Al considerar los 14206 habitantes que calculó el censo de 1887,[103] los 411 arrestos de 1881 (año en que la población era menor) suponen un 3,1% de la población. Si de ellos se recorta a los hombres entre 15 y 50 años, se obtiene que el porcentaje total de arrestados sobre el total de varones entre 15 y 50 años fue del 10%. De esta forma, la preocupación por regular los comportamientos desordenados creció a medida que nos acercamos a fines de siglo. Como se ve en el gráfico 1, aunque con fluctuaciones importantes, el número de detenciones fue en alza.

Gráfico 1. Cantidad de presos por año

graf1_moralstafe_cap3

 

Dentro de esta preocupación creciente, podemos delimitar algunas tendencias. En gráfico 2, puede verse el número de arrestos en todo el período según la causa, lo que permite comenzar a desagregar la presencia de estos comportamientos así como los “ciclos de atención” del control sobre ellos.

4.

Lo que primeramente sobresale en este gráfico es la gran cantidad de detenciones por ebriedad en comparación con los demás motivos. De un total de 2075 arrestos, 667 fueron por ebriedad; 76, por ebriedad y escándalo; 121, por ebriedad y portación de armas prohibidas, y 11, por ebriedad y heridas, lo cual asciende al 32% del total de arrestos del período. En adición a ello, se trata de detenciones que sostuvieron números regulares, frente a otros motivos como la falta de papeleta de enrolamiento o el incumplimiento de contrato (artículos 20 y 21) que, aunque cuantitativamente relevantes, se concentraron en unos pocos años.

Como se desprende del gráfico 3, y si bien hubo variaciones, el camino general de los arrestos por ebriedad es ascendente. Comparando los gráficos 2 y 3, puede reconocerse cómo, en 1881, año en que tuvieron su pico los arrestos por incumplimiento del contrato laboral (45,1% del total del año), la ebriedad disminuyó notoriamente como causal de arresto (14,3%) respecto a 1878 (57,7%), ante lo cual es más probable pensar en un cambio de la atención policial más que en una repentina disminución en el consumo de alcohol.

Gráfico 2. Cantidad de arrestos en el período, según la causa

graf2_morastafe_cap3

Gráfico 3. Porcentaje de arrestos por ebriedad por año
en el total de arrestos

graf3_moralstafe_cap3

Si analizamos más de cerca las detenciones por ebriedad, comprobamos que “ebriedad y heridas” es, por un margen muy grande, el motivo menos numeroso dentro de esta categoría. Desde ya, no escasearon las situaciones de conflicto, de tensión y de violencia ligadas a la bebida y, de hecho, los números evidencian que la preocupación por esto resultó una constante.

En marzo de 1872, fue muerto Tomás Mendoza, un individuo que se hallaba, según el informe, “intentando pelear al dueño de la casa [de negocio] de Sirilo Basualdo”. El jefe de Policía envía una comisión a aprehender a Mendoza, que (según consta en el parte final, pero no en el primer informe del comisario de sección) andaba “ebrio corriendo a mujer y otros vecinos con la intención de matarlos”. Confrontado por los soldados, se resistió a la comisión “sin embargo de habérsele intimado orden de rendirse tres veces”. En ese momento, “atropelló empuñando un puñal contra la comisión”. Esta, “viéndose ultrajada por un insolente de esa manera, no hizo sino un tiro de defensa. Ha resultado de este incidente haber muerto dicho Mendoza”.

El informe del jefe de Policía consigna que Mendoza logró arrebatar un revolver de uno de los soldados de la comisión y con él les apuntó; luego, sin embargo, se afirma que los atacó con un cuchillo. El parte del comisario de sección consigna que Mendoza tenía ya un arma, antes de la llegada de la comisión.[104]

Sin embargo, las situaciones públicas de violencia interpersonal que hayan resultado en arresto a causa de la bebida fueron sensiblemente menores a la cantidad de veces que se detuvo a sujetos “solo” por beber, e incluso menores a los arrestos por “heridas” donde no se consigna ebriedad (fueron 58).

Sin duda, la forma irregular en que los motivos fueron anotados incide en las cantidades que pudimos sistematizar. Ahora bien, algo que sobresale en los partes (que el gráfico no muestra) es que de los 58 casos de presos por heridas, más de la mitad corresponde a policías en servicio. En estos casos, sí, tenemos testimonio de un vínculo más directo entre la bebida y episodios de violencia entre los agentes, que, sin embargo, tampoco merecen una lectura lineal, pues muchas veces el estado de ebriedad fue más una herramienta acusatoria entre policías y un elemento de posicionamiento ante las autoridades que un hecho comprobado. A diferencia de lo sucedido con otras faltas, la presencia de la ebriedad creció tanto en los discursos de la elite como en la cantidad de casos sancionados por la Policía. Lo que sin embargo se destaca es que, en estas últimas, la incidencia cuantitativa de episodios de ebriedad y violencia es muy reducida frente a la entrada de presos por ebriedad como motivo único. En este sentido, el énfasis en la amenaza de violencia que suponía la figura del “ebrio” no parece haberse reflejado en las prácticas de los sujetos controlados.

Gráfico 4. Ebriedad. Porcentaje de arrestos por tipo de ebriedad

Gráfico1

En relación con ello, las penas aplicadas a casos de ebriedad son de las más variadas que han quedado asentadas para una misma falta. Desde los cuatro pesos de multa o dos días de arresto que estipulaba el Reglamento, hasta los treinta días de trabajos públicos que se le aplicaron a Felipe Basualdo en marzo de 1867,[105] pasando por la pena de servicio en la partida celadora de la Policía.[106]

5.

