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1 “La cuestión del orden”

Representaciones sobre el orden social
en los discursos estatales

Comenzamos nuestro recorrido por el orden institucionalizado en la ciudad de Santa Fe por un costado que podría aparecer como el último lugar a revisar; como el punto de llegada de una búsqueda que es, aunque solo sobre un aspecto específico, la pregunta por cómo cambió la vida social en Santa Fe: su dimensión simbólica. Por qué no comenzar por las prácticas; por qué no analizar primero qué se hizo y a quiénes se controló. Sin embargo, como dijimos, el problema del orden es elusivo, tiene márgenes difusos y, si no se lo recorta claramente, bien podría acabar englobando toda la vida social. Eso equivale a decir que el orden es una noción abstracta que, de no ser cuidadosos, puede transformarse en una muletilla que termine por atraparnos en una formulación tautológica. Es decir: la necesidad de orden explica las prácticas de ordenamiento, pero ¿qué hace que para una sociedad ciertas transgresiones sean más urgentes, más graves, menos tolerables? ¿Cómo establecer por qué, en esa nueva organización de relaciones sociales asimétricas que se institucionalizaba, se controlaron determinados comportamientos y no otros?

En Santa Fe, un ejemplo interesante sobre una práctica conflictiva fue la ebriedad. Tolerada relativamente por largo tiempo como parte de un arco de costumbres asociadas a los hombres de las clases populares esta se transformó, conforme transcurría la segunda mitad del siglo, en una de las transgresiones más controladas y se la definió como la principal causa de violencia dentro de la ciudad. Sin embargo, el número de casos de episodios violentos ligados a ebriedad no llega ni a un diez por ciento de los arrestos únicamente por ebriedad. ¿Cómo explicar esto? Una de las tesis historiográficas más consolidadas inscribe la redefinición de las faltas y delitos en el proceso general de instauración de relaciones sociales de tipo capitalista y a las necesidades del mercado en formación de disciplinar a una mano de obra renuente a aceptar esas nuevas pautas. Por supuesto, esta transformación tuvo lugar en la región santafesina y sus huellas son palpables tanto en el espacio urbano (Falcón, 1999; Falcón, Megías, y Prieto; 1993) como en el rural (Bonaudo y Sonzogni, 2000; Schmit, 2008). No obstante, ¿alcanza esta comprobación general para, a priori, atribuir a ello todas las transformaciones acaecidas respecto del orden público en la capital de la provincia? ¿Cómo explicar el hiato entre la incidencia real en ella de la violencia ligada a la ebriedad y la marea creciente de alerta que este tema concitó? ¿Cómo conciliar con esta tesis general, sin más, la incidencia exigua que, salvo en coyunturas puntuales, tuvo el control de las faltas que transgredían directamente la dinámica laboral? En resumidas cuentas, ¿es suficiente la tesis de la estructuración de relaciones sociales capitalistas para explicar las coordenadas que siguió la implantación de un nuevo orden en la ciudad? ¿Existieron otras coordenadas que movilizaran o condicionaran estos cambios?

Nuestra hipótesis es que en este contexto de ausencia de hegemonía estatal sobre los sentidos sociales legítimos de los comportamientos y de una fuerte movilidad (social y demográfica) dada por el legado (vigente aún) de la guerra, las primeras oleadas inmigratorias y el demorado aunque certero despegue económico, la moral fue una variable que incidió de manera decisiva en la institucionalización de un nuevo orden. No como una pervivencia de usos de una sociedad quieta[1] de principios de siglo frente a otra, dinámica, de sus postrimerías. Antes bien, como un tópico que logró reunir sentidos compartidos y volverse constitutivo de las prácticas de control del Estado a la vez que de la construcción identitaria y de las estrategias de “sobrevivencia” de distintos sectores. En otras palabras, el imperativo moral (que como veremos se formuló en términos civilizatorios seculares) dio contenido al orden.

Sin menospreciar el peso que, desde ya, tuvo la regulación del trabajo y del ocio como tal (con un fin específicamente económico), nuestra pregunta se direcciona en otro sentido: ¿por qué de manera preeminente se formularon en clave moral —y moralizante— los discursos que participaron de la delimitación de la cuestión del orden?

Porque, amén de lo antedicho, una característica propia de Santa Fe en esos años –que, por otra parte, compartió con muchos otros espacios latinoamericanos— es que el Estado, como unidad social administrativa, política y militar, no estaba conformado plenamente; no se hallaba autonomizado en su funcionamiento ni en sus lógicas de producción de sentido, de los sectores social y políticamente dominantes de la sociedad. Por ello, el monopolio de la dominación simbólica se construía en un pivoteo constante entre una lógica institucional que peleaba por instalarse y hacerse estable, lo que podríamos llamar un ethos cultural de la elite (Losada, 2003), y el terreno de los intereses más concretos y materiales de quienes ocupaban los andamios centrales de esa obra en construcción. Por todo ello, como ha señalado Juan Carlos Garavaglia, para el siglo XIX argentino, la pregunta por la dominación necesariamente debe ser una que incluya al Estado en tanto los hombres que hicieron el Estado (Boudieu, 2015: 274) y a la dimensión simbólica como canal central del establecimiento de hegemonía, en un contexto en el que el Estado no estaba autonomizado de la sociedad, pero también, en el que la escasez de recursos materiales fue proverbial (Garavaglia, 2016).[2]

1.

¿No existe un vínculo esencial entre visibilidad
y moralidad?

Bourdieu, 2015: 76

En la pregunta formulada por Bourdieu se aloja uno de los mayores interrogantes que se nos presentaron, esto es, qué vínculo une a las formas discursivas con las formas prácticas de la dominación; si entre unas y otras solo hay una relación de reflejo o, por el contrario, existe una retroalimentación, algo en cada una de ellas que haga que la otra pueda persistir. La historia social construyó consensos sobre la noción de que lo simbólico actúa en la estructuración y pervivencia de las relaciones sociales de poder; ese es nuestro punto de partida al volcarnos al análisis de las representaciones que el Estado en formación creó y difundió, sobre el orden en la ciudad.

Dicho eso, en este primer apartado nos detenemos un instante en los pasillos internos de las líneas de pensamiento y de análisis que nos han posibilitado hacer cierto tipo de preguntas a las fuentes: de un lado, las que reflexionan sobre el orden y sobre la violencia en sí mismos, con sus implicancias como fenómenos sociales y antropológicos; por el otro, las que piensan las formas discursivas específicas que estas representaciones toman.

Estudios pioneros pusieron de manifiesto mecanismos de construcción de los grandes relatos decimonónicos, discursos luego canonizados, sobre la formación de la nación y la modernización de la sociedad (Terán, 2008; Pratt, 2001; Salessi, 1995; Ferro, 2015) que fueron la base de un sentido hegemónico —que impuso una forma de interpretar y concebir al orden—. Por ello, al detenernos en la dimensión discursiva de las modernizaciones vividas por la sociedad santafesina (aquella escrita, a cuyos fragmentos tenemos acceso) el primer impacto, al encontrarnos con esa gran variedad de ensayos, cartas, textos científicos, administrativos, literarios, poéticos, periodísticos que directa o indirectamente abordan el problema del orden, fue alentador.

Este universo de discursos constituyó un terreno contestado (Salvatore, 2010), una arena de disputa en la que se dirimió qué nociones de orden, de violencia, de modernización y de progreso primarían. En este sentido, la dimensión simbólica de la praxis de los actores (Caimari, 2007: 12) y, como parte suya, la conformación de representaciones y subjetividades, fue una parte constitutiva de la estructuración de un nuevo orden social y presentó la forma de luchas, de tensiones, de disputas, cuyas huellas —siempre parciales— pueden ser identificadas en los documentos. Desde esta perspectiva, que considera los discursos como prácticas sociales, la forma en que una sociedad jerarquiza, clasifica, representa, también nos habla sobre los mecanismos de producción y apropiación de los bienes sociales (materiales y simbólicos).

El presente capítulo considera las representaciones sobre el orden social y, dentro de ellas, analiza la forma en que los sujetos de la elite[3] que integraron el Estado significaron el orden. Para ello, estimamos qué tópicos, figuras e imágenes primaron, así como qué roles y lugares se adjudicaron a los distintos sujetos sociales en ese ordenamiento simbólico. Al considerar que los documentos que analizamos son prácticas discursivas, nuestro análisis se centró en aquello que los documentos visibilizan, es decir, partió de la noción de que en ello, estaban contenidas estrategias, destinadas a producir efectos en la realidad social; en definitiva, la dimensión política de los discursos (Foucault, 2007).[4]

En tal sentido, debimos analizar nudos problemáticos de relación cristalizados en un conjunto de discursos, a los cuales llegamos considerando las representaciones que se construyeron alrededor de ciertos tópicos clave sobre el orden y que no son independientes, aunque sí relativamente autónomas, de los posicionamientos en el espacio social de los sujetos que las promovieron y sostuvieron (Bourdieu, 2013). La misma enunciación e interpretación de la sociedad como un orden (y no como un terreno de enfrentamientos inestables) habla sobre los mecanismos en que una determinada organización de recursos, fuerzas, roles y creencias tiene lugar.

En los documentos, la ausencia estelar es la de los sectores populares; no existen sus representaciones, sino la interpretación de ellas que realizaron quienes escribieron (Scott, 1995; Ginzburg, 1999; Guha, 2002; Chartier, 1992).[5] La enunciación de roles, de valores, de creencias, en una forma que asentó la idea lógica de que el orden precedía a las transgresiones y que, ante ellas, debía ser reinstalado, será una de las principales representaciones compartidas por los sujetos de la elite que, en cuestiones más puntuales, disintieron en sus concepciones y aspiraciones respecto del orden.

Los discursos que participaron de la definición de la cuestión del orden no pueden considerarse por fuera de los roles asumidos por los actores que los formularon y las pugnas específicas que protagonizaron. Sus definiciones de orden, de violencia y del otro estuvieron vinculadas profundamente a los objetivos, filiaciones, coyunturas económicas y políticas así como a un universo más amplio de valores y creencias. En tal sentido, las jerarquías simbólicas no se reducen a relaciones de sentido, sino que reproducen relaciones de dominación puesto que

el mundo social es un universo de presuposiciones: los juegos y las bases que propone, las jerarquías y las preferencias que impone, en resumen el ensamble de condiciones de adhesión tácitas, es tomado por seguro por aquellos que pertenecen a él y que está cargado de valor en los ojos de aquellos que quieren ser de él (Bourdieu, 2013 s/p).

De lo antedicho, se desprende que en el mundo de las representaciones se dirimen conflictos materiales, anclados en relaciones antagónicas entre las diferentes clases que estructuran la sociedad. Por ello, su análisis permite reconocer tensiones y enfrentamientos concretos cuya resolución produjo un sentido hegemónico de qué debía ser y era el orden en la ciudad: ¿qué temas, elementos, tópicos, relaciones, integraban la idea de orden durante el período? ¿Qué prácticas en el espacio público eran valoradas positiva y negativamente? ¿Qué actores sociales fueron definidos como contrarios a ese orden? ¿Qué posibilidades y restricciones a las prácticas de estos suponía dicho orden?

En función de un análisis de este tipo, entendemos las representaciones sociales como formaciones de sentido “poliédricas” (Chartier, 1992) que, por serlo, permiten explorar dos de las características que han sobresalido en la lectura de los documentos. Por un lado, porque pueden entenderse como el conjunto de cadenas intelectuales y mentales determinantes en relación con el mundo social (Chartier, 1993: 3). En esta arista, los documentos son consistentes respecto de los temas, tópicos y las valoraciones hechas: prácticas como la ebriedad, el escándalo, el juego ilegal, la pendencia, la mendicidad, la deserción han sido, en ellos, visibilizadas más que otras y señaladas como las más perjudiciales. Cómo se las describe, la recurrencia con que aparecen, así como los lugares que tienen en los discursos a modo de “argumentos” (estrategias) en el debate de temas diversos, las vuelven centrales.

Por otro lado, las representaciones implican también la construcción de identidades sociales y, de forma concomitante, de la identidad social dominante, que “se muestra, abre, se recibe o se rechaza (…). La imagen es reelaborada por el grupo, la comunidad, la clase, las representaciones sociales (Chartier, 1993: 3)”. En nuestro caso, se dibujó un otro social en el que un núcleo duro de características (hombre, pobre, criollo, móvil, inmoral, violento) se conjugó con otras, más variantes según los contextos y casos (policía, extranjero, ignorante, mujer), para dar forma a unos otros internos (Briones, 1995; Delrio, 2005) más puntuales y situados en coyunturas precisas.

La historia social ha ordenado los principales cambios del período en tres: la inserción al mercado mundial como una región primario productora, la conformación de una estructura político-administrativa de poder –el Estado—, y la constitución de un orden social burgués (Bonaudo, 2007). La particularidad, señalada anteriormente, de la autonomía inconclusa del Estado en relación con otros intereses sociales se tradujo respecto de las representaciones en una conversación que tuvo lugar entre sujetos sociales que pertenecieron a grupos yuxtapuestos: los sectores dominantes y el Estado en formación. A ella se sumaron aunque de formas mediadas y subordinadas otros actores, sea diferentes (como la aparición mediatizada de los sectores populares o la de los colonos europeos) o contenidos en los primeros pero reconocibles en sí mismos (como las organizaciones de la sociedad civil, otros actores letrados y los extranjeros distinguidos).

