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Una de las introducciones posibles
al orden santafesino

Amar la trama más que el desenlace…

Jorge Drexler

Quizás uno de los desafíos más vigentes para cualquiera de las y los historiadores del territorio argentino sea mantener abierta la pregunta por la coherencia —temporal y problemática—, siempre teniendo en la mira investigaciones que puedan ser críticas y fundamentalmente contribuir a un conocimiento socialmente relevante. Frente a esos fines, las miradas teleológicas o inerciadas que hoy perviven (veladas, fragmentarias muchas veces) no son buenas amigas pues encorsetan no solo fuentes sino fundamentalmente interpretaciones. Para el llamado Período de Organización Nacional ello implica, en un primer acercamiento, poner en cuarentena una periodización que subsume la explicación de procesos sociales diversísimos a la formación del Estado nación, y las tesis economicistas y políticas como claves explicativas organizadoras.

Frente a ello, habiendo recorrido un arco temporal de unos cincuenta años y una documentación muy diversa, lo primero que podemos decir es que la historia de Santa Fe espera ser escrita. Su pasado es aún un campo de vacancia, lo cual se agudiza cuando nos referimos al siglo XIX. Por ello volvimos sobre los documentos, con preguntas y miradas que trabajos de otras latitudes han provisto: de Argentina, pero también de Latinoamérica y de sociedades en una primera impresión más ajenas a la nuestra.

Tradicionalmente terreno de una historia política positivista (con fuerte peso del componente biográfico), el análisis historiográfico de la ciudad y de sus habitantes ocupa un lugar relegado frente a los estudios de otras disciplinas, como la geografía o la sociología que, sin embargo, se concentran en tiempos contemporáneos. Esta situación obedece más a la dinámica propia del quehacer de los historiadores y de la disposición de nuestro campo disciplinar e institucional que a una escasez de fuentes para el período, que no solo son abundantes, aunque irregulares, sino muy variadas. En todo caso, esta comprobación es fundamentalmente una arenga, porque si algo tenemos por cierto es que el caso santafesino tiene tanto de regularidad como de disonancia con otros estudiados para el período. Construir una historia de Santa Fe, necesariamente una empresa colectiva, es perentorio. De lo contrario, estaríamos condenando la ciudad y su región a ser interpretados como la réplica de procesos estudiados para otras regiones (felizmente, ya no solo Buenos Aires) o a ser terreno cautivo de una mirada parroquialista que no le hace justicia a la multiplicidad y complejidad de sus derroteros sociales y culturales.

Un segundo paso, sin el cual la validez del primero sería exigua, es dar ímpetu al diálogo con desarrollos logrados para otros espacios, puesto que, al comenzar con un lienzo vacío, las preguntas maduradas por los colegas prueban ser de un increíble valor.

Estos trabajos nos permitieron un diálogo más amplio, nacido del contraste entre los discursos y las prácticas (asentadas en discursos) que los documentos nos posibilitaron, y ello disparó algunos de los hallazgos más interesantes.

En función de ello, esta investigación sobre el reordenamiento de determinadas relaciones sociales en la ciudad, aquellas comprendidas en lo que los sujetos sociales mismos denominaron cuestión del orden, identificó y examinó mecanismos estatales de control de los comportamientos en estos espacios públicos, las formas aparentes de resistencia a ellos y las maneras en que unos y otros fueron definidos, representados. Fue precisamente ese paso previo, asentado en lo que puede considerarse un lugar seguro de la historiografía del siglo XIX y en el que los documentos propusieron disonancias fuertes con las premisas que traíamos con nosotros, que se hizo patente la necesidad de mirar primordialmente los procesos confluyentes de la práctica y la simbolización de la moral, en los comportamientos visibles, en los espacios públicos de la ciudad de Santa Fe entre los años 1856 y 1890.

Entonces, quisiéramos reponer en estas páginas introductorias cómo construimos un objeto fronterizo, incluso híbrido, ocupado del control de los comportamientos en los lugares públicos en la ciudad como parte de la transformación de las relaciones sociales hegemónicas en el período de organización nacional. Esto se trató en verdad del control de las elites y del Estado en formación sobre los comportamientos públicos de los sujetos pobres y trabajadores, de la simbolización que hicieron de estos y, también, de las estrategias a veces visibles, otras no tanto, de resistencia, divergencia y adaptación de los últimos. Sin embargo, esa delimitación fue también parte de la construcción del objeto, y no una dada a priori.