Otro ciclo de atención en que la ebriedad estuvo muy presente aunque ligada a otras faltas se desarrolló con el pico de alzamientos intraelitarios en la ciudad. Entre 1876 y 1878 se registran números altos en las detenciones por ebriedad y causas relacionadas, de la mano de un incremento notable en las detenciones por portación de armas prohibidas (respecto de esta misma falta para años anteriores). Frente al peligro de reclutamiento opositor, aumentó el control de portación de armas, a la vez que las detenciones grupales en lugares de ocio donde se consumía alcohol, y fue en dos coyunturas reconocibles (1872[107] y 1876-78) cuando existió un mayor control de estas faltas.

Los arrestos por estas causas, en 1872 fueron 89 (el 32,2% del total anual); en 1876 y 1878, de 577 detenciones por faltas contra el orden, 155 fueron por este conjunto de causas (el 26,9%).[108]

Junto al aumento de arrestos por portación de armas vemos consolidarse, también en estos años, la tendencia de que las detenciones fueran realizadas en situación y lugares de ocio tales como bailes y casas de negocio. Es el caso del arresto de Esteban Piedrabuena y Benjamín Gordillo “por heridas inferidas a Elías Farías en la casa de negocios de Don Toribio Gálvez”. En estas situaciones, no siempre se menciona la portación de armas prohibidas como causa de arresto, pero sí se consigna si las heridas fueron hechas por arma de fuego.

De los numerosos casos registrados, la gran mayoría tuvo lugar en reuniones en casas de negocio.[109] Algunas de las descripciones de los partes se detienen más en caracterizar a los sujetos que en la descripción de los hechos. Es el caso del arresto de Juan P. Navarro, quien, en una casa de negocio del norte de la ciudad, hirió a un vecino con una lanza. En este parte, se dice del agresor que

No es la primera vez que este individuo comete esta clase de delito; y á más no hay quien lo vea emprender trabajo de ninguna clase, no tiene bienes que le aseguren su existencia y la de su familia; pero ellos viven como otros con recursos, por lo que todo el vecindario tiene sospechas que vivirán de raterías, como es justo presumir. Se hará un servicio al vecindario colocando a este individuo donde no pueda volver a la vida bagabunda que ha llevado hasta hoy.[110]

En otras ocasiones, las notaciones eran más austeras en la información que brindaban: el 20 de febrero de 1875, once individuos fueron “remitidos presos por el comisario de la segunda sección por armas proividas y escándalos cometidos en las calles públicas de esta ciudad”.[111]

Estos episodios tenían lugar, sobre todo, en el extremo norte de la ciudad, en cercanías del puerto y de dos de las plazas de carretas que funcionaban en sus inmediaciones. Allí existían también prostíbulos (los que, sin embargo, no son anotados como tales en numerosos partes policiales que dan cuenta de incidentes dentro o cerca de ellos), aunque había lugares de reunión “tradicionales” que congregaban una cantidad importante de hombres armados sobre una base casi diaria en pleno barrio sur lindante con la sede del gobierno (Pérez Martín, 1965).

La diferencia más tangible en los ciclos de atención del control policial entre las dos coyunturas emerge al considerar otras fuentes. Lo que se percibe, y fue desarrollado en el capítulo 1, es una consolidación de la idea de que la violencia civilizada de la elite ya no es la amenaza primordial, sino la incivilizada de los sectores populares. Decíamos que luego de 1878 se distendieron, en los discursos públicos, las amenazas sobre que la barbarie sobrevendría de la mano de los adversarios internos y la construcción de sentido se hizo a partir de este consenso. Las advertencias se dirigieron con mayor consistencia a los sectores “externos” o fronterizos y ello reforzó el tópico de que la garantía del orden estaría dada por la labor de las autoridades. Es decir, finalizado ese último ciclo revolucionario de violencia interna, la violencia social se proponía discursivamente como proveniente del exterior de la sociedad. Los sujetos que la generaban no pertenecían a la sociedad civilizada, la que —podía ya afirmarse— había superado sus “funestas tradiciones de violencia y anarquía”.[112]

Este mensaje del gobernador Servando Bayo fue emitido con posterioridad al segundo alzamiento armado de 1877 que se desarrolló en Rosario (los protagonistas del primero habían sido indultados). Más allá de que la política nacional de la “Conciliación”[113] haya establecido para el gobernador el imperativo de moderar los embates facciosos, y aun a pesar de su fracaso, pueden reconocerse en este mensaje los consensos culturales en torno a la cuestión de la violencia que intentaban plantearse en el terreno político. En esta clave, ubicar las razones de la violencia en actores externos puede leerse, entendemos, como una salida negociada al interior de las elites para establecer un sentido sobre el ya pasado violento de la sociedad. Una construcción de sentido que no solo exculpara a los sectores rebeldes, sino que permitiese situar simbólicamente a la violencia como algo pasado.[114] En estos discursos, ello se ve en dos formas: los alzamientos ya no tienen lugar, se los ha abolido; los sujetos sociales que les dieron su impronta (criminales y salvajes) no forman parte de la sociedad presente, civilizada, pacífica.[115]

6.

Vale mencionar el número reducido de arrestos por deserciones, considerando las lamentaciones constantes de los funcionarios. Sin embargo, en este caso incide notablemente el recorte previo realizado sobre los partes, de los cuales solo listamos las detenciones realizadas dentro de la ciudad. Existió una causa también numerosa de entrada de presos, “por orden superior”, en la que es de suponer que hayan sido incluidos casos de desertores apresados. Algo similar ocurre con el delito de vagancia, uno de los que menor incidencia tuvieron en la ciudad (como hemos mencionado, existieron 27 presos listados por vagancia, el 1,3% del total).