Ahora bien, una primera comprobación, que nos permitirá mostrar cómo las fuentes fueron el principal indicador de qué caminos analíticos tomar, es que tanto en unos como en otros discursos existió un lenguaje común. Tanto qué temas compusieron la “cuestión del orden” como cuáles sujetos sociales se enfrentaron a través de los sentidos dados a esta aparecen articulados alrededor de la definición de un otro social (Pratt, 2001; Delrío, 2005). Los documentos hablan fundamentalmente de sujetos (que serán inmorales, violentos, ignorantes, peligrosos) y no de conductas. La secuencia más repetida es la descripción de un universo de hombres que tienen unas costumbres o, más aun, un estilo de vida, contrario a las aspiraciones de civilización de la elite; es decir que nos hallamos ante discursos organizados desde un lenguaje de los valores y las emociones. A partir de esta comprobación (que en los documentos es siempre previa a cualquier suceso que se esté narrando) se produjeron diagnósticos de las amenazas concretas que estos sujetos suponían para la sociedad y se prescribieron prácticas de control que debían aplicarse sobre ellos para neutralizarlas. De ser ello así, esto supondría que en función de la estructuración de un orden social dado, los procesos de segregación, clasificación, viabilizados mediante la simbolización de las conductas violentas tuvieron efectos productivos (Bataille, 2009).

2.

Como decíamos, el mecanismo principal de la construcción discursiva del otro fue la identificación de un sujeto que, por condiciones que se le adjudicaron como inherentes (principalmente, la violencia y la inmoralidad) representó lo negativo, la barbarie y el atraso,[6] rasgos en función de los cuales se describieron y juzgaron sus prácticas. Como parte de este fenómeno, dos tópicos, atribuidos principalmente a hombres pobres criollos: la inmoralidad y la violencia. Repetida hasta el cansancio, esta asociación instaló la idea de que las prácticas de estos sujetos eran consecuencia de una condición previa (se embriagaban y jugaban porque eran inmorales y violentos).

Al leer las descripciones de las transgresiones al orden público en la ciudad, impacta que estén enunciadas en un lenguaje propio de las emociones (Le Breton, 2009), con palabras pertenecientes, antes que a otro, al mundo de los afectos desmesurados (el horror, el miedo, el asco). De hecho, el hilo conductor de las caracterizaciones sobre transgresiones y transgresores será el de la moralidad, que adquiere una forma amplia, traducible como lo civilizatorio, considerando que se trata de un conjunto de valores, costumbres, usos, gustos y prácticas que definen en un momento histórico dado los límites de lo socialmente aprobado y aceptado y que se sostienen sobre nociones de autocontrol, deferencia, distinción y mesura.

Al referirse a la ciudad, las menciones al daño moral que podían causar ebrios, escandalosos, mendigos, incluso los vagos, son más que aquellas sobre el potencial daño económico. Este eclipse discursivo de las connotaciones económicas y productivas (centrales para el orden capitalista) es interesante porque lleva a la pregunta de por qué la arista moral de la civilización fue la que más convocó y más resonancia tuvo entre los actores que discutieron la agenda pública.

De manera general, los aspectos visibilizados como peligrosos y violentos fueron aquellos que contrariaban la tendencia civilizatoria por la cual

la satisfacción de las necesidades humanas pasa poco a poco a realizarse entre los bastidores de la vida social y se carga de sentimientos de vergüenza y (…) la regulación del conjunto de la vida impulsiva y afectiva va haciéndose más y más universal, igual y estable a través de una autodominación continua (Elías, 1989: 449).

Es esa falta de restricción, esa desmesura, lo que funcionarios, publicistas y otros hombres decentes repudiaron de las costumbres de las clases populares: y es ese comportamiento, trocado en condición inherente (la inmoralidad) lo cual los separó, completamente, de estos sujetos.

La cuestión de los límites simbólicos de la sociedad ha sido abordada por un conjunto de estudios que, desde la antropología cultural (Le Breton, 2009), la sociología de la religión y de lo sagrado (Durkheim, 2013; Bataille, 2007 y 2009; Girard, 1983) y la historia social y cultural (Thompson, 1991; Darnton, 1999; Delumeau, 1978), se han preguntado por el valor positivo de la violencia en la conformación y reproducción de un determinado orden social. Dicho en otras palabras: ¿cumplen la violencia y la simbolización de la violencia, algún rol necesario en las sociedades modernas? La primera cuestión general en que estos enfoques coinciden es que le corresponde al ejercicio de una violencia (siempre hablamos de una violencia no hegemónica, no legítima –y por eso asociada a la transgresión–) un rol primordial en la demarcación de la otredad, de los límites simbólicos que una sociedad establece, más allá de los cuales existe el afuera, quienes no pertenecen, el otro.[7]

Esta forma de representar las diferencias sociales en términos culturales es en sí un acto de poder, pues ordena jerárquicamente las diferencias (Ramos, 2005), al sustancializar aquellas propiedades que distinguen a la sociedad de el otro. Se trata de procesos por los cuales, “invisibilizando ciertas divergencias y tematizando otras, esto es, fijando umbrales de uniformidad y alteridad” determinados sujetos representados como inaceptables pasan a ser simbolizados como “subordinados tolerables” (Briones, 2008: 16). En palabras de Le Bretón, “el otro” es la estructura del orden significante del mundo (2009: 34 y 35). En el caso santafesino, veremos en qué medida ello fue explícito.

Sin embargo, yendo más allá, resta la cuestión de la interioridad de la experiencia del otro, tal como se la representa desde las miradas hegemónicas. Es decir, cómo las élites describieron y significaron desde afuera un fenómeno que definieron como completamente ajeno a ellas y propio solo de las clases populares. Para abordar esta cuestión consideramos lo que ciertas vertientes ponen en un lugar central del análisis de lo social: la explicación de la existencia y simbolización de la violencia en el seno de las sociedades humanas. En la interpretación del establecimiento de los límites simbólicos que hacen autores como Georges Bataille (2009) y René Girard (1983), tributarios tanto de la crítica materialista, de la sociología durkhemiana y del psicoanálisis (Tonkonoff, 2007), el rol que adquiere la violencia en el orden social es distintivamente positivo. Esto es, partiendo de la noción de que la sociedad es un ordenamiento, en primera instancia simbólico, reconocen en las formas de simbolizar la violencia (y a los violentos) un mecanismo principal de clasificación, ordenamiento y estratificación social, cuyos catalizadores son los afectos no socializados (que los sujetos socializados han debido hacer a un lado para vivir en sociedad) tales como la ira, el asco, el espanto, el miedo, entre otros.

En esta perspectiva, que concibe a los sujetos sociales como sujetos de deseo antes que de interés, la violencia que amenaza el normal decurso de la vida social está compuesta por aquellos afectos, pasiones, emociones que no pertenecen a lo que la sociedad en su conjunto ha aceptado como tolerable. Por ello, cuando irrumpen, lo hacen desmedidamente, con atrocidad, con fuerza (sin simbolizarse, sin explicación, puros en su desmesura); nos hallamos ante fenómenos violentos (generados por fuerzas desconocidas y peligrosas e improductivas) que, por contraste con la civilización, la mesura, la ley, se presupone que serán incontrolables. Ese resto[8] de violencia se hace visible, irrumpe en la vida social en fragmentos mediante transgresiones,[9] algunas de las cuales se constituyen en chivos expiatorios, esto es, figuras que concentran el rechazo social, la culpa y explicación de la violencia. Esas manifestaciones (y su posterior castigo) cumplen una función crucial: reafirman la racionalidad, la obediencia, la mesura de quienes ven en el transgresor a un totalmente otro. Son, así, un requerimiento del orden para perdurar y no, a la inversa, impulsos preexistentes que fueron prohibidos porque comprometían la vida social.

Jean Delumeau se pregunta por la pertinencia de esta serie de interrogantes para el historiador. Al estudiar las características que asumió el miedo en Occidente, plantea la cuestión de si el origen de la violencia (en particular, del miedo) es antropológico o social y destaca la necesidad de ubicar el fenómeno en sociedades específicas. Las formas que adoptó el miedo —no solo el objeto del miedo sino la manera en que se lo representó— cambian en las distintas sociedades (Speckman Guerra, 2009), y lo que los documentos sacan a la luz es la forma en que estas formas condicionaron prácticas y representaciones de los sujetos. Por ello, afirma el autor, un fenómeno universal (la simbolización de afectos extremos como forma de establecer límites sociales) adquiere funciones y características distintas de acuerdo con cada formación social, por lo que estudiar cuáles de ellos se hacen centrales y qué formas adopta su simbolización es crucial para entender la conformación de un orden social determinado.

En nuestro caso, negar la intervención de los afectos en la vida social implicaría desdeñar lo que los documentos expresamente manifestaban. Ya que, sobre la base de la representación de la violencia y de la inmoralidad, se generaron innumerables reflexiones, prescripciones y advertencias, pero también medidas gubernamentales y prácticas policiales. Es en ese sentido en el que, entendemos, debe considerarse el rol positivo de la violencia en los documentos que analizamos.

En este marco, la inquietud que estructura este capítulo puede ser formulada de la siguiente forma. Considerando las representaciones sociales como “las imágenes totales o unitarias que se construyen a partir de testimonios parciales disponibles, escritos y visuales, en un momento histórico determinado (Gayol y Kessler, 2002: 17)”, nos preguntamos: ¿cómo representaron discursivamente el gobierno y la Policía la cuestión del orden? Y, en relación con esta idea, ¿qué temas, tópicos y estrategias predominan en este corpus para definirla? ¿Qué sujetos sociales encarnaron la violencia y el desorden? ¿Qué prácticas fueron identificadas como amenaza al orden público en la ciudad? ¿Qué prescripciones se hicieron para solucionarlas?

3.

El siglo XIX de las elites criollas siguió un derrotero signado por una triple tensión (Orellana y Bohoslavsky, 2010) entre luchas intestinas, aquellas dadas por el territorio y las que las enfrentaron con los sectores populares (Santilli, Gelman y Fradkin, 2013). Bajo ese andamiaje, el período posterior a Caseros puede ser considerado como de refundación de un orden social.

Entre las transformaciones más destacadas se encuentra la estructuración de un armazón político administrativo del Estado (ya en vías de unificación), según la cual la centralización militar y la impositiva fueron clave (Garavaglia, 2015; Oszlak, 1999) así como la conformación de una comunidad política y un sistema de representación, asentado sobre principios liberales plasmados en la Constitución de 1853 (Bonaudo, 2010; Bonaudo y Mauro, 2015). Por otra parte, las relaciones sociales de tipo capitalista comenzaron a expandirse y afianzarse (Schmit, 2008; Yangilevich, 2012; Fradkin, 2007), lo que transformó el orden económico así como el social, en un sentido más amplio. Los valores y conductas liberales capitalistas, impulsados por unas elites que vivían en su interior procesos de disciplinamiento político y social (Losada, 2012), afectaron profundamente las vías de relación del Estado con los sectores populares, los sujetos que por definición sostendrían el nuevo orden económico —y militar (no en vano se llamó a este período uno “tan violento como creativo” (Bragoni, 2008: 2)—.

En ese contexto, la simbolización de quiénes formarían parte del nuevo orden, y de qué manera, se cristalizó especialmente en un universo de transgresiones que incluyó, pero no se redujo, a la cuestión del delito. En otras palabras, unos de los mecanismos básicos de la construcción de representaciones sociales sobre el orden fue

la selectividad (…) en privilegiar (…) la discursividad de ciertos delitos y silenciar otros. Operaciones complejas de eclipsamiento y revelación, que más que testimoniar sobre lo que sucede efectivamente con la violación de la ley, revelan aquello que a la sociedad y, sobre todo, a sus elites, les preocupa y atemoriza en un período determinado (Gayol y Kessler, 2002: 33).

Santa Fe participó de estos cambios condicionada por las características que el período previo imprimió en su territorio (Damianovich, 1992; Tarragó, 2006 y 1996; Cervera, 1907), especialmente la incertidumbre en los horizontes de expectativas, fruto de la guerra endémica (Caula y Tarragó, 2003). Fuertemente condicionadas por ello, existieron dos características del sistema de poder provincial construido desde Caseros que incidieron en la manera en que se administró el orden, e influyeron notablemente en los sentidos construidos por los grupos dominantes en torno a cómo prohijarlo. Se trató de la militarización de determinadas relaciones sociales y, en estrecha relación con esta, la dependencia de instituciones y funcionarios clave encargados de mantener el orden público (como jefes políticos y de Policía) respecto del poder político provincial, encarnado en el gobernador.