Aunque desde perspectivas no enteramente coincidentes este gran tema ha sido abordado en numerosas oportunidades para otras regiones de Argentina y Latinoamérica, se trata de lo que Sandra Gayol y Javier Kessler (2002) han dado en llamar el “objeto de deseo” de las élites decimonónicas, un tópico de discusión pública, de políticas y de prácticas estatales cada vez más sistematizadas: la cuestión del orden. Abordado por lo general desde el subcampo de la historia social del delito y la justicia, cuyos aportes más destacados mencionaremos por la deuda que esta investigación tiene con ellos, para el caso santafesino debimos reestructurar las dimensiones que ordenaron el análisis. Es decir, ni la ley ni las instituciones de castigo fueron categorías vertebradoras de la imposición de un nuevo orden en la ciudad, de acuerdo con lo que sugirieron las fuentes –en muchos casos, producidas por esas mismas instituciones–. En su lugar, el eje que vehiculizó la búsqueda de los mecanismos, los sujetos y la dinámica del nuevo orden tomó la forma de la pregunta por los comportamientos, la cual a su vez distinguimos analíticamente en sus dimensiones simbólica y práctica. Así, este libro analiza las representaciones sobre los comportamientos desordenados y cuáles sujetos fueron definidos como sus perpetradores naturales; cuáles fueron las prácticas de control que se impusieron y sistematizaron para corregirlos, y en qué lugares y momentos pueden identificarse estas prácticas, en la ciudad.

Inicialmente, los interrogantes delineados para esta investigación, notablemente influidos por la vacancia de trabajos que aborden este objeto en la ciudad y región de Santa Fe, pueden enumerarse como: a) qué conflictos se hallaban presentes cotidianamente en los espacios comunes de la ciudad, a1) qué comportamientos concretos fueron definidos como nocivos para el orden urbano, a2) a qué actores sociales eran adjudicados tales comportamientos; b) cuáles fueron las acciones y medidas concretas impulsadas para ordenar los comportamientos en los espacios comunes de la ciudad; c) qué respuestas tuvieron a estas aquellos actores sobre los cuales intentaron ser aplicadas; d) qué sentido les daban a estas acciones los diferentes sujetos que integraban la sociedad santafesina.

Como se verá, aunque la cuestión de las resistencias se deja deslizar en algunas interpretaciones que arriesgamos sobre fuentes determinadas (como los sumarios internos de la Policía), el objetivo de dar cuenta de una dinámica de las reacciones individuales o grupales a las prácticas de control probó ser, al menos hasta el momento, muy engañoso, con las fuentes que hemos podido consultar. Algo tuvo que ver con ello la imposibilidad de acceder a otros documentos policiales (de todas formas, quedan las preguntas que brotaron de estas fuentes como de un manantial, de la infinidad de guiños, versiones encontradas y formulaciones que se nos hicieron opacos).

Traíamos muchas de esas preguntas con nosotros, al sentarnos con los documentos, gracias a los aportes y los debates de un campo de estudios que se conforma a partir de subcampos ya consolidados, conforme escribimos estas líneas.

Una cuestión que acechó, desde el comienzo, la búsqueda y la lectura de aquellos trabajos que nos han resultado de mayor utilidad es la de cómo definir el orden. Pierre Bourdieu advierte que eso que nosotros estudiamos como orden social, que el Estado llama orden social, y que se materializa como orden social no es otra cosa que el “disimulo” de unos vínculos sociales asimétricos. Se trata de un “sitio de conflicto o competencia entre grupos dotados con intereses antagónicos”. Es decir que, como punto de partida, estamos ante un nudo problemático que es más disciplinar que objetual; en otras palabras: ¿por qué, desde la historiografía y las ciencias sociales en general, se denomina como orden a una determinada disposición de las relaciones sociales asimétricas? ¿Por qué se reproduce, se busca explicar a partir de, una definición notoriamente a-conflictiva de un fenómeno social que es, eminentemente, conflicto?

Esta cuestión, material y simbólica a la vez, ha sido abordada por una historia social y cultural que, en sus subcampos dedicados al delito y al castigo[1] así como a “la ciudad,” alimentaron generosamente nuestras indagaciones.