Otro contraste entre los casos efectivos y las representaciones más acuciantes emerge al considerar el juego ilegal. Amén de volverse objeto de reflexiones, denuncias y admoniciones varias conforme se acercaba la década de 1890, existieron pocos arrestos (y también multas) por este motivo (26 detenciones en todo el período, de las cuales 11 pertenecen a 1881). Sí comenzó a tener mayor relevancia hacia 1890 y en adelante, pero menos en la capital provincial que en pueblos y colonias más pujantes (como Rafaela), según los partes de jueces de paz y las denuncias de la prensa. En el período revisado, el juego ilegal tuvo poca incidencia en las prácticas de control de la Policía en la ciudad, de guiarnos por los documentos de esta institución.

Con respecto a los sujetos apresados, en la gran mayoría de los casos no existe información sobre su profesión, edad o procedencia. Son contados los partes en que se consignan esos datos. En la tabla 2, se ofrece un esquema de qué información puede recogerse de los partes revisados entre 1859 y 1865. Cabe destacar que, luego de estos años, la información sobre los sujetos aparece más espaciadamente en los partes diarios[116] (salvo que se trate de extranjeros o de policías)[117] y debe buscarse en algunos informes de comisarios y jueces de paz, así como en sumarios. El inconveniente que ello presenta es que no puede establecerse un paralelo directo entre los arrestos y ciertas características sino solo una estimación de cuáles son los datos, de los que sí existen, que predominan en las fuentes policiales.

Tabla 2. Procedencia y ocupación de sujetos arrestados

Fecha

Motivo

Presos

Género

Ocupación

Procedencia

Considera­ciones

11/01/1859

deuda

1

17/02/1859

pendencia

1

hombre

Carretillero

01/06/1859

deserción

1

hombre

individuo

05/07/1859

pendencia

1

hombre

ciudadano

1/1/1865

18/1/1865

preso criminal/indi­viduo

15/2/1865

vagancia

1

hombre

vago incorregible

ebriedad y vagancia

1

hombre

25/2/1865

heridas

1

hombre

vigilante

pendencia

1

hombre

sargento

4/3/1865

falta de papeleta

2

hombre

indígenas

1/1865

deserción

1

hombre

individuo

1

hombre

Don

26/01/1866

heridas

1

hombre

sargento

En los partes diarios y las listas de multados, algunas de las ocupaciones nombradas son las de carrero, dueño de casa de negocio, peón y sirviente. El subgrupo que sí se consigna regularmente es el de los soldados en general y específicamente los efectivos de Policía, ya que constan los casos de alta en el servicio como castigo a faltas reiteradas; y de baja por infracción a artículos del reglamento (primordialmente: ebriedad y escándalo; ebriedad y pendencia; faltas en el servicio). Este tipo de casos son muy numerosos; en algunos de ellos, como el del soldado Sosa, se conjugaban todos estos motivos en un episodio:

anoche como a las diez y media, teniendo conocimiento que dos soldados de los de la Guardia de esta Policía habían salido sin la previa licencia del Comisario de Servicio o Sargento de Guardia y se encontraban en una pulpería embriagándose, ordené al Mayor Narciso Navaja fuese a traerlos. No fue difícil conseguir de uno de ellos, pues a la orden del citado Mayor se vino a esta Policía, más el otro llamado Ramón Sosa lejos de obedecer se insubordinó negándose a venir como se le ordenaba y sacó un cuchillo para acometer a Navaja, diciéndole que lo había de matar, este se vio en la penosa necesidad de hacer uso de sus armas hiriendo a Sosa de una estocada en el costado, y un tajo en la cabeza. Inmediatamente de traído el herido a este Departamento, fue visto por el médico de Policía quien después de la primera cura ordenó se le pasara al Hospital, lo que se ha efectuado en la mañana de este día. Debo advertir a Su Señoría que a más de las repetidas faltas que comete el soldado Sosa, esta es la segunda vez que se insubordina al mayor Narvaja y entonces como ahora le ha puesto en el caso de hacer uso de sus armas.[118]

A Sosa se lo detuvo por abandonar el servicio, por embriagarse y por insubordinarse, a lo cual el primer oficial que firma el parte agregó que era reincidente. Algo que este informe tiene en común con la mayoría de los que relatan episodios de pendencia, ebriedad u otros problemas en la tropa es el detalle de explicitar por qué se halló justificado el accionar de la autoridad. Por lo general, como en este caso, tenía que ver con la irracionalidad del accionar de los reprendidos: “es la segunda vez que se insubordina (…) y entonces como ahora le ha puesto en caso de hacer uso de sus armas”.

De los 2075 arrestos contabilizados en los diez años que se exponen en los gráficos, en 103 ocasiones se anotaron como efectivos policiales los sujetos apresados dentro de la ciudad (gendarmes, serenos, vigilantes, sargentos, comisarios e incluso un primer oficial), sin contar los presos por deserción, que se descuenta pertenecían a alguno de los cuerpos militares.

De ellos, al menos 65 fueron por los motivos combinados de ebriedad y abandono del servicio e insubordinación o escándalo. Sin embargo, es probable que ese número sea de hecho mayor, teniendo en cuenta que dentro de las numerosas entradas “por orden superior” (unas 230) presumiblemente muchas de ellas se trataron de efectivos de los distintos cuerpos militarizados. Sí es sensiblemente menor la cantidad (listada) de efectivos presos desde 1881, aunque existieron casos en los que fueron apresados sujetos que habían sido dados de alta en meses y años anteriores.