Investigaciones situadas en otros espacios regionales (Bravo y Campi, 2000; Macías, 2001; Moroni, 2012; Canciani, 2012), que puntualizan algunas facetas distintivas de la “militarización” posterior a Caseros en sus dimensiones simbólica y social, nos permitieron ponderar en qué medida esta tuvo incidencia en la producción y reproducción de “normas, rasgos de conducta, sistemas clasificatorios y significaciones (Salvatore, 1992: 28)” en Santa Fe.[10] La institución que catalizó este cambio fue la Guardia Nacional, cuya organización (dictada por Urquiza para las provincias integrantes de la Confederación en 1854) implicó, además, “la redefinición de los sistemas de lealtades preexistentes, creados en torno a las antiguas milicias cívicas” (Bragoni, 2008). Mientras la existencia de las Guardias Nacionales sostenía simbólicamente una noción de ciudadanía asentada sobre la defensa de la patria de los ciudadanos decentes, el servicio de las armas –la frontera, el frente de guerra o el patrullaje de las calles— se consolidó como un castigo a la comisión de faltas y delitos de distinta gravedad y el enganche forzoso apuntó a hombres de los sectores populares. De esta forma una misma práctica fue significada de forma ambivalente y se le otorgaron sentidos antagónicos de acuerdo con quiénes la realizaran.[11]

Fueron numerosos y constantes los casos en que desertores y transgresores no solo fueron apresados para ser enviados a la frontera sino, principalmente, al servicio de Policía. Ello influyó en la dinámica misma de la institución, que se vio atravesada por la tensión instalada entre unas autoridades que se autoconcebían como moralmente superiores y una tropa licenciosa, viciosa, poco afecta al trabajo.

Por su parte, la estructura de poder político que consolidó el autonomismo provincial, imprimió rasgos a las concepciones sobre “la cuestión del orden” que se ligarían estrechamente con las formas de organización de sus cuerpos militarizados. Durante la organización del Estado provincial y frente a la lógica facciosa de alianzas y enfrentamientos, la capacidad de gobernar y, especialmente, de construir poder (Bonaudo, 1992: 263) se apoyó sobre la movilización militar y sobre algunas figuras políticas clave que la vehiculizaron. La vigencia de este esquema verticalista puso en entredicho el horizonte de la separación de poderes, consagrada en la Constitución de 1853, y trazó una relación particular entre lo jurídico y lo político que se inclinó a favor de la lógica política en buena parte del período (Bonaudo, 2005). De hecho, la tensión entre el armazón liberal de gobierno y el sistema político militarizado se transformó en un punto clave de la modernización política, complementado por la tensión local-central en relación con el ejercicio del poder.

En este armazón ha sido destacada la figura de los jefes políticos, funcionarios que, concebidos como delegados del Ejecutivo provincial en un contexto de escaso control efectivo del territorio, cumplieron funciones, militares, ejecutivas e incluso judiciales (Bonaudo, 1995). Representaban la máxima autoridad en cada uno de los departamentos de la provincia e intervenían en asuntos tan diversos como la recolección del marchamo y otros impuestos, el servicio de limpieza de las calles, la organización de los cuerpos policiales locales (de gendarmes, de vigilantes, de serenos) e incluso impartían justicia, interviniendo en litigios entre vecinos. Marta Bonaudo ha identificado hasta qué punto estos funcionarios resultaron clave en el armazón autonomista, tanto en la ciudad como en la campaña y, en ello, la superposición de funciones no resultó, por años, en un escollo a la administración del orden sino que más bien fue un instrumento importantísimo dentro de él (Bonaudo, 1992).

En la ciudad de Santa Fe, las funciones correccionales de este cargo fueron desempeñadas por el jefe de Policía del Departamento La Capital. El control del orden en lugares públicos y comunes estuvo a su cargo por vía de los cuerpos de Policía militarizada (gendarmes, vigilantes, serenos). Especialmente con el afianzamiento del autonomismo,[12] se consolidó su “capacidad para convertir al sector militar de la provincia en base de reclutamiento y lealtad política” (Gallo y Wilde, 1980: 163) tanto para la resolución de los conflictos ligados a la sucesión en el poder como los propios de la administración y el gobierno. De hecho, el cuerpo de Policía urbana o de gendarmes, creados por Iriondo, constituyó la institución militar clave del autonomismo (Gallo y Wilde, 1980; Galvani Celso, 1994). La amplitud de las atribuciones fácticas de la Policía y su subordinación a las órdenes del Ejecutivo provincial, de la mano de una normativa imprecisa y escasa (como se trata en el capítulo 3), resaltaron el rol que las representaciones de los funcionarios tuvieron en el despliegue de sus prácticas de control.

En función de cómo se estructuró un universo de representaciones sobre el orden, existe otro punto a destacar, ya que las instituciones en las que las élites depositaron sus expectativas de orden interno estuvieron integradas, en sus bases, por sujetos cuya moral y costumbres más cuestionaron, lo cual hizo de la composición “dual” o polarizada de la Policía (ver punto 1 del capítulo 3) un tema central de la agenda pública. La desconfianza hacia los hombres que integraban la tropa adquirió la forma de denuncias, quejas, reflexiones amargas y prescripciones relacionadas con la moralidad de la tropa, integrada por sujetos que provenían del mismo universo (y en no pocas ocasiones, eran los mismos individuos) que aquellos que fueron consolidándose como objeto prioritario de control. En 1865, el jefe de Policía informaba al gobernador:

(…) doy cuenta que ayer por la tarde después de haberse dado el vestuario a los individuos que mandaron para el servicio de este Depto. dos de ellos he tenido que mandarlos a las órdenes del mayor Diana, José Bengochea y José Mauricio Martínez, para que los entreguen al Comte. Regino Román, por orden de S.S., por la falta que han cometido de haber venido ebrios a este Depto. de Policía y escandalosamente.[13]

Este parte integra un conjunto de lamentaciones de funcionarios policiales en las que aparece la tensión entre un deber ser del policía[14] y la realidad con la que debían lidiar.[15] La caracterización en estos términos también fue una herramienta, utilizada por algunos para posicionarme mejor ante sus superiores.

La prensa local también reflejó la noción de que, esencialmente, autoridades y tropa policiales eran distintos. Hacia fines de nuestro período, La Revolución, periódico santafesino concentrado en cuestiones del desarrollo urbano, denunciaba:

Se ha constatado el hecho criminal cometido por los vigilantes en la Calle Mendoza y de que damos cuenta en otro lugar [se refieren a un ataque a un hombre italiano realizado en la puerta de su vivienda para robarle un reloj. Los vigilantes lo golpearon y llevaron luego a las afueras de la ciudad donde lo abandonaron]. El jefe de policía los ha puesto a disposición del Juez Correccional, para que los castigue. La conducta del Gefe de Policía es encomiástica; no era posible dejar impune tal delito que introduciría la indisciplina en el cuerpo de vigilantes, convirtiéndolos en bandoleros.[16]

El seguimiento que La Revolución dio a otro episodio, sucedido pocos días después, en el cual un preso que se había fugado dos veces del departamento de Policía, una vez rodeado en el patio de una casa, fue muerto de un balazo en la garganta por un comisario, permite observar otra manera en que se plasmó esa lectura sobre la composición de la Policía, la citada dualidad, a la vez que nuevos elementos se integran a la representación de la tropa policial. En la primera noticia publicada sobre el caso, se decía que

El prófugo venía con el cuchillo en la mano y como en la mañana [momento del primer escape], se guareció en la casa del Dr. Funes, cuya puerta se encontraba abierta. Los vigilantes no se atrevieron a entrar, concretándose a rodear la casa. Un alférez había penetrado al interior de la casa, y el que, solo, intentaba en vano reducir a Alanís que esgrimía su cuchilla en rededor del brocal del aljibe.

Llegó el Comisario Gordiola, el que le intimidó orden de prisión, la que fue desobedecida.

Para reducirlo Gordiola, hizo uso de su revólver disparando un tiro contra Alanís. La bala le penetró en el costado derecho de la garganta, cayendo Alanís de bruces. Al ruido del disparo la gente que se estaba reuniendo por la atención que generan los vigilantes cuando se trata de una captura, penetró al patio y pudo ver a Alanís de bruces sobre las baldosas, apoyado en las dos manos y pidiendo que lo ultimaran. Por la ancha herida del cuello brotaba la sangre como por un caño. Alanís conservaba la misma serenidad de un valiente. Espiró sin quejarse siendo conducido su cadáver al Departamento Central de Policía. El sangriento suceso de ayer ha conmovido profundamente a la sociedad.

Son hechos de aquellos que dejan un recuerdo imperecedero y los que en los primeros momentos solo arrancan recriminaciones. Efectivamente, la prisión de Alanís nos parece que pudo hacerse sin llegar a aquel extremo. Había suficiente número de vigilantes para reducir a prisión a ese desgraciado. Ahora si aquellos fueron tan cobardes que no se atrevieron a apresarlo, la policía sabrá lo que ha de hacer con ellos y el Juez con Gordiola.[17]

La descripción resalta algunas cuestiones, como que se llegó a esa situación por la cobardía de los gendarmes (lo que se dice abiertamente y se contrasta con “la serenidad de un valiente”, del prófugo que estoicamente “espiró sin quejarse”) y por la inoperancia de un comisario que, sin otro recurso que la violencia, optó por dispararle a la garganta al hombre, antes que comandar su tropa para que lo aprese, aunque estos fuesen un número “suficiente (…) para reducir a prisión a ese desgraciado”. El relato despliega, además, otras estrategias que también contribuyen a generar un clima de descontento, que el periódico retomará en noticias siguientes. Por ejemplo, al contraste establecido entre el grupo de gendarmes cobardes y el valiente hombre acorralado, se suma que la verdadera víctima de ese “sangriento suceso” es la sociedad conmovida; los vecinos que entraron y presenciaron al moribundo pidiendo que lo ultimen.

El espectáculo de la herida “de la que brotaba sangre como un caño”, será la base de las recriminaciones que recibirá la Policía y que los redactores retomarán para ampliar sus críticas: la tropa, nuevamente, tenía actitudes que no eran dignas del rol que debían cumplir. Días después, La Revolución reflexiona sobre la composición de la fuerza y al ya remanido argumento de la inmoralidad agrega que “la policía está formada hoy por gentes perfectamente desconocidas y en las cuales el pueblo no tiene confianza. Soldados, oficiales, inspectores, comisarios, han nacido y se han crecido en Entre Ríos, en Córdoba, en la Banda Oriental, en cualquier parte menos aquí”.

Afirmaron que “antes” la Policía eran “cuatro gatos locos” pero, como eran santafesinos, inspiraban mayor confianza y llegaron a aseverar que “no se tiene confianza en la Policía y que de noche gustamos muy poco de tropezar con un polizonte porque lo creemos de mal agüero”.[18] Aquí, a su baja extracción social, se sumó su origen desconocido: son de “cualquier parte” menos de Santa Fe. Aunque durante todo el período se señaló a los individuos de provincias vecinas como los principales causantes de los delitos,[19] esta visibilización de los extranjeros criollos en la tropa comienza a ser más relevante hacia la década de 1890, en un contexto en el que, como analizaremos sobre la transgresión del juego ilegal (capítulo 4), los colonos europeos que comenzaban a actuar políticamente apelaron a distinguirse de los criollos, en gran medida, en términos morales.

Todas estas razones contribuían, según la prensa local, a que los vigilantes no fuesen “queridos”. De un episodio confuso, que el periódico ya titula con un grado de sorna, se dice lo siguiente:

Vigilante al agua.

(…) corrió la voz que en el puerto á un vigilante se le había arrojado al agua. La noticia corrió y nadie dudó en virtud del poco cariño y respeto que se tiene al cuerpo de vigilantes. Lo que más acentuó la noticia fueron algunos disparos que se sentían en la parte norte de la ciudad y los débiles toques de auxilio del pito de un vigilante. (…) Solo el murmurar del río se sentía, sobre cuyas ondas la luz de las estrellas multiplicaban sus rayos en vistosos cambiantes. ¿No sería aquello, algo así como una farza a la Policía?[20]

La percepción sobre estos sujetos no solo condicionó cómo fueron vistas las instituciones encargadas de mantener el orden público, sino que también dictó los términos de las relaciones entre autoridades y los sujetos de los sectores populares, dentro de las instituciones. La Policía daba de alta cotidianamente en sus filas a hombres que habían sido arrestados por delitos contra el orden público. Se los asignaba a la Partida Celadora, al cuerpo de gendarmes o de serenos, e incluso a la banda de música. Son interesantes las caracterizaciones hechas sobre ellos para considerar cómo los discursos policiales sobre los transgresores, sobre los peligrosos y los violentos no solo permeaban la tarea diaria de la institución sino que fueron construidos al calor de esta. Por ejemplo, se repitieron los casos en los que soldados dejaban escapar voluntariamente a otros presos:

El Sargento Mayor Dn José Zavala, encargado de la Fortaleza de la Duana , ha dado parte a este Departamento de haberse encontrado en la noche del 23 de 10 a 11, de la noche, escalando las murallas del cuartel al soldado de guardia Florencio Marquez y que según este ha sido inducido por el preso decertor del ejército nacional Juan Gatica. Por este hecho el infraescripto ordenó se le pusiera una barra de grillos cuya condena ha cumplido, lo que pongo en consideración de S.S. para la resolución del superior gobierno.[21]

O aquellos en los que la inconducta de los efectivos fue castigada: “Con esta fecha el infraescripto ha separado del cuerpo de gendarmes al ayudante Don Facundo García, en atención a su mala conducta y abandono completo que ha hecho del cuerpo al que pertenece, dedicándose a otros trabajos que son incompatibles a un oficial (…)”[22]..