Del primer grupo, se destacan líneas de estudio que, en nuestro país, han iniciado historiadores como Lila Caimari y Ricardo Salvatore. Caimari se detuvo en la reconstrucción de los discursos sociales que circularon en Buenos Aires sobre el delito, las transgresiones, el orden, la violencia (2004; 2007; 2009). Estas preocupaciones son compartidas por los aportes de Ricardo Salvatore, quien se ocupó, originalmente, del período rosista y las formas en que el Estado impuso el orden social a la vez que se relacionó con sus bases sociales, los cuerpos militarizados. Ello fue muy importante para nosotros porque nos advirtió sobre las distintas lecturas posibles al momento de abordar los documentos internos de la policía, así como de la dimensión de negociación (Scott, 1995; Guha, 2002; Domosh, 1998) que podrían suponer algunas actitudes, a primera vista “opacas”.[2]

De estos aportes, nos interesa destacar especialmente un señalamiento que comparten las y los autores, recostado en el lado más cultural de sus indagaciones. Nos referimos a la definición, en cada contexto y caso estudiado, de la conformación de un específico terreno contestado (Salvatore, 2010) en el cual los sentidos del orden, el delito y la violencia se dirimieron. Sin embargo, también conviene señalar que muchas veces el punto de partida institucional para analizar “en América Latina las cuestiones de seguridad ciudadana, orden social y penalización efectiva de los delitos (Salvatore y Barreneche, 2013: 9)” adquiere un lugar apriorístico. También que, para el caso bonaerense, amén de las obras citadas, la mayoría de la producción se concentró en el desarrollo de los saberes legales y científicos positivistas, en relación con las instituciones estatales del “giro del siglo” (García Ferrari, 2010; Galeano; 2009). No obstante, dentro de la miríada de trabajos que felizmente se ha producido sobre estas temáticas, se destacan tres espacios regionales fuera del caso bonaerense: la Patagonia (Rafart, 2008; Bohoslavsky, 2007); Cuyo (Molina, 2013; Bravo, Lozano y Pita, 2007) y La Pampa (Flores, 2007; Moroni, 2014).

Otra vertiente de estudios instaló, complejizando para la historiografía la relación unívoca delito-castigo-orden (Foucault, 2006), la cuestión de la construcción de límites simbólicos en las sociedades de la modernidad. Se centró en las problemáticas de la identidad y de la construcción de otredades –en nuestro caso, la noción puesta en juego en el espacio de la Patagonia, de otros internos ha sido de gran provecho—. Estos trabajos problematizaron lo que en ocasiones se tomaba como un dato apriorístico: las instituciones como marcos “naturales” para pensar la cuestión del orden social. A este respecto, recogimos dos vertientes. De un lado, fueron sugerentes los trabajos más teóricos, provenientes o derivados de la sociología de la religión y de lo sagrado (Durkheim, 2002; Bataille, 2009; Girard, 1983). Nutridas con la perspectiva psicoanalítica, estas investigaciones conciben la sociedad como un orden simbólico establecido en un comienzo mítico, a partir de lo cual, sin temor al mote de funcionalistas, se preguntan por la función social o valor positivo de la violencia. Esto es, ¿qué papel juegan las prácticas violentas en la delimitación de quiénes están fuera y quiénes dentro del acuerdo social y, con ello, participan en la producción del orden social? No obstante, los principales exponentes de esta línea también se reconocen en la tradición del materialismo histórico, por lo que esta pregunta deriva, especialmente en los desarrollos de Bataille (2009), en las implicancias que la simbolización de la violencia, en tanto proceso de clasificación, de inclusión/exclusión, tiene en los procesos de estratificación social.

El segundo grupo de estudios a la que recurrimos comparte este interrogante: el análisis más concreto de los procesos de estigmatización social (y de inclusión/exclusión laboral, política, identitaria, de clase, entre otros) que la delimitación de lo moral e inmoral tuvo en el período de formación estatal en nuestro país (Briones, 1995; Delrio, 2005; Garcés, 1999). En el cruce de caminos de estos trabajos, hallamos un sendero más que fructífero sobre qué preguntas formular respecto al “orden”; resta dirimir en qué espacio hacerlo y, en ello, los aportes de la historia social y cultural urbana han sido invalorables.