Como se trataba de períodos de trabajo cortos, que generalmente terminaban en el abandono del puesto, no puede saberse si, aun no habiendo sido anotados como tal, se trataba de sujetos activos en la fuerza al momento de ser apresados. Sin embargo, sí se refuerza la noción, planteada ya por Sandra Gayol (1996) para el caso bonaerense, de que el universo de hombres que era apresado y el de los que integraban la fuerza policial en buena medida se superponían.

A la luz de los números expuestos, que delinean un paisaje en el cual los que presumiblemente eran los mismos hombres presentan (desde las prácticas identificadas y controladas por la Policía) números muy dispares de actos violentos dependiendo de si estaban dentro o fuera del servicio policial, volvemos, seguidamente, sobre ejemplos de relato de los episodios dentro de la fuerza que involucraron situaciones de violencia, dado que, en esta diferencia, algo habrá por decir sobre el rol que la ebriedad, la pendencia, la violencia cumplió para estos hombres, puestos a vigilantes. Además porque, al persistir notoriamente en el tiempo (vimos cómo, en vez de difuminarse, esta cuestión se acentuó hacia el cambio de siglo), puede inferirse también que dejó una “huella” en el proceso de conformación de las relaciones sociales al interior de la Policía santafesina.


  1. Parte de Indalecio Pizzaro, Comisario del Paso de Santo Tomé, ante el requerimiento de informe por parte del Jefe de Policía de la Capital, Coronel José M. Ávalos. Archivo de Gobierno, “Correspondencia del Departamento Central de Policía”, 8 de marzo de 1865.
  2. Elías afirma que “la estabilidad peculiar del aparato de autocoacción psíquica, que aparece como un rasgo decisivo en el hábito de todo individuo ‘civilizado’, se encuentra en íntima relación con la constitución de institutos de monopolio de la violencia física y con la estabilidad creciente de los órganos sociales centrales. Solamente con la constitución de tales institutos monopólicos estables se crea ese aparato formativo que sirve para inculcar al individuo desde pequeño la costumbre permanente de dominarse” (Elías, 2010: 453).
  3. Carrasco, Gabriel, Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, 1887.
  4. Una de las medidas que contribuyó notablemente al despegue rosarino fue la política de entrega de tierras a quienes hubiesen prestado servicio en el frente de la Guerra de la Triple Alianza o la frontera, lo que propició una concentración de la propiedad en manos de un sector rosarino que se consolidaría en el comercio (Dallacorte, 2009: 23).
  5. Hacia mediados de la década de 1870, existieron algunas medidas que tendieron a aplacar el verticalismo, a la vez que persiguieron darle mayor estabilidad a la estructura política del Estado, como la sanción del sistema bicameral, del cargo de vice gobernador así como la ley orgánica de municipalidades, del año 1872. Sin embargo, estas no tuvieron una suerte inestable (Gallo, 2007).
  6. El Santafesino, Santa Fe, 13 de marzo de 1877.
  7. El Santafesino, Santa Fe, 13 de marzo de 1877.
  8. El Santafesino, Santa Fe, 26 de julio de 1878.
  9. Archivo de Gobierno, “Notas de los Jueces de paz de la Provincia”, 30 de mayo de 1865, folio 448.
  10. Hacia los años finales del siglo, los episodios de inconducta policial aún eran interpretados, por la oposición, como formas del situacionismo oficialista para reprimir a sus opositores, especialmente en el contexto de la intervención nacional de 1894. El liberal, 27 de noviembre de 1892, 147; Unión Provincial, 4 de marzo de 1894; El Chaco Chico, 7 de febrero de 1896.
  11. Desde una perspectiva estrictamente materialista como la de este autor, “el control de la pobreza era considerado una necesidad debido a la vinculación que se percibía entre todas las formas de conducta desordenada como la mendicidad, los delitos, las apuestas y la bebida (…) Era casi como si todas las actividades de alteración del orden se resumieran bajo la categoría de ocio (Neocleous, 2010: 50 y 51)”.
  12. Estos artículos pueden considerarse ejemplos de las prácticas “inmovilizantes” de una mano de obra reacia a adaptarse que fue prioritaria en las prácticas de control en el espacio social de la campaña (Alonso, 2007; Barral, 2007; Fresia, 2012). Aun así, esta cuestión requiere de un análisis más profundo al considerar la relación práctica-normativa, pues estas faltas estaban a su vez prescriptas en la sección del Reglamento destinada a la Policía de Campaña. Registro Oficial, Sanción legislativa aprobado el Reglamento de Policía Urbana y Rural, 31 de agosto de 1864.
  13. Datos construidos a partir del relevamiento exhaustivo de los partes diarios del Departamento Central de Policía de La Capital. Véase apartado 2 del presente capítulo.
  14. Hacia fines del siglo, hubo dos cambios importantes con miras a la reestructuración institucional de la Policía: la presentación del Código de Policía en 1895 y la creación de la Inspección General de Policía, en 1896. Registro oficial de la Provincia de Santa Fe, 1897 (Galvani Celso, 1993: 43).
  15. Tiburcio Aldao, jefe de Policía desde 1865 a 1866, luego fue municipal y en 1867 gobernador delegado así como presidente del club del orden, al igual que Manuel Echague, que también fue presidente de la Tercera Orden Franciscana y vicegobernador desde 1872 hasta 1878. Cándido Pujato fue médico de Policía desde 1864 a 1866; intendente de Santa Fe (en 1871, 1873 y 1881), vicegobernador (1882-7) y presidente del Consejo de Higiene de la Provincia en 1887; Dermidio Luna antes de ser jefe de Policía fue juez de paz del Cuartel tercero de la ciudad e integró la comisión directiva del Club del Orden de 1854 a 1860; De Diego, Mariano Bernardo, ANALES. Contribución a la historia de Santa Fe.