O casos como el del sargento José Guardia, otro conspicuo reincidente:

El infraescripto se dirige a U. adjuntándole dos partes que le han sido pasados, uno por el jefe del piquete de vigilantes y otro que a este le ha dirigido el encargado de la banda de música de esta ciudad referente a haber sido insultado por el Sargento José Guardia anoche en la retreta y en la presencia de toda la banda.

Al elevar los citados partes el infraescripto no tiene otro objeto sino que poniéndolos en conocimiento de S.E. el Sr. Gobernador se digne providenciar lo que estime conveniente a fin de evitar que en adelante se repitan estos hechos. No es la primera vez que el Sargento José Guardia comete faltas de esta naturaleza pues que ya vez pasada se elevó un parte al gobierno donde era acusado de haber insultado a un Com. de la Policía en comisión, y solo recibió por castigo unos cuantos días de arresto, cuyo castigo no era bastante para corregir la falta cometida.

Dios Guarde a U.

José M. Ávalos.[23]

Este parte tuvo dos respuestas del Ejecutivo: primero, se dictó la prisión del sargento hasta que se resolviera su condena y veinte días después se lo condenó a dos meses en la Frontera.

Existe un punto digno de resaltarse sobre el lugar central que tuvo la construcción de sentido que se hizo de estos hombres en la resolución de estas situaciones. La pena impuesta a Guardia se apoyó en la valoración hecha de su carácter por el funcionario superior. El informe se refiere a dos partes de comisarios, que informarían sobre ello (aunque dichos partes no están en el tomo) y no hay constancia de que se haya sustanciado un sumario para indagar lo sucedido.

La decisión del Ejecutivo provincial fue tomada, entonces, sobre lo que informó Ávalos y que destaca, en relación con la falta cometida, que el sargento no solo insultó a un superior sino que lo hizo “en la retreta y la presencia de toda la banda”. El jefe juzga esta falta de respeto como una trasgresión seria, y por ello, si bien escribe al gobernador para que este disponga “lo que estime conveniente a fin de evitar que en adelante se repitan estos hechos”, deja en claro qué opina sobre el anterior castigo dado al sargento: “solo recibió por castigo unos cuantos días de arresto, cuyo castigo no era bastante para corregir la falta cometida”.

El reclamo por mayor severidad en las penas fue una constante no solo en la Policía, sino de parte de algunos miembros más liberales de la elite como Gabriel Carrasco, autor, entre otras obras, del primer proyecto de Código de Policía de la provincia, en 1895. Carrasco, quien no dudó en tildar de arcaico y precario al Reglamento de Policía de 1864 (ver capítulo 3) abogó en simultáneo porque se lo aplicara con más severidad (mediante el aumento de la vigilancia policial) ya que según él, la inefectividad policial era la principal responsable de la proliferación de delitos en la ciudad y campaña.[24]

Existieron demandas en las que se evidencia otra necesidad en la tarea de estos funcionarios que las conductas de la tropa entorpecían: la distinción entre oficiales y tropa y a su vez, entre la Policía y la sociedad. En 1865, el comisario de San José reclamó al jefe de Policía por el vestuario adeudado a sus subordinados, aduciendo que “no existiendo más de dos sables ni tener ninguna distinción en el hábito se confunden los policianos con los paisanos, porque solo el Sargento y el Cabo cargan sable y los soldados en nada se distingue que lo sean [el resaltado es nuestro]”.[25]

Este tópico volverá una y otra vez en los documentos policiales:[26]

(…) anoche a las diez y media teniendo conocimiento que dos soldados de los de Guardia de esta Policía, habían salido sin la previa licencia del Comisario de servicio o Sargento de Guardia y se encontraban en una pulpería embriagándose, ordené al Mayor Don Naresio Navaja, fuese a traerlos.[27]

Comisionado a traer a los infractores, el mayor se encontró con la resistencia de uno de ellos, Ramón Sosa, que no solo no obedeció, sino que “arremetió contra Navaja”. El oficial primero, Manuel Fernández, concluye diciendo: “debo prevenir a S.S. que a más de las repetidas faltas que comete el soldado Sosa, esta es la segunda vez que se insubordina al Mayor Navaja y entonces, como ahora, le ha puesto en el caso de hacer uso de sus armas”.[28]

En estos informes conviven dos tipos de violencia: la del transgresor, injustificada y fruto de un acto plenamente voluntario, y la de quien restituye el orden ante la falta cometida, legítima y forzada por las acciones del primero. La legitimidad del uso de la violencia de quien restituye el orden (que no siempre se trató de un superior de quien lo transgredía) se construye discursivamente como reacción a la desmesura del transgresor. Existió la necesidad de esgrimir una justificación a lo que, de otra manera, habría sido una desmesura especular de aquella cometida por el soldado en falta. Sobre todo, volviendo sobre lo ya dicho: se trataba de hombres que provenían de los mismos sectores y, en no pocos casos, de los mismos individuos. De esta manera, entran en juego las representaciones que las autoridades hicieron internamente de sus subordinados, así como la imagen que, como institución, proyectaron a su interlocutor directo, que fue el Poder Ejecutivo provincial (a través de su ministro de gobierno).

La asiduidad con la que las autoridades recalcaron ser celosas vigilantes de un determinado perfil moral aparece en otros documentos. Por ejemplo, en 1866, en un listado de hombres remitidos a la frontera, Fidel Rodríguez recibió esa condena “por haber castigado a su mujer y quererla matar y con la nota de incorregible”.[29]

Otro aspecto de las representaciones sobre el orden que construyó la Policía se relacionó con la delimitación de sus funciones frente al Poder judicial. En un contexto institucional en el que la división de funciones fue, al menos hasta los comienzos de la década de 1870, muy poco clara, la cuestión de la imposición del orden público y de a quién correspondía decidir sobre él fue otro vehículo para el afianzamiento de la Policía en el andamiaje de poder iriondista. Los días de elecciones son, a este respecto, un ejemplo muy gráfico, dado que en ellos queda en claro cuán lejos quedaba, en ocasiones críticas, la ley (y en este caso, con ella, el Poder Judicial) en el enforzamiento del orden público.

Con motivo de las elecciones de municipales en junio de 1865, el Poder Ejecutivo ordenó al jefe de Policía “que permanecieran encerrados en sus respectivos calabozos los presos que existen en la cárcel pública y bajo la custodia del Piquete de vigilantes”.[30] Según el jefe Mariano Echagüe, él se vio en la obligación de preguntar qué acción tomar porque “el Sr. Juez del Crimen ha dado orden al Alcaide para que habra los calabozos de la Cárcel diciendo que el Gobierno no puede dar tal orden [de retener a los presos] sin acuerdo de él”.[31] La contestación del gobernador Cullen hacia el jefe de Policía, pero también hacia el juez, fue que la orden debía ser sostenida, pues obedeció a “la necesidad de garantir el orden público amenazado por la actitud de los partidos electorales”.[32]

Estos cruces no solo hablan del contexto de indefinición de las funciones entre poderes.[33] Ponen en primer plano que, por un lado, al momento de dirimir la cuestión del orden público, primó la voluntad del Ejecutivo y, además, exponen un costado institucional de las representaciones sobre el orden: al tratarse del orden público, una disputa entre poderes independientes, se planteó como un caso de desobediencia o insubordinación. Más allá de las tensiones entre poderes, fueron el Ejecutivo y sus agentes directos (en la capital, la Policía, y en las colonias, también la justicia de paz) quienes se consolidaron como agentes del orden público.

La movilización opositora fue otra de las cuestiones que preocuparon a las autoridades policiales durante todo el período y constituyó un parteaguas en relación con la construcción de opiniones sobre la cuestión del orden, incluso luego de concluido el último ciclo revolucionario en 1878 (Gallo y Wilde, 1980). En 1888, La Revolución defendía las acciones de juez de paz del pueblo de Susana, ante denuncias de abuso de poder:

Es falso.

La Provincia asegura que D. Diego Pérez, Juez de Paz de Susana, retuvo a varios individuos para que no asistieran a la proclamación iturraspera de Pilar. Perez retuvo a aquellos individuos pero lo hizo en cumplimiento de su deber porque andaban armados y escandalizando y no por privarles su concurrencia a la imponente manifestación del Pilar. No mientan tan feo caballeros.[34]

La cuestión de la manifestación política opositora y su larga tradición de violencia armada se ve claramente en esta noticia, que coloca al juez de paz como un funcionario celoso del orden público. Ahora, resulta muy interesante que la justificación de sus acciones no haya sido, como vimos en años anteriores, que actuó con prácticas de insubordinación o sedición hacia el gobierno (es decir, contra el orden político) sino su colocación en un plano enteramente distinto: el del escándalo y el desorden (el orden público), sin más. Si bien la noticia menciona que los hombres arrestados tenían armas (elementos estelares de las intentonas opositoras), subordina su presencia al escándalo que estaban cometiendo. Esa escisión de la violencia evitada de cualquier connotación política se completa con la sorna con que se desmerece la magnitud de la manifestación pública a la que concurrieron los sujetos (“la imponente manifestación del Pilar”). En esta noticia, la amenaza real al orden no está en la oposición política –lo que alcanzará un límite preciso con las revoluciones radicales de 1893– sino en la violencia armada derivada del escándalo, y esas son conductas que la abrumadora mayoría de fuentes asociaron “naturalmente” a los sujetos populares. Hacia finales de siglo, la operación por la cual eran las condiciones esenciales de las clases populares las que dirimían si algo era o no contrario al orden estaba completa. 

4.

En línea con lo desarrollado, nos detendremos ahora sobre las representaciones que fueron recurrentes dentro de la Policía, como aquella que institucionalizó el control de los comportamientos en los espacios públicos. Considerado el Estado, idealmente, como árbitro de las relaciones sociales hegemónicas, en el caso santafesino la construcción de las presencias estatales en el plano simbólico se articuló en el diálogo de la administración policial y el Ejecutivo provincial. Si se consideran las faltas contra el orden público en la ciudad, las fuentes policiales describen una dinámica cotidiana de arrestos y multas que se sustentó más en las órdenes emitidas por el Poder Ejecutivo que en los artículos del Reglamento de Policía Urbana y Rural que normaba estas cuestiones. En este sentido, el Reglamento ocupó un segundo plano, lo que en buena medida fue posible por su carácter vago e incluso contradictorio. Aunque esta cuestión es tratada en el capítulo siguiente, sí podrá verse aquí que la Ley (el Reglamento) no cumplió el rol de encauzar las prácticas discursivas de los actores fundamentales del control.

En fragmentos de los discursos institucionales fue sedimentando, ganando terreno, un corrimiento en relación con qué problemas eran enunciados como los más acuciantes para el funcionamiento institucional (Sedeillan, 2008; Argeri, 2001), por lo cual es posible distinguir un “antes” y un “después” entre principios y fines de la década de 1870 respecto de las representaciones predominantes sobre el orden. Se dio el paso de un marco discursivo en el que el desorden provenía tanto de la violencia interpersonal de los criollos pobres díscolos (Salvatore, 1992 y 2010; Fradkin, 2011) como de los opositores políticos pertenecientes a la elite (Losada, 2012; Gallo y Wilde, 1980), a uno en el cual el origen de la violencia social se ubicó, con claridad, en los estratos bajos de la sociedad.

Este desplazamiento “hacia afuera” de la violencia, necesario en la construcción identitaria en clave civilizatoria, esa suerte de pacto cultural que sellaron entre sí las facciones opositoras de la elite allí donde aún no podían firmar la paz política, comienza a patentizarse en los documentos hacia el estallido de los últimos alzamientos armados. En ese momento, la mención en los documentos policiales y gubernamentales a la violencia se desplaza sostenidamente de los “partidos electorales” a los seguidores y su fuerza de choque:

ELEMENTO SALVAJE

No bastando los criminales presos, a quienes se les ha puesto las armas en la mano para matar, la Guardia Nacional de Rosario, se ha recurrido a otro medio inicuo: se ha ido a buscar el elemento salvaje.

Las partidas descubridoras de Comandante D. Silverio Córdoba, que habían avanzado más allá de Melinqüé han encontrado bomberos indios que se venían a robar a nuestras estancias aprovechándose de la revuelta que había en el Rosario.

Esos eran sin duda los elementos con que contaban para resistir en el cuartel Benites y Rojas; y esas las divisiones de campaña que debían protegerlos para salir a tomar a la ciudad.

El comandante Córdoba ha hecho pasear las calles de la ciudad a los dos indios prisioneros armados de lanza de taqueras con cuchillos enhastados.