La historia social urbana, cuya perspectiva se compila con claridad en dos obras (Kingman Garcés, 2009; Gorelik, 2003), abreva en las reflexiones de José Luis Romero sobre la vida urbana, sobre qué es “lo urbano.” Más allá de los desarrollos propios de este subcampo, nos interesa resaltar que las operaciones teórico metodológicas que exhibe son muy importantes ya que, para conformarse como tal, debió tomar en consideración fenómenos tan diversos como la planificación urbana, la salubridad, la expresión política pública, los estilos arquitectónicos y urbanísticos, entre otros (Kingman Garcés, 2009). Ello supone enmarcar los cambios en los comportamientos, sus valoraciones y su práctica en la tensión entre la modernidad como el

ethos cultural más general de la época, como los modos de vida y organización social que vienen generalizándose e institucionalizándose sin pausa desde su origen racional europeo en los siglos XV y XVI (…) y la modernización, como aquellos procesos duros que siguen transformando materialmente el mundo (Gorelik, 2003: 15).

La caracterización de este nuevo orden como moderno señala, por un lado, que el Orden, sin perder su sentido decimonónico de preservación del statu quo conservador, necesitó de nuevos mecanismos que lo arraiguen y lo sustenten (Tiscornia, 1999). Por otro lado, liga esos mecanismos a las características generales del período, en el que existieron modernizaciones que lo diferenciaron de la primera mitad del siglo, tales como la inserción argentina al mercado mundial, la conformación de un orden burgués y la organización de una estructura político-administrativa-militar del Estado (Bonaudo, 2006). Considerando especialmente el carácter transicional de la sociedad santafesina de esos años, nos situamos en la intersección de dos categorías que, en períodos posteriores, cristalizarán su significado (lo cual tendrá consecuencias notorias para la historiografía argentina): el Estado y la sociedad civil.

Sin embargo, se destaca que los pares de opuestos Estado-sociedad civil y hombre-institución resultaron poco viables. Por ello, los objetivos específicos abordan nudos de relación situados entre cada uno de los elementos de esos pares, con el fin de identificar las relaciones sociales concretas, sean de conflicto o convivencia, que, al ser instituidas y rutinizadas, generaron los cambios que se dieron en Santa Fe. En nuestro caso, el sostenimiento en el tiempo de determinadas prácticas suplió una inacabada hegemonía simbólica del Estado en formación (Bourdieu, 2010; Garavaglia, 1999 y 2003).

Vinculada a lo anterior se halló la necesidad de contar con una conceptualización del Estado que permitiese mirar procesos sociales que lo exceden o le son concomitantes. Nuestras fuentes son muy sugerentes a este respecto: no puede pensarse un Estado consolidado como actor autónomo, o en el constreñimiento normativo-institucional como explicación suficiente de las relaciones analizadas. A este respecto, la síntesis que realiza Melina Yangilevich (2012), al analizar la conflictividad específica entre el Poder Judicial y los sujetos judicializados, esclarece la propuesta que sobre el Estado hace una historia social crítica. Siguiendo a Juan Carlos Garavaglia, la autora retoma la definición del Estado como un cúmulo de relaciones sociales de dominación institucionalizadas. Esto permite hacer hincapié en relaciones concretas de poder, de asimetría, de conflicto, que se manifiestan en las pugnas para institucionalizar determinadas pautas de comportamiento.

Dicha conceptualización distingue entre el Estado como un actor autónomo, de las instituciones que lo forman como vehículos de dicha autonomía (Garavaglia, 2003: 137-8) y, así, se puede aprehender con mayor profundidad una “estatalidad a nivel local, forjada por y desde los actores sociales” (Palacio, 2005: 12). De esta manera, analizamos unas relaciones concretas y cotidianas que pueden situarse en la intersección entre la historia social del delito, de la justicia, de la salud y la enfermedad, entre otras. Ellas ponen de manifiesto que la oposición Estado-sociedad no es la única manera en que la conflictividad social se manifiesta y que esta dista de ser exclusivamente tendente a la consolidación de la dominación que, a este punto de la investigación, no aparece como un proceso progresivo.

Otra cuestión fue: ¿cómo nombrar a los sujetos sociales? Dada la vacancia de estudios que reconstruyan para el período la estructuración social santafesina, no contamos con bibliografía de referencia (empírica) para esta cuestión. Por ello, dado que trabajamos sobre ámbitos recortados sobre los que accionaron los intereses de los diferentes sujetos (las conductas en los espacios públicos –con lo cual el componente conflictivo será nodal—), partimos de un concepto de clase ampliamente definido que actúa de punto de referencia y cobija el uso de términos como clases populares, sectores populares, sujetos subalternos, para hablar acerca de fenómenos analizados dentro de la policía entre autoridades y tropa (Salvatore, 2010), entre otros.