  16. La historia de la Policía provincial es una vacancia importante para el período. Existe una obra que compila, a modo de una descripción escueta, laudatoria, algunas características de la institución y mojones en su devenir. Se trata de Historia de la Policía de Santa Fe libro del comisario Galvani Celso, editado en 1992.
  17. La supervisión de la educación, dentro de las tareas que no tenían relación con el control de ilegalidades, siguió siendo parte de las responsabilidades policiales, pero ligada cada vez más al control estatal de la información, y no de manera regular, sino supeditada a medidas concretas del Ejecutivo provincial, como realizar censos escolares. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 9 de septiembre de 1882.
  18. Archivo de Gobierno, “Notas, leyes y decretos de la Honorable Cámara de Representantes”, 6 de septiembre de 1865, folio 117.
  19. “Sanción legislativa aprobando el Reglamento de Policía urbana y rural dictado en octubre de 63”, Registro Oficial de la Provincial de Santa Fe, año 1864, p. 210.
  20. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 4 de abril de 1866.
  21. El Santafesino, 20 de febrero de 1877.
  22. Archivo de Gobierno, “Notas del jefe del Departamento Central de Policía de esta Capital”, 15 de mayo de 1865.
  23. Entre 1865 y 1868, las quejas de la Jefatura de Policía con respecto al proceder del juez del crimen fueron numerosas. En uno de los partes, el jefe relata cómo el ecónomo del Hospital dio aviso de que la madrugada anterior se había escapado de allí un preso, que el juez había enviado “para que se curen sus dolencias, a pesar de que éste Departamento ya había hecho presente al citado juez la inseguridad que se tenía para mandar presos criminales pues que no teniendo el Departamento cómo establecer allí una guardia, no podía responder de la seguridad de individuos de esta clase. Así que el infraescripto tomó conocimiento de la fuga del citado Acuña, lo comunicó al Sr. Juez del Crimen y pasó circulares para conseguir la aprehensión de [este] individuo”. Archivo de Gobierno, “Notas del jefe del Departamento Central de Policía de esta Capital”, 12 de mayo de 1866.
  24. Carrasco Gabriel, Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Rosario, Imprenta de Carrasco, 1882, p. 8.
  25. Carrasco Gabriel, Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Rosario, Imprenta de Carrasco, 1882, p. 12.
  26. Carrasco Gabriel, Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Rosario, Imprenta de Carrasco, 1882, p. 7.
  27. En el caso de la ebriedad, el art. 6 inciso 6° del Código explicita que quienes “abusaren habitualmente de bebidas alcohólicas” no podrán desempeñarse como policías”. Carrasco, Gabriel y García González, José, Proyecto de Código de Policía Urbana y Rural para la provincia de Santa Fe. Buenos Aires, 1895, p. 5.
  28. La “escasez” en materia de la presencia de los documentos administrativos en la práctica de las instituciones también incluyó el Registro Oficial. Gabriel Carrasco no dudó en calificarlo de “curiosidad bibliográfica” al decir que para 1880 no había “sino 5 copias del mismo en toda la provincia”. Carrasco Gabriel, Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Rosario, Imprenta de Carrasco, 1882, p. 12.
  29. Para el caso del jefe político, Carrasco reproduce un decreto de 1854, que no fue reformado en el período.
  30. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 22 de agosto de 1865, folio 1460.
  31. Carrasco, Gabriel y García González, José, Código de Policía, Imprenta Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1895, p. 3.
  32. Carrasco, Gabriel y García González, José, Proyecto de Código de Policía Urbana y Rural para la provincia de Santa Fe. Buenos Aires, 1895, Nota de remisión, p. XI.
  33. Archivo de Gobierno, “Notas, leyes y decretos de la Honorable Cámara de Representantes”, 6 de septiembre de 1865, folio 117.
  34. Archivo de Gobierno, “Notas de los Jueces de Paz de esta Provincia”, 21 de mayo de 1865, folio 447.
  35. Archivo de Gobierno, “Notas, leyes y decretos de la Honorable Cámara de Representantes”, 6 de septiembre de 1865, folio 121.
  36. Archivo de Gobierno, “Notas de las municipalidades de esta provincia”, 9 de febrero de 1872, f. 1689.
  37. Archivo de Gobierno, “Notas de las municipalidades de esta provincia”, 9 de febrero de 1872, f. 1689.
  38. Archivo de Gobierno, “Notas de las municipalidades de esta provincia”, 9 de febrero de 1872, f. 1690.
  39. Archivo de Gobierno, “Notas de las municipalidades de esta provincia”, 2 de junio de 1873, f s/n.
  40. Registro Oficial, Sanción legislativa aprobado el Reglamento de Policía Urbana y Rural, 31 de agosto de 1864, p. 210.
  41. Registro Oficial, Sanción legislativa aprobado el Reglamento de Policía Urbana y Rural, 31 de agosto de 1864, p. 211.
  42. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 30 de mayo de 1865, folio 309.
  43. Al tratar la efectividad de las penas por reincidencia, Carrasco anota que el problema de los “borrachos consuetudinarios” es grave y que “no se crea que es una suposición gratuita pensar que puede haber ebrio que reincida veinte veces; hay algunos en el Rosario, que se pasan el tal estado la mitad de la vida, y que, puede decirse, viven perpetuamente en la cárcel, porque no tienen cómo pagar la multa”. Carrasco, Gabriel, Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Rosario, Imprenta de Carrasco, 1882, p. 33.
  44. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, “Estado demostrativo de las cuentas…”, 1866 a 1869 (folios 684; 717; 754; 780; 818; 844); 1871 (31 de diciembre, folio 1338); 1872 (26 de enero, folio 1338); 1874 (1 de mayo, folio 162).