¡Qué elemento civilizado con el que contaban los revolucionarios![35]

Si bien en este episodio los insurrectos son miembros de la elite, llama la atención que el peso de la argumentación se halle en el “elemento salvaje”, planteado como el corolario de la utilización de “criminales presos” y otros medios inicuos para mantener el orden; hábito nefasto, que ligaba a las personas respetables a un elemento perjudicial. Esta lectura se reafirma si se tienen en cuenta los castigos diferenciales que recibieron cabecillas y seguidores de estos levantamientos (ya en el marco de la fallida política de la Conciliación del presidente Avellaneda). Aunque concitó las críticas de los seguidores más inflamados del autonomismo gobernante, y fue antecedido por penas severas unos meses antes, el indulto dispensado a los líderes opositores (Gallo y Wilde, 1980) ilustra, en el campo de la política, el giro señalado en la dimensión simbólica. Si el enemigo real era cada vez más externo a la elite, el gobierno podía permitirse cierto grado de indulgencia que sumara a la cohesión de este sector, y ello pudo darse en el marco de un afianzamiento de la estabilidad del poder político iriondista.

La idea “espacial” de que las clases populares eran los verdaderos depositarios de la violencia se complementó con una metáfora “temporal”, que situó la violencia intraelitaria en el pasado, como algo propio de un tiempo anterior y superado. En 1877, el gobernador Bayo afirmaba que

(…) nos alejamos visiblemente de nuestras funestas tradiciones de revuelta y anarquía. El orden público se consolida y radica profundamente en las costumbres y se hace ya necesario ir a buscar en las últimas capas sociales, en las inclinaciones perversas de los criminales que pueblan nuestras cárceles, o en los mal adormecidos instintos del indio salvaje, retraído de su vida vagabunda y anormal a las condiciones para él violentas de las sociedades regulares, los elementos de perturbación y desorden que renuevan las funestas agitaciones de otros tiempos.[36]

Expresiones como esa también tuvieron una presencia importante en la prensa, tanto oficialista como opositora, e incluso, hacia fines de siglo, continuaron siendo un acicate en los discursos de la elite. Gabriel Carrasco afirmaba en 1889 que “le debemos el progreso a la PAZ, lo aprendimos tras medio siglo de sangrientas guerras civiles”[37] y acentuaba en un pasaje posterior del mismo texto, cuál era a su juicio el piso común de los sectores dominantes sobre la cuestión de la violencia: “Los partidos políticos en Argentina no son partidos de principios porque, afortunadamente, en cuestión de principios no hay divergencias entre nosotros: todos respetamos la constitución y estamos de acuerdo en las grandes ideas que forman nuestro credo”.[38]

Nuevamente aquí la violencia entre iguales es algo del pasado.[39] Luego de 1878 los vaticinios sobre que la barbarie sobrevendría de la mano de los adversarios internos se distendieron; las advertencias refirieron con mayor consistencia a los sectores “externos” y ello reforzó el tópico de que la garantía del orden estaría dada por la labor de las autoridades.

La alusión a violencia, barbarie y desorden en los sectores populares tuvo cada vez más la función de despegar simbólicamente a los integrantes de la elite de la violencia. La resolución violenta de sus conflictos se significó cada vez más como una opción ilegítima, impropia de los hombres civilizados (“los elementos de perturbación y desorden que renuevan las funestas agitaciones de otros tiempos”; “¡Qué elemento civilizado con el que contaban los revolucionarios!”). Quienes la tomaran, no solo dejarían de ser civilizados sino que lo harían porque se igualarían a los sectores populares, que eran inherentemente violentos, bárbaros, salvajes (“se hace ya necesario ir a buscar en las últimas capas sociales, en las inclinaciones perversas de los criminales (…) en los mal adormecidos instintos del indio salvaje (…) los elementos de perturbación y desorden”).

Es decir que, discursivamente, las representaciones sobre la violencia y el desorden cambiaron su eje, no su contenido. Se pasó de un locus discursivo de la violencia situado frecuentemente en el adversario político, a uno exterior a la elite, localizado en los sectores pobres criollos, lo cual puede interpretarse como la sanción, en el plano simbólico, del proceso de disciplinamiento interno de las élites, en el que los valores civilizatorios jugaron un rol central (Losada, 2012).

Por su parte, la prensa oficialista[40] y el gobierno reforzaron la noción de que el orden dependía de la labor de los funcionarios más destacados. Refiriéndose a la Policía de Rosario, el gobernador Simón de Iriondo expresó en 1881:

Sin dificultades no pueden vencerse sino con la actividad é inteligencia de los Empleados Superiores, se mejora notablemente en los grandes centros de población, el régimen de esta institución y se hacen notables resultados, a favor del orden y moral pública, de la seguridad personal y de la propiedad. No parece sino que la despoblación y el desierto fueran los que más dificultades ofrecen al establecimiento y práctica de instituciones indispensables para el mismo orden social.[41]

En estos fragmentos, el orden se propone como un valor cuya defensa correspondía a las (autoridades de las) fuerzas del orden de manera específica. Además, se establecen otras certezas: aquellas que, aún no dichas de forma explícita, dan cimiento a estos discursos al formar parte de los supuestos sobre el orden (Bourdieu, 2105). Estas se relacionan con la condición moral de quienes tenían esa tarea a su cargo: el “Jefe de Policía”, los “empleados superiores”, en cuyos “celo e intelijencia” se hallaban depositadas las “esperanzas” de garantizar “el orden y la moral pública”. Incluso cuando eran blanco de críticas, algunas de ellas muy severas, el sustrato común de los enunciados reforzaba la idea de que el orden se depositaba en estas figuras:

Es lamentable tener que llamar la atención de los poderes públicos a cada momento sobre las maldades que se están cometiendo entre nosotros. El otro día hablábamos sobre la campaña sorprendidos del poco caso que los malvados hacían de la autoridad cuando a cara descubierta invadían el hogar doméstico; pero vemos que en la ciudad sucede lo mismo creciendo de punto la desvergüenza y el pillaje.

Adónde iremos a parar si así marchamos? (…)

Qué extraño que en la campaña haga sus víctimas el puñal, si en la ciudad, rodeados de autoridades también ha podido hacer sus presas.

Qué admiración que en los apartados distritos los malvados se cruzan impunemente, si en la ciudad misma no los auyenta el poder de la justicia que sigue sus pasos.[42]

Aun en denuncias airadas como esta, los publicistas reforzaban la idea de que el orden descansaba sobre el control estatal. Más puntualmente, era en ocasiones la presencia cercana de autoridades la que marcaba la pauta de cuánto desorden, crimen y “maldad” se esperaba (en la ciudad, donde los “malvados” estaban “rodeados de autoridades” y de “la justicia que les sigue los pasos”.) Ahora bien, ¿quiénes corporizaron estas “maldades” que, por otra parte, se enuncian desde un lenguaje de la moral (“desvergüenza”)? En la ciudad de Rosario, en 1874, tuvo lugar un ataque de un soldado a un ciudadano que regresaba a su casa del teatro:

Escándalo y asaltamiento en la Plaza de las Carretas.

Lo que está sucediendo de día y de noche en los alrededores de la plaza de las carretas y en las puertas de la comisaría no tiene ejemplo ni en los tiempos de los Birinchines y su comparsa.

No hay Policía –el comisario de esa sección no se sabe si existe porque su acción no se hace sentir, donde y cuando tienen lugar–.

De día, las pulperías están llenas de vagos embriagándose y quemando cohetes de petaquilla, dando escándalos y aterrando a las familias.

El sábado a la noche hubieron varias peleas.

El domingo a las mismas horas, el Sr. D. Tristán Granado se retiró del teatro en un carruaje con su familia.

Dos cuadras antes de llegar a su domicilio, notó que un hombre de kepi, pretendió detener los caballos, el cochero varió el rumbo y siguió.

El individuo continuó detrás del carruaje.

Llegado el Sr. Granado a su casa, observó que el individuo se había situado tras del coche.

Bajó con recelo.

La Sra. abrió la puerta y se entró; el individuo se vino sobre el Sr. Granado, el cochero estaba firme en el pescante; corrió Granado a tomar un revólver y al tiempo de querer penetrar el soldado, la Sra. le dio un portazo, y se atravesó para que Granado no saliera.

Este, entonces salió al patio con una vela y tiró un tiro como pidiendo auxilio a la Comisaría –adviértase que esta oficina se halla a pocos pasos de la casa de Granado–.

Nadie acudió –ni comisario ni soldados–.

Estos sucesos se reproducen noche a noche y día a día, sin que el Comisario ponga remedio.

Si esto sigue, no se podrá vivir en los alrededores de la Plaza de las Carretas.[43]

En este como en otros relatos, la oposición fundamental que se plantea no es entre Policía y delincuentes sino, como primera medida, la extracción social de los sujetos. Don Tristán Granado fue asaltado cuando llegaba a su casa luego de haberse retirado del teatro con su familia, y la prensa denunció que “no hay policía”, aunque quien lo amenazó fue un hombre de kepi, un soldado que portaba, incluso en el preciso momento del ataque, los símbolos de la institución. El relato distingue claramente al soldado –presente–, de las autoridades –ausentes–). No obstante, cuando el denunciado ostentaba un rango superior, el problema era planteado en términos de la inmoralidad individual.

En los expedientes seguidos por causas criminales contra autoridades policiales y jueces de paz, algunas características coinciden con la forma de representar los puestos más bajos de la jerarquía policial que aparecen en los partes diarios. Se trató mayormente de episodios iniciados en lugares de ocio, de socialización, como tabernas, casas de comercio, fondas, cafetines en los cuales los motivos de los conflictos fueron desde denuncias de abusos de autoridad, arrestos arbitrarios y de robo de ganado, hasta de torturas. En ellos, nos detuvimos en los elementos que la construyen, en las preocupaciones de denunciantes y de las autoridades que investigaron los hechos.

Tanto en los casos de la capital como en los de las colonias, los expedientes tienen en común que la causa que los convocó cede el lugar central a un recuento descriptivo y valorativo del carácter de las autoridades denunciadas en el que la estrategia principal es demostrar que los acusados son viciosos e inmorales; que se contraponen a la moderación y civilización de los denunciantes, lo cual pone el centro de la discusión en el perfil cultural de los sospechosos. Ello se visibiliza tanto en las descripciones de los denunciantes como en las preguntas formuladas por las autoridades, en las que se destaca la preocupación por establecer cuál era la reputación y conducta previa de los funcionarios acusados.

En una denuncia realizada en 1899 contra el juez de paz de Recreo, se lo acusó de cobrar los certificados para la venta de ganado y quedarse con la recaudación, así como de no emitir certificados a quienes pagaban multas. Sin embargo, el sumario no inquiere en los hechos. A pesar de ser estas las causas que convocan el auto, las interrogaciones se orientaron a develar si el juez era, en efecto, un vicioso, a partir de la afirmación de un vecino según la cual el funcionario habilitó “a José Argullo para que en su casa de negocio se jugase á todo juego, taba, monte, etc.”.

En otra ocasión, el juez de paz de San Gerónimo del Sauce fue acusado de encarcelar arbitrariamente al maestro de la escuela local. Sin embargo, el sumario está dedicado a esclarecer la supuesta irrupción violenta del juez, ebrio y látigo en mano, en un “baile autorizado”, con el fin de vengarse de quien lo denunció por el arresto. Al decir de los declarantes, el denunciante respondió a esta “terrible violencia” “invitándolo al Sr. Juez a tomar asiento”. [44] En este caso, al haber sido interrogados tanto acusador como acusado, tenemos la oportunidad de ver cómo ambos reclamaron para sí comportamientos civilizados, calmos y “cultos”, y adjudicaron al otro la violencia, la corrupción y, sobre todo, el vicio, y dan a estas descripciones de carácter estatus de prueba de sus acusaciones.

Las primeras fojas del sumario contienen la carta que el maestro, arrestado por desacato a la autoridad, dirigió a su vicecónsul, en la que explica que los hechos tuvieron lugar mientras él se dirigía a la casa de un vecino a dar clases, a eso de las diez de la noche,

cuando fue brutalmente atropellado por un desconocido, que llevando sable decía ser autoridad e iba mandado por el juez de paz de la mencionada colonia, el cual por no querer acompañarle en el inmoral vicio de la embriaguez, cuyo estado así parecía que estaba, por negarse a que bebiera licores a costa del exponente, y últimamente por no entregarle una cantidad de plata que decía le había mandado el mencionado juez que le cobre (…) hizo uso del sable que llevaba por varias ocasiones y por la intervención del dueño de la casa [de negocio] no consiguió el propósito que cree el exponente fuera de matarle.

Luego denuncia que el juez, que tenía hacia él una “enemistad previa”, se escudó en su “carácter inculto” para no tomar medidas, y le dijo “no poder hacer nada por no saber escribir”. Aquí el maestro, personificación de la cultura, impartía clases en una casa de negocios (lugar por excelencia del vicio) cuando una autoridad menor, un soldado vicioso y ebrio, irrumpió queriendo cobrar compulsivamente una deuda inexistente por medios violentos. El juez corrupto que lo ordenó encubrió los hechos, excusándose en su falta de cultura. Interrogado, el soldado en cuestión invirtió la ecuación: él era quien se encontraba sobrio, en el juzgado de paz, “como a eso de las diez de la noche cuando escuchó voces en la casa de comercio del italiano Riestra que se acercó a ver qué personas estaban allí” y, cuando entró, el maestro fue quien lo increpó preguntándole “qué anda haciendo con ese machete, parece que huviera gente pícara por aquí, no precisamos tantas comisiones; esto no les va a durar mucho, algún día se les va a acabar”. Ante esa falta de respeto, el soldado contestó que “para ocuparse tan mal de la autoridad sería mejor pagase al juez lo que le debía”. A ello el maestro respondió arrojándole una pesa que había en el mostrador, frente a lo cual el soldado no tuvo más opción que “aplicar algunos golpes de sable”. De esta manera, ante situaciones conflictivas en lugares de ocio en las que el Estado provincial intervenía, las estrategias de los involucrados consistieron en retratar al otro como vicioso, poco culto o incivilizado: debía demostrarse que el otro no pertenecía a las “costumbres muy parecidas a las europeas”, que por esos años eran una cualidad que la sociedad santafesina ofrecía a los inmigrantes.