Las cuestiones planteadas anteriormente están comprendidas en el campo de análisis propio de la historia social, dado que estudiamos principalmente prácticas, entendidas como “estrategias y modos de acción social observables recurrentemente (Fradkin, 1998: 54)”, y dentro de él, en la historia regional –en tanto perspectiva analítica (Bonaudo, Reguera y Zeberio, 2008; Fernández, 2007)—. Definida como el “estudio de una trama social y su densidad”, la perspectiva regional en historiografía es “un modelo explicativo dentro del campo específico de la historia social” (Bonaudo, 2008: 227-8) que permite adecuar la escala con la que se aborda una problemática, con lo cual el objeto y la región se definen relacionalmente (Fernández, 2008: 240). Sin embargo, una historia social situada regionalmente aspira a superar el límite de lo identitario como horizonte interpretativo (Fernández­­, 2008: 245).

En nuestro caso, ello se tradujo en un interés, antes que en la ciudad como objeto, en los “lugares” (Gieryn, 2002) de la ciudad en los que se visibilizaron determinados comportamientos y en poder atentar explicaciones situadas de ellos. Dado que analizamos relaciones que giran en torno al ordenamiento de la ciudad, la normativa y la consecuente delimitación de las acciones de actores e instituciones juegan un papel importante en la demarcación misma de la ciudad, esto es, del espacio comprendido en el estudio. Ahora bien, el accionar de la Policía no fue homogéneo en el ejido urbano, y no puede decirse que se definiera por y limitara lo pautado en la normativa. Por el contrario, existieron lugares clave dentro de la ciudad para el control de determinadas conductas, y éstas, tanto o más que la normativa, forjaron un mapa de prácticas. Ello nos ha permitido “observar el conflicto social, y las formas de acción [al] revisar la escala de observación de esos fenómenos y las unidades de análisis más convenientes para identificar sus fundamentos y los mecanismos que les permiten estructurarse” (Fernández, 2008: 244).

Los documentos consultados fueron producidos por los sectores privilegiados de la sociedad santafesina; quienes ocupaban cargos en la administración, escribían en la prensa periódica y tenían, en general, acceso a la escritura. Por tanto, al plantear entre nuestros objetivos específicos la construcción de una explicación de las relaciones conflictivas entre estos sujetos y aquellos que no produjeron archivo, esa disposición en forma de ausencia está entre las primeras precauciones a conservar. En este sentido, resalta la advertencia de que la “construcción misma de los archivos es parte de los procesos hegemónicos”; que “la documentación de archivo, en tanto discurso, representa el corpus de lo contable o decible (…)”, lo cual resalta la necesidad de analizar sus “presencias” y “ausencias” ya que “las categorías hegemónicas deben ser permanentemente refinadas, estabilizadas, diseminadas e implantadas en diferentes prácticas porque los sujetos subalternos también las usan, las redefinen y las orientan desde sus proyectos” (Delrio, 2005: 27 y 28).

El corpus documental está compuesto por una variedad importante de discursos. Primeramente, podemos nombrar la distinción entre fuentes institucionales y no institucionales. La denominación de institucional u oficial implica en sí misma una problematización sobre la perspectiva desde la que se analizarán las fuentes. Dado que el período estudiado se considera como de construcción del Estado, la designación de institucional evoca un carácter burocrático, una impersonalidad y anonimato que no está presente en estos documentos. Sin embargo, esta denominación nos permitió agrupar de manera preliminar un cuerpo de escritos emanados en su mayoría de sujetos que, al momento de producirlos, detentaban cargos dentro de las diferentes agencias estatales locales y provinciales (jefatura de Policía, municipalidad, jefatura política).

Entre las fuentes estatales podemos nombrar la correspondencia de las diferentes instituciones al gobierno provincial, compilada en los tomos del archivo de gobierno. Allí encontramos un cúmulo importante de información referida a las actividades cotidianas de municipio, Policía, justicia de paz, departamento de higiene, defensor de pobres y menores y departamento topográfico. Asimismo, hay en este fondo entradas muy interesantes, tales como censos municipales y sumarios internos sustanciados por la Policía, así como intercambio de solicitudes y reclamos entre el gobierno y sus dependencias. También, utilizamos planos de la ciudad y otros productos cartográficos para ver no solo proyectos y transformaciones físicas sino también representacionales.