  45. También existieron múltiples decretos y prescripciones del Poder Ejecutivo ordenando a la Policía dar informe fiel de las entradas por marchamo, corrales y abasto. Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, tomo IV, 1863 a 1865, p. 119. Estos comenzaron a ser incluidos en los partes diarios de forma sistemática solo desde mediados de la década de 1870. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, años 1874 a 1884.
  46. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, años 1874 a 1884. Tomo 63, folio 115.
  47. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 24 de febrero de 1865, folio 1324.
  48. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 24 de febrero de 1865, folio 1327.
  49. Archivos, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, “Estado demostrativo de las cuentas…”, 30 de abril de 1869, folio 818.
  50. El santafesino, 22 de mayo de 1877.
  51. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 4 de mayo de 1866.
  52. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 14 de octubre de 1866.
  53. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 13 de noviembre de 1866. Sobre lugares disponibles para alojamiento de presos, solo en mayo de 1877 se construyeron “algunas piezas y corredores en el departamento Central de Policía de la Capital (…)”. Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, Tomo VI, “Municipalidades”, Santa Fe, Imprenta Oficial.
  54. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 7 de abril de 1876, folios 414 a 417.
  55. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 7 de abril de 1876, folio 414.
  56. Las fuentes del departamento registran la aprobación del proyecto de construcción de la cárcel federal entre las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Archivo de Gobierno, “Notas de los Ministerios y demás reparticiones nacionales”, 8 de octubre de 1877. Para una descripción del tratado suscripto entre las tres provincias y el gobierno nacional, véase Levaggi (2002: 81).
  57. Mensaje a las cámaras legislativas del gobernador Gálvez, 1888. En Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, Tomo VI, Santa Fe, Imprenta Oficial, p. 331.
  58. Memoria presentada por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia a las Honorables Cámaras Legislativas en 1892, Santa Fe, tipografía de La revolución, 1892, p.8.
  59. Un punto importante de este proceso fue la escisión de funciones con otras agencias estatales. En primer lugar, la efectivización de la separación de áreas de injerencia con la municipalidad, establecida desde 1872 en la Ley Orgánica de Municipalidades pero largamente demorada. “Libro de actas del Consejo Ejecutor de la Ciudad de Santa Fe”, tomo I, 21 de enero de 1873, Municipalidad de Santa Fe. En segundo término, la normalización administrativa que diferenció las atribuciones de la Policía y la Justicia, que solo comienza a cristalizar a comienzos de la década de 1890, de la mano de la reforma de la Constitución provincial de ese año. Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, Tomo VI, Santa Fe, Imprenta Oficial, p. 330.
  60. Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, VI, Santa Fe, Imprenta Oficial, p. 233.
  61. El Código de la Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe fue presentado como proyecto ante las Cámaras siete años después de este mensaje; la división de esferas de injerencia con la Justicia comenzó a tratarse en 1888 y en 1982 todavía no estaba sancionada. Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, tomo VI, p. 320.
  62. Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, tomo VI, Santa Fe, Imprenta Oficial, p. 233.
  63. Sobre reclamos por más personal para la cárcel de detenidos de Rosario: “así se independizará la guardia, prohibiéndole tener tratos contratos ni conversaciones con los presos, como sucede en las cárceles bien organizadas de modo que la vigilancia mutua de todos los guardianes de los presos, redunda en su mayor seguridad. Esto es tanto más conveniente cuanto que en la nueva Cárcel es necesario implantar un régimen severo de moral y disciplina, que haga de ella lo que debe ser”. Memoria de la Exma. Cámara de Apelación de la 2ª circunscripción judicial, 14 de abril de 1893, Imprenta Oficial, p. 101.
  64. “El P.E que desde hace años conoce esas necesidades no pudo antes de ahora ponerles eficaz remedio á consecuencia de la situación angustiosa porque pasó el tesoro de la Provincia durante esos años de conmociones políticas y de profundo abatimiento económico [en referencia a las sublevaciones radicales y de colonos y a la crisis del año 1890]”. Memoria presentada por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia a las Honorables Cámaras Legislativas en 1892, Santa Fe, tipografía de La revolución, 1892, p. 8.
  65. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 13 de noviembre de 1866.
  66. Esta opinión, que corre el eje del problema de la deficiencia punitiva de la Policía a la Justicia, fue enunciada durante una reestructuración del Poder Judicial (con la ansiada implementación del Código de Procedimientos y la Ley Orgánica de Tribunales). Memoria presentada por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia a las Honorables Cámaras Legislativas en 1892, Santa Fe, Tipografía de La Revolución, 1892, pp. 5-8.
  67. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 2 de octubre de 1867.
  68. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de policía de esta Capital”, 10 de octubre de 1865; 6 de mayo de 1869.
  69. El juez de paz de San José solicitó que el jefe de Policía intermedie su reclamo con el Poder Ejecutivo, dado que para los seis efectivos que había en la localidad, tenía armas y vestuario para dos: “Solo el Sargento y el Cabo cargan sable y los soldados en nada se distingue que lo sean”. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 5 de mayo de 1865.
  70. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 27 de julio de 1881, folio 336, tomo 65.