Ante ello, la estrategia de las voces oficiales no fue discutir esas nociones de lo culturalmente adecuado pues “se castiga si hay mérito”, sino poner en duda la consecución de los hechos denunciados, como lo hace Nueva Época, que se ocupa con frecuencia de desmentir las acusaciones “más imaginarias que reales”[45] de residentes de diferentes colonias de la provincia.[46] Con respecto a la toma de medidas sobre los sumarios sustanciados, los casos en los que se suspende o remueve a funcionarios se entremezclan con aquellos que se resuelven a su favor.

Si se consideran las noticias que dan cuenta de estas prácticas en toda la provincia, se comprueba cómo la composición de la tropa policial fue un elemento clave en las denuncias que la prensa hizo sobre las falencias de la Policía como institución y, a su vez, estuvo presente en debates más amplios sobre el orden (De los Ríos, 2013) en los que la ley, como tal, tomó un cómodo segundo plano. Como veremos a continuación, el Reglamento de Policía Urbana y Rural posibilitó una dinámica de la praxis policial en la que no fue la ley, sino las representaciones de las autoridades las que marcaron la norma.

5.

Las reflexiones en torno a la normativa y sus falencias fueron una parte importante de la construcción no solo de la cuestión del orden sino de las políticas que lo implementaron. Ahora bien, ¿cómo actuó la ley en la praxis del control y administración de los comportamientos?

La normativa policial, que presentó marcadas características contrarias al ideario legal liberal, se mantuvo vigente no solo durante los años de la modernización legal o codificación (Gianello, 1992). Además, los mismos actores que la criticaron duramente defendieron la necesidad de aplicarla con mayor severidad.

Luego de recorrer los documentos policiales, resulta muy difícil hacer propia la versión que emana del metadiscurso de estas élites arquitectas de la nueva sociedad, de que cualquier medida, ley, política, que no haya sido lo suficientemente moderna y civilizada, debió esa deuda a la escasez de recursos del Estado; en tal sentido, se hace patente la afirmación de que no solo en la práctica, sino como horizonte ideológico, el orden precedió al progreso (Gayol y Kessler, 2002: 22 y 35).

Esta es la relación de base que se dio entre la práctica policial y el Reglamento de Policía Urbana y Rural, vigente desde 1864. El Reglamento integró un corpus legal proveniente tanto de las leyes coloniales como de normas “importadas” de Buenos Aires implicadas en el Proceso de Organización Nacional. Formó parte de un cuerpo de normas legales “conformado en una sociedad de antiguo régimen que será apropiado lentamente por el Estado” (Cansanello, 2002: 131). Paradójicamente, fueron las mismas características tildadas de deficientes (la definición, los vacíos, las contradicciones) las que hicieron del Reglamento una herramienta que se adaptó satisfactoriamente al ejercicio del poder político provincial.

Los hombres que ocuparon cargos de relevancia reflexionaron sobre la importancia que esta normativa debía tener en la vida social y sobre la necesidad de transformarla en una herramienta “útil” y eficiente. Gabriel Carrasco publicó en 1881 una edición comentada por él, en la que señaló, artículo por artículo, las falencias del Reglamento y que organizó bajo el precepto general de que se trataba de una reliquia, una “aberración normativa”, que no cumplía con los preceptos de la legislación liberal y moderna de las sociedades civilizadas. Al comenzar, expresaba: “El Reglamento de Policía no solamente debe ser una ley, sino que es una de las más importantes, puesto que estatuye penas y una jurisdicción con facultades ámplias, que la Policía ejerce inmediatamente y casi sin control, cuando se trata de infracciones leves”.

Es una de aquellas leyes, que, sancionadas impremeditadamente y sin estudio, pueden suplir por corto tiempo las necesidades á que se han consagrado, á falta de otras mejores, pero que se hacen intolerables cuando los progresos morales y sociales de un pueblo, reclaman una legislación más adelantada, y en consonancia con las aspiraciones intelectuales y físicas del país á que están destinadas.[47]

Sin embargo, esta laxitud fue precisamente la mayor “virtud” que tuvo este reglamento como herramienta de ejercicio del poder, y esa ambivalencia se deja ver en la arenga del propio Carrasco, que llamó a los funcionarios a aplicarlo con mayor severidad: [48]

Juzgo que uno de los medios más eficaces para evitar la criminalidad es la vigilancia constante para el cumplimiento de los artículos del Reglamento de Policía vigente sobre embriaguez, vagancia, uso de armas, reuniones en las casas públicas, escándalos y demás análogos, pues si se consiguiera evitar ó disminuir en gran parte las infracciones de esos artículos, se disminuirían los casos de hechos sangrientos.[49]

Dos características del Reglamento influyeron notoriamente en las prácticas de control de la Policía. Una, cómo organizaba los roles y atribuciones de los integrantes de la fuerza o, más precisamente, todo lo que no especificaba sobre el tema. De hecho, recién en 1910 se sancionó una reglamentación orgánica sobre la organización interna de la fuerza.[50] Durante toda la segunda mitad del siglo XIX, la delimitación de las tareas y deberes de los integrantes de la tropa (que fueron materia de encendidos debates en la prensa) pero también la de los funcionarios (jefe de Policía y oficial primero) ocuparon un lugar ínfimo en la normativa. En la práctica, sus tareas y los deberes se delimitaron principalmente a través de la comunicación diaria con el Poder Ejecutivo y en función de necesidades más perentorias.

Por otra parte, el Reglamento tenía serias incongruencias e indefiniciones, tanto de las transgresiones que estipulaba como de las penas que prescribía. Entre las “fallas”, puede contarse el solapamiento de funciones con el municipio en el punto urticante de la percepción de multas (aun luego de sancionada la Ley Orgánica de Municipalidades en 1872).[51] Ello se dio en un contexto en el cual, hasta la sanción de la ley orgánica, la función del Poder Ejecutivo municipal, en la capital, fue desempeñada por el ministro de gobierno, ante quien el jefe de Policía reportaba diariamente. Ello hizo que la línea principal del conflicto estuviese no entre la Policía y la corporación municipal toda, sino con su ala legislativa (Ternavasio, 1991).[52]

La otra cuestión que se discutió fue cuáles faltas estipulaba la normativa, sobre todo considerando que el Reglamento permaneció intacto durante todo el período de la codificación, en el que no solo se dio una reforma legal de carácter liberal (Gianello, 1980; Bonaudo, 2010) sino que, en conjunción con esta, se constituyó un pensamiento punitivo estatal (Caimari, 2004; Huertas García, 1999; Galeano, 2010) en el que el debate por la naturaleza del delito y las penas más adecuadas se articuló en torno al imperativo del progreso moral de la sociedad. Una traducción tangible de estas discusiones fue la persistencia de los castigos corporales, como el acollaramiento, sujeción en la barra de grillos o el cepo, justificadas “por falta que tenemos de otras prisiones”, por la permeabilidad de la cárcel pública o la escasez o ineptitud de la guardia. En 1883, el Poder Ejecutivo dio orden de suspender la sujeción en barra de grillos,[53] aunque se siguió aplicando a ciertos casos, en los que nuevamente hallamos las denuncias de la prensa opositora y las justificaciones de la Policía y el gobierno ya revisadas, aunque estas últimas, cada vez más, teñidas de un tono excusatorio.

Una prescripción diferencial, presente en la letra de la normativa, también fue una característica que sobresalió; un ejemplo de ello es la mendicidad. Si bien la mayoría de los artículos no explicita que habla de “hombres” cuando define la mendicidad, se aclara que esta puede ser practicada por mujeres: “Mendigos. Art. 22: La policía llevará un registro de los individuos de ambos sexos, que por sus miserias y achaques no pueden ganar la vida sino librados a la caridad pública, y les dará una tarjeta con un sello que los autorize para mendigar”.[54]

La mendicidad se contó entre las transgresiones consideradas un estilo de vida; una opción voluntaria de los sujetos. En la prensa, las crónicas y otras fuentes revisadas los mendigos no se describen como peligrosos por lo que hacen, sino por lo que no (trabajar). Sin embargo esto, que cuadraría a priori en las concepciones que se afianzaron en la región ya durante el período tardocolonial, adquirió sentidos nuevos en la ciudad. Por ello, resulta interesante de considerar a partir de la letra de la normativa. En ella, la pena que se estipula es pecuniaria, pero ¿con qué pagarían una multa los mendigos que no contaran con la autorización pertinente? Según la prensa, con lo “recaudado” de las “explotaciones” que hacían de la gente decente. Ahora bien, esa consideración adquiere otro tenor cuando entre las multas de todo el período no podemos encontrar ni un solo caso por mendigar. Tampoco entre los arrestos (considerando que en la conmutabilidad prevista por el Reglamento pueda haberse dado el caso de algún arresto).

Por otra parte, la indefinición del Reglamento se plasmó en la cuestión de la inconducta de los efectivos policiales y la prensa criticó la tolerancia oficial a esta, en el caso de las publicaciones que adherían al autonomismo, a la incompetencia e inmoralidad de las clases sociales inferiores; y en el de las opositoras, al uso interesado de estas por parte de un gobierno ilegítimo que necesitaba manos armadas que lo sostuviesen. En los dos diagnósticos, unas funciones y deberes pobremente delimitados contribuían a esta situación de confusión o de abuso. Por tanto, en el caso santafesino, antes de dar por sentado que una normativa, por “escasa”, generó fallas en el desempeño policial, fue necesario preguntarse cuál fue la relación efectiva desplegada entre práctica y normativa.

Sofía Tiscornia señala que el funcionamiento de la Policía como institución debe mucho a su capacidad de sentar su propia jurisprudencia administrativa: mediante la formulación de edictos y órdenes administrativas diversas generadas a partir de la práctica cotidiana, se genera un cierto saber consuetudinario que, al ser rutinizado, es institucionalizado como norma policial (Tiscornia, 2007; Galeano 2016).

En nuestro caso, existieron múltiples edictos, órdenes impartidas ad hoc, muchos de ellos no conservados (sabemos que fueron emitidos porque se los anotó en la correspondencia diaria al Poder Ejecutivo) que pueden ordenarse en los siguientes tipos: los elaborados para ocasiones específicas, como elecciones y carnavales;[55] los que se redactaron para publicitar artículos del Reglamento (generalmente a los comisarios de campaña y jueces de paz); algunos destinados a la ciudad, que por lo general ampliaban o especificaban infracciones contempladas en la normativa, como el ejemplo siguiente, emitido en el año 1874 sobre los niños que tiraban piedras en las calles:

EDICTO DE POLICÍA

Habiéndose quejado varias y frecuentes veces varios señores de haber sido ultrajados por algunos muchachos de los que andan sueltos por las calles tirando piedras a las vidrieras e insultando a las personas el Gefe de Policía

DECRETA

Artículo único: Todo muchacho que se encuentre en las calles públicas tirando piedras a manos o con ondas, insultando a las personas o de cualquier otro modo ofendiendo a la sociedad, física o moralmente, cualquiera sea la condición a que este pertenezca, será conducido a la policía y sus padres pagarán 2 pesos de multa y en su defecto serán destinados a algún trabajo útil de conformidad al artículo 27 del reglamento de policía.