Sobre las fuentes privadas o no institucionales (prensa, crónicas, ensayos, correspondencia), pueden señalarse algunos elementos para una primera clasificación: el primero, relativo a quiénes fueron sus emisores (si pertenecían a la sociedad santafesina o se trataba de extranjeros, su extracción socioprofesional, su filiación política, su edad); el segundo, referido a las características propias del tipo de discurso analizado, tomando en consideración su construcción, estilo y el público al cual estaba dirigido. Crónicas, relatos, ensayos, constituyen un corpus de testimonios valiosos en lo referido a la descripción de la cotidianeidad santafesina. Y, además, cabe resaltar que la prensa periódica cobra una relevancia excepcional como discurso en sí y como contrapunto de cada una de las fuentes anteriormente citadas (Alonso, 2002).

El libro ofrece cuatro capítulos y un apartado que reúne algunas conclusiones. El capítulo uno aborda la construcción de representaciones y sentidos estatales, primordiales en la configuración de sentido de “la cuestión del orden”. Principalmente, nos centramos en los discursos policiales y del Poder Ejecutivo provincial (y sus delegados) y en la normativa correccional, atendiendo a la particular configuración del poder político en la provincia, y el fuerte apoyo en sus bases militares que le permitió afirmarse a lo largo del período. Aquí, veremos delimitarse un “hacia adentro” y un “hacia afuera” (de la Policía) respecto de las representaciones de qué conductas y qué sujetos debían ser controlados por ser los más perjudiciales al orden. Asimismo, hasta qué punto estas imágenes y tópicos fueron de la mano con los picos de demanda de mano de obra armada por parte del Estado, aunque también, cómo el espacio de la ciudad mantuvo su particularidad respecto de las representaciones estatales del desorden y la violencia para la campaña.

En el segundo capítulo se analizan otros discursos, de integrantes de la sociedad civil, que participaron de la construcción de los sentidos que se volvieron dominantes. Al revisar la prensa así como discursos asociativos y literarios, pudimos complementar el enfoque anterior con uno en el cual se perfilaron dos características: de un lado, la unicidad (aunque sea parcial) de cada uno de ellos en la delimitación de temas, o en la visibilización en estos de determinadas coyunturas. Ello se plasmó, concretamente, en distintas representaciones sobre el “otro” social, que proliferaron en los discursos de las damas de beneficencia, en crónicas de viaje y en distintos periódicos locales y que no necesariamente coincidieron con las estatales. Por otra parte, esto permitió apreciar cómo estas representaciones del “otro” se ajustaron a las razones sociales, como a los objetivos concretos y filiaciones políticas, de quienes las difundieron.

La trama discursiva que se tejió con base en dichos discursos se contrasta en el tercer capítulo con las prácticas de control realizadas (y anotadas) por la Policía en los espacios públicos de la ciudad. Aquí consideramos primero la composición social así como la disponibilidad de recursos de la institución policial. Luego, indagamos en qué faltas fueron más controladas, de manera estable o variando de acuerdo con coyunturas precisas: ¿transgresiones de qué orden fueron las que más se controlaron?; ¿qué relación existió entre este énfasis específico y lo estipulado por la normativa?; ¿qué sujetos las cometieron y, especialmente, qué proporción de los transgresores pertenecieron a la tropa policial?

En el capítulo cuatro, nos detenemos sobre un punto que se volvió ineludible: la amplia preponderancia de la preocupación y del control de la ebriedad, a la que se caracterizó como un flagelo y como fuente primordial de la violencia social. En este capítulo, analizamos los vínculos que se tendieron entre esta y la noción más general del vicio que incluyó también al juego ilegal. En este sentido, existió una diferencia importante en la dinámica de una y de otro, en tanto la ebriedad fue protagonista constante de denuncias y control, mientras que el juego ilegal presentó un pico en la visibilización de la que fue objeto, hacia fines de siglo.


  1. No nos ocupamos de la historia social de la justicia (Barriera, 2010 y 2009; Palacio y Candioti, 2007). Si bien está ligada a la historia del delito y el castigo (Fradkin, 2007; Salvatore y Barreneche, 2013; Yangilevich, 2012), este subcampo se centra en una lógica propia.
  2. En esta misma línea, aunque centrado primordialmente en la consulta de archivos criminales, se encuentra el sugerente Modernity in the Flesh, de Kristin Ruggiero (2004).


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