  71. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 28 de marzo de 1866, tomo 27, folio 1881.
  72. El independiente, Rosario, 17 de diciembre de 1885, p. 1.
  73. La Capital, Rosario, miércoles 15 de abril de 1874.
  74. El Municipio, Rosario (presumiblemente 1892/3).
  75. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 23 y 25 de enero de 1867; 9 de abril de 1867; 30 de octubre de 1868; 2 de enero de 1869; 4, 5, 17 y 22 de febrero de 1869. También, casos de hombres que entrando como voluntarios en otros cuerpos militares entraban presos por infracciones al orden y eran dados de alta en la Policía. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 13 de enero de 1866.
  76. Las quejas de funcionarios policiales al gobernador a este respecto son numerosas a lo largo de la segunda mitad del siglo. Sin embargo, es interesante destacar que se hacen más espaciadas a partir de 1879 y 1880, años en que la resolución armada de las pugnas políticas dio paso a algunos años de estabilidad. AGPSF, Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 28 de mayo de 1870; 19 de agosto de 1872.
  77. El subteniente Nicandro Yenio abandonó la guardia de la cárcel pública “lléndose a un baile dejando el punto en completo abandono”. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 23 de agosto de 1867; apresaron a un grupo de soldados que “han abandonado su guardia para embriagarse”, 14 de julio de 1869.
  78. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 10 de octubre de 1865; 22 de diciembre de 1865.
  79. Algunas otras causas fueron: la certificación de “ser inútil para el servicio” del médico de Policía (12 de marzo de 1867); la sospecha de robos reiterados en el cuartel. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 1881, folios 348 a 362.
  80. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 3 de enero de 1865.
  81. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 2 de abril de 1881, folio 156.
  82. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 22 de marzo de 1867.
  83. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 31 de marzo de 1867; 30 de noviembre de 1867; 30 de octubre de 1868; 4 de febrero de 1869 (tres hombres que desertan el 5 de marzo siguiente); 16 de febrero de 1869; 22 de febrero de 1869; 2 de febrero de 1872.
  84. El Censor, diario de la tarde, Santa Fe, 21 de octubre de 1897.
  85. Archivo de Gobierno, “Notas varias”, 28 de septiembre de 1865.
  86. Archivo de Gobierno, “Notas varias”, 28 de septiembre de 1865.
  87. Como el caso de un soldado que se reveló contra la comisión de Policía que intentaba arrestarlo por estar ebrio durante el servicio, acto en el que logró robarle la carabina a un integrante de la comisión y herir al capitán. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 5 de enero de 1869.
  88. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 15 de mayo de 1874, folio 207.
  89. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 15 de mayo de 1874, folio 207.
  90. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 15 de mayo de 1874 (subrayado en el original).
  91. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 29 de febrero de 1872, f. s/n.
  92. Las reincorporaciones eran por captura y, en ocasiones, porque el desertor se presentaba voluntariamente, como el sargento José Sequeira en 1872. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 6 de febrero de 1872.
  93. Por escándalo, el 14 de febrero de 1866; por ebriedad, el 15 de enero de 1867; por ebriedad y pendencia, el 28 de febrero de 1867; el 4 de noviembre de 1868, fecha en que no se lista el motivo, pero es remitido al juez del crimen, y el parte anota que había sido arrestado, también, días antes. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de la Policía de esta Capital”, 14 de febrero de 1866; el 15 de enero y 28 de febrero de 1867; 4 de noviembre de 1868.
  94. Arrestado por insubordinación (insultos al encargado de la Banda de Música) el 24 de febrero de 1865; por ebriedad el 4 de agosto de 1866 y el 28 de febrero de 1867. Luego de esta última falta es remitido, el 4 de marzo de 1867 a la Frontera, por dos meses. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 24 de febrero de 1865; 4 de agosto de 1866; 28 de febrero de 1867; 4 de marzo de 1867.
  95. Se tuvieron en cuenta dos criterios de selección para exponer las estimaciones cuantitativas: por un lado, que hubiese partes de al menos ocho de los doce meses del año y que, en cada uno de estos, haya partes de al menos la mitad de los días. Este criterio, aunque arbitrario, nos ha permitido establecer ciertos parámetros de comparación entre las que, de otro modo, son fuentes muy “desiguales”.
  96. Además de estas, tuvimos en cuenta ciertas transgresiones contra las personas (heridas, en situación de pendencia y/o acompañando ebriedad) o contra la propiedad (robo, y robo de ganado) que aparecieron ligadas o formando parte de arrestos por faltas contra el orden (o que en determinados casos fueron castigadas por la Policía, aunque esto correspondiera a la Justicia o al Poder Ejecutivo). Otro grupo numéricamente importante de arrestos realizados son aquellos de los cuales no se lista el motivo. En este grupo no se incluye a los realizados “por orden superior”. Estos, aunque hechos por la Policía, no dependían de ella ni en su iniciativa ni en su castigo.
  97. Los años revisados exhaustivamente (aquellos en los que existe el apartado “Notas del Jefe de Policía de esta capital”) fueron: 1850, 1851, 1853, 1854, 1864-1879, 1881, 1883, 1884, 1890. En ellos, el total listado de arrestos realizados por transgresiones contra el orden público y contra el Estado fue de 2880.