A partir de ese edicto, fueron arrestados doce “apedriadores”,[56] mientras que no encontramos otro momento que concentre tantos casos de detenciones por este motivo (que no figura como tal en el Reglamento). Ello no quiere decir que no se lanzaran piedras a los policías (ya que, como la mendicidad, según la prensa era una costumbre difundida) sino que hasta ese año, la Policía no anotó de esa manera los arrestos (es posible que algunos se los haya incluido en arrestos por insubordinación, escándalo e incluso pendencia).[57]

Al tratarse de disposiciones suplementarias, los edictos debían ser difundidos entre las autoridades y los ciudadanos una vez promulgados. Los escollos que se presentaron en esta tarea aparecen con frecuencia tanto en los partes policiales de la capital como en los informes de los jueces de paz de pueblos y colonias cercanos. El Reglamento fue, en general, desconocido tanto por los ciudadanos como por las autoridades, y en las dependencias policiales hubo una escasez crónica de ejemplares impresos. Ante ello, uno de los recursos a los que se apelaba era publicarlo, por entregas, en la prensa:

LLAMAMOS LA ATENCIÓN

Sobre el reglamento de policía que a solicitud del Sr. Jefe de aquel departamento comenzamos a publicar en este número. Como el Sr. Echagüe se halla tan bien dispuesto a cumplirlo y hacerlo cumplir desea que se conozca por todos a fin de que no se alegue ignorancia aunque la ignorancia de la ley no excusa y entre nosotros se supone que todo el mundo lo conoce.[58]

En su comentario sobre el Reglamento, dice Carrasco (refiriéndose al decreto de 1854 que establecía las atribuciones de los jefes políticos) que

no existiendo en esta provincia Registro Oficial, pues solo se han publicado dos tomos correspondientes á los años 1862 a 1865, y un “Boletín” que se reparte, de cuando en cuando, que nadie conoce, y de que solo existen en la provincia CINCO O SEIS colecciones, es imposible pedir a nadie que sepa que en el número 28 del primer periódico que se publicó en Rosario –La Confederación– (…) se publicó tal decreto.[59]

En su mirada, al desconocimiento se suman la informalidad y la arbitrariedad en la práctica. Refiriéndose a la forma en que la Policía percibía rentas, anota que debiera determinarse

prolijamente cómo, cuándo y de qué manera deben recibir dineros las policías [pues] nada hay más feo que ver a un empleado cobrar una multa y echarse el dinero al bolsillo ó dar el vuelto con billetes que saca de su chaleco, cuando hasta las tiendas del Rosario no se paga EN EL MOSTRADOR –sino a la salida, con una boleta de venta– de manera que se forma control, entre las boletas que un empleado dá y el dinero que el otro tiene en la caja.[60]

Lo que preocupaba a Carrasco especialmente era que esta costumbre (apañada por la vaguedad de la normativa) generaba situaciones que colocaban “al ciudadano en la incertidumbre más cruel, y entregándolo a merced, quizás, de un enemigo, ó de un ignorante” dado que la mayoría de los empleados policiales “no saben ni leer”.[61] En definitiva, la normativa debía ser transformada por sus fallas pero, sobre todo, porque su aplicación quedaba en manos de hombres no calificados o moralmente inadecuados para la tarea. Estas reflexiones adquieren una notoriedad adicional, si se considera que fueron hechas por uno de los defensores más conspicuos del liberalismo legal. En las opiniones que Carrasco vertió sobre esta cuestión, la causa de fondo al problema del orden, que en principio parecen ser los defectos de la normativa, resulta ser la distancia entre la ciudadanía y los sujetos que formaban la Policía.

El resguardo de la ley era indispensable porque existía el riesgo de que un “ignorante” o un “enemigo” podía decidir la suerte de un ciudadano. Es la misma imagen que emerge al considerar el debate público suscitado no ya por la desidia sino por el abuso policial en el ejercicio de sus funciones (del cual se responsabilizó a unos sujetos inmorales de la tropa en conjunción con la protección de las autoridades). El 27 de noviembre de 1865, cuando un sargento y un oficial son arrestados por incumplimiento del servicio de la guardia de la Fortaleza, el jefe de Policía, en el parte que redacta para dar cuenta del episodio, dice que dejaron la guardia “a cargo de un solo cabo” y que han faltado a su deber “más por ignorancia que por mala fe (…) haciéndose acreditar un crimen que las ordenanzas castigan severamente”.[62]

El discurso reglamentario de la normativa policial formó parte –junto con los demás documentos producidos por la institución– de unas prácticas discursivas policiales que, sin embargo, no se originaron dentro de una lógica institucional que las enmarcara y les otorgara un sentido previo –mucho menos se trató de un trasvase directo entre la sanción de una normativa y su aplicación–. La institución estaba ella misma en conformación; las tensiones entre sus distintos miembros, a la vez que los ensayos y transformaciones en la forma de comunicarse con el Poder Ejecutivo y con la sociedad, son solo algunas de las señales que invitan a reconsiderar la advertencia de Michel Foucault sobre los peligros de hacernos eco sin más de los discursos que las instituciones producen sobre sí mismas.[63] Será en las prácticas concretas y rutinarias de control donde esta “vaguedad” normativa se hará más patente.

El castigo de las faltas contra el orden público no se centró en la privación de la libertad[64] (tanto porque se trataba de tiempos cortos, como por la imposibilidad de garantizar ese “encierro”[65]) ni privilegió la recaudación. En su lugar, el mecanismo primordial con que se penó estas ilegalidades fue el retiro momentáneo del transgresor de la visibilidad pública (seguido generalmente de un arresto corto que oscilaba entre unas pocas horas y tres días); se dio así una alternancia de retiro y reingreso de los sujetos transgresores a los mismos lugares. Este resorte de control repetido día a día sobre los sujetos que desordenaban visiblemente la tranquilidad pública fue una vía acorde a unos recursos escasos, pero también sumamente gráfica, de establecer el orden deseado.

Sobre la cuestión de la naturaleza del castigo, se destaca una suerte de escisión entre los discursos policiales y gubernamentales, por un lado, en los que al menos hasta fines de la década de 1880 primó una lógica punitivista (que interpretaba las transgresiones como actos voluntarios, individuales y conscientes) y la participación destacada de miembros de la elite médico legal en los debates científico-legales (Salvatore, 1992) que se desarrollaron en el país sobre las formas civilizadas de castigar (Caimari, 2004). Lo que no se evidencia en los distintos documentos es un diálogo entre estas expresiones divergentes sobre las necesidades y paradigmas del castigo. Qué naturaleza debía ostentar el castigo en un país civilizado (Caimari, 2004; Ruggiero, 2003) fue una preocupación de los intelectuales, publicistas y políticos santafesinos, aunque consideraciones de esta suerte (que llegarían eminentemente de la mano del higienismo y el alienismo) no hicieron su entrada en los discursos públicos hasta comienzo de siglo.[66]

En lo concerniente a las faltas contra el orden, las certezas que aparecen en los discursos estuvieron ligadas a la necesidad de mayor severidad en los castigos, a la atribución de la explicación de estas conductas a la voluntad del transgresor, guiada por su inmoralidad. Hubo, además, “ausencias” reveladoras, como la cuestión de la religión y la de la educación usadas como argumentos explícitos (que sí comienza a tener una presencia mayor hacia fines del período). La forma en que se hizo socialmente visible el problema del orden público tuvo que ver con retirar de la mirada pública al transgresor voluntario para que la calma que su acción interrumpió fuese restaurada.

Lila Caimari pone en primer plano la cuestión de cuáles discursos contestaron o confluyeron con la creciente potestad estatal en relación con la visibilización y significación social de determinados delitos y afirma que, en el Buenos Aires de fines de siglo, la prensa fue un actor clave en este proceso (Caimari, 2004 y 2007). Su planteo permitió ponderar qué sentidos tuvieron la aplicación del castigo y su visibilización pública, en un contexto de limitaciones claras en las posibilidades de acción de las instituciones de castigo del Estado provincial. En ese marco, el mecanismo de invisibilizar el desorden/restaurar el orden (retirando al infractor) constituyó una forma de decidir qué veía, en el espacio público, la sociedad santafesina. Al retirar inmediatamente al individuo (lo cual se explicita en los partes, que enfatizan que se actuó “de inmediato”, “apenas tuve conocimiento”, “en ese mismo momento”) también era inmediata la restitución del orden. Pero, además, de esta forma se reforzaba la idea de que, efectivamente, existió un orden previo al desorden identificable en el acto de ese sujeto particular. Por ello, expulsa al que transgrede de ese momento y ese lugar y se lo vuelve a insertar (luego de un día o dos de ausencia) en otro momento y espacio, ordenados.

A propósito de este punto, Michel Foucault plantea que, en las formas de castigo, actúan mecanismos de construcción de sentido que participaron en la institucionalización de las primeras como relaciones estables de dominación. El autor pone el foco sobre una secuencia de sentido lógico en particular, aquella que dicta que las sociedades están en un estado de Orden, al que sigue una transgresión que lo interrumpe, la que amerita una pena que restituye el orden (en un sentido doble: castigando al transgresor y educando al resto de la sociedad). Ese acuerdo social explica la función social de la penalidad (Garland, 2006) y la aceptación como legítima de la relación asimétrica de dominación. Los saberes penal, legal y científico modernos fueron centrales en la producción de los efectos de verdad de la necesariedad del castigo tal como se lo plantea para la supervivencia social y del lugar del Estado en su administración. Pero, dice Foucault, la gran eficacia de este dispositivo radicó en que ha logrado producir, sobre la base de esa relación causal orden-transgresión-pena, una relación recursiva prohibido-permitido-culpable. Como desarrollaremos en el capítulo siguiente, existió una variedad de discursos sociales que apuntalaron imágenes estereotipadas sobre el violento, el inmoral, el ebrio, entre otras figuras, que formaron parte de la “creación” social del culpable.

En esta construcción, la aplicación “laxa” de una normativa poco clara no fue un efecto no deseado, sino un elemento constitutivo, lo que se ve, por ejemplo, en los casos en que el motivo del arresto realizado no estaba prescripto por la ley:

El sargento de este juzgado Santos Gaitán entregará en ese Departamento el individuo Juan P. Navarro a disposición del Exmo Gobierno, a quien corresponde por los hechos que motivan su prisión.

Este individuo tuvo un desagrado con el vecino Donato Quesada el ppdo. domingo en la casa de negocio de Don Pedro Mendoza distante como una y media legua al norte de este pueblo como a la una de la tarde siendo causa de ello el dicho Navarro como lo atestiguan varios vecinos que allí se allavan, por mediación de los dichos vecinos y de el dueño de la casa se retiró Navarro, pero al retirarse prometió matar al dicho Quesada ese mismo día.

(…) y apareciéndosele Navarro de sorpresa del lado de una chacra lo acometió con una lanza hiriéndolo en el muslo aunque pequeño.

(…) No es la primera vez que este individuo comete esta clase de delito; y á más no hay quien lo vea emprender trabajo de ninguna clase, no tiene bienes que le aseguren su existencia y la de su familia; pero ellos viven como otros con recursos, por lo que todo el vecindario tiene sospechas que vivirán de raterías, como es justo presumir.

Se hará un servicio al vecindario colocando a este individuo donde no pueda volver a la vida bagabunda que ha llevado hasta hoy.[67]

El discurso policial no estuvo solo en la difusión de estas imágenes en las que los sujetos sospechosos fueron enunciados cada vez más en términos sustantivos, lo cual hace necesario ponderar las formas en las que otros actores de la sociedad civil demandaron orden del Estado en formación, y en función de cuáles intereses.