  98. En algunas ocasiones, como en el caso de 1865 y 1866, hallamos listados correspondientes a varios meses del año. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 30 de septiembre de 1865, folios 308-312; multados de febrero, marzo, abril, junio, agosto y septiembre de 1866, folios 1882, 1200-1202, 1204, 1208, 1213 y 1216. En la mayoría de los tomos en que hay listas de multados, se trata de meses “sueltos”, como de enero a abril y julio de 1867 (folios 2770 y 2808); mayo, junio, octubre de 1868; febrero de 1869. A partir de mediados de la década de 1870, los multados son incorporados más sistemáticamente en los informes diarios.
  99. En el mes de abril y mayo de 1865, hubo 14 multados; junio, 11; en el de septiembre, 17.
  100. Archivos de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 31 de marzo de 1865, folios 1361 y 1362.
  101. Se trata del primer censo provincial, de 1858; el primer censo nacional, de 1869 y el censo provincial de 1887.
  102. Estos casos nunca estuvieron entre los más numerosos y se trata de situaciones muy variadas. Sin embargo, su número fluctuó de año en año. Por ejemplo, en 1867 los arrestos por robo y robo de ganado representaron el 3,9% y 2,2% del total, respectivamente (frente a un 38,8% de ebriedad y asociadas). En 1869, 7,3% y 7,8% (frente a 28,4%). En 1872, 5,7% y 2,5% (frente a 29,7%).
  103. Censo General de la Provincia de Santa Fe, 1887, p. 22.
  104. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 1 de marzo de 1872, folio 1316.
  105. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 4 de marzo de 1867.
  106. Existieron partes en los que no se detalla el tiempo de servicio, y otros, como el caso de Estanislao González, condenado a servir seis meses. En este caso, sin embargo, a la ebriedad que se imputó en ese momento, las autoridades agregaron el agravante de “incorregible en sus vicios”. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 22 de marzo de 1867.
  107. Otro año en que son más numerosas las detenciones por portación de armas es 1869, en consonancia con el aumento de las advertencias por la presencia de hombres desmovilizados que retornaban del frente de guerra. Es muy probable que este año haya sido el comienzo de una curva ascendente que llega a 1872, con la alarma que generaron los alzamientos.
  108. Frente a estos porcentajes, cabe considerar que los apresados sin causa listada fueron del 4,3 y el 6,7%, respectivamente.
  109. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de la Capital de esta Provincia”, 12 de abril y 8 de agosto de 1863; 28 de diciembre de 1863; 22 de marzo de 1866; 1 de marzo de 1872; 12 de agosto de 1872.
  110. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de la Capital de esta Provincia”, 22/3/ 1867. AGSF.
  111. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de la Capital de esta Provincia”, 20 de febrero de 1875; El Santafesino, 2 de mayo de 1877.
  112. Mensaje de Servando Bayo a las Honorables Cámaras Legislativas (apertura de sesiones ordinarias de 1877), en Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, Tomo VI, Mensajes del Poder Ejecutivo (2° parte), Santa Fe, imprenta oficial, p. 22.
  113. La política santafesina se vio influida por la “Conciliación” puesta en práctica por el presidente Avellaneda, para aplacar el enfrentamiento que había permanecido luego de la fracasada rebelión de Tejedor en Buenos Aires. Este acercamiento fue visto “por los ‘oroñistas’ o liberales como una oportunidad para un gobierno compartido, mediante un reacomodamiento de fuerzas en los cargos ejecutivos y legislativos de Santa Fe. Pero desde el autonomismo local, Servando Bayo, fortalecido tras el fracaso de las sucesivas sublevaciones de 1877” no lo consideró conveniente. “Las condiciones planteadas por la oposición planteaban, en lo político, amnistía a los revolucionarios, procesados o emigrados, pedían una intervención más limitada de las milicias en cuestiones políticas y por ende elecciones con mayores garantías (Damianovich, 1992: 246)”.
  114. Los indultos brindados a un conjunto de insurrectos fue la medida de la política conciliatoria que más discusión provocó: “los hijos de la revuelta y del desquicio han intentado dar otro golpe en la ciudad de Rosario. Sin tiempo para más ni para aducir comentarios, que lo haremos en el siguiente número, solo interrogaremos ¿ES POSIBLE ESPERAR ALGO DE LOS NOMBRES QUE DESPUÉS DE UN CRIMEN DE LESA PATRIA A LAS 24 HORAS DE ESTAR PAGANDO SU CULPA EN UNA CÁRCEL PÚBLICA, EL GOBIERNO, CON UNA INDULGENCIA QUE NO TIENE EJEMPLO, LOS PONE EN LIBERTAD, DEJÁNDOLOS IR TAN TRANQUILOS A SUS HOGARES?”. El Santafesino, 13 de abril de 1877.
  115. De todas maneras, la lectura enteramente negativa de la prensa hacia ciertos sectores no puede tomarse linealmente ya que, en un contexto de escasez de mano de obra, la presencia de delincuentes en las fuerzas públicas fue resignificada: “NUEVOS SOLDADOS – En estos días han traído bastantes presos los cuales han permanecido algún tiempo a disposición del ejecutivo y ahora han sido destinados a servicio militar en el Batallón ‘7 de Abril’. De esta manera ha aumentado el número de soldados; bueno sería también que se reforzara el cuerpo de gendarmes que hace el servicio de policía y que a la 2º y a la 3º sección se les aumentase también el personal de individuos de tropa”. El Santafesino, 22 de mayo de 1877.
  116. Una excepción a esta ausencia de información está alojada en los “cuadros estadísticos del movimiento de presos que ha tenido este Departamento en los años 1868, 1869, 1870 y 1871” publicados en 1873. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 19 de julio de 1872, folio 1479.
  117. Por lo general, la procedencia de los infractores se consignó cuando eran extranjeros. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 3 de septiembre de 1881, folio 91.
  118. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 7 de noviembre de 1869, folio 942.


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