  1. La alusión a la quietud santafesina proviene principalmente de cronistas y de viajeros europeos (Mantegazza, Beck Bernal, McAnn, entre otros) pero ha permeado en dos discursos fundamentales sobre la historia decimonónica de la ciudad: en estudiosos y estadistas de fines del siglo XIX (Carrasco, 1889; Zeballos, 1888) y en la historiografía local tradicional.
  2. El autor plantea con detalle apabullante la tensión dada, en los años de la Confederación urquicista, entre la escasez de recursos materiales y la pugna política por qué destino darles (Garavaglia, 2016).
  3. Quienes ocupaban los puestos de poder (especialmente, de la Policía, en cuyos discursos nos detenemos con mayor detalle) producían discursos muy ligados a sus adscripciones sociales, políticas y culturales (Bonaudo y Sonzogni, 1992). En este caso, se trató de integrantes de las familias más tradicionales de la ciudad, lo cual, al menos hasta fines de la década de 1880, distingue el caso santafesino del rosarino o porteño (Losada, 2005) y marca algunas líneas de contacto con el caso cordobés (López, 2013; Boixados, 2000; Ansaldi: 2000; Vidal, 1995 y 2013).
  4. En este sentido, analizar prácticas discursivas implica considerar los efectos de saber que los discursos producen “por obra de luchas, los enfrentamientos, los combates que se libran así como por las tácticas de poder que son los elementos de esa lucha (Foucault, 2006: 56 y 17)”.
  5. Este listado de autores es divergente en dos aspectos clave. Por un lado, en la cuantía que cada uno de ellos efectivamente otorga a la autonomía relativa de la dimensión simbólica en su análisis y, por el otro, a cuán auspiciosas son sus expectativas de que la mediación discursiva de los documentos permita efectivamente llegar a las voces de los que no escribieron. Sin embargo, se trató de un recorrido bibliográfico y polémico sin el cual no hubiésemos podido abordar la diversidad a partir de la cual construimos nuestro corpus documental.
  6. Diversos trabajos historiográficos se han ocupado de los procesos de construcción de otros sociales. Desde la historia social se abordaron objetos tan variados como la inmigración, la raza, el delito, el género, la salud, la higiene, el trabajo, respecto de colectivos y grupos como pueblos indígenas, los menores, los inmigrantes, las mujeres, los pobres (Scarzanella, 2003; Speckman Elisa, 2009).
  7. En esa dirección, Walter Delrío señala, para el espacio Patagónico, la “cuestión indígena”, como el catalizador de una tensión entre las tendencias universalizantes –nación homogénea– y los mecanismos de particularización –otros internos–. Al ubicar los procesos de demarcación simbólica en un registro de igual importancia al de los procesos materiales, esta vertiente ha permitido a la historiografía social análisis más complejos de los procesos de modernización (Delrío, 2005: 18).
  8. Ese conflicto original, mítico, dicta lo que por vergonzante o violento debe quedar fuera de la vida social. Esto, que Freud denomina resto mnemónico, es lo que permanece no socializado. Una escisión tal produce un resto que, cuando se manifiesta, siempre desmesuradamente, genera afectos extremos: la completa veneración o el total desprecio que lo sagrado —fasto y nefasto— suponen (Freud, 1991: 132).
  9. Bataille sostiene que la concepción moderna de que el hombre es un sujeto de razón y/o de interés impide comprender cómo el deseo se entrelaza con el gasto, actividad social que dicta el ritmo y razón de ser de las demás, a la que se subordinan la producción y el consumo. La modernidad imagina una sociedad regida por el principio de utilidad, tendente siempre a la producción y a la conservación. Si la función de pérdida de la creación de lo sagrado aparece solo en pequeños fragmentos (la transgresión, el delito) o estalla (en la guerra) es porque en las sociedades modernas la capacidad de simbolizar la violencia ha desaparecido (Bataille, 2009: 118).
  10. Dichos trabajos ponen de manifiesto que el proceso de militarización (y de transformación) consolidó una noción de ciudadanía que hizo las veces de transición entre el modelo de ciudadano armado de las décadas posteriores a la independencia y aquel de subordinación plena del poder militar al civil, establecido hacia fines de siglo (Macías, 2001).
  11. Flavia Macías expresa, al analizar el caso tucumano, que “si bien las milicias y la Guardia Nacional presentaban puntos de contacto en cuanto a su organización y composición interna, el sistema de lealtades sobre el que se estructuraron y desarrollaron fueron muy diferentes (Macías, 2001: 139)”.
  12. Especialmente, hacemos referencia a los gobiernos sucesivos de Simón de Iriondo 1871-1874, Servando Bayo 1874-1878, Simón de Iriondo 1878-1882, Manuel de Zavalla-Cándido Pujato 1882-1886.
  13. Aclaración: todas las transcripciones de documentos mantienen la ortografía original. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital Santa Fe”, junio 22 de 1865.
  14. Estas conductas no se limitaban a la tropa. En 1866, el comisario Mendoza informaba que el Primer Oficial Acisclo Niklison, “ha cometido un acto escandaloso é indigno del carácter que reviste. (…) Fue conducido (…) a este departamento por el Comisario Mendoza porque no podía caminar por sí solo, tal era el estado de ebriedad en que se encontraba”. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 14 de febrero de 1866.
  15. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 2 de abril de 1881.
  16. La Revolución, 19 de abril de 1888.
  17. La Revolución, 24 de abril de 1888.
  18. La Revolución, Santa Fe, 28 de abril de 1888.
  19. En opinión de Aureliano Argento, juez de primera instancia, aparece la idea de que las conductas criminales provienen de pobladores de otras provincias: “son pocos los crímenes relativamente al número de habitantes de un departamento tan estenso y poblado. Es de admirar la bondad de los naturales de todo el distrito que está bajo la jurisdicción de esta Sección Judicial, y es de fijarse que en todas las causas criminales mencionadas los principales autores son entrerrianos o correntinos”. Archivo de Gobierno, “Notas de los jueces de primera instancia de ambas circunscripciones de esta provincia”, 11 de abril de 1864.
  20. La Revolución, 8 de mayo de 1888.
  21. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 2 de febrero de 1866.
  22. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, mayo de 1866.
  23. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 24 de febrero de 1865.
  24. Gabriel Carrasco, “Circular a los jueces de paz y demás autoridades de la Provincia, sobre represión de la criminalidad”, Ministerio de Justicia y Culto, Santa Fe, 4 de enero de 1893, pp. 129-130.
  25. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 4 de abril de 1865.
  26. Archivo de gobierno, “Notas de los jueces de primera instancia”, 11 de abril de 1864.
  27. Archivo de gobierno, “Notas del Jefe de policía de esta capital”, 7 de noviembre de 1869.
  28. Archivo de gobierno, “Notas del Jefe de policía de esta capital”, 7 de noviembre de 1869.
  29. En el caso de Rodríguez, podemos suponer que el mote de incorregible se refiere a la bebida; su arresto inmediatamente anterior fue por embriaguez y había sido multado por la misma razón el mes anterior. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de esta Capital”, 1 de marzo de 1866.
  30. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía de la Capital”, 18 de enero de 1865. Folio s/n.
  31. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 18 de enero de 1865. Folio s/n.
  32. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 18 de enero de 1865. Folio s/n.
  33. Otros ejemplos de malos entendidos entre Policía y justicia refirieron los motivos válidos para realizar arrestos. En mayo de 1868, un individuo fue apresado por la Policía y remitido al juez del crimen “por datos extrajudiciales de que era un criminal”. El juez respondió que el hombre fue remitido “sin ninguna causa por la cual procesarlo”, por lo cual se inclinaba a ordenar que se lo liberara. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 15 de mayo de 1866. Folio 5082.
  34. La Revolución, 29 de diciembre de 1888.
  35. El Santafesino, 14 de mayo de 1877.
  36. Mensaje de Servando Bayo a las Honorables Cámaras Legislativas (apertura de sesiones ordinarias de 1877), en Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, Tomo VI, Mensajes del Poder Ejecutivo (2° parte), Santa Fe, imprenta oficial, p. 22.
  37. Carrasco, Cartas de viaje, p. 157.
  38. Carrasco, Cartas de viaje, p. 156.
  39. Como cuando Gabriel Carrasco alude a la Guerra de la Triple Alianza diciendo que fue “promovida por un bárbaro tirano [Solano López] que, en plena paz, se apoderó por sorpresa de dos buques argentinos e invadió nuestro territorio”. La actuación del gobierno argentino fue de “honorable confraternidad” ya que “pudiendo quedarnos con el territorio (…) que la victoria nos entregaba, preferimos respetar el derecho aún con el enemigo vencido”. Carrasco, Cartas de viaje, p. 152.
  40. El Santafesino, 10 y 13 de marzo de 1877.
  41. Historia de las instituciones de la Provincia de Santa Fe, tomo VI, Imprenta Oficial, 1972.
  42. El Pueblo, 3 de marzo de 1869.
  43. La Capital, 15 de abril de 1874.
  44. Archivo de Gobierno, “Expedientes”, abril de 1893.
  45. Nueva Época, 22 de febrero de 1900.
  46. Respecto de la concepción sobre los inmigrantes (Scarzanella, 2002) se señaló para Santa Fe la construcción de las figuras del inmigrante-víctima y del inmigrante-delincuente, y cómo estas se asociaron más o menos claramente a los discursos del oficialismo y de la oposición (Micheletti, 2007), sobre todo radical. Sin embargo, al menos hasta 1890, lo que las fuentes relevadas arrojan es la preeminencia del clivaje civilizatorio, planteado en términos culturales.
  47. Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y anotado por Gabriel Carrasco. Rosario, Imprenta de Carrasco, 1882.
  48. En 1850, el gobernador reprendió a sus funcionarios: “El Sr, Gobernador ha considerado como indispensable y necesaria esta medida, como medio para reanimar la decaída observación de estos mandatos la cual se nota por desgracia, y reclama la más seria atención del Gobierno y de las autoridades encargadas de llevarlas a su debido efecto. La misión propia del departamento de Policía es grave y delicada, como que le está confiada inmediatamente la concervación del orden sin menos cabo de las libertades legales que corresponde á los ciudadanos”. Archivo de Gobierno, “Notas Varias”, 16 de enero de 1850. Folio 870.
  49. Gabriel Carrasco, “Circular a los jueces de paz y demás autoridades de la Provincia, sobre represión de la criminalidad”, Ministerio de Justicia y Culto, Santa Fe, 4 de enero de 1893, pp. 129-130.
  50. Reglamento Interno de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Imprenta Oficial, 1910.
  51. Las “fallas” o indefiniciones de la normativa no involucraron solamente a la Policía. El ámbito municipal es otro ejemplo de la laxitud que el situacionismo mantenía en los espacios de poder que no le resultaban plenamente funcionales. A propósito de cómo esto se vio reflejado en la legislación municipal, Marcela Ternavasio afirma que “Del análisis de las constituciones provinciales de Santa Fe, así como de las diferentes leyes orgánicas municipales y leyes de Comisiones de Fomento dictadas entre 1856 y 1920, se deriva la misma tendencia que en los casos anteriores. Se parte de un sistema legal más bien inorgánico en cuanto a la laxitud de sus disposiciones, para alcanzar a principios de siglo una mayor especificidad en la explicitación de funciones y atribuciones”. (Ternavasio, 1991: 73).
  52. Esta superposición en la cuestión del mantenimiento del orden público fue un ejemplo más de las tensiones entre la figura de los municipios y el esquema verticalista del poder provincial, ya que “las funciones asignadas a las municipalidades fueron, desde el inicio, las que el modelo alberdiano había prescripto: formar su renta y establecer impuestos, administrar la justicia en primera instancia, instrucción pública, control de la higiene y moralidad, control de todo lo atinente a caminos, edificios y servicios públicos, etc.” (Ternavasio, 1991: 74).
  53. El jefe de Policía, Mariano Echagüe, se dirigió al ministro general de gobierno para informar que su orden había sido cumplida: “Atendiendo a lo mandado por S.S en nota de fecha de ayer con respecto al castigo de la barra, este Departamento ha dado orden a los Gefes de los piquetes ‘7 de abril’ ‘guardia policial’ comisarios de sección y demás empleados subalternos, a fin de prohibir terminantemente dicho castigo. Dios guarde a S.S.”. “Notas del jefe de Policía de esta Capital”, 23 de junio de 1883, tomo 67, folio 203.
  54. [El resaltado es nuestro]. Reglamento de Policía Urbana y Rural. R.O de la Provincia de Santa Fe, p. 214.
  55. Un ejemplo de este tipo fue el edicto del 18 de febrero de 1876 que anticipaba el carnaval, y en el que se estipula que solo podrán usarse “pomos y bombas” llenos con agua limpia, “prohibiéndose echar aguas corrompidas o fétidas, como así mismo todo acto que sea contrario a la decencia, moralidad y respeto debido a la sociedad y a las personas”, entre otras medidas. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital”, 18 de febrero de 1876.
  56. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento la Capital”, 18, 19 y 21 de febrero de 1867.
  57. Archivo de Gobierno, “Notas del Jefe de Policía del Departamento la Capital”, 18 de marzo; 20 de marzo de 1867.
  58. El Santafesino, 28 de febrero de 1877.
  59. Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y anotado por Gabriel Carrasco. Rosario, Imprenta de Carrasco, Aduana 72. 1882, p. 8.
  60. Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y anotado por Gabriel Carrasco. Rosario, Imprenta de Carrasco, Aduana 72. 1882, p.13
  61. Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Comentado y anotado por Gabriel Carrasco. Rosario, Imprenta de Carrasco, Aduana 72. 1882, p. 8.
  62. “Partes diarios del jefe de Policía de la Capital”, 27 de noviembre de 1865. La ignorancia no fue la única causa de ineptitud que aparece en los partes. Aunque se registraron pocos casos, un ejemplo era la baja de la Policía a partir de la certificación “por ser inútil para el servicio de armas” que emitía el médico de Policía. “Partes diarios del jefe de Policía de la Capital”, 12 de marzo de 1867.
  63. Michel Foucault advierte sobre los peligros del “institucionalcentrismo”, al que caracteriza como un vicio en el punto de partida y el marco interpretativo del investigador, gestado en la tradición Estadocéntrica del análisis social contemporáneo. Dice el autor que “a partir del momento que se habla de institución se habla, en el fondo, a la vez de individuos y de colectividad, ya se descuenta la existencia del individuo, la colectividad y las reglas que los gobiernan y, por ende, se pueden meter ahí dentro todos los discursos psicológicos o sociológicos (…) lo importante (…) no son las regularidades institucionales sino, mucho más, las disposiciones de poder, las redes, las corrientes, los relevos, los puntos de apoyo, las diferencias de potencial que caracterizan una forma de poder y que son, creo, precisamente constitutivos a la vez del individuo y de la colectividad” (Foucault, 2006: 142).
  64. Incluso, se dieron situaciones en las que el servicio en la Policía se aplicó como “castigo”, sin mediar ninguna infracción como el caso en que el Poder Ejecutivo ordenó, ante la escasez de hombres en la banda de música, que se buscase a seis huérfanos y se los destinara a dicha tarea. “Partes diarios del jefe de Policía de la Capital”, 21 de septiembre de 1865.
  65. “Partes diarios del jefe de Policía de la Capital”, 6 de enero, 10 de febrero de 1865; 1 de marzo, 21 de octubre de 1866; 28 de enero, 15 de mayo, 9 de septiembre de 1867; 17 de octubre, 26 de octubre de 1868; 4 de junio, 10 de julio, 17 de agosto, 8 de noviembre de 1869. Luego de este período, la siguiente fuga registrada data del 24 de julio de 1872.
  66. Desde ya, ello no supone que no existieron. De hecho, algunos episodios dan fe de que las consideraciones científicas estuvieron presentes en los engranajes de la justicia. Atanacio Páez en representación de Don Juan P. Quinteros contra el Consejo de Higiene, Ministerio de Gobierno, Agricultura, Culto e Instrucción Pública, Sección Gobierno y Culto, Expediente núm. 30, 26 de octubre de 1887. AGPSF.
  67. Archivo de Gobierno, “Notas del jefe de policía de la Capital”, 22 de marzo de 1867.